20240804

En una entrevista concedida a Europa Press, la presidenta de Confebask, Tamara yagüe, ha explicado que han trasladado su propuesta fiscal a instituciones, diferentes partidos políticos, y al propio lehendakari Imanol Pradales. Uno de los temas que plantearon es la necesidad de una nueva mirada fiscal y, aunque no cree que Euskadi fiscalmente haya dejado de ser una comunidad interesante para trabajar e invertir, sí constata que desde 2008 la presión fiscal ha crecido por encima de lo que lo ha hecho el PIB. Yagüe ha indicado que, para mantener el actual bienestar social y el futuro, hay que aumentar la recaudación "en base a tener mayores inversiones, mayores empresas que quieren invertir y más trabajadores que quieren venir a trabajar a Euskadi". "El momento es ahora, hay que invertir en fiscalidad y no se trata de recaudar menos sino de recaudar mejor, enfocado al crecimiento de la productividad, el crecimiento económico y, además, al desarrollo sostenible de Euskadi", ha precisado. De esta forma, según ha precisado, se podría "aumentar una recaudación y poder ampliar y mantener ese Estado de bienestar". "Hay muchas cosas que están relacionadas. Entonces sí, se puede llegar a poner en peligro el futuro económico de Euskadi y el futuro de este bienestar social, que no se ve mañana, se ve siempre a medio y largo plazo", ha remarcado. La máximo representante de Confebask ha insistido en que es el momento de utilizar el Concierto y las capacidades que ofrece "para trabajar e invertir en el desarrollo económico del país y la competitividad". Ante la conflictividad laboral en Euskadi y la apuesta de ELA por no parar su estrategia de movilización, Tamara Yagüe ha advertido de que "con la confrontación no se llega a ningún sitio". A su juicio, "la conflictividad va en contra del progreso de la sociedad y no es lo que esta demanda". "Ellos tienen esa forma de verlo. Nuestra forma es colaboración, mano tendida, es lo que se debe hacer para el progreso social", ha señalado.

El sector de la construcción es un ámbito tradicional, en el que la digitalización ha sido una herramienta poco utilizada. No obstante, el clúster vasco Build:Inn, que integra toda la cadena de valor de la industria del sector, ha emprendido una apuesta por la digitalización y la aplicación de la tecnología para hacer esta actividad más atractiva y, a la vez, atraer a la juventud a un oficio en el que cada vez es más difícil enganchar a los jóvenes. Un problema que lleva a las empresas del ramo a buscar trabajadores extranjeros. Un sector, el de la construcción, con peso en Euskadi. Representó el pasado año un 5,9% del PIB vasco, que se eleva hasta el 11% si se tienen en cuenta las actividades relacionadas, como la producción de materiales, el transporte y la ingeniería. En cuanto al empleo, el sector genera más de 115.000 puestos de trabajo en Euskadi teniendo en cuenta toda la cadena de valor. Esto representa un 12% del empleo, lo que lo convierte en uno de los principales motores del mercado laboral vasco. El clúster Build:Inn lleva un tiempo colaborando con la Diputación Foral de Gipuzkoa y Ascongi, la patronal territorial del sector, en el proyecto Eraikuntza Digitala. Un plan en el que durante el último año se han destinado 220.268,73 euros a las empresas beneficiarias. El programa fue diseñado para apoyar la digitalización de procesos y mejorar la competitividad, subvencionando gastos en consultoría e ingeniería externa, así como inversiones en software y tecnologías 4.0 relacionadas con los proyectos. Las microempresas y pequeñas empresas tuvieron prioridad, recibiendo hasta el 50% del coste de sus proyectos. En este sentido, la digitalización es una meta a la que las empresas del sector quieren llegar. 

