20240612

El Gobierno Vasco y Confebask han mantenido hoy una reunión con la Comisión Europea para defender la viabilidad y la materialización de los PERTES regionales, de cara a optimizar la ejecución de los fondos europeos aún no utilizados. Esta demanda responde a la necesidad de movilizar los miles de millones disponibles en subvenciones a fecha de abril –más de 14.000M€-. De los 41.180 millones de euros destinados a los PERTES (subvenciones y préstamos), España sólo ha distribuido el 26% del total. Esta cifra es muy preocupante, dado que los fondos europeos MRR se hayan en el ecuador del plazo para ejecutar establecido por Europa. La semana pasada la propia Comisión Europea ha alertado sobre el lento despliegue de estos recursos europeos y ha demandado una mayor flexibilidad por parte de los estados en cuanto a aligerar burocracia y a dar protagonismo en el despliegue a otras instituciones y agentes económicos y sociales. Ante esta situación, el Gobierno Vasco ha mostrado su seria preocupación por que los fondos MRR no lleguen al tejido real y ha señalado la enorme dificultad de ejecución que existe si se siguen gestionando de la misma forma por parte del Estado. Por parte de Confebask, han participado Eduardo Arechaga, su director general  y Pablo Martín, responsable de Economía de la patronal vasca. “Compartimos la visión de que la cercanía y la experiencia del Gobierno Vasco en la aplicación y mejora de políticas empresariales e industriales a lo largo de los últimos 40 años, así como la probada y larga trayectoria de colaboración público-privada son, sin duda, un buen punto de partida para asegurar que los fondos europeos van a ser utilizados en la modernización y adaptación del tejido empresarial vasco a las demandas europeas". Ver más en Confebask

El último informe sobre absentismo conocido este martes incide en uno de los retos del mercado laboral vasco: las ausencias en el trabajo. En este caso ha sido la consultora de recursos humanos Randstad la que ha publicado su ‘Informe de absentismo laboral’ referido al último trimestre del pasado año y en el que la tasa en Euskadi escaló hasta el 8,5%. Es la más alta de toda España, que registró una media del 6,5%. Por detrás del País Vasco han quedado comunidades como Canarias (8,2%), Galicia (7,5%), Murcia (7,2%) y Cantabria y Asturias (7,1%). En el otro extremo, las autonomías con menores ausencias han sido Madrid (5,5%), Baleares (5,6%) y La Rioja (5,6%). El salto en Euskadi, con ese 8,5%, es de 6 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior en que se registró un 7,9%. Por sectores, los servicios siguen liderando el absentismo con una media del 8,8%. De hecho, es este área de actividad la que lleva al País Vasco a ese liderazgo nacional. No ocurre lo mismo en la industria, donde es superada por Cantabria con un 9,3%. En la construcción, el dato del País Vasco con ese 6,3%, también es algo mejor que el de otras regiones, aunque esté en la zona alta. Así, le superan Galicia con un 7,4% y Asturias con un 7%. Lo que sí se desprende del informe de la consultora es un repunte importante de las bajas en la construcción vasca. Un crecimiento del 34% respecto al año pasado. Y es que a cierre de año, la tasa de absentismo en la construcción vasca fue en 2022 de solo un 4,7%, por el último dato del 6,3%. El propio lehendakari en funciones se referió la semana pasada a esta problemática en su intervención en la asamblea de la patronal alavesa, SEA Empresas de Álava. Iñigo Urkullu reclamó «revertir la situación cuanto antes». En la mesa de diálogo social del Gobierno Vasco, los sindicatos presentes –CC OO y UGT– admitieron tratar la cuestión con la patronal vasca, Confebask, pero no se ha avanzado mucho.

