20241219

«Hemos perdido parte del atractivo, no cazamos a los líderes y se acercan los perseguidores». La sentencia la pronunció en septiembre de 2021 el entonces presidente del Círculo de Empresarios vascos, Javier Ormazabal. El Instituto Nacional de Estadística (INE) certificó ayer que esta frase sigue en vigor y refleja a la perfección lo que sucede con la economía vasca. Y es que la generación de riqueza en Euskadi –también la población– sigue perdiendo peso relativo en el conjunto de España. Ya solo supone el 5,86% del PIB nacional y apenas el 4,59% de la población. Este declive es evidente, ya que en 2022 el País Vasco representaba el 5,89% de la economía española. Estos datos hay que verlos en clave de tendencia y no precisamente positiva. Así, todo es más evidente si tenemos en cuenta que en el año 2000 la economía vasca suponía el 6,30% del valor de los productos y servicios que se generaban en España. Y eso que en aquellos años Euskadi había sufrido ya una cirugía traumática en buena parte de su estructura industrial, después de haber asumido que el ingreso en la UE en 1986 –entonces aún denominada Comunidad Europea–, había supuesto un golpe con la cruda realidad: la falta de competitividad de algunos sectores, como la construcción naval y sobre todo la producción de acero. En 1988 la primera Ley de Cupo estableció como buena una participación vasca en los gastos no transferidos por el Estado del 6,24%, que se ha mantenido inalterable hasta ahora pese a que ha quedado totalmente desfasada. Ya en 2004 el peso de la economía vasca cayó por debajo del 6% y en 2021 también por debajo del 5,9%. A cada etapa se le ha dado una justificación más o menos autocomplaciente. Así, tras el primer golpe de la reconversión industrial de los años 90, se justificó el descenso por el alejamiento de lo que fue el motor de crecimiento en España hasta 2007: la construcción. Ahora la justificación no es otra que la estructura económica vasca, ligada sobre todo a la industria, mientras que para buena parte de España la nueva locomotora es el turismo. 

Las comunidades autónomas de Baleares y Madrid han sido las que mejor han sorteado la pandemia, los problemas energéticos, la crisis inflacionaria y las dificultades del sector industrial. Entre 2019 y 2023, según los datos de la contabilidad regional publicados ayer por el INE, Baleares creció un 5,8%. Y Madrid, un 5,7%. El conjunto nacional lo hizo un 3,6%. Por el contrario, Extremadura, Ceuta y Melilla son los territorios donde aún no se había recuperado el terreno perdido con la covid: habían retrocedido sobre 2019 un 1,5%, un 1% y un 1,4%, respectivamente. Por su parte, Cataluña creció menos que la media, un 3,1%. Así que su distancia como segunda mayor economía por detrás de Madrid se ha ampliado respecto a la región sede de la capital. En 2018, tras las tensiones soberanistas, la comunidad catalana cedió el testigo a la madrileña como territorio con un mayor producto interior bruto y principal locomotora de la actividad. Juntas siguen representando el 38,4% del PIB español. Como explica Julián Pérez, director general de Ceprede, el turismo, el fuerte incremento poblacional y, en menor medida, los fondos europeos son los factores que han impulsado más el crecimiento entre 2019 y 2023. El fuerte despegue de las actividades turísticas tras el coronavirus ha dado alas a Baleares y Canarias. Pese a que sus economías se hundieron con las restricciones a la movilidad por la pandemia, han experimentado una recuperación vigorosa y están entre las que más han crecido. La economía canaria acabó en 2023 siendo un 4% superior al periodo precovid. Del brío del turismo también se han beneficiado la Comunidad Valenciana y Andalucía. Valencia crece un 3,9% sobre 2019. Pero Andalucía se ha quedado rezagada con un avance del 2,1%. El aumento de la población, con más de un millón de inmigrantes llegados a España entre 2022 y 2023, ha sido otro vector de crecimiento económico. Las comunidades más favorecidas por este fenómeno han sido Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Entre 2019 y 2023, la región de Madrid fue la que más creció tras Baleares. Aumentan mucho las actividades profesionales, la información y comunicaciones (probablemente por las inversiones en digitalización), así como las actividades inmobiliarias. Sorprende el avance robusto de la industria manufacturera. En un claro contraste, este sector en Baleares ha perdido mucho peso. A grandes rasgos, el perfil que ha dibujado Madrid es el mismo por sectores que el conjunto nacional. Pero la comunidad madrileña crece en general más en esas rúbricas.

