20240416

Las diputaciones forales vascas siguen de buen año con unos ingresos fiscales que mantienen el viento de cola gracias sobre todo a la evolución del empleo y también al aumento de salarios. Una coyuntura que, a su vez, genera un incremento de las retenciones mensuales en las nóminas. Hasta finales de marzo, las haciendas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa habían ingresado un total de 3.990 millones de euros, 130 más que en los tres primeros meses del pasado año, lo que supone un aumento del 3,3%. Pero eso solo es la apariencia. La realidad es que la mejora en los ingresos ha sido mayor de lo que reflejan los datos desprovistos de matices. Y ello se debe a que Bizkaia contabilizó en el primer trimestre del pasado año un ingreso extraordinario de 40 millones de euros como consecuencia de una actuación especial en torno a los ingresos de un contribuyente que tiene su domicilio fiscal fuera del territorio nacional. Eliminado ese efecto extraordinario, el total de las haciendas vascas hubiese crecido el 5,5%. Las tres diputaciones forales han destacado el buen comportamiento del IRPF y en concreto de las retenciones que se realizan en las nóminas, como una de las claves que ha permitido mantener hasta ahora un ritmo acelerado en el aumento de los ingresos. El nivel de empleo y las subidas salariales desde principios de año contribuyen a engordar las arcas públicas. Así, en Gipuzkoa, las retenciones del IRPF han crecido el 15,5%, mientras que Álava presenta una tasa más moderada, del 5,1% y Bizkaia adjudica al conjunto del Impuesto sobre la Renta una mejoría del 4,3%. Dentro del IRPF también se ha producido un salto en los rendimientos del capital mobiliario –retenciones de las operaciones realizadas con activos financieros como fondos de inversión o depósitos bancarios– debido a las plusvalías. Pese a la aparente relajación del consumo, los datos hasta finales de marzo son buenos para los ingresos del IVA, con incrementos por encima del 6% en Gipuzkoa y Álava, si bien Bizkaia recoge un descenso también del 6,1% debido a los factores extraordinarios que se contabilizaron en el primer trimestre de 2023.

Mercedes trabajará hasta el lunes día 22 y mantendrá pulsado el botón de parada las dos siguientes semanas, hasta el 6 de mayo. ¿El motivo? No hay pedidos suficientes. O, en lenguaje de la propia empresa, hay que «ajustar la capacidad productiva de la planta a las demandas de los mercados». Llegará así un largo periodo de inactividad en la mayor factoría de Euskadi, con 4.800 trabajadores, que se intuía desde hace tiempo. En realidad, lo acordado ahora por la dirección y el comité es un suma y sigue a una tendencia de suspensiones de jornadas que arrancó con el año y que ha obligado a pactar un nuevo marco de flexibilidad para esquivar el ERTE. Este nuevo escenario se dibuja apenas dos semanas después de la presentación institucional del proyecto de ampliación de la empresa vitoriana (pasará de los 696.505 metros cuadrados actuales a 800.000) con ese plan para lanzar la furgoneta ‘full electric’ sobre la plataforma VAN.EA en el que se invertirán mil millones de euros. Aquel 26 de marzo el CEO de la planta, el CEO de Mercedes Vitoria, Bernd Krottmeyer, destacaba como clave la «flexibilidad» de la factoría a la hora de ajustarse «a todo tipo de escenarios». «La necesidad de ajustar la capacidad productiva de la planta a las demandas de los mercados a través de las medidas recogidas en el marco de flexibilidad» se volvía a reflejar ayer en una comunicación interna de la dirección a los trabajadores. En la misma se avanzaba también otro reajusteqaue afectará al tramo de horas del turno de noche.

