20250317

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

La cuestión energética es vital si Europa no quiere continuar perdiendo terreno respecto a la feroz competencia norteamericana y china. Las empresas, principalmente las electrointensivas y más aún las gasintensivas, pueden enfrentarse a una factura tres veces más alta que la de los gigantes americano y asiático. Y en el caso concreto de Euskadi y España, la electricidad es incluso más cara que en Francia o Alemania. La mayor dependencia energética, junto al déficit de interconexiones eléctricas con otros países, los mayores costes regulatorios y disponer de menos compensaciones agravan un problema que lleva a las patronales del sector a alzar la voz de alerta ya que, de lo contrario, «nos enfrentamos a la deslocalización de fábricas o incluso al cierre de compañías». Poniéndolo en números, la factura por el consumo de electricidad para un electrointensivo vasco y estatal es 2,4 veces el coste de la energía en Francia, y el triple del coste en Estados Unidos, según el último barómetro realizado por la patronal estatal de empresas consumidoras de energía. La guerra de Ucrania puso de manifiesto la gran dependencia del gas ruso y la necesidad de fomentar el autoconsumo y la independencia energética es prioritaria en Bruselas. Aunque ahora los precios se han estabilizado, esta problemática no afecta de la misma manera a todos los estados miembro. En el país galo, la electricidad es más barata gracias a su alto porcentaje de energía nuclear, que proporciona una fuente estable y de bajo costo. Al otro lado de los Pirineos hay más interconexiones entre los países europeos, lo que permite importar o exportar electricidad con más facilidad, equilibrando precios, además de ajustes fiscales, subvenciones y acceso a más contratos a largo plazo.

Pedro González, director general de AEGE, la patronal estatal de las empresas electrointensivas, alerta sobre la pérdida de competitividad energética europea respecto a otros mercados, y avisa de que el riesgo de deslocalización de las empresas es «absolutamente real». “Hay un cuello de botella tanto en la red de distribución como en la de transporte. Muchas industrias quieren electrificar sus procesos para descarbonizarse, pero se les está denegando el acceso, lo que está frenando sus planes de crecimiento y sostenibilidad. Nosotros creemos que se debe priorizar la concesión de capacidad a las industrias que ya están operando, porque garantizan un consumo real y no especulativo. Además, pedimos mayor ambición en los planes de inversión de Red Eléctrica y las distribuidoras…A pesar de contar con una gran penetración de renovables, seguimos dependiendo del precio del gas, lo que nos penaliza. En otros países europeos, la fiscalidad eléctrica es menor y las compensaciones a la industria son más generosas. Eso genera una brecha competitiva con Alemania o Francia. Si nos comparamos con EE UU o China, la situación es aún peor. Las empresas de esos países pagan mucho menos por la electricidad, lo que nos resta competitividad en los mercados internacionales…– ¿En este contexto, existe un riesgo real de deslocalización de la industria electrointensiva? – Es un riesgo absolutamente real. Europa está dejando de producir para importar lo que antes fabricaba, lo que va en contra de los objetivos de descarbonización. Sectores como el aluminio, los fertilizantes o la siderurgia están en peligro. Si no podemos competir, las empresas acabarán trasladando su producción a países con menor coste energético…La industria no está en contra de la descarbonización, pero necesitamos acompañamiento. El precio de la tonelada de CO2 se ha cuadruplicado en pocos años, lo que encarece enormemente la factura energética. El hidrógeno verde es aún muy caro y tecnológicamente inmaduro para sustituir el gas en la siderurgia. Se deben facilitar estos procesos sin que la industria pierda competitividad…”

