20240221

Tal y como puede leerse en el último newsletter de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en enero a 57.455, 466 menos que en diciembre, pero en la línea de lo habitual para este mes. En todo caso, ampliando el foco y con respecto a las que había en enero de hace un año, la reducción apenas llega a las 12  empresas registradas. un -0,02% menos. Eso sí, en comparación con el mes de febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), todavía se registran casi 1.500 empresas menos (1.448, un -2,5%), habiéndose recuperado la tercera parte (31%) de las empresas perdidas en la pandemia. Por sectores, y en comparativa interanual, la industria ha sido la más afectada al ser el único sector de actividad que en los últimos doce meses registra un descenso en el número de empresas. Asimismo, en este último año, Euskadi pierde más empresas (-0’02%) que en el Estado, en donde incluso la cifra sube un +0’5%. Por lo que respecta al número de autónomos en Euskadi, el balance interanual es ligeramente peor que el del conjunto de las empresas. Y así, con respecto a enero de 2023, hay ahora registrados en la Seguridad Social un total de 166.173, lo que supone un descenso interanual del -1%, marcando así un nuevo mínimo. Por último, el número de empresas concursadas en el conjunto del año 2023 fue de 224, lo que supone un -11,5% menos que las empresas concursadas el año anterior, una cifra mejor que en el Estado, donde se redujo un -4,4%. Ver newsletter completo

Artículo del director general de SEA-Empresas Alavesas, Juan Ugarte. "...Euskadi no es una excepción, y pese a que en el momento que escribo estas líneas aún ni siquiera se han convocado las elecciones al Parlamento Vasco, la inminente cita con las urnas concita todas las miradas, incluidas las empresariales. Pero el verdadero ruido político que ha disparado la inquietud de los empresarios y las empresarias de nuestro territorio, como de los demás, es el que vislumbramos a escala nacional, donde la falta de acuerdos y las decisiones cuando menos sorprendentes del Ejecutivo han hecho sonar las alarmas. Es por eso que no nos ha extrañado constatar en nuestro habitual Observatorio, la encuesta que nos permite pulsar el verdadero estado de salud de nuestras empresas, los múltiples llamamientos que se repiten hacia una certidumbre política que se traduzca en seguridad jurídica y evite los vaivenes que lastran la competitividad de nuestras empresas. Unas peticiones dirigidas a las instituciones en las que también figuran una fiscalidad justa y la reducción del gasto público...La realidad nos muestra una foto en la que ocho de cada diez empresas alavesas ven el mercado estancado o en recesión...El listado de factores económicos que preocupan a nuestras empresas sigue encabezado por los elevados costes laborales que se derivan, principalmente, de los incrementos salariales; una preocupación a la que se unen las dificultades con las que se están encontrando la mayoría de las empresas a la hora de buscar refuerzos para sus plantillas. Junto a estas preocupaciones, el absentismo se mantiene como uno de los principales problemas de las empresas alavesas para garantizar el nivel de trabajo en el día a día. Los índices inasumibles que registra nuestro territorio, al igual que el resto de Euskadi, están poniendo en riesgo la viabilidad de centenares de empresas...Es muy difícil encontrar una explicación para estos niveles de absentismo si los comparamos con los del resto del Estado, contundentemente más bajos. En consecuencia, reiteramos nuestra petición para lograr una respuesta conjunta por parte de todos los agentes implicados con el fin de alcanzar una solución."

El último informe de confianza de la Cámara de Comercio de Álava, publicado ayer, permite vislumbrar un escenario económico más favorable los próximos meses. Y es que en ese último tramo de 2023 la actividad productiva fue superior a lo esperado. Tanto que a finales de diciembre el 66% de las empresas consideraban «elevada o adecuada su cartera de pedidos»; siete puntos más que el trimestre pasado. Esa situación de demanda, se asegura en el documento, ha mantenido estables los ‘stocks’ de productos fabricados así que las previsiones de producción para el actual trimestre (enero-marzo) «son positivas». Un escenario que eleva el Indicador de Confianza Industrial 4,92 puntos. «Las expectativas a corto plazo reflejan un aumento de la producción y ventas, y estabilidad en las carteras de pedidos, exportaciones y en el empleo», se insiste en el estudio de la entidad que preside Gregorio Rojo. En el último trimestre de 2023, la actividad productiva neta fue mayor respecto al trimestre anterior. «La producción ha crecido intertrimestralmente en el 42% de las empresas, un 36% la ha mantenido estable y el 22% redujo su producción». A medio plazo, sí que es cierto que las empresas prevén un posible enfriamiento de la entrada de pedidos, fruto de un cierto agotamiento de la demanda. También de las dificultades de abastecimiento de materias primas y de mano de obra especializada, las otras dos causas que «impidieron una mayor utilización de la capacidad productiva» de las empresas alavesas. En cuanto a las expectativas para los próximos meses, las empresas industriales alavesas prevén un aumento de la producción y ventas, estabilidad en la cartera de pedidos, exportaciones y empleo respecto al cuarto trimestre de 2023. Ver informe Cámara de Álava. 

