20240422

Los resultados de anoche en Euskadi han dado esta vez la razón a las encuestas. El Gobierno vasco mantendrá sus colores al sumar mayoría absoluta el PNV (27) con el PSE (12), aunque por primera vez en la historia la izquierda abertzale le empata en escaños y obtiene su mayor éxito en las urnas al sentar a seis parlamentarios más en la Cámara. El PSE puede ver reforzado su papel en el Ejecutivo de coalición gracias a su buen resultado, mientras Podemos desaparece. Casi, pero no. EH Bildu se quedó rozando con las yemas de los dedos el anhelado ‘sorpasso’ y no pudo pasar del empate, a 27 escaños, con un PNV que salva así los muebles por la mínima y tras un recuento de infarto en el que, por momentos, Sabin Etxea se vio por detrás de su eterno rival por la hegemonía abertzale. La candidatura que encabezaba Imanol Pradales, gracias a su inquebrantable fortaleza en su feudo vizcaíno, pudo, eso sí, ganar con claridad en votos desde el inicio de la noche, lo que, consumado el empate entre siglas nacionalistas, ayuda a enjugar lo que a punto estuvo de interpretarse como una dolorosa derrota. La pujanza de sus socios del PSE-EE, que ganan dos escaños y rentabilizan al máximo la estrategia peleona de Eneko Andueza y su simbiosis con Pedro Sánchez, garantiza además una cómoda mayoría absoluta de 39 parlamentarios, dos menos que en la actual Cámara vasca. Una cifra que libera de presión al PNV para afrontar con ciertas garantías una legislatura que arranca con una certeza indubitada, que los de Arnaldo Otegi se presentan ya como una alternativa plausible para poder tomar, a medio plazo, las riendas del país. Ya no son perseguidores, sino aspirantes a disputar la ‘foto finish’. Basta un dato para ilustrarlo: si en 2016 la distancia en papeletas a favor del PNV fue superior a las 170.000 y en 2020 se redujo a 100.000, ayer los jeltzales apenas si aventajaron a sus rivales en algo menos de 30.000.

Imanol Pradales gestionará un Gobierno en un territorio que ha mejorado de forma sensible las cifras de desempleo, que no es sino la principal señal salud o carencia de ella en la economía vasca. Ese 7,9% de paro que refleja la última encuesta del Instituto Vasco de Estadística, Eustat, es mucho más tranquilizador que el 11% que teníamos en 2020. Es el mejor dato del mercado de trabajo vasco desde 2009. Afortunadamente para todos ya no estamos en plena pandemia sino en lo que se intuye como la senda de recuperación de una crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El escenario de los próximos meses –coinciden todos los análisis en ello–, apunta a una relajación del precio del dinero, lo que redundará en algo más de oxígeno para las familias endeudadas y un incentivo a la inversión de las empresas. El nuevo Gobierno aterriza en un escenario en el que se prevé un crecimiento del 1,9% para la economía vasca este año –una ligera mejoría hasta el 2,1% en 2025– y eso significa que la tasa de paro va a seguir con su tendencia de descenso. La tasa del 5%, lo que se considera paro técnico, comienza a estar al final del túnel. No se podrá quejar el nuevo gabinete en torno a la evolución de su particular cuenta de resultados, porque cualquier gestor está siempre preocupado por el capítulo de los ingresos. En ello se juega todas las opciones de tener recursos, aunque siempre parezcan insuficientes, para poder desarrollar sus políticas. Incluso, para intentar cumplir alguna de sus numerosas promesas electorales de los últimos meses. Y ahí todo funciona como la seda. El nuevo gabinete, con la más que previsible alianza PNVPSE, tiene todo el viento a favor y una mayoría parlamentaria suficiente para eludir la necesidad de contar con apoyos puntuales de una tercera fuerza política. No pueden pedir más. 

