20240215

La falta de músculo financiero, bien para impulsar el crecimiento de multinacionales vascas o para sostener el avance de un importante tejido de pymes familiares es una de las principales causas diagnosticadas por el Gobierno vasco para explicar el desarraigo empresarial que ha sufrido Euskadi en los últimos años. Desde 2019, el Ejecutivo ha estado diseñando una estructura de fondos públicos que cuentan con 400 millones de euros y que pretende coordinar con los agentes privados. Y es que estos acumulan, sin contar el patrimonio de las EPSV, cerca de 1.000 millones. Para ese objetivo se ha creado el clúster financiero, BasqueFIK, que se presentó ayer con en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, reconoció que «sabemos que uno de los límites al crecimiento de las empresas es la falta de capital inversor en proyectos industriales». La agrupación, formada por 15 agentes y tras una ronda de contactos en la que han participado 75 entidades inversoras, pretende compartir diagnósticos e información. Se trata, como señaló el presidente del clúster, Jon Ander de las Fuentes, de «tender puentes, crear ecosistema y unir a inversores y empresas» en una acción coordinada y que «priorice líneas estratégicas de país». Las funciones se centran en coordinar, informar y dar a conocer diferentes acciones. No hay fondos compartidos, ni aportaciones económicas para realizar inversiones desde BasqueFIK. Se trata, por tanto, de una labor de difusión, de promoción y extensión de fórmulas alternativas de financiación para las empresas vascas, así como una herramienta para que los inversores puedan compartir la visión y coordinarse entre sí. El lehendakari defendió el papel de la iniciativa privada, que, «lamentablemente, en ocasiones, es menospreciada o demonizada por algunos sectores de nuestra sociedad». Urkullu señaló que no solo no comparte esa opinión, sino que «la combato porque Euskadi necesita de todas y de todos» para mantener el nivel de bienestar y la calidad de vida. Entre los socios se encuentran Garrigues, Ikei, Kaizaharra Corporación (el vehículo inversor del presidente de Aernnova, Iñaki López Gandásegui), Multiverse, la sociedad rectora de la Bolsa de Bilbao, y la Fundación Artizarra.

La naturaleza industrial que subyace en el interés de un grupo húngaro por Talgo es una de las cuestiones que ha hecho que la dirección de la compañía esté abierta a gestionar el nuevo escenario. La corporación de Andras Tombor, que fue asesor del presidente húngaro, Viktor Orban, trabaja para concretar una oferta de 617 millones –a 5 euros por acción– por el fabricante de trenes. Es una operación que va mucho más allá de lo financiero, ya que reforzaría la capacidad de fabricación de Talgo –con pedidos por 4.200 millones que tensionan su capacidad– y le abriría el mercado en Europa del Este, donde se espera un fuerte desarrollo de la red ferroviaria. En el dibujo de ese futuro, según han confirmado fuentes conocedoras de las negociaciones, la dirección de Talgo podría acometer el traslado de la sede social a Euskadi. La compañía de origen vasco cuenta con dos plantas de fabricación, una en Las Matas (Madrid) y la otra en Ribavellosa (Álava). Actualmente la empresa está domiciliada en la capital de España, a pesar de su nacimiento alavés hace 83 años de la mano del ingeniero Alejandro Goicoechea y del empresario José Luis de Oriol, abuelo del actual presidente de Talgo, Carlos de Palacio y Oriol, y figura clave en la historia reciente de la compañía que comparte poderes ejecutivos con el consejero delegado, Gonzalo Urquijo. Un movimiento más bien simbólico, pero que confirmaría la apuesta de los húngaros por los activos y plantas del fabricante nacional de alta velocidad. Un modo de trasladar cierta tranquilidad ante los recelos que despiertan las conexiones del entramado industrial húngaro con la Administración de Viktor Orban. El Gobierno central y el vasco no han hecho valoraciones y permanecen a la espera, aunque Moncloa podría condicionar la operación con el decreto ‘antiOPA’. En Euskadi, los intentos de acercar a Talgo con el otro fabricante de trenes, el guipuzcoano CAF, han escrito varios capítulos pero siempre sin final feliz. Y es que la estrategia de la compañía de Beasain tiene otros objetivos y mercados que no casan con los trenes de Talgo.

