20250323

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Euskadi necesita más potencia eléctrica para su industria y reclama voluntad política para que el Gobierno central eleve los topes de inversión a los gestores de la red. La saturación del sistema implica el rechazo a la mitad de peticiones empresariales de un ‘enchufe’ y frena los planes de inversión.  «Lo primero que hacen las compañías cuando analizan un emplazamiento es preguntar por el enchufe. Y el problema es que nosotros no lo tenemos». El consejero de Industria, Mikel Jauregi, recurría recientemente en una entrevista a esta imagen gráfica para explicar el grave problema de la red eléctrica en Euskadi. Una alerta que el lehendakari, Imanol Pradales, amplificó esta semana al señalar que no puede permitirse que la saturación del sistema «cortocircuite proyectos de inversión». El llamamiento tiene tintes de urgencia para que la voluntad política empuje a la toma de decisiones en el Ministerio de Transición Ecológica y eleve los topes de inversión de que disponen los gestores de la red. Se trata de un problema que ahoga a Euskadi –también al resto de comunidades autónomas– y que ha crecido de modo latente desde hace años hasta convertirse en extremo, a falta de respuestas políticas. Un buen ejemplo de las consecuencias de centrar la gestión en lo urgente y no en lo importante. El caso es que hoy la falta de capacidad eléctrica en el País Vasco es, a la vez, urgente e importante. Desde las patronales empresariales advierten del obstáculo que supone para muchas empresas la lentitud de respuesta a las solicitudes de más potencia o nuevas conexiones. El director general del clúster vasco de la Energía, José Ignacio Hormaeche, asegura que ya existe un «riesgo estructural porque si queremos realizar una apuesta por la industria no vamos a llegar. Hay empresas instaladas que hoy tienen problemas graves».

Para entender la situación es necesario conocer cómo funciona el sistema de distribución. Es un mercado en monopolio que reparte la gestión en función de las redes. La de alta tensión corresponde a la sociedad pública Red Eléctrica, mientras la de media tensión está en manos de las compañías comercializadoras con mayor cuota de mercado en cada comunidad autónoma; en el caso de Euskadi, Iberdrola. Estos servicios tienen el precio regulado por el Gobierno. Además, las inversiones en estas infraestructuras, en la medida en que repercuten sobre la financiación pública, también están limitadas. Red Eléctrica no puede destinar más de un 0,0065% del PIB a la red de alta tensión y las compañías no pueden realizar inversiones que superen en conjunto el 0,13% de la producción del total de la economía española. Pero este gran circuito eléctrico nacional debe adaptarse a una nueva realidad en la que la electrificación crece. ¿De qué serviría tener coches eléctricos si no es posible conectarlos a postes de carga? ¿Para qué construir un parque eólico si no puede evacuar su generación? ¿De qué le sirve a una empresa beneficiarse de deducciones fiscales para cambiar un horno de gas por uno eléctrico si no puede enchufarlo? El responsable del clúster de Energía de Euskadi, José Ignacio Hormaeche, explica que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) «ha fijado unos objetivos de generación y demanda mientras que la regulación de las redes no ha avanzado en consecuencia». Así, el PNIEC promulga un avance de la electrificación de hogares y empresas para abandonar el uso de combustibles fósiles. Son actuaciones que el Gobierno estima que elevarán la demanda eléctrica hasta 2030 en un 34%. También se fijan los objetivos para modificar el parque de generación de electricidad dando más peso a las renovables. En todo ello subyace la pretensión de cambiar el modo de consumir y de obtener electricidad con un plan que requiere más conexiones. Sin embargo, no se han previsto los pasos necesarios para adecuar la red, que se va sobrecargando sin poder dar respuesta a la demanda.