Entre enero y septiembre de este año, 429 compañías llegaron a Cataluña, mientras que 704 abandonaron la comunidad con rumbo a otros destinos nacionales, lo que arroja un saldo negativo de 275 empresas, según los datos más recientes recopilados por Informa D&B sobre cambios de domicilio social. Solo en el tercer trimestre perdió 75, a pesar de ser un periodo marcado por el paréntesis estival, en el que la actividad empresarial y corporativa levanta el pie del acelerador. Esas 275 empresas menos representan, con diferencia, el mayor balance negativo entre territorios y una cifra que más que triplica la fuga empresarial neta sufrida en el mismo periodo de 2023, cuando el tejido empresarial catalán perdió 80 sociedades. Una vez más, fue la Comunidad de Madrid la principal beneficiaria de los traslados de sede entre autonomías. De los 4.020 cambios de domicilio que se produjeron entre enero y septiembre, cifra ligeramente inferior a los 4.181 registrados en el mismo periodo de 2023, 1.369 eligieron Madrid como nuevo destino, el 34% del total. Si se tiene en cuenta que en ese periodo abandonaron la región 1.170 compañías, su mapa empresarial se vio reforzado con un saldo positivo de 199 empresas, frente a las 38 ganadas en los nueve primeros meses de 2023. Y ello a pesar de que el balance del tercer trimestre fue negativo: perdió 26, algo que ha sucedido muy raras veces. Después de Cataluña, las mayores pérdidas de fibra empresarial se dieron en Navarra, con la fuga neta de 81 empresas; País Vasco, que vio evaporarse 60 compañías, y Murcia, con 38 menos.

El grupo Baskonia-Alavés invertirá 96 millones de euros en los próximos cuatro años en un plan de crecimiento con el objetivo de consolidar al Deportivo Alavés en Primera División, que el equipo sea competitivo y convertirse en referente a nivel internacional. Para ello se ha diseñado un ambicioso proyecto bautizado como Ondare (legado en euskera) que dotará de recursos económicos al club y que fue presentado ayer por Josean Querejeta en un concurrido acto que contó con respaldo empresarial e institucional y al que no faltó el diputado general de Álava, Ramiro González. Engloba todo el proyecto educativo-deportivo que en buena parte ya está en funcionamiento junto al Buesa Arena, la ciudad deportiva de Ibaia así como el nuevo estadio de Mendizorroza. Ondare es «el legado que dejaremos y la base sobre la que construir los éxitos del futuro», define el grupo Baskonia-Alavés, lo que permitirá al club de fútbol competir «sin complejos». Dentro de este concepto holístico entran los proyectos concretos que lo componen: la Universidad Euneiz, la residencia para deportistas y estudiantes, un colegio internacional, Bakh 2.0, la escuela Deportivo Alavés y The Faktory, un ‘hub’ de innovación en beneficio del propio grupo. Todo brotará en el entorno de Salburua y supondrá un nuevo avance en el proyecto que en su momento se bautizó como Innovaraba, tras la apertura de la universidad Euneiz hace dos años. Querejeta recupera la idea del colegio internacional para la parcela que queda libre junto a la residencia, una opción de la que se habló en un inicio pero que después se diluyó pasando a ser una más entre otras alternativas para esos terrenos. Ahora mismo hay «conversaciones muy avanzadas». 

La residencia, la ciudad deportiva, la academia, el colegio internacional, el Bakh... ¿Y el futuro estadio? Es la pregunta que se hace el alavesismo desde hace más de un año, y también la incógnita que sobrevolaba el acto que celebró ayer el Alavés en el recién adquirido edificio Ondare, la antigua sede de Kutxabank. El gran asunto pendiente de la entidad albiazul, que se ha convertido en el principal debate entre sus abonados y seguidores, se abordó en la recta final de la entrevista que Josean Querejeta concedió al responsable de comunicación del club albiazul. Es cierto que la pregunta del millón no se resolvió, porque «no hay nada cerrado» como reconoció él mismo. No hay proyecto ni ubicación. Pero el presidente del grupo Baskonia-Alavés fue categórico al asegurar que un nuevo estadio es «fundamental para que el Alavés crezca» y se «consolide» en Primera División. Algo así como la joya de la corona que complementaría el proyecto Ondare, el plan académico-deportivo que ya se encuentra en desarrollo y que ayer presentó en detalle. Querejeta hizo un doble llamamiento para abordar el futuro estadio. Primero, a la «ambición» y la mirada con «luces largas» para crear un recinto que dé alas al Alavés. Un templo moderno para las próximas décadas. «Debemos ser responsables y tener la seguridad de que el dinero que vayamos a invertir, sea cual sea el proyecto y sin estar descartado 'Mendi', sea para que ese estadio dure 50-60 años», subrayó. Y segundo, abogó por el «respeto, la empatía y el cariño, que deben ser bidireccionales». «Nadie tiene la exclusividad ni el patrimonio del sentimiento albiazul», advirtió. De ahí que Querejeta abogara por realizar un esfuerzo para «trabajar en lo que nos une: un equipo consolidado y más fuerte posible».