Mientras en otras comunidades autónomas se ha dado un salto destacado en los últimos cinco años con las renovables, en Euskadi no es que no se haya avanzado, sino que se produce aún menos energía verde que en 2018. Según la información que registra Red Eléctrica, el año pasado se obtuvieron de fuentes naturales un total de 939 GWh, el 17,3% de toda la generación eléctrica vasca y por debajo de los 1.175 GWh de 2018, que supusieron el 23%. Son cinco puntos menos y un dato que deja al País Vasco a la cola de las autonomías peninsulares. En todas el peso de la renovable es superior. Castilla y León y Aragón, tras multiplicar por diez sus watios verdes, lideran con un 92% y un 89%, respectivamente. Un guarismo similar al del País Vasco solo aparece en Cataluña con un 19% de energía de origen eólico y fotovoltaico. Y es que en la comunidad presidida por el socialista Salvador Illa se nota el peso determinante de la energía nuclear, que aporta más de un 50% del mix de la generación catalana. Durante el pasado ejercicio, el acumulado en el conjunto de España dejó un 56% de la electricidad en las renovables. Además, hay que tener en cuenta que solo el 10% de la que se consume en Euskadi se genera dentro de su territorio. Las dificultades administrativas y sociales para instalar un parque eólico en el País Vasco, donde no se levanta ninguno desde hace 18 años, pesan en la estadística y hace más que complicado alcanzar el objetivo marcado por la Ley de Cambio Climático autonómica. Se trata de una norma aprobada hace justo un año en el Parlamento vasco, que establece el objetivo de llegar en 2030 al 30% de generación procedente de fuentes renovables.

Es uno de los ámbitos de la economía alavesa que está en «crecimiento exponencial». La industria farmacéutica y el sector de la biosalud experimentan un importante auge, como reflejan tanto las estadísticas como las ampliaciones y proyectos empresariales en marcha en el territorio. Prueba de ello es la nueva sede de i+Med en el parque de Miñano, un complejo de más de 4.000 metros cuadrados que será el primer instituto biomédico de nanohidrogeles inteligentes del mundo y que contará con «investigadores de primer nivel», destaca su CEO, Manu Muñoz. El espacio, con 30 millones de euros de inversión y más de 100 empleos de alta cualificación generados, será inaugurado hoy por el lehendakari Imanol Pradales. «El sector en Álava y en Euskadi está creciendo de manera exponencial, con empresas que se están fortaleciendo y creciendo en capacidad y con buen posicionamiento internacional», corrobora a EL CORREO Idoia Muñoz, directora del Basque Health Cluster (BHC) que agrupa a compañías de las biociencias y la salud. Esa manera de ganar músculo se refleja en que esta asociación ha pasado de contar con «14 entidades en 2010 a 130 el último año». Ello mientras «surgen nuevas iniciativas» con la presencia de firmas «de referencia compitiendo a nivel internacional». Entre las cifras que reflejan ese crecimiento en el territorio destaca la del volumen de exportaciones de productos farmacéuticos en Álava. El año pasado supusieron 14,3 millones de euros, casi el doble que el curso anterior, cuando la cifra alcanzó 7,9 millones, de acuerdo con los datos de comercio exterior del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). En el listado de expansiones relevantes en la provincia figura la de Farmaconsulting, que ha levantado una gran sede junto al vitoriano parque de El Prado tras adquirir la parcela por 1,4 millones. La firma, referente en España en asesoramiento para la compra y venta de oficinas de farmacia, lo define como un centro «con filosofía sostenible» y «ligado al bienestar de las personas». «Nuestra empresa tiene 30 años y queremos mirar a los próximos 30 pensando en futuro», transmite su director general, Alfredo Alonso.

Euskadi es la tercera comunidad autónoma con más empleo tecnológico, ya que concentra el 9,19% del total del país. Solo la superan Madrid (10,5%) y Navarra (10%). Son los datos que se pueden extraer del ‘Mapa del Empleo Tecnológico’ que elabora la Fundación Cotec y que analiza la estadística de afiliación a la Seguridad Social entre 2019 y 2024 en las 13 categorías estandarizadas en el ámbito europeo de ramas de actividad intensivas en tecnología. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la fabricación de productos informáticos, electrónicos o la programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. La herramienta apunta como una de sus principales conclusiones que «desde 2013, se han creado en España 494.000 puestos de trabajo en las ramas más tecnológicas de la economía», habiendo aparecido prácticamente la mitad de ellos –240.000– después de 2020, el año de la pandemia. Otra lectura del análisis es que «los datos están lejos de ser paritarios», indica Cotec, ya que el 68% del empleo tecnológico del país es masculino. Por provincias, Gipuzkoa es la que lidera el porcentaje del empleo tecnológico respecto al empleo total. En el territorio, 40.835 afiliados –el 11,5% del total– trabajan en actividades intensivas tecnológicas. El porcentaje en Bizkaia es menor, ya que tiene 43.492 personas dedicadas a ello –el 8,5% de los trabajadores–, mientras que en Álava, el índice se sitúa en el 7,8%, con 16.992 afiliados tecnológicos.