Por quinta vez en febrero, Mercedes Vitoria anula otra jornada productiva. La dirección de la multinacional comunicó este miércoles a la plantilla que se cancela la labor del día 23 de febrero en todos los turnos de los tres principales talleres de la factoría: montaje bruto, pintura y montaje final. Como es habitual, el gigante alemán de la automoción aportó como causa principal del frenazo «la necesidad de ajustar la capacidad productiva de la planta a las demandas de los mercados». El nuevo parón afectará a «todo el personal directo, indirecto y coaligados» a esos talleres, con la excepción de la plantilla que desarrolle tareas imprescindibles en la factoría de la Avenida de Los Huetos. En otras líneas como las de prototipos, formaciones o proyectos se notificará a la plantilla si debe acudir o no a su puesto de trabajo el viernes 23. Quienes no deban acudir tendrán otro ‘puente’ similar al que acaban de disfrutar el grueso de los 5.000 empleados, que si no tenían labor durante el fin de semana se pudieron ausentar de su puesto de trabajo entre el pasado jueves 8 y ayer, cuando se volvió a la actividad normal. La suspensión de esa jornada de trabajo es la quinta en este mes. Antes la dirección de Bernd Krottmayer comunicó las desactivaciones de los días 2, 9, 12, y 13 de febrero. A diferencia de las primeras desactivaciones, estas no han incluido ninguna referencia a problemas internacionales de suministro como la crisis del Mar Rojo, que sí se dejaba entrever como un lastre hace unas pocas semanas.

El dueño de la empresa eibarresa Mecanizados AYA, Alex Aranzabal, ha denunciado una campaña sostenida de «amenazas y coacciones anónimas», sobre todo con «pintadas» en su domicilio de Eibar y en los colegios de sus dos hijas, menores de edad, en la villa armera, en las que le acusan de «ladrón» a raíz de un conflicto laboral que mantiene a la compañía al borde del cierre. Aranzabal, que fue presidente de la Sociedad Deportiva Eibar de fútbol, señala a este periódico que «tras más de un año y medio de linchamiento» ha decidido hacer pública su situación, que ha sido ya denunciada varias veces ante la Ertzaintza, al considerarla «insostenible» y estar causando «un grave daño a mi familia», lamenta. El empresario de AYA (Aguirre y Aranzabal), firma centenaria, la más antigua de Eibar y dedica- da principalmente a la fabricación de escopetas deportivas, explica que la campaña de acoso que denuncia se debe a «motivos económicos», tras discrepancias sobre el funcionamiento de la firma, pero también «políticos» por el posicionamiento de la empresa como marca española de referencia en el sector a nivel internacional. Aranzabal es el poseedor de la mayoría del capital de la compañía, aunque tiene otros dos socios que también están sufriendo «pintadas y ataques a sus vehículos» de forma anónima. El empresario eibarrés explica que tras un cambio en la organización de trabajo de AYA, firma que contaba con una treintena de empleados, con la creación de tres divisiones (mecanizado, caza y ropa), el pasado julio comenzó una «conflictividad alta» con los trabajadores y con la representación sindical de LAB. Muchos abandonaron la firma y los seis que quedaron plantearon una huelga aunque al final optaron por coger la baja, relata. Finalmente, fueron despedidos, aunque la empresa se quedó con la producción parada y sin poder atender pedidos ni facturación, y teniendo que pagar las nóminas de esas seis personas durante su periodo de baja. Ha estado sobreviviendo externalizando la producción, pero la empresa está ya «al borde del cierre», confiesa.

 El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado este miércoles su "apoyo y reconocimiento" a todas las personas empresarias y ha destacado su "labor y enorme aportación" al País Vasco. Además, durante su visita a la empresa alavesa Lascaray-LEA, dedicada a la fabricación de productos cosméticos, ha defendido que "Euskadi necesita" empresas como esta, así como "negocios grandes, medianos y también pequeños", ya que "todos son imprescindibles para seguir manteniendo el bienestar y calidad de vida". Junto a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, con Arantxa Tapia, el lehendakari ha recorrido las distintas dependencias de la planta de Vitoria-Gasteiz de esta empresa familiar, que cuenta en la actualidad con una división cosmética y otra oleoquímica. Ante los responsables de Lascaray-LEA, que cumple 200 años, lo que la convierte en la más antigua de Euskadi, el lehendakari ha afirmado que "Euskadi necesita empresas como Lascaray-LEA, negocios grandes, medianos y también pequeños", ya que "todos son imprescindibles para seguir manteniendo nuestro bienestar y calidad de vida" y ha animado "a todas las personas que han decidido o están decidiendo dar el salto" que vayan a por ello, sin miedo al fracaso" porque "las instituciones vascas están de vuestro lado". Asimismo, ha puesto en valor "la cultura del esfuerzo y del sacrificio", características que ha subrayado, presenta esta empresa alavesa. "En dos siglos os ha tocado vivir crisis, guerras, todo tipo de incidentes, de problemas, incendios. Os ha tocado vivir el azote inhumano e injusto del terrorismo de ETA", ha destacado. En este sentido, ha recordado que "el empresariado vasco se ha sentido señalado, amenazado y humillado durante décadas" y "muchas personas, por desgracia, fueron asesinadas, víctimas inocentes que tuvieron que pagar un altísimo peaje, simplemente, por tener un negocio en Euskadi".