Entrevista con Jose Ignacio Zudaire, adjunto al CEO de Petronor. Seis décadas después de su fundación, el gigante multienergético vasco avanza en su apuesta por la transformación de su actividad. Con «la descarbonización y la sostenibilidad por bandera», Petronor puede presumir de una trayectoria que no solo le ha garantizado la supervivencia, sino que también le permite liderar proyectos destinados a producir combustibles sintéticos o hidrógeno verde.Todo ello, recuerda Zudaire, de la mano de «una innovación disruptiva y diversificada». "... Enfocándose en la sostenibilidad, Petronor ha centrado sus esfuerzos en iniciativas para reducir las emisiones de CO2 y promover la transición energética a través de la producción de hidrógeno verde y de combustibles sintéticos. Actualmente, la empresa tiene el foco puesto en diversificar fuentes de energía descarbonizadas...La planta de coque, la mayor inversión industrial de Euskadi, ha supuesto un antes y un después tanto para Petronor como para el sector industrial vasco. Estas instalaciones son las encargadas del proceso de conversión térmica del petróleo y transforman los componentes más pesados en productos ligeros de mayor demanda, como gasolina y gasóleo. Usando la misma cantidad de materia prima, se logró incrementar la producción de combustibles y reducir la de fueloil. Con el objetivo de actualizar la tecnología y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, Petronor realizó en 2022 una parada general de 58 millones en la planta...A pesar de que los cambios en lo relativo a la movilidad eléctrica no eran fáciles de prever, la transición hacia una energía más descarbonizada era una tendencia global que comenzaba a percibirse y que Petronor ya venía trabajando. Pese a la incertidumbre, para Petronor siempre ha sido estratégico ir un paso por delante..."

La cuenta atrás para Astilleros Balenciaga se ha activado y las conversaciones entre las partes implicadas se intensifican. Así ocurrió ayer tarde con la reunión telemática entre las distintas instituciones implicadas, con la novedad de la presencia del principal acreedor de la empresa zumaiarra, el financiador estatal Cofides, que fue el que impugnó el plan de reestructuración homologado por el juez y abocó a Balenciaga al concurso de acreedores en el que está ya inmerso desde el martes. Los Ministerios de Economía e Industria del Gobierno central, el departamento de Industria del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Zumaia participaron en el encuentro con Cofides, representado por su presidenta, Ángela Pérez. Las instituciones vascas ponen el foco en este organismo dependiente del Gobierno central, que sigue exigiendo íntegra a Balenciaga su deuda de doce millones, y buscan una solución conjunta con el financiador estatal para salvar Balenciaga, según fuentes participantes en el encuentro. Las distintos participantes no ofrecieron detalles de la cita, más allá de confirmar que siguen trabajando con «discreción». En el encuentro estuvieron, entre otros, representantes de ambos ministerios, la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, el viceconsejero de Industria del Ejecutivo autonómico Andoitz Korta, y el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza. Las instituciones vascas tiene previsto reunirse hoy con el comité de empresa, en una cita privada, para informarles de la situación.

Siemens Gamesa ha confirmado que rebajará a 250 el recorte de empleos que espera ejecutar en España en el primer trimestre del próximo año y que inicialmente había cuantificado en 423 personas. Así lo han indicado tras haber finalizado sin acuerdo las reuniones entre representantes de la compañía y de los sindicatos en la denominada ‘mesa de empleo’, un foro creado por la empresa para abordar las conversaciones antes de que se inicie el periodo formal de negociaciones del ERE. Según las mismas fuentes ese ERE de extinción de empleos se presentará formalmente en enero. La compañía ha asegurado que esta rebaja en el recorte de empleos se ha conseguido mediante recolocaciones, al tiempo que no han descartado que puedan producirse nuevos recortes en el proceso de negociación formal del ERE que se desarrollará a partir de su presentación oficial. El anuncio en la rebaja de los despidos se ha producido de forma paralela al acuerdo entre empresa y sindicatos para poner en marcha una reducción temporal de empleo, ERTE, en la división de multiplicadoras –un componente esencial de los aerogeneradores en la tecnología que desarrolló Gamesa, diferente a la de Siemens–, en el que está implicada una plantilla total de 450 personas pero que se aplicará a 360. El ERTE afecta a las factorías de Asteasu, Lerma y Burgos y a una parte de las oficinas de Zamudio, pero no a la de Mungía que se dedica a reparaciones. Esta suspensión temporal se mantendrá durante año y medio, si bien podrá prorrogarse por seis meses más en función de la demanda que tenga la compañía.