No toda la industria vasca huele a metal. De hecho, la fortaleza de una pequeña parte del ecosistema empresarial reside, precisamente, en sus llamativos aromas. El sector de la cosmética y la perfumería aúna ocho grandes firmas en el País Vasco, que ya movilizan una facturación anual de 24 millones de euros y aportan empleo directo a 236 personas. Así lo recoge el mapa de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa). Su director de estudios, Óscar Mateo, advierte que las empresas vascas «son destacables y referentes» en sus propios ámbitos, y cita casos reseñables como «la formulación basada en algas marinas» de los laboratorios Abad (Gipuzkoa), «la referencia en tratamientos de la piel para pacientes oncológicos» de Maria D’Uol (Álava) o la apuesta de modernización y «digitalización» de los laboratorios Ximart (Bizkaia). Esta última lleva en su ADN una característica propia del País Vasco. «En Euskadi destaca la presencia y perfil de empresas familiares, que han venido demostrando gran resiliencia a lo largo de su historia», afirman en Stanpa. El portavoz de Ximart, Jacinto Pérez, sitúa el inicio de la firma siete décadas atrás. Ya va por su tercera generación desde que el primer emprendedor (José Jiménez) iniciara un negocio de alcohol y perfumes a granel para las droguerías. Su gran salto vino al hacerse con la exclusividad en España de la marca CEDIB (en francés, Instituto de Belleza de los Campos Elíseos) que ahora poseen para toda Europa. De allí también trajeron su maquinaria. El sello histórico, y apenas publicitado, guarda un celoso grupo de consumidoras que se transmite de madres a hijas. Pero en su larga historia, ésta no es la única ‘gran aventura’ emprendida por Ximart. La empresa vasca ha encontrado parte de su fuerza en una integración vertical que aborda todo el proceso de producción, desde la formulación en laboratorios hasta el envasado de los productos finales. Esta capacidad les ha permitido desarrollar productos propios, pero también ganarse un sitio bajo marcas tan populares como la que ampara Mercadona. 

Euskadi acelera para tener lista en seis meses una propuesta de tasa turística, lo que le convertirá en la tercera comunidad del Estado tras Cataluña y Baleares en implantar un canon de este tipo que ya se cobra en 137 ciudades de 20 países europeos. Gipuzkoa, y más concretamente San Sebastián, lleva doce años abogando por implantar una tasa turística a sus visitantes, un recargo que el viajero tendría que pagar por alojarse en alguno de los establecimientos turísticos del territorio. Lo que en un principio fue una iniciativa puntual del Ayuntamiento donostiarra, más de una década después se ha convertido en un asunto que Euskadi parece dispuesto a encarar de una vez por todas. La implantación de este canon es uno de los compromisos que recoge el programa de Gobierno acordado por el PNV y PSE-EE para esta legislatura que acaba de comenzar y parece que por fin se va a pisar el acelerador. Así lo ha verbalizado durante los últimos días el propio Ejecutivo vasco en boca del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, quien se ha dado un plazo de seis meses para presentar una propuesta sobre este nuevo impuesto, destinado a «gravar las estancias de los viajeros y potenciar la competitividad y sostenibilidad del sector». El País Vasco se convertiría de esta forma en la tercera comunidad autónoma del Estado, tras Cataluña y Baleares, en implantar este canon que ya se cobra a los visitantes en hasta 137 ciudades de 20 países europeos, entre las que se encuentran París, Roma, Berlín, Lisboa, Bruselas o Budapest, por citar algunos ejemplos. En España, Cataluña fue la primera en implantar este impuesto sobre las estancias turísticas en 2012. 

Pese al buen comportamiento del mercado laboral los despidos en Euskadi repuntaron en 2023 hasta máximos en más de una década. En concreto, fueron 11.300 los que se registraron en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la comunidad autónoma, la estadística más fiable que existe dado que el paso por este organismo es obligatorio para que la indemnización quede exenta de tributar y también para poder impugnar en los juzgados. La cifra es casi un 3% superior a la del año anterior y supera la de 2013 (entonces fueron casi 11.000), cuando los despidos crecieron de forma significativa tras la reforma de 2012 que los abarató. Pero todavía más llamativo es lo que ha ocurrido con la indemnización media en este tiempo: ha pasado de superar los 40.000 euros a 18.471, un recorte de más del 50%. Estas cuantías se refieren a la compensación media por trabajador que arrojan los despidos acordados en el organismo administrativo. En 2012 solo fueron un 26% del total, pero el año pasado supusieron más de la mitad. El resto acabó en su mayoría en los juzgados de lo Social, donde la indemnización media se situó en 10.167 cuando se llegó a un acuerdo de conciliación en el marco judicial y 14.003 en las sentencias favorables a los trabajadores. Aunque no sea una estadística completa, el recorte en la indemnización de los acuerdos alcanzados en el SMAC da una aproximación del impacto de la reforma de 2012, cuando se abarató de forma considerable el despido. Por un lado se amplió el margen para alegar causas objetivas –basta con un descenso de las ventas–, una modalidad que permite cesar a trabajadores con 20 días por año trabajado. Por otro se recortó la indemnización en el improcedente, que pasó de los 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un tope de 24 mensualidades. Además, se eliminaron los salarios de tramitación, aquellos que deja de percibir el trabajador desde el despido hasta la sentencia que declara la improcedencia.

