20240307

Con los últimos datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, que elabora el INE, correspondientes al tercer trimestre del año pasado, el País Vasco es la comunidad con la jornada efectiva por trabajador y mes más reducida y con los segundos salarios más elevados del Estado. En concreto, las horas efectivas por trabajador y mes en Euskadi se limitan a 108,5 horas, trece menos que la media estatal y 27,6 menos que las que efectúa un empleado en las Islas Baleares, que son los que efectúan una jornada real más amplia. Las Islas Canarias, otro de los destinos turísticos por excelencia, tienen la segunda jornada efectiva más elevada, con 127,6 horas, seguida por Castilla-La Mancha (125,4 horas). Los trabajadores madrileños, por su parte, se sitúan en la cuarta posición, con 125 horas. En la parte de abajo, los navarros son, tras los vascos, los que tienen una jornada mensual efectiva más corta (116,8 horas). Una realidad que convive, además, con los segundos salarios más elevados, ya que el coste salarial por trabajador y mes alcanzaba en ese tercer trimestre los 2.486,8 euros brutos. Solo Madrid cuenta con unos sueldos más altos. En concreto, 2.545,95 euros brutos. Una situación que se viene repitiendo en los últimos años, cuando la comunidad liderada por Isabel Díaz Ayuso se alzó a los más alto del podio. Ese segundo puesto, supone que un trabajador vasco percibe 369 euros brutos más al mes que la media del Estado, y 836 más que un empleado de Extremadura, comunidad que se sitúa a la cola. Eso sí, los salarios crecieron en Euskadi en el tercer trimestre de 2023 un 3,9%, por debajo de la media estatal, donde subieron un 4,2%, con Madrid liderando los incrementos (6,7%), seguida por las Islas Baleres (6%). Si ponemos el foco en el salario por hora efectiva, Euskadi sí se sitúa en el primer lugar, con un sueldo de 22,92 euros, 5,5 euros más que la media estatal (17,42 euros) y 9,2 euros más que en las Islas Canarias (13,73 euros). En la comunidad de Madrid el salario por hora efectiva es de 20,37 euros.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido del riesgo de tomar “decisiones erróneas de política económica” imponiendo una reducción de las horas trabajadas por ley y de forma homogénea. En una intervención en Cunef hace dos semanas, Hernández de Cos recordó que no se puede dar por garantizada la buena marcha del mercado laboral. Y señaló que la jornada laboral media ya se ha reducido de forma generalizada por sectores y en todos los países de la zona euro. A pesar de que el número de ocupados ha aumentado en España un 4,4% respecto a finales de 2019, el número total de horas trabajadas ha descendido un 2,1%, subrayó. Esta disminución podría explicarse, en parte, porque tras la pandemia de la covid-19 se han disparado las bajas laborales alcanzando máximos históricos. También puede haber contribuido algo la existencia de más empleo público, que trabaja en promedio menos horas. Y el gobernador enumeró además diversas razones estructurales de fondo: se aprecia una tendencia decreciente en las jornadas debido al progreso tecnológico; un aumento del tamaño del sector servicios caracterizado por trabajar de forma más intermitente; una mayor preferencia por hacer menos horas; un incremento de la participación femenina en el mercado laboral, y un alza de los contratos parciales. “Esta tendencia secular es importante tenerla en cuenta en relación con la reciente discusión en España sobre la posibilidad de efectuar una reducción de la jornada laboral legal”, declaró Hernández de Cos. Y añadió que la caída observada en la jornada media ha sido muy heterogénea y ha permitido adecuarse a las características específicas de las empresas y a sus efectos sobre la productividad y los costes laborales. También se han adaptado a las preferencias de los trabajadores, subrayó, en un contexto en el que el aumento del teletrabajo ha permitido una mayor conciliación del trabajo con la vida personal. “Todo ello debe tenerse en cuenta para no llevar a decisiones erróneas de política económica”, dijo en el acto organizado por el Instituto de Banca y Finanzas. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó de lado los matices y afirmó rotundo que el Gobierno central «hará todo lo posible» para evitar que el principal fabricante de trenes de alta velocidad español sea adquirido por un consorcio empresarial dirigido por un exasesor del presidente de Hungría, Viktor Orban. Apuntó también a las dudas sobre el origen del capital que pueda financiar la adquisición en referencia a las conexiones con Rusia de la economía húngara. Las declaraciones, realizadas en un evento público organizado por Prensa Ibérica, supusieron introducir un elemento beligerante sobre el planteamiento expresado por el ministro de Industria hace tan solo dos semanas. Jordi Hereu aseguró que el Gobierno considera a Talgo como un activo estratégico y que será necesario «el pleno convencimiento de que se mantiene el control». El giro de tuerca llegó cuando la corporación industrial que lidera Andras Tombor, como adelantó EL CORREO, tiene ya el acuerdo con los principales bancos que prestan dinero a Talgo. Se trata de un requisito imprescindible para hacer oficial la OPA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y sin el que las entidades financieras podían liquidar los préstamos ante un cambio de dueños. Las palabras del ministro Puente no han variado los planes del conglomerado empresarial húngaro que, según ha confirmado este periódico, sigue adelante con el proceso y consumará esta semana el registro ante el regulador de la Bolsa de la oferta por el 100% de las acciones de Talgo por 617 millones.