La temporalidad en el sector público debería cerrar el año por debajo del 8%, pero los datos para Euskadi del arranque del ejercicio publicados ayer por el Eustat muestran lo lejos que está ese objetivo y lo grave que es el problema en la comunidad autónoma, que tiene la tasa de eventualidad más alta de España. Así, a 1 de enero se contabilizaban 62.408 interinos y temporales en los diferentes ámbitos de la Administración vasca –Osakidetza, Educación, Gobierno, diputaciones, ayuntamientos...–, un 42% del total. El porcentaje apenas ha bajado del 44% del año anterior. Por mucho que se hayan ejecutado este ejercicio procesos de consolidación es muy difícil que se alcance la meta establecida en la denominada ‘ley Iceta’ para cumplir con el mandato de Bruselas. Según la radiografía anual del Eustat, el total de empleados públicos se situaba al inicio del año en los 149.104, un nuevo récord que supone un aumento del 1,4% por encima de 2023. De ellos, casi 85.300 son funcionarios con plaza o personal laboral fijo, un número que ha crecido un 5%. A la vez, se ha registrado una ligera caída del número de trabajadores temporales (interinos y personal laboral eventual) desde los 64.800 a los citados 62.400. De ahí que la tasa se haya recortado dos puntos. El problema está en que durante años el crecimiento del empleo público se ha sustentado en la contratación de temporales, lo que ha disparado su número. Así, en la última década la Administración vasca ha incorporado 22.600 trabajadores y prácticamente todos ellos tenían carácter temporal. Por eso es tan difícil reconducir la tendencia por muchos procesos de consolidación que se convoquen. Es un fenómeno generalizado, aunque especialmente grave en el País Vasco, con una tasa de eventuales muy por encima de la media nacional, una brecha que se achaca a diferentes factores como la lentitud para convocar OPE en el pasado y también a las facilidades para acceder a permisos, excedencias y medidas de conciliación por parte de los fijos, así como el elevado absentismo.

El departamento de estudios económicos de Laboral Kutxa no prevé para 2025 un escenario mejor que el de este año. En Euskadi se seguirá notando el frío que asuela a la industria alemana y francesa y que congela las exportaciones vascas a esos países. A eso se debe que las previsiones de la cooperativa de crédito apunten a un crecimiento del PIB en 2025 del 1,8%, una décima menos que el 1,9% previsto para este año y casi medio punto por debajo de la previsión para el conjunto de España, que la entidad sitúa en un 2,2%. También alejado, por cierto, de las previsiones del Gobierno vasco, que fijó un 2,1% para el próximo año. Aun así, se ve en el consumo interno y el empleo un aliciente para sostener el vigor económico de Euskadi que, si bien por debajo de la media nacional, seguirá siendo algo más robusto que el 1,1% previsto para la zona euro. Así lo señaló ayer el responsable del departamento de estudios económicos de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, que en la presentación de las ‘Perspectivas económicas para 2025’ de la entidad estuvo acompañado por el director de desarrollo de negocio, Ibon Urgoiti, quién explicó que hay un «debilitamiento evidente del sector industrial que se convierte en serias dificultades para Alemania». Así las cosas, «Euskadi presenta un crecimiento lastrado por un problema en la demanda y en la caída de las exportaciones». El refugio de la economía vasca sigue siendo el sector servicios y el empleo que genera. Ver informe completo de Laboral Kutxa.  Ikusi gehiago EnpresaBIDEAn. 

Aunque el Gobierno central remite oficialmente al resultado de los análisis geológicos que se están haciendo en la sierra de Aralar para decidir si conecta la ‘Y’ vasca con Navarra a través de Vitoria o de Ezkio-Itsaso, el ministro de Transportes ha enfriado esta semana las opciones de que el trazado se ejecute por Gipuzkoa. Y no es la primera vez. Respondiendo a una pregunta planteada por Geroa Bai en el Senado, Óscar Puente aseguró que la opción de Ezkio tiene una serie de condicionantes técnicos que «dificultará la explotación y limitará el crecimiento de tráficos» en el futuro. El principal es que todas las circulaciones que se dirigieran hacia San Sebastián o Francia tendrían que detener la marcha en la pequeña localidad guipuzcoana e invertir la marcha, reanudándola en el sentido contrario. Otro son los problemas que están teniendo los técnicos para analizar los terrenos de Aralar debido a las reticencias de algunos ayuntamientos de la zona. Las trabas están generando meses de retraso. «Es un estudio que para nada está siendo pacífico, ni siquiera en esta fase inicial», lamentó el ministro. El pasado mes de julio, durante sendas visitas a Pamplona y Vitoria, Puente ya reconoció que la alternativa de enlazar Euskadi y Navarra por Álava se le antojaba «más plausible». Además de las trabas técnicas, hay otros dos argumentos de peso: económico y constructivo.

