20250130

El Gobierno alemán rebajó ayer significativamente su previsión económica para 2025 –publicada el pasado otoño– debido, sobre todo, a que el fracaso de la coalición de Gobierno formada por socialdemócratas, verdes y liberales en noviembre ha impedido que se puedan poner en marcha medidas para incentivar el crecimiento. “Hemos reducido la previsión de crecimiento económico desde el 1,1% hasta el 0,3%”, informó el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, al presentar el último pronóstico del Ejecutivo del canciller Olaf Scholz, antes de las elecciones del 23 de febrero. “El informe económico anual resume la situación de Alemania y el diagnóstico es grave”, declaró en rueda de prensa. Las cifras de su anterior informe contaban con poder implementar un plan para fomentar la inversión, junto con medidas gubernamentales para reducir los precios de la electricidad e incentivos para prolongar la jornada laboral. Sin embargo, la salida del Gobierno de los liberales paralizó todos estos planes. De acuerdo con el estudio económico anual, los riesgos del comercio exterior han aumentado significativamente en vista de los posibles aranceles anunciados por el presidente de EE UU, Donald Trump, sobre las importaciones de la Unión Europea. Alemania es uno de los principales países exportadores del mundo. Los expertos esperan un ligero descenso de las exportaciones germanas en el año en curso. Asimismo, el consumo privado en Alemania tampoco se está recuperando debido a la incertidumbre por el futuro Ejecutivo y por Trump. Sin embargo, el Gobierno ve “luz al final del túnel” y espera un crecimiento económico del 1,1% en 2026, así como un repunte del consumo privado a lo largo del año. No obstante, este pronóstico también es inferior al dado anteriormente.

El 67,7% de la población asalariada de la Comunidad Autónoma Vasca se encontraba con sus convenios actualizados (vigencia plena) al finalizar 2024, 4 puntos porcentuales más que en diciembre de 2023, cuando el porcentaje era del 63,8%, según datos recogidos en el último informe sociolaboral publicado por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). El incremento salarial medio pactado en los convenios vigentes es del 3,35%, con una jornada laboral media de 1.704 horas. Según recoge el informe, existen diferencias entre los convenios negociados en Euskadi, cuyo incremento y jornada media se situó en el 3,51% y 1.685 horas, respectivamente, y los de ámbito estatal con incidencia en la Comunidad Autónoma Vasca, con un incremento salarial del 2,98% para 2024 y una jornada laboral de 1.745 horas. Estos "positivos" resultados son consecuencia, según el CRL, "tanto de los acuerdos logrados por los agentes sociales este año, como de los obtenidos en años anteriores". Por otro lado, el CRL ha señalado que, aunque la producción de la industria hasta noviembre descendió un 1%, el avance de Eustat sitúa el crecimiento de la economía vasca para el conjunto del año en 2,1%, con una tasa de paro que en el IV trimestre se mantuvo en el 7,1% y un incremento interanual del IPC que en diciembre se situó en el 3,6% en la Euskadi y en el 2,8% en el conjunto del Estado. Ver informe CRL aquí

La licitación lanzada por el Ejecutivo autonómico para que una consultora calcule un SMI vasco ya tiene adjudicataria. La firma guipuzcoana Ikertalde, dirigida por Iñigo Arteche, será quien asuma la tarea por un importe de 14.000 euros. El concurso se ha articulado como un contrato menor por ser inferior a 15.000 euros, de forma que se ha invitado a tres compañías a participar. Pero solo Ikertalde ha aceptado, mientras que las otras dos, Ikei Research e Iseak, han rechazado la oferta. El encargo consiste exactamente en «un estudio que justifique y proponga un indicador de salario mínimo de convenio para el País Vasco». El Gobierno vasco se comprometió a poner esta referencia sobre la mesa como contribución a la negociación abierta a petición de los sindicatos para fijar un SMI diferente para Euskadi, donde el coste de vida es mayor. La primera cita será el próximo jueves 6 de febrero y la patronal Confebask ya dijo en su momento que aceptaba sentarse, si bien no quiso ir más allá. La petición de esta mesa fue unánime de todos los sindicatos –ELA, LAB, CC OO y UGT– en lo que supone una unidad de acción casi inédita. No obstante, hay grandes diferencias entre las centrales sobre cómo abordar esta negociación. Así, los dos sindicatos abertzales pretenden que el salario mínimo que se acuerde se aplique a todos los trabajadores, incluso a aquellos que no están sujetos a la negociación colectiva, como las empleadas del hogar. También se han adelantado a fijar ya sus propios cálculos: LAB pide 1.600 euros y ELA eleva la cuantía a 1.795 euros. CC OO y UGT Euskadi, por su parte, no quieren dar cifras y dudan de que el SMI vasco se pueda aplicar incluso en los convenios negociados a escala estatal con aplicación en Euskadi.