Mantener la buena salud del mercado laboral y el pulso de la actividad económica, conteniendo la desaceleración, serán los retos del nuevo Gobierno Vasco, amén de afrontar la necesaria transición tecnológica y energética para que las empresas vascas sigan siendo punteras. La economía vasca resiste pese a la incertidumbre general mundial, acentuada por las cada vez mayores tensiones en Oriente Próximo. El departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, dirigido por Pedro Azpiazu, ha llevado al 1,9% su estimación de PIB vasco de este 2024 y, al mismo, tiempo eleva el avance del PIB previsto para el próximo año del 1,8% al 2,1%. No son cifras espectaculares pero permiten enfriar la desaceleración y dar cierta estabilidad. Los récords de afiliación, con el dato de cotizantes consolidado por encima del millón, conviven con la preocupación empresarial por la falta de perfiles tecnológicos, el absentismo, la estrategia de ELA y LAB de apostar por las huelgas, la fuga de talentos y la necesidad de ser más atractivos para los inversores de fuera. Los empresarios, al igual que la ciudadanía en general, estarán atentos a la reforma fiscal que debe ver la luz en esta nueva legislatura, en lo que será un elemento clave. Los parques eólicos y el reto de la descarbonización sin minar la industria son otros desafíos de calado para los nuevos responsables económicos.

El precio de la vivienda en alquiler no deja de tocar máximos. Tras un año de importantes subidas en Euskadi, un 11,4% en total, el primer trimestre del año vuelve a registrar incrementos. Las cifras de los diferentes portales inmobiliarios varían algo, pero todos ellos reflejan esta tendencia. Según Fotocasa, actualmente los alquileres cuestan en la CAV 15,97 euros por metro cuadrado. Esto significa que por un piso de 80 metros cuadrados se paga en Euskadi 1.277 euros cuando, al comienzo de 2023, su precio era de alrededor de 1.102 euros. “El mercado del alquiler atraviesa uno de sus momentos más complicados. Aunque no crece a dos dígitos como vimos durante el primer semestre de 2023, el aumento sigue siendo muy significativo”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. El precio medio en el Estado es de 12,36 euros/m2, es decir, 985 euros al mes. “La razón es el considerable desequilibrio entre oferta y demanda, y es que nunca el alquiler había tenido una oferta disponible tan reducida como ahora. El stock en alquiler se encuentra bajo mínimos. El año cierra con un fuerte tensionamiento en los precios que han llegado a superar incluso la marca registrada durante la burbuja de 2007, y dejando un nuevo máximo”, continúa Martos. Por provincias, Gipuzkoa, con 18 euros por metro cuadrado, se encuentra entre las más caras del Estado, junto a Barcelona, donde se paga por metro cuadrado 18,42 euros, Madrid (18,32 euros/m2) e Illes Balears (17,54 euros/m2 al mes). Va a hacer un año que entró en vigor la Ley de Vivienda, que incluía importantes novedades en cuanto al control de los alquileres o incentivos fiscales para 2024. Y hace un mes el Gobierno español hizo público el Índice de Referencia del precio del alquiler, que tiene como objetivo regular el precio de los alquileres en las zonas de mercado tensionado, es decir, donde existe una mayor tensión entre la oferta y la demanda. Catalunya, que ya ha declarado municipios o zonas tensionadas, será la única en aplicar, por ahora, el tope al alquiler.

Después de casi tres años cerrado, la carrera por relanzar el HotelAndGo de Arasur está en marcha. Según ha podido saber este periódico, el alojamiento hotelero, cerrado desde 2021 pese a su estratégica ubicación, ha acaparado el interés de dos empresas. De concretarse un acuerdo, los transeúntes de la AP-1 recuperarían una plaza hotelera más para descansar. El relanzamiento de este proyecto vendría a poner la guinda a una plataforma que vive un momento de dulce. Merlin Properties ultima los preparativos para levantar su segunda sede de Rivabellosa, la última parcela XXL del territorio ya está vendida en Arasur. Antes llegó la terminal ferroviaria con el puerto de Bilbao, la inversión de Gestamp o el desembarco de Enagás en el polígono alavés, Ahora la gerencia del polígono y la Diputación trabajan en definir una ampliación que permita seguir atendiendo la demanda del sector logístico, que sigue interesado en la plataforma de Rivabellosa. El hotel, de tres estrellas y con 95 habitaciones para alojar a sus huéspedes, fue construido en 2007. Desde entonces, 14 años de actividad ininterrumpida llegaron a su fin en 2021. El alojamiento contaba con tres niveles y amplios salones en la planta baja. Sin embargo, poco después del confinamiento, tuvo que echar la persiana.