Fuentes cercanas al grupo vasco que lidera el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y del que forman parte el Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, señalan que el tiempo es ahora un factor determinante y confirman que se mantienen reuniones diariamente para abordar tres frentes: uno, centrado en concretar con Trilantic las condiciones que marcarán el variable a pagar –asciende a 30 millones–; dos, para acordar el modo de suavizar la multa de Renfe; y tres, lograr una refinanciación de la deuda. Todos, de un modo u otro, están unidos y afectan porque encarecen o abaratan la operación. El tiempo es otra de las claves porque ahora es cuando Jainaga puede exigir que las promesas de unos y otros se plasmen negro sobre blanco. Y es que a partir de la firma definitiva lo que no pese en el papel se lo llevará el viento. La cosa no está fácil y como aseguran fuentes conocedoras de los contactos, «con los flecos que quedan se puede hacer una alfombra». Aunque también recuerdan que los consejeros que representaban a Trilantic en Talgo dimitieron ya de su órgano de gobierno. Pero, en cualquier caso, la falta de noticias sobre los avances genera cierta incertidumbre en el entorno. Una situación que aprovechó la semana pasada el ministro de Infraestructuras de Polonia, Dariusz Klimczak, para recordar que «no nos hemos rendido» y que siguen pendientes de Talgo. La empresa participada por el Gobierno polaco Pesa había mostrado interés en adquirir al fabricante de trenes, pero Moncloa frenó la operación dejando abierta una opción de colaboración comercial solamente una vez que Sidenor se hiciera con el control de la empresa. Desde el Gobierno vasco trasladan confianza y recuerdan que el liderazgo de las conversaciones en estos momentos reside al 100% en el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, que es quien asumirá el papel de dirección industrial de la compañía. Pero quedan semanas y dificultades serias que sortear. Y es que todo el dinero reunido hasta ahora por el consorcio vasco asciende a 155 millones –Sidenor, Gobierno vasco y la fundación BBK han puesto 45 millones cada uno, por otros 20 la Vital–. Una cantidad que Jainaga trata de hacer suficiente para comprar a Trilantic sus acciones.

ITP Aero es de esos gigantes empresariales españoles desconocidos para los ciudadanos, pero cuyos productos tienen un gran impacto en la vida de muchos de ellos. Cada minuto despegan en el mundo seis aviones que en sus motores tienen componentes salidos de las fábricas de esta empresa. En su sede central en Zamudio (Bizkaia) se ha recuperado la normalidad después de que a finales de febrero se llenase de autoridades, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la inauguración de su nuevo centro de innovación. ITP Aero había sido propiedad de grupos industriales —Sener primero y Rolls-Royce después— hasta que en 2021 pasó a manos del gigante del capital riesgo estadounidense Bain Capital. En 2023, el nuevo propietario nombró a Eva Azoulay (Montreal, 1970) consejera delegada. Su llegada coincide con un momento dulce para la compañía, que cuenta con cerca de 6.000 empleados, gracias a la gran recuperación del transporte aéreo tras la covid. Los resultados de 2023 ya mostraron cifras récord —ingresos de 1.305 millones de euros y un beneficio operativo (ebitda) de 217 millones—, y las cifras de 2024, que se presentarán la semana que viene, superarán esos registros con una mejora operativa superior al 40%. Azoulay, que concede su primera entrevista desde que asumió el cargo, está centrada en exprimir al máximo la principal línea de negocio del grupo, la de aviación comercial. Su objetivo es diversificar clientes más allá de Rolls-Royce, fortalecer el negocio de reparación y mantenimiento de motores e identificar nuevas oportunidades de crecimiento inorgánico tras la adquisición de BP Aero. Sin embargo, todos los focos mediáticos están puestos en su división militar —aporta el 15% del negocio— tras la decisión de la UE de aumentar el gasto en Defensa y el ruido de consolidación de esta industria en España, sobre todo teniendo en cuenta que Indra es el segundo máximo accionista de ITP Aero, con el 9,5% del capital.

Pasión e implicación son los dos mantras que siguen a rajatabla en Zerbimek, una empresa arrasatearra de tamaño medio y de apenas ocho años de antigüedad que ofrece un servicio de mecanizado integral de control numérico por computadora (CNC) para una amplia variedad de industrias, desde la aeronáutica, bienes de equipo, ingeniería, industrial o automoción. En un sector tan exigente como el mecanizado industrial, Alain Vivas (Vitoria, 1982), director general de Zerbimek, ha logrado lo que muchos consideran una hazaña: construir desde cero una empresa sólida. Con 30 empleados y una facturación que roza los tres millones de euros, su historia es un ejemplo inspirador de cómo transformar una idea en una realidad empresarial próspera. «El crecimiento de la empresa ha sido brutal. Empecé yo solo y ahora somos 30 empleados. Todos hemos puesto mucha dedicación, pasión y esfuerzo». ¿La receta secreta de su éxito? A juicio del propio Vivas, es una mezcla de pasión e implicación. «Son dos conceptos que trato de transmitir en el día a día. Hay una cosa que me suelo repetir muchas veces y me la recuerdo a mí mismo: cuando dejé la empresa en la que estaba trabajando para empezar este proyecto, el objetivo que tenía en mi cabeza era conseguir que el hecho de ir a trabajar todos los días no fuera un esfuerzo para mí. Esa es una de las ideas que trato de trasladar a la plantilla de Zerbimek, y creo que a día de hoy lo estamos consiguiendo. Tenemos muy buen ambiente laboral y la participación por parte de los trabajadores en el proyecto es casi del cien por cien». El sector industrial europeo y, por ende, también el vasco, no vive sus mejores días por la ralentización de sus principales clientes como Alemania y Francia. Precisamente este último es el único comprador europeo de Zerbimek. «En Alemania tenemos una cartera de pedidos muy tímida, y lo poco que teníamos lo perdimos antes del pasado verano. En Francia, que es nuestro principal cliente europeo, nos ha pasado algo muy parecido. Hemos estado viviendo de la cartera que ya habíamos captado en 2023 y a principios del pasado 2024, pero en el segundo semestre del año esa cartera prácticamente desapareció. Hemos tenido unos meses muy malos de captación en Francia, prácticamente en índices irrisorios». A pesar de este panorama lleno de nubarrones, Vives comienza a atisbar algún rayo de luz tras acudir la pasada semana a la feria Midest- Global Industrie de Lyon, considerada la mayor feria industrial de Francia y una de las más importantes a nivel europeo. 