Ya es oficial: el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá en 50 euros al mes en 2025 hasta los 1.184 euros brutos repartidos en 14 pagas, 700 euros más al año. Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien –tal y como adelantó este periódico– tenía muy claro cuánto quería elevar esta renta que cobran en torno a 50.000 trabajadores en Euskadi –2,5 millones en el conjunto de España–, principalmente empleadas del hogar y otros colectivos relacionados con el campo y el sector servicios. La ministra de Trabajo ha impuesto su criterio y no ha dado su brazo a torcer, pese a que en esta ocasión los empresarios sí se han mostrado dispuestos a negociar. La patronal sí hubiera aceptado para este año un alza de 34 euros al mes, la parte baja de la franja recomendada por el comité de expertos. En la reunión de ayer dieron un paso más y elevaron su propuesta del 3% que ofrecieron en un inicio al 3,4%, situándose ya dentro del perímetro marcado por el Gobierno. Pero la ministra de Trabajo no podía perder esta batalla una vez que la reducción de la jornada laboral, su medida estrella de la legislatura, es difícil que vea la luz ante la complejidad de lograr los acuerdos necesarios para su aprobación en el Congreso (ayer mismo Junts avanzó que votará no, aunque faltan aún varios meses hasta que llegue a la Cámara Baja). Por ello, ha preferido pactar un acuerdo en solitario con los sindicatos por el máximo recomendado por los expertos, un incremento de 4,4% que eleva así el salario mínimo por un trabajo a tiempo completo hasta los 16.576 euros brutos al año, que permite mantenerlo en el 60% del salario neto medio tal y como compromete la Carta Social europea. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se ha disparado más de un 60%, desde los 735,9 euros que se pagaban en 2018 hasta los 1.184 euros, lo que supone casi 6.300 euros más al año.

CCOO Euskadi denuncia un "subregistro" de enfermedades de origen profesional que son calificadas como comunes. Es frecuente que la patronal ponga el foco en el absentismo laboral como una de las causas de la pérdida de competitividad de las empresas. Según las estadísticas, Euskadi es líder en la materia, un desafío real que llevó a Confebask a reunir a líderes sindicales vascos, de Osakidetza y de la Seguridad Social en una inédita mesa redonda el pasado noviembre. También es habitual encontrar diferencias sobre el prisma desde el que se mira este problema. Y, este miércoles, CCOO Euskadi pidió de nuevo poner el foco en las causas detrás de esta realidad. En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la secretaria general de la central sindical, Loli García, y el responsable de Salud Laboral, Alfonso Ríos, lamentaron que se siga hablando de absentismo laboral cuando, en realidad, se está ante un problema de bajas por motivos de salud, muchas veces derivados de la actividad profesional. Es más, el sindicato denunció la existencia de un "subregistro" de enfermedades de origen profesional que son calificadas como contingencia común. Y puso cifras: desde 2014, el sindicato ha logrado demostrar en los tribunales que 875 casos habían sido mal calificados. En la mayoría de ellos se trató de dolencias musculoesquieléticas –más de la mitad– y trastornos mentales de carácter leve. Otro dato que aportaron: solo el 10% de los cánceres de origen profesional son diagnosticados como tal. "Otros tendrán sus números, por lo que el problema es más grave", señalaron. CCOO denunció el impacto de este subregistro en las listas de espera de los servicios públicos de salud, el papel de las mutuas y "el falso debate del absentismo laboral que están intentado generar desde las organizaciones empresariales".

Si el gravamen especial a la facturación de las empresas energéticas supuso la ralentización e incluso la paralización de inversiones por parte del grupo Repsol, el final de ese ‘impuestazo’ tiene ya su efecto de rebote. La compañía decidió ayer levantar el veto a las inversiones en España, aprobó la inyección de 800 millones de euros en un proyecto ligado al metanol renovable para sus instalaciones de Tarragona y en breve dará luz verde a la producción masiva de hidrógeno en Petronor. Así lo indicaron fuentes de la compañía, tras asegurar que todas las iniciativas industriales que estaban en cartera se relanzarán a partir de ahora. Parece descartado que la aprobación del proyecto de Petronor se realice en el consejo previsto para finales de febrero –será el de aprobación de las cuentas de 2024– pero puede suceder ya en el de marzo. El proyecto de Petronor, en el que están implicadas muchas más empresas en lo que se conoce como el Corredor Vasco del Hidrógeno, busca la producción masiva de este gas a partir de energía eléctrica renovable. Supone una inversión de al menos 250 millones de euros, con un electrolizador de 100 megavatios –la máxima capacidad de producción de los que se están instalando en Europa– y el destino del gas será descarbonizar una parte de la actividad de Petronor y suministrar también hidrógeno a otras industrias de Bizkaia. «¡Estarás contento!», fue el saludo al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, con el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó una reunión con destacados representantes del Ibex en un encuentro privado en Davos la pasada semana. Justo ese día el Congreso rechazaba el real decreto aprobado por el Gobierno para convertir en indefinido el gravamen que inicialmente iba a ser temporal. Quizá sea una casualidad, pero lo cierto es que el primer proyecto de inversión de Repsol tras levantar el bloqueo va dirigido a Cataluña. Y es que el rechazo de los parlamentarios de Junts fue determinante para eliminar esa carga tributaria, mientras que la posición del PNV –también rechazó el decreto– tenía otro interés: convertirlo en un impuesto vasco y seguir cobrándolo, pero en beneficio de las arcas de las diputaciones forales.