Las haciendas forales vascas recuperaron el pasado año 616 millones de euros en los trabajos de lucha contra el fraude fiscal. La cifra es importante y supone nada menos que el 3,8% del total de la recaudación en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en tributos que gestionan de forma directa. La cantidad recuperada es ligeramente inferior a la que se consiguió en 2022 –640 millones de euros–, como se desprende del informe elaborado por la Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, en la que participan representantes del Gobierno vasco y de las diputaciones forales. Esos 616 millones de euros son fruto de un buen número de actuaciones, muchas de las cuales ni siquiera pasan por los servicios de Inspección. El mero cruce informático de datos cuando contribuyentes y empresas presentan sus declaraciones de impuestos ya permite detectar diferencias de decenas de millones de euros. En este sentido, las haciendas forales no se andan con diplomacias o medias tintas y no distinguen entre lo que pueden ser errores de los contribuyentes o discrepancias de interpretación jurídica. Toda diferencia la califican como fraude, al tiempo que los 616 millones recogen no solo los 397 en cuotas no declaradas, entre otros conceptos, sino también 11,8 millones de intereses de demora; 24,1 de recargos e incluso 64 millones que son producto de discrepancias «entre administraciones». El informe sobre la lucha contra el fraude en 2023 en Euskadi fue enviado hace unos días al Parlamento vasco. En él se concreta que el pasado año se remitieron a la Fiscalía un total de diez expedientes. Son actuaciones contra contribuyentes –personas o empresas– que presuntamente han defraudado más de 120.000 euros en un único ejercicio. Esa decena de expedientes encierra una deuda tributaria total de 53,4 millones de euros. En este capítulo sí que se ha registrado un descenso considerable, ya que en 2022 fueron 20 los expedientes remitidos a la Fiscalía.

VGP, que en 2021 se hizo con el terreno de los antiguos astilleros de La Naval en Sestao (Bizkaia), prevé iniciar en 2025 la construcción de sus nuevos pabellones. La empresa señaló ayer que para finales de este año podría arrancar ya la urbanización en la parcela, donde quieren desarrollar actividades logísticas y al menos un 51% de carácter industrial. Según detallaron, el expediente será «un proceso largo, porque involucra a distintas administraciones y departamentos técnicos». En 2022 la compañía belga completó el derribo y acondicionamiento de los terrenos, donde se conservan antiguos pabellones, dos grúas, diques y una pasarela sobre las vías del tren, protegidos por el Gobierno vasco. Los permisos para intervenir siguen a la espera de que se complete el proyecto de reparcelación, previos a la licencia de obras, que caen en manos de autoridades como Costas o el aeropuerto. La alcaldesa de Sestao, Ainhoa Basabe (PNV), remarcó que esperan que el proyecto «esté listo cuanto antes para que vengan empresas», y aseguró su interés en que acudan compañías de carácter «industrial, porque sigue siendo nuestra seña de identidad». El proyecto, que según VGP ha atraído el interés de «un gran número» de empresas, resultaría atractivo para compañías implicadas en los sectores marítimo y de energías renovables.

Una pequeña empresa de Vitoria del grupo Sidenor va a la huelga indefinida. Desde el jueves 13 de junio la plantilla de esta fábrica de Jundiz parará la producción como protesta para exigir el desbloqueo de la negociación del quinto turno. Con 45 trabajadores dedicados a la fabricación de componentes de vehículos y perteneciente al grupo Sidenor, en la empresa comenzaron en mayo las negociaciones para el nuevo régimen de turnos de trabajo. Sin embargo, tal y como explican desde ELA, las negociaciones se han bloqueado. Hablamos de la empresa Mecanizado de Cremalleras de Dirección-MCD, donde la reivindicación de la plantilla es la compensación económica y de descanso tras la implementación del quinto turno. En 2022 Sidenor adquirió esta firma familiar alavesa fundada en 1997 de producción auxiliar del automóvil, que está especializada en fabricación de blanks para componentes de sistemas de dirección de vehículos. Sidenor explicó que con esta operación esperaba crecer en el mercado ofreciendo "una mayor gama de producto de alto valor añadido", con una "mayor presencia" en clientes que consumen acero para direcciones de vehículos.