El encuentro de hoy tiene menos carga simbólica, pero también un profundo valor político porque busca reforzar su imagen como alternativa de Gobierno. Forma parte de una ronda de contactos abierta por EH Bildu con diferentes agentes sociales para, como señaló hace unos días a las puertas del Parlamento Pello Otxandiano, buscar una respuesta «integral» al complicado escenario económico que se avecina. Según recalcó el portavoz parlamentario de la coalición soberanista, se trata de «recabar la opinión de los agentes sociales del país» para analizar «el nuevo ciclo económico». Otxandiano –que liderará hoy la delegación de EH Bildu junto a los parlamentarios Nerea Kortajarena y Ander Goikoetxea– se mostró convencido de que en el PNV y el PSE parece existir una «pulsión» por dar un nuevo enfoque a la economía y que ellos llevan tiempo defendiendo una «política industrial activa». Básicamente, que el Gobierno aporte dinero público para ayudar a empresas estratégicas. Pero más allá de la apuesta económica, la visita a la sede de Confebask también tiene un trasfondo político. A pesar de sus enormes distancias ideológicas, EH Bildu trata de normalizar su relación con un colectivo como el empresarial que siempre le ha resultado ajeno. Durante los últimos años, la coalición soberanista ha buscado construir puentes, sobre todo en Gipuzkoa, donde las relaciones con Adegi son más fluidas que con Cebek o SEA.

Entrevista con Iñigo Usandizaga, director de Subcontratación Industrial de la Cámara de Gipuzkoa. Once empresas guipuzcoanas han participado esta semana en la feria Midest- Global Industrie de Lyon, considerada la mayor feria industrial de Francia y una de las más importantes a nivel europeo. Cámara de Gipuzkoa, a través de Subcontex Gipuzkoa, su departamento de subcontratación industrial, ha organizado la presencia de estas compañías especializadas en ofrecer soluciones técnicas para la fabricación de piezas o procesos intermedios que luego se incorporan a otras fases de producción. “La acogida ha sido muy positiva. En este tipo de ferias, las empresas vascas, y en particular las guipuzcoanas, están consideradas proveedoras fiables y competitivas para piezas, a veces, un tanto complejas. Nos eligen porque buscan cumplir con altos estándares de calidad y con los plazos de entrega, y en estos aspectos nuestras empresas son realmente competitivas…Francia es nuestro principal mercado internacional, tanto por su cercanía como por su peso industrial. Es un país que basa su competitividad, entre otros factores, en la optimización de su cadena de suministro con compras bien realizadas y con calidad. Debido a sus elevados salarios y carga fiscal, las empresas francesas necesitan colaboradores fiables y competitivos…Las empresas francesas nos han trasladado una doble impresión. El final de año en Francia fue muy negativo, principalmente por la incertidumbre política, pero con el nuevo escenario parece que la situación está mejorando. En estos últimos meses, las empresas industriales muestran un mayor optimismo y vislumbran nuevos proyectos a medio plazo, algo que no ocurría a finales del año pasado… La ausencia de compradores del sector de la automoción en la feria ha sido evidente. Los pocos que han acudido nos han transmitido la difícil situación que atraviesan. El gran problema radica en el retraso de los proyectos de fabricación de nuevos modelos, lo que repercute en toda la cadena de suministro. Para hacer frente a esta situación, muchas empresas están diversificando su actividad hacia otros sectores, en los que buscan posicionarse como proveedores de primer nivel…”

