20240106

Con el nuevo año recién estrenado, la dirección de Michelin Vitoria se reunió ayer con el comité de empresa para comunicarle nuevas desactivaciones de trabajo. Tras un otoño a medio gas por la falta de demanda, el cambio de año ha traído a la factoría alavesa un nuevo problema: la escasez de suministros. Los ataques hutíes a los barcos que cruzan el Mar Rojo están dejando a la multinacional francesa sin caucho, la materia prima más importante para el fabricante de neumáticos. Esa crisis movió a la dirección de la factoría a cancelar de nuevo dos jornadas de producción. A los parones del 13 y 14 de enero se suman ahora dos recortes más los días 20 y 21 de este mes y que se centrarán en la actividad de turismo y en los talleres de fabricación de goma, los denominados ‘Z’. En turismo se desactivan siete turnos de trabajo correspondientes a estas dos jornadas, mientras que en fabricación de goma se dejará de trabajar en el turno matinal del día 20 y en el nocturno del día 21. El anuncio en Vitoria no cogió por sorpresa, ya que por la mañana Michelin había comunicado las mismas paradas a los centros de Valladolid, Aranda de Duero y Almería. Ayer era la factoría de Lasarte la que contaba con turnos reducidos. Según los sindicatos, las nuevas desactivaciones en la planta de Vitoria afectarán a 674 empleados y supondrán dejar de fabricar 45.000 neumáticos de turismo –el equivalente a un 0,55% de la producción anual– y 350 toneladas de goma, a las que hay que sumar las 40.000 cubiertas y 250 toneladas de ruedas gigante descontadas la semana pasada en un recorte que supuso menos carga de trabajo para 913 trabajadores. Los dos ajustes, aunque recuperables más adelante, provocan una dentellada más a un calendario que ya de por sí es flojo. La producción asignada este 2024 a Vitoria es la menor de las dos últimas décadas.

El gigante danés de transporte marítimo de mercancías Maersk, segunda compañía mundial del sector, que esta semana suspendió el tránsito de sus barcos a través del mar Rojo y el golfo de Adén por los ataques de los hutíes yemeníes, anunció ayer que desviará todo ese tráfico hacia el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica) durante el “futuro previsible”. La compañía señaló que la situación en el mar Rojo evoluciona constantemente y sigue siendo muy volátil, por lo que advirtió de que el riesgo de seguridad sigue en un nivel “significativamente elevado”, pese a los esfuerzos militares de EEUU y de otras potencias por garantizar la seguridad de la ruta. Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, llevan meses atacando a los buques extranjeros que atraviesan el mar Rojo en represalia por los masivos bombardeos de Israel sobre Gaza. Aunque Maersk confía en que la solución no se retrase demasiado, la compañía ha animado a sus clientes a prepararse ante la posibilidad de que persistan las complicaciones en la región y se produzcan interrupciones significativas en la red de suministro global. El mar Rojo es una de las principales arterias del comercio marítimo mundial, especialmente entre Asia y Europa y con gran importancia para los hidrocarburos, por lo que el desvío de buques de Maersk y de otras navieras por una ruta más larga y costosa que bordea Sudáfrica ha comenzado a disparar el precio de los fletes, encareciendo los costes y añadiendo presión a la inflación.

