20240423

«Tenemos una valoración positiva porque el resultado electoral aporta estabilidad, que es algo en lo que los empresarios insistimos siempre», aseguró ayer Tamara Yagüe, presidenta de la organización empresarial vasca Confebask. La frase, más bien el término ‘estabilidad’, sintetiza a la perfección el sentimiento extendido entre los empresarios vascos tras los comicios del domingo porque se abre un escenario previsible para los próximos cuatro años. La patronal vizcaína Cebek y el Círculo de Empresarios Vascos coincidieron en señalar este elemento como clave para establecer la posición de este colectivo ante la nueva etapa de la política vasca. Hay satisfacción por el resultado, no lo ocultan. «Estamos convencidos de que el Gobierno vasco va a dar continuidad a un buen número de planes estratégicos que ya se habían puesto en marcha y eso es positivo», añadió Yagüe, porque aunque la relación no ha estado exenta de tensiones puntuales en la última legislatura, la sintonía entre el empresariado vasco y Ajuria Enea ha sido una constante hasta ahora. «Queremos que Euskadi siga siendo un referente de estabilidad institucional, con un Gobierno que sea sensible a la necesidad de crecimiento económico y con ello de generación de empleo», apuntó el secretario general de la organización vizcaína Cebek, Francisco Javier Azpiazu. «Un Gobierno que entienda que son las empresas la base para la creación de bienestar», recalcó. También hay peticiones para el nuevo Ejecutivo desde el colectivo empresarial. Algunos genéricos, como los que expresó un portavoz de la patronal alavesa SEA, para reclamar «acuerdos que garanticen la estabilidad». Otros más concretos, como «aprovechar las ventajas de la economía vasca para afrontar los retos», que concretó el director del Círculo de Empresarios Vascos, Enrique Portocarrero: «Mejorar la productividad, reducir el absentismo laboral y la conflictividad, atraer talento, aumentar la dimensión empresarial, profundizar en un marco fiscal favorable, elevar el dinamismo económico, la mejora de la educación y afrontar el problema demográfico». «Los empresarios conocemos a Imanol Pradales y él conoce perfectamente las necesidades de las empresas porque ha tenido responsabilidades institucionales en el área de Promoción. Es un buen punto de partida», opinó Azpiazu a propósito del papel que va a jugar el futuro lehendakari.

Que los socialistas van a tener más peso en el gobierno de coalición con el PNV es algo que dan por hecho ambas formaciones, que coinciden en cerrar un acuerdo «cuanto antes». A la constitución a mediados de mayo del nuevo Parlamento le seguirán la presentación del esperado Gabinete Pradales y el intento de Bildu de reactivar la ponencia de autogobierno. La premisa común es clara: «No hay tiempo que perder». Lejos de los formalismos que dicta el manual político en el capítulo poselectoral, sin esperar a esas rondas preliminares de pura cortesía, los dos miembros de la alianza hegemónica en Euskadi no se van a andar con rodeos. Casi sin digerir los resultados, PNV y PSEEE apuestan de forma inequívoca por reeditar el Gobierno vasco de coalición que llevan compartiendo ininterrumpidamente desde 2016 y se preparan para comenzar «cuanto antes» una negociación que, sobre el plácido colchón de una nueva mayoría absoluta (39 de 75 escaños), deberá dirimir un reequilibrio de fuerzas ante el retroceso jeltzale y la subida socialista. En puridad, la crónica de un pacto anunciado había escrito una nueva página incluso antes del escrutinio del domingo. A lo largo de la campaña, el PNV no ocultó que la alianza con los socialistas sería la opción preferente tras el 21-A, si bien trató de infundir dudas de que ese deseo fuera recíproco al alertar de que sería Pedro Sánchez, «en función de sus intereses» en Madrid, quien tendría la última palabra. El PSE-EE, reivindicándose en todo momento como agente autónomo en la toma de decisiones, evitó hablar con tanta claridad en busca de perfil propio, pero, en la práctica, su insistente negativa a acordar con EH Bildu no daba opción a más alternativas.

