20241130

En un contexto de crisis de la automoción a nivel europeo, el presidente de la patronal alavesa, Juan Antonio Sánchez Corchero, no se anduvo ayer con rodeos. En la jornada de celebración por la inauguración de la nueva sede de SEA Empresas Alavesas, su máximo dirigente no dejó los principales retos del territorio e hizo una defensa a ultranza del sector industrial como parte integral del «ADN» de Álava. Con la producción más baja del lustro en Mercedes Vitoria y con un repunte «coyuntural» del trabajo en Michelin para el 2025, Sánchez Corchero quiso poner en valor a la industria como artífice de la «gran calidad de vida y bienestar social» de la que goza Álava. El presidente de la patronal también tuvo palabras para su nueva sede, ubicada ahora en la Casa Goya. El espacio, ha asegurado Sánchez Corchero, es «una declaración de intenciones» para estar más cerca de la universidad y de los centros docentes. «Esta nueva sede reforzará nuestra capacidad de atraer y retener el talento, uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos», sostuvo. El máximo dirigente de SEA aprovechó su discurso para hacer referencia a otro reto del territorio: el absentismo laboral. En su primera intervención en un evento de este calibre, Sánchez Corchero apostó por el continuismo con las quejas de su predecesor Pascal Gómez y lanzó una dura advertencia sobre el alto volumen de bajas que registra Euskadi. El absentismo es, a sus ojos, «un verdadero problema ante el que todos debemos reaccionar». «Seguiremos luchando para encontrar soluciones conjuntas y efectivas que nos permitan reducir el absentismo», ha proclamado. Corchero también puso de relieve el deterioro del emprendimiento en la economía vasca. Para ello, citó un informe de Funcas que «sitúa a Euskadi como la penúltima comunidad en emprendimiento». «Sin empresas no hay empleo y no hay sociedad del bienestar porque no hay riqueza que repartir» primeras; sin duda es un dato que nos preocupa», sentenció. 

Contexto económico general complejo y un sector, el de la automoción, que sufre especialmente los efectos de una demanda contenida. El fondo de escena no ayuda, así que Michelin Vitoria se marca objetivos de producción para el próximo año, en cierta manera, discretos. La fábrica con sede en la Avenida del Cantábrico, que cuenta en su plantilla con alrededor de 3.000 trabajadores, ha compartido este viernes con el comité de empresa el calendario y las cifras de fabricación que maneja para 2025. Y dos son las líneas que requieren fijar la atención: la de las cubiertas para turismo y las que se destinan a ingeniera civil (la ‘gran rueda’). Respecto a la primera, la dirección de la planta prevé sacar al mercado un total de 8,8 millones de cubiertas. Si se toma como referencia el objetivo marcado para este año, se deduce que habrá un incremento ligeramente superior al 9%. En lo que se refiere a las cubiertas GC, las destinadas a los grandes vehículos de ingeniería civil, la compañía prevé una ligera caída de la demanda y, en consecuencia, programa una producción inferior a la de este año. El equipo a las órdenes de David Udakiola plantea a los trabajadores que la factoría alavesa lance 63.353 toneladas. Estaríamos hablando de 1.573 menos que las estipuladas hasta el próximo 31 de diciembre, lo que se traduce en una caída de en torno al 3% respecto al ejercicio de 2024. Los sindicatos hablan de una "subida coyuntural" de la carga de trabajo. 