Un paso más en la oposición mostrada por el Gobierno a la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon. Es el que dio ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, al confirmar abiertamente que el Ejecutivo central estaría dispuesto a impulsar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) alternativa sobre el fabricante de trenes de origen vasco que impida el que la tentativa magiar llegara a materializarse. En un desayuno organizado por la agencia de noticias Europa Press, el responsable de la cartera de Transportes insistió en el rechazo del Gobierno al intento de un consorcio industrial crecido al calor del Gobierno de Hungría de hacerse con Talgo por 617 millones de euros. Es el importe de la propuesta económica lanzada en una OPA amistosa que cuenta con el respaldo del propio fabricante español de trenes y sus accionistas principales y que busca reforzar la capacidad de producción de Talgo, ahora sobrepasada con una cartera de pedidos por un valor que asciende a 4.200 millones de euros. El Gobierno, tal y como confirmó Puente, considera que la OPA lanzada por Magyar Vagon plantea además un «problema geopolítico». El ministro insistió en que Talgo es una «compañía estratégica a la que hay que defender». Sobre la oferta, para la que Magyar Vagon ya ha solicitado autorización formal al Ejecutivo, señaló que «la observamos con el máximo cuidado y a la espera de que otros actores entren en juego, entre los que se encuentran inversores y otros fabricantes. Se puede constituir una alternativa sin el auspicio del Gobierno, pero si hubiera que auspiciarla, valoraríamos esa opción. En eso estamos», insistió.

De Errenteria a California, y viceversa. La Formación Profesional vasca sigue traspasando fronteras y, fruto de su buena imagen a nivel internacional, ya se trabaja en un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el de Estados Unidos para lanzar un nuevo programa de intercambio de alumnos entre ambos territorios. La primera piedra de esta futura alianza se puso ayer en Errenteria, con la visita de una nutrida delegación americana al centro de investigación e innovación aplicada de Tknika, espacio multidisciplinar en el que se forma a los profesores de la FP del futuro. Justen Thomas, agregado de la embajada estadounidense en Madrid y responsable del área de Educación, fue el líder de la expedición. « Hay tanto que ver en Euskadi que este es el único sitio de España en el que vamos a estar dos días», expuso. Junto a él han viajado representantes de 15 centros de FP norteamericanos procedentes de seis estados diferentes, como California, Arkansas, Texas, Nevada, Illinois o Nueva York, todos ellos pertenecientes a la HACU (Asociación de Colegios y Universidades Hispánicas). A todos ellos los recibieron el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, y el director de Tknika, Jon Labaka. El objetivo de esta expedición es conocer cómo se trabaja y cómo se aprende en las aulas de FP vascas, así como entender los proyectos pioneros en los que se está trabajando en Euskadi. Después de una presentación general sobre el sistema vasco de FP y sus principales características, los visitantes pudieron conocer de primera mano proyectos que se están llevando a cabo en áreas como la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad o la Automatización Industrial, así como las tecnologías inmersivas e interactivas con las que se trabaja. En el área de Biociencias y Sostenibilidad observaron con todo lujo de detalles los innovadores laboratorios. 

Las tensiones geopolíticas que sacuden al mundo tienen sus derivadas económicas y geoestratégicas. Una de estas últimas fue la renovación, a finales de 2022, del gasoducto de Irun como punto clave, por su ubicación fronteriza, para exportar gas desde España a Europa ante el cierre del grifo de Rusia. Y la instalación guipuzcoana ha logrado su objetivo. Tras su récord exportador del invierno de 2023, acaba de culminar su segundo invierno con buenas cifras exportadoras de gas a Europa, aunque menores un 17,3% a las del año pasado, marcado por la crisis energética de la Guerra de Ucrania, y más repartidas a lo largo de los distintos meses. El mayor almacenamiento de gas por parte de los distintos países europeos, que poco a poco han hecho sus deberes tras las restricciones impuestas a Rusia, y un invierno menos duro que otras veces, están detrás del menor flujo gasístico este último invierno hacia Francia y el centro de Europa a través del denominado VIP Pirineos (tubos de Irun y la localidad navarra de Larrau). El saldo exportador final entre abril del pasado año y marzo de este 2024, que es el principal indicador que utiliza Enagás, el gestor técnico del sistema gasístico en España, asciende a 18.937 gigavatios hora, un 17,4% menos que en el periodo anterior. El saldo es la diferencia entre lo que se envía al norte de Europa y lo que llega a España desde otros países.