Hay una ‘guardia de corps’ alrededor de los dirigentes políticos que despierta tanta curiosidad o más que su propia figura. En ese círculo cercano suelen mezclarse amigos de la infancia, estrechos colaboradores de etapas anteriores y perfiles variopintos que ejercen como un coro de voces que está detrás de las grandes decisiones. No es una excepción Imanol Pradales, el ganador de las elecciones del pasado domingo. En ese selecto grupo que rodea al que será el nuevo lehendakari tiene un papel principal Mikel Iriondo, director general de Infraestructuras cuando el candidato del PNV ejerció de diputado foral. Iriondo, nacido en Amorebieta en 1976, es ingeniero y llegó a la Diputación en 2009 después de trabajar en una empresa del sector, Bidelan. Fue director de Carreteras entre 2009 y 2011. En el siguiente mandato lo fue de Infraestructuras, y en julio de 2015 fue nombrado director gerente de Interbiak, la sociedad pública foral que gestiona las carreteras y sus peajes. Durante esta campaña ha formado par- te del equipo que ha rodeado y asesorado al candidato jeltzale y será, previsiblemente, uno de los llamados a acompañarle y formar parte de su entorno en Vitoria. Si con alguien de sus personas de confianza tiene Pradales una relación que trasciende lo profesional ese es Iván Jiménez Aira. Son amigos desde niños, estudiaron juntos y compartieron pupitre en la ikastola Asti Leku de Portugalete, donde seguro, alguna vez, les llamaría la atención su entonces profesor de Ciencias Naturales y Lengua, nada menos que Iñigo Urkullu. Iván Jiménez es el director de Bizkaia Talent desde hace más de una década. Cuando Pradales dirigía Promoción Económica era su mano derecha. En ese grupo de directivos forales, muchos de ellos nacidos en la Margen Izquierda, tiene mucho peso y es previsible que el político de Santurtzi quiera tenerle cerca.

Superada la cita con las urnas, ahora comienza la cuenta atrás para la apertura de la decimotercera legislatura vasca. Lo primero, una vez que se proclamen los resultados definitivos, será constituir el nuevo Parlamento con los 75 representantes electos, que deberán escoger a los integrantes de la Mesa, el órgano rector de la Cámara. Esto ocurrirá a mediados de mayo. Unas semanas después, llegará el momento de investir a un nuevo lehendakari, previsiblemente el jeltzale Imanol Pradales, y de formar gobierno. La intención de PNV y PSEEE es que el proceso culmine a mediados de junio. En orden cronológico, los hitos empiezan este viernes con el recuento del voto CERA (del extranjero), que podría alterar el reparto de escaños. A partir de ahí, el sábado se abrirá un plazo para presentar reclamaciones ante la Junta Electoral, primero a las de los territorios históricos y luego a la central. Este periodo de alegaciones quedará cerrado por completo como muy tarde el 11 de mayo, día límite para que se proclamen los cargos electos. Eso son las fechas topes, pero lo habitual es que los plazos no se lleguen a agotar. A partir de ese momento, empezará a correr el calendario puramente parlamentario. Cuando un tercio de los representantes electos (25 de 75) hayan recogido sus acreditaciones ante el registro, la Mesa de la Diputación Permanente –el retén que permanece en la Cámara en periodos inhábiles y entre una legislatura y otra– deberá convocar el pleno de constitución. Como referencia, en 2020, esta sesión se celebró el 3 de agosto, 22 días después. Siguiendo esa lógica, esta vez caería a mediados de mayo.