Un año después de recuperar el control de la seguridad del antiguo vertedero de Zaldibar, tras la «inacción» de Verter Recycling, el Gobierno Vasco ha concluido con las labores para garantizar durante al menos «cinco o seis años» la estabilidad de la ladera en la que se levantaba la planta de residuos, que se derrumbó el 6 de febrero de 2020. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad da por terminado el sellado provisional de la parcela, unos trabajos que arrancaron por «vía de urgencia» en octubre del pasado año «para evitar cualquier riesgo» y a los que han destinado «alrededor de 3 millones de euros». El Ejecutivo autonómico asumió esas obras de forma subsidiaria –pasará la factura a los antiguos gestores de las instalaciones– tras detectar una «reducción progresiva en las condiciones de seguridad» derivada de «la falta de mantenimiento básico y sellado» que correspondían a los propietarios. La situación, precisan portavoces de la consejería que dirige Mikel Jauregi, «estaba ya afectando a la estabilidad». Ante el «empeoramiento», y al «incumplir» la empresa y la administración concursal los «requerimientos» realizados por la Administración, se iniciaron los trabajos de cara a corregir las deficiencias. Los inspectores, de forma paralela, abrieron un expediente sancionador que se completó el 26 de marzo con una sanción a la compañía de 200.000 euros. La multa, matizan las mismas fuentes, es «independiente de los pagos del coste de las actuaciones asumidas por el Gobierno, recargos...». Y también está al margen de los cerca de 29 millones de euros que la institución reclama por diversos trabajos ejecutados de forma subsidiaria, entre ellos la búsqueda de los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos operarios que fallecieron sepultados en el que fue el mayor accidente medioambiental de Euskadi.

En lo que se refiere a los datos macro, España crece a un ritmo interanual del 2,9%, y si nos ceñimos a las ganancias de las compañías, estas siguen mostrando una gran resiliencia. En concreto, entre enero y junio de 2024 los grupos españoles cotizados en Bolsa ganaron 32.099 millones de euros, cifra que representa una subida del 15,42% con respecto al mismo periodo del año anterior. La fortaleza de las cuentas ha sido generalizada. En el caso de las compañías de mayor tamaño, aquellas que están incluidas en el Ibex 35, el resultado atribuido agregado mejoró un 13,05%, situándose en 29.516 millones. En el caso de las sociedades de tamaño medio y pequeño, la suma de las ganancias en el semestre fue de 2.582 millones, con un incremento del 52% respecto a 2023. Las compañías cotizadas tienen de plazo hasta el próximo mes de septiembre para enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las cuentas del primer semestre. Sin embargo, la gran mayoría quiere irse de vacaciones con los deberes hechos y ya las presentó durante el mes de julio. De los datos recopilados llama la atención el hecho de que, mientras los beneficios siguen mostrando solidez, no ocurre lo mismo con las ventas, que dan síntomas de cierto agotamiento. Este es un factor a seguir de cerca ya que los ingresos son el corazón que bombea la sangre a las compañías para que puedan continuar con su expansión. En concreto, la cifra de negocio del conjunto de las 85 empresas que ya han publicado sus datos semestrales se sitúa en 355.126 millones de euros, cantidad que representa un aumento de solo del 4,64% con respecto a las ventas del primer semestre de un año antes. Si el análisis de los ingresos lo limitamos al Ibex 35, estos fueron de 313.018 millones de euros, un 4,68% más. En el caso del resto de compañías del mercado continuo, el semestre cerró con 42.108 millones de facturación, apenas un 4,33% más.