«El presidente sabe que los empresarios se sientan a dialogar, tengo sobre mis espaldas 21 acuerdos de diálogo social». Así respondió ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al emplazamiento de Pedro Sánchez para que la patronal se siente con Ejecutivo y sindicatos a negociar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Garamendi, en la inauguración de la nueva sede de SEA Empresas de Álava en Vitoria, lamentó «echar muchísimo de menos la lealtad institucional» en un proceso en el que acusó al Gobierno de deteriorar el diálogo social. Un mensaje en el que luego incidió para destacar que el diálogo no puede ser «ir a jugar un partido de fútbol, ir a perder 50 y cuando sales incluso el árbitro está vestido del equipo contrario». La tensión entre la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la patronal se mantiene en máximos. La responsable de la cartera de Trabajo sigue determinada en aprobar la reducción de la jornada laboral mediante una ley, aunque no se logre un acuerdo entre sindicatos y empresarios. Por eso el presidente de la CEOE insistió en que «el recorte por ley» de la jornada laboral «no es bueno» y al plantearlo, «no están pensando en las pequeñas empresas, en el comercio, en el campo o en la hostelería». Además, acusó de que «se están trasladando mantras que no son reales», como que «a menos horas, más productividad». «Nosotros –remarcó–, con mucha lealtad institucional, pensamos que este recorte no es bueno y cuando lo planteamos lo hacemos convencidos de que es una propuesta buena para el país». De ahí que el representante empresarial insistiera en el derecho de la patronal «a decir que hay cosas que no compartimos y más en un tema donde el final está ya pactado por la política». 

Kutxabank recibió ayer la mejor nota en el ejercicio de transparencia que realiza la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre la exposición al riesgo que tienen los bancos que supervisa. La entidad vasca acumula ya 10 años consecutivos con la mejor cobertura para cubrir sus activos ponderados por riesgo. Es el ratio de solvencia, conocido como CET1, y que escala hasta el 18,27% en el análisis realizado sobre Kutxabank. El porcentaje refleja las garantías de solvencia que tiene la entidad, luego a cifra más alta, más fortaleza. Si bien es cierto que un exceso tampoco es positivo. Esta cobertura se apoya en recursos de rápido acceso, como si estuvieran en el colchón, así que un desproporcionado porcentaje de CET1 relevaría una ineficiencia en la gestión de los activos. En cualquier caso, Kutxabank se sitúa por delante de Unicaja (15,08%), Sabadell (13,47%), Ibercaja (13,20%), Abanca (13%), BBVA (12,75%), Santander (12,46%), Bankinter (12,44%) y Caixabank (12,22%). El dato, siendo el mejor, queda detrás de Laboral Kutxa, que en el primer semestre firmó un CET-1 del 23,85%. Pero la cooperativa de crédito queda bajo la vigilancia del Banco de España, por eso no aparece en este ejercicio de transparencia. Una operativa bancaria sin riesgos, poco expuesta en el sector empresarial y apoyada en hipotecas de vivienda habitual en Euskadi son la clave de este resultado. Kutxabank se beneficia así de un ratio de mora en sus créditos del 1,33%, por debajo de la media del sector que está en el 2,89%. Y, además, presenta un ratio de apalancamiento del 8,06%, por debajo de la media europea.

La actividad institucional para buscar in extremis una salida que evite el cierre de Astilleros Balenciaga se ha acelerado esta semana. Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa, por un lado, y la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, por otro, se han reunido estos días con el comité de empresa. Y en ambas citas han transmitido el mismo mensaje. Las instituciones se han unido para buscar una salida «factible dentro del marco legal» y con discreción. En este marco, Garmendia agradeció ayer a los empleados su «positiva actitud» y su colaboración en esta crisis. El Ejecutivo autonómico también señaló a este periódico que buscan un inversor vasco para intentar salvar la actividad de la centenaria firma. La delegada del Gobierno central trasladó a los representantes de los trabajadores, de CC OO, LAB y UGT, que desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa e Industria están analizando «todas las alternativas posibles». «Buscamos una solución eficiente que sea posible, que sea factible y asumible por todas las partes». Eso sí, Garmendia dejó claro que el financiador estatal Cofides, dependiente del ministerio y que impugnó el plan de reestructuración de Balenciaga, forzando así a la firma a entrar en concurso de acreedores, no ha hecho nada que no esté «amparado por la legislación europea». Cofides reclama doce millones de un préstamo participativo por las ayudas del Covid y no acepta la oferta de la dirección de Balenciaga de abonar una primera suma de 1,3 millones y otra posterior vinculada a la construcción de dos barcos que la firma guipuzcoana tenía ya comprometida si salía adelante el plan de reestructuración, homologado por un juez pero impugnado ahora por el financiador dependiente del Estado. Desde este organismo apelan al control europeo que les obliga a ser exigentes en la recuperación de los préstamos.