En plena convulsión del mundo rural por los problemas que sufren los baserritarras –presionados por una inmensa burocracia y unos precios que en ocasiones no compensan sus gastos–, y con los tractores ya por nuestras calles, las instituciones vascas salieron ayer al unísono a la palestra para recordar su «compromiso» con el sector. Así, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, que comparecía junto a los responsables forales en la materia (Xabier Arruti, por Gipuzkoa; Amaia Barredo, de Álava; y Arantza Atutxa, por Bizkaia) hizo las veces de portavoz conjunta para «reafirmar» el «apoyo incondicional a las personas del Primer Sector y la labor que desempeñan». Ese fue el mensaje, que llegó junto a un decálogo de compromisos con el sector y un par de mensajes directos, entre ellos la articulación, vía desarrollo reglamentario, de un sistema de control y sanciones para la mejor aplicación posible de la Ley de la Cadena Alimentaria y lograr un precio más justo para el campo. En este último punto se mostró partidaria de «promover la equidad, la transparencia y la sostenibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena» y de «dar pasos hacia un plan oficial de inspecciones junto con la aplicación de un régimen sancionador adecuado». La consejera explicó que la vocación del Gobierno Vasco y de las tres diputaciones forales es ofrecer al agro «un apoyo que va más allá del que posibilitan los instrumentos y actuaciones que contempla la PAC». Y es que, aseguró, «como ya en su día reclamamos, ni Bruselas, ni el MAPA, contemplaron que las regiones hubiésemos podido tener nuestro propio plan estratégico, lo que nos habría permitido una mayor autonomía y una gestión más cercana y eficaz para atender las demandas y problemáticas de nuestro primer sector».

El año pasado, un total de 5.240 compañías trasladaron su domicilio social de una región a otra, un 4% más que en 2022, de acuerdo con los datos de Informa D&B. De esa cifra, 1.683 eligieron Madrid como nuevo destino (el 32% del total), mientras que solo 728 optaron por Cataluña (el 13,8%). Después de Madrid, fue Castilla-La Mancha la segunda comunidad que más tejido empresarial sumó, con un saldo neto positivo de 60 compañías; seguida de la Comunidad Valenciana, con 43; Galicia y Canarias, con 36 cada una, y Baleares, con 22. En el otro lado de la balanza y después de Cataluña, la mayor pérdida de empresas se produjo en Castilla y León, con un saldo neto negativo de 44; seguida de País Vasco, que adelgazó en 32 empresas; Murcia, que perdió 30 compañías, y Aragón, que se dejó por el camino 19. La gran beneficiada por el peregrinaje de empresas entre autonomías ha sido y sigue siendo Madrid. En 2023, la región dio la bienvenida a 1.683 compañías, aunque a cambio vio marcharse a 1.612, arrojando un saldo neto positivo de 71 empresas. A lo largo de los últimos años, Madrid ha ido ganando músculo empresarial al calor de su libertad comercial y de horarios; sus esfuerzos para reducir las cargas administrativas, su seguridad jurídica y estabilidad institucional, así como una política de alivio fiscal continuado. 

El panorama económico europeo es agridulce. Si bien es cierto que la eurozona ha esquivado por la mínima la recesión y que la Unión Europea crece un 0,1% en el cuarto trimestre respecto al tercero, también lo es que al cierre del año pasado encadenaba cinco trimestres con el PIB congelado. Y a ello hay que sumar que, aunque países como España han podido mantener un cierto vigor gracias al gasto público, media Europa se encuentra o bien estancada o bien en contracción, incluyendo a Francia y Alemania, las dos principales economías de la región. En concreto, y de acuerdo con los datos que publicó ayer Eurostat, 9 de los 22 países de la Unión Europea para los que se dispone de cifras están estancados o en retroceso en el cuarto trimestre del año con respecto al tercero. En concreto, el PIB irlandés cayó un 0,7% entre octubre y diciembre, seguido del de Finlandia, Rumanía y Estonia (0,4%), Alemania y Lituania (0,3%), a lo que hay que sumar el estancamiento de Francia, Polonia y Hungría. Por el contrario, entre los principales países, España lidera el crecimiento con un alza del 0,6%, seguida de Países Bajos (0,3%) e Italia (0,2%). A pesar de que las economías en retroceso son, en número, algo menos de la mitad del total, también son las que tienen un mayor peso en la economía del Viejo Continente, sumando el 56% del PIB de los países analizados por Eurostat, que todavía no incluye los datos de Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, Croacia ni Malta. De hecho, entre estas economías en dificultades no solo están las dos primeras potencias económicas de la Unión Europea (Francia y Alemania), sino también la sexta (Polonia) y la novena (Irlanda). Aunque la economía europea se haya salvado de la recesión que la amenazaba en la segunda mitad del año, el hecho de que más de la mitad de la región se encuentre sumida en estas turbulencias no augura una salida rápida de la situación, ya que Europa es el principal mercado de los propios países Europeos, suponiendo al menos la mitad de las exportaciones en todos los casos. 