Primera advertencia de la inflación de la zona euro cuando la economía creía haber pasado lo peor en la escalada de precios de los dos últimos años. La tasa repuntó hasta el 2,9% en diciembre, en plena campaña de las compras navideñas, frente al 2,4% que había registrado en noviembre. Se trata de la tasa más elevada desde el pasado mes de octubre, según los datos de la oficina estadística europea, Eurostat, hechos públicos ayer. La subida de precios en la Eurozona se explica principalmente por una menor bajada de los costes de la energía, que descendieron en el último mes un 6,7% frente al desplome que habían sufrido en noviembre, que entonces fue superior al 11,5%. Además, el encarecimiento de los alimentos no procesados se aceleró al 6,7%, los servicios un 4% y los bienes industriales un 2,5%. Sí consiguió moderarse tímidamente la inflación subyacente, es decir, la tasa que excluye de sus cálculos los productos más volátiles como la energía o los alimentos, el alcohol y el tabaco. En este caso pasó del 3,6% al 3,4%. Entre los países de la Eurozona, las mayores subidas interanuales de los precios se observaron en Eslovaquia (6,6%), Austria (5,7%) y Croacia (5,4%), mientras que el menor aumento de los costes en diciembre correspondió a Bélgica e Italia (0,5% cada uno) y Letonia (0,9%). Y entre las grandes economías de la moneda común, además del alza del 0,5% de Italia, la inflación armonizada se situó en el 3,3% en España y en el 3,8% en Alemania, mientras que en Francia repuntó hasta el 4,1%. De este modo, el diferencial de precios desfavorable para España respecto de la zona euro se redujo a cuatro décimas en diciembre, la mitad que en el mes anterior. Ante esta situación, no está nada claro que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a acometer una pronta rebaja de los tipos de interés, al menos en la primera parte de 2024, como esperaban algunos analistas tras los últimos datos de inflación de finales del año pasado. El objetivo del organismo se centra en el 2% y aunque los precios ya no suben un 10% como lo hicieron en el peor momento de la crisis, tampoco consiguen consolidarse en el entorno del objetivo perseguido.

Correos electrónicos en euskera, facturas falsas idénticas a las reales y el uso por los ‘malos’ de la inteligencia artificial están a la orden del día, afirma la nueva directora de ZIUR.  María Penilla, que esta semana ha asumido la dirección general de ZIUR –el Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa–, tras responsabilizarse en los últimos años de la dirección técnica del mismo, lo tiene claro: «Nuestras empresas, también las pequeñas, nuestras pymes, sufren intentos de ciberataques masivos, y cada vez más sofisticados, todos los días del año». «Eso es así, y conforme avance la digitalización, el traslado de información a la nube y la incorporación del ‘Big Data’ y otras tecnologías va a ir a más. Nadie está a salvo, y las pequeñas corren el mismo riesgo pero con menos recursos», sentencia. En ZIUR lo saben, por eso trabajan codo con codo con las empresas del territorio, que en general están aún muy ‘verdes’ en la materia, mediante ataques simulados o cursos de formación. Penilla reconoce que aún queda por hacer, pero también que «en estos cinco años de ZIUR, la concienciación ha mejorado». Aún así, remarca, ese correo electrónico que llega a nuestra compañía con apariencia ‘angelical’ en forma de factura de nuestro cliente de toda la vida y que en realidad es una trampa para lograr «dinero rápido y sencillo» es el pan nuestro de cada día. Por eso es importante la labor de prevención.

La obligación desde el pasado uno de enero de que los estudiantes en prácticas curriculares tengan que cotizar, independientemente de si son remuneradas o no, —hasta ahora solo lo hacían en el caso de que el joven cobrara– sigue generando polémica, ya que las universidades han visto cumplido uno de sus temores, que finalmente fueran ellas las que asumieran el 5% de cotización que no subvenciona la Seguridad Social. Y así lo denunció ayer la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) –en la que se incluye la UPV/EHU–, mediante un comunicado. En el mismo señalan que pese a que la disposición Quincuagésima Segunda del Real Decreto ley 2/20123, de 16 de marzo, atribuye a las entidades receptoras de los estudiantes en prácticas la la responsabilidad de gestionar y cotizar por dichos alumnos, «tanto las empresas como las administraciones públicas se han desatendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas». Explican que en el caso de las empresas, más del 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa. Añaden que, las universidades, a pesar de sus muchas dificultades financieras, han asumido el coste de estas cotizaciones, que cuantifican en nueve millones de euros anuales, mientras se mantenga la bonificación del 95%, y sobre todo, remarcan, «el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal». La CRUE considera «especialmente sorprendente que muchos organismos autonómicos hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y en el pago de estas cotizaciones cuando han sido los propios ministerios dependientes del Gobierno los que han generado esta regulación».