El horno de vidrio flotado de Guardian Llodio ya pierde temperatura. La principal infraestructura inició ayer, hacia las 11.00 horas, su proceso de apagado. Lo hizo, según portavoces del Departamento de Industria, «bajo la supervisión de los servicio técnicos enviados por el Gobierno como se había acordado con la empresa». Comienza así un proceso que, según el Ejecutivo autonómico, será «controlado» y preservará la integridad de la principal infraestructura de la antigua Villosa para «posibilitar la entrada de nuevos proyectos industriales». Una vez consumado este paso, se abre una segunda carrera: la de tratar de mantener la actividad en Llodio. Fuentes del equipo de Mikel Jauregi confirmaron ayer que hay «varios inversores interesados» con los que ya se ha contactado para que Lakua medie con Guardian. El lehendakari, de viaje oficial en Bruselas, también apuntó a los esfuerzos de su Ejecutivo por dar con «un nuevo socio industrial» que esté dispuesto a invertir en la factoría alavesa y evitar así el despido de 171 trabajadores. «No podemos perder el empleo industrial. Debemos defender los puestos de trabajo, mantenerlos y tratar de crear nuevos», afirmó el presidente autonómico. Pero a más de mil kilómetros del corazón de las instituciones comunitarias, arrancaba una especie de ceremonia de la confusión. La alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka (EH Bildu), aseguró que había un grupo «extranjero» entre los interesados. Sin embargo, desde la Diputación de Álava, se descartaba esa opción. Saray Zárate, diputada de Desarrollo Económico e Innovación, planteaba que «por el momento» el listado de potenciales compradores que maneja el Gabinete Pradales sólo está compuesto «por socios nacionales», algunos de ellos radicados en Euskadi. A las puertas de Guardian, la confusión pivotaba sobre el modo de proceder con el horno. 

El esperado cambio de control en Talgo tiene 15 días por delante que se antojan decisivos. El fondo Trilantic, con el 29,9% del capital, quiere ofertas a mediados de febrero y las candidatas apuntalan sus posiciones contra el reloj. El Ministerio de Transportes, que tutela la entrada de nuevos accionistas tras colgar el cartel de empresa estratégica sobre Talgo, mantiene su apuesta por la siderúrgica vasca Sidenor, que ayer deslizó a los medios su intención de ser el único socio industrial en el capital del fabricante de trenes. El fondo público polaco PFR también hace un trabajo soterrado y tiene al Gobierno de Donald Tusk tratando de convencer al español sobre un plan industrial que aúna la fuerza del fabricante de material rodante Pesa, controlado por la propia PFR, con la del especialista en alta velocidad Talgo, pasando por una opa amistosa. El que parece un portazo de Sidenor a PFR se produce después de que esta entidad dejara caer el lunes toda disposición a compartir su ofensiva con inversores españoles. Fuentes cercanas a PFR explican que no hay líneas rojas a la hora de hablar con cualquier compañía o inversor que aporte el sello local. Esto incluye a Sidenor, al fondo público vasco Finkatuz, a la SEPI, las fundaciones de Kutxabank, Criteria, Escribano, o cualquier otra de las referencias que han sonado en los últimos meses como dispuestas a apostar por la firma que dirige Gonzalo Urquijo. En el entorno de Sidenor se afirma que ni PFR ni Pesa han entrado en contacto con el grupo de José Antonio Jainaga. Tampoco se espera el cierre de una alianza con el capital polaco. El problema para Sidenor, en la competencia con PFR o la india Jupiter Wagons, es que estas dos últimas parecen tener capacidad para sacar adelante una oferta por el 100% del capital, mientras que la vasca solo ha estado dispuesta a ofertar por el paquete de Trilantic.

El sector de la logística en Álava, una de las actividades con mayor músculo en la economía del territorio, dará un nuevo salto este año con el macroproyecto que se estrenará en Etxabarri Ibiña, junto al centro comercial Gorbeia. En este enclave tan privilegiado, a pie del aeropuerto de Foronda, la autopista e infraestructuras ferroviarias, se encuentran ya bastante avanzados los trabajos de construcción de una gran plataforma que aspira a atraer a ‘gigantes’ del ámbito de la distribución. En concreto, se ha acometido más de un tercio de las obras del complejo impulsado por el promotor privado P3 Logistics, que prevé tenerlo listo para el segundo semestre de este año, confirmó ayer la firma. Se trata de una plataforma de más de 43.000 metros cuadrados que se está levantando en un terreno de 70.000 en el municipio de Zigoitia, a menos de veinte minutos por carretera desde Vitoria. Con esas dimensiones, será una de las edificaciones más grandes del País Vasco dedicadas a este sector y contará con prestaciones de «última generación». Un importante desembarco que se sumará a otras grandes compañías que han escogido Álava para levantar sus grandes bases de almacenamiento de tamaño ‘XL’, como Panattoni (adquirió el pasado año 100.000 metros para varias naves en Arasur) o Lidl (53.000 en Nanclares). Más recientes son las apuestas de Amazon, DHL o Merlin por instalarse o ampliar sus dependencias en polígonos industriales alaveses. En Etxabarri Ibiña, que con este proyecto ganará relevancia como centro logístico en el territorio, la macroplataforma avanza con la colocación de todos los pilares y el asentamiento de la estructura, en unas obras que se desarrollan «según lo previsto» y de las que se encarga la firma Magna industrial. Será una nave será «divisible y modulable» en espacios de 21.000, 8.000, 7.000 y 6.000 metros cuadrados, además de las oficinas. Contará con capacidad para albergar hasta «cuatro inquilinos».