En la carretera entre Oion y Logroño, se encuentra oculto por la vegetación el Imperial Montesol. Una impresionante finca que nació como club social y a finales de los noventa se convirtió en un complejo hostelero que brilló como salón de banquetes, especializado en grandes ceremonias. Allí se celebraron bodas, entregas de premios, comidas de empresa y llegaron a contar con un equipo ciclista amateur. Pero su luz se apagó y hace una década se vieron obligados a bajar la persiana tras acumular una deuda que rondaba los diez millones de euros (IVA incluido) con Kutxabank. Desde entonces ha permanecido colgado de las tapias exteriores un gigantesco cartel para encontrar un comprador que, por fin, lo ha conseguido. El grupo empresarial madrileño Abdón adquirió en diciembre esta parcela de 58.000 metros cuadrados a la entidad financiera vasca con el objetivo de recuperarlo como un lujoso hotel y un restaurante situado en la ‘muga’ entre Rioja Alavesa y Logroño. De momento es temprano para saber cuál será su capacidad exacta y qué servicios concretos prestará, ya que aún se está redactando el estudio arquitectónico para conocer en qué estado se encuentran las instalaciones y qué se puede rescatar de las ruinas. También dependerá de la autorización y el permiso que finalmente se les otorgue para saber a cuánto asciende la inversión necesaria. En todo caso, el concepto lo tienen muy claro. El grupo impulsor quiere trasladar a orillas del Ebro el mismo concepto que ya tienen en el Noctis Hotel, a tres kilómetros del centro de Soria. «Queremos unificar eventos corporativos y bodas con un alojamiento diferencial», indica Carlos Abdón, máximo responsable del proyecto.

Las empresas vascas del sector de Defensa facturaron 351 millones en 2024, a lo que se unen proyectos tecnológicos emergentes. En pleno debate sobre el aumento del gasto europeo en el sector de la Defensa, la industria guipuzcoana también tiene algo que decir. En Gipuzkoa existe un cada vez más fuerte tejido enfocado al desarrollo de I+D+i dual –en torno al 10% de la inversión total en Defensa– en softwares de ciberseguridad de infraestructuras críticas, fabricación avanzada, equipos de comunicaciones, sistemas de mantenimiento, vigilancia e IA. En esta materia trabajan varias firmas con sede en Gipuzkoa, entre las que Tecnalia, Ayesa, Multiverse Computing, Ikerlan o Lortek se perfilan como jugadores importantes. Es lo que Pello Rodríguez, presidente del Grupo Mondragon, ha resumido esta semana en la frase de que «no nos vemos en el ámbito de la balística, las armas y el armamento», pero sí en el de la ciberseguridad o la I+D. El propio Gobierno Vasco, por medio de su consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha remarcado en las últimas semanas que «la guerra en Ucrania nos ha dado muchas pistas de por dónde va a ir ese sector (la Defensa) en el futuro, con una importancia decisiva de la tecnología digital y la ciberseguridad. Debemos hacer esfuerzos para colaborar en esta línea». Y es que, más allá de la industria convencional, es en el desarrollo de aplicaciones de tecnologías avanzadas en Defensa donde puede existir un mayor potencial de crecimiento para el tejido guipuzcoano, y a donde se enfocarán las instituciones vascas de la mano de los centros tecnológicos líderes en el sector. Iniciativas como la Plataforma de Tecnologías Estratégicas acompañan a los 1.500 millones de euros adicionales asignados al Fondo Europeo de Defensa para potenciar la capacidad de inversión en este subsector, aunque en este maratón científico Estados Unidos y China se encuentran aún a años luz de Europa. Por ello, en el nuevo plan de Bruselas se desprende la idea de que la única manera de comenzar a reducir esa brecha es a través del fuerte apoyo financiero a las compañías líderes, con el objetivo de que potencien la innovación en IA y computación cuántica.