El Banco Central Europeo (BCE) deshoja la margarita de las bajadas de los tipos de interés. La inflación en la zona euro cae a buen ritmo y los representantes Consejo de Gobierno se dividen entre los que tienen la confianza suficiente como para querer adelantar los recortes y aquellos que quieren esperar un poco más para confirmar que la tendencia es fuerte y se llegará al objetivo del 2%. Luis de Guindos, vicepresidente del banco central, pertenece a este último grupo y ayer hizo un llamamiento a la prudencia a la hora de recortar el precio del dinero. “Si bien estamos en la buena dirección, no debemos precipitarnos [en bajar los tipos]. Tiene que pasar algo más de tiempo antes de que contemos con la información necesaria para confirmar que la inflación está volviendo de forma sostenible a nuestro objetivo del 2%”, indicó Guindos. Pese a este posicionamiento, Guindos está lejos de haberse convertido en un halcón monetario. El vicepresidente del BCE tiene un fuerte convencimiento de que los datos respaldarán la decisión de rebajar el precio del dinero en la zona euro, pero, tras varios años con la inflación por encima del objetivo, ve necesario no levantar el pie del acelerador hasta estar totalmente seguros de ello. No hay margen de error. Por el momento, los datos son positivos. Guindos reconoció en su discurso que, mientras que en los últimos años los desvíos de la inflación sobre las proyecciones se han producido al alza, ahora son a la baja.

Entrevista con Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment. Abren sede en Madrid "...Los empresarios catalanes, ya desde finales del siglo XIX, se instalaron en Madrid para intentar influir en la política económica española. Ahora, nosotros en el siglo XXI, damos un paso más determinante...Nosotros ya intentamos influir en la política española a través de CEOE, donde tenemos una hoja de ruta común, como no podía ser de otra manera, para intentar influir con el Gobierno. Y al mismo tiempo, paralelamente, pensamos que es bueno crear también estos espacios de debate. La economía española puede aprovechar más la fuerza de los empresarios catalanes, de la potencia industrial que representa Cataluña. Podemos plantear alianzas económicas entre territorios para ser más competitivos a nivel internacional...Madrid sólo nos saca medio punto y, si vamos a la potencia industrial, la de Cataluña está muy por encima de la de Madrid. En todo caso, la competición entre Madrid y Cataluña puede ser muy positiva para la economía española. Hasta 2017 la lideraba Cataluña... Las empresas volverán cuando exista un clima de normalidad política y económica en Cataluña que hoy no existe. Se marcharon voluntariamente muchísimas empresas y volverán cuando ellas lo crean oportuno, sin necesidad de subvenciones y sin multas, porque las sanciones sólo empujan a que las empresas que se fueron a no volver nunca más...A nosotros, desde la perspectiva empresarial de Foment del Treball, sí que nos preocupa muchísimo el pacto suscrito entre el PSOE y Sumar que es radical de izquierdas en algunos aspectos. Los empresarios debemos promover iniciativas a través de Junts y del PNV para equilibrar la política económica del Gobierno...En cuanto se llegue a un acuerdo sobre la amnistía, estoy convencido de que Junts y el PNV volverán a actuar como hacíamos en CiU y volverán a defender planteamientos económicos similares a los que planteamos nosotros con anterioridad. Los tiempos han cambiado, pero creo que Junts y el PNV van a centrar al PSOE para frenar y contrarrestar los planteamientos de Sumar..."