Cepyme, en la última entrega de su indicador de situación de la pequeña y mediana empresa, advierte de cómo la capacidad de los negocios más pequeños de absorber los incrementos de costes, tanto de producción y operativos por el avance de la inflación, como de los laborales, azuzados por las subidas de cotizaciones y del salario mínimo interprofesional, está llegando a su límite. En este sentido, la lectura de coyuntura del cuarto trimestre del pasado ejercicio concluye que tras un aumento de los costes laborales del 3,7% en los últimos tres meses del año, las pequeñas empresas registraron un incremento medio del 4,3% en el conjunto del 2024. Una subida, no en vano, que casi duplica a la experimentada por los precios de consumo, con un avance del IPC del 2,8%. Por su parte, entre las empresas medianas el avance anual de los costes laborales fue del 3,9%. A más, desde la patronal dirigida por Gerardo Cuerva señalan en el caso de las micropymes que el avance de los costes laborales en los últimos cuatros años asciende ya al 25%, mientras que en las empresas de mediano tamaño han escalado un 19%. En cualquier caso, la consecuencia directa de este incremento de las cargas que asume el empresario a la hora de contratar a nuevos trabajadores es un debilitamiento de la creación de empleo en los negocios más humildes. Cabe recordar, sin ir más lejos, que el pasado año ya se combinaron una subida del salario mínimo, de las bases máximas de cotización y del mecanismo de equidad intergeneracional. Un triple incremento que también se ha replicado a comienzos de este año, al que se ha sumado la nueva cuota de solidaridad y al que se podría añadir todavía la reducción de la jornada laboral. En este sentido, una de las realidades que subraya el informe presentado es que el crecimiento del empleo es más débil cuanto menor es el tamaño de la empresa. 

El 77,5% de las empresas afirman que la guerra arancelaria abierta entre Estados Unidos y la Unión Europea generará un incremento adicional de los precios y un deterioro de los resultados empresariales. Así lo afirma el Consenso Económico y Empresarial correspondiente al primer trimestre, elaborado por PwC. La encuesta señala que el 72% considera que los aranceles que Estados Unidos imponga a la UE no superarán, en el cómputo total, el 10%. No obstante, la mayoría considera que se producirá un incremento de la inflación por el aumento de los costes de producción, mientras que casi la mitad de los encuestados afirman que los resultados empresariales se resentirán. Asimismo, los empresarios y directivos consideran que los países de la UE serán los grandes perdedores de la contienda comercial. Sobre este asunto, el 64% considera que los Veintisiete se unirán en un frente común para responder por los aranceles, aunque piensa que dicho frente no contará con suficiente fuerza debido a las discrepancias internas. Entre las medidas, prevé un aumento del proteccionismo y nuevas alianzas económicas entre países. Entre los sectores más afectados por la guerra arancelaria en Europa, los directivos consideran que los cambios geopolíticos perjudicarán de forma especial a las empresas exportadoras o importadoras dedicadas a la industria del automóvil o la agroalimentaria. En el lado opuesto, las empresas del turismo permanecerán ajenas a la situación. En este sentido, el 47,4% de los encuestados esperan que las exportaciones caigan y el 43,3% que se mantengan, a pesar de que el 57,7% auguran que la inversión productiva de las empresas permanecerá estable durante los próximos seis meses. Pese a ello, el 74% afirma que la situación actual de las empresas es buena, mientras que el 25% considera que es regular. “Nadie la considera mala en estos momentos, pese a la crispación política”, afirman desde PwC.

