20241103

El PIB de Euskadi lleva plano más de un año, mientras el refugio del consumo y el gasto público dan síntomas de haber llegado a su techo. Si la industria representa el 24% del PIB de Euskadi y Alemania, el principal destino de las exportaciones vascas, acumula cinco trimestres consecutivos sin apenas crecimiento, parece complicado prever un cierre de año positivo. «No parece que vaya a ir bien, no se ve mejora», reconoce el responsable del departamento de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga. Es un conjunto de elementos que lleva a los analistas no tanto a hablar de una crisis, pero sí de un periodo muy plano para la economía vasca que aventuran un mal cierre de 2024. Así lo señala el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, al recordar que la primera mitad del año mantuvo «vigor», pero «ahora entramos en una fase más lánguida». No son síntomas graves. De hecho, fuentes financieras señalan que no han aparecido problemas de mora en la devolución de créditos por parte de las empresas. Pero sí reconocen que se nota en las decisiones de inversión que algunas empresas enfrían. Este parón de la industria es el que ha penalizado a Euskadi en su evolución económica. Lleva creciendo por debajo del conjunto de España durante 14 trimestres consecutivos. Así, este año cerrará, según el Gobierno vasco, con un crecimiento de su PIB del 1,9%, frente a un entorno del 3% previsto para España. Coincide en la descripción de los síntomas el analista de la patronal vasca, Pablo Martín, al señalar que las compras germanas a Euskadi ya no lideran las exportaciones vascas. Han caído un 17,6% y Francia le ha quitado ese liderazgo. Como recuerda Martín, la producción industrial vasca hasta septiembre de este año presenta una ligera caída del 2%, principalmente por el impacto de la automoción y los bienes de equipo, que sufren una crisis en Europa que ha llevado a Volkswagen a plantear el cierre de tres plantas en su propio país. Aun así, destaca el economista, la industria vasca está demostrando «una gran competitividad y un comportamiento mucho mejor que las de Europa». Un fenómeno en el que pesa la diversificación geográfica y la operación en otros mercados como EE UU, Latinoamérica o India. Lo que preocupa es la debilidad que pueda acusar el sector público, un motor del consumo y de los servicios que han ayudado también de forma importante en Euskadi. De hecho, el turismo, con un impacto superior a los 5.000 millones está representando ya un 6% del PIB vasco.

Más endeudamiento y menos inversión. Es una de las combinaciones que arroja el análisis del proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco presentado el jueves en el Parlamento. Un síntoma de que la economía vasca no va mal, pero tampoco termina de despegar. El caso es que las Cuentas han tenido que aumentar el endeudamiento bruto un 53%, hasta los 1.285 millones, para que el primer Presupuesto del Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales, pudiera presentar un techo histórico de gasto: esos 15.728 millones. La otra señal de tensión es que el gasto en personal y funcionamiento de la estructura pública sigue centrando la mayoría de los recursos, un total de 12.938 millones, que se incrementan en un 4,4%. Una situación en la que, sin más fondos europeos para las acciones públicas y sin más avances para las obras de la Y vasca, la inversión se ha caído un 24%. Los 520 millones que dotaron el capítulo de ‘inversiones reales’ este 2024 han pasado a 392 para el año que viene. Es la cifra más baja en tres años, ya que hay que irse a 2021 para dar con una inferior. El Ejecutivo central trasladó este año 189 millones para las obras de la alta velocidad ferroviaria y la variante sur. La finalización de las actuaciones los ha dejado en 85 para 2025. Los también 85 millones de fondos europeos para inversiones recibidos este año no tendrán continuidad en 2025. Y sin estos extras los ingresos del Gobierno vasco no han dado para más. Es un panorama que apunta a que la capacidad del sector público para generar actividad económica está en el límite, a la espera de una reactivación industrial en Europa que permita reaccionar a Euskadi. Los analistas insisten, no se trata de una crisis, pero son síntomas que podrían apuntar que ya hemos llegado al techo.