Después de un año que la propia empresa reconoce como «complicado», Michelin Vitoria pretende recuperar la paz entre el grupo y los sindicatos. Según anunció ayer la firma francesa, este año va a lanzar un programa de escucha a la plantilla para conocer «la opinión y el sentir de los empleados». ‘Entzun’ es el nombre de la iniciativa, que busca «potenciar lo positivo y mejorar todo lo que sea susceptible de mejora». La iniciativa ha sido presentada en unas jornadas en las que Michelin ha expuesto a los trabajadores su plan anual para 2024 y ha hecho balance del ejercicio pasado. Un 2023 «complicado en términos de volumen y de conflicitividad social», según David Udakiola. El director de la planta se limitó a esta afirmación al referirse a las huelgas, al ‘no’ de la plantilla al convenio o a la salida del comité intercentros. Tras esa etapa, ahora Michelin quiere que 2024 sirva para «fomentar unas buenas relaciones sociales». Este último, el famoso ‘eje personas’ es uno de los debes de la planta de Vitoria, que habitualmente se ubica entre los centros de trabajo con peores tasas de ‘compromiso’ del grupo. Para calcular esta medida, Michelin elabora anualmente una encuesta entre sus trabajadores. Ese «compromiso con las personas», señala el grupo en su comunicado, será uno de los «grandes retos» para 2024, junto a la seguridad y la salud. Este viernes se espera que el comité de empresa conozca en detalle el proyecto ‘Entzun’.

El grupo de ingeniería Sener da por hecho que le espera un “futuro sólido” para al menos los próximos 3 o 4 años, gracias a su cartera de pedidos récord, con proyectos de más de 1.500 millones de euros. Su director general corporativo, Gabriel Alarcón, explica que, en el ecuador de su plan estratégico trienal, Sener acaba de cerrar un proceso de reestructuración interna con profundos cambios en la organización y la creación de 4 filiales para los distintos negocios: Aeroespacial –la única que cuenta con centros productivos (Madrid, Barcelona, Bizkaia y Varsovia)–, Energy, Mobility y Advance Facilities. Esta última filial está especializada en centros de datos, negocio en el que Sener entró hace 9 meses con la compra de Quark, con la intención de encontrar nuevos mercados para sus soluciones de ingeniería y de abastecimiento energético. Este organigrama –que previsiblemente se completará pronto con una nueva filial de digitalización– consolida la diversificación del grupo y da autonomía a los distintos negocios, que tienen sus propios mercados, estrategias y direcciones, según Alarcón. El directivo lleva 5 meses como responsable corporativo. Hoy por hoy, Sener –con 3.500 trabajadores– está presente con oficinas y personal propios en 21 países, aunque sus grandes mercados son España, México y Brasil. En los próximos años espera crecer en Australia (donde compró en 2022 el 60% de la ingeniería Tactix), Canadá, EEUU y países de Oriente Medio. A falta de cerrar los datos de 2023, el director corporativo avanza que el pasado fue un buen ejercicio para la compañía de ingeniería. 