El Gobierno aprobó el martes y publicó ayer en el BOE la orden ministerial por la que se establecen los llamados cargos del sistema eléctrico (una de las partes fijas del recibo de la luz que financia la deuda eléctrica, las primas de las renovables y los extracostes de los sistemas extrapeninsulares) para todo 2024 desde el 15 de febrero. A estos cargos hay que sumar los costes regulados de las redes eléctricas, o peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Los cargos son potestad del Gobierno, que los mantiene recortados un 58% desde 2021 (una medida que adoptó para aliviar la factura de la luz tras desencadenarse la crisis energética). Por tanto, este año se mantendrán congelados respecto a los dos últimos años para todos los consumidores a pesar de que los ingresos serán insuficientes. Aunque estos costes del sistema para este año (que ascienden a 7.800 millones de euros) no se cubrirán con los ingresos (unos 3.400 millones) y, por tanto, generarán un déficit de caja de unos 1.800 millones, este será cubierto con un superávit histórico que aún rebasa los 4.000 millones de euros. Los ingresos proceden de las aportaciones de Hacienda, concretamente del impuesto del 7% de los ingresos de las ventas de todo tipo de generación eléctrica, que fue suspendido en 2021 y que el Gobierno ha decidido recuperar de manera progresiva (la totalidad en junio) este año. A la vista del superávit acumulado, las empresas eléctricas critican la vuelta de un tributo que, aunque trasladan al precio y lo recupera el sistema vía Hacienda, encarece la factura de la luz, especialmente la de los industriales. Además del 7% a la generación, el Gobierno ha incrementado el IVA de la luz del 5% al 10% este año (antes de la crisis se situaba en un 21%) y también, de manera progresiva, el impuesto especial de la electricidad vuelve al 5% inicial.

En el trasfondo de la pugna entre las dos compañías energéticas se encuentra su poder en el País Vasco y la irrupción de la petrolera en el mercado eléctrico. La decisión de gravar por igual con tributo extraordinario a petroleras y eléctricas desencadenó la furia nada disimulada del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, empeñado en demostrar que las verdaderas beneficiarias de los windfall profits por los desorbitados precios del gas eran solo las petroleras y las gasísticas: las primeras porque se aprovechaban gratis de las elevadas cotizaciones internacionales del crudo (además de la subvención del Gobierno a los combustibles), y las segundas, porque vendían caro el gas contratado a precios de saldo años antes (especialmente durante la pandemia). Para demostrar estos extremos, el presidente de Iberdrola acudió, incluso, a Moncloa con un detallado power point que mostró al equipo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una asimetría que pocos parecían discutir... El presidente de Iberdrola parece centrar sus críticas en los combustibles fósiles y, por extensión, contra Repsol. No ahorra mofas contra la estrategia de la multienergética (como se hace llamar) para convertirse también en una eléctrica, al comparar a cada una. “¿Pero cuántos megavatios tiene Repsol, 2,7 GW frente a nuestros 63 GW? ¿Y cuál es su cartera de clientes, 1,8 millones, frente a los millones de Iberdrola?”. Aunque bien es cierto que el corazón del negocio de Repsol sigue siendo la exploración y producción de crudo, y que el camino hasta acercarse a las grandes eléctricas, algunas centenarias, como la propia Iberdrola, se avecina largo (por no decir imposible), hay quien atisba tras estos comentarios el temor de Galán a la incursión de Repsol en el mercado. Aunque este es estrecho y las nuevas cuotas solo se obtienen mediante compras, la petrolera goza de una enorme liquidez para hacer comprar: 6.000 millones de euros. Pero existe otro trasfondo sin el cual no resulta comprensible la pugna entre ambas compañías. Según fuentes políticas, tras el pulso “por determinar cuál es la verdadera empresa vasca”, si Iberdrola, cuya sede sigue en Bilbao (aunque un tanto vacía de poder) y cuyas raíces vascas son profundas, o Repsol, propietaria de Petronor, dueña de la red vasca de gasolineras y de su refinería en el territorio, y que no en vano su CEO fue presidente del PNV y de la propia Petronor. Iberdrola vive una luna de miel con la ministra Teresa Ribera, quizás aprovechando que comparten un enemigo común, Repsol. 

La reforma laboral que tan buenos resultados está dando para reducir la temporalidad pincha en otra variable clave para medir la calidad de un empleo: su duración. Es más, lejos de contribuir a alargar el tiempo de los nuevos puestos de trabajo, que sería el fin último, se está dando el efecto contrario y su ‘mortalidad’ se eleva cada vez más, hasta el punto de que el pasado mes de enero uno de cada cinco contratos firmados (el 20%) fue tan efímero que duró menos de una semana. La duración media de los cerca de 1,2 millones de contratos firmados cae a mínimos para un primer mes del año: apenas 49 días, según la estadística publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La sobrecotización que impuso la reforma laboral que entró en vigor hace dos años no está funcionando y no sirve para desincentivar a las empresas a hacer contratos ‘exprés’. Por eso el ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz sigue elevando aún más esta penalización para los contratos de muy corta duración, que siguen representando un elevado porcentaje en el mercado laboral español. En concreto, la cotización adicional que tienen que pagar los empresarios por un contrato inferior a 30 días –una vez concluye la relación laborales— es de 29,74 euros. Este ‘castigo’, no obstante, se incrementará alrededor de un 5%, hasta los 31,22 euros, cuando se publique la orden definitiva de bases de cotización para 2024. Se trata de un alza en consonancia con el aumento que experimentará también la base mínima, que se eleva en la misma proporción que el salario mínimo. Pese a esta penalización, un tercio de los contratos firmados en enero –más de 400.000– presentaron una duración inferior a 30 días, por lo que las empresas tuvieron que pagar casi 30 euros de sobrecotización.