El turismo ha transformado la fisonomía de la capital vizcaína de arriba abajo y variado las costumbres comerciales de visitantes y vecinos. Medio centenar de establecimientos de diversos ramos, al margen de bares y restaurantes, abren todos los domingos y festivos «porque hay negocio». Los tenderos entienden que no pueden dejar pasar esta oportunidad, «estando como está el consumo, no muy boyante», matizan. Esgrimen que hay domingos que hacen «más caja» que un viernes. «¿Por qué no vamos a poder abrir entonces? Hay que prestar un servicio a la ciudad», defiende Iván, empleado de A&J Complementos, que cuenta con dos locales en el Casco Viejo. Las reglas del juego han cambiado en un tiempo récord influidas por un turismo que llena calles y marca nuevas pautas empresariales. La hostelería simboliza un cambio que ha roto todas las expectativas. Los viajeros, especialmente extranjeros, ya suponen entre el 15% y el 20% de la facturación, según Luis Justiniano, uno de los principales animadores de la noche bilbaína. «Hay que atenderles con la oferta que merecen porque nos dejan mucho dinero», valora. Frente a este escenario, quedan lejos los tiempos en que sindicalistas de ELA advertían telefónicamente a las empleadas de la firma de moda Michael Kors que se «atuviesen a las consecuencias» si abrían la tienda de la Plaza Moyua el día de Reyes o Navidad. Tras aquellas amenazas, la marca neoyorquina, que acababa de aterrizar en el local que durante décadas ocupó Loewe, nunca más volvió a plantear la posibilidad de aprovechar uno de los ocho festivos que les faculta la ley. Curiosamente, las centrales jamás repararon en las masivas aperturas que tienen lugar habitualmente en festivos en la vecina San Sebastián, práctica alimentada por la significativa afluencia de clientes franceses.

El sector de la automoción, tanto fabricantes como concesionarios, reclama con vehemencia mantener y mejorar las ayudas a la compra de coches eléctricos. A un mes del final de la extensión del Plan Moves, que ha repartido subvenciones para la adquisición de estos vehículos y también para la construcción de puntos de recarga, la venta sigue estancada. Hasta agosto en Euskadi, la caída de matriculación de nuevos eléctricos fue del 28% y del 4% en el caso de los híbridos enchufables. El mayor coste de este tipo de vehículos, así como la incertidumbre sobre la extensión de este modelo ha pesado más que esa prolongación de las ayudas que el Gobierno central viene repartiendo a las comunidades autónomas. El caso es que, según han confirmado fuentes del Ente Vasco de la Energía (EVE), el Gobierno vasco extenderá estas ayudas para la compra de coches eléctricos a 2025. Es la decisión firme, aunque pendiente de los detalles. De momento, el Ejecutivo autonómico está centrado en las negociaciones con el Gobierno central para concretar la fórmula. Hasta ahora, la subvención en Euskadi se ha gestionado en la ventanilla del EVE desde que se pusiera en funcionamiento en 2021. El dinero que ha financiado este programa venía de los fondos de recuperación que la Comisión Europea activó para fomentar la recuperación tras la pandemia. Pero si no hubiera acuerdo, las mismas fuentes aseguran que la determinación del Ejecutivo vasco es la de acudir a recursos propios para mantener las ayudas.