La guerra llama a la puerta y Europa bracea entre dos ideas. Una: los conflictos bélicos son la prolongación de la política por otros medios; dos: ninguna guerra larga ha beneficiado jamás a algún país. Entre Clausewitz (1780, De la guerra) y el estratega chino Sun Tzu (500 antes de Cristo, El arte de la guerra) hay más de 2.000 años empedrados con inversiones ingentes en recursos para la defensa y el ataque. La invasión rusa de Ucrania y la nueva Administración de EE UU han puesto patas arriba el orden internacional, las alianzas políticas y militares (OTAN), y, al menos en el Viejo Continente, las bases de la industria de Defensa. Europa, empujada por EE UU, ha decidido acelerar el gasto. Entre 2021 y 2024, según datos del Real Instituto Elcano, el desembolso en Defensa se elevó a 326.000 millones de euros en Europa, un incremento del 30%, del que su industria obtuvo retornos por valor de 159.000 millones. Bruselas quiere otros 800.000 millones en el próximo cuatrienio. Un acelerón que arrastra a los Estados. También a sus empresas, que, en el caso de España, son muchas —más de 400, según el Ministerio de Defensa— y de tamaño reducido. La compañía Indra —28% de capital público— emerge como el embrión de un campeón nacional en el sector con los ojos puestos en empresas como Santa Bárbara —controlada por General Dynamics— o ITP Aero. Este es el escenario en el que suenan los tambores: la industria de Defensa española es la cuarta en la UE por facturación (8.042 millones en 2023), por detrás de Francia, Alemania e Italia; prácticamente a la par con Suecia, y seguida por los Países Bajos y Polonia. Exporta alrededor del 50% de lo que factura. Es un ecosistema en el que destacan unas pocas grandes empresas (Indra y la pública Navantia a la cabeza) entre un conjunto de compañías medianas (GMV, EM&E, Sener…) y centenares de pequeñas empresas vinculadas a cadenas extensas de suministro de productos y servicios.

Pedro Sánchez no está cómodo en Bruselas. El presidente del Gobierno de España no se encuentra, ni mucho menos, en el centro del debate militar, no lidera las discusiones y las decisiones que Europa está tomando en materia de Defensa no están en línea con sus ideas políticas. Sus intentos por contener el proceso de rearme, las claras reticencias a gastar más en este ámbito e incluso la pretensión de maquillar sus cifras están irritando ya a algunos de sus socios europeos. «Vemos falta de solidaridad en su postura y en la reunión del Consejo se escucharon algunas críticas», apuntan fuentes diplomáticas al ser preguntadas por las discusiones que el jueves tuvieron lugar en Bruselas entre los presidentes y primeros ministros europeos. Muchos países, especialmente los más amenazados por Rusia, y también desde la propia Comisión, recuerdan que España e Italia recibieron una gran ayuda para hacer frente al duro golpe que sufrieron sus economías por la pandemia del Covid. Y añaden que ahora ambas naciones deben devolver esa solidaridad a través de un compromiso firme con el gasto en Defensa. Pero eso no es lo que está ocurriendo o, al menos, no se percibe así. «El presidente español intenta desesperadamente inflar sus cifras de gasto militar», apuntan desde otro país en alusión al deseo del Ejecutivo de ampliar la definición de Defensa para que el porcentaje de gasto sobre PIB de España aumente automáticamente sin que se produzca una inversión añadida real. Citan además directamente a la «Guardia Civil», lo que no deja de sorprender y evidencia que el Gobierno se está moviendo para que los gastos en el Instituto Armado pasen a computar como inversión militar. «España no está cerca del 2% del PIB y no sabemos cuándo llegará. El compromiso de llegar a ese nivel se adoptó en 2014», apuntan desde un tercer país, que abre además otra vía de queja: Ucrania.