El flujo migratorio hacia Euskadi ha aumentado en los últimos meses. Los datos hechos públicos esta misma semana por el Eustat indican que la población de origen extranjero creció un 10% a lo largo de 2023 y la previsión es que la tendencia se haya mantenido en este ejercicio a punto de finalizar. Hay un dato que apunta a ello: la llegada de alumnado inmigrante se ha disparado en el primer trimestre del año escolar. Según las cifras expuestas ayer por la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, las aulas vascas han recibido entre septiembre y diciembre 4.675 nuevos estudiantes en la matrícula viva. Se trata de alumnado que, en su inmensa mayoría, es de origen extranjero y «viene con necesidades específicas de carácter curricular y lingüísticas», indicó Pedrosa. Hace apenas tres años, llegaron 3.000 escolares en todo el curso 2021/22. Esa cifra hizo más que duplicarse el año pasado hasta alcanzar los 7.902. Y todo apunta a que se superará de forma holgada este año académico, ya que las llegadas hasta diciembre representan casi el 60% del total del último ejercicio. «Tenemos un reto. Vamos a ser más diversos que nunca», señaló la mandataria. Pedrosa no detalló cómo se ha repartido ese alumnado. El pasado curso, según los informes de la comisión de escolarización, la red pública acogió en Bizkaia al 57% de los nuevos escolares. En la concertada, fueron los colegios religiosos quienes realizaron el mayor esfuerzo al absorber al 30% del total. 

Las discrepancias dentro del Gobierno ponen en duda una de sus medidas estrella: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Y, una vez más, el choque llega de la mano del Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz, y el de Economía, ahora con Carlos Cuerpo al frente, en lugar de Calviño. Después de meses de negociación de la que se ha descolgado la patronal, Trabajo quiere firmar cuanto antes con los sindicatos el pacto para aplicar la medida en la que Díaz tiene puestas buena parte de sus expectativas políticas para esta legislatura. Pero en Moncloa no quieren otra votación in extremis que ofrezca una imagen de debilidad como ha ocurrido recientemente con la reforma fiscal, al no tener garantizados los votos de Junts. El titular de Economía ha negado «cualquier tipo de choque» con Trabajo, aunque ha incorporado un nuevo término en la ecuación: «acompañar» a las empresas en esa transición para que la reducción de jornada se produzca de manera «suave, sencilla y sin afectar a los salarios o a la productividad y el crecimiento», ya que existen situaciones «muy distintas» dependiendo del tamaño de las empresas. Estas declaraciones suponen una enmienda parcial a la negociación que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal en los últimos meses. Porque Yolanda Díaz había puesto encima de la mesa varias bonificaciones para que las pymes pudieran acogerse a la reducción de jornada sin que sus negocios se vieran perjudicados. Con la salida de la patronal del acuerdo, estas ayudas previsiblemente decaerán del texto, aunque ahora Cuerpo insista en apoyar a los pequeños negocios a realizar esa transición.

El Banco Central Europeo (BCE) carga duramente contra el nuevo impuesto a la banca impulsado por el Gobierno. En un dictamen firmado por la presidenta del organismo, Christine Lagarde, advierte que el nuevo diseño del gravamen puede poner en peligro la rentabilidad y la solvencia de los bancos y, por tanto, perjudicar el crédito. Es una denuncia que en el sector han mantenido desde que se conoció la nueva fórmula con la que el Ejecutivo buscó extender el impuesto, en principio temporal, que se aprobó en 4044. Entonces, el BCE ya se pronunció en contra, aunque el Gobierno obvió su recomendación y es previsible que ahora haga lo mismo, incluso teniendo en cuenta que el dictamen ha sido refrendado por todo su consejo de gobierno, donde el Banco de España tiene un sillón que ocupa el exministro José Luis Escrivá. La oposición frontal del BCE se extiende a cualquier país de la zona euro con medidas similares. «Debe velarse por que las medidas que se adopten no obstaculicen la capacidad de las entidades de crédito para mantener bases de capital sólidas y provisiones adecuadas para los deterioros de valor y, en última instancia, por que transmitan las decisiones de política monetaria a las empresas y a los hogares», advierte la institución. En este sentido, el BCE pide al Ejecutivo ser extremadamente cuidadoso en el diseño del impuesto, indicando que pese a las deducciones planteadas, la base sobre la que se calcula no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no incluye factores como los gastos operativos o el coste del riesgo de crédito.