Hans Schep, director general en Europa de Ford Pro, división de vehículos comerciales del fabricante estadounidense, lo tiene claro en relación con el negocio de furgonetas, que, en su opinión, tiene que aportar tranquilidad a un cliente profesional que lo que busca es maximizar la productividad de su trabajo. El directivo explica que Ford Pro apuesta por mejorar la oferta de servicios complementarios que ofrece a sus clientes profesionales para diversificar su negocio y que los servicios generen el 20% del beneficio de la división para 2026. En esta línea, la compañía está realizando “fuertes inversiones” en la gestión de los datos que generan los vehículos conectados, con el foco en la mejora de la productividad de los profesionales. “El dato es el nuevo petróleo”, subraya el directivo de Ford Pro. Así, apunta que los datos y su gestión son útiles para conocer los hábitos de conducción en una flota para mejorar la eficiencia en los consumos, así como para anticipar los mantenimientos y minimizar el tiempo que el vehículo está parado, reduciendo el perjuicio para un conductor profesional para el que la furgoneta es su herramienta de trabajo. Schep resalta que la tecnología de inteligencia artificial y el machine learning no serán la solución universal para todos los problemas, pero sí son herramientas que servirán para convertir el puro dato recopilado durante la conducción en información útil.

La Ponencia Marco del PSOE pone sobre la mesa más impuestos, más intervencionismo público y más dosis de populismo, con medidas como la imposición de “un tipo marginal mínimo del 50% en la tarifa general del IRPF a partir de los 300.000 euros anuales” con el fin de intensificar “la lucha contra la evasión fiscal de los megarricos”. En la actualidad, el tipo máximo aplicable a las rentas de más de 300.000 euros, tramo creado en 2021, se sitúa en el 47% sumados los tipos estatal y autonómico, aunque en comunidades como Cataluña, Asturias o Aragón alcanza el 50% y en otras rebasa ese porcentaje con holgura, como la Comunidad Valenciana, donde asciende al 54%; Navarra, donde llega al 52%, o La Rioja, con el 51,5%. Entre los principales destinatarios de ese mensaje socialista sobresale Madrid que, con un tipo máximo agregado del 45%, tiene el IRPF más bajo de toda España. Precisamente, una de las promesas del PSOE recogidas en su Ponencia es cerrar “el camino al dumping fiscal”, práctica de la que recurrentemente se acusa al gobierno madrileño. Plantea hacerlo en el marco de la patata caliente que representa la reforma de la financiación autonómica, en la que, sin explicar cómo ni mencionar expresamente el pacto de soberanía fiscal sellado con ERC en Cataluña, promete garantizar más recursos a las CCAA y compatibilizar “solidaridad e igual esfuerzo tributario con el reconocimiento de las singularidades”. Esto es, armonización, pero con excepciones.

José Luis Bonet (Barcelona, 1941) preside la Cámara de Comercio de España desde noviembre de 2014. Tercera generación de la familia fundadora de Freixenet, hace una defensa acérrima de las empresas y de su papel como impulsoras de la economía española. Pero lanza un aviso al Gobierno: es necesaria una reforma fiscal que no «demonice» sectores ni hostigue a los empresarios ni a las clases medias. "La empresa es la pieza clave de la economía social de mercado que consagra la Constitución. Nuestra misión es la defensa institucional. España ha dado un salto mayúsculo en los últimos 50 años y las empresas han dado resultados absolutamente extraordinarios, frente a los antisistema que lo cuestionan y acusan a los empresarios de explotadores...Hace falta una reforma fiscal, pero no se puede hostigar a las empresas. Las energéticas ya han advertido de que sacarán inversiones de España y los bancos de que el impuesto arbitrario impactará en su beneficio y, en consecuencia, en el crédito a las familias y empresas. La voracidad recaudatoria abusiva en todos los tramos administrativos va en perjuicio de la gente y de la economía del país...El Gobierno debe preocuparse por incentivar a las empresas para que mejoren su productividad y se internacionalicen. Si las desincentiva está perjudicando a la economía...Además de incentivar a las empresas, debe evitar que se cometan barbaridades con las clases medias como no deflactar el IRPF. La desigualdad ha aumentado porque se están llevando el dinero. El sistema no funciona bien y hay que revisarlo...