El sector de la aeronáutica, junto al logístico, también crecerá en el territorio con el plan de la multinacional DHL para levantar un hangar para el mantenimiento de sus aeronaves en el aeropuerto de Foronda. Una nueva infraestructura que requerirá de profesionales especializados en este campo. Para ello, Álava estrenará una FP específica, que se prevé que arranque el curso que viene. Será concretamente un Ciclo de grado superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina, que es como se denominará esta titulación que impartirá Egibide, según indica a EL CORREO Xabier López de Santiago, Director de Innovación y Relaciones externas del centro. Su previsión es que este ciclo se comience a impartir «el próximo curso 202526». También la Diputación alavesa, que impulsa esta formación mediante una aportación económica, prevé que la formación arranque en ese plazo, como confirman a este diario portavoces del departamento de Desarrollo Económico e Innovación que capitanea la diputada foral Saray Zárate. Sin embargo, desde el centro educativo explican que todavía quedan pasos para completar la tramitación. En ese marco, «esta semana vamos a realizar la solicitud formal al Gobierno Vasco de la inclusión de este nuevo ciclo formativo en la oferta de Egibide». Esperan que la respuesta definitiva de Lakua llegue a finales de marzo, señalan. Por su lado, el gigante alemán de la paquetería tendrá listo su nuevo pabellón para reparar aviones en Foronda para mediados de 2027. 

Más de nueve de cada diez alumnos de la Formación Profesional vasca están trabajando seis meses después de realizar un Curso de Especialización –el equivalente a un Máster universitario–. Este fue uno de los datos más relevantes que aportó ayer Hetel, la red que aglutina a todos los centros concertados de la FP en Euskadi, en un acto en Bilbao en el que presentó el informe anual de la situación laboral en los ciclos formativos del curso 23/24. En esta tesitura están ahora Asier Claver y Julen Teijeira, dos de los estudiantes de Goierri Eskola, en Ordizia, que están realizando ahora el Curso de Especialización de Mantenimiento Avanzado de Sistemas Ferroviarios. Ambos, de 20 y 22 años, comparten clase y empresa de prácticas, Cetest, ya que son parte del programa de FP Dual Intensiva. «Estudiar un Grado Superior y hacer esta especialización después era una gran oportunidad que no podíamos desaprovechar», apuntan estos dos estudiantes, naturales de Altsasu y Ordizia. ¿Por qué? «Porque es un ámbito interesante y con muchas salidas laborales, ya que aquí está CAF y en el País Vasco hay también otras empresas potentes del sector», admite Teijeira. Lo que para algunos jóvenes en Euskadi puede ser una tortura, como es buscar un empleo, para los alumnos de la FP vasca es una tarea más llevadera. «Sí, tenemos claro que si nos sale bien este curso vamos a encontrar un trabajo al terminar», afirman con ilusión los dos. Si lo consiguen, pasarían a engrosar la lista de estudiantes de la FP vasca que están empleados seis meses después de titularse. En este sentido, Julen Elgeta, presidente de Hetel, avanzó ayer que el 83% de los titulados con Grado Superior están trabajando en estos momentos y que, en el caso de los que han hecho una especialización –como Asier y Julen–, ese porcentaje crece hasta el 92,5%.

La Formación Profesional (FP) vasca continúa ofreciendo datos muy elevados de inserción laboral, superiores al 80%. Y, cuanto mayor es la especialización del alumnado, más posibilidades tiene de encontrar trabajo de forma casi inmediata. Por ejemplo, la FP superior dual intensiva (un programa en el que los estudiantes pasan buena parte del curso en empresas) cuenta con unos índices de inserción del 85%. En el caso de quienes realizan un curso de especialización (similares a los másteres universitarios), la cifra se dispara por encima del 90%. Así se desprende del informe anual de empleabilidad de Hetel, una asociación que aglutina a 33 centros de FP concertados en Euskadi. El documento ha sido presentado este miércoles por el presidente de Hetel, Julen Elgeta, y la responsable de empleo y emprendimiento de BBK, Oihane Aldaiturriaga. El texto ahonda en una cuestión de la que vienen alertando las instituciones desde hace años. Los ciclos de FP con más salidas son los STEM, los del ámbito industrial y tecnológico (automatización y robótica industrial, programación de la producción, mecatrónica, fabricación mecánica...). Son, por lo general, los que cuentan con mejores condiciones y sueldos más altos. Pues bien, en estos grados apenas hay mujeres: un 9,6% en los centros de Hetel, pese a que en el conjunto de la FP vasca suponen el 34% del alumnado. Las chicas que cursan estos ciclos tienen una tasa de inserción labo ral del 90%, según el citado informe, muy por encima de la media de los grados superiores. Según ha expuesto Elgeta, ellas se decantan más por las familias profesionales de servicios (industrias alimentarias, administración y gestión, hostelería y turismo, comercio y marketing, además de artes gráficas o química). «Hemos detectado que los chicos han comenzado a matricularse en los grados más feminizados, pero al revés no está sucediendo», ha explicado. Incrementar la proporción de mujeres en el ámbito industrial y tecnológico es, a su juicio, un reto como sociedad para dotar también a las chicas de la posibilidad de tener las mejores condiciones y los sueldos más altos del mercado.