La cobertura de la negociación colectiva alcanzó en 2023 la cifra histórica de catorce millones de trabajadores. El 91,8% de los 15 millones de asalariados con derecho a tener un convenio, según informó el Ministerio de Trabajo y de Economía Social. El Ministerio de Trabajo ha revisado el método de medir la cobertura de la negociación colectiva para depurar los datos, porque entre los quince millones de asalariados con derecho a la negociación colectiva y los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, hay muchos que no tienen cobertura de convenios. Por ejemplo, y entre otros, los directivos y socios de las cooperativas y sociedades anónimas laborales, los funcionarios, gente con programas de formación, los ministros de alguna religión o los altos cargos y miembros de los consejos de administración de las grandes empresas. La cifra exacta de trabajadores cubiertos por convenio es de 14.069.031. De esta cifra, 7.635.552 son hombres y 6.433.469 son mujeres. El dato es muy importante para una economía en la que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas. Sin duda, esto se debe a los convenios sectoriales, que agrupan a varias empresas a la vez. Por sectores, el mayor nivel de presencia de los trabajadores en la negociación colectiva está en la construcción, con el 98,4% de los trabajadores. Y el 97,5% en la industria. Son los dos convenios más tradicionales de las relaciones laborales. Por ejemplo, en el sector servicios la cobertura de los acuerdos laborales llega al 90,1%, y al 94,7%, en el sector agrario.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y CC OO-Industria han presentado un procedimiento de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional por lo que consideran una “interpretación sesgada” por parte de la patronal química Feique del artículo 38 del XX Convenio General de la Industria Química. Este es el que regula la aplicación de la cláusula de revisión salarial que protege a los empleados del sector del incremento de los precios. Ambos sindicatos apuntan que la revisión salarial del 10,3% pactada en el citado convenio, vigente desde 2021, debe aplicarse sobre la masa salarial bruta –tal y como recoge específicamente el texto del acuerdo– del mes de diciembre de 2023. Y que esta afecta a todas las personas que estén dadas de alta desde el 1 de enero de 2024 sin excluir a nadie por razón de haber sido contratado en los años 2021, 2022 o 2023 y percibir un salario superior al mínimo reconocido en convenio colectivo, como aseguran que pretende hacer la patronal. Asimismo, insisten en que en ningún caso podrá operar compensación o absorción de la revisión salarial, algo que también aparece expresamente en el convenio sectorial. Según CC OO-Industria, eso supondría “una discriminación arbitraria, que atentaría contra el derecho a la igualdad”. Para los responsables sectoriales de CC OO, la cláusula cuya interpretación por parte de la patronal ha sido recurrida, es “nítida y clara”. Por ello, en el sindicato precisan que los incrementos salariales y los efectos de la cláusula de garantía de ajuste salarial al IPC no se aplican solo a las tablas del salario mínimo garantizado de convenio del sector, sino que se aplican sobre el salario real que tienen las personas trabajadoras.

Los permisos por causa de fuerza mayor que pueden llegar hasta los cuatro días al año los solicitan mayoritariamente las mujeres, que son quienes se ocupan de los cuidados de los familiares, y el hecho de que no perciban retribución alguna estas jornadas supone ahondar en la brecha de género entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito salarial. Así lo ha concluido la Audiencia Nacional en una sentencia reciente, de la que subyace una voluntad de cambio de perspectiva en la interpretación de la normativa laboral, con el objeto de reducir las desigualdades entre trabajadores. “La realidad social [...] no es otra que los permisos vinculados a cuidados de familiares y convivientes son ejercitados mayoritariamente por mujeres”, reconoce el fallo de la Sala de lo Social del tribunal con sede en Madrid. Así, estima las demandas interpuestas por los sindicatos CIG, CGT y USO –a las que se han adherido CC OO, UGT, TUSI y CSIF–, contra la empresa Unisono Soluciones de Negocio SL, por negarse a compensar económicamente estas ausencias a sus trabajadores. La compañía, que presta servicios de telemarketing y atención al cliente, envió un correo electrónico el año pasado a los representantes de los trabajadores en el que consideraba que, al no estar contemplado su pago en el convenio colectivo o de acuerdo de empresa –tal y como establece que así debe ser el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores–, las faltas por motivo de fuerza mayor no se pagarían.