El cambio climático golpeará con mayor o menor impacto a todos los municipios alaveses en el próximo siglo. Los diagnósticos prevén que las precipitaciones caerán hasta la mitad en los meses de verano, mientras que el fenómeno de las ‘olas de frío’ desaparecerá. El problema es que esos impactos barruntados para las próximos décadas no son tan lejanos. De hecho, están empezando a experimentarse en la Cuadrilla de Rioja Alavesa, donde viven una sequía «endémica». Esta zona al sur de la provincia cuenta con 10.952 hectáreas que se encuentran en «riesgo alto de desertificación», como alertó la ‘Estrategia de Protección de Suelo 2030’ del Gobierno vasco. Se corresponde a un tercio de la comarca vitivinícola. El Ministerio de Agricultura y el Consorcio de Aguas de la zona tratarán de hacer frente a esa alerta al inyectar 13 millones para planes de riego y abastecimiento. En los próximos años sumarán una nueva balsa para almacenar aguas sobrantes de la época invernal –que les permitirán regar hasta 400 hectáreas– y una estación de bombeo que reducirá la presión sobre el acuífero de Sierra Cantabria, de donde bebe la comarca en la actualidad. El proyecto de regadío, pendiente desde hace más de 24 años, beneficiará a cerca de un centenar de agricultores de los pueblos de Barriobusto, Labraza y Moreda de Álava que cuentan en sus terrenos con «cultivos leñosos» como viñas, olivos y almendros. Ese planteamiento, de 12,7 millones de euros, «permitirá un ahorro de agua de hasta el 20% del consumo actual», según calculan desde la comunidad de regantes de Valdeperna, quienes asumirán algo menos de una cuarta parte de los fondos, ya que el 80% se financiará gracias al Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El catedrático de Filosofía del Derecho por la UPV/EHU Joxerramon Bengoetxea anunció ayer que presentará su candidatura para ser rector de la institución académica en las elecciones que se celebrarán el próximo otoño, en una fecha aún por determinar. Bengoetxea es también doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Helsinki. El profesor y académico hizo oficial el anuncio por medio de un comunicado en el que define su candidatura «como un proyecto cooperativo, participativo, transversal y abierto a confluencias». Por el momento es el único candidato. El mandato de la actual rectora, Eva Ferreira, expira en enero del próximo año y todavía no ha anunciado si se presentará a la reelección. Bengoetxea, que imparte clases en el campus de Álava, tiene una amplia trayectoria de gestión. Fue viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco entre 1998 y 2001 y director durante una década de EHUgune, un foro de debate de la universidad en el que se organizan jornadas sobre temas de actualidad. El académico asegura, en su comunicado, que «es el momento de recuperar consensos de base sobre la dirección de la universidad» y explica que anunciará su equipo a comienzos del próximo curso. «Será un equipo plural, diverso y comprometido con un proyecto académico y social renovado».

La economía española creció un 2,5% el año pasado y todo hacía presagiar –inflación, subida de tipos, desaceleración europea...– que este año sería muy inferior, de alrededor del 2%, según las previsiones del Gobierno. Pero según pasan los meses los diferentes organismos económicos van mejorando sus estimaciones. Si hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaba sus previsiones medio punto hasta un crecimiento del 2,4%, ayer fue el Banco de España quien subió cuatro décimas su proyección hasta el 2,3%. Ángel Gavilán, director de Estadística del Banco de España, explicó que el impulso de la proyección se debe al buen desempeño de los servicios, en concreto de los turísticos, y por la sorpresa al alza de los datos de PIB del primer trimestre. Además, el turismo se sitúa en récords históricos tanto de visitantes como de gasto medio de los mismos, según el informe del organismo. Y aunque se advierte de que este tirón podría ser «transitorio» sorprende que el empuje postpandemia se alargue tanto en el tiempo. En concreto, los datos del Banco de España –referidos al INE– apuntan a que el gasto total de los turistas extranjeros ha crecido un 54% en 2024 respecto al periodo 2016-02019. La demanda interna seguirá siendo «el principal soporte de la actividad» hasta 2026. Aún así, el consumo per cápita de los hogares está aún 3 puntos por debajo de los niveles prepandemia pese a que la tasa de ahorro ha aumentado respecto a 2019. Pero respecto al segundo trimestre el organismo calcula un crecimiento del 0,5% –tras el avance «sorprendente» del 0,7% en el primero– con un dinamismo positivo del empleo similar al del primer trimestre del año. Con este horizonte de proyección, el PIB se situará en 2026 nueve puntos por encima del nivel prepandemia, una mejora algo mayor que en el promedio de la UE (de 8 puntos), pero se advierte de que en términos per cápita, el PIB estará 4,8 puntos por encima de 2019, frente a los 6 puntos de la UE. La previsión de inflación no es tan positiva. El repunte inesperado del precio del petróleo ha supuesto subida en los carburantes. Además, la reversión de las medidas anticrisis está tirando al alza de la inflación. En este sentido, el Banco de España calcula que el IPC cerrará este año en el 3%, tres décimas por encima de su previsión de marzo, y en el 2% en 2025.

