20240311

El departamento de Trabajo del Gobierno vasco ha reforzado de forma considerable el cuerpo de inspectores y subinspectores hasta sumar 80 plazas al cierre del pasado ejercicio, con su correspondiente dotación presupuestaria. Pero tiene serios problemas para cubrir esos puestos. De hecho, un tercio de los mismos –26 en concreto– estaban vacantes al terminar el año. Los motivos que explican este vacío están en la falta de candidatos que elijan el País Vasco como destino, las jubilaciones y excedencias de los profesionales, la dificultad de las oposiciones y la imposibilidad de recurrir a interinos para estas posiciones. El reto es importante ante la creciente carga de trabajo de la Inspección en las competencias que tiene transferidas el Gobierno vasco, que son todas aquellas relacionadas con la seguridad y la salud así como el fraude en la contratación y el control de la jornada (solo la parte relacionada con la Seguridad Social sigue en manos del Estado). Basta con recordar que solo en los dos primeros meses se han registrado en el País Vasco 7.983 accidentes laborales, un 22% más que el año anterior, en los que 12 trabajadores han fallecido. Los sindicatos están continuamente exigiendo un refuerzo de la Inspección para investigar si las empresas cumplen con las medidas de prevención y también los abusos en la contratación y las relaciones laborales.

San Sebastián es la capital con más empleo ligado a la I+D, con más de 2.200 profesionales vinculados a empresas de biotecnología, cuántica o movilidad sostenible, cuyo desarrollo ha disparado el talento técnico. Gipuzkoa encabeza el ranking estatal de afiliados tecnológicos respecto al total de ocupados. Según señala Cotec en su último estudio, San Sebastián es la capital española con mayor peso del empleo ligado a la I+D, con un 2,34% del total, lo que supone 2.280 profesionales en el municipio dedicados a investigación y desarrollo. Esa proporción sobre el conjunto de los trabajadores era de un 1,57% en el año 2016, lo que da también una idea del progreso en este ámbito y también de la velocidad del mismo en los últimos tiempos. Las buenas noticias no acaban en la capital, ya que, según el mismo trabajo de Cotec, Gipuzkoa se consolida en idéntica primera posición del ránking estatal cuando lo que se mide es la relación de los afiliados tecnológicos (de todo tipo, no sólo de I+D) sobre el conjunto de ocupados; porcentaje que se eleva al 12%, por delante de Madrid, Zaragoza o Barcelona, que ocupan también posiciones de liderazgo en el empleo tecnológico. Euskadi en general exhibe posiciones muy solventes (Bizkaia muestra un 8% de empleo tecnológico sobre el total, por un 10% de Álava), lo que hace que el País Vasco en su conjunto aparezca en la tercera posición en la clasificación autonómica, tras Madrid y Navarra. La presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, no oculta su «orgullo» como donostiarra ante los datos, y subraya su «agradecimiento» a instituciones que, como Fomento de San Sebastián, «trabajan para situar a la ciudad como una capital de la ciencia». «Como parte del sistema de I+D donostiarra, además de orgullosa estoy agradecida por esos esfuerzos», apunta la también presidenta de Ysios Capital, una gestora de fondos de inversión de la ciudad especializada en apoyar a empresas de ciencias de la vida. Garmendia recordó que las ramas más tecnológicas crecen en empleo a mayor velocidad: «En la última década acumulan un crecimiento del 48% en volumen de afiliados, frente al 27% del conjunto de la economía». «Los datos nos dicen que es un proceso muy urbano y muy concentrado a nivel territorial», señaló.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco mantiene abierto hasta el próximo día 21 el plazo de presentación de solicitudes para recibir las ayudas contempladas en el programa Gauzatu Industria, dotado con 28 millones de euros, para impulsar la creación y desarrollo de pymes de carácter tecnológico y/o innovadoras. Este programa se entiende como una estrategia de competitividad a futuro, apoyando la inversión generadora de empleo y favoreciendo el crecimiento de las empresas, apostando por la reactivación económica, la recuperación del empleo y la mejora de la calidad para recuperar la senda del crecimiento, según la consejería que dirige Arantxa Tapia. Las ayudas a conceder tienen la naturaleza de anticipos reintegrables y están destinadas a pymes que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras y cumplan la condición de beneficiarias para la realización de inversiones en activos fijos que conlleven a su vez mantenimiento y/o generación de empleo. Las empresas podrán disponer de las ayudas en la primera mitad del año. Gauzatu Industria responde a uno de los ejes prioritarios del Programa de Gobierno 2020-2024, referente a la reactivación de la economía y el empleo. Pueden acogerse a estas ayudas las pequeñas y medianas empresas que cumplan con la característica de ser pymes industriales extractivas, productivas, transformadoras, de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, así como empresas cuya actividad principal sea la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT y que se consideren de base tecnológica y/o innovadoras.