El sector turístico avanza en la senda del crecimiento en la que transita tras recuperarse de la conmoción que supuso el Covid para esta industria. Las principales cadenas españolas –Meliá, Barceló, RIU, Iberostar, Palladium, Hotusa, NH (Minor), Paradores, Hesperia, Vincci y Sercotel– se muestran optimistas de cara a la Semana Santa y anticipan cifras récord, con una mejora de la ocupación en los días festivos, un aumento moderado de los precios e incrementos de ingresos de doble dígito. La Semana Santa, el primer termómetro en la industria turística del año, se verá favorecida este ejercicio por el efecto calendario, dado que se celebra en abril, lo que impulsa las reservas y anima a las cadenas a abrir de forma masiva los hoteles de temporada, con cerca de 800 hoteles operativos. Meliá, con 137 hoteles en España, contará con más del 70% de las habitaciones abiertas en Baleares y con toda la planta operativa en Canarias, costa peninsular y segmento urbano. Las reservas en libros de la cadena están por encima de la previsión del año anterior, con crecimiento de doble dígito en ingresos y una mejora en la ocupación. Por precios, Canarias es el destino con tarifas y niveles de ocupación más altos, seguido de la costa peninsular y de Baleares, siendo estos dos últimos los destinos que más crecen frente a 2024. Previsiones halagüeñas también para Barceló, que contará con 81 hoteles abiertos de los 92 que conforman su cartera en España Los datos de ocupación en libros muestran una tendencia positiva con un crecimiento de ocho puntos porcentuales frente a 2024 en ocupación y un incremento tanto en tarifas como en ingresos medios por habitación disponible (RevPAR). Canarias y Andalucía son sus destinos con mayor demanda.

El pasado martes, el Gobierno anunció lo que bautizó como Plan de acción sobre materias primas minerales 2025-2029. Es un ambicioso proyecto para que España logre la “autonomía estratégica” en minerales esenciales para la economía actual, como las denominadas tierras raras y otros recursos terrestres escasos y de gran valor, como cobre, cobalto, litio o níquel, entre otros. En la práctica, el Plan debería suponer la mayor revolución en 50 años en el sector minero del país a la hora de conceder permisos, renovaciones de licencias o ampliaciones para hacer prospecciones de minerales. La gran paradoja es que, para que tenga éxito, la reordenación debe empezar por el mismo Gobierno. El Estado es, en la actualidad, el mayor minero en España. El grupo Hunosa, dependiente del hólding estatal de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), acapara más de la mitad de las licencias de explotación minera que están vigentes a fecha de hoy en España. Así se desprende de la investigación realizada por EXPANSIÓN sobre los distintos ficheros de catastros mineros del país. Éstos recopilan cerca de medio millón de datos estadísticos sobre explotaciones de recursos terrestres desde finales del siglo XIX. Están clasificados por provincias, tipo de recurso mineral que se extrae, vigencia de los permisos, empresas propietarias de las licencias y localización de la explotación, con coordenadas geográficas exactas. España ha concedido un total de 22.388 licencias para buscar minerales y otros recursos geológicos desde el año 1891, primer año que recoge el registro catastral, que maneja el ministerio de Transición Ecológica con datos totalmente actualizados de los permisos.

La plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’ eleva su protesta a Bruselas, en donde una delegación de la misma se reunirá este lunes y también mañana martes con diferentes representantes y políticos comunitarios para defender el futuro de la central. La previsión del Gobierno es cerrar la instalación en 2027, en lo que supondrá el primer paso del proceso de apagón nuclear, que se extenderá hasta el 2035, que planea el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que representa, en opinión de esta organización, un «grave error». «España es el conductor que circula en dirección contraria en materia de energía nuclear. El Gobierno español no puede ir en contra de toda la política energética de Europa. Cerrar Almaraz sería un golpe enorme a la soberanía energética no sólo española sino europea», explica Fernando Sánchez, presidente de la plataforma, en conversación con El Mundo. «En Bruselas necesitamos conseguir que Europa nos escuche y que vea lo que puede pasar si se cierra la central. Almaraz abastece a más de cuatro millones de hogares», prosigue el responsable, que es también alcalde de Belvís de Monroy, población que está estrechamente ligada a la central, y trabajador de la propia instalación. «Soy técnico radiológico de la central, y entrar en Almaraz es entrar a una zona segura. Más segura incluso que tu propia casa. Almaraz tiene tres inspectores residentes del Consejo de Seguridad Nuclear durante los 365 días del año dentro de su planta. Eso es como si yo a ti te meto a Hacienda todos los días en tu negocio. Almaraz está entre las cinco mejores centrales nucleares de Europa y me atrevo a meterla entre las diez primeras del mundo», expone al ser preguntado por la seguridad de la instalación, los posibles problemas ligados a la energía nuclear y la calidad de los controles que se llevan a cabo en la planta extremeña y, en general, en las de todo el país. Sánchez apunta que hay que impedir que se produzca el desmantelamiento de Almaraz y que, luego, el Gobierno se dé cuenta de que el apagón ha sido un error.