“Miedo”. Así están las cosas en Wolfsburgo en una semana en la que se ha sabido que Volkswagen podría cerrar tres de sus diez fábricas alemanas. Que esto acabe sucediendo no es seguro. La noticia tiene mucho que ver con el inicio de las negociaciones salariales entre la empresa y el poderoso sindicato IG-Metall. La agitación de escenarios catastróficos forman parte del ritual negociador. Pero la hipótesis del cierre de fábricas, por primera vez en la historia, o de la pérdida de 10.000 empleos o más, refleja una crisis cuyo impacto psíquico —o espiritual— en pocos lugares se nota tanto como en esta ciudad “triste y gris”, como la describe un obrero de la cadena de montaje, una ciudad que vive por y para Volkswagen. La incertidumbre pesa sobre una fuerza laboral acostumbrada a la seguridad absoluta en los ingresos y el empleo; sobre un lugar que es una vitrina de la prosperidad y el bienestar. Hoy Volkswagen, con 120.000 empleados en Alemania, es el espejo de la crisis industrial del país. La industria y las exportaciones forman parte de la identidad de este país, pero ahora han entrado en turbulencias con un mundo más proteccionista y una China capaz de fabricar más barato y cada vez con mejor calidad. Además, puede quedar descolgada de la crucial carrera por la innovación. El coche eléctrico en este caso. En Estados Unidos se decía que “según como le van a General Motors, así le van a América”, y lo mismo podría decirse de Volkswagen y Alemania. Esta máxima se aplica también a Wolfsburgo.

Noël d’Anjou es, desde el pasado mes de junio, el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco. La cautela y una apelación al acuerdo marcan su discurso tras dar a conocer los detalles de los presupuestos para 2025. “Con tipos de interés a la baja se confía en una reactivación de la economía y, efectivamente, en ese sentido nuestras estimaciones de crecimiento para el año que viene son del 2,1%. Son cálculos prudentes, pero la economía es caprichosa y se puede ver afectada por muchísimos factores. Es complicado acertar, pero sí que el ciclo invita a que siga el crecimiento, sin duda, y eso es positivo. Ahora bien, en nuestros presupuestos nos corresponde ser cautos, porque somos conscientes de que los ciclos económicos pueden cambiar en cualquier momento. Por otra parte, además, hay que pensar también en reservar dentro esas cuentas una parte sustancial de inversiones que permitan mantener la sostenibilidad futura de la economía...Es cierto que los últimos crecimientos vienen más por el lado de los servicios, pero la industria es clave. Alemania tiene un peso industrial del 26% y nosotros un 24%,. No estamos tan alejados. Pero si pensamos en la sostenibilidad futura, la industria es una clave. No es algo que nos esté preocupando especialmente. Tenemos las miras puestas en que lo que debemos hacer es ser competitivos.... Somos conscientes de la necesidad que existe de atraer talento, de formarlo y de mantenerlo. Efectivamente, tenemos un problema de volumen de trabajadores, pero la economía del mañana no va a ser tan intensiva en lo que respecta al número de empleados, sino que va a depender de tener las personas correctas en los sectores de futuro. La economía de los próximos años, con la revolución tecnológica, se va a encaminar más en la dirección de los datos y la Inteligencia Artificial. En este sentido, y teniendo en cuenta el factor de la inmigración, es importante la reciente transferencia de la homologación de títulos universitarios, que puede servir para impulsar al empleo...La fiscalidad ya está siendo una herramienta positiva para Euskadi. Los impuestos no son solo una cuestión de números, sino también la manera en la que se hace uso de esa recaudación. Cuando recaudamos pedimos un esfuerzo colectivo a los ciudadanos que luego se traslada con rigor y responsabilidad a los presupuestos. No tengo duda de que la revisión fiscal se hará recogiendo el punto de vista de Confebask y también del resto de agentes de la sociedad". 