Decenas de personas reclamaron ayer domingo la paralización de los diferentes proyectos de creación de parques eólicos previstos en la comarca de Las Encartaciones. Lo hicieron en la cima del monte Ubieta, en el término municipal de Zalla, lugar en el que está solicitado el desarrollo de una de estas instalaciones. Los participantes en la concentración, agrupados en la plataforma Enkarterrin Makroeolikorik Ez (EME), sostienen que solo en esta comarca está prevista la construcción de «32 grandes molinos» pertenecientes a cinco iniciativas distintas con alturas que oscilarán entre los «140 y los 200 metros». Afirman que «a nivel paisajístico» los montes de la zona se van a ver alterados para siempre. De salir adelante, insisten, «van a suponer un cambio radical en el paisaje de nuestro territorio, destruyendo el patrimonio natural que todavía conservamos». Sostienen además que «la pérdida de calidad de vida del entorno rural no se va a compensar de ninguna manera por los ingresos que puedan generar la instalación de esta industria en nuestras montañas». La plataforma también asegura que estos futuros parques eólicos producirán un volumen de energía mucho mayor del que necesita la zona, la cual irá a parar al mercado mayorista. Es por ello que consideran que detrás de su instalación lo que existe es un interés económico, más que una apuesta por las energías renovables. «No es que seamos egoístas, es que consideramos que las cosas no se están haciendo bien. Si estos proyectos buscasen dar respuesta a las necesidades futuras de energía de la zona nos podría parecer razonable, pero no es así. Detrás lo que hay es un afán de lucro», afirma uno de los portavoces de EME.

El 40% de la energía consumida en Europa se gasta en los edificios de viviendas. De ahí que la UE aspire a que, para 2035, el parque residencial reduzca su uso en torno a un 20%. Para lograrlo, se está revisando la directiva relativa a la eficiencia energética de los inmuebles, que previsiblemente se aprobará este año. Y eso supone que, en una década, al menos 98.791 viviendas alavesas tendrán que afrontar reformas para ser más sostenibles o sus propietarios no podrán venderlas ni alquilarlas. Los hogares se catalogan en función de su consumo y de sus emisiones con etiquetas que van de la letra A, la mejor valoración, a la G, la peor. Entre otras medidas, la regulación comunitaria contempla que, para 2033, los domicilios que tengan una acreditación por debajo de la calificación D queden fuera del mercado, tanto para comprar como para arrendar. El Registro de Certificados de Eficiencia Energética del Gobierno vasco es el lugar al que deben aportarse estas clasificaciones. Están inscritos en torno a 106.843 pisos y casas alavesas, de los que nueve de cada diez no aprueban. «Tenemos por delante un enorme reto», expone Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Ejecutivo autonómico, que vincula esta situación a que el parque de Álava es «muy antiguo». Más del 30% de los hogares del territorio se construyeron antes de 1970, según el censo del INE. Si bien este dato no desluce con el 32,1% de la media nacional, choca con el de la vecina Bizkaia, donde casi la mitad de los inmuebles se edificaron antes de esa fecha, lo que hace que su parque de viviendas sea uno de los más envejecidos a nivel estatal. De hecho, en ninguna otra provincia hay un porcentaje tan elevado de casas levantadas antes de esa fecha.