El abogado Javier Araúz lleva años peleando en los tribunales para convertir en fijos a los interinos de larga duración. En su despacho acumulan cerca de 30.000 casos, de los que unos 2.000 corresponden a Euskadi. Considera que el Tribunal de Justicia de la UE ha dejado claro a España que no queda más camino que hacer fijos a los temporales en fraude y lamenta que sea el único Estado que mantiene un régimen de abuso. " No puede ser que en el sector privado pases a ser indefinido a los dos años y en el público te puedas jubilar de temporal...La única solución es hacerles fijos. Es lo que nos dice Europa y todo el resto de países ha seguido ese camino. De hecho, España es el único país de la UE que mantiene un régimen abusivo de la contratación temporal en el sector público. En Italia, Portugal y Grecia se han hecho fijos a los interinos y en Italia incluso se multa a las Administraciones por este motivo...El incumplimiento del objetivo del 8%, que debe alcanzarse para finales de este año, no es algo excepcional del País Vasco. En toda España había una tasa de temporalidad del 43% antes de la ley y ahora estará en el 38%. ¿Alguien cree que va a bajar al 8% en los ocho meses que quedan? Y este incumplimiento pone en riesgo los fondos europeos porque fue una condición de la UE. Escrivá ya puede apretarse los machos. – El Gobierno vasco ha recurrido al Supremo porque discrepa sobre el cálculo de interinos a estabilizar..."

Una de las grandes incógnitas que encierra la última reforma laboral es hasta qué punto la figura de los fijos discontinuos es útil para trabajadores y empresas, al mantener el vínculo laboral más allá de los periodos de actividad, o si por el contrario es una “trampa de pobreza”, al mantener a muchos empleados ligados a trabajos de muy baja intensidad. Otra, cuántos de quienes están contratados como fijos discontinuos trabajan realmente. Y los expertos no son nada optimistas, porque señalan que uno de cada cuatro trabajadores en esta situación necesita un segundo empleo, que las empresas utilizan esta figura para forzar la salida de los trabajadores de la empresa y que hasta medio millón de contratados no trabaja realmente. De los 1,42 millones de fijos discontinuos cuantificados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a cierre de 2022, tras nueve meses de aplicación de la reforma, con los datos más recientes facilitados por el Gobierno, hay medio millón que no está trabajando. En concreto, según el estudio ¿Cuántos son los trabajadores fijos discontinuos? publicado ayer por el think tank, apenas la mitad, 731.000 trabajadores, estaban en activo en el empleo principal, mientras que otros 753.000 no tenían actividad. Sin embargo, si se excluye de entre estos últimos a quienes estaban en alta en otros empleos, resulta que hasta 518.000 trabajadores contratados como fijos discontinuos se encontraban sin trabajar realmente.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusó ayer a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de practicar un juego doble con el diálogo social en la negociación sobre la reducción de la jornada. Por un lado, Díaz defiende la concertación, pero, por otra parte, dicta a la patronal y a los sindicatos el resultado que quiere que salga de la discusión: que en 2025 la jornada semanal sea de 37,5 horas semanales. Por esta razón, en una jornada de El Español, Garamendi comparó esta situación del diálogo social con un partido de fútbol: “Es como si al inicio de un partido de fútbol alguien dice: Va a salir cinco a cero, pero pásalo bien”. “Nosotros [los empresarios] somos partidarios de que el diálogo social sea diálogo social”, dijo el presidente de la CEOE: “No puede ser una mesa de negociación con el cierre hecho. Esto de las 37,5 horas no... No, no, cuidado. A ver, dentro de los convenios se pueden negociar los salarios, las horas, etcétera. Pero lo que no se puede es sentarse a una mesa y desde arriba que el Gobierno te diga... Y esto es así. Pues entonces no será un diálogo, será un monólogo [del Ejecutivo]”, remató el dirigente empresarial. Sin embargo, el líder de UGT, Pepe Álvarez, apostó por hacer la reducción de la jornada “con un acuerdo, negociando con la CEOE”. Álvarez sostiene que la mejor manera de rebajar el tiempo de trabajo es tener el apoyo de los empresarios en la negociación colectiva. En su opinión, “se debe tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la flexibilidad en el tiempo de trabajo y con la introducción de las innovaciones que aporten progreso para el conjunto de la sociedad española”.