Entrevista con Andoni Ortuzar. Afronta sus últimos días al frente del PNV. Es su primera entrevista desde que aceptó y después renunció a repetir en el cargo para dar paso a Aitor Esteban. "Me voy contento porque las cosas han ido como yo creía al principio que debían ir, y también con esa sensación de que tenemos ese etxeko lana pendiente: hacer compatibles las garantías, el carácter participativo y las asambleas municipales, con un proceso más ágil, para que el partido sea dueño de sus procesos y no haya capacidad desde fuera de manipularlos...El proceso ha sido como debía ser. Pero, ¿qué ha sucedido? Que como es tan largo en el tiempo, es muy fácil atacar. El hecho de ir diciendo que en un batzoki han votado a no sé quién o solo han ido 14 traslada una imagen mala del partido, pero influye también mucho en la posición de otros afiliados: unos se alarman, otros se retraen… Espero que seamos capaces de dar con la tecla para no dar bazas que nos perjudiquen...La persona que por razón de su cargo ha tenido contacto con más afiliados y más conocimiento de todos los territorios era yo, el presidente del EBB. Y yo notaba que había gente que decía: “Andoni, lo has hecho muy bien, pero hace falta un cambio”...El asunto no podía ser una disputa entre dos que, además, representamos prácticamente lo mismo en la forma de entender la política, el partido… porque hubiera sido irreal. Esto tenía que ver con qué era lo mejor para el partido y cómo dábamos a la organización un consenso. Desde 1976, he visto todos los procesos. Y, en todos los procesos en los que ha habido dos listas, ha habido confrontación. Yo no quería eso para el partido. Era imperdonable promover cualquier tensión por mínima que fuera, con la situación tan compleja que teníamos en el país. Eran dos elementos que se juntaban: mi sensación íntima de que mi ciclo había acabado y, segundo, que alguien tenía que echarse a un lado para que no hubiera una confrontación que iba a ser utilizada desde fuera para proyectar una imagen mala del partido...-¿Siguen siendo amigos vd y Aitor Esteban?- Tenemos una relación que no hemos cortado ni estas semanas, porque él seguía siendo portavoz en Madrid, y yo, presidente del EBB..."

Entrevista con Ricardo Barkala, que remata una semana marcada por el anuncio de su cese, tras siete años al frente del Puerto de Bilbao, que prevé materializar poco antes del verano. "...Siempre quedan cosas pendientes. Dicho lo cual, yo tenía en lo alto de mi mesa la conexión ferroportuaria. Creo que tenemos un déficit ahí. En la transición digital quizás seamos el puerto más avanzado, y en la medioambiental y la energética se ha recorrido mucho camino, aunque todavía queda, pero me falta ese remate junto a otro problema que nos preocupa que es la falta de espacio físico.– ¿Deja un puerto ‘más grande’?– Físicamente sí, y es importante. Hemos adjudicado la segunda fase del espigón central que va a añadir 310.000 metros cuadrados más, pero ahora mismo hay más proyectos sobre la mesa pidiendo espacio que superficie disponible. Con lo que tengo comprometido para 2025 está cubierto el 97% del espacio...En términos porcentuales somos el puerto que más movemos por ferrocarril, el 29%, aunque en términos absolutos no somos del tamaño de Barcelona, Algeciras o Valencia. Pero ya estamos prácticamente topados. Convivir con la línea de cercanías y los pasajeros limita surcos, horarios, hace que no puedas explotar de una forma más decidida el ferrocarril y debido al diseño, ni te permite transportar cierto tipo de mercancías por los galibos. Y luego tenemos el hándicap del tráfico dentro del puerto...Para esto último estamos negociando con Adif y las cosas van bien, pero tenemos que integrar la terminal de contenedores (Teco) en el conjunto del sistema porque los barcos llegan cuando llegan y tienen que descargar rápido y salir. Si fuera más planificado, sería más fácil jugar con el espacio. Pero yo diría que ahora hay tres cosas importantes en el ferrocarril: la intermodal de Júndiz, el tráfico interno y la Variante Sur Ferroviaria. Son las claves...Creo que las conexiones ferroportuarias están mucho más avanzadas y desarrolladas en el Mediterráneo que en el Atlántico, es una evidencia, y eso hace que el Atlántico se esté quedando como una zona periférica de Europa. Creo que Júndiz va a ser un punto de inflexión. Va a ser la frontera con Europa, con el ancho de vía inclusive, y con las autopistas ferroviarias. Me parece muy importante porque además en nuestro ‘hinterland’ –el territorio de influencia de un puerto– está la carga. Viene de la zona al norte de Madrid, y si al final prestas un buen servicio, triunfarás..."

"...La Ministra de Trabajo ha puesto sobre la mesa la idea de reducir la semana laboral a cuatro días bajo el lema «trabajar menos, vivir mejor». Este planteamiento, aunque atractivo a primera vista, nos lleva a reflexionar sobre una cuestión más profunda: para mejorar la calidad de vida, ¿es suficiente trabajar menos, o es más importante ganar más para vivir mejor? Aunque muchos podrían coincidir en que ambas cosas serían buenas, las circunstancias actuales nos obligan a ser realistas y a no perder la perspectiva. El objetivo debería ser ganar más, o si prefieren, ganar lo suficiente, pero trabajando lo mismo. Y para lograrlo, es imprescindible enfocar nuestros esfuerzos en un elemento fundamental: la mejora de la productividad. Sin un aumento significativo de la productividad este país tendrá que adaptarse a una economía más pequeña en términos de PIB per cápita. Y eso afectaría directamente al bienestar de nuestra sociedad. La mejora de la productividad se podrá conseguir trabajando lo mismo, pero haciéndolo de otra manera. Trabajar de manera distinta supone adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Significa, en esencia, adoptar un enfoque más estratégico y eficiente en las tareas laborales. Implica aprovechar al máximo la tecnología y las herramientas disponibles, fomentar la creatividad y la innovación, y priorizar resultados de efectividad en el trabajo, sobre la cantidad de horas invertidas. Porque vivir mejor no depende únicamente de trabajar menos o de ganar más, sino de la manera en la que trabajamos. Si logramos integrar nuevas dinámicas de trabajo basadas en la productividad y la eficiencia, asegurando al mismo tiempo una remuneración justa, acorde al puesto de trabajo, estaremos construyendo un futuro donde el bienestar de las personas esté realmente en el centro del desarrollo económico y social..."