España encadena tres trimestres consecutivos con crecimientos de la economía muy elevados, batiendo todas las previsiones, mientras que Alemania flirtea con la recesión y Francia e Italia crecen a ritmos más tímidos. Los números hablan por sí solos: la economía española avanza un vigoroso 2,9% interanual frente al 0,6% que repunta la zona euro. Y logra estas cifras a pesar de unos obstáculos que eran difíciles de sortear sin sufrir daños: una inflación acumulada que supera el 15% y que lastra la capacidad de compra de las familias; una subida de tipos muy intensa que frena la inversión y que supone 12.000 millones más al año en el pago de intereses de los hogares, y una atonía de los socios comerciales que debería arrastrar al sector exterior español. Se suma de forma estructural un paulatino proceso de envejecimiento que resta capacidad de crecimiento. Pero aun así, crece con fuerza. La crisis financiera pilló a España con una burbuja inmobiliaria. La pandemia, con una exposición alta al turismo y la hostelería. Pero la crisis industrial y energética no la ha golpeado con la misma intensidad que a sus socios. Un conjunto de factores lo explica: el buen comportamiento del empleo sostenido por la llegada de trabajadores inmigrantes; el tirón del turismo tras la covid; el empuje de las exportaciones de servicios empresariales favorecidas por la internacionalización de las compañías; el consumo de las administraciones respaldado por las compras de deuda pública del BCE; la inversión en obra pública apoyada en los fondos europeos; la resistencia de la industria al no verse tan afectada por la crisis del gas ruso, disponer de energías renovables y mantener unos costes laborales competitivos; la inversión en digitalización, y el impulso de sectores como las comunicaciones, las actividades profesionales y técnicas y la logística.

"Pasado el ecuador del año, la economía española arroja un balance positivo, superando netamente las previsiones, si bien con nubes en el horizonte. El avance del PIB ha sorprendido al alza, tanto por su vigor —un 0,8% en el segundo trimestre, igual que el anterior— como por la fuerza del sector exterior, que explica más de la mitad del crecimiento registrado en lo que va de año. Aparte del tirón del turismo, las empresas españolas mejoran su cuota de mercado en los mercados internacionales, resultado meritorio dado el complicado contexto global. Más sorprendente es el estancamiento de las importaciones, evidenciando la incapacidad de las empresas extranjeras para aprovechar plenamente el tirón de la demanda en España: las importaciones crecen a un ritmo cinco veces inferior a dicha demanda (elasticidad del 0,2), quebrando la relación histórica (elasticidad en el entorno del 1,2). Se mantiene, por tanto, el superávit de nuestros intercambios con el exterior, asegurando una cierta robustez del proceso de crecimiento. El excedente de la balanza por cuenta corriente incluso bate el récord cosechado el año pasado —con datos del Banco de España hasta mayo—. Por otra parte, el vigor del crecimiento ha ido de la mano de la creación de casi 300.000 puestos de trabajo en lo que va de año, en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA), fruto de la incorporación de más fuerza laboral sube la tasa de actividad, atenuando mecánicamente el descenso del paro). Y no se vislumbra un recrudecimiento de las tensiones inflacionistas. Con todo, es poco probable que estos resultados se repitan en el futuro. Se acumulan los síntomas de debilitamiento de la economía europea, prefigurando una pérdida progresiva de dinamismo de nuestras exportaciones, una vez pasado el sorprendente bum del turismo..."

Los límites entre la jornada laboral y el tiempo de descanso y ocio están cada vez más difuminados por culpa de la revolución digital. Es habitual estar en el parque con los niños o en una cena con amigos, o bien o en la playa o piscina dándose un baño, y recibir una llamada del jefe. Por no hablar de la multitud de correos electrónicos fuera de horario de trabajo que se cuelan con la excusa de ‘para cuando estés operativo’… pero que finalmente se acaban leyendo desde casa o cualquier otro lugar, y no precisamente en la oficina. La desconexión en la era de la revolución digital es casi una utopía y el Gobierno se ha propuesto ponerle coto y legislar por ley en la misma norma en la que reducirá la jornada máxima de todos los trabajadores españoles. El objetivo está claro: trabajar menos horas y el resto del día, descansar pero de verdad. Esto supondrá que en una jornada habitual una persona trabajará siete horas y media al día (cinco días a la semana) y tendrá 16,5 horas de descanso laboral garantizado, sin interrupciones de la empresa. Para ello el Ministerio de Trabajo desarrollará la regulación de un derecho que en la actualidad ya aparece en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores (ET) pero sin concretar: tan solo reconoce el «derecho a la intimidad y a la desconexión digital», por lo que es como un deseo al viento. Ahora el Gobierno da un paso más y prohibirá por ley a las empresas comunicarse con sus empleados fuera de su jornada laboral, también con aquellos empleados que practiquen el teletrabajo. Así, incluye este veto expreso dentro del artículo 20 bis del ET. «El deber empresarial de garantizar el derecho a la desconexión se concreta en la ausencia de toda solicitud de realizar una prestación laboral o iniciativa de comunicación de la empleadora o persona en quien delegue, así como de terceros con relación comercial con la empresa, con la persona trabajadora por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales, así como el derecho a no ser localizable fuera de su horario de trabajo», según recoge el texto de la propuesta presentada el pasado lunes a los agentes sociales.