El impuesto a las empresas energéticas pareció quedar definitivamente herido de muerte ayer tras el nuevo fracaso del Gobierno a la hora de poner de acuerdo a sus socios parlamentarios a ambos lados del Hemiciclo. Ante la convocatoria del Ministerio de Hacienda de una nueva reunión con el objetivo de redefinir el gravamen, tanto al gusto de devotos como de detractores, no solo volvieron a ausentarse Junts y PNV, sino que en vista de ello también Unidas Podemos rehusó acudir a una cita que no contaba ya con quórum necesario para asegurar la pervivencia del tributo. La comisión negociadora para el rediseño del impuesto a las empresas petroleras, gasistas y eléctricas (que recaudó unos 1.200 millones de euros el último año) fue una condición impuesta por Unidas Podemos para dar el visto bueno a la reforma fiscal del Gobierno. El cónclave se reunió por primera vez la pasada semana con la ausencia de Junts y PNV. Paradójicamente, Podemos declaró que entonces la reunión “no tiene razón de ser”. “Es necesario que los representantes de las energéticas en el Congreso de los Diputados, Junts y PNV, asistan a la reunión para avanzar en la negociación”, declararon desde la formación morada, recoge Efe, a sabiendas de que sin sus votos cualquier acuerdo se convertiría en papel mojado.

El Ministerio de Transición Ecológica lanzó ayer una propuesta que trastocará el mercado eléctrico y que puede suponer ingresos millonarios extra, de entre 500 y 1.000 millones de euros, para las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, y otras empresas de renovables: las subastas por capacidad. Es la primera medida que adopta Sara Aagesen como nueva ministra de Transición Ecológica. Con las subastas por capacidad –un sistema que el sector eléctrico lleva reclamando desde hace años– el Gobierno trata de apuntalar el sistema eléctrico en España. ¿En qué consiste? Son concursos a los que podrán presentarse aquellas empresas que tienen capacidad de generación de luz. La empresa o empresas que ganen la subasta se comprometen a producir una determinada cantidad de electricidad cuando el Gobierno se lo reclame. Los megavatios se cobrarán al precio que se fije en la subasta, que siempre será a la baja. Esos megavatios se cobrarán siempre, aunque el Gobierno no los haya solicitado, como una prima del seguro. En la práctica, las subastas de capacidad son eso: una especie de seguro del sistema eléctrico, para activar instalaciones de producción de luz en momentos críticos, en los que se necesiten megavatios extra. Un informe de Red Eléctrica –el gestor de la red de alta tensión en España dependiente del hólding Redeia, y la empresa que garantiza los flujos constantes de electricidad en España– alertaba hace unas semanas de que si no se toman medidas, el sistema eléctrico del país podría sufrir “escasez” en varias horas al año.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a las principales asociaciones industriales de España, reclamó ayer la eliminación del impuesto sobre el valor de producción de la energía (Ivpee), dado que este incrementa un 7% el precio mayorista, el cual es repercutido al consumidor eléctrico industrial. En concreto, según ha apuntado la entidad, el Ivpee supone una carga de cerca de 1.100 millones de euros anuales para los contribuyentes del sistema eléctrico, aunque desde su adopción ha alcanzado picos de 1.600 millones. El portavoz de la alianza, Carlos Reinoso, ha explicado que la supresión del Ivpee contribuiría a preservar la competitividad de la industria manufacturera española intensiva en electricidad. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia). La supresión o no del impuesto a la generación es solo parte de la batalla parlamentaria en estos momentos entre distintos partidos políticos por los diversos gravámenes energéticos. Junts y PNV han reclamado su eliminación.

En noviembre, las plantas españolas fabricaron 11.215 vehículos de esta clase. La patronal pide medidas “contundentes” para incentivar las compras. La producción de vehículos electrificados en España cae de forma vertiginosa. Según los datos ofrecidos ayer por la patronal nacional de automovilísticas, Anfac, las fábricas españolas hicieron en noviembre apenas 11.215 vehículos eléctricos e híbridos enchufables (ambos con la etiqueta Cero de la DGT), lo que supone un desplome del 58,7% en comparación con el mismo mes de 2023, que había sido muy bueno para el sector. El descenso es mayor entre los eléctricos puros (cayeron un 62,5%) que entre los híbridos enchufables (un 52% menos), dejando la cuota de producción de ambas motorizaciones en la mitad, con un 5,2% de la producción nacional. El motivo del descenso es la debilidad de los mercados europeos. A falta de los datos de noviembre de todos los mercados que ofrece ACEA, la patronal europea de automovilísticas, en Alemania, por ejemplo, las ventas de eléctricos puros descendieron un 27% en noviembre, según la patronal de fabricantes de coches alemana, VDA. El resfriado teutón afecta seriamente a las fábricas españolas, ya que fue el segundo comprador de vehículos made in Spain en noviembre, solo por detrás de Francia. En el conjunto del año, la producción de vehículos electrificados ha retrocedido un 28,8%, hasta las 190.888 unidades, con una cuota del 8,5%, por debajo de lo que representan este tipo de coches en las matriculaciones españolas, donde los electrificados rondan el 10% (incluyendo todo tipo de vehículos, no solo turismos).