El primer parque de Euskadi que combinará la producción de energías eólica y fotovoltaica da un paso decisivo para obtener el plácet del Gobierno vasco. La infraestructura de Laminoria que se desplegará en los términos municipales de Arraia Maeztu, Iruraiz-Gauna y San Millán requerirá un desembolso superior a los 60 millones de euros que se canalizará a través de Aixeindar, la sociedad participada en un 50% por el EVE (el Ente Vasco de la Energía) e Iberdrola. Sobre la mesa, un calendario de ejecución de obras acelerado. En diez meses y medio desde la obtención de los permisos, el complejo ya se convertiría en parte del paisaje de la Montaña Alavesa. Inversión y cronograma figuran en las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto medio ambiental que desde ayer se someten a exposición pública para la presentación de alegaciones ante la Delegación Territorial de Administración Industrial de Álava. Un escalón importante que Aixeindar sube casi un año después de obtener luz verde del Departamento de Industria para comenzar a rodar. Y que por asentarse en montes y solares que rodean la actual cantera (considerada de especial riqueza y protección natural) ya ha generado el rechazo de la Junta Administrativa de Laminoria, que en abril del pasado año no dudó en criticar «la afectación medioambiental brutal» y el miedo «a daños irreversibles» que, a su juicio, conllevará el desarrollo de este proyecto. El proyecto de Laminoria está planteado como una suerte de extensión del parque eólico de Azáceta. Este está promovido también por Aixeindar y entraría en funcionamiento en 2025, puesto que ya cuenta con la autorización ambiental de la Diputación de Álava. Laminoria y Azáceta afectan, de hecho, a los mismos términos municipales. «Es el mismo proyecto dividido en dos para evitar que el Gobierno de Madrid controle la tramitación y se encargue de ellos el propio Gobierno vasco», criticaron con dureza desde la Junta Administrativa.

La actual generación renovable instalada en Euskadi ronda los 600 MW, una cantidad que apenas llega al 10% de lo que se consume en la comunidad y está muy lejos del 25% que la Unión Europea (UE) se ha fijado como objetivo para 2030. Hay que acelerar el paso ante el cambio climático y ahora, en un periodo de tres años sin grandes citas electorales salvo adelantos imprevistos, se presenta como una oportunidad que quieren aprovechar las administraciones públicas. Y es que hace doce años que no se ha colocado ningún aerogenerador en el País Vasco y en el caso concreto de Álava prácticamente se van a cumplir dos décadas desde que empezaron a rotar las aspas en Badaia. Y eso mientras en comunidades ‘vecinas’ como Castilla y León no han parado de desarrollarse parques. Existe un proyecto para instalar en Ribera Baja el mayor parque fotovoltaico de Euskadi, que evitará 25.000 toneladas de CO2 a su fin en los próximos meses con el inicio de las obras en Labraza, donde la sociedad que componen el Gobierno vasco e Iberdrola (Aixeindar) tiene previsto plantar ocho molinos de viento para generar 40 megavatios, que es la misma que alcanzarían 56 aerogeneradores de principios de este siglo. A partir de ahí, hay otros ocho parques eólicos que están tramitándose en estos momentos en Álava por parte del Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno vasco o la Diputación. Unos requerimientos medioambientales que ya han tumbado los proyectos de los Montes de Iturrieta y la Sierra de Arkamo por sus «graves» afecciones sobre la flora y la fauna. Hay otro puñado de iniciativas que se han quedado en meros anuncios y que no han continuado con su tramitación, pese a la imperiosa necesidad de avanzar en esta materia.

El País Vasco es, sólo por detrás de Madrid, que evidentemente cuenta a su favor con el efecto ‘capitalidad’, la comunidad autónoma española con mayor capacidad para crear, atracer y retener talento. Así lo asegura un reciente estudio de la Fundación Cotec para la Innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), con datos de 2022, titulado ‘El Mapa del Talento’, que incluye también un análisis de las características socioeconómicas de los flujos migratorios de los distintos territorios. En tercer lugar de la clasificación general se sitúa Navarra, a la que el País Vasco ha arrebatado el segundo puesto que venía ocupando en las últimas ediciones del trabajo dando así el ‘sorpasso’ respecto a 2019. Les siguen entre las mejor situadas Cataluña, Aragón y Castilla y León, en una relación que cierran Extremadura Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias. La ‘fotografía general’ presentada por Cotec y el Ivie es una magnífica noticia, máxime en un momento en el que todas las instituciones económicas de Euskadi, tanto las Administraciones como las organizaciones empresariales, llevan largo tiempo advirtiendo de la necesidad (más bien, la urgencia) del País Vasco de atesorar todo el talento que sea posible. Una materia prima que va a ser necesaria tanto por el evidente ‘invierno demográfico’, que especialmente resulta acuciante en una población envejecida como es la vasca, como por la rápida e imparable llegada de algunas grandes transiciones globales –como la digital o la energética– que nos van a obligar a cambiar el paso a gran velocidad para no perder el tren de la competitividad.