La crisis energética demostró hace justo dos años la enorme dependencia que padece Euskadi. Todo el gas que se consume llega a través de buques metaneros y oleoductos terrestres que en ocasiones dependen en exceso de la geopolítica. Por eso, cada vez resulta más necesario levantar industrias que permitan avanzar hacia el autoabastecimiento. Precisamente, en ese sentido apunta la planta que la empresa alavesa Oleofat proyecta para el municipio de Berantevilla. Según ha podido saber EL CORREO, su idea es generar energía a través de purín, estiércol, residuos orgánicos agrícolas y alperujo de oliva, es decir, huesos y trozos desechados de las aceitunas. No se trata de una iniciativa de carácter menor. Su idea es generar anualmente 35 Gwh (gigavatios hora) a través de biometano, que es el equivalente al consumo de gas natural doméstico de una población de 27.000 habitantes o, lo que es lo mismo, el 8% de los alaveses. Porque lo que se produzca en esta planta, que se quiere levantar entre la ‘autovía a Rioja Alavesa’ (N-124) y la entidad local de Escanzana, se inyectará directamente a la red que sirve para calentar y dar luz a los hogares de la provincia. Este proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa, con la modificación puntual del plan general de ordenación urbana (PGOU) y la evaluación ambiental. El objetivo de Oleofat es que las obras arranquen el año que viene y se ponga en marcha para 2026. Se trataría del primer proyecto de carácter industrial de producción de gas a través de residuos agropecuarios de Euskadi. 

La diputada general ratificó ayer la «determinación» de su Gobierno por ejecutar el Guggenheim de Urdaibai. Pero hubo menos contundencia en sus palabras. A diferencia de lo que venía ocurriendo durante las últimas semanas con diferentes portavoces forales y del PNV, Elixabete Etxanobe no se atrevió a garantizar que habrá nuevo museo. «Queda mucho trabajo por hacer antes de saber si es viable», dijo durante una comparecencia en las Juntas Generales. La prudencia de Etxanobe tiene dos razones principales, según reconoció ella misma. La primera son los «complejísimos» trámites urbanísticos que preceden a las obras, que van a requerir la elaboración de hasta tres planes especiales, la recalificación de suelos en la Reserva de la Biosfera, labores de descontaminación, derribos... «Y si algo de todo esto no se hace el proyecto no será viable», advirtió. La segunda es que, pese a que la Diputación está convencida del proyecto y de su «impacto socioeconómico positivo» para una comarca en la que genera un considerable rechazo social, la decisión final la debe tomar el Patronato del Guggenheim Bilbao.

Las pymes vascas están comprendiendo la importancia de la protección cibernética, pero el camino es largo y va a requerir esfuerzos continuos. Es el resumen de la mesa redonda del foro sobre ciberseguridad que Grupo Noticias organizó hoy en Bilbao, y que sirvió para presentar los retos que tiene la economía, y la sociedad en general, para protegerse de los ciberdelitos, un problema que amenaza no solo a las empresas, sino a infraestructuras críticas para todos los países. “Ya vivimos en dos mundos, el real y el virtual, nos guste o no. Las amenazas cibernéticas son mundiales; pueden empezar en cualquier territorio y llegar a todos lados”, advirtió Ana Ayerbe, directora del área Cores de la Unidad Digital de Tecnalia, el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Estado. En la carrera por la protección en el espacio informático, las grandes empresas llevan lógicamente ventaja, con muchos más recursos disponibles. En un tejido como el vasco, en el que la pequeña y mediana empresa es fundamental para el desarrollo económico, la necesidad se convierte prácticamente en imperativo.  Para Aitor Urbieta, responsable del equipo de especialización en Sistemas Digitales Ciberseguros de Ikerlan, “en ocasiones las pymes pueden percibir que la inversión en ciberseguridad no tiene efecto directo, por lo que les cuesta dar ese paso, aunque es cierto que no todas las empresas pueden avanzar a la misma velocidad”. En cualquier caso, el ecosistema vasco de ciberseguridad, con un ratio de 79 empresas del ramo por millón de habitantes -el europeo es de 22,8-, y una cultura de concienciación que crece con el paso del tiempo, hacen que las perspectivas de futuro ofrezcan un horizonte de cierta tranquilidad.