La institución que preside Cristina Herrero compara el porcentaje que suponen los empleos en actividades vinculadas a la transición digital y habitualmente más productivos sobre el total de los nuevos empleos creados, y advierte de que España va por detrás que otros países comunitarios: «En términos relativos, España no destacaría por una transformación productiva más rápida hacia las secciones de actividad relacionadas con la transición digital, sino que, al contrario, estas ramas tienen un peso en la creación de empleo inferior al de las economías vecinas», avisa en el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas de 2024, publicado la semana pasada. La autoridad admite que se ha producido un crecimiento «acusado» del empleo en información y comunicaciones, y actividades profesionales y científicas –conjuntamente aportaron cerca del 30% del empleo entre 2019 y 2023–, pero se trata de un impulso inferior al experimentado en otras economías europeas. Dentro de estas ramas, las divisiones que más aportan son la de informática (19,6 puntos porcentuales) y servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y actividades de las sedes centrales, actividades de consultoría de gestión empresarial. Mientras que otras relevantes en términos de la transición digital como Investigación y desarrollo (I+D) tienen una aportación al crecimiento del empleo mucho más modesta. La AIReF explica que en España la proporción en términos porcentuales de estos empleos es menor, en comparación con otros países de la UE, porque también se ha producido un crecimiento del empleo mucho mayor en otras secciones como las vinculadas al turismo. 

Los expertos calculan que los seis bancos españoles ganaron en el primer trimestre del año cerca de 6.580 millones de euros, según el consenso que recopila Bloomberg. Esta cifra es un 15,5% superior al beneficio que lograron en el mismo periodo de 2023. El trimestre vendrá marcado por el impacto del impuesto a la banca, que Renta 4 estima en que alcance en conjunto los 1.484 millones de euros, frente a los 1.111 millones de un año antes. Bankinter podría anunciar un beneficio cercano a los 196 millones, según el consenso, es decir, un 6,4% más que un año antes y el menor aumento previsto para el sector español. Pero Renta 4 es menos optimista y espera un recorte del 5%, hasta los 175 millones, debido al efecto del aumento de costes del 10%. En general, los expertos esperan que el sector siga sacando partido al entorno de tipos altos a pesar de que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, está preparando el terreno para una rebaja del precio del dinero en junio, porque los analistas confían en un sector que ha logrado manejarse con tipos mucho más bajos. Santander mantendrá el liderazgo por beneficio neto, con una cifra estimada superior a los 3.000 millones, casi un 17% más que un año antes. 

El Gobierno trabaja ya en flexibilizar el diseño del impuesto temporal a las entidades financieras de cara a su conversión en una figura permanente y estructural del sistema tributario español. Así lo reveló ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, recogiendo el guante que dejaba el viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI), que instaba a mejorar la concepción del tributo. El ministro apuntó, concretamente, que entre las fórmulas que estudia el Ejecutivo se encuentran la posibilidad de ligar la aplicación del tributo a la evolución de los tipos de interés o a que su redefinición fomente la concesión de crédito a pymes. Así lo expuso Cuerpo durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, donde fue presentado como el ministro de Economía “mejor preparado de toda la historia de la democracia” por Carlos Solchaga, que ocupó la misma cartera entre 1985 y 1993. “Espero que coincidamos en que ha sido un éxito la puesta en marcha de estos dos gravámenes, porque primero han contribuido a que estos dos sectores aporten de manera más justa a la financiación del escudo social y además se ha hecho sin perjudicar a la solvencia del sector financiero”, que en 2023 obtuvo un beneficio conjunto de unos 23.000 millones de euros, y “sin perjudicar a los excelentes resultados que han obtenido también las empresas energéticas”, que ganaron unos 10.500 millones en total, sostuvo Cuerpo. “Este punto de equilibrio es importante y es parte del propio proceso de establecimiento de estos gravámenes” y de la configuración que deberán tener en el futuro, agregó. “Hacia adelante este tiene que ser también el enfoque a la hora de determinar si se van a prorrogar y cómo va a ser, en caso de que se mantengan de forma estructural o permanente, la configuración o la calibración de estas figuras tributarias”, adujo.