El Banco de España ha atravesado un 2023 enrevesado por el viraje de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) en su batalla contra la inflación. De forma resumida, al supervisor le ha repuntado su factura de intereses a las entidades de crédito, mientras que sus ingresos por la deuda que posee no han crecido a igual ritmo. Es decir, se ha producido un desfase temporal en sus cuentas que deberá cuadrar vía reducción de patrimonio neto y provisiones. El desajuste se sitúa entre unos 10.000 millones y 11.400 millones de euros, a falta de cerrar las cuentas del ejercicio. Esta cifra es la que resulta entre el capital y reservas anotado en diciembre de 2023 —según figura en el boletín estadístico de enero— y el valor registrado un año antes —en el mismo boletín y en lo reflejado en las cuentas anuales de 2022—. Las fuertes subidas de tipos se han trasladado al interés que se abona a la banca por sus depósitos, lo que ha incrementado de forma notable los gastos del supervisor. Mientras, sus ingresos crecen mucho más despacio porque está atrapado hasta su vencimiento en deuda pública con baja rentabilidad —lo comprado en los últimos años se adquirió con tipos muy bajos—. Una diferencia entre entradas y salidas que tardará unos años en equilibrarse.

Gure aroa, aurrekaririk gabeko aurrerapen teknologikoek markatu dute orain arte. Digitalizazioak gure bizitzako alderdi guztiak zabaldu ditu, eta gure finantzak nola lantzen eta nola erabiltzen ditugun zehaztu du. Dirua, ekonomia globalaren funtsezko oinarria dena, ez da salbuespena izan eraldaketa prozesu honetan. Aintzinako garaietako truketik hasita monetaren asmakizuneraino, diruaren kontzeptua etengabe aldatu da gizartearen behar aldakorretara, honela, aurrerapen teknologikora egokitzeko. Gaur egun, aro berri baten atarian gaude, Banku Zentraleko Txanpon Digitalen (Central Bank Digital Currency) sorrerak, ezagutzen dugun finantza-sistema goitik behera alda lezake. Gehiago irakurri hemen. 

El Tesoro español ha logrado sortear el vertiginoso aumento de los tipos de interés de 2022 y 2023 con un incremento contenido en el coste de emisión de la deuda. Pagó de media un 3,44% por la nueva deuda vendida a lo largo de 2023, frente al -0,04% de hace dos años, cuando aún reinaban los tipos de interés cero. El encarecimiento ha sido notable, pero el Tesoro ha logrado evitar pagar más por la nueva deuda a largo plazo que por la que emitió durante los años más duros para la financiación del Estado, entre 2010 y 2013, cuando pagaba por financiarse a 10 años entre el 4% y el 6%. Por delante, sin embargo, tiene el reto de refinanciar un cuantioso volumen de bonos que vencen este año y el próximo y por los que no paga interés. En concreto, 80.000 millones de euros emitidos entre 2019 y 2022 tienen, en la jerga financiera, cupón cero: no abonan intereses periódicos. Ello ocurre porque desde 2014 a 2022 depositar el dinero en el BCE tenía intereses negativos: el banco central cobraba, y este tipo negativo (concebido para estimular el crédito) se trasladaba a los depósitos bancarios de grandes inversores institucionales. Para ellos salía más a cuenta adquirir un bono, incluso si no se le pagaba interés. Compran en la subasta con descuento, por debajo del nominal, recuperando todo el valor en el momento de la amortización, pero durante los años de vida del activo el Tesoro no pagó ni un euro. El largo periodo de tipos de interés cero en la zona euro permitió este hecho insólito, que el coste medio de las emisiones de deuda españolas fuera negativo en 2021. Las tornas comenzaron a cambiar de forma radical en 2022 y 2023, al hilo de las subidas del precio del dinero por parte del BCE. El alza de tipos ha aumentado en 3,5 puntos en dos años el coste medio de emisión de la nueva deuda soberana española y engordado el coste del conjunto de la deuda soberana en circulación al 2,09%. 