El trabajo a tiempo parcial, considerado un foco de precariedad por ser a menudo involuntario, tiene especial incidencia en Euskadi, que lidera desde hace tiempo el ránking nacional en la proporción de trabajadores con este tipo de contrato. Pero ademas el año pasado se consolidó en esa posición porque fue una de las dos únicas comunidades –la otra fue Cantabria– en las que creció la tasa frente a una caída generalizada en el conjunto de España, según un informe del Grupo Adecco. En concreto, el porcentaje de ocupados a tiempo parcial en el País Vasco terminó 2023 en el 16% (media de los cuatro trimestres), tras aumentar ligeramente respecto al 15,8% del año anterior. En números absolutos, se contabilizan en Euskadi 155.675 personas que trabajan solo unas horas al día, después de sumar 5.775 en el año. En el conjunto de España el porcentaje es menor, del 13,3% y, además, registró un recorte de tres décimas. De hecho, esa tasa acumula ya una década ininterrumpida a la baja. El trabajo a tiempo parcial suele ser por lo general indeseado y una fuente de precariedad laboral. El salario medio bruto (12 pagas) en este tipo de contratos es de 1.063 euros al mes en Euskadi frente a los 2.837 de media de los sueldos de jornada completa, según la estadística del INE de 2022. Las mujeres están especialmente afectadas por el empleo a tiempo parcial. En su caso la proporción llega al 25,6%, mientras que la de los hombres se sitúa en el 7%. En números absolutos el contraste es aún más llamativo: en Euskadi se contabilizan más de 119.000 mujeres empleadas solo unas horas frente a solo 36.650 hombres.

La empresa debe informar con un preaviso al trabajador temporal de las causas de su despido, de la terminación de su contrato. Como si fuese un trabajador indefinido. De lo contrario, la empresa vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, el derecho del trabajador temporal a recurrir a los tribunales, si estima que ha sido despedido de forma improcedente. Este es el significado de la importante sentencia que publicó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. El tribunal se pronuncia así ante la consulta de un juez polaco sobre un litigio de un trabajador y un empresario. Éste, con arreglo a la normativa polaca, resolvió el contrato con el trabajador temporal con preaviso, pero sin indicar las causas de su decisión. El empleado alegó el carácter improcedente de su despido al considerar que el hecho de que la empresa no le hubiese explicado las causas de la rescisión del contrato “vulnera el principio de no discriminación consagrado en el derecho comunitario y en el derecho polaco”, y además la tutela judicial efectiva. El empleado despedido tiene derecho a recurrir a los tribunales si considera que las razones que le da la empresa no justifican la resolución del contrato.

El teletrabajo creció el año pasado en Euskadi y en el conjunto de España. En la comunidad autónoma se contabilizaban al cierre del ejercicio un total de 139.100 personas que trabajaban en remoto al menos de forma ocasional, según el informe elaborado por Adecco Group Institute. Esa cifra representa un 13,1% del total de ocupados y supone un aumento de 1,3 puntos respecto al año anterior. Aunque el porcentaje está lejos del pico que se alcanzó en el confinamiento, ese 13% se sitúa 5,3 puntos por encima de la proporción de 2019, lo que refleja cómo la pandemia ha generalizado el trabajo en remoto. El incremento del número de teletrabajadores en Euskadi fue del 16% el año pasado, ligeramente por debajo del 19% registrado a nivel nacional. El País Vasco –con el citado porcentaje del 13,1%– se sitúa en el ránking nacional como la cuarta comunidad con más trabajo en remoto. La media está en el 13,6% y por encima de ella figuran Madrid (un 22,7%); Cataluña (14,9%) y la Comunidad Valenciana (13,8%). Pese al aumento registrado el año pasado, el teletrabajo en España está aún muy lejos de la media europea, donde casi uno de cada cuatro empleados realizan su labor, aunque sea ocasionalmente, desde su hogar. Es más, la brecha con la UE se amplió el año pasado y se disparó hasta los 10,5 puntos frente a los 8,5 del ejercicio anterior.