El departamento vasco de Desarrollo Económico ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para recibir las ayudas contempladas en el programa Gauzatu Industria, dotado con 28 millones de euros para impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 21 de marzo, lo que posibilitará que las empresas puedan disponer de las ayudas en la primera mitad del año. Pueden acogerse a estas ayudas las pequeñas y medianas empresas que cumplan con la característica de ser pymes industriales extractivas, productivas, transformadoras, de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, así como empresas cuya actividad principal sea la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques y que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras. Las subvenciones se concretan en anticipos proporcionales a las inversiones a realizar, reintegrables con carácter fijo, durante cinco años a razón de una quinta parte cada año y en dos reintegros anuales. Uno de los requisitos es la realización de 120.000 euros de inversión admitida mínima y que conlleven a su vez mantenimiento y/o generación de empleo. Las ayudas reintegrables serán de hasta un 35% de la inversión subvencionable y en ningún caso se podrá superar la cantidad de 1,5 milones de euros.

Iberdrola ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su dividendo a cuenta de 2023 ascenderá a 0,202 euros brutos por acción. Esta cifra supone un incremento del 12,2% con respecto al dividendo a cuenta entregado el pasado año con cargo al ejercicio de 2022. El anuncio se produce a menos de tres meses de que Iberdrola dé a conocer su próximo plan estratégico, el 21 de marzo. Además de más inversiones y el diseño de una nueva estrategia en EEUU, tras la renuncia a la fusión de su filial Avangrid con PNM, todas las expectativas del mercado están puestas en la nueva política de dividendos del grupo, una vez que la empresa presidida por Ignacio Galán ha ido pulverizando de forma sistemática todos sus objetivos en cuanto a retribución al inversor. El pago a cuenta anunciado con cargo a 2023 se podría considerar como un preludio de lo que está por venir en la nueva hoja de ruta que se presente en marzo, en el transcurso del Capital Markets Day, una reunión con cerca de doscientos inversores en Londres. Iberdrola suele pagar el dividendo en dos tramos: El dividendo a cuenta, que es el que se ha anunciado ahora, y el complementario, que se anuncia durante la junta, que suele ser entre marzo y mayo. El dividendo a cuenta se liquida en enero, y el complementario entre junio y julio. Ambos completan la retribución total con cargo al ejercicio anterior. Es decir, este año se paga en dos tramos el dividendo total con cargo a 2023; en 2025 se pagará el dividendo total con cargo a 2024, y así sucesivamente. Iberdrola mantiene el modelo de scrip dividend para retribuir al inversor, a diferencia de otros grupos como Repsol, que lo han ido quitando. Con ese formato, Iberdrola ofrece la posibilidad de cobrar en acciones o en efectivo, según lo que elija el accionista. 

Cada día desaparecen en España una media de 34 autónomos dedicados al comercio. Una pérdida de tejido productivo que lleva sucediendo dos años, debido sobre todo al golpe de la inflación en este periodo. La subida de precios y el freno de la demanda han sido los principales problemas del sector, que sufre también la competencia de las grandes empresas –sobre todo plataformas de distribución digitales, ya que tan sólo el 28% de las empresas dispone de canal de venta online o ecommerce–, el impago de clientes y los problemas de financiación, derivados del encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés y las dificultades para acceder a fondos. Estas circunstancias llevan al 52% de las empresas del sector a prever una caída de sus ventas en 2024, según la última edición del Observatorio de Competitividad Empresarial elaborado por la Cámara de Comercio a partir de 400 encuestas. El pesimismo es mayor entre las compañías más pequeñas –de 0 a 9 empleados–, ya que en este segmento un 58% pronostica una situación menos favorable en este ejercicio que acaba de empezar. Pese a las dificultades, los comercios han mantenido en general el empleo: un 73,8% han seguido con el mismo número de trabajadores, mientras que un 16,5% ha hecho nuevas contrataciones, con lo que en total 9 de cada 10 empresas han aumentado o mantenido la plantilla, según el documento. Esta percepción es coherente con los datos de afiliación a la Seguridad Social, que demuestran que en el conjunto del año se han sumado 34.558 asalariados al sector. Este buen dinamismo queda amortiguado por la sangría entre los autónomos, que en muchos casos se han visto obligados a cerrar. «Asistimos impasibles a la extinción del comercio minorista», lamentaba hace unos meses una de las mayores asociaciones de autónomos del país, UPTA. «El sector más perjudicado a lo largo del año sigue siendo el comercio. Destaca el elevado número de negocios que se han perdido, sin duda debido a la crisis económica, la escasez y los elevados precios de las materias primas, del combustible y la electricidad. Más que nunca es necesario activar un plan de rescate para el comercio tradicional», pedía Eduardo Abad, su presidente.