 La incipiente pero intensa actividad de administración, empresas y centros tecnológicos vascos en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde recibió ayer un espaldarazo durante la conferencia europea de esta nueva fuente de energía. En la inauguración del certamen, celebrado en el Bilbao Exhibition Centre, se destacó el papel que está jugando Euskadi en un reto de futuro clave en la descarbonización, pero que tiene ya un presente sólido con iniciativas como el Corredor Vasco del Hidrógeno y los movimientos que se están produciendo en el tejido productivo de la CAV. Es por todo ello por lo que la patronal europea ha escogido por segunda vez Euskadi como sede de su encuentro anual, en esta edición la conferencia EHEC24. Un foro en el que los agentes que operan en el sector comparten experiencias, cierran acuerdos de colaboración y sientan los cimientos de la nueva fuente de energía a escala global. La primera sesión de EHEC24, que se prolongará hasta mañana viernes, contó con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se dirigió a los presentes a través de un vídeo al encontrarse de viaje oficial en Brasil. Sánchez destacó que todas las iniciativas que se están poniendo en marcha demuestran que “España cree” en el hidrógeno y lo considera una “apuesta estratégica” para completar el esquema de producción energías renovables. 

Aunque cada vez menos, la industria sigue trasladando a todavía demasiada gente la imagen de talleres bañados en taladrina, de fundiciones donde refulge el hierro colado. Un entorno «hostil», especialmente para las mujeres, que solo representan el 18% de la fuerza laboral en el sector del metal vizcaíno. Y del 12% cuando se habla únicamente de ámbitos relacionados con procesos productivos. Y eso que las mujeres «pueden perfectamente» desempeñar cualquier trabajo del sector. Incluso en aquellos considerados más penosos, como «la colada continua, donde estás expuesto a un gran estrés térmico y se necesita fuerza física». Así lo cree Diana Mier, responsable del área de proceso de I+D en Sidenor. Ella fue una de las cuatro mujeres que ayer ofrecieron su punto de vista y experiencias personales en el foro ‘Mujeres e industria’. Un encuentro promovido por Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) con el apoyo del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. La sexta edición del encuentro quería poner en valor la presencia femenina en los ámbitos de la innovación industrial, por eso invitaron para el debate central de la jornada a cuatro mujeres que trabajan en departamentos de I+D en empresas del sector. Aunque, inevitablemente, la charla acabó girando en torno a cuestiones más genéricas, aquellas que tienen que ver con la menor presencia femenina en los trabajos y carreras STEAM. Es decir, en las relacionadas con la ciencia, arte, tecnología, ingeniería y matemáticas, especialmente en las tres últimas disciplinas. Una explicación es que, pese a los avances conseguidos, cuesta transmitir que la industria «ya no equivale a trabajo duro, exigente, de condiciones extremas», cree Alazne Romero, Project Leader de Ormazabal Protection & Automation, compañía experta en soluciones de alta tecnología para redes eléctricas. Ver más en FVEM. 