Iñigo Urkullu perdió ayer a su madre, Flori Renteria, que falleció a primera hora de la tarde en Durango a los 88 años. Un duro golpe para el lehendakari que le ha obligado a suspender toda su agenda pública, tal y como informaron desde Lehendakaritza. A primera hora de la mañana, las mismas fuentes daban cuenta de que se aplazaba la convocatoria del Consejo de Gobierno prevista para las 11.00 horas. Una cita habitual que, como cada martes, reúne a todo el gabinete de Urkullu –en el que están presentes ocho consejeros jeltzales y tres socialistas– para dar salida a las iniciativas del Ejecutivo. Ayer, de hecho, estaba previsto que compareciera en rueda de prensa el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, para informar de los asuntos tratados en la reunión del Consejo y con una importante novedad: dar luz verde al nuevo decreto para la normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco. Pero no pudo ser.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido destejer una parte del trabajo que ejecutó el gabinete popular de Mariano Rajoy en 2013, cuando decidió fusionar los organismos reguladores de competencia, telecomunicaciones y energía en uno solo. Así, el Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que tras una fase de audiencia pública deberá ser aprobado por el Parlamento para crear –en realidad volver a hacerlo– la Comisión Nacional de la Energía, que desapareció en aquel proceso de concentración de hace algo más de diez años en favor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El traslado de la sede de la Comisión de la Energía a Euskadi fue, durante años, una constante reivindicación del PNV, que abogaba por una descentralización de los organismos supervisores y por el reconocimiento del País Vasco como un territorio líder en materia energética. «No renunciamos a nada», aseguraron ayer fuentes del PNV en relación a la ubicación de la sede del resucitado organismo, aunque admiten que sería «difícil» conseguir este hito. Lo que sí parece prácticamente seguro es que los jeltzales van a reclamar tener un representante en el consejo de la nueva Comisión. Según el borrador de proyecto de ley, el Gobierno asegura que la trascendencia que tiene en la actualidad la regulación en torno a las fuentes y al uso de la energía, justifican rescatar la existencia de un organismo «superespecializado» en la materia. Así, la CNMC cedería sus competencia actuales en torno a la regulación de los mercados ligados a la energía, aunque no así los trabajos que estén ligados a la investigación de prácticas contrarias al libre mercado. Contar con la sede de la Comisión Nacional de la Energía en Euskadi siempre ha sido una aspiración del PNV, aunque todos los intentos por obtenerla por parte del Ejecutivo central resultaron infructuosos en el pasado.

El Ministerio de Transición Ecológica, a través de la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE), va a tener enorme poder para controlar a todo el sector energético, hasta el punto de poder bloquear operaciones que no sean de su agrado. Por ejemplo, la escisión (spin off) de Naturgy en dos empresas, una con activos regulados y otra para activos no regulados. También podrá castigar, con menos retribución, a las energéticas que no sigan sus directrices en cuanto a descarbonización. Incluso podrá manejar a su antojo el sistema de liquidaciones del sistema eléctrico y gasista (la caja del sector), donde se saldan pagos e ingresos de las empresas, una enorme hucha que mueve más de 20.000 millones de euros al año. Así se desprende del anteproyecto de ley para creación de la CNE, que fue aprobado ayer por el consejo de ministros. El punto 3 del artículo 2 del anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) establece que este organismo “tendrá su sede principal en Madrid”. No obstante, añade, “el real decreto por el que se apruebe su Estatuto Orgánico podrá prever la existencia de otras sedes”. Para ello, habrá una “comisión consultiva”. La elección de las sedes “se realizará siguiendo un procedimiento transparente, abierto y competitivo y conforme a los criterios de elección de cada sede publicados por la comisión consultiva para la determinación de sedes y previstos según las características de la entidad”. El anteproyecto también establece que el consejo de la CNE estará “integrado por siete miembros, que tendrán consideración de altos cargos: el presidente, con rango de secretario de Estado, el vicepresidente y cinco consejeros”. “Los miembros del consejo y entre ellos el presidente, serán nombrados por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión, con una experiencia mínima de 7 años en el diseño y gestión de políticas públicas en alguno o varios de los sectores objeto de supervisión, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados”, añade. El mandato de los miembros del consejo “será de seis años sin posibilidad de reelección”. La renovación se hará parcialmente “cada tres años”.

Los impuestos extraordinarios sobre banca y empresas energéticas que el Gobierno impulsó inicialmente con carácter temporal han llegado para quedarse. Esta es la “vocación” de los socios de la coalición, según explicó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que reconoció que ya ha iniciado negociaciones con el resto de fuerzas políticas para convertirlos en “impuestos fijos”. Montero, que en paralelo mantiene contactos para impulsar unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, rechazó que la nueva prórroga en la negociación de la ley de amnistía, hasta el 7 de marzo, con los grupos secesionistas catalanes ponga en riesgo la tramitación de las nuevas cuentas públicas. La vicepresidenta primera del Gobierno sostuvo ayer que el hecho de que la gran banca española haya concluido el ejercicio 2023 con unos beneficios récord, tras experimentar un incremento cercano al 25% que arroja ganancias por un total de unos 26.000 millones de euros entre Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter, “pone de manifiesto que la política fiscal que hizo el Gobierno fue adecuada al pedir un mayor esfuerzo [fiscal] a las empresas financieras y energéticas”.