El socio y Economista jefe del banco de inversión Arcano Partners, Ignacio de la Torre, alerta de que al crecimiento de la economía española le falta calidad y pide una fiscalidad más integral que «aumente los ingresos reduciendo la economía sumergida y atacando el desempleo». Y sobre la vivienda clama: o se hacen políticas para aumentar la oferta o «atentamos contra una elemento esencial de la vida de una persona, tener su propia casa». "– El País Vasco cuenta con el Concierto y debate ahora una reforma fiscal. ¿Debe aprovecharla para ganar competitividad?– Los impuestos son ‘peccata minuta’. Representan un porcentaje bastante pequeño de los costes de una empresa. El meollo para una empresa no es un 2% de sus gastos, sino la parte más importante de estos: el personal. Eso es lo que determina si construyes una fábrica aquí o allí. La clave del asunto es la productividad laboral. Para ser de verdad competitivo hay que mirar más a la productividad que a la fiscalidad. Son caminos paralelos, eso sí. – ¿Y cómo afrontar eso? – La forma más sencilla es reducir la cantidad de micropymes y aumentar las empresas medianas. Favoreciendo toda medida que facilite el crecimiento del tamaño empresarial...En vivienda, la demanda está siendo muy superior a la oferta y seguimos insistiendo en controlar los precios. Y eso en el medio plazo es devastador. Es imprescindible hacer políticas de vivienda con urgencia, que aumenten la producción de casas, de lo contrario se está atentando contra un elemento esencial en la vida de una persona"

Euskadi es territorio de ‘startups’. En los últimos cinco años completos, desde 2018 a 2023, ha visto nacer y desarrollarse 350 de estos proyectos emprendedores, un 7,4% de todos los surgidos en España, según destaca el estudio realizado por la consultora Informa D&B. Durante ese lustro, en todo el país se crearon 4.732 ‘startups’, de las cuáles más de la mitad se ubicaron entre Cataluña (1.490 empresas y un 31,5% de todas las creadas a nivel nacional) y Madrid (1.236, un 26,1% del total). Pese a una población mucho más reducida, el País Vasco ocupa en números absolutos el quinto lugar en una lista en la que también le adelantan la Comunidad Valenciana (que le dobla en población y registra 479 compañías y un 10,1%) y Andalucía (con solo 18 firmas más que la CAV –esto es, 368–, y casi cuatro veces su número de habitantes). En el análisis por ciudades, San Sebastián está en la cuarta posición de toda España, con 90 ‘startups’; Bilbao, en la sexta, con 83; y Vitoria es la octava ciudad, con 55 firmas. De nuevo Barcelona (961), Madrid (926) y Valencia (216) lideran el ranking. El informe únicamente cataloga como ‘startups’ a menos del 1% de las 581.516 empresas nacidas en toda España durante los cinco años referidos. A falta de una definición unánime para ganarse el apelativo, definen como tales a las empresas jóvenes con una actividad innovadora y un alto potencial de crecimiento, que a menudo les ata a una exigente necesidad de financiación.

Informa D&B también señala que la mayoría de ‘startups’ se reparten principalmente en los sectores de las comunicaciones y los servicios empresariales, que concentran un 34% del total, aunque la mayor facturación se la lleva el área de industria. Supone un 22% de los más de 2.200 millones de euros que facturan las firmas registradas en toda España. El ecosistema vasco se nutre especialmente de las ‘startups’ B2B (business-to-business), «ya que sus clientes suelen ser otras empresas», señala en el BIC Álava David Montero. Por sectores destacan en número las de industria, energía y biociencias, con desarrollos a menudo vinculados a la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial. En Bizkaia, uno de sus portavoces, Borja Liaño, remarca la variedad, aunque destaca la fuerte presencia de los proyectos industriales y tecnológicos. Otras características propias de las ‘startups’ son una menor posibilidad de cierre que las empresas tradicionales –su ‘score’ de riesgo es del 22% frente al 29% que tienen de media el resto de compañías– o la baja presencia femenina en sus consejos de administración, un 13%. «La mayoría de proyectos son de perfil tecnológico, por lo que heredamos una brecha que hay en las universidades y centros de FP, a excepción del ámbito de salud», añade Montero. «Sí, la tendencia es similar», afirman en Bizkaia, aunque remarcan que se realiza «un trabajo activo» para buscar un equilibrio que ayude a potenciar una diversidad que se traduzca en «proyectos más ricos».