Bruselas avanza para estrechar aún más el cerco comercial con China. La Comisión Europea ultima nuevos aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, tras una larga investigación antisubvenciones estatales a los automóviles que llegan importados de Pekín más baratos que los europeos, y que se habrían estado beneficiando de ventajas competitivas por ese dopaje de Estado. Los impuestos a esos automóviles podrían así aumentar desde el 10% actual hasta alrededor de un 25%, según fuentes comunitarias, pero la cifra aún se está ajustando y países como Alemania están presionando para rebajarla. El gigante asiático, mientras, se prepara para responder a la medida con aranceles a una variedad de productos que le llegan de Europa, y que podría afectar desde a productos lácteos, vehículos de gran cilindrada o carne de cerdo hasta el coñac. La medida europea no llegará a la de Estados Unidos –que ha cuadriplicado hasta el 100% sus aranceles a los vehículos eléctricos chinos y se ha embarcado en una guerra comercial con Pekín–, pero elevará la tensión entre la UE y China. La cuestión es enormemente sensible. No solo por la relación con Pekín, que es el suministrador principal a Europa de minerales cruciales para la transición verde, sino porque hay Estados miembros, como Alemania, que no quieren tocar demasiado todo lo relacionado con China. Sus fabricantes de automóviles, por ejemplo, dependen de las ventas en el gigante asiático y temen represalias. Berlín ha aceptado que se eleven los aranceles, pero está tratando ahora por todos los medios de que sea poco, en torno a un 15%, en línea con los aranceles que impone China.

La estabilización del mercado y del precio de los coches tras la situación anormal provocada por la escasez de chips afecta directamente a la línea de flotación de la rentabilidad de los fabricantes de automóviles, que en el primer trimestre de este año lograron su margen operativo más bajo desde 2020, aunque superior al de hace una década.

La subida de precios por la escasez de oferta de coches nuevos disparó los márgenes de las marcas, que registraron en 2022 y 2023 cifras históricas de rentabilidad, pese a que las matriculaciones de vehículos no acompañaban. Los precios siguen altos, aunque un poco menos, pero se han hundido los márgenes, ya que se ha retomado la batalla del descuento por la recuperación del suministro de coches. Tesla es el ejemplo más claro de esta afectación en los márgenes, ya que está sufriendo después de anunciar bajadas de precios en varios modelos. La empresa fundada por Elon Musk fue la reina de la rentabilidad en 2022, en plena crisis de los chips, con un margen de casi el 17%, a mucha distancia de Mercedes-Benz, que logró un 13,6%. Sin embargo, la política de bajadas de precio que ha aplicado Tesla y la fuerte competencia, por la recuperación en el suministro de coches, han dinamitado su rentabilidad operativa, que pasó del 16,8% en 2022 al 9,2% en 2023, y que ha comenzado este año de nuevo a la baja, en la décima posición del sector con un 5,5% trimestral frente al 11,4% de 2023. Entre enero y marzo de este año, según un informe elaborado por EY, la surcoreana Kia, propiedad del grupo Hyundai, lideró el ránking de las empresas más rentables del motor, al contabilizar un margen operativo del 13,1%, ganando un punto respecto a 2023. Kia se alza como el más rentable entre los grandes fabricantes mundiales, superando a las alemanas BMW, con un 11,1% (14,6% en 2023), y Mercedes-Benz, con un 10,8% (14,7% un año antes).