La jefa de Redeia —el grupo al que pertenecen, entre otras, Red Eléctrica de España (REE) e Hispasat—, Beatriz Corredor (Madrid, 55 años), preside el organismo en un momento clave para el sector energético español: en plena salida de la crisis de precios y justo cuando toca sentar las bases para la profunda revolución renovable en marcha. La presidenta del gestor técnico del sistema tiene claro que la red eléctrica “no es un cuello de botella para las renovables”, aunque llama a acortar los tiempos de aprobación y tramitación de estas infraestructuras, y considera que el calendario de cierre de las nucleares es “compatible con la seguridad de suministro”. "El PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] dice qué tenemos que hacer para cumplir sus objetivos. Somos muy conscientes de que hay que hacer algo con las redes para poder incorporar todo lo que viene...Ha habido una especie de esquizofrenia sobre las redes al hilo del crecimiento de la generación renovable. Estamos hablando de un equivalente a casi seis gigas al año, el equivalente a la potencia de seis centrales nucleares en España. Es mucho, y se está incorporando a la red de una forma absolutamente segura. Si la red lo está absorbiendo es, obviamente, porque no es un cuello de botella. Otra cosa es que los procedimientos de aprobación y tramitación de las infraestructuras de red sean demasiado largos o complejos. Entre que se planifica una instalación y se pone en servicio puede pasar de media seis o siete años. No es asumible. Necesitamos que nos acompañen la regulación y la legislación...Tenemos una capacidad de integración de renovables absolutamente excepcional, porque hemos hecho de nuestra necesidad virtud: no estamos interconectados [con el resto de Europa] y, en lo energético, somos más isla que Irlanda. En España estamos integrando el 98% de nuestra generación renovable, con unos vertidos muy por debajo de lo que la UE recomienda. En esto, España sí puede dar lecciones...-¿Es factible cumplir el calendario previsto para el cierre nuclear? - El calendario actual es compatible tanto con el PNIEC como con la seguridad de suministro. Cuando se va a proceder a un cierre, se requiere un informe del operador del sistema que asegure que es compatible con la seguridad de suministro. Ese informe se tendrá que producir. Con los datos que tenemos hoy, es compatible". 

Esquerra y Junts quieren apretar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, poniendo sobre la mesa la reivindicación de un pacto fiscal, después de testar la debilidad parlamentaria del Gobierno, que ha cedido casi todo lo que le han exigido en relación a la amnistía. El Govern, que cuenta con un apoyo unánime de mundo económico y empresarial catalán, presentará en las próximas semanas una propuesta formal de financiación singular para Cataluña. Ese será el planteamiento que Aragonès llevará a la mesa de diálogo con el Gobierno, que debería reunirse antes de Semana Santa, según la administración catalana. El Gobierno catalán cifra el déficit fiscal entre Cataluña y el resto de España en 22.000 millones anuales, cerca del 10% del PIB catalán. El Gobierno central, tanto del PSOE como del PP, siempre ha negado esta cifra. ERC y Junts exigirán además que el Estado cumpla los compromisos de ejecución de inversiones. En la parte catalana, denuncian que en Madrid siempre es muy superior. Fue el rechazo de Mariano Rajoy a negociar un pacto fiscal, en 2012, en plena crisis tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el origen del ‘procés’. El concierto económico es una reclamación histórica del nacionalismo, que lleva años enarbolando la bandera del ‘España nos roba’, pero Jordi Pujol, aunque lo niegue, según expuso en una conferencia en 2021, lo rechazó en los primeros años de la democracia española, cuando lo consiguieron vascos y navarros.