Industria, la construcción y sus gremios, hostelería, servicios, transportes y otros tantos sectores necesitan mano de obra. Es el aviso que vienen repitiendo expertos de asociaciones, foros empresariales y agentes económicos, y aunque aún quedan muchos deberes por hacer, Gipuzkoa muestra un crecimiento exponencial del número de trabajadores de origen extranjero en los últimos años para cubrir esos puestos. Lo cierto es que la cifra de foráneos que residen en el territorio marca récord tras récord en cada ejercicio y ya representan uno de cada ocho habitantes, el 13,3% de la población total, tal y como reveló esta semana el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que toma como referencia el 1 de enero de 2024. Y, en la misma línea, los extranjeros siguen aumentando cotizantes –en septiembre eran ya 29.560, el doble que hace una década–, y rubricaron un total de 42.207 relaciones laborales en 2023, el 18,5% de los contratos de Gipuzkoa o, lo que es lo mismo, uno de cada cinco, según los últimos registros del SEPE. La verdadera cuestión, en este sentido, es si estas cifras son suficientes o no para paliar la falta de empleados y perfiles profesionales para las distintas áreas económicas afectadas por el envejecimiento poblacional y la incesante disminución de la tasa de natalidad. La respuesta que emiten los expertos es meridianamente clara: Gipuzkoa y Euskadi urgen más mano de obra inmigrante, y lo seguirán necesitando cada vez más en el futuro. En estos momentos, uno de cada diez cotizantes a la Seguridad Social en Gipuzkoa son extranjeros, y aunque en su mayoría –más de la mitad– provienen de Latinoamérica, el mayor número de trabajadores por región única corresponde a los de origen marroquí.

José Manuel González Presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Cree que la nueva ley genera «inseguridad» en los propietarios e impulsa el crecimiento de los pisos turísticos y de temporada. "Lo que pasa es que no se construye, falta mano de obra y los inmigrantes que vienen no encuentran vivienda...– ¿Hay inseguridad?– Sí. La ley de 2023 (recurrida parcialmente por el PNV) tacha al arrendador como un fondo buitre, cuando en Euskadi la mayoría de los pisos son de pequeños propietarios. La normativa dice además que si un inquilino se declara vulnerable y deja de pagar, no se le puede desahuciar...Hay miedo. Los propietarios se niegan a sacarlos al mercado. Nos comentan que incluso preferirían pagar ese canon de diez euros por metro cuadrado a poner su domicilio en alquiler...El mismo anteproyecto provocó rechazo. En Barcelona comentan que el precio de los alquileres han bajado un 5% cuando la oferta ha caído un 17%. El sentido común nos dice que algo no cuadra. – ¿En qué sentido? – A menos oferta, el precio sube. Se dice que el coste medio del alquiler es de 700 euros. Pero se ha producido un efecto perverso. Quien tenía un piso por 400 euros ahora ha subido su renta...Si los sindicatos dicen que no van a pagar, el propietario lo que hará es retirar los pisos que tenga en el mercado. El efecto que se producirá es el contrario al que quieren, siempre y cuando la administración no ponga avales que den cierta seguridad a los dueños..."