EDA Drinks & Wine Campus, el proyecto de Basque Culinary Center en Vitoria y Rioja Alavesa, ha dado a conocer su programa formativo. Este proyecto destinado a reforzar el sector del vino y las bebidas a través de cursos e investigación, avanza así en su hoja de ruta con el anuncio de un grado universitario en Vino y Bebidas, que comenzará en el curso 2027-2028 y se desarrollará en la sede vitoriana, salvo algunos módulos que se impartirán en Laguardia. A esa carrera se le sumarán otros seis másteres entre 2026 y 2028. Los universitarios serán títulos en 'Innovación en Bebidas', con especial atención a las que tienen bajo o nulo contenido alcohólico; y en 'Viticultura y Enología', que integra innovación, digitalización y sostenibilidad en la formación de los futuros directores técnicos de viñedos y bodegas. Completan la oferta otros cursos no universitarios: máster de Formación Permanente en Innovación y Tecnología Cervecera, desarrollado en colaboración con la Asociación Nacional de Cerveceros; máster de Formación Permanente en Destilados, con una perspectiva multidisciplinar, aborda digitalización y las prácticas de consumo responsable; máster de Formación Permanente en Innovación en Sumillería, que fusiona el arte y la ciencia de la sumillería con la tecnología y la sostenibilidad; y máster de Formación Permanente en Comercialización y Negocio del Vino y Bebidas, centrado en negociación comercial, branding, digitalización y e-commerce.

Una treintena de agentes, entre los que se encuentra Confebask, aprobó ayer un texto «de consenso» acerca de los principios y valores para entrar ya en la última fase para «fortalecer» el sistema sanitario vasco. El Pacto de Salud entró ayer en su tercera y última fase, la relativa a las estrategias que deben establecer las bases para «fortalecer» y «transformar» el sistema sanitario vasco, después de que la treintena de participantes en la mesa aprobasen un documento «de consenso» acerca de los principios y valores que deben de regir en la futura Osakidetza. Este paso permite a los participantes coger el bisturí para entrar al detalle de los cambios que necesita el Servicio Vasco de Salud, que se llevará a cabo a través de unos grupos de trabajo con el objetivo de «dinamizar y agilizar el proceso», cuya próxima cita se ha establecido para el próximo 26 de febrero. La cita, que se alargó durante casi cuatro horas en el recinto ferial de Ficoba en Irun, contó con la ausencia del sindicato LAB, que la víspera declinó participar en la reunión, y el rechazo al documento acordado de Sumar, formación que considera esta mesa un «ejercicio estético que evita enfrentar las dinámicas de privatización y externalización que han debilitado Osakidetza». EH Bildu, crítico en las anteriores reuniones, aseguró que «hay bases» para seguir adelante, aunque su parlamentaria Rebeka Ubera reconoció que todavía quedan «algunas cosas por clarificar». En el texto aprobado ayer, la treintena de agentes –partidos políticos, sindicatos, colegios médicos, universidades o asociaciones de pacientes– detallaron las principales patologías a analizar y algunos tratamientos a aplicar que pivotarán en torno a la universalidad, solidaridad, equidad y autonomía de Osakidetza.

El gasto en protección social crece un 7,9% en Euskadi y alcanza los 24.381 millones de euros. La partida para familias y vivienda es la que más aumenta debido, sobre todo, a las prestaciones económicas por hijos y el alza de la ayuda al alquiler, según recoge el último estudio del instituto vasco de estadística Eustat, con datos de 2023. En un año, el gasto se ha incrementado en casi 1.800 millones y el porcentaje del PIB ha pasado del 26,1% al 26,3% en un ejercicio. La mayoría del gasto en protección social corresponde a las prestaciones, esto es, a aquellas ayudas para personas vulnerables. Así, de los 24.381 millones, 24.080 son de las diferentes medidas impulsadas por las instituciones para dar apoyo a quienes más lo necesitan, y 302 para gastos administrativos. Destaca sobre todo el crecimiento de las ayudas para familias con hijos, que registran un aumento del 16,5% de 2022 a 2023. Esto significa que se destinaron 133 millones de euros más en un año, llegando hasta los 934. Se explica, sobre todo, por la ayuda de 200 euros mensuales para familias con niños de entre 0 y 3 años puesta en marcha en 2023, una medida que la sociedad hace tiempo reclamaba. El gasto en vivienda también experimentó un «importante» crecimiento, del 12,7%, esto es, 24 millones más, como consecuencia del aumento en prestaciones económicas de ayuda al alquiler. Sea como fuere, es la función con menor peso relativo en el gasto total de las prestaciones sociales, un 0,9%. El área de la vejez, en una sociedad cada vez más mayor como es la vasca y, más concretamente, la guipuzcoana, sigue siendo la que mayor incremento experimenta en valores absolutos, con 1.026 millones más en 2023 respecto a 2022. 

Doce años han tenido que pasar para que se repita la foto de un presidente del Consejo Europeo recibiendo a un lehendakari. Imanol Pradales concluyó ayer su viaje oficial a Bruselas –el tercero en lo que lleva de mandato– con una reunión de una hora de duración con el ex primer ministro de Portugal Antonio Costa, con quien trató la oficialidad del euskera en las instituciones europeas y la creación de la Macrorregión Atlántica, entre otros. «Ha sido una reunión muy importante al máximo nivel político en el que hemos podido tratar la agenda de Euskadi», destacó a la salida el lehendakari. Fuentes europeas destacaron que el encuentro se inscribe dentro de la voluntad del presidente Costa de acercar las instituciones de la Unión a los ciudadanos y las regiones europeas. Pradales, por su parte, puso en valor «la sensibilidad» del portugués con Euskadi, «que puede jugar un papel relevante en las políticas de competitividad y reindustrialización de Europa». Trabajar con las regiones «exige valorar las singularidades, sin homologar a todas las naciones sin Estado y regiones». Y una de las particulares de Euskadi es el euskera, cuya oficialidad dentro de las instituciones europeas han impulsado el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. «Es un tema que está en la agenda del Consejo Europeo y que hay que trabajar poco a poco a nivel diplomático». Y es que, aunque los trabajos continúan a nivel técnico, la medida necesita de unanimidad de los Veintisiete para salir adelante. Varios países, algunos de ellos nórdicos, han mostrado reticencias ya que creen que podría sentar un precedente y abrir la puerta a la oficialización de otras lenguas minoritarias.