España comienza a quedarse varias vueltas por detrás del resto de Europa en la carrera del vehículo eléctrico. Según datos de los fabricantes de coches y del Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto), el país tuvo una cuota media de venta de coches eléctricos en el primer trimestre del 4,6% (unas 11.386 unidades), una cifra irrisoria en comparación con la media del resto de Europa, del 12%. Tan retrasada va España en la penetración del vehículo eléctrico que está mucho más cerca de mercados como el griego, el búlgaro o el lituano, que del alemán o el francés. Los mercados del norte europeo, vanguardia en la implantación de la movilidad eléctrica, quedan a años luz con cuotas de matriculaciones del 90%, en Noruega y el 41% en Dinamarca. Según Acea (la patronal europea de fabricantes de coches) y Anfac (que representa a los fabricantes en España), nuestro país se situó en el primer trimestre en el puesto 24 en una lista de 31 naciones europeas, que lidera Noruega. El país nórdico lleva años implementando una política muy activa de instalación de puntos de recarga públicos e incentivos fiscales (como la suspensión del IVA a los coches eléctricos), lo que ha permitido que crezca enormemente este segmento hasta convertirse en la opción preferida de los conductores. Otro aspecto que ha favorecido la proliferación del vehículo eléctrico en el norte europeo respecto al sur es el alto poder adquisitivo. Sin embargo, un país sureño como Portugal, con menor renta que España (según Eurostat, España se situó en el puesto 17º de la Unión Europea en PIB per cápita en 2022, mientras que Portugal fue el vigésimo), cuenta ya con una cuota de mercado del 16,2%, más de cuatro puntos por encima de la media europea. “En Portugal hay una bonificación para los vehículos eléctricos en flotas de empresas, así como en los coches que son destinados a empleados”. 

La Comisión de Trabajo del Congreso debatirá mañana la propuesta de Sumar para incluir a trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales, para impulsar un funcionamiento “más democrático de las empresas”. Los diferentes grupos parlamentarios fijarán posición en torno a este asunto, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclama desde hace tiempo y que se presentará mañana a sus señorías en forma de proposición no de ley. El grupo toma de ejemplo a la ley de cogestión de Alemania para justificar su propuesta, además de dos Directivas Europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea, las cuales se transpusieron en 2006 mediante una ley que, según Sumar, es un “punto de partida sólido para un marco normativo más garantista”. También recuerda que la propia Constitución en su artículo 129.2 ordena a los poderes públicos promover, de manera eficaz, las diversas formas de participación en la empresa. Por todo ello, la formación de Yolanda Díaz defiende en su PNL, recogida por Europa Press, reforzar el marco normativo en relación con los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras “en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa”.

La combinación de tres datos que lidera España en la Unión Europea muestra la magnitud del gran problema que no resuelve, ni de lejos, el Gobierno de coalición, pese a todos los discursos oficiales. Primer dato: España será el campeón del gasto en pensiones en los próximos 20 años. Segundo: también es líder en intentar tapar el agujero subiendo las cotizaciones a empresas y trabajadores. Y las eleva pese a que –tercer dato– se mantiene también el lamentable número uno del paro de la UE. Según el informe de envejecimiento, Ageing Report, publicado el viernes por la Comisión Europea, no sólo España es el país que más gasto en pensiones va a afrontar con respecto al Producto Interior Bruto en los próximos 20 años, al alcanzar el 16,9% en 2045 tras dos reformas del Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta del anterior ministro, José Luis Escrivá. Aflora también que es la gran economía del euro que más se va a apoyar en subir los ingresos para intentar –en vano– sostener el sistema. España es, junto a Chipre, el país en que más se van a elevar las «contribuciones con respecto al PIB» en los próximos 20 años, según el informe europeo. Lo hace algo más Chipre (un 1,7% frente al 1,5% de España), pero éste no es comparable, porque parte de una base muy inferior. Las cotizaciones pasarán en España de pesar un 12,9% del PIB en 2022 a un 14,4% en 2045, según el informe. En Chipre, desde un 8,2% a un 9,9%. En gran contraste, la media de la Eurozona es de una subida de cuatro décimas de las contribuciones en ese período (10.2 a 10,6 del PIB) y la de la UE, de apenas dos (9,8 a 10). Sólo en España, Portugal y Finlandia las cotizaciones que se reclaman a empresas y trabajadores superarán en 2045 el 14% de su PIB y, de los tres, la mayor escalada se produce en la cuarta economía del euro.