Cientos de trabajadores de la UPV/EHU se manifestaron ayer en las tres capitales vascas para denunciar el «empeoramiento» de las condiciones laborales del personal docente e investigador en los últimos años y exigir unas condiciones «dignas». La situación de «precariedad» a la que, censuran, se ve abocado el profesorado sustituto tras la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario (LOSU) el pasado año es la gota que ha colmado el vaso. Este fue el motivo por el que se convocó la huelga de ayer, a la que sólo estaba llamado el personal docente e investigador. El próximo día 12 hay prevista otra jornada de paros, dentro de la convocatoria de huelga general en el sector público. Los sindicatos tildaron de «exitosa» la convocatoria de ayer, en la que la actividad académica fue «muy escasa», aunque no ofrecieron datos concretos de seguimiento. Tampoco lo hizo la universidad, que contrariamente habló de un seguimiento reducido. Los trabajadores denuncian que el problema es estructural y aseveran que «no hay que mirar a Madrid» para buscar respuestas. Explican, por ejemplo, que la temporalidad en el personal docente ronda el 60% y que la burocracia es «asfixiante». También interpelan al Gobierno vasco. Un estudio del sindicato Steilas cifra en un 0,4% del PIB la financiación que el Ejecutivo autonómico destina a la UPV, que es, por cierto, la institución pública mejor valorada por los vascos, según el último Sociómetro. La LOSU establece que para 2030 se debe alcanzar el 1%. Las centrales también exigen a Lakua que actualice el decreto que regula los complementos salariales del personal y que lleva «congelado» desde 2006.

Askotan ikusi eta entzuten ditugu enpresen analisiak. Azterketa hau nola egiten den jakitea funtsezkoa da gaur egun. Balantzeak, aktiboa, pasiboa, izakinak… Hainbat kontzeptu ezezagun entzuten ditugu, baina dena enpresen transakzioak kodetzeko eta adierazteko sistema batean oinarritzen da, kontabilitatean. Kontabilitatea diziplina profesionala eta azterketa eremu erabakigarria da ekonomiaren eta negozioen munduan. Erakunde baten finantza informazioaren jarraipen, analisi eta komunikazio prozesua da, nahiz eta enpresa “arrunt”, irabazi-asmorik gabeko erakunde bat edo gobernu erakunde bat izan. Kontabilitatearen helburua erabiltzaileei informazio garrantzitsua eta fidagarria ematea da. Hauek erabaki informatuak hartzeko aukera emateko. Irakurri gehiago hemen. 

Espaldarazo de BBVA Research a las previsiones macroeconómicas de España. El gabinete de estudios de la entidad ha elevado sus estimaciones hasta mejorar del 1,5% al 2,1% el crecimiento del PIB nacional en 2024, por encima incluso de la previsión del Gobierno, que se queda en un 2%. Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de la entidad, explicó ayer durante la presentación del informe ‘Situación España’ que el descenso de los precios del petróleo desde el pasado septiembre y del gas, la moderación de la inflación y los tipos de interés, una política fiscal «más expansiva de lo esperado», así como la ejecución a un «mejor ritmo» de los fondos Next Generation son las patas sobre las que se asienta esta mejora de las previsiones. En concreto, la caída del coste de la energía podría añadir hasta un 0,4% al crecimiento del PIB en 2024, mientras que calcula que la inflación cierre este año en el 3,1% –casi medio punto por debajo de lo que preveía en noviembre– y en el 2,3% en 2025. El primer trimestre, que sirve de «anclaje» para el resto del año está yendo muy bien. Los economistas de BBVA Research avanzaron que el crecimiento del PIB de los tres primeros meses del año rondará el 0,6%. La herramienta de la AIReF que mide el avance de la economía en tiempo real señala que el PIB crece a un ritmo del 0,7% en este momento, superando así el último trimestre de 2023, que sorprendió positivamente con un 0,6%, dos décimas por encima del anterior. Con este impulso, la economía se apuntó un crecimiento del 2,5% en 2023.