El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros el llamado Fondo de Coinversión (Foco), dotado con 2.000 millones que pueden ser ampliables y financiado con los créditos europeos que se han concedido a España para la recuperación de la pandemia. Este instrumento servirá para financiar, junto a terceros, proyectos desarrollados en el territorio nacional. Su fin es atraer inversiones extranjeras que ayuden a la transformación de la economía y vayan dirigidas a sectores considerados estratégicos como la transición medioambiental y digital o para “preservar la integración de las empresas españolas en las cadenas globales de valor”, según el borrador que establece este fondo. Una de las principales razones por las que se crea es que a veces los fondos soberanos piden a los países donde invierten que el Estado aporte una parte del capital. Y este respaldo es muy importante para lograr tales inyecciones. El fondo de coinversiones español obtendrá sus recursos de los 80.000 millones en créditos que Europa brindó a España en la Adenda del Plan de Recuperación. Según explica el Ministerio de Economía en el texto, las inversiones públicas, tanto nacionales como europeas, no son suficientes para poner en marcha todos los recursos que se precisan con el propósito de modernizar la economía. Hacen falta terceros. Y la inversión extranjera es un elemento decisivo para reforzar la competitividad de la economía española, siempre velando por la “adecuada preservación de la autonomía estratégica”, dice el documento elaborado por Economía, del cual dependerá este fondo. La gestión se ha encomendado a la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides), que no podrá intervenir en la dirección de las sociedades participadas, salvo excepcionalmente. 

Más problemas para Repsol, la principal petrolera de España, por presunto greenwashing o ecopostureo. Dos de las organizaciones ecologistas de referencia —Ecologistas en Acción y Greenpeace— y la asociación de consumidores CECU se han unido para denunciar a la compañía ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante la Dirección General de Consumo al entender que la “estrategia de marketing y publicidad” que emplea “induce a la confusión de la ciudadanía, al estar plagada de información parcial, vaguedades, ocultación de información relevante o directamente alegaciones ambientales engañosas”. Los demandantes, que presentaron los escritos la semana pasada, ponen el foco sobre los biocombustibles que promociona la empresa y su posible vínculo con la deforestación en Indonesia. Otra demanda también por ecoblanqueo le llegó a la petrolera a finales de febrero: Iberdrola, la mayor eléctrica de España, denunció en los juzgados de lo mercantil de Santander a Repsol por competencia desleal a través del greenwashing en sus campañas publicitarias y en la información de su web. Expertos en derecho ambiental coinciden en que la batalla en los tribunales contra las falsas alegaciones ambientales de compañías de todo tipo irá ganando peso en los próximos meses y años debido a las medidas que están tomando las instituciones europeas y nacionales. Para armar su demanda, las organizaciones ecologistas y de consumidores se han centrado en el aceite de palma y el daño para la masa forestal en Indonesia que suponen estos cultivos. 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comunicó ayer a la CNMV que su participación en el capital social de Telefónica ha alcanzado el 5%, desde el 3% que había desvelado el pasado marzo. El anuncio llega poco después de la celebración de la junta de accionistas de la operadora, el pasado viernes. Con el cierre de la sesión de este lunes, en la que la acción de Telefónica cayó un 0,91%, hasta 3,92 euros, el valor de mercado de la participación de la SEPI rondaría los 1.141 millones de euros. La SEPI precisó a la CNMV que controla un 5,034% de Telefónica, con lo que superaría como primer accionista a CriteriaCaixa, que la pasada semana elevó su participación del 2,69% al 5,007%. Así, la SEPI consolida el retorno del Estado al capital de la operadora, tras la última privatización, que tuvo lugar en 1997. La entrada de la sociedad estatal fue la respuesta desde el Gobierno a la irrupción en Telefónica de Saudi Telecom Company (STC) que, en septiembre pasado, anunció la compra de un 9,9% del capital de la teleco española. El grupo árabe adquirió un 4,9% del capital en acciones y un 5% en derivados, y para superar ese porcentaje, necesita la autorización del Ejecutivo, en virtud de la ley antiopas. Estado y STC pugnarían por ser el primer accionista. En el comunicado de este lunes, la SEPI señaló que está llevando a cabo el acuerdo de Consejo de Ministros que ordena la compra de acciones hasta un 10% del capital de Telefónica. 