El Gobierno quiere aumentar el gasto en defensa a partir de los Presupuestos vigentes con el objetivo de llegar al 2% del producto interior bruto antes de 2029, tal y como ha prometido el presidente Pedro Sánchez. Para hacerlo prevé una reordenación de las cuentas para inyectar miles de millones de euros, entre 3.500 y 5.000, en las partidas de Defensa. Este incremento se haría mediante una disposición que se incluyó de forma excepcional en los Presupuestos de 2021, en plena pandemia, y que se ha mantenido desde entonces. Se trata del artículo 9 de la ley de Presupuestos de 2023, actualmente prorrogados, que permite mover partidas de una rúbrica a otra de las cuentas públicas, siempre que no se supere el techo de gasto, sin necesidad de pedir la aprobación del Congreso de los Diputados. Los planes del Ejecutivo, según las fuentes consultadas, pasan por ampliar en unos 2.500 millones el presupuesto del Ministerio de Defensa. Además, está previsto abrir una línea de financiación del Ministerio de Industria por un monto de otros 1.000 millones para programas tecnológicos en materia de defensa y seguridad, del que también se podrían beneficiar pequeñas y medianas empresas. El Gobierno planea una reordenación de los Presupuestos para inyectar miles de millones de euros, entre 3.500 y 5.000, en las partidas de defensa con el objetivo de acelerar el gasto militar y llegar así al 2% del PIB antes de 2029, como ha prometido el presidente Pedro Sánchez, según distintas fuentes conocedoras de la operación.

Sin ocupar todavía el cargo de canciller, el democristiano Friedrich Merz ha impulsado un plan de endeudamiento masivo para invertir en defensa e infraestructuras y así ha puesto fin al dogma del déficit cero. Ha declarado la “independencia” respecto a Estados Unidos, una posición que hasta hace poco habría sonado a herejía para los alemanes. Y ha abierto un diálogo con el presidente francés, Emmanuel Macron, para ampliar el paraguas nuclear de Francia ante la hipótesis de una retirada de Washington. Todo esto ha sucedido a una velocidad de crucero, insólita para un país donde las decisiones de calado suelen forjarse en largas negociaciones y esforzados compromisos. Y esta es una de estas decisiones. Porque supone el abandono de la fe atlantista por parte del líder del más atlantista de los partidos alemanes, la CDU. Y la ruptura con la austeridad que esta formación abanderó hasta la misma campaña para las elecciones del 23 de febrero. El cambio de rumbo lo ha impulsado Merz sin ni siquiera ser canciller, cosa que no sucederá, si se cumplen los plazos de la negociación de la coalición entre socialdemócratas y democristianos, hasta mediados o finales de abril. Lo ha hecho jugando al límite, pues ha sometido su plan de inversiones en infraestructuras, medio ambiente y defensa al Bundestag [Parlamento] antiguo, y no al que acaba de salir de las recientes elecciones y que se constituirá a finales de mes. No quería esperar ni un minuto. En el viejo Parlamento tenía, con los socialdemócratas del SPD y Los Verdes, la mayoría de dos tercios para la reforma constitucional necesaria para el plan, que en el nuevo habrían podido bloquear la ultraderecha de AfD y los poscomunistas de La Izquierda. Mañana votará el Bundestag y el viernes, el Bundesrat, la cámara de las regiones.