En los últimos años se ha producido un acelerón del gasto público en España a lomos de varias crisis y shocks: Covid, guerra en Ucrania, tormenta energética, inflación... Aunque el abultado peso de las cifras de la Administración Central, fruto de los escudos sociales desplegados por el Gobierno para hacer frente a las tormentas, ha desviado el foco de las CCAA, lo cierto es que éstas también han salido de esas travesías con altos niveles de gasto. Así lo refleja un informe de Fedea publicado ayer, que muestra que, aunque el incremento ha sido generalizado, fueron Cataluña y País Vasco las dos autonomías con mayor gasto público no financiero por habitante en 2023 (ver gráfico) tras crecer un 12,8% y un 11,4% en relación a 2019. Si bien ambas lideraron el ranking en términos absolutos, en porcentaje la mayor subida correspondió a Canarias, donde el gasto se disparó casi un 18% entre 2019 y 2023 (aunque partiendo de mucho más abajo); seguida de Cataluña, con el 12,8%, y de Andalucía, con el 12,5%. En circunstancias normales, ese aumento del gasto, que de media entre las CCAA fue del 10,9%, “podría ser un indicador razonable del nivel de prestación de servicios de las administraciones regionales”. Sin embargo, esto “será menos cierto durante los años de pandemia”, en los que hubo que atender “necesidades extraordinarias”, señala Fedea. En el conjunto de las CCAA, el déficit se situó en el 0,91% del PIB al cierre de 2023. Aunque esa cifra mejora tímidamente el 1,12% de 2022, triplica el objetivo de referencia del 0,3% fijado por el Gobierno. “Las CCAA en su conjunto han vuelto a incumplir con claridad el objetivo presupuestario”, avisa Fedea, aunque añade que los datos están distorsionados por “factores atípicos” relacionados con la escalada inflacionaria por la guerra en Ucrania. Sin esos atípicos, calcula que el déficit de las CCAA se hubiera situado en el 0,65%, aun así más del doble de la referencia.

El Gobierno central está constatando las dificultades para construir una alternativa de sello nacional que pueda comprar Talgo. Es una vía con la que intenta evitar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el grupo húngaro Magyar Vagon ha presentado para hacerse con el fabricante de trenes de origen vasco por 617 millones de euros. Los contactos solo han dado fruto, y parcialmente, con Criteria, la herramienta para la gestión de las participaciones industriales de La Caixa. La entidad está dispuesta a acompañar financieramente la operación, pero pide un liderazgo industrial al que acompañar. Y esto no llega. Ni la firma guipuzcoana CAF, ni las francesa y suiza Alstom y Stadler –con plantas en España– han aceptado participar en una operación que requiere poner más de 617 millones, asumir la deuda de 400 millones de euros de Talgo y afrontar las inversiones necesarias para una cartera de pedidos con más de 4.200 millones que ahoga a la compañía. Así las cosas, fuentes conocedoras de las negociaciones han confirmado que el Gobierno desde la oficina económica de La Moncloa analiza una solución replicando el modelo de Celsa o el de ITP Aero. Es decir, autorizar la operación de Magyar Vagon, pero con la condición de que reserve un porcentaje de referencia –en torno a un 15%– en la compañía a socios españoles. Esas acciones darían derecho a tener presencia en el consejo de administración y la opción de vetar determinadas decisiones.