El grupo de distribución Carrefour está dejando de vender los productos de PepsiCo en Francia, España, Italia y Bélgica, una vez que se terminen las existencias, en represalia por las subidas de precios que le exige el grupo estadounidense, en un contexto de competencia marcado por la voluntad de contener la inflación de los dos últimos años. Pepsico España aseguró ayer que está negociando con Carrefour para que siga vendiendo sus productos en el mercado español. Según ha explicado un portavoz de Carrefour, la decisión del grupo galo de supermercados, que se puso en práctica desde el pasado jueves, es dejar de vender los productos de PepsiCo, dueño de marcas como Pepsi, 7up, Lipton, Lay’s, Bénénuts, Doritos o Alvalle, cuando se agoten los que tienen almacenados y explicarlo a los clientes con un cartel en las estanterías de los establecimientos, informa Efe. En ese aviso, junto al nombre del producto, el mensaje es claro: “Ya no vendemos esta marca en razón de una subida de precios inaceptable”. Pepsico España aseguró ayer que está negociando con Carrefour para garantizar la disponibilidad de sus productos en los establecimientos del grupo en el mercado español. La compañía ha asegurado que llevan “muchos meses” negociando con Carrefour y que seguirán “dialogando de buena fe para intentar garantizar la disponibilidad de nuestros productos” en una nota remitida ayer. Según los medios franceses, PepsiCo exige subidas del 7% en las negociaciones que se están llevando a cabo entre las partes. Las negociaciones en Francia deben terminar entre el 15 y el 31 de enero, en lugar del 1 de marzo, como ocurría habitualmente, por una modificación introducida por el Gobierno francés para intentar repercutir más rápidamente los descensos de precios de algunas materias primas.

La forma de trabajar en la construcción, especialmente en la obra civil, lleva años expuesta a una revolución que, a juicio de las grandes asociaciones del sector, deja muy atrás la regulación existente y supone nuevos costes. Se agolpan continuas novedades en prevención de riesgos, criterios ambientales y un grado de digitalización que merece, según las empresas, una revisión de la contratación pública. Asociaciones como Seopan y ANCI, en coordinación con la patronal CNC, están haciendo llegar al Ministerio de Transportes un esbozo de medidas con las que mitigar riesgos de ejecución, tanto para las propias constructoras como para los proyectos, y que refuercen la seguridad de los contratos. El pilar básico entre las demandas es la recuperación de la revisión automática de precios de la cesta de materiales básicos de obra, y la entrada en ella del coste energético y laboral. Esta garantía fue incorporada a la contratación pública en 1965 para paliar la volatilidad de las materias primas durante la ejecución de una obra, y se retiró, de facto, al dejar de ser obligatoria con la aprobación de la ley de desindexación de 2015 (desarrollada en 2017). La pandemia y una inflación disparada por la invasión rusa de Ucrania hicieron que las Administraciones la recuperaran de forma excepcional con límites en las cuantías revisables y en el número de materiales contemplados. Pero al margen de esta medida, la construcción intenta que se contemplen otras como los anticipos financieros en los contratos de obra pública, con los que las contratistas que lo precisen podrían cubrir los costes iniciales de los proyectos y obtener flujos de caja en un momento de tipos altos de financiación. Entre los cambios sugeridos también destaca un alza del porcentaje de gastos generales o de estructura reconocidos en los contratos. En este caso pesa un incremento de costes que no son absorbidos por los presupuestos de los proyectos, ya sea por regulaciones en prevención de riesgos, sostenibilidad y reciclaje, certificaciones, formación del personal o el uso de nuevas tecnologías y materiales.