Los días pasan y ya está a la vuelta de la esquina un 2025 que tiene inquieto al sector del automóvil europeo. A partir del año que viene, Bruselas endurecerá el objetivo de emisiones medias por kilómetro y vehículo nuevo, que pasará de los actuales 115,1 gramos de CO2 a 93,6. Para cumplir con esta normativa denominada CAFE, calcula la industria, Europa debería de cerrar 2025 con una cuota de ventas de eléctricos puros (sin contar híbridos enchufables) del 22% frente al 13,2% actual. Un salto, a ojos de los fabricantes, imposible con un mercado de eléctricos en retroceso por los aún altos precios y la falta de ayudas a la compra en países como Alemania, donde el mercado eléctrico retrocedió un 26,6% entre enero y octubre, según datos de ACEA, la patronal europea de fabricantes de coches. En caso de no cumplir, los fabricantes se enfrentarán al pago de hasta 15.000 millones de euros en multas y al posible cierre de hasta ocho fábricas en el Viejo Continente, según ha alertado en varias ocasiones la propia ACEA. El cierre de esas factorías se debe a que sobrarán unos 2,4 millones de coches de combustión en el mercado y para solucionarlo, explica el lobby, una posibilidad es dejar de hacerlos. “Es muy sencillo, o vendes más eléctricos o haces menos vehículos de combustión”, señala una fuente del sector. Elegir este último camino golpearía de lleno a las plantas españolas, cuya producción es principalmente de coches de combustión. Según los datos ofrecidos ayer por la patronal de automovilísticas española, Anfac, el 90,8% de los vehículos made in Spain son de combustión, es decir, no son ni eléctricos ni híbridos enchufables.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido rechazar 79 alegaciones presentadas a la opa formulada por BBVA para hacerse con el control del Banco Sabadell. Tan solo ha admitido una a trámite, precisamente la formulada por el Sabadell. El organismo encargado de analizar si esa hipotética fusión genera alguna restricción en la competencia del mercado bancario español ya había anunciado que sería restrictivo en esta ‘Fase 4’. En principio, cualquier institución e incluso persona que se considerase afectada por la fusión de ambas entidades podía presentar alegaciones. Lo cierto es que la cifra de 80 no es habitual en este tipo de procesos y sí revela la trascendencia de la operación. Pero Competencia ha considerado que debía reducir mucho la posibilidad de alegar porque es una fase delicada del procedimiento. Las admitidas a trámite –en este caso solo la del Banco Sabadell– tienen la posibilidad de acceder a un informe amplio sobre el expediente que, lógicamente, contienen muchos datos confidenciales y delicados sobre la actividad de ambas entidades. Hasta ahora el Sabadell tan solo había remitido la información que le había requerido Competencia.

Los responsables de BBVA, aunque tienen como objetivo último conseguir autorización para fusionarse con Banco Sabadell si los accionistas de este último acabaran acudiendo a la oferta de compra presentada (aún pendiente de la autorización definitiva de la CNMC), no ven muchas dificultades para, si el Gobierno no autorizara la fusión, conseguir los objetivos perseguidos si tuvieran que seguir los dos bancos operando por separado. El nuevo impuesto especial aprobado por el Congreso, pero que aún debe volver del Senado, es un factor que se volvería positivo si se pospusiera la fusión durante el periodo de tres años que tiene de vigencia. BBVA quiere llevar a cabo la fusión de Banco Sabadell porque ello le permitiría clarificar desde el principio el diseño de la nueva entidad surgida de la suma de las dos acometiendo los procesos de ahorros de costes. Especialmente los correspondientes a las inversiones en tecnología, que son donde más se pueden notar la sinergias, según la entidad, al tiempo que racionalizaría la red de oficinas respetando los compromisos ya adquiridos con la CNMC. Esto es, en lo referido al mantenimiento de todas las oficinas de empresas de Sabadell, no abandonar ninguna población donde hubiera menos de tres competidores y no cerrar ninguna sucursal que no estuviera a menos de 300 metros de otra.

Masorange, el líder español de los servicios de telecomunicaciones por volumen de clientes, y segundo tras Telefónica por ingresos, busca establecer alianzas estratégicas en los sectores de seguros y energía. El objetivo de la operadora es acelerar al máximo el crecimiento de los ingresos de los nuevos negocios de diversificación –fundamentalmente energía, seguros y alarmas– para que se conviertan en uno de los pilares fundamentales del crecimiento futuro de la operadora. La compañía de telecomunicaciones, fruto de la fusión entre Orange y MásMóvil, pretende pasar de la facturación prevista en diversificación para este ejercicio, que se cerrará por encima de los 125 millones de euros –en la suma de los tres principales negocios de diversificación– a alcanzar casi los 300 millones de euros de ingresos en 2027, de forma que se convertirá en el segmento de negocio de mayor crecimiento porcentual en la compañía durante los tres próximos años, según señalan fuentes conocedoras, con un crecimiento anual por encima del 30%. En el negocio de la energía, la operadora evalúa la posibilidad de una venta de su negocio retail o una alianza con una de las grandes que ayude a crecer y reduzca el riesgo de volatilidad de la energía. Pero el objetivo es más que duplicar su base de usuarios al pasar de los 250.000 clientes actuales a una cifra cercana a los 600.000 en 2027, lo que le llevaría a convertirse en la segunda comercializadora independiente de España. Para ello, se basa en las estimaciones actuales de crecimiento, que aportan más de 10.000 clientes netos mensuales.