Esa tasa, conocida como el “impuestazo”, supuso en 2023 un golpe de 1.355 millones de euros a las cinco mayores energéticas en España: Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Cepsa. Este año, sin embargo, la cifra, en el peor de los casos, no superará los 1.055 millones. Es decir, las empresas se librarán de golpe de pagar 300 millones de euros. Es una reducción del 22% de media de forma agregada, aunque en algunos casos la bajada llega casi al 40%. Así se desprende de los datos recabados analizando los últimos informes financieros de las compañías u otros documentos, donde se estima cual será la liquidación total de este año, un ejercicio clave. Este año, las empresas no solo van a repercutir el impuesto sobre unas ventas más reducidas debido a la caída de los precios energéticos. Además, están esperando que el Gobierno suavice esa tasa introduciendo algún tipo de deducción, con lo cual estarían anticipando ya un menor impacto en sus cuentas. El gravamen extraordinario se aprobó a finales de 2022 para que se empezara a aplicar, durante dos años, en 2023. El pasado año, las grandes energéticas (con ventas de más de mil millones de euros) se vieron obligadas a pagar como tasa el 1,2% de sus ingresos en España, sobre las ventas de 2022. Este año, y hasta que el impuesto no se modifique, deben pagar el 1,2% de las ventas generadas en 2023, un ejercicio en el que, dada la bajada de los precios de la luz, el gas y el petróleo, tuvieron menos ingresos.

Las empresas españolas han dado un vuelco en 2023 a sus preferencias a la hora de firmar préstamos sindicados: solo tres bancos del ránking de los 10 más activos se han mantenido en el mismo puesto que tenían en 2022. Pero hay dos aspectos que permanecen inmutables: Santander vuelve a ser el líder un año más (y van nueve consecutivos) y las grandes entidades bancarias españolas copan el grueso de las financiaciones. Santander está a la cabeza. Con 5.076 millones de euros atribuidos, ha participado en 76 operaciones y tiene una cuota del 15,44%, según el ránking de Bloomberg de préstamos sindicados en España en 2023. La distancia con sus rivales es elevada. CaixaBank es el segundo, después de adelantar a BBVA y ganar una posición con respecto a 2022, y está a más de 800 millones de euros de Santander, con 4.267 millones de euros en volumen y una cuota del 13%. BBVA se sitúa a más de 1.550 millones del líder, con 3.317 millones atribuidos y un peso en el mercado de crédito corporativo del 10,7%. Pero las diferencias entre ellos se quedan en nada si se comparan con la brecha que hay con el resto. Santander, CaixaBank y BBVA copan entre los tres casi el 40% del negocio de los préstamos a grandes empresas españolas, lo que deja a los bancos extranjeros con la porción más baja de la actividad y muy repartida entre ellos.

Es uno de los lastres que desde hace años pesa sobre el sector bancario: una avalancha de reclamaciones, demandas y litigios que han dañado, y mucho, la reputación de las entidades por procesos que en muchas ocasiones llegan heredadas de malas prácticas del pasado. No obstante, hoy por hoy siguen suponiendo un elevado coste en la hucha de provisiones del sector. La gran banca española (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) guarda 4.500 millones de euros para hacer frente al riesgo judicial. Una cifra que supone el 24% del total de sus provisiones, según los datos recopilados a partir de los informes financieros consolidados de cada entidad, dentro del epígrafe de «cuestiones procesales y litigios por impuestos». Todo ese dinero actuaría de escudo frente al coste de procesos que aún colean, como las cláusulas suelo, los intereses de las tarjetas ‘revolving’, hipotecas ligadas al IRPH o los gastos hipotecarios. Pero también ante tramas como el ‘caso Villarejo’ o la caída del Popular. La amalgama de reclamaciones es innumerable. Y los avisos han sido constantes para una industria muy castigada en los últimos años con sentencias –y sus correspondientes recursos– que han ido pasando de las audiencias provinciales al Supremo, para llegar incluso en muchas ocasiones hasta la justicia europea. A 31 de diciembre, Santander es el banco que presenta mayores provisiones para cubrir riesgos legales, con 2.715 millones de euros, según consta en sus estados financieros. Entre los riesgos pendientes, destacan los derivados de conflictos laborales en Brasil o casos sin cerrar por hipotecas en francos suizos. Y también la amenaza que aún sobrevuela por las consecuencias de la absorción de Banco Popular en 2017 por el valor simbólico de un euro. Precisamente, la Audiencia Nacional ha propuesto esta semana juzgar a Ángel Ron y a PwC, entre otros, por engañar a los inversores en las cuentas que sustentaron la ampliación de capital del banco en 2016. 