Cobrar por visitar un piso o exigir un mes de honorarios por alquilar. Son prácticas prohibidas por la ley de vivienda de 2023 que sufren algunos aspirantes a inquilinos. La grave crisis de la vivienda, provocada por una acuciante falta de oferta y precios en máximos históricos, coincide con la proliferación de prácticas abusivas por parte de algunas agencias inmobiliarias. El número de reclamaciones crece, pero las sanciones, que dependen de las comunidades autónomas, escasean. Diversas asociaciones de consumidores denuncian que la grave crisis de la vivienda, provocada por una acuciante falta de oferta y unos precios de venta y alquiler en máximos históricos, es el abono perfecto para que un puñado de inmobiliarias y agentes operen con un modelo de gestión agresivo con el fin de maximizar sus ingresos. “Las prácticas abusivas se siguen incrementando cada día. Son habituales y conocidas y, a veces, incluso son fácilmente constatables a través de los portales inmobiliarios”, sostiene Eloy Gutiérrez, responsable del área de Vivienda de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, se expresa con más rotundidad: “Operan con total impunidad”. El cobro por visitar pisos, la exigencia de dinero al cliente antes de la firma de un contrato o incluso como paso previo para que se proporcione toda la información de la casa en cuestión, las cláusulas abusivas, la obligación de abonar los honorarios de la agencia y el cobro de otras comisiones cuando no corresponde, así como las presiones para firmar todo lo que la empresa ponga encima de la mesa, incluida la hipoteca, son algunas de las prácticas cuestionadas. Todas ellas están precarizando la compra y el alquiler de viviendas.

La OCDE ha sido la última en mejorar sus estimaciones de crecimiento para España en tres décimas, hasta el 2,6%, siendo el país desarrollado que más crecerá este año, 1,6 puntos por encima de la media de la zona euro y 2,2 puntos más que Alemania, que aumentará apenas un 0,4%. También el Banco de España mejoró su estimación al 2,7%, similar al 2,8% que ahora prevé BBVA Research, mientras el resto de países siguen ajustando su potencial. Pero, ¿qué hay detrás de esta fortaleza frente a una crisis que es global? «A la inversa que muchos otros países europeos, España continúa con un crecimiento muy fuerte del turismo y tiene los fondos europeos. Eso va a tener un impacto sobre la inversión y por eso continuamos siendo optimistas», explicaba esta semana la OCDE. En eso coinciden todos los analistas: mientras el terremoto que pueda llegar no afecte al turismo, el golpe será asumible, con un sector que, pese a los temores de morir de éxito, sigue demostrando su capacidad para batir récords tras cerrar un 2024 histórico en el que casi 94 millones de turistas visitaron el país. Y lo que es más importante: elevaron su gasto un 16% hasta los 126.000 millones de euros, una cifra nunca vista. «A día de hoy tenemos más margen para aguantar el impacto del escenario actual porque tenemos otros motores que tiran de la economía, como el consumo, el turismo o las exportaciones de servicios, sobre las que no parece que Trump haya puesto el ojo de momento», señala María Jesús Fernández, analista sénior de Funcas. A esto se suma un peso del sector industrial –uno de los más afectados por las trabas arancelarias– que sigue estando por debajo de lo deseado. «El sector servicios está actuando como fuerza impulsora, mientras que el índice PMI del Sector Manufacturero –uno de los más seguidos para pulsar la industria– mostró una contracción en febrero por primera vez en más de un año», apuntan los analistas de S&P Global en su último informe sobre la evolución de la industria. Este sector supone en España un 11% del PIB, según datos recopilados por el Banco Mundial a cierre de 2023, con excepciones como Navarra o País Vasco, donde la cifra es mayor. Pero la media sigue muy alejada del 20% que marcaba como objetivo la Comisión Europea para 2020 y también del 19% que supone en Alemania. 