La subida galopante del precio de los inmuebles y la precariedad laboral de los jóvenes hacen que tan sólo en Vitoria haya 4.636 menores de 36 años apuntados en las listas de espera de Etxebide (el Servicio de Vivienda del Gobierno vasco) con ganas de emanciparse a través del alquiler o incluso de la compra de un piso. Y es que hay múltiples casos de jóvenes que, aún siendo solventes, no disponen de ahorros suficientes para sufragar de primeras el 20% del precio de su nueva casa y, a partir de ahí, negociar una hipoteca con los bancos, que por norma general cubren hasta el 80% del total. A raíz del acuerdo de ampliación presupuestaria suscrito en julio entre el Gobierno en minoría del PNV-PSE y el PP, la Diputación se dispone a convertirse en avalista de los jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda. La idea es conceder una garantía extra del 15% a los menores de 36 años para que sólo tengan que hacer frente al 5% restante. El principal condicionante de esta medida es que la cantidad tiene que ser «igual o inferior» a 325.000 euros. Así que, por ejemplo, en el caso de que el interesado pida un crédito por ese importe máximo, tendría que afrontar el desembolso de un mínimo de 16.250 euros. La Administración foral, por su parte, le avalaría hasta un máximo 48.750 euros para que el banco les conceda una hipoteca. Este decreto foral está en fase de trámite de audiencia e información pública, y después tendrá que publicarse en el boletín oficial del territorio histórico (Botha). A partir de ese momento, que aún se hará esperar, en el registro electrónico de la institución alavesa se empezarán a recibir las solicitudes, que «se atenderán por orden de entrada». 

Siete autonomías tienen activos programas de avales destinados a que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda sin tener que aportar el 20% de la entrada, como exigen los bancos para conceder la hipoteca. Murcia fue la pionera en 2021, le siguió Madrid en 2022 y después se sumaron Galicia, Castilla y León, Andalucía, Baleares y, recientemente, Extremadura y Comunidad Valenciana, todas gobernadas por el PP. Aunque las autonomías han vendido estos avales como una vía para mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda, presentan un problema: en muchas de las entidades bancarias adheridas, el tipo de interés para estos programas es hasta un punto superior al de las hipotecas a tipo fijo que se ofrecen de forma convencional aportando el 20% de ahorros. Algunos ejemplos son el caso de Unicaja, que ofrece un interés fijo del 2,9% a una joven que solicita el 80% de financiación, frente a un 3,5% en el caso del programa de avales (ambos ya bonificados); Caixabank, que ofrece el 2,3% para hipoteca del 80% a tipo fijo y sube al 2,75% para el programa de avales (ambas bonificadas); o Kutxabank, que da el 3,5% dentro del programa de avales frente al 2,5% fijo en caso de aportar el 20% de entrada (ambos ya bonificados). Eso se traduce en que el joven acaba pagando un importe mayor por la compra. Un empleado de uno de estos bancos explica que estos avales no están funcionando bien, exceptuando el caso de los jóvenes funcionarios. “Se endurecen las condiciones y somos más estrictos, es una máxima bancaria: cuanto mayor es el riesgo, más alto es el tipo de interés”, señala. En los convenios que las entidades firman con las autonomías no se especifica el interés que se aplicará, depende de la estrategia de cada banco. “El banco contrae más riesgo, por lo que tiene sentido que el coste para el cliente sea mayor. Estas medidas no son masivas. Otra cosa es el anuncio político que se hace, que puede ser algo grandilocuente”, indica otro empleado, que tampoco quiere identificarse.