Tras cerrar 2023 a la baja, gracias en parte a las válvulas de escape proporcionadas por la nueva Ley Concursal, como los planes de reestructuración y los procedimientos especiales para microempresas, los concursos empresariales han resurgido con fuerza en el arranque de 2024, preludiando un año difícil para el tejido productivo español. Entre enero y febrero, 1.249 empresas se vieron abocadas a solicitar la antigua suspensión de pagos, un 35,7% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos publicados ayer por Informa D&B, que muestran que las insolvencias van in crescendo, con 714 en febrero frente a las 535 de enero. El número de negocios en apuros es aún mayor si se contabilizan los planes de reestructuración (48) y los procedimientos especiales para micropymes (219), diseñados precisamente para evitar la entrada en concurso, que en muchos casos supone el pasaporte a la liquidación. Sumando estos procedimientos, el número total de empresas que se declararon en dificultades en los dos primeros meses del año ascendió a 1.516, un 48,4% más que en igual periodo de 2023. Todo ello sin olvidar que en solo dos meses se disolvieron 7.871 negocios, cifra similar a la del año anterior (7.979). Este rebrote de los concursos empresariales se produce, paradójicamente, en un entorno de crecimiento y resiliencia económicos (aunque con una clara pérdida de fuelle ante la debilidad de la zona euro), pero evidencia que muchos negocios lo están pasando mal por el fuerte encarecimiento de la financiación registrado desde 2022 y la devolución de los créditos avalados por el ICO durante el Covid, que miles de pymes y autónomos tienen problemas para afrontar (se estima que más de 34.000 han incurrido ya en impagos).

Fráncfort sigue en modo espera. Los analistas esperan que el BCE siga sin mover ficha hoy, a pesar de la rápida bajada de la inflación y del frenazo económico de Alemania. La institución que preside Christine Lagarde se dispone a mantener de nuevo los tipos de interés en el 4,5% –y la facilidad de depósito en el 4%–, manteniendo el precio del dinero en los niveles más restrictivos de su historia. La presión del sector más heterodoxo de la autoridad monetaria todavía no logra vencer la resistencia de los halcones, partidarios de apurar al máximo antes de empezar con las rebajas. Ante esa parálisis, los mercados empiezan a pensar ya en junio como la fecha más probable para una primera bajada. En su última comparecencia en Fráncfort, Lagarde despachó rápidamente la pregunta sobre un posible debate sobre las bajadas de tipos. “Ha habido consenso alrededor de la mesa de que es prematuro discutir sobre recortes de tipos”, sostuvo. Pero esa batalla empezó a producirse pocas horas de ese cónclave. Francia, Portugal e Italia han sido los más asertivos al plantear que las bajadas de tipos deben producirse pronto, mientras que los nórdicos abogan por esperar al verano. El BCE contará ya hoy con nuevas previsiones económicas sobre las que adoptar nuevas decisiones, pero por ahora los datos parecen avalar las tesis de las palomas: la inflación sigue desinflándose más rápido de lo previsto –y se sitúa ya en el 2,6% en el conjunto de la zona euro–, a la vez que la locomotora alemana sigue varada, como indican los últimos datos de actividad del sector industrial de febrero.