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla recortará más del 10% su plantilla global, en torno a 14.000 empleados, en un contexto de caída de las ventas propias, y del sector, por una combinación de factores como la mayor competencia, el fin de las ayudas públicas en algunos países y unos precios que siguen siendo inaccesibles para muchos consumidores. El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, envió ayer un correo electrónico a la plantilla desvelando la amplia reestructuración y atribuyendo la decisión a la necesidad de reducir costes y mejorar la productividad, que está bajando por el descenso de las ventas de vehículos y los descuentos introducidos para intentar impulsar el negocio. La reestructuración también afecta a varios altos ejecutivos. El subdirector general, Drew Baglino, señaló en la red social X (antes Twitter y propiedad de Elon Musk) que ha adoptado la “difícil decisión” de dejar Tesla tras 18 años de carrera profesional en la compañía. La marcha de Baglino, responsable de ingeniería y tecnología de los motores y baterías de Tesla, es considerada una pérdida muy importante. Rohan Patel, otro alto ejecutivo que supervisaba el desarrollo de negocio del fabricante de eléctricos, también anunció en X que deja la empresa. La cotización de Tesla, que tiene algo más de 140.000 empleados, caía ayer un 4,5% a media sesión en Wall Street y acumula un descenso del 34% en lo que va de año, con una capitalización de 511.000 millones de dólares.

La expectativa de rebajas de tipos de interés este año se enfría casi a cada día que pasa. Las apuestas pincharon la semana pasada con la publicación del dato de inflación en EE UU, que muestra aún una persistencia nada compatible con abaratar el precio del dinero. Y la semana comienza con una nueva amenaza en el horizonte, la de un alza en el precio del petróleo a causa de la escalada bélica en Oriente Próximo que si bien de momento no ha ido a más, es seguida por los bancos centrales con creciente preocupación. Los tipos en la mayor economía del mundo apuntan a descender finalmente este año bastante menos de lo esperado a comienzos del ejercicio y la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) llegue incluso a tener que subirlos de nuevo no es un escenario por completo descabellado. Aparece incluso en los supuestos que manejan algunas firmas de análisis. El escenario base que descuenta ahora el mercado es de tan solo dos bajadas de tipos por parte de la Fed hasta enero, menos incluso que las tres que avanzó el propio banco central estadounidense para todo 2024 en su reunión de marzo. El ánimo de los inversores ha dado un vuelco frente a lo que se esperaba en diciembre, cuando las apuestas apuntaban a entre seis y siete rebajadas de tipos de interés durante 2024. Pero la economía estadounidense está mostrando una sorprendente fortaleza y la inflación se resiste a seguir descendiendo, lo que está modificando la opinión de analistas e inversores de forma impensable hace solo unos días. 

El Canal 12 de la televisión israelí informó que se discutieron varias opciones de represalias «dolorosas» para Irán, pero que no desencadenen una guerra regional. El presidente de EE UU, Joe Biden, ha advertido al primer ministro Benjamín Netanyahu contra un acto de represalia y anunciado que Washington no participará en respuesta alguna a la república islámica, lo que probablemente ha influido para que el Gobierno de Tel Aviv se contenga. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo a su homónimo estadounidense, Lloyd Austin, que «no tenemos otra opción que responder». La duda es saber cuándo y si será una operación quirúrgica o no. Netanyahu prevé continuar hoy las reuniones y verse con el jefe de la oposición en un intento de recabar apoyos. Por su parte, Irán ha insistido en que no busca aumentar la tensión en Oriente Próximo y ha asegurado que el ataque contra Israel fue «necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares» para crear «capacidad de disuasión». «Irán no busca aumentar la tensión en la región», señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores, Naser Kananí.