Los niveles de siniestralidad y penosidad en determinadas actividades profesionales son motivo suficiente para que los trabajadores que se desempeñan en ellas puedan jubilarse antes de la edad legal, sin que por ello sus pensiones sean recortadas. Este es el punto de partida desde el que el Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales están abordando las conversaciones para ampliar el catálogo de profesiones dentro de la mesa de pensiones que ha convocado el departamento que dirige Elma Saiz. Definir los índices que determinen qué personas pueden acceder a estos beneficios es uno de los apartados más complicados dentro de la negociación. A pesar de que en el borrador elaborado por el Gobierno no se detallan las profesiones que encajarían dentro de este marco, de acuerdo con los registros oficiales de accidentes del trabajo entre los meses de enero y diciembre de 2023, es posible delimitar algunas de estas actividades laborales. Uno de los tres indicadores que plantea la Seguridad Social para llevar a cabo el cribado se extrae a partir de la división del número de bajas de un grupo de edad y género concretos en un periodo determinado entre el conjunto de trabajadores expuestos a ese riesgo. 

La ambición protagoniza el desembarco en Madrid de la patronal catalana Foment del Treball, que inauguró ayer una sede en la capital de España de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES), su think tank. En su presentación, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre quiso explicar el porqué de esta nueva sede: “Los empresarios catalanes queremos influir en la economía española y liderarla con modestia y mucha ambición e ilusión”. Hay dos asuntos en el aire que le dan un picante especial a esta nueva sede. Primero, las fricciones entre su presidente y el de CEOE, Antonio Garamendi, que llevaron incluso a que Foment presentara a una de sus vicepresidentas, Virginia Guinda, como rival de Garamendi en las últimas elecciones a la presidencia de CEOE, en noviembre de 2022, aunque ya parecen agua pasada. Segundo, que persisten las consecuencias empresariales del procés, que en su momento e incluso meses después del 1-O provocó el éxodo de miles de compañías a otros puntos de España, como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Y como muchas de estas empresas no han vuelto, se podría interpretar este desembarco como un intento de recuperarlas. Sánchez Llibre se pronunció sobre ambas cuestiones: con respecto a la primera, dejó claro en numerosas ocasiones que Foment tiene una “relación con CEOE es excelente, de una complicidad total y absoluta”. En el segundo tema Sánchez Llibre volvió a insistir en que el propósito del centro de estudios es otro, aunque sí que reconoció que el fin de la diáspora de las empresas catalanas “ha sido uno de los elementos más relevantes desde que estoy al frente de Foment”. 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reconocido a Pimec, la patronal de la pyme catalana, el derecho a participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Y lo hace como organización empresarial más representativa de la pyme de Cataluña. El Ministerio ha tomado esta decisión en cumplimiento “del requisito del segundo párrafo de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores”, que reconoce el derecho de las organizaciones más representativas de ámbito autonómico a participar en el diálogo social de ámbito nacional, con presencia en toda España. En este sentido, el Ministerio concluye en su resolución el derecho de las organizaciones empresariales más representativas en las comunidades autónomas a estar también presentes en el ámbito de la administración general del Estado, y en sus órganos de diálogo social. Como su propio nombre indica, la Comisión Nacional de Convenios Colectivos es un órgano de seguimiento de la negociación colectiva y de elaboración de sus estadísticas. En ella están la patronal y los sindicatos, además del Ministerio de Trabajo. No es que la Comisión tenga mucha proyección pública, pero el hecho importante es que Pimec estará presente en ella. Y es la primera vez que una organización empresarial, que no es ni CEOE ni Cepyme, ni tampoco ATA, la organización de los autónomos, está en un órgano nacional del diálogo social.