"...La OCDE estima que este año las necesidades de endeudamiento superarán los 17 billones de dólares, es decir, aproximadamente la cuarta parte del PIB del conjunto de las economías avanzadas. Esto es un 21% más que hace dos años, tensionando las condiciones de financiación de los Estados. Los ahorradores exigen una remuneración más elevada para sus compras de deuda pública. El rendimiento del bono español se ha incrementado en medio punto en los últimos tres meses, más o menos lo mismo que el alemán, contrastando con la relajación monetaria del BCE. El impacto de la política económica de la Administración de Trump en los tipos de interés es más complejo, ya que muchos inversores venden acciones por temor a la recesión y se refugian en la deuda pública, de ahí que los tipos de interés hayan tenido un comportamiento más volátil que en Europa. Ante el subidón de los costes financieros, cabe preguntarse si la deuda es sostenible. No lo es según los criterios de la normativa europea, que exige una ratio de deuda sobre PIB decreciente hasta alcanzar el 60%. Pero estos objetivos pierden peso en el recetario europeo: implícitamente Bruselas reconoce que las reglas fiscales, incluso en su versión reformulada y flexibilizada, no son aplicables en un contexto de rearme acelerado. Lo relevante es la respuesta de las economías a los estímulos fiscales. Habida cuenta del nivel de partida de los desequilibrios y de los tipos de interés, un crecimiento económico en el entorno del 1% como se vaticina para la economía europea para este año (esto en el mejor de los casos) redunda automáticamente en una escalada de la deuda pública con relación al PIB. En este escenario, los mercados se tensionarían, generando una espiral de deuda y costes financieros, incluso si el BCE recortara sus tipos de interés como sería deseable. Por fortuna la coyuntura española es netamente más favorable. No obstante, la estabilización de la ratio de deuda sobre PIB depende del mantenimiento de un ritmo de crecimiento en el entorno del 2% (o de un hipotético ajuste presupuestario, que habría que compatibilizar con la subida del gasto en defensa)..."

Irlanda tiene un PIB de algo más de medio billón de euros. Sus exportaciones a Estados Unidos equivalen a aproximadamente el 14 % de esa cantidad, es decir, 72.600 millones de euros. A su vez, de esa cifra, el 69% (50.320 millones) fueron productos médicos y farmacéuticos. Ahora todo ese exitoso modelo económico basado en un impuesto de sociedades del 12,5% está en serie peligro por las amenaza de aranceles de Donald Trump. Trump sido cauto, en buena medida para no perder el apoyo del voto de origen irlandés, absolutamente vital en Estados Unidos. Pero, aún así, el presidente ha declarado que Dublín «tiene a las farmacéuticas en el bolsillo». Incluso en el caso de que Washington no imponga sanciones generalizadas, las dimensiones del superávit comercial bilateral irlandés son tan grandes que es casi imposible que ese país escape de la hecatombe arancelaria. Todo queda pendiente de lo que Donald Trump anuncie dentro de dos miércoles, en lo que el presidente de Estados Unidos ha bautizado como «el día de la liberación». Puede que haya aranceles generalizados. O puede que esto sea limitados a solo 15 países, bautizados por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como los «quince sucios». Sea como sea, Irlanda está en el punto de mira. Y, además, las amenazas estadounidenses se están ampliando. En los últimos días, Washington ha extendido sus críticas al modelo fiscal de Dublín, que el secretario de Comercio y hombre fuerte en materia de política económica de gobierno de Donald Trump, Howard Lutnik, ha calificado como «estafa fiscal irlandesa». En principio, parecería doloroso que el gobierno de Donald Trump fuera a tomarla con los paraísos fiscales, dado su rechazo a todo tipo de gravamen internacional a la actividad económica. Pero esa línea de pensamiento ha quedado cuestionada en las últimas semanas por el ultranacionalismo del presidente, y su deseo de crear una economía autárquica. Wall Street cree firmemente que Trump quiere aplicar la estrategia de su asesor Stephen Miran de obligar a los países adoptar medidas económicas que obliguen a las empresas a irse de sus territorios a EEUU.

Estados Unidos, que en un lapso de aproximadamente siete años pasó de ser un proveedor irrelevante de GNL al mayor del mundo, se dispone a ampliar su capacidad de producción en un 60% durante la segunda presidencia de Trump, según una estimación de Bloomberg. Para finales de la década, casi uno de cada tres buques cisterna que transporten este combustible provendrá de Estados Unidos, lo que le da a Trump la mejor oportunidad de alcanzar el dominio energético mundial. Una promesa que repitió durante la campaña electoral. Paradójicamente, las políticas poco ortodoxas del presidente para distanciar a Estados Unidos de sus aliados no están perjudicando la demanda de gas natural estadounidense. Quien lo habría dicho teniendo en cuenta que en las primeras semanas de su segundo mandato buscó negociar un acuerdo de paz para Ucrania sin el apoyo de sus aliados históricos (ni tan siquiera el de Ucrania), impuso aranceles a sus socios comerciales y prometió una idea estrafalaria para solucionar la crisis de Oriente Próximo. A pesar de todos estos pulsos, los líderes de Europa, la India y Japón han respondido con promesas de comprar más gas estadounidense. “Es asombroso pensar que el presidente de Estados Unidos no tenga que preocuparse por la energía importada cuando negocia la paz en Oriente Próximo o en el continente europeo”, reflexiona Amy Myers Jaffe, profesora de la Universidad de Nueva York, que imparte clases sobre energía y financiación climática. “Eso significa que puedes liderar esos debates desde una posición de poder”.