La solar fotovoltaica marcó un hito el pasado mayo cuando se convirtió, por primera vez en su historia, en la tecnología líder del mix de generación español, con el 23,8% del total. Produjo 5.098 gigavatios hora (GWh) ese mes, cifra que supone un incremento del 31,6% respecto a mayo del año anterior. Consiguió un máximo histórico tanto de producción como en cuota. Pero, ¿qué cualidades tiene esta tecnología que promete ser crucial en la transición energética en este país? Desde la principal patronal fotovoltaica, Unef, apuntan a tres factores clave: horas de sol, terreno y tecnología. Estos tres aspectos “posicionan a la energía solar como la tecnología reina de generación de electricidad en nuestro país”: luz, suelo y tecnología. Otro factor que influye en este récord histórico de la solar fotovoltaica es que, en los últimos cinco años, esta tecnología ha experimentado un gran avance en nuestro país. Por una parte, se ha triplicado la potencia instalada de esta tecnología desde 2019 y ahora es la segunda tecnología de generación con más presencia en España, explican desde Red Eléctrica, filial de Redeia encargada del transporte y la operación de electricidad en España. Con este crecimiento de la potencia instalada, también se incrementan las posibilidades de producir energía siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Con el aporte de la tecnología fotovoltaica, nuestro país goza de una cuota de producción renovable muy destacada, ya que cerca del 60% de todos los GWh que se han producido este año han tenido su origen en recursos como el sol, el viento o el agua. Tras la solar fotovoltaica, la eólica fue la segunda tecnología con mayor producción eléctrica de mayo, con el 20,2% del total; seguida de la nuclear (16,5%), de la hidráulica (14,3%) y de los ciclos combinados (8,9%). En el acumulado de este año, la eólica lidera la contribución al mix, con un 25,2%; por delante de la nuclear (18,3%), hidráulica (16,9%), solar fotovoltaica (15,1%) y los ciclos combinados (10,4%).

Las acciones de Naturgy se derrumbaron ayer casi el 15%, hasta los 21,14 euros por título, tras conocerse que La Caixa y Taqa han roto las negociaciones para lanzar una opa conjunta sobre la compañía que permitiría a CVC y GIP, dos de los grandes accionistas, salir del capital. Tras permanecer más de cuarenta minutos en subasta –sistema que sirve para aminorar la alta volatilidad– los títulos de Naturgy comenzaron la jornada ayer con una caída del 12,71 %. A las 13.30 horas, el desplome se ampliaba al 14,08 %. A cierre, los títulos siguieron su escalada de bajada hasta el 14,96%. Es la mayor caída desde marzo de 2020, cuando Naturgy se hundió el 16,69%, tras decretarse el estado de alarma en España por el Covid. El desplome bursátil supone, en términos de capitalización, unos 3.500 millones menos, hasta los 20.500 millones. La caída de ayer coloca a Naturgy en mínimos desde marzo, cuando la compañía aun vivía una pesadilla bursátil a raíz de la decisión de Morgan Stanley de sacar al valor de sus índices, debido a su escaso free-float (acciones cotizadas libremente en Bolsa). Esos índices actúan de referencia de inversión para numerosos fondos y no estar en ellos provoca la huida de estos fondos del valor. La furibunda reacción del mercado de ayer es consecuencia del anuncio de CriteriaCaixa –el hólding controlado por la Fundación La Caixa– de que había puesto fin a las negociaciones con Taqa para lanzar una opa sobre Naturgy.

El Corte Inglés logra sus mejores resultados operativos en más de una década. El grupo de grandes almacenes cerró su ejercicio 2023 –finalizado en febrero de 2024– con un beneficio neto de 480 millones de euros, un 45% menos que un año antes, cuando alcanzó los 870 millones de euros –la cifra más alta de su historia–, gracias a la operación de venta a Mutua del 8% de su capital y el 50,01% de su filial de seguros por un total de 1.105 millones de euros. No obstante, si se excluye este extraordinario, la compañía pulverizó su resultado en 2023. El beneficio neto recurrente de la empresa presidida por Marta Álvarez se disparó hasta 359 millones de euros el pasado ejercicio, un 73,7% más en relación a los 207 millones comparables del año anterior y la cifra más alta lograda por la compañía desde 2009. De la misma forma, el margen bruto del grupo de grandes almacenes fue de 4.738 millones, un 8% más, lo que equivale al 32,8% de las ventas, casi un punto más que un año antes, mientras que su beneficio bruto de explotación (ebitda) creció a doble dígito, un 13,6%, hasta los 1.081 millones de euros, lo que representa un margen ebitda del 7,5% de las ventas, seis décimas más que en 2022. El Corte Inglés justificó ayer sus buenos resultados en “la fortaleza del retail”, sobre todo en las categorías de moda, alimentación y belleza, así como en la evolución de sus filiales de viajes y seguros, que “han registrado el mejor año de su historia”. La cifra de negocios bruta de la compañía creció un 5,4%, hasta los 16.333 millones de euros. Si se descuenta el IVA, sus ingresos ascendieron a 14.440 millones de euros, un 5% más.