Dos de los principales objetivos que se marcó María Jesús Montero cuando llegó al Ministerio de Hacienda eran reformar el sistema de financiación autonómica, que debió revisarse hasta ya 14 años y que presente grandes desequilibrios, y elevar la recaudación fiscal, tener más ingresos tributarios y poder gastar más. La primera actuación la ha ido posponiendo, y su actualización parece ahora más improbable que nunca después del acuerdo fiscal entre el Ejecutivo y ERC, que supone un primer paso para que Cataluña tenga una suerte de cupo. El Gobierno ha dinamitado con esto cualquier posible pacto no sólo con las regiones gobernadas por el PP sino incluso con las socialistas. Beneficiará a Cataluña, que además no es una región infrafinanciada como tantas veces ha demostrado Fedea, mientras comunidades como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha seguirán recibiendo muchos menos recursos de los que les corresponden. Y lo ha hecho después de que la propia vicepresidenta y ministra de Hacienda rechazase la posibilidad de un acuerdo de este tipo tras el ultimo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Afirmó que no ocurriría y que no tenía cabida en la Constitución, como ya hizo el Ejecutivo con medidas como la amnistía, para apenas unas semanas después certificar justo lo contrario. Y para lo segundo, para elevar la recaudación tributaria, además de hacer que «paguen más los que más tienen», Montero encargó un Libro Blanco para la reforma del sistema impositivo que, sin embargo, guardó directamente en un cajón. Porque sí, su publicación se produjo en febrero de 2021, casi el mismo día que Rusia atacó a Ucrania, lo que agravó la crisis de precios y generó un contexto de gran incertidumbre. Pero, también, porque el Ejecutivo no se atreve a aplicar buena parte de las medidas que se apuntaban en ese documento.

Hay dos grandes motivos que explican por qué el PNV y EH Bildu han mantenido un perfil bajo durante todo el proceso de negociación de la gobernabilidad en Cataluña. El primero, que cada uno de ellos mantiene, en mayor o menor medida, alianzas estratégicas con dos de los actores protagonistas y no han querido inmiscuirse en sus asuntos: los jeltzales restauraron su maltrecha relación con Junts cuando los posconvergentes se subieron a la ola posibilista y apoyaron a Pedro Sánchez a cambio de la amnistía; y la formación soberanista tiene suscrito un acuerdo de cooperación con ERC e incluso comparten grupo en el Senado y coalición en Europa. Pero más relevante resulta la segunda de las razones que explican su postura: tanto los de Andoni Ortuzar como los de Arnaldo Otegi han optado por la cautela al ser conscientes de que en Cataluña se estaba (y se está) jugando el futuro de la legislatura nacional, en la que ambos tienen depositadas amplias expectativas. Las dos familias del nacionalismo vasco son miembros de esa heterogénea mayoría de la investidura, a veces también llamado bloque pese a sus importantes grietas internas, que ahora amenazan con resquebrajarse por completo. Y es que, lejos de apuntalar el edificio, el acuerdo para investir a Salvador Illa puede sacudir los cimientos. Las primeras reacciones de Junts al entendimiento entre PSC y ERC –los de Carles Puigdemont hablan ya de «hacer valer» sus siete votos en el Congreso– sugieren una suerte de venganza que bien podría destinar la legislatura al colapso. 