EEUU está en medio de una revolución completa. En política nacional, exterior y económica. Trump lleva convencido desde los años 80 de que Estados Unidos es el pagafantas global, una potencia que inexplicablemente no usa todo su poder en beneficio propio, de la que abusan por tanto sus socios, vecinos y amigos. Una economía abierta que es castigada injustamente por aranceles, impuestos y regulaciones. Está decidido a acabar con ello, usando no sólo su gran mercado, sino todos los medios que sean necesarios, incluyendo presiones, chantajes o amenazas militares. La gran obsesión de fondo es el déficit comercial. La visión tradicional de por qué Estados Unidos mantiene desequilibrios comerciales crónicos es que gasta demasiado. Pero los gurús del actual presidente creen que la razón es otra: la avidez del resto del mundo por activos financieros estadounidenses, especialmente bonos del Tesoro. La tesis no es muy convincente, o sólo refleja una parte de la historia, ya que esa situación se produce con bienes, pero para nada con servicios, como bien saben las grandes tecnológicas. Además, Trump en realidad no cree que todo sea producto principalmente de la fortaleza del dólar, de la deuda o el déficit, de la vigorosidad de su demanda interna, de la riqueza del país. Sino de la maldad del resto del mundo, que recuerda cada día, y las consecuencias de haber cedido, supuestamente, su soberanía económica tras la Segunda Guerra Mundial al reducir los aranceles y permitir la salida sin control de capitales. Para Trump, a diferencia de todos sus predecesores, el orden económico liberal, surgido de las cenizas de las guerras mundiales, no ha sido «la base de la prosperidad estadounidense, sino su ruina», según Ian Bremmer, fundador de Eurasia. Y para hacer frente a eso, sanear las cuentas, ingresar billones y así bajar los impuestos está intentado cuadrar el círculo de la forma más radical y extrema que se pueda concebir, con un shock y reseteando completamente el sistema. Entre los analistas e inversores hay serias dudas de que no esté autoinfligiendo un daño a su economía de forma deliberada, con los aranceles, los despidos de trabajadores públicos, el cierre de agencias y los intentos de congelar fondos ya asignados por el Congreso, que según los modelos de la Reserva Federal de Atlanta podrían desembocar en una contracción del PIB este trimestre. No es que él quiera una recesión per se, algo políticamente difícil de mascar para alguien de ego tan frágil que se presenta como el mejor de la historia a todas horas y en cualquier tema. Pero sí un shock a través de la reducción del gasto público para lograr un debilitamiento controlado del dólar, especialmente si se combina con una colaboración con la Reserva Federal en fase de relajación monetaria.

Menos de 24 horas después de la operación a gran escala ordenada por Donald Trump contra posiciones hutíes, el grupo yemení aseguró ayer que había llevado a cabo un ataque con 18 misiles y un dron contra el portaaviones estadounidense Harry S. Truman. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, habló de una «operación cualitativa» contra el buque enemigo, aunque poco después del anuncio fuentes de defensa de Estados Unidos aseguraron a la agencia Reuters «desconocer» la existencia del ataque. Los rebeldes de Yemen, que forman parte del ‘eje de la resistencia’ apoyado por Irán en la región junto a otros grupos como Hezbolá, acusaron a Estados Unidos de haber matado al menos a 31 personas y herido a 101 en los bombardeos del sábado. Anis alAsbahi, portavoz del ministerio de Salud, aseguró que «la mayoría de las víctimas son niños y mujeres». Las bombas de Estados Unidos golpearon en la capital Saná y en las provincias de Saada, Al-Bayda, Hajjah y Dhamar. Abdel-Malik al-Houthi, gran líder del grupo, dirigió a la nación un discurso televisado tras la operación enemiga para decir que «si Estados Unidos continúa su agresión, continuaremos la escalada». La versión yemení es totalmente distinta de la que ofrece Washington, ya que Michael Waltz, asesor de seguridad nacional de Trump, describió los bombardeos como exitosos y efectivos y dijo en la cadena Fox que «atacamos a los líderes hutíes, eliminando a varios de sus cabecillas clave anoche, así como su infraestructura y sus misiles». Los hutíes parecen dispuestos a plantar cara a Trump tras recibir el primer ataque a gran escala ordenado por el presidente desde su regreso a la Casa Blanca. Nasruddin Amer, subdirector de la oficina de prensa del grupo yemení, escribió en su perfil de X que «Saná seguirá siendo el escudo y el apoyo de Gaza y no la abandonará ante los desafíos».