"...La brecha entre los resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es sintomática de nuestro modelo productivo, caracterizado por el escaso crecimiento de la productividad y de las remuneraciones. Sigue siendo el caso que el tamaño de la economía se incrementa a base de incorporar más fuerza laboral, particularmente la extranjera en los últimos años, y no como consecuencia de mejoras de eficiencia. Desde el último trimestre de 2019 hasta el tercero del presente ejercicio, el PIB se ha incrementado un 6,6% y el empleo lo ha hecho un 9,3%, evidenciando un declive de la productividad por ocupado. La tendencia en términos de productividad por hora trabajada ha sido más favorable, incluso levemente positiva en el periodo más reciente, pero no se aprecia de momento una mejora estructural. El modelo aditivo de crecimiento se enfrenta a la necesidad de construir vivienda para así acompasar incremento de población que sustenta el actual ciclo expansivo y facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, la inversión residencial apenas reacciona a la situación de escasez, siendo la construcción una de las variables más rezagadas desde la pandemia. El déficit de inversión en equipamiento y en mejoras productivas es una limitación de más calado. El comportamiento de esta variable clave sigue marcado por la debilidad, algo sorprendente teniendo en cuenta la situación relativamente saneada de las cuentas de las empresas, la disponibilidad de abundantes fondos europeos y la entrada de capital extranjero. Se estima que el volumen de inversión empresarial se sitúa todavía en torno a un 10% por debajo del nivel anterior a la pandemia, lo que podría acabar por constreñir la expansión, además de alejar la perspectiva de una transformación del modelo productivo como sería deseable. Entre tanto, la renta per capita apenas ha avanzado un 1,4% en el periodo considerado, casi cinco veces menos que el PIB, evidenciando la necesidad de elevar el rendimiento social de nuestro crecimiento económico". 

El Gobierno mantiene la clausura de las plantas y asegura que ninguna empresa propietaria ha pedido cambiar el plan. A medida que el cierre de la central de Almaraz se aproxima, los colectivos pronucleares —que en España encuentran más respaldo en los partidos conservadores que en los progresistas— redoblan sus llamamientos en favor de esta tecnología, que ahora cubre el 20% de la electricidad que se consume en el país. Pero, más allá de posiciones ideológicas, el avance de las renovables (ya superan el 50% de cuota eléctrica y el Gobierno prevé que en 2030 lleguen al 81%) gracias a su competitividad estrecha cada vez más el espacio para que esta tecnología sobreviva. Es, ante todo, una cuestión económica: ¿se debe destinar dinero público para que a las eléctricas les resulte rentable mantener activas las cinco centrales que hay en España? “Es un tema muy delicado, en el que los matices son muy importantes”, desliza Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica de España (REE) y una de las personas que mejor conoce el ecosistema energético nacional. Las propietarias de las centrales —Iberdrola, Endesa y Naturgy— llevan tiempo diciendo que para seguir operando más allá de lo previsto, necesitarían que se les garantice recuperar las inversiones necesarias. Lo que está previsto desde 2019, y recogido en el plan energético y climático del Gobierno —con el aval de Bruselas—, es un cierre progresivo de todas las centrales. Empezando por el primer reactor de Almaraz (Cáceres) el 1 de noviembre de 2027 y concluyendo con el de Trillo (Guadalajara), en 2035. El calendario lo acordaron el Gobierno y las eléctricas hace seis años. 

Las curvas de precios del petróleo y el gas son eso que todo el mundo predice cuando ya ha pasado. Pocos expertos se aventuran a jugarse el prestigio cuando se trata de aventurar hasta dónde subirán o bajarán los hidrocarburos. Desde los brokers del combustible, hasta los políticos y las industrias, el mundo entero lleva semanas con la vista fija en los conflictos de Oriente Próximo, esperando que la onda expansiva de la guerra entre Israel y Hamas provoque un aumento desbocado del precio del barril. Hasta tres analistas coinciden en que, hace pocos años, en estas mismas circunstancias y en una situación exactamente igual de oferta y demanda, la escalada del conflicto habría generado «un shock de precios brutal». Algo está cambiando en los mercados internacionales. Aproximadamente, la mitad de los conflictos conducen a alzas, mientras que la otra mitad se tradujeron en bajadas. Si bien, más allá de la observación empírica, hay otras aristas, más difíciles de cuantificar, que explican el actual letargo de los precios. Pero, antes de continuar, abramos un paréntesis. ¿Acaso es correcto afirmar que hoy el combustible es barato? Hace dos años y medio, cuando Rusia inició la invasión de Ucrania un 24 de febrero, el precio del barril de Brent llegó a dispararse hasta los 120 dólares estadounidenses y el TTF holandés, el mercado de gas natural de referencia en Europa, repuntó inmediatamente por encima de los 130 euros y sobrepasó los 300 euros a los cuatro meses de conflicto. En el año transcurrido entre la ofensiva de Hamas en Israel, el 7 de octubre de 2023, y el ataque de Irán con 180 misiles al territorio sionista, el pasado 1 de octubre, el precio medio del barril de Brent apenas ha superado los 90 dólares estadounidenses en picos muy puntuales y se ha mantenido por debajo de los 80 dólares desde el final del verano, mientras que el TTF lleva todo el año oscilando en el entorno de los 40 euros...Además de elevar exponencialmente la oferta mundial de combustible, el bajo coste del fracking ha hecho que Washington rompa las históricas dinámicas de formación de precios de la OPEP, donde países como Arabia Saudí, Irán o Irak tuvieron durante años un poder casi absoluto para expulsar del mercado a la competencia, incluidos otros miembros del cártel...