Hasta los más firmes defensores del nuevo Gobierno laborista del Reino Unido comienzan a sospechar que después de la tormenta no llegará la calma. Desde que la ministra de Economía, Rachel Reeves, presentó hace casi dos meses un presupuesto con una carga fiscal superior a los 48.000 millones de euros, la mayoría sobre los hombros de los empresarios, las malas noticias económicas se han acumulado. La Oficina Nacional de Estadística (ONS, en sus siglas en inglés) publicó el martes el dato de inflación de noviembre. El IPC ascendió del 2,3% al 2,6%. Los analistas y los mercados ya habían anticipado esa subida, pero sigue siendo un jarro de agua fría para el Gobierno de Keir Starmer. Entre otras razones, porque el dato aleja la posibilidad de que el Banco de Inglaterra recorte de nuevo el tipo de interés, en el 4,75%, en su reunión de hoy. La inflación actual de la zona euro es del 2,3%. El Banco Central Europeo mantiene el tipo de interés de referencia en el 3%. “Estoy dando la batalla para que haya más dinero en los bolsillos de los trabajadores. Por eso protegimos sus nóminas en el presupuesto, y no incrementamos sus cotizaciones a la Seguridad Social [National Insurance, en la jerga económica británica], ni el impuesto sobre la renta ni el IVA, además de aumentar el salario mínimo en 1.400 libras anuales [unos 1.700 euros] y congelar el impuesto sobre los carburantes”, salió a la defensiva la ministra Reeves después de conocer un dato de inflación que se suma a la catarata de cifras negativas.

Los tipos de interés en Estados Unidos terminan el año en el 4,5%, tras el recorte de un cuarto de punto que ayer anunció la Reserva Federal, que cumple así con la hoja de ruta prevista hasta ahora. El precio del dinero se sitúa en la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5%. El jarro de agua fría llegó de la mano de las previsiones publicadas por el banco central en el conocido como dot plot, que prevé un ritmo de recortes mucho más lento de lo calculado inicialmente para 2025. En septiembre, los gobernadores de la Fed se debatían entre cuatro y cinco rebajas para el próximo ejercicio y consideraban que los tipos podrían terminar 2025 incluso por debajo del 3,25%, lo que habría supuesto una rebaja total de más de un punto en el conjunto del año. Sin embargo, ahora las previsiones son mucho más conservadoras y la mayoría de los gobernadores (10 de un total de 19) cree que el ejercicio terminará con el precio del dinero en el tramo comprendido entre el 3,75% y el 4%. A falta de mayor concreción por parte de la Fed, eso se traduciría previsiblemente en dos recortes de un cuarto de punto cada uno. Es decir, la mitad de lo que se esperaba. Los mercados, que durante toda la jornada se habían mantenido en verde ante el avance del último recorte de tipos del año, tornaron inmediatamente al rojo, con el Nasdaq como el más castigado, que llegó a dejarse un 3% en su peor día del año, mientras que el S&P y el Dow Jones retrocedían un 1,82% y un 1,47%, respectivamente.

El camino de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en España se ha detenido, y este 2024 volverán a crecer, según pronostican dos informes elaborados a partir de varios indicadores relacionados con el consumo de combustibles fósiles, la generación eléctrica y la producción industrial. El Observatorio de la Transición Energética y la Acción climática (OTEA), dependiente del Basque Centre for Climate Change (BC3), calcula que 2024 se cerrará con un aumento del 0,9%. El dato contrasta con el de 2023, cuando las emisiones se redujeron un 6,3% gracias a las renovables. Las energías limpias avanzan —el 56% de la generación eléctrica este año será renovable, el máximo histórico—, pero el sector del transporte, donde la electrificación no despega, lastra la lucha climática de España. Mikel González-Eguino, investigador del BC3 y director del OTEA, no duda de que el transporte es un freno, ya que “supone una de cada tres toneladas de gases de efecto invernadero generadas en España”. Advierte de la urgencia de que el país acelere “las medidas para un cambio hacia modos más sostenibles y para la electrificación del transporte”. El estudio elaborado por OTEA resalta que “España está a la cola de la Unión Europea en materia de electrificación del transporte”. El informe destaca que el uso de “productos petrolíferos es el principal factor por el que las emisiones no se reducen al ritmo deseado”.