A la salida de la inédita pandemia global que marcó el inicio de la década no se encontraba la normalidad anterior, sino un nuevo marco geopolítico y socioeconómico marcado por las secuelas de la crisis del Covid, los conflictos bélicos desatados en Ucrania y Oriente Próximo, o la revolución tecnológica que está protagonizando la inteligencia artificial. Estos y otros fenómenos serán clave a la hora de configurar el mapa económico y empresarial con el que afrontar el incierto horizonte del ejercicio recién estrenado, según coinciden en señalar los destacados analistas, economistas y protagonistas del ámbito político, financiero y empresarial que han participado en el informe España 2024. Un año por delante, publicado por EY Insights. Esta hoja de ruta económica para el nuevo año ha contado con aportaciones como las del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; la exvicepresidenta primera del Gobierno española y titular de economía, recién nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño); o el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto a destacados analistas.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó el Real Decreto-ley 8/2023 del pasado 27 de diciembre, la llamada ley ómnibus, para dotarse de la potestad para decidir la política de suministradores de las telecos españolas en sus redes de 5G. La decisión, sin precedentes en España, le permitiría, por ejemplo, decretar que una teleco tiene demasiados componentes chinos –de Huawei o ZTE– en sus redes 5G y obligarle a sustituirlos por otros componentes, por ejemplo occidentales. Todo procede del temor de que una red 5G con tecnología china pueda ser espiada o saboteada por el Gobierno de Pekín, que obliga a todas sus empresas a colaborar con sus servicios de inteligencia. Y cuando el 5G intermedie en miles de procesos y servicios, un sabotaje podría paralizar un país y funciones críticas del Estado. Sin embargo, el movimiento del Gobierno vuelve a tirar la piedra y esconder la mano en este asunto, como viene haciendo desde hace años, para no enfadar a Pekín –ni provocar represalias comerciales– ni levantar ampollas en la facción más antiamericana del Gobierno de coalición. Pero el cambio legislativo da a entender que las cosas en España se van a poner más difíciles para la tecnología china en las redes españolas, aunque por el momento, no se hayan tomado decisiones claras como ha hecho Reino Unido o Portugal. Porque las presiones de EEUU y de la CE para que España –y Europa en su conjunto– sean más decididos en el veto a lo chino siguen subiendo de intensidad.

Recurrir a los servicios de un investigador privado para obtener pruebas de que un trabajador prolonga una situación de baja médica, supuestamente sin motivo, no es ilegal. Pero sí lo es cuando los medios utilizados para recabar esas pruebas no respetan el principio de proporcionalidad y vulneran derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad. Así lo entiende el Tribunal Supremo al declarar nulo el despido disciplinario de un trabajador de la planta vizcaína de Bridgestone en Basauri, debido a que las pruebas obtenidas en su contra por prolongar su baja médica cuando aparentemente se encontraba ya recuperado, y en las que la empresa basó su decisión, se lograron a partir de la colocación de un dispositivo de geolocalización en el coche particular del empleado, evidentemente sin su conocimiento. Esta sentencia del Alto Tribunal, notificada a las partes el mes pasado y contra la que ya no cabe recurso alguno, viene en realidad a confirmar la emitida casi un año antes, el 17 de enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que revocaba otra anterior dictada por un Juzgado de lo Social de Bilbao en la que se rechazaba la nulidad del despido, pero sí lo consideró como improcedente. Tras la sentencia del TSJPV la empresa readmitió al trabajador pero recurrió en casación al Supremo, que ahora ha ratificado la decisión de Superior vasco. El origen de este caso se remonta a hace nada menos que cinco años en los que –pandemia y atasco judicial de por medio– se han sucedido diversas demandas y recursos. En enero de 2019 el empleado de Bridgestone en cuestión, que prestaba sus servicios en la empresa desde el año 2002, fue sometido a una intervención quirúrgica en un pie por la que estuvo de baja médica seis meses, hasta de julio. Pero solo unos días después de su reincorporación al trabajo la empresa le notificó su despido disciplinario por un falta «muy grave» debido a la «transgresión de la buena fe contractual» al «prolongar voluntariamente» su curación, «no cumplir las prescripciones de los médicos» y «llevar a cabo actividades no compatibles con su situación de incapacidad temporal y del proceso de recuperación» que la operación en su pié requería. Entre esas actividades «no compatibles» con su baja médica y su normal recuperación se detallaban, entre otras, diversos desplazamientos a pié, en metro o conduciendo su coche a distintos lugares, acudir a una cafetería, a un partido de fútbol o realizar compras en centros comerciales.