A solo dos días ya de la crucial cita electoral en Estados Unidos, las encuestas siguen mostrando una contienda extremadamente reñida en la que ninguno de los dos candidatos, el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta, Kamala Harris, logra sacar una ventaja de más un punto porcentual sobre el otro. Es decir, un empate técnico tanto a nivel nacional como en los llamados Estados bisagra, aquellos que no tienen una clara tradición de votar demócrata o republicano sino que habitualmente oscilan entre ambos bandos. La victoria en el sistema de elección presidencial de EE UU no se logra con el mayor número de sufragios ciudadanos totales en el conjunto del país, sino que requiere obtener al menos el apoyo de 270 de los 538 miembros del denominado Colegio de Electores, que son los representantes elegidos en cada uno de los 50 Estados de la Unión. Esto hace que ganar en al menos tres de los siete territorios clave, que suman 93 votos de ese organismo, sea imprescindible para hacerse con la presidencia. Estos puntos decisivos son Pensilvania (que aporta 19 escaños), Carolina del Norte (16), Georgia (16), Míchigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10) y Nevada (6). En ellos se decidirá el próximo inquilino de la Casa Blanca. Y en ellos se están volcando tanto Trump como Harris en un trepidante final de campaña en busca del voto de los aún indecisos. El candidato republicano, que el viernes estuvo en Wisconsin y en Míchigan, visita este fin de semana Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, además de Virginia. Por su parte, la demócrata también acude a Carolina del Norte, Georgia y Míchigan tras sus mítines del viernes en Wisconsin. La incertidumbre sobre el resultado que puedan arrojar las urnas el martes es máxima.

La mayor catástrofe natural de la historia de España, que ayer acumulaba ya 211 víctimas, merece una respuesta sin precedentes. El despliegue de efectivos de emergencia que pelea desde el martes con los devastadores efectos de la dana en Valencia alcanza con el paso de los días una magnitud que se mide por miles de personas, entre soldados, policías, guardias civiles y personal de otros organismos, embarcados en el combate contra el fango, la desesperación y las ruinas en que tantas localidades se han convertido. Un operativo que no basta para sofocar la sensación de que la respuesta gubernamental sigue siendo insuficiente ante la magnitud de la tragedia. Ante la evidencia palmaria de que la asistencia continúa sin llegar a los damnificados, Carlos Mazón reclamó a primera hora de ayer el envío de 5.000 soldados más. Poco después, Pedro Sánchez respondió a su petición con la orden de que lleguen a Valencia no sólo esos refuerzos reclamados, sino un número semejante de miembros de las Fuerzas de Seguridad, junto a otras medidas que detalló en una comparecencia que incluyó una confesión: «Tenemos que mejorar y lo tenemos que hacer unidos. Sé que la respuesta no es suficiente». Su anuncio se concretó en un mensaje enhebrado sobre el espinazo de cinco prioridades estratégicas. En primer lugar, «salvar vidas». Con ese propósito ya llegaron ayer 4.000 de los 5.000 soldados que requirió el jefe del Consell, «para colaborar en las tareas de reconstrucción y de búsqueda de desaparecidos»: el mayor despliegue de fuerzas de socorro de la historia.