Los coches eléctricos, símbolo de progresismo ecológico, se han convertido en un blanco de ataques políticos. El FBI investiga los casos de vandalismo contra concesionarios de todo el país, sin que se conozca un número exacto, porque no parecen estar coordinados. «Los Tesla son visibles, están a mano, aparcados en nuestros barrios», apunta un sociólogo. Algunos estadounidenses han vuelto su rabia contra esos blancos fáciles en los que ven al hombre más rico del mundo, Elon Musk, integrado en el Gobierno sin ocupar ningún cargo electo. Musk, propietario de Tesla, compró su acceso al presidente de EE UU, Donald Trump, con una inversión aproximada de 170 millones de dólares en la campaña electoral entre julio y noviembre de 2024. El líder republicano le respeta por su éxito como hombre de negocios, la fortuna amasada y la innovación de sus empresas tecnológicas, a menudo desarrolladas con la ayuda del Ejecutivo federal que ahora desmantela sin piedad, y no ha dudado en utilizar la Casa Blanca como expositor para promover la venta de sus coches. «Solo porque la corrupción se desarrolle a plena vista no quiere decir que no sea corrupción», denunció en X el senador demócrata Chris Murphy. Se calcula que Tesla ha recibido 15.700 millones de dólares en subsidios, deducciones fiscales, préstamos y contratos federales, mientras que las ayudas a SpaceX (también de Musk) ascenderían a 22.600, sin contar los 17.300 que recibió en febrero del Fondo Texano para la Innovación de Semiconductores o el contrato de 900 millones que le ha otorgado US Space Force. En total, solo hasta que Trump llegó al poder, 38.000 millones de dólares. «El verdadero ingenio de Musk es su habilidad para cosechar subsidios», dijo a ‘Fortune’ Jeb Barnes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California.

Musk ha perdido más de 140.000 millones de dólares por el desplome de las acciones de Tesla en los dos últimos meses, según un análisis de Bloomberg. Las ventas en China y Europa se han reducido a la mitad y la llegada de aranceles –que subirán los precios de estos coches americanos– no parece que vaya a hacer remontar los pedidos. Pero no solo Musk está en aprietos. El grupo de ‘Las Siete Magníficas’ ha caído 2,6 billones de dólares en capitalización bursátil desde el pasado 20 de enero, según los datos obtenidos de MarketCap, pese a que el presidente les había prometido un futuro de éxito basado en la desregulación del sector y las mejores condiciones para competir a nivel global en el campo de la inteligencia artificial (IA). Entre estas empresas se encuentran Amazon, Google o Meta, gigantes con tanto poder que podrían hacer cambiar el rumbo de las políticas de Trump al ver los nefastos resultados para sus cuentas. Los magnates propietarios de estas multinacionales se acercaron a Trump desde el momento de su elección e incluso fueron a la ceremonia inaugural de su mandato. A nadie le sorprendió la presencia de Elon Musk, a quien Trump ha nombrado jefe de Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una oficina externa al Gobierno que ofrece asesoramiento administrativo y presupuestario con el objetivo de «crear un enfoque empresarial para el Gobierno», como explicó el propio Trump tras ser reelegido. Pero llamó más la atención la presencia de Jeff Bezos (Amazon) o Mark Zuckerberg (Meta), en el pasado bastante críticos con el presidente pero que se fueron acercando a él a medida que se avecinaba la victoria. Entre este grupo de las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos –formado por Apple, Microsoft, Meta (Facebook y Whatsapp), Amazon, Alphabet (matriz de Google), Nvidia y Tesla–, sobresale el caso de Tesla, que desde el pasado 20 de enero se ha dejado en el parqué neoyorquino 640.000 millones de dólares (unos 585.000 millones de euros). Es una cifra abrumadora que, para ponerla en contexto, supone una tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB) español. Nvidia y Alphabet no están tampoco lejos de esa cifra, con pérdidas de capitalización bursátil en estos dos meses de 590.000 y 460.000 millones de dólares, respectivamente. Estos desplomes bursátiles han impactado directamente en el patrimonio de sus magnates, que, en la mayoría de los casos, son accionistas mayoritarios de sus empresas.