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, anunció el pasado miércoles que su partido comenzará el proceso de renovación orgánica el próximo 29 de septiembre, con motivo de celebrarse en Foronda el Alderdi Eguna. Esta efemérides servirá para que el PNV clarifique también su futura estrategia nacionalista y anuncie su hoja de ruta para los próximos años. Pero sobre el cónclave pesan aún poderosas incógnitas a pesar de que fuentes solventes sostienen que el PNV no va a renunciar a su ideario en defensa del proyecto nacional vasco, con vocación transversal y de centralidad pactista. Además, el factor cualitativo diferencial es que en el PNV empieza a cristalizar un malestar de fondo en sectores de su militancia, críticos con el modus operandi de la dirección en los últimos años y expectante ante los cambios que se vislumbran y ante la etapa iniciada por Imanol Pradales como lehendakari. La primera incógnita es hasta qué punto Andoni Ortuzar, presidente del EBB en los últimos 12 años, está dispuesto a retirarse del escenario definitivamente y a no concurrir a un nuevo mandato. En el PNV circula una tesis, que se atribuye a Xabier Arzalluz, y que apunta que no sería conveniente activar la sucesión de lehendakari a la vez que la de la Presidencia del EBB para no generar determinados desajustes internos. Sin embargo, la hipótesis de una permanencia de Ortuzar, defendida por algunos dirigentes, también suscita determinada contestación por parte de quienes piden una renovación coherente, que afecte a todos los órganos del partido. Todo sigue en el aire.

John Hassard está preocupado por la seguridad de su familia. Él se encuentra en Londres, pero ellos han viajado a Francia en plenos Juegos Olímpicos y Hassard teme que sean víctima de atentados. Sabe de qué habla, porque es el director del Instituto para la Seguridad, Ciencia y Tecnología del Imperial College de Londres y formó parte del equipo que estuvo a cargo de «identificar y mitigar las amenazas» que se cernían sobre Londres 2012. Ahora, la posibilidad de que se produzcan atentados y ciberataques es muy elevada, y hay una tecnología que ayuda tanto a provocarlos como a evitarlos: la inteligencia artificial. Hassard es asesor del Gobierno británico en esta tecnología de doble filo que, en su opinión, «va a tener una importancia capital en la seguridad nacional de los países». No obstante, considera que presenta «más oportunidades que amenazas» y se lamenta que no estuviese tan desarrollada cuando los británicos conservadores promovieron el ‘Brexit’. «Nos habría ayudado a identificar las falsedades en las que se basó esa campaña y a evitar la manipulación a la que estuvo sujeta una población que, ahora, lamenta aquel gran error», sentencia. – Ucrania y Gaza son dos de los escenarios en los que la IA está demostrando su capacidad para cambiar las reglas de la guerra. "No se le está dando a la IA la importancia suficiente. La gente aún no ha comprendido la relevancia que va a tener. La evolución es increíble. Yo trabajo en dinámica de fluidos computacional y, gracias al aprendizaje automático, hemos logrado multiplicar por 20 o 30 la velocidad a la que trabajamos. Lo que antes llevaba una semana, ahora son unas horas. También estoy en el Consejo de una empresa llamada SynByosis, dedicada al desarrollo de materiales para automoción y aeronáutica, y lo que antes hacíamos en cuatro meses lo hacemos en una semana. Y la velocidad de esa progresión va a continuar acelerándose. Tengo 68 años. Mis hijos, 31 y 34. Cuando lleguen a mi edad, el mundo será muy diferente..."

El ejército estadounidense ha iniciado un nuevo despliegue militar en Oriente Medio y el Mediterráneo ante la eventualidad de un ataque de Irán a Israel en respuesta al asesinato en Teherán del líder de Hamás Ismael Haniye. El Pentágono ha enviado el portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’ como principal fuerza de defensa y ataque en la región. Navega con un grupo de escolta formado por destructores y cruceros con capacidad de lanzas misiles balísticos y a él se unirá un escuadrón de cazas de combate, listos para su despegue desde una base que la fuerza aérea estadounidense ha evitado identificar. La movilización es un ejemplo de la inquietud que ha despertado en Occidente la amenaza iraní de lavar «con sangre» la muerte de Haniye. La Guardia Revolucionaria anunció ayer que la respuesta del régimen será «severa» y tendrá su aplicación «en el momento, lugar y manera apropiados». Su comunicado culpa de nuevo del crimen al Gobierno de Israel, «el régimen sionista aventurero y terrorista». Haniye se había trasladado a Irán en una visita oficial de alto nivel. Celebró una entrevista con el Líder Supremo, Ali Jameinei, y presenció la investidura de Masoud Pezeshkian como nuevo presidente del país. Más tarde, un equipo de escoltas fuertemente armado le trasladó a una residencia de alta seguridad donde ya se había hospedado con anterioridad. Haniye estaba confiado. Nadie podía pensar que fuera a ser blanco de un atentado en Teherán. En las redes sociales abudan ahora los mensajes que destacan la «humillación» del régimen iraní por los fallos de seguridad.