"...El primer dato a considerar, al que se añadirán luego los concordantes, corresponde a la evolución de la longevidad española. En 2023 la expectativa de vida al nacer se fija en 80,8 años para los varones y de 86,5 para las mujeres. En 2070 esos dos valores habrán ascendido hasta los 87,1 y los 91,5 años, respectivamente. Si nos referimos a las expectativas de vida para los de 65 años cumplidos, las cifras para 2070 se sitúan en 89 y 92,7 años respectivamente. Pero sigamos con las novedades. La tasa de fertilidad en España, que en 1960 fue de 2,86, pasará a una famélica de 1,42 hijos por mujer en 2070, con la correspondiente incidencia en la inversión de la pirámide poblacional...Los trabajadores activos se estiman en 20 millones en 2070 frente a los 20,8 millones de 2023. El número de horas semanales trabajadas pasará de 750 millones en 2022 a 731 en 2070. La capacidad productiva y generativa de recursos del país está en duda, pero el Ageing Report nos consuela con una buena noticias, aunque nadie asegura que sea relevante o suficiente. Se refiere a la tasa de paro ‘natural’ estructural que se fija en el 12,9% en 2022, el 11,5% en 2032, el 6,8% en 2050, y el 6,6% en 2070. Con un crecimiento medio de la productividad laboral del 1,3% en el periodo 2023-2070, y un crecimiento de la productividad total de los factores del 0,8%, el crecimiento anual potencial medio proyectado para España en el periodo 20222070 para el PIB es del 1,2%. Interinamente, nuestra posición relativa en la Europa de los 27 en el relevante índice del PIB per cápita se situará en 2032 en el lugar 16 y con un índice de 79 en relación con la media europea de 100. El ranking viene encabezado por Irlanda (355), Luxemburgo (298), Dinamarca (171) y hasta ocho países más con índice superior a 100..."

La misma caída brusca en el mercado eléctrico que ha devuelto el IVA al 21% previo a la crisis energética ha hecho que el recibo regulado apenas se haya visto afectado por este regreso al punto de partida. Mientras que los clientes del mercado libre —en su mayoría, con contratos fijos— están sufriendo el salto de la fiscalidad del 10% al 21%, los más de ocho millones de clientes que optan por la tarifa PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor), históricamente más barata, están viendo cómo sus recibos no solo no han subido sino que, en las dos últimas semanas, incluso han bajado respecto a los meses precedentes, en los que aún se aplicaba el tipo fiscal. El usuario medio del mercado regulado —cuatro kilovatios (KW) de potencia contratada, 200 kilovatios hora (KWh) de consumo mensual y sin excesiva discriminación en su consumo entre las horas baratas y caras— pagó en marzo poco más de 38 euros por su factura de la luz, según la simulación elaborada por José Luis Sancha, profesor de Modelado de Sistemas de Energía de ICAI, escuela de estudios técnicos de la Universidad Pontificia Comillas. Son solo unos céntimos más que en febrero. En abril, hasta la fecha el mes más barato de la historia del mercado eléctrico español y el segundo con el IVA al 21%, este mismo consumidor acabará pagando incluso menos: 37,5 euros.

Las compañías a lo largo del mundo han tenido que rascarse el bolsillo para sufragar el encarecimiento del coste de la financiación por la subida vertical de los tipos de interés, pero no todas lo han hecho por igual. Iberdrola es una de las menos afectadas. Nadie paga la deuda más barata que ella entre las grandes energéticas europeas. Su prima de riesgo se lo permite. Los tipos se han incrementado para todas las empresas, pero al precio oficial del dinero hay que sumar el diferencial que los inversores de deuda exigen por el perfil de riesgo que tiene cada compañía. Ahí es donde Iberdrola bate a sus rivales. A pesar de que las grandes energéticas del Viejo Continente (E.ON, Enel, EDP y Engie) tienen un ráting crediticio parecido al de la española (que es BBB+), la prima de riesgo que se les pide a cada una de ellas es muy diferente. En los bonos a tres años, Iberdrola paga un extra de 22 puntos básicos, mientras que la más cercana de sus competidoras está en 39 puntos básicos y la más lejana llega a 68, según fuentes financieras. El mismo patrón se repite con la deuda a cinco y a nueve años. En estos momentos, Iberdrola abona entre 32 y 37 puntos básicos menos que la media de sus homólogas europeas dependiendo del plazo, según las cifras proporcionadas por la compañía a los analistas. Y la opinión del mercado es que estas diferencias no se van a esfumar.