Entrevista con Wayne Griffiths, CEO de Cupra y Seat y, en estos momentos, también al frente de Anfac. "Desde el Gobierno no están cumpliendo con las expectativas. No están respondiendo a la propuesta que hice a los ministros de Industria y de Transporte. Era una de las condiciones para prolongar mi mandato en Anfac, tener interlocutores que me apoyen porque si no, tengo que dedicarme solo a mi empresa. A principios del año nos dijeron que apoyaban nuestras propuestas, reconocían que las cifras de ventas del coche eléctrico (a pilas e híbridos enchufables) eran insuficientes, con el 12%, por más del 22% en Europa. Así que esperaba que el Gobierno se pusiera de acuerdo en una respuesta, pero parece que aún falta la conformidad por Hacienda, porque nuestras propuestas también son de tipo fiscal, necesitamos ayudas a la compra inmediatas y más medidas para las empresas [compran el 60% de los coches con enchufe]. No podemos seguir con el actual Moves III: la gente no sabe cuándo van a cobrar la ayuda, es muy complicado, muy administrativo, muy poco eficaz...Estamos en contra del proteccionismo. Si estás todo el rato pensando en protegerte, probablemente no tengas futuro. No se trata de prohibir, sino de incentivar. Un mundo en el que los países hablan y compiten, donde el comercio es libre, es mejor...Debemos dotarnos de más flexibilidad para aguantar las crisis y adaptarnos al mercado. Le pongo un ejemplo: el absentismo en las fábricas ha crecido un 50% desde el Covid-19 y está en el 10%. Nos deberían permitir cubrir esos puestos con trabajadores a través de ETT, no hacerlos indefinidos a partir de un cierto periodo. Además, no puede ser que llames por teléfono al trabajo y digas que no vas. Las mutuas y la Seguridad Social tienen que buscar una manera de gestionar estas bajas..."

En España los turismos eléctricos y los híbridos enchufables representan el 12% del mercado, una cuota que va avanzando pero que aún está muy lejos de los objetivos, sobre todo por los elevados precios. Por ello, el consejero delegado de Renault y presidente de la Asociación Europea de Fabricantes (Acea), Luca de Meo, afirmó ayer que el coste de la transición al coche eléctrico la tiene que pagar «el que tiene pasta», «los ricos». En el IV Foro de Anfac, De Meo mostró su confianza en que llegue el día en que «bajen los precios» de estos vehículos, aunque reconoció que el 40% del coste está en las baterías y son materias primas que no se encuentran en todas partes. «Hay riesgo de especulaciones sobre todos esos elementos», destacó De Meo. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de una estrategia competitiva por parte de la UE para hacer frente a China y Estados Unidos, que están potenciando su industria del automóvil mientras invierten en la electrificación.

Luz verde de la Comisión Europea a la fusión de Orange y MásMóvil. El Ejecutivo comunitario autorizó ayer esta operación tras una investigación «en profundidad» para analizar si vulneraba la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. La fusión supera así su mayor obstáculo y logra finalmente –solo dos días antes de que concluyera el plazo para pronunciarse– el visto bueno de la Comisión, aunque la condiciona a que los dos operadores tomen medidas para solventar los posibles problemas en materia de competencia. Estos son los denominados ‘remedies’ (concesiones) que Orange y MásMóvil se han comprometido a acatar. Ambas compañías tendrán que ceder parte de su cuota de redes móviles al operador rumano Digi para que este pueda ejercer de competencia en España frente a la empresa que formen Orange y MásMóvil. También deberán ingresar en un acuerdo de ‘roaming’ nacional opcional, que Digi pueda decidir utilizar o no. Se busca así dar libertad a Digi para permanecer con su proveedor mayorista actual (Telefónica) o que pueda elegir otro de red móvil, como Vodafone o la nueva empresa conjunta. Este traspaso de determinados activos a Digi se concretó el pasado mes de diciembre. Por un lado, MásMóvil le cede una parte de las licencias de espectro de telefonía móvil por 120 millones de euros y, por otro, Orange pactó la opción de que Digi use su red móvil en condiciones preferentes. Fuentes del sector aseguran que este era el paso «más difícil» de lograr. Ahora solo queda por obtener la autorización del Gobierno, pero se espera que esta no se dilate más allá de unas semanas y en todo caso se produzca antes de que termine el primer trimestre. Hasta entonces ambas compañías seguirán funcionando como empresas independientes.