El crecimiento afloja a ambos lados del Atlántico. Pero aguanta. Gracias, sobre todo, a un mercado laboral mucho más boyante de lo que nunca se pudo pensar y a un consumo de los hogares que está capeando la tormenta con nota en un entorno de fuerte encarecimiento del crédito. Si hubiera que elegir una única palabra para describir la economía en 2023 esa sería, sin lugar a dudas, resistencia. La inflación se acerca de nuevo a cifras razonables y las primeras bajadas de tipos de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo a la vista, permiten aventurar un horizonte económico mucho más benévolo para los próximos meses. La realidad no es un camino de rosas pero, en fin, dista –y mucho– del “sangre, sudor y lágrimas” que se barruntó. “Todo indica que vamos hacia un aterrizaje suave, un escenario que los mercados también están viendo de una manera clara en las últimas semanas”, constata Xosé Carlos Arias, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. “La sensación es que vamos convergiendo hacia el objetivo de inflación del 2% y que los temores de espirales de precios van conjurándose”. Todo está, aún, en el siempre pantanoso terreno del “parece”, porque la economía se ha convertido en un campo minado para el análisis. “Pero hay una cosa clara: la política monetaria astringente no se ha traducido en una recesión fuerte, y cualquier comparativa con la crisis de los setenta es exagerada”, zanja Arias. “Aún podemos ver algún trimestre con estancamiento o ligera caída, sobre todo en EE UU, pero no la recesión importante que se temió”, completa Leopoldo Torralba, adjunto al economista jefe de Arcano Research, una de las firmas que más han acertado en sus pronósticos recientes.

Los augurios sobre una entrada en recesión de Estados Unidos no se han cumplido (su PIB creció un 1,2% en el tercer trimestre respecto al anterior, con un alza anualizada del 4,9%), lo que se refleja también en su mercado laboral, que a lo largo de 2023 mantuvo un comportamiento sólido. En diciembre, la economía estadounidense creó 216.000 nuevos puestos de trabajo, 43.000 más que en noviembre después de que la cifra de ese mes fuera revisada y ajustada a los 173.000 empleos, según las cifras publicadas ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés). Pese a la fuerte creación de empleo, la tasa de paro se situó en el 3,7%, el mismo dato que en noviembre, con 6,3 millones de desempleados. Las cifras de diciembre han sorprendido positivamente a los economistas, que esperaban una creación neta de empleo inferior. “Hace un año, la mayoría de los pronosticadores creían que caeríamos en una recesión; obviamente, eso no ha sucedido, tenemos un mercado laboral bueno y fuerte”, afirmó ayer la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, quien añadió que “el pesimismo sobre la economía ha demostrado ser injustificado” y que el mercado laboral estadounidense “sigue trabajando a toda máquina”.

El Gobierno sufrirá el miércoles, salvo que rectifique, su primera derrota parlamentaria de la legislatura, todo un aviso para navegantes de los independentistas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Será, además, el mismo día en que el Congreso debatirá (y tumbará) las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox a la ley de amnistía. ERC y Junts, principales beneficiarios de esta ley de amnistía, presionan a las primeras de cambio al Gobierno, al que avisan de que se tendrá que ganar su estabilidad votación a votación, ya sean medidas económicas, decretos o los Presupuestos Generales. La legislatura convertida en un campo de minas, con la fragilidad del Gobierno puesta a prueba constantemente. Puigdemont ya advirtió semanas atrás de que el Gobierno sufrirá algún susto durante la legislatura. Los junteros anunciaron ayer que votarán en contra de los tres reales decretos aprobados por el Gobierno y que se someterán a su validación en el Congreso la semana que viene. Ya hace semanas que los postconvergentes amenazan con tumbar estas iniciativas legales del Ejecutivo, que deberá buscar una mayoría diferente a la de la investidura para sacarlas adelante. Ayer se reafirmaron en su negativa, tras una reunión celebrada el jueves, entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Ambos dirigentes, que han labrado una buena relación tras la negociación de la investidura, intentaron acercar posturas pero no llegaron a ningún acuerdo.