Desde la gran crisis financiera de 2007-2008, las autoridades han emprendido el mayor plan para reducir el riesgo del sistema financiero mundial desde la década de 1930. Sin embargo, han fracasado debido a la inestabilidad y la gestión errónea del riesgo. La quiebra el año pasado de Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más grande de EEUU, puso de manifiesto errores muy básicos, como no haberse cubierto contra el riesgo de que la subida de los tipos de interés golpeara el valor de su cartera de deuda pública estadounidense. A esto siguió una retirada de depósitos a una gran velocidad en el banco que se contagió a otras entidades regionales. Este hecho, junto con la venta forzosa de Credit Suisse a UBS, llevó a Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, a declarar que “los modelos de negocio son deficientes, los procedimientos de gestión del riesgo son inadecuados y la gobernanza es inexistente”. Además, se han producido repetidos episodios de turbulencias en el mercado de deuda del Tesoro estadounidense, el principal refugio financiero del mundo, con un tamaño de 26 billones de dólares. El caso más extremo fue la avalancha de demanda de efectivo en marzo de 2020 cuando la propagación del Covid 19 cobró velocidad. La volatilidad se ha visto exacerbada por la reducción de la capacidad de los grandes bancos en su actividad de creación de mercado. Además, se teme que las arriesgadas estrategias de los hedge fund, que implican operaciones con gran apalancamiento, supongan una amenaza desestabilizadora constante. Esta desestabilización se ve fomentada, entre otras cosas, por el marcado crecimiento de los mercados privados y del sistema bancario en la sombra, del que forman parte fondos del mercado monetario, hedge fund, operadores electrónicos de alta velocidad y otras entidades que operan en un entorno menos transparente y menos regulado que el de los bancos.

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública –que dirige José Luis Escrivá–, mantiene un serio desacuerdo con la operadora de telecomunicaciones Masorange a costa de la participación de la compañía recientemente fusionada –es el fruto de la integración de MásMóvil y de Orange España– en el plan de despliegue de 5G rural, denominado Unico Redes Activas. El enfrentamiento puede llegar a provocar que el ministerio decida declararlo desierto y convocarlo de nuevo de urgencia, según han señalado fuentes conocedoras. Fuentes de Masorange declinaron realizar comentarios sobre la información. El conflicto se ha generado por la insistencia de Masorange de mantener vivas las ofertas que presentaron en su momento tanto Orange como MásMóvil por separado. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 31 de octubre de 2023, cuando las dos empresas aún eran independientes y eso llevó a que cada una presentase sus propias ofertas. Esa circunstancia provoca que en algunas provincias existan actualmente sobre la mesa del Ministerio de Transformación Digital dos ofertas, una de MásMóvil y otra de Orange, cuando ya es un único grupo. El departamento que dirige José Luis Escrivá considera que, en aquellas provincias en las que se solapan las dos ofertas, Masorange debería eligir una de ellas y retirar la otra, pero la resistencia del grupo fusionado a hacerlo –con la doble oferta podría obtener más proporción de las subvenciones que se están licitando–, ha provocado una importante irritación en el ministerio.

La resaca del ataque bajista de la firma Gotham City Research contra Grifols continúa. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) ha remitido dos requerimientos de información a la compañía española a raíz de las acusaciones de la misteriosa firma de análisis e inversión. Grifols ha contestado al supervisor, según la compañía, pero “las interacciones” siguen su curso. La cotización de la empresa ha caído más de un 40% desde el 8 de enero, la sesión previa a la publicación del informe de Gotham. La empresa ha registrado su informe anual ante la SEC y en él ha incluido advertencias expresas sobre la posibilidad de nuevos ataques bajistas y sobre el riesgo derivado de los conflictos de intereses por las operaciones vinculadas, una de las dianas a que apuntaba Gotham. Grifols señala que esos ataques pueden dañar su reputación y afectar a su negocio. “Hemos sido objeto de publicidad negativa por parte de un vendedor en corto”, reconoce Grifols. “No está claro el efecto a largo plazo que dicha publicidad negativa podría tener sobre nosotros y/o si seguiremos siendo objeto de ataques de vendedores. Si fuéramos objeto de cualquier otra acusación desfavorable, incluso cuando dichas acusaciones no fueran ciertas, podríamos tener que gastar una cantidad significativa de recursos para investigar dichas acusaciones y/o defendernos”, explica. Y admite que, en respuesta al ataque de Gotham, ha invertido importantes recursos y tiempo, incluida la realización de revisiones internas y externas.