España encara los dos últimos años de plazo para ejecutar los fondos europeos del programa Next Generation y comienzan a surgir dudas sobre si el país será capaz de agotar los 163.000 millones de euros que tiene asignados, incluyendo cerca de 80.000 millones en ayudas directas y otros 84.000 en créditos blandos. A algunas de las comunidades gestionadas por el PP, con Madrid y Andalucía a la cabeza, les preocupa, por ejemplo, que las autonomías no cuenten ya con plazo suficiente como para agotar los 20.000 millones de préstamos destinados a las regiones, de los que el Gobierno central ultima el lanzamiento de un primer tramo de 3.000 millones a finales de este mes. El dinero en cuestión es el correspondiente al llamado Fondo de Recuperación Autonómica (FRA), un total de 20.000 millones de euros en préstamos de los fondos comunitarios que se ofrecerán a las comunidades autónomas para financiar proyectos sostenibles de empresas públicas y privadas, como parte de la adenda de ampliación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. “Lo que más nos preocupa de los préstamos del BEI es que llegan tarde, porque tenemos que tener el gasto ejecutado de estos proyectos de la administración pública en agosto de 2026”, manifestó ayer a la prensa la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. Una crítica a la que se suman desde la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, que dirige Carolina España en el gobierno regional de Juanma Moreno. “Por tanto, parece que hay poca capacidad para iniciar proyectos nuevos. Más bien van a tener que ser proyectos que ya tuviéramos con el BEI, habrá que tratar de encajarlos”, sostuvo la consejera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 

El servicio público de empleo (SEPE) puede retirar la prestación del paro al ciudadano que, previamente, no informe a la Administración de que va a viajar fuera de España y no pueda demostrar la duración del viaje. Es decir, que no ha superado los quince días naturales autorizados por la ley como estancia máxima en el extranjero, y una vez al año, para no perder la prestación. Este es el significado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 29 de abril sobre un caso que ha enfrentado al SEPE con un ciudadano, perceptor del subsidio del desempleo para mayores de 55 años. Según la sentencia, el 27 de enero de 2020, la administración confirmó a esta personas la “extinción” del subsidio por desempleo por no comunicar al SEPE su viaje al extranjero, con “cobros indebidos” de 16.222,36 euros entre el 7 de septiembre de 2016 y el 30 de octubre de 2019. Por lo tanto, debe devolver esa cantidad, con un recargo del 20% por intereses, hasta una cuantía superior a los 19.000 euros. El caso pasa por el juzgado de lo social de Castellón de la Plana y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Hasta que llega al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina porque el ciudadano esgrimió dos sentencias del Tribunal Superior del País Vasco que le daban la razón. Sin embargo, en su fallo, cuya ponente es la magistrada Mari Luz García Paredes, el Tribunal Supremo respalda la decisión del SEPE de retirar la prestación al desempleado por no informar de su viaje al extranjero y no poder demostrar que su duración fue inferior a quince días.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la nueva Selectividad, que entrará en vigor en junio de 2025 e incorpora cambios relevantes. El primero es su propio nombre: volverá a denominarse Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y dejará de llamarse EBAU, EAU, EVAU..., en función del territorio. El Gobierno endurece la prueba, después de cinco ediciones que han estado caracterizadas por una gran flexibilidad para que los alumnos combinasen las preguntas de los distintos exámenes para compensar el impacto en el aprendizaje que pudo tener la pandemia del covid. Estas son las principales claves de la nueva PAU. Los alumnos se enfrentarán a un único modelo de examen en cada asignatura. Hasta ahora podían escoger entre dos e incluso combinar preguntas de ambos bloques, lo que permitía a los alumnos ignorar parte del temario. Ahora habrá un único modelo y los estudiantes deberán preparar todos los temas. Aunque haya cierta opcionalidad, eso «no implicará poder estudiar menos temario», dijo ayer la ministra, Pilar Alegría. La nueva prueba estará enfocada al aprendizaje por competencias en detrimento de los ejercicios memorísticos, en línea con lo que plantea la ley estatal de educación, la LOMLOE. Para ello, el 70% de las respuestas de cada ejercicio deberán ser semiconstruidas (contestaciones breves) o abiertas. El 30% restante corresponderá a preguntas de respuesta cerrada (por ejemplo, de tipo test). En los exámenes en los que los alumnos deban redactar un texto, los fallos de ortografía, así como la falta de coherencia y cohesión, restarán un mínimo del 10% de la nota del examen. Actualmente, los criterios de corrección son completamente distintos entre comunidades. El Gobierno vasco celebra la reforma. Asegura que se han «atendido» sus peticiones y muestra su satisfacción por que los cambios se introduzcan «poco a poco»