“Estamos en el año 2 de la inteligencia artificial generativa. Ya se han hecho las pruebas de concepto y ahora es momento de medir el retorno de la inversión”, afirmaba Alberto Granados ayer en una mesa redonda con periodistas en el marco del Microsoft AI & Innovation Summit celebrado en Madrid. Granados aseguraba así que esta tecnología que hace solo un año estaba en pañales, ahora es una realidad que están adoptando la gran mayoría de las grandes empresas. En concreto, el directivo aseguró que el uso de la IA generativa está tomando una velocidad de utilidad exponencial de crecimiento y ya se calcula que unas 53.000 compañías a nivel mundial la usan. En España, 26 empresas del Ibex 35 están adoptando IA generativa, “muchas de ellas, en concreto, Copilot de Microsoft”, puntualizó Granados. Según el directivo, la mayoría de estas grandes compañías comenzaron usando el early adopter program de Microsoft 365 para después evaluar financieramente los beneficios y decidirse a desplegar la IA generativa masivamente. “CaixaBank, por ejemplo cuenta con un equipo 100 personas junto con Accenture destinadas a crear una factoría de inteligencia artificial para evaluar y poner en producción casos de uso que tengan un impacto en el negocio”, añadió. Además de CaixaBank, otras como Meliá, RepsolMapfre, Sabadell o Técnicas Reunidas están trabajando con esta tecnología. “Sin duda es un ratio muy alto de aceptación en España”. De hecho, según datos de IDC, el 62% de las grandes empresas y organizaciones públicas en España ya utiliza la IA (generativa y no generativa) y un 25% planea hacerlo en los próximos 24 meses. Además, las organizaciones españolas han acelerado sustancialmente su intensidad de uso de IA Generativa en 2023, que se ha multiplicado por 5,7 entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado, lo que sitúa a España en el cuatro puesto de Europa.

Arabia Saudí quiere estar en el mapa tecnológico. Y quiere tener una posición destacada. A principios de febrero, el príncipe heredero del reino y presidente del consejo de administración del fondo soberano del país (Public Investment Fund, PIF), Mohammed bin Salman, anunciaba la puesta en marcha de Alat, una nueva tecnológica que nace con el objetivo de “crear un centro de fabricación de gran nivel mundial en Reino de Arabia Saudita”. Ayer, la nueva tecnológica anunciaba un paso más hacia su objetivo mediante cuatro colaboraciones con importantes empresas tecnológica s a nivel mundial y nacionales: Softbank Group, Carrier Corporation, Dahua Technology y Tahakom. Durante el Mobile World Congress que se celebra la semana que viene en Barcelona, la compañía pretende anunciar una quinta alianza. Además de estas alianzas estratégicas, la empresa del fondo soberano saudí buscará destacar en el sector tecnológico a golpe de talonario. Tal y como anunció, invertirá 100.000 millones de dólares para 2030 para posicionarse como un referente en el mercado. Además, afirman, buscará beneficiar al sector privado y a su entorno comercial mediante sus sistemas comerciales y asociativos con los principales fabricantes internacionales de tecnología. Alat, que nombró recientemente a Amit Midha, exdirectivo de Dell, como CEO Global de la compañía, indicó que gracias a la asociación con Softbank se establecerá un negocio de automatización industrial avanzada en Arabia Saudí para fabricar robots industriales innovadores. En total, se invertirán hasta 150 millones de dólares para crear un centro de fabricación e ingeniería totalmente automatizado que satisfará la demanda tanto local como global. Esta planta de fabricación estará operativa para diciembre de 2024.

España tiene un problema con el reciclaje: las tasas, tanto en el ámbito urbano como en general, siguen 10 puntos por debajo de la media europea. Más preocupante es el uso circular de materiales, que mide cuántas materias primas proceden del reciclaje, cuyo porcentaje ha pasado del 11,5% al 7,1% en 12 años (desde 2010). Estas son algunas de las conclusiones del último informe Esenciales de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), elaborado a partir de datos de la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea y publicado hoy. El informe analiza la evolución de estos indicadores en las principales economías de la UE —Alemania, Francia, España, Italia y Países Bajos— y su comparación con la media de los Ventisiete. España tan solo sale bien parada en uno de los indicadores: en los residuos urbanos generados —que incluyen tanto la actividad económica como el uso doméstico— se ha conseguido una reducción del 40% per cápita entre 2004 y 2020. Esta cifra se debe a la disminución de más del 50% de los residuos químicos, de madera, textiles y plásticos. Suben, en cambio, los envases y embalajes, un 12% en dos décadas, debido sobre todo al comercio electrónico. Mientras, los kilos de residuos por habitante en el ámbito urbano pasan de 654 kilos per cápita en 2000 a 472 kilos en 2021, una bajada del 32,5%. “Ha habido una mayor concienciación de la población de separar la basura, y eso ha evitado un despilfarro de residuos”, explica Ernest Reig, uno de los autores del informe. El investigador del IVIE apunta que en esa reducción también influye el hecho de que la población española ha crecido más que la media europea, ya que la tasa resulta de comparar el volumen de residuos con la población.