Entrevista con Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam. Son cincuenta años de actividad productiva, generación de empleo, ingreso de impuestos, desarrollo y generación de riqueza en el entorno. "Yo creo que las claves de nuestro negocio se podrían resumir en tres ejes: equipo humano, tecnología propia y sostenibilidad. Las personas son, sin duda, el activo más importante de nuestra empresa. Apostamos por un modelo multicultural, inclusivo e igualitario, en el que la comunicación interna tiene un papel fundamental. En nuestro día a día habilitamos canales de participación para que todas las personas que forman parte de la organización se sientan escuchadas, reconocidas y apoyadas. La tecnología propia es otro de los ejes vertebradores de nuestra actividad. De manera recurrente, invertimos más de un 5% de la facturación anual en I+D y nuestros laboratorios son todo un referente en máquina eléctrica rotativa, electrónica de potencia y electrónica de control. Finalmente, la sostenibilidad, entendida desde los tres aspectos social, económico y medioambiental, es algo en lo que venimos trabajando desde que se creó la compañía en 1972...La necesidad del atraer talento y su fidelización, nos empuja a buscar en cada rincón de Europa, América, Asia, etc... esos perfiles técnicos que requerimos, que son culturalmente diversos, y que impulsan la adaptación de nuestras formas de hacer, de manera que todas las personas se sientan bienvenidas e integradas en el proyecto desde el primer momento..."

La multinacional sevillana Ayesa, que se hizo con la donostiarra Ibermática en agosto de 2022, continúa con su proceso de expansión por vía inorgánica al adquirir otra firma, Emergya, que es partner líder de Google en España. Según indicó ayer Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería, ha cerrado la compra de la también sevillana Emergya, que cuenta con 680 profesionales y es líder en España en soluciones Google Cloud y uno de sus primeros socios en Europa certificados en inteligencia artificial. Además del desarrollo de productos basados en la nube, Emergya está especializada en grandes implantaciones tecnológicas y servicios gestionados. La compra, de la que Ayesa no ha ofrecido cifras, incluye a Proxya, la otra compañía del Grupo Emergya, focalizada en la externacionalización de servicios IT, factoría de software y soporte, tanto para la administración pública como para grandes organizaciones. Está especializada en proyectos complejos y de gran magnitud con una metodología propia. La adquisición se ha realizado desde Ayesa Euskadi, cumpliendo así con el compromiso que adoptó la sevillana tras la compra de Ibermática para potenciar el desarrollo del territorio. De hecho, el objetivo es implantar la actividad de Emergya en el País Vasco.

Más de la mitad de los empleados (57,9%) están algo o muy preocupados por el impacto que pueda tener la inteligencia artificial (IA) en su puesto de trabajo durante los siguientes cinco años, según el estudio ‘IA y mercado de trabajo en España’, elaborado por Randstad. En concreto, este 57,9% se desglosa en un 27,5% que se muestra «muy preocupado» y un 30,4% que afirma sentirse algo preocupado. En cambio, un 27% asegura que no le preocupa «en absoluto», y el restante 15% no sabe en qué medida podría afectar la IA a la pérdida de su empleo. La cifra aumenta a un plazo de 10 años, cuando el 59,3% de los empleados dice sentirse muy preocupados o algo preocupados con la llegada de la IA. Así, los encuestados muestran una mayor preocupación a largo plazo. «La IA penetrará poco a poco en las empresas e impactará en la forma de trabajar de muchos empleados», explica el director de Randstad Research, Valentín Bote. En relación al uso de la IA en el trabajo, el 17,3% de los empleados la utiliza en sus puestos, según la encuesta, que también recoge que más de la mitad de las respuestas se dividen entre aquellos que aseguran que su empresa no utiliza la IA (27,5%) o aquellos que lo ignoran (24,8%). Por otro lado, en aquellas empresas que sí emplean IA, cerca de la mitad de los trabajadores han detectado mejoras en la toma de decisiones (43,6%) y en la velocidad con la que pueden tomar decisiones (52,9%), y un 39,5% afirma que la IA ha cambiado «de forma radical» su manera de trabajar.