Fue el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien puso voz al giro de su partido al defender que con el PNV y Junts hay que mantener una «relación fluida. No podemos aislarnos». Feijóo anunció ayer su apoyo al nuevo decreto social del Gobierno pese a incluir la polémica devolución del palacete de París a los jeltzales, una decisión que ha escalado el enfrentamiento entre Génova y Sabin Etxea a una tensión desconocida y que habrá que esperar si sirve para desinflamar el choque. Hace tiempo que las relaciones del PP con el PNV son una especie de ‘ni contigo, ni sin ti’, que en las últimas semanas había virado drásticamente a la primera parte de la frase. La polémica operación, acordada entre Sabin Etxea y el Gobierno de Pedro Sánchez, para traspasar a los jeltzales la titularidad del edificio parisino que albergó al Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco por los nazis había dinamitado definitivamente los puentes entre ambas formaciones. O eso parecía. El clima era de guerra total hace tan solo unos días. Pero la dirección del viento ha empezado a cambiar y, con ella, las señales de humo que apuntaban a un choque irreconciliable entre Génova y Sabin Etxea. Alberto Núñez Feijóo, que la semana pasada no sólo arremetió contra «los regalos y privilegios a los nacionalistas» sino que cerró la puerta al diálogo con un PNV «sometido al sanchismo», decidió ayer, con más celeridad de lo esperado para zanjar el debate interno en el PP, apoyar el nuevo decreto social de Sánchez. Un texto finalmente troceado para obtener el imprescindible apoyo de Junts.

El fiscal general del Estado decidió ayer ir al choque directo con el juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos. Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer jefe del Ministerio Público en declarar como investigado, en este caso por la supuesta filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, y su estrategia de defensa se basó en un negación de la causa abierta por el alto tribunal y, sobre todo, por la instrucción que dirige Ángel Hurtado. No solo rechazó contestar a las preguntas del magistrado, al considerar que tiene un prejuicio contra él, sino que negó «rotundamente» estar detrás de la filtración y reiteró que el registro de su despacho fue una «intromisión ilegítima». En su inédita comparecencia, el fiscal general optó por contestar únicamente a su letrado, representante de la Abogacía del Estado, y decidió llevar a una nueva dimensión su enfrentamiento con Hurtado, ya introducido por el denso cruce de autos y escritos previos al interrogatorio. «Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad», aseguró ayer el fiscal general, que echó en cara al juez no querer indagar otras líneas de investigación sobre el origen de la filtración, según detallaron fuentes jurídicas. Se refirió así García Ortiz a las testificales de tres periodistas que aseguraron en sede judicial que accedieron al correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, antes que el propio fiscal general. O la negativa de Hurtado a comprobar la veracidad del testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, y el uso «malintencionado» que le dio al ‘mail’ sobre las conversaciones del abogado de González Amador con el fiscal que le investiga por presunto fraude fiscal, Julián Salto. 

Pese al sorprendente acelerón de la inversión en la recta final de 2024, como muestran los datos de Contabilidad Nacional, este epígrafe ha sido, y sigue siendo, uno de los principales flancos débiles de la economía española en los últimos años, con tasas de crecimiento inferiores al PIB, condicionando con ello el dinamismo de la productividad, un factor crítico para cualquier economía, que, sin embargo, no logra despegar en España. Esta debilidad se deja notar sobre todo en la inversión productiva empresarial (sin contar la inversión en vivienda), “que ha pasado de representar un 12,6% del PIB en 2019 a un 10,7% en 2024” (según el promedio de los tres primeros trimestres) y que la inversión pública solo ha logrado paliar en parte, al auparse hasta el 2,8% del PIB en 2024 frente al 2,2% prepandemia a lomos de las inversiones acometidas durante la crisis sanitaria y del despliegue de los fondos europeos de recuperación. Así lo refleja un informe del Banco de España en el que analiza “la debilidad de la inversión empresarial en España tras la pandemia” a partir de la última encuesta realizada por la institución sobre actividad empresarial y los datos de su Central de Balances. Esto es, son las propias compañías las que hablan sobre los factores que “pueden estar limitando la inversión empresarial” y entre ellos sobresalen tres: la incertidumbre sobre la política económica, “que afecta negativamente a un 40% de las empresas” y se perfila como “el principal obstáculo para la inversión”; la regulación empresarial, mencionado por un tercio de las compañías, y la subcontratación de procesos productivos, que afecta a otro tercio, aunque en este último caso “la inversión puede darse en las empresas subcontratadas y, por tanto, no tener un impacto negativo en la inversión agregada”. A este cóctel se añaden otros ingredientes como los costes de financiación, los factores de oferta y demanda o, expresamente, la regulación laboral, que en los últimos años ha experimentado notables cambios, sin contar con el de gran calado que ya se perfila en el horizonte: la futura implantación de la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales sin rebaja de sueldo.