El euríbor se ha convertido en una esperada paga extra para los millones de hipotecados cuyo préstamo fue contratado en su día a tipo variable. Los más de 1.500 euros al año que se ahorrarán de media quienes vean actualizarse sus créditos con el dato del cierre de noviembre suponen un importante balón de oxígeno para muchos hogares. Y lo más alentador es que las caídas del indicador hipotecario parecen no haber encontrado todavía su suelo. En noviembre vivió su octavo mes consecutivo a la baja, cerrando en el 2,506%, muy lejos del 4,022% que marcó hace ahora justo un año. Consuma así su mayor descenso interanual desde diciembre de 2009, hace casi 15 años, lo cual no solo lo coloca en la tasa más baja de los últimos dos años, sino también en la senda hacia nuevos abaratamientos de las cuotas. Tres grandes fenómenos han respaldado la marcha atrás del euríbor: la inflación por fin ha dado suficientes señales de estabilización –en noviembre se situó en el 2,3% en la zona euro, y ha permanecido por debajo del umbral del 3% durante todo el ejercicio–; el Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés tres veces en cuatro reuniones, y todo hace indicar que seguirá haciéndolo, tanto en su reunión del 12 de diciembre, como en el primer semestre de 2025; y ha crecido la inquietud sobre la situación por la que atraviesa la economía europea, con sus dos grandes locomotoras (Francia y Alemania) como principales señaladas.

La remuneración de los depósitos cae a velocidad de crucero en el mercado español. Con el último dato oficial del Banco de España en la mano, la rentabilidad media ponderada de los nuevos depósitos cayó hasta el 2,45% al cierre del tercer trimestre del año. Es el nivel más bajo desde el pasado mes de febrero. En octubre y en noviembre, el descenso se ha ampliado significativamente. Cuando acabó el verano, una decena de entidades con pasaporte español estaba ofreciendo al menos un 3% en distintos plazos. Ahora, sólo dos conservan este listón después de que Banco Cetelem, Miraltalbank, y BFS hayan recortado en algunos casos de forma muy significativa las rentabilidades en este tramo final del mes de noviembre. El caso más llamativo es el de Cetelem. La entidad perteneciente al grupo galo BNP Paribas era el banco más generoso en todos los plazos hasta esta semana, cuando ha practicado una gran rebaja en todos sus productos. A tres meses, la rentabilidad del depósito a tres meses ha bajado desde el 3,80% hasta el 3,10% TAE (tasa anual equivalente, que recoge todos los gastos); a 6 meses desde el 3,52% hasta el 2,55%; a doce meses desde el 3,24% hasta el 2,30%; y a 24 meses desde el 3,29% hasta el 2,75%. Por lo tanto, ha realizado descensos de casi 100 puntos básicos en los plazos estrella de seis y doce meses y ya es el mejor pagador sólo en el plazo de 3 meses.

La comercializadora energética Holaluz anunció ayer que retira las previsiones del plan de negocio para el período 2023-2025 comunicadas el 31 de octubre de 2023, alegando que el sector se está viendo afectado “por factores externos fuera del control de la sociedad”. En un comunicado remitido al BME Growth, donde cotiza, la compañía alegó que “los precios de la energía en el mercado spot y el entorno de tipos de interés” afectan a la capacidad de la firma “para hacer previsiones precisas y, por tanto, para proporcionar previsiones significativas al mercado”. En octubre del año pasado, Holaluz estimó que cerraría 2024 con un beneficio operativo (ebitda) normalizado de entre 19 millones y 24 millones y de cara a 2025 estimó que fuese de entre 27 millones y 32 millones de euros. En cuanto a ingresos, el negocio solar debía aportar entre 42 millones y 48 millones este año y entre 80 millones y 85 millones el año que viene, es decir, duplicar la facturación, una previsión difícil de alcanzar en la actual situación del sector fotovoltaico. La gestión de la energía generaría entre 224 millones y 234 millones este año y entre 228 millones y 238 millones de euros el que viene. Con todo, Holaluz aseguró ayer que sostiene “su compromiso de mantener plenamente informados a los inversores y al mercado sobre su evolución” y divulgar indicadores “que permitan medir el progreso en su estrategia y mantener una total transparencia”. Holaluz atraviesa dificultades por la caída del negocio de placas solares y a principios de noviembre anunció una operación de financiación para dar entrada al fondo Icosium Investment como nuevo accionista, el cual se ha comprometido a inyectar 22 millones de euros en dos fases para fortalecer la sociedad.