España tiene una deuda pública que es, aproximadamente, 14 puntos del PIB más alta que la de la economía mundial. Su déficit, además, dejará de reducirse a partir del año que viene, y se estabilizará en el 3,1% del PIB. Son las previsiones que el FMI dio en su informe semestral Monitor Fiscal, que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó el martes, al afirmar que las estimaciones del Fondo «no tienen en cuenta que las reglas fiscales europeas vuelven» en 2025, lo que, destacó, hará que el déficit siga cayendo. El portugués Vitor Gaspar es el director del Departamento Fiscal del FMI y, por tanto, el máximo responsable del Monitor Fiscal. Aunque en la entrevista con EL MUNDO no quiso entrar a hablar de países concretos - incluyendo España - su opinión es clara: los déficit y la deuda deben caer más deprisa en todo el mundo. "Muchos países ya están haciendo un ajuste gradual, que es lo que en el FMI consideramos correcto. Las nuevas reglas aprobadas en Europa permiten esfuerzos moderados en economías que están creciendo cerca de sus tasas potenciales y con la inflación cerca de su objetivo. No es nada problemático... Los efectos de la tecnología se extienden de empresa a empresa, y las compañías que se benefician pueden ser del mismo sector, de la misma región o, por el contrario, puede que no tengan nada que ver con aquélla en la que empezó el proceso. Si hay lo que llamamos «captura política» de la política industrial y se subvenciona a los sectores equivocados, puede que esa política tenga incluso efectos muy negativos. El Monitor Fiscal da muchos ejemplos de políticas industriales que fracasaron...La situación es claramente preocupante. La deuda pública de los países es elevada. A nivel mundial, todavía es 9 puntos del PIB superior al nivel previo al Covid-19. Además, en 2023, los déficit y la deuda han vuelto a crecer. Nuestras previsiones indican que la deuda pública mundial seguirá creciendo hasta el final de la década, cuando alcance la cifra simbólica del 100% del PIB de la Tierra, que es el mismo nivel que tuvo durante la pandemia. Además, el gasto público primario [excluido el pago de intereses de la deuda] mundial es siete décimas de PIB mayor que antes del Covid-19. Y el servicio de la deuda también es más alto, no solo porque la deuda es mayor, sino porque los tipos de interés también son más altos..."

Alemania es hoy un barco sin rumbo. A estas alturas del año, ningún analista económico espera que el país consiga que crezca su PIB en 2024. Los alemanes se muestran pesimistas. Y hay motivos. Los índices de gestores de compras (PMI) de producción industrial siguen apuntando a una clara caída. Tanto Alemania como Francia presentan datos muy por debajo del nivel 50, la frontera entre contracción y crecimiento, lo que podría provocar que la eurozona entrase en una situación de estancamiento. Y, en este grave contexto, las políticas sociales y medioambientales del gobierno alemán de coalición –formado por un tripartito de socialdemócratas (SPD), Verdes y liberales (FDP)– son cada vez más peligrosas. Una continuación de las ya comenzadas en la desastrosa y engañosa etapa de la gran coalición, liderada por Merkel, entre socialdemócratas y conservadores, para no tener oposición. Un escenario, paradójicamente, presentado como un oasis de estabilidad y cohesión política. Pero que ha resultado ser, en realidad, un modelo de exportación de mercancías insostenible en el tiempo, e incompatible con el contexto geopolítico actual. El legado de Merkel es sombrío: el modelo productivo alemán está en cuestión, y el país corre el peligro de sufrir un desmembramiento económico y social. ¿Y qué hace el actual Gobierno federal ante esta situación? Pues muy poco. El ministro de Economía, el verde Robert Habeck, es uno de los principales responsables de los problemas descritos. Habeck ha demostrado repetidamente su incompetencia. Por ejemplo, cuando afirmó que “las empresas no se van a la quiebra, simplemente dejan de producir”.