El mundo se pasará más de la mitad de este decenio lastrado por los problemas económicos desatados tras la pandemia. Así, el conjunto de los países que aglutinan al 80% de la población mundial y del PIB global avanzarán a un ritmo mucho más lento que en la década previa a la covid de aquí a 2026. Esa es la advertencia emitida ayer por el Banco Mundial en su último informe sobre Perspectivas económicas globales. Las proyecciones apuntan que el PIB global promediará una tasa de crecimiento del 2,7% este año y los dos próximos, muy por debajo de la media del 3,1% registrada entre 2010 y 2019 y claramente “insuficiente para avanzar en los objetivos clave de desarrollo”. El “aterrizaje suave” de las grandes economías se ha convertido en el escenario central para los encargados de elaborar previsiones. Los bancos centrales han logrado reducir la inflación a su nivel más bajo en tres años sin haberlas sumido en una recesión. Es por esto que el Banco Mundial ha subido en dos décimas respecto a enero sus estimaciones de PIB para 2024 –del 2,4% al 2,6%–, a pesar de las crecientes tensiones geopolíticas y las altas tasas de interés. Pero esta leve mejoría no altera un cómputo global que es sombrío. Se espera que el crecimiento a medio plazo sea casi medio punto porcentual inferior al promedio registrado entre 2010 y 2019, y que la brecha de ingresos entre Estados se amplíe. La proyección es que la renta per cápita en las economías en desarrollo aumente de media el 3% en los siguientes tres años, ocho décimas menos que en la década anterior a la crisis sanitaria.

De cara a la reunión de hoy de la Reserva Federal, el mercado descuenta que el precio del dinero se mantendrá entre el 5,25% y el 5,5%, máximo de los últimos 23 años. Será la séptima pausa consecutiva, por lo que todas las miradas estarán puestas en la actualización del cuadro de previsiones que maneja el banco central estadounidense. Sus últimos pronósticos apuntaban a tres recortes en 2024. Sin embargo, la inflación no ha dado tregua y ese escenario queda ya descartado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha sido muy claro en las últimas semanas: “Nos va a llevar más tiempo de lo esperado porque no ha habido progresión en la desescalada de la inflación”. Para esta reunión, no ha llegado a tiempo el dato del IPC de mayo, que justo se conocerá hoy también, por lo que los gobernadores trabajan con las estadísticas de abril, que terminaron situándose en el 3,4%, tan solo una décima menos que el mes anterior y tras varios repuntes en el primer trimestre. El estancamiento de los precios por encima del 3% es lo que está complicando la hoja de ruta de la Reserva Federal, que a diferencia del Banco Central Europeo (BCE) –que recortó un cuarto de punto la semana pasada– está decidido a no iniciar la desescalada hasta no estar convencido que la inflación se sitúa en el entorno del 2%. Además, Powell ha insistido varias veces en que necesitan ver, como mínimo, dos caídas consecutivas del IPC por debajo del 3%, algo que no termina de suceder. 

El Supremo y la Audiencia Nacional, los dos tribunales que instruyen las causas contra los principales líderes del ‘procés’, comenzaron ayer a mover los engranajes que establece la ley de amnistía a la espera de poder plantear posibles recursos una vez escuchadas a las partes. El magistrado del alto tribunal Pablo Llarena, instructor de la causa por la intentona secesionista de 2017, dictó una providencia en la que dio un plazo de cinco días a los actores personados para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los cuatro encausados: Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, y sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, como las órdenes de detención en vigor. En este sentido y en la misma resolución, el magistrado ordena que se comunique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados, adoptadas en un auto de enero de 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas», avisa. Llarena sorteó así la letra pequeña de la entrada en vigor de ley de amnistía, que recoge que las medidas cautelares vigentes «se alzarán incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones». En la práctica, esto supone que, de momento, la previsión de Puigdemont de acudir en persona a la sesión de investidura en el Parlament catalán, cuya fecha tope es el 25 de junio, se complica porque supondría su arresto para comparecer de inmediato ante el Supremo, donde está procesado en rebeldía por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.