La batalla que se está librando entre Europa y China por el coche eléctrico ha subido de nivel, ya que la Comisión Europea ha detectado que el Gobierno chino estaría ofreciendo subsidios injustos a los fabricantes nacionales. La Comisión inició a finales del año pasado una investigación en relación con supuestas ayudas públicas ilegales de China a la producción de vehículos eléctricos en el país. Bruselas intenta luchar así contra una práctica que considera “desleal” y que distorsionaría el mercado. Los primeros frutos de esta investigación, que está previsto que concluya en noviembre, ya se están viendo. La CE, en un documento publicado ayer y recogido por Reuters, asegura contar con pruebas suficientes que demuestran ayudas públicas irregulares a la producción de coches eléctricos en China. Estas pesquisas han llevado a la Comisión a iniciar desde este mismo jueves el registro en las aduanas comunitarias de los coches eléctricos chinos importados, que podrían verse afectados por nuevos aranceles desde ese mismo instante, en caso de que la investigación concluya que están recibiendo ayudas ilegales por parte del Gobierno de China. Esta iniciativa europea se produce después de las quejas de grandes grupos automovilísticos europeos y con larga tradición en la región de desigualdad en las condiciones de competencia entre las compañías locales y las chinas. Las críticas apuntan a la facilidad que tienen las compañías chinas de coches para operar en Europa, en contraposición con las fuertes exigencias que aplica China a las extranjeras.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha retirado, de la noche a la mañana, el borrador del decreto con el que quería aplicar una subida histórica del 40% en la denominada tasa Enresa. Este gravamen es el que pagan las compañías propietarias de las centrales nucleares –Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP– al grupo estatal Enresa para que esta compañía gestione los residuos atómicos y el futuro desmantelamiento de esas instalaciones. La subida hubiera provocado un tasazo extra de 1.000 millones a Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, que se revolvieron contra la norma y amenazaron con una batería de demandas judiciales a todos los niveles. Todo empezó el pasado mes de enero, cuando el ministerio de Transición Ecológica sacó a consulta un borrador de real decreto para subir la tasa Enresa a las eléctricas. El borrador contemplaba subir la tasa desde los actuales 7,98 euros por megavatio producido a  11,14 euros por megavatio. Es decir, una subida, de golpe, del 39,5%. Teniendo en cuenta toda la producción de las centrales atómicas prevista antes de su cierre escalonado (392.273 gigavatios hora), las eléctricas pasarían de pagar en los próximos años 3.130 millones de euros a 4.369 millones, es decir, 1.239 millones de euros más. El Gobierno alegaba que el fondo que administra Enresa para la gestión de los residuos y futuro desmantelamiento de centrales iba a tener un agujero financiero porque al haberse cancelado definitivamente el proyecto de cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas (ATC) las alternativas de gestión de la basura nuclear iban a ser más caras. Para endosar el sobrecoste a las eléctricas, el Ministerio de Transición Ecológica se escudaba además en el argumento de que “el que contamina, paga”. El borrador salió a consulta el 13 de enero. En principio, el plazo para alegaciones iba a estar abierto hasta el 2 de febrero. Pero ya desde los primeros días las eléctricas plantearon batalla a través del Foro Nuclear, su lobby sectorial. 

Indra lanzó ayer su nuevo plan estratégico con un foco claro: ser la multinacional española de referencia en el negocio aeroespacial y de defensa y en tecnologías digitales avanzadas. Así lo indica la compañía en el plan que depositó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y lo remarcó su presidente, Marc Murtra, en la presentación realiza ante inversores. Las acciones cerraron ayer con un alza del 1,6% hasta 17,8 euros. En el plan estratégico, bautizado como Leading the future, la compañía se pone la meta de liderar el ecosistema español de defensa en menos de 10 años, un sector sobre el que impulsará su crecimiento: Indra tiene el objetivo de alcanzar los 6.000 millones de facturación en 2026, un 40% más que el récord que alcanzó en 2023, y dispararse hasta los 10.000 en el año 2030. Las claves, “acelerar la transición hacia una referencia nacional multidominio en defensa”, convertirse en el “coordinador del ecosistema de tecnología y servicios avanzados en las industrias de Europa y Latinoamérica”, ser un líder global en gestión de tráfico aéreo, así como desinvertir de activos no estratégicos y potenciar “proactivamente las adquisiciones y las alianzas”. En este punto, Indra, participada al 28% por la Sepi, confirma su intención de buscar inversores para Minsait, su filial de servicios de tecnología de la información. La empresa dice querer buscar una mayor “autonomía” y un reposicionamiento para Minsait, asociándose con “accionistas estratégicos mayoritarios o minoritarios para impulsar un ambicioso plan de crecimiento”, que prevé el desarrollo de una nueva línea de negocio centrada en la movilidad, y la venta de activos no estratégicos en la filial. Inteligencia Artificial, ciberseguridad, pagos y servicios en la nube están entre el resto de negocios que Indra proyecta para Minsait.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, quemó ayer el que podría ser su último cartucho antes de las elecciones, previstas en otoño y para las que todas las encuestas le auguran un descalabro frente a los laboristas. Su ministro de Economía, Jeremy Hunt, presentó unos presupuestos de 1,09 billones de libras (1,27 billones de euros), que venden la idea errónea de que se bajan los impuestos. La principal medida es el recorte de dos puntos en la cuota a la Seguridad Social que pagan 27,6 millones de asalariados y 2,2 millones de autónomos. Esta disminución, junto con la aplicada de otros dos puntos desde enero, permitirá que un asalariado con un sueldo medio (35.000 libras anuales) pague 900 libras menos al año (21.400 millones en total). Hunt cree que así se incentivará a trabajar a unos 200.000 inactivos. En cambio, el equivalente en el IRPF no se tocará, como tampoco se deflactarán los marginales. El Instituto de Estudios Fiscales aseguró, en relación a los impuestos sobre el trabajo, que por cada libra que se recorta en Seguridad Social, subirán 1,3 libras por otras vías.