Cadenas hoteleras españolas, como Meliá, Barceló, RIU, Iberostar, NH, Palladium, Paradores, Hotusa, Hesperia o Vincci avanzan a velocidad de crucero con el boom del turismo como estímulo y se preparan para superar con nota el primer test del turismo español, y eso que la Semana Santa cae este año en marzo, lo que tradicionalmente debilita la demanda. Las grandes hoteleras estiman mejoras de ocupación este año y un incremento significativo de las tarifas, con aumentos de precios de hasta el 15%, lo que anima, en el caso de los hoteles de temporada, a adelantar aperturas de los establecimientos (ver información adjunta). Este año además, la venta anticipada y las reservas en libros, permiten pronosticar una temporada estival incluso mejor a la de 2023, cuando se batieron récord, según informan a EXPANSIÓN desde las compañías. Desde Meliá indican que, si se computan los hoteles urbanos, las ventas esta Semana Santa estarán un 10% por encima de las de 2023. Por destinos desde Meliá mencionan Canarias, que igualará por volúmenes de ocupación los del año pasado, con una “gran” mejora en precios dado el reposicionamiento de algunos de sus establecimientos como los Paradisus Gran Canarias y Salinas o el The Melia Collection Hacienda del Conde. En destinos urbanos destaca Madrid y Barcelona. Barceló, que estima un incremento del 11% en tarifas y una mejora del 45% en ingresos por habitación disponible (RevPAR), indica que la incertidumbre geopolítica en determinados países ha hecho que España se posicione como “destino refugio” para los europeos. “Viajar, especialmente a destinos con mayor número de horas de sol y climas templados, se ha convertido en una necesidad vital para muchas personas”, añade. Pese al optimismo generalizado que se respira en la industria del turismo, el sector hotelero no está exento de retos. Entre los principales desafíos destacados por las grandes cadenas figura la atracción y retención del empleo. La que es ya la gran asignatura pendiente del sector se ha visto agravada, además, en los últimos años por la problemática de la vivienda en los destinos más turísticos y por lo que algunas empresas del sector, como Meliá, califican de alquiler vacacional “descontrolado”.

El Partido Socialista sufrió ayer un duro golpe en Portugal. Dos años después de obtener la mayoría absoluta, los votantes castigaron a la formación que, según los resultados provisionales, quedó ligeramente por detrás del proyecto encabezado por Luís Montenegro, candidato de la coalición conservadora Alianza Democrática (AD). Con más del 98% del escrutinio y a falta de contar el voto en el extranjero, Montenegro recibió el 28,9% de los votos frente al 28,7% de su rival, el socialista Pedro Nuno Santos. Uno de los triunfadores de la noche fue André Ventura, líder del partido de ultraderecha Chega, que consolida su espacio como tercera fuerza parlamentaria y se sitúa en el 18,1% de los sufragios, casi el triple del respaldo recibido en 2022. Ventura, exultante, dijo al llegar a la sede donde celebró su triunfo que los portugueses desean un Gobierno de AD y su partido. “Es un resultado histórico para Chega y es el día que significa el fin del bipartidismo”, destacó. Ningún partido tiene una mayoría suficiente para gobernar en solitario.