Repsol ha alcanzado un acuerdo para vender al grupo GeoPark sus activos de gas y petróleo en Colombia por un total de 530 millones de dólares (500,7 millones de euros), según anunció ayer la empresa dirigida por Josu Jon Imaz. GeoPark es un grupo privado con diversos intereses en Colombia, Argentina, Ecuador y Brasil. El acuerdo incluye la adquisición por parte de GeoPark del 100% de Repsol Colombia O&G Limited, que posee una participación del 45% en el Bloque CPO-9 en el Departamento del Meta (operado por Ecopetrol con una participación del 55%), así como la participación del 25% de Repsol en SierraCol Energy Arauca, que gestiona el activo Llanos Norte en el Departamento de Arauca. Repsol ha explicado en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta transacción se enmarca dentro de su estrategia de rotación de la cartera de activos. La operación “está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones”, que incluyen las aprobaciones correspondientes y el derecho preferente de tanteo por parte de los socios actuales de Repsol en los proyectos incluidos en el acuerdo, explicado la empresa española. En la misma notificación a la CNMV, Repsol ha indicado que se estima que la operación reducirá la deuda neta del grupo en unos 500 millones de dólares (470 millones de euros) como consecuencia de la caja obtenida.

La subida de los precios es un fenómeno generalizado, dado que tiene su origen en una causa común: el incremento de los precios de la energía. Así, de los veinte países que componen la eurozona, dieciséis registran un acelerón de la inflación en este último mes, mientras que solo tres moderan su escalada y uno, Alemania, se mantiene estable aunque el organismo estadístico nacional apuntara una subida. En concreto, los precios en Eslovenia aceleran 1,6 puntos, seguidos de Lituania (un entero), Chipre (ocho décimas), Italia, España (seis décimas en ambos casos), Bélgica y Países Bajos (medio punto), Irlanda, Croacia y Finlandia (cuatro décimas). Con ello, trece países (es decir, dos tercios del total) ya se sitúan en el objetivo del Banco Central Europeo o por encima, cuando el mes pasado eran solo la mitad y en septiembre habían llegado al 60%. Bélgica lidera las subidas de precios con una tasa de inflación del 5% respecto al mismo mes del año pasado, seguida de Croacia (4%), Países Bajos, Estonia (3,8% en ambos casos), Eslovaquia (3,6%), Grecia (3%), Portugal (2,7%), Chipre, Alemania, España (2,4%). En cambio, en la zona baja de la tabla quedan Irlanda (0,5%), Luxemburgo, Lituania (1,1%), Italia, Eslovenia (1,6%), Francia (1,7%) y Finlandia (1,9%). Estos datos ponen de manifiesto dos problemas: el alejamiento del objetivo del Banco Central Europeo, que podría provocar un retraso en las próximas rebajas de tipos, y la pequeña pero significativa pérdida de competitividad de España respecto a la eurozona. Por un lado, la inflación ha vuelto a escalar por encima del objetivo del BCE, del 2% y, aunque este avance se debe a los precios de la energía que escapan de la supervisión de Fráncfort, el hecho de que los precios no remitan también se debe a la “pegajosa” inflación en los servicios provocada por la falta de mano de obra en algunos sectores, que presiona sobre los costes de las empresas, y a la falta de competencia en algunos ámbitos. Por otra parte, la inflación en España es una décima mayor que la de la eurozona, lo que se traduce en una pequeña pérdida de competitividad para el sector exportador español, muy tocado en su vertiente de mercancías por los precios energéticos.