Cataluña y La Rioja son las comunidades autónomas más rezagadas en la ejecución de los fondos europeos desde que comenzó su reparto. Hasta el 29 de febrero de este año, ambas administraciones autonómicas habían usado poco más de un tercio del dinero asignado, según las fichas territoriales publicadas por el Gobierno de España. En concreto, la primera había empleado el 33,1%; y la segunda, el 38,6% del capital. Ambas se sitúan así muy por detrás de la media, pues la tasa de resolución de las convocatorias supera el 55%, aunque la Generalitat alega usando datos propios que ha ejecutado aproximadamente la mitad de las ayudas recibidas. La Rioja, por su parte, ha intentado modificar su legislación para agilizar la tramitación de convocatorias, lo que ha provocado un choque con la Administración central. El Gobierno presidido por Pere Aragonès (ERC) solo ha adjudicado 856 millones de euros en inversiones y ayudas, a pesar de haber recibido 2.589 millones de los casi 4.000 (3.974 millones) que tiene asignados. Es la que más fondos europeos capta, solo por detrás de Andalucía. En una escala mucho menor, se observa que La Rioja es la segunda comunidad que más ha tardado en llevar a cabo estos proyectos, pues solo se han adjudicado 42 de los 110 millones recibidos (frente a un total de 328 asignados). En ambos casos se trata de las iniciativas llevadas a cabo por los órganos del ámbito autonómico, sin considerar las que dependen de entidades locales. Entre los proyectos más importantes de Cataluña figura la fabricación de chips, fundamentales para la transformación digital. Galicia y el País Vasco son las comunidades que van por delante. La primera tiene una tasa de resolución del 72,7% y la segunda, del 67,8%. Ambas registran además un presupuesto asignado muy similar, que oscila entre 1.100 y 1.500 millones de euros. 

La deuda pública está registrando niveles récord en el comienzo del año. El saldo de las administraciones públicas ascendió en el mes de febrero hasta los 1,603 billones, superando por primera vez la barrera de los 1,6 billones, lo que supone una tasa de crecimiento del 1,2% (20.000 millones) respecto al nivel ya máximo de enero, según los datos publicados ayer por el Banco de España. En solo un año el endeudamiento público ha crecido en 83.000 millones hasta los 1,603 billones, un 5,4% más desde febrero de 2023. Esto fue a consecuencia de menores ingresos y los mayores gastos derivados de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de precios. En este avance el Banco de España no da datos sobre la ratio de deuda, pero sigue rondando el 107% del PIB –como a cierre de 2023– gracias al crecimiento de la economía y de los ingresos públicos. Pero hay que ponerse serios, ya que organismos como el FMI consideran que la deuda se enquistará alrededor del 104% del PIB hasta 2030 si no se toman medidas fiscales urgentes. Los datos del pasado año de España son bastante peores que los de sus socios europeos. Ayer también se dieron a conocer las cifras de deuda y déficit de la eurozona, que cerró con una reducción del déficit de una décima hasta el 3,6%. Pero lo que más separa a España de los países de la moneda común es la deuda, que cerró 2023 en el 88,6% del PIB, muy por debajo de la española. Ambos índices se sitúan aún por encima de los límites marcados por la Comisión Europea de deuda y déficit. 

Las grandes economías de la eurozona llevan años subvencionando a su industria para capear los altos costes energéticos, con la aquiescencia de Bruselas. Unas ayudas públicas en las que España ha quedado claramente atrás y que han creado una ventaja artificial e injusta para las empresas manufactureras del centro y el norte del continente. La caída a plomo del precio de la electricidad en la Península Ibérica, en mínimos históricos, ha dado la vuelta a la foto fija continental. Al menos, coyunturalmente. Tras lustros de desventaja competitiva, exacerbada en los últimos tiempos por la crisis energética –que ha llevado a los países más ricos del continente a pisar aún más el acelerador en las ayudas a sus compañías–, la industria española vuelve de competir tú a tú con sus pares europeas gracias al factor que ganará peso en los próximos años: la factura de la luz. Por ahora, no obstante, esta nivelación solo tiene carácter temporal, dado que la brusca caída del precio de la luz tiene muchos tintes primaverales: un caudal hidroeléctrico sin apenas precedentes y un notable tono tanto del viento como del sol. “La industria española está empezando a notar, y mucho, la caída del mercado mayorista”, completa Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica de España (REE), que recuerda que las dos terceras partes de las firmas electrointensivas, aproximadamente, tienen su precio vinculado al mercado diario o a los mercados a muy corto plazo. “A estas alturas ya está claro que el precio medio aquí va a ser más bajo, pero la clave es cómo dar estabilidad a esta ventaja competitiva”. “Con el precio de la electricidad, la industria española siempre ha tenido un déficit respecto al resto de países de la UE. Que eso no sea así ahora es una novedad de los dos últimos meses”, reconoce el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).  “Pero es coyuntural, no estructural”. 