Las lindes marcadas por el Gobierno para sacar adelante la ley de amnistía vuelven a moverse. Después de un mes de negociaciones llenas de altibajos con Junts y tras haber asegurado que no habría más modificaciones sustanciales, Pedro Sánchez anunció ayer en un vuelo rumbo a Brasil que su partido ha aceptado cambiar de nuevo la controvertida norma. Horas después, a las ocho de la tarde, los socialistas, los posconvergentes y Esquerra anunciaron, en un comunicado conjunto, un pacto que se plasmará hoy en la Comisión de Justicia del Congreso y que permitirá que el texto siga la tramitación, frenada en seco por los de Carles Puigdemont en el pleno del pasado 30 de enero. Ni la nota firmada por los tres partidos ni el jefe del Ejecutivo avanzaron el contenido del acuerdo, pero Sánchez sí admitió que lo que ha pretendido el PSOE es ofrecer al expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia, más garantías de que también él quedará cubierto por esa ley. Fuentes de Junts aseguran, además, que la norma amparará también los delitos de terrorismo y traición «adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español» y desde el ámbito socialista se confirma que solo quedarán fuera «los delitos más graves de terrorismo, torturas, traición o contra la independencia del Estado» y «la corrupción que suponga enriquecimiento personal». Sacar adelante la amnistía siempre ha sido prioritario para el presidente porque sin ella no será posible apuntalar siquiera mínimamente una legislatura marcada por la inestabilidad y ahora zarandeada, además, por el ‘caso Koldo’. 

Uno tras otro, empezando por el líder del Senado, Mitch McConnell, que en su día lo culpó de la insurrección del 6 de enero, los barones del Partido Republicano se fueron cuadrando ayer ante Donald Trump, dada la abrumadora superioridad mostrada en 14 de los 15 estados que votaron en las primarias del ‘Supermartes’. A su rival, Nikki Haley, no le quedó más remedio que tirar la toalla, lo que no significa necesariamente que se sume a su movimiento MAGA (Make America Great Again) y le rinda pleitesía. «Nunca sigas a la masa. Ten siempre tus propias ideas», parafraseó a Margaret Thatcher al anunciar su retirada. Haley era fan de la primer ministra británica, a la que citó en su libro ‘With all due respect’ (Con el debido respeto) por una frase que incorporó a su campaña: «Si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Pero si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer». Horas antes, en una entrevista en ‘The Mark Levin Show’, Trump había dicho de ella que se había «vuelto loca» y que era «una persona muy iracunda». Su exembajadora en la ONU era la única mujer en unas primarias en las que participaron al menos 13 hombres. Tuvo suerte de no ponerse en el punto de mira hasta noviembre, cuando su buen desempeño en los debates elevó su perfil como alternativa al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que como favorito fue blanco habitual de los ataques del magnate. Entonces empezó a llamarla por su nombre de bautismo, Nimrata, para destacar su origen indio, como hiciera en su día con Barack Hussein Obama. Ella todavía intentaba navegar entre dos aguas para no antagonizar a sus seguidores, como le ocurrió al exgobernador de New Jersey Chris Christie, quien se posicionó como el antiTrump de la campaña. Para cuando encontró su voz en New Hampshire y tuvo las agallas de atacarle, ya era demasiado tarde. Solo entonces entendió que lo que no le había gustado de Christie a los votantes independientes era su colmillo afilado y su falta de principios, porque los que intentan rescatar al Partido Republicano de Reagan y Bush aprecian las formas y los valores.