Las espadas están en lo más alto en el sector del automóvil. Tras una época marcada por la crisis de los chips que provocó una escasez de oferta de coches nuevos en el mercado y, por lo tanto, el fin de los descuentos, la batalla comercial entre las marcas se ha recuperado con más brío que nunca en el coche eléctrico. En los últimos meses se están sucediendo las bajadas de precio de los coches eléctricos entre los grandes fabricantes. En plena oleada de encarecimiento de los coches por la crisis de los chips, Tesla optó en enero de 2023 por bajar el precio de los Model Y y 3 y apenas un año después ha vuelto a rebajar el Y, que acumula un descuento de 10.000 euros en un año y que ahora se puede comprar en España desde 42.990 euros (35.760 euros con el Plan Moves). Ford fue la primera en reaccionar al movimiento de Tesla, ya que tardó menos de un mes en rebajar el precio de su Mustang en casi 6.000 dólares (5.600 euros). Sin embargo, la desaceleración en las ventas de coches eléctricos –cayeron en diciembre por primera vez en Europa desde 2020– ha motivado que otras marcas relevantes se sumen a la guerra de descuentos. Entre ellas está la francesa Renault, que ha recortado en 4.600 euros su Mégane E-Tech, mientras que Volkswagen acaba de anunciar un descuento de más del 16% para su ID.3, superando los 6.900 euros de rebaja y permitiendo comprar este coche por 38.530 euros en España.

Cuenta atrás. Orange y MásMóvil están a la espera de la respuesta definitiva de la Comisión Europea sobre su proceso de fusión, valorada en 18.000 millones de euros y que dará lugar al operador líder en España en número de clientes de telefonía móvil y banda ancha fija. Bruselas tiene hasta el 22 de febrero para dar su plácet, si bien en el sector se da por hecho que la transacción, incluyendo los acuerdos sobre los activos sobrantes con Digi (los denominados remedies), será aprobada. Uno de los primeros movimientos será el establecimiento del consejo de administración, órgano clave para el inicio de las operaciones, y el nombramiento del comité ejecutivo. Según fuentes conocedoras, el consejo estará repartido a partes iguales entre ambos socios, siguiendo el esquema del capital, también distribuido al 50% entre Orange y Lorca JVCO, matriz de MásMóvil. Estas fuentes añaden que ambos socios manejan la opción de establecer un consejo con ocho integrantes, cuatro para Orange y cuatro para MásMóvil. Así, cada uno de los fondos de esta última –Cinven, KKR y Providence, titulares en su conjunto de un 86% de su capital– podría tener un representante. En esta línea, Telefónica y Liberty Global establecieron un consejo con ocho integrantes en su operador británico, Virgin Media O2, con cuatro representantes cada uno. Solo si se elevara el número de consejeros podrían tener un representante los accionistas españoles de MásMóvil, integrados en Onchena (grupo de la familia Ybarra Careaga); Inveready, y el fundador de la antigua Ibercom, José Eulalio Poza, tal y como ocurre en la actualidad. Entre estos accionistas también está Meinrad Spenger, CEO de MásMóvil, que decidió reinvertir en la compañía tras la opa de los fondos en 2020.

Era el alto funcionario que pilotaba la economía de Cuba desde 2018 y su gestión estuvo marcada por el fracaso absoluto. Todos los planes de recuperación que anunció se estrellaron, entre ellos la llamada “Tarea ordenamiento” de 2021, que prometió a los cubanos una mejora a través del fin de la doble moneda y una revisión de los precios. El resultado fue el aumento de la inflación y la profundización de una crisis que dio pie al mayor éxodo migratorio en la historia de la isla. La destitución del viceprimer ministro y ministro de Economía y planificación, Alejandro Gil Fernández, ordenada hace diez días por el presidente, Miguel Díaz-Canel, expone un colapso en el que se mezclan distintos factores: la emergencia alimentaria, el desmantelamiento de sectores estratégicos como la producción de azúcar, casi inexistente, un déficit fiscal un 18,5% más alto que el de la década anterior y tensiones en el aparato gubernamental, según analistas y la propia hermana del exministro, María Victoria Gil. Fue ella, popular presentadora cubana, quien afirmó que su hermano era la “persona más odiada de Cuba”. Gil Fernández fue el encargado de dar las peores noticias de los últimos años. Aun así, Díaz-Canel lo felicitó públicamente el día 6 por su 60º cumpleaños, en medio de otros muchos mensajes de economistas, dirigentes políticos, miembros del Partido Comunista y cuadros ministeriales. En 2018 Gil Fernández, de Villa Clara como Díaz-Canel, fue promovido al puesto de ministro de Economía el mismo año en que el actual mandatario asumió la presidencia del país. Si Díaz-Canel llegó para sustituir al octogenario Raúl Castro, Gil Fernández ocupó el cargo que hasta el momento ostentaba Ricardo Cabrisas, de entonces 82 años. Ambos, de menos de 60 años, formaban parte no solo de una trasposición de poderes sino de un cambio generacional y de imagen. Por primera vez no amasaban los más altos cargos del país quienes hicieron la Revolución de 1959.