Según el avance que publicó ayer el INE, en 2024 la economía española creció un 3,2%, en plena atonía europea y acelerándose respecto al 2,7% registrado el año anterior. El consumo de los hogares ha ido recuperándose conforme aminoraba la inflación, los sueldos subieron cerca del 5% en promedio y se mantuvieron unas importantes ayudas públicas diseñadas para paliar el impacto de los precios. También contribuyó la actualización que se hizo de las pensiones al 8,5%, que además provocó un aumento del ahorro. Tres han sido los motores principales: por un lado, un turismo en cifras récord y una hostelería impulsados con una inusitada fuerza tras la pandemia pese a subir mucho los precios. Por otro, la fortísima llegada de inmigrantes, que ha compensado la disminución de la población autóctona por el envejecimiento, cubriendo las necesidades de vacantes. Según la encuesta de población activa, de los 468.000 puestos de trabajo creados el año pasado, solo 59.000 fueron ocupados por nacionales. El 88% del empleo generado se debe a trabajadores extranjeros o de doble nacionalidad. Y por último: el consumo público, que ha seguido escalando, sobre todo por las autonomías, incluso después del fuerte incremento que vivió con la pandemia, apoyado en el dinamismo de los ingresos públicos por la inflación. La cara menos positiva de este patrón de crecimiento es que la productividad no arranca con el vigor que sería deseable, aunque por fin crece tras varios años estancada. Al fin y al cabo, el turismo, la inmigración y el consumo público no se caracterizan por empujar la productividad. La otra nota negativa y que también explica ese comportamiento más pobre de la productividad es la trayectoria que ha trazado la inversión privada, que ha sido el capítulo más rezagado en la recuperación de la pandemia a pesar de los fondos europeos y de que las empresas presenten unas cuentas saneadas. Si bien esta rúbrica empieza a repuntar también en los últimos datos en un contexto en el que han comenzado a descender los tipos de interés y se afianza un crecimiento muy robusto.

BBVA no tendría ninguna ganancia contable por la fusión con Sabadell ahora mismo. El fondo de comercio negativo, también conocido como badwill, que le generaría a BBVA la fusión con Sabadell sería nulo si cerrara hoy la operación. El fondo de comercio negativo, que es uno de los aspectos clave para las entidades a la hora de acometer una transacción, ha caído en los últimos meses. La remontada en Bolsa que BBVA ha firmado en los últimos días y el ajuste de la oferta que acometió el pasado 1 de octubre explican la caída del badwill. Esta circunstancia se da cuando la entidad que compra otra lo hace a un precio inferior a su valor contable. La diferencia entre el coste final de la transacción y el valor contable de la entidad adquirida genera un impacto positivo en las cuentas de la firma compradora, en este caso BBVA. La firma dirigida por Carlos Torres incluyó en el documento de opa que presentó en julio al regulador de los mercados de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que el badwill por la fusión sería de hasta 2.134 millones de euros. Esta cifra la incluyó en base a las cuentas consolidadas de 2023. Pero los números han cambiado drásticamente. El patrimonio neto de Sabadell al cierre del tercer trimestre –últimos datos disponibles– ascendió a 14.425 millones. Y BBVA prevé realizar ajustes por 2.806 millones, según indica en el documento enviado a la SEC. Esto reduciría el patrimonio neto ajustado de Sabadell hasta 11.619 millones

La Comisión Europea presentó ayer la Brújula de la Competitividad, una nueva doctrina económica con la que aspira a que la Unión Europea plante cara a EEUU y China. Una de las principales novedades de esta hoja de ruta es la de dar prioridad a las empresas y productos europeos frente a los de terceros países en las licitaciones públicas, pero el plan también es un apuesta decidida por la reducción de cargas burocráticas, la unificación de licencias, la transición verde y digital o el impulso de la innovación. “Europa tiene todo lo que le hace falta para triunfar en la carrera por alcanzar la cima. Pero, al mismo tiempo, debemos corregir nuestras debilidades si queremos recuperar la competitividad”, expuso ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una rueda de prensa para presentar el plan, aseverando que ha llegado el momento de “pisar el acelerador” y actuar con “unidad” para plantar cara a grandes competidores internacionales que “se benefician de condiciones desiguales, subvenciones poco transparentes o políticas de apoyo que provocan un exceso de producción estructural”. La Brújula de la Competitividad, diseñada a partir de los informes sobre Competitividad y Mercado único encargados, respectivamente, a Mario Draghi y Enrico Letta, se basa en tres pilares: cierre de la brecha de innovación; hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad; y reducción de dependencias, mejora de resiliencia y seguridad. “La Unión Europea presenta hoy su doctrina económica para los próximos cinco años, se puede resumir en una palabra clave: competitividad, que estará presente en cada euro que gastemos y cada iniciativa que presentemos”, apuntó, por su parte, Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial de la Comisión. Su aplicación, explicó, pasa por tres palancas: “simplificar, invertir y acelerar nuestras prioridades económicas” para asegurar un “modelo europeo descarbonizado, social y respetuoso con nuestros valores”.

Como la noche y el día. La estrategia de competitividad de la Unión Europea (UE), que presentó ayer la Comisión Europea, no podría ser más diferente de las medidas que está tomando el presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump. Mientras el inquilino de la Casa Blanca firma decretos a una velocidad vertiginosa, el Ejecutivo comunitario ha elaborado una hoja de ruta que combina las ideas recogidas en los informes del expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y el ex primer ministro italiano, Enrico Letta, pero que no aterriza ninguna medida concreta. Tampoco cuenta con un presupuesto concreto. Todo ello en un momento de urgencia para el bloque, que ve crecer su brecha de competitividad con EE UU y China. La estrategia europea pasa por la simplificación de la regulación medioambiental, una mejor coordinación de las políticas europeas y nacionales, más inversiones en innovación, la descarbonización de la industria y la reducción de la dependencia energética. Para lograr estos objetivos, Bruselas pide «explotar completamente los beneficios del Mercado Único» a través de la «eliminación de barreras», así como enfocando el presupuesto comunitario en la financiación a la innovación.