El ritmo de crecimiento del sector turístico amenaza con desbordar este año la capacidad que tiene Canarias para celebrar otro récord en la llegada de viajeros internacionales. Y no solo Canarias. La salida a la calle de casi 60.000 personas el pasado sábado en protesta contra el modelo turístico de las islas fue noticia en países como Alemania o Reino Unido, sus tradicionales clientes. Pero también amenaza con tener seguimiento en otros destinos españoles de sol y playa o urbanos con signos de saturación ya a las puertas de la temporada alta de 2024. La de este año es una campaña en la que empresas y administraciones no solo esperan batir un nuevo récord (otro más) de visitantes, sino que se baraja una llegada de turistas superior a la prevista por la escalada bélica en el Mediterráneo oriental, tradicional rival de España en el mercado internacional. Organizaciones empresariales como Exceltur llevan meses advirtiendo del malestar que genera la industria nacional entre la ciudadanía de los destinos más saturados. «A lo que nos enfrentamos en los próximos meses es a un efecto contagio de protestas y a una reacción a corto plazo de las administraciones por la que se impongan tasas, moratorias o medidas limitantes sin pensar más que en calmar las aguas o directamente demagógicas», explicaba ayer una conocedora del ambiente turístico en lo empresarial y político. La movilización, admite, ha sido un aviso serio. «Llevamos 30 años hablando de cambiar el modelo turístico español y ahora va a cambiar pero de abajo a arriba, por la vía de la revolución», comentaba con sorna. El hecho es que la movilización canaria obligó ya ayer al presidente autonómico a reaccionar dando la razón a los manifestantes y prometer un cambio. 

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento contra TikTok para dirimir si el lanzamiento en España y Francia de su nueva aplicación, TikTok Lite, puede haber vulnerado la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La normativa obliga a las grandes plataformas a aportar un informe de evaluación de riesgos e incluir medidas para mitigar cualquier riesgo sistémico antes de lanzar cualquier producto. La Comisión ha dado de plazo a TikTok hasta hoy para que aporte el informe, hasta mañana para aportar argumentos y hasta el 3 de mayo para el resto de información que solicita. Si TikTok no cumple ese plazo, Bruselas podrá imponer multas de hasta el 1% de los ingresos anuales o del volumen de negocios mundial, y sanciones periódicas de hasta el 5% de los ingresos diarios medios o facturación anual global de TikTok. La Comisión se reserva también el derecho de suspender TikTok Lite porque ve peligro para la salud mental de los adolescentes. “Es posible que TikTok haya lanzado TikTok Lite sin evaluar el riesgo de comportamiento adictivo, especialmente para menores”, escribió en redes la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Su compañero de Mercado Interior, Thierry Breton, añadió: “Sospechamos que la función TikTok Lite es tóxica y adictiva, en particular para los niños. A menos que TikTok proporcione pruebas convincentes de seguridad (lo que no ha hecho hasta ahora), estamos dispuestos a activar medidas provisionales de la Ley de Servicios Digitales, incluida la suspensión del programa de recompensas TikTok Lite”. TikTok Lite da “puntos” por iniciar sesión cada día, ver vídeos y recomendar la aplicación a otros usuarios. La intención de TikTok es que pueda reunirse como mucho un euro diario, que podrá regalarse a creadores o canjear por vales regalo de Amazon y otras plataformas. El objetivo de TikTok con Lite es, según la compañía, acelerar su crecimiento entre usuarios adultos, el punto flaco de su audiencia.