La Comisión Europea va a frenar el proceso de transición verde. O desacelerarlo o tal vez recalibrarlo, término que puede que guste más en Bruselas para no admitir explícitamente que se ha producido un cambio de postura. Pero el giro es real y la propia presidenta, Ursula von der Leyen, lo puso ayer de manifiesto: «Tenemos que ser capaces de adaptarnos. Tenemos que ser flexibles, y tenemos que ser pragmáticos, quizás, en lo que respecta a los objetivos del Pacto Verde y en su transición». El mensaje es claro y el objetivo también: no dañar la competitividad de la economía europea y hacer que la distancia con Estados Unidos y China sea todavía más grande. Porque las declaraciones de Von der Leyen se encuadran en la presentación de la denominada Brújula de la Competitividad, la «guía» que recoge las intenciones de la Unión Europea en los próximos cinco años y que contiene pocas medidas concretas. Entre ellas, un paquete de actuaciones que buscan reducir la burocracia que las compañías tienen que cumplir en relación con la transición verde. «El primer paquete ómnibus abarcará, entre otras cosas, una simplificación de gran alcance en los ámbitos de la información sobre finanzas sostenibles, las diligencias en materia de sostenibilidad y la taxonomía», recoge el documento que ayer presentaron tanto Von der Leyen como el vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. Ese último punto, el de la taxonomía, es la vía para que inversores y empresas puedan diferenciar qué proyectos afectan al clima y al medio ambiente y cuáles no. Y al igual que el resto, exige a las compañías unos cumplimientos y una burocracia que ahora se reducirán para favorecer la innovación y competitividad. Eso sí, esto es una propuesta que hará la Comisión en febrero y que después habrá que negociar así que, como es habitual en Europa, no será ni mucho menos inmediato. Todo ello, quiso remarcar Von der Leyen, no cambia el compromiso de la UE con los objetivos últimos del Pacto Verde y el objetivo de la descarbonización en 2050. 

La Reserva Federal decidió ayer mantener los tipos de interés en la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5% en su primera reunión tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, desoyendo así la petición del presidente de EEUU, que había abogado por un nuevo recorte del precio del dinero. Lejos de dejarse influir, el banco central estadounidense se mantuvo firme en su hoja de ruta y, tal y como se esperaba, optó por aguardar a que se concreten los efectos sobre la economía de las docenas de órdenes ejecutivas firmadas por Trump en sus primeros días en el Despacho Oval, así como las amenazas arancelarias que prometen aumentar la presión inflacionista contra la que lucha la Fed. Aunque esperada, los mercados acogieron ayer la noticia en rojo, ante la falta de más claridad sobre el futuro por parte de su presidente, Jerome Powell. Tras sus palabras, el Nasdaq terminó cerrando con una caída del 0,51%, mientras que el S&P y el Dow Jones se dejaron un 0,47% y un 0,31%, respectivamente. Se trata de la primera pausa que hace la institución desde que en septiembre del año pasado inició la desescalada de tipos y los inversores esperaban ayer alguna pista. Powell dejó claro que no habrá más recortes hasta no ver cómo evoluciona tanto la inflación como el mercado laboral. En el lado positivo, insistió en que la Fed está abierta a acelerar los recortes si los datos macroeconómicos apoyan un movimiento en esa línea.

Donald Trump aprieta aún más en la aplicación con puño de hierro de sus políticas. Prometió que iba a adelgazar el peso de la Administración y ayer ordenó el inicio de la dieta. Dos millones de funcionarios estadounidenses recibieron un correo electrónico con una propuesta para renunciar a su puesto. Tienen hasta el 6 de febrero para rellenar la casilla. Si lo hacen, recibirán el sueldo que les correspondería hasta septiembre a modo de indemnización. Los asesores del presidente confían en que entre el 5% y el 10% de los afectados se decanten por esta opción. Eso supondría, calculan, un ahorro de cerca de 100.000 millones de euros. El magnate aplica la misma medida que ejecutó su hombre de confianza, Elon Musk, cuando adquirió la red social Twitter, ahora denominada X. Quiere dirigir Estados Unidos como si fuera una empresa. La Oficina de Administración de Personal no ha perdido el tiempo. Tiene prisa. Distribuyó su propuesta a través del correo electrónico y facilitó el trámite: basta con escribir la palabra ‘renuncia’ y enviar la respuesta apretando un botón del teclado. En su comunicación, este organismo anuncia que la mayoría de las agencias federales va a reducir el tamaño de sus plantillas. Es una amenaza velada: deja entrever que es mejor desde el punto de vista económico aceptar ahora esta oferta que verse luego envuelto en una ola de despidos de personal que no conlleve apenas compensaciones. «No podemos garantizar su puesto en el futuro», advierte la entidad.

Prentsa laburpen honek atal berri bat dauka, hain zuzen ere erantsita bidaltzen dizuegun PDF bat non egunkarien azalak erakusten dizkizuegun, eguneko berri nagusiak “begiratu batean” ikus ditzazuen. Este resumen de prensa tiene una nueva sección. Un PDF adjunto en el que se muestran las portadas de los periódicos para ver ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.