20240413

Tal y como se describe en el último informe de Confebask, marzo ha registrado en Euskadi 236 empresas más que en febrero, lo que supone la mejor cifra para un mes de marzo desde 2019. En total, el número de compañías inscritas en la Seguridad Social en Euskadi ha llegado en marzo hasta las 57.835. La cifra también aumenta en comparación con la que había hace un año. En concreto son 127 más, un +0’2% que las de marzo de 2023. En esa misma comparativa anual, por sectores, la cifra de empresas registradas sólo disminuye en la Industria, que también es quien más desciende con respecto a las que había antes de la pandemia, en 2020: en concreto, 325 menos, un -4,9%. Respecto a lo que está ocurriendo en el conjunto del Estado, el ritmo de crecimiento del número de empresas es inferior, un +02% en Euskadi, frente a un +1’2%. Por último, y con respecto al número de autónomos, aumentó en marzo en Euskadi en 455 personas, la cifra más alta en un mes de marzo desde el año 2014, quedando el total de autónomos situado en 166.849. En todo caso, todavía son menos que los que había hace un año, con un descenso interanual del -0,7%. Respecto a febrero de 2020, se ha reducido el número de autónomos en 3.395 personas, lo que en términos porcentuales supone una reducción del -2%. Ver aquí informe completo de Confebask. 

Las cuatro principales organizaciones empresariales de Alemania están desde hace tiempo en pie de guerra contra el canciller alemán, Olaf Scholz, al que acusan de subestimar los problemas económicos del país y no tener en cuenta sus reclamaciones para imponer una serie de medidas para mejorar la situación de una economía renqueante. La Federación de Industrias Alemanas (BDI), la patronal BDA, la Confederación Alemana de Artesanos (ZDH) y la Cámara de Industria y Comercio (DIHK) se reunieron esta semana a puerta cerrada con Scholz en un nuevo intento por transmitir sus preocupaciones al líder socialdemócrata. Sin palabras de agradecimiento o fórmulas diplomáticas, los empresarios se limitaron a escribir en un breve comunicado sobre los “importantes retos estructurales” a los que se enfrenta la economía alemana y de que están “disponibles en todo momento para dialogar” sobre la forma concreta de aplicar las medidas necesarias para contrarrestar la persistente debilidad económica de Alemania. El descontento quedó patente en las declaraciones de algunos participantes en la reunión recogidas por el diario económico alemán Handelsblatt, que señalaban que durante los 90 minutos que duró el encuentro “hablaron entre ellos, pero no se acercaron”. La reunión no alivió la tensión que desde hace meses se vive entre el entramado empresarial y el Ejecutivo alemán. “Todo le sigue resbalando al canciller”, dijo uno de los representantes empresariales. “Sigue sin reconocer el desequilibrio económico de Alemania”, apuntó. La opinión unánime de los presentes fue que no se mostró receptivo y no hubo compromisos concretos. “Scholz habló casi exclusivamente de lo que ya había hecho por la economía”, indicaron los empresarios, que posteriormente se reunieron con el líder de la opositora CDU, Friedrich Merz. En los últimos días ya se había filtrado hasta qué punto los empresarios se sentían defraudados por el canciller. Alemania está a la cola de todas las clasificaciones de crecimiento, con una previsión para el año en curso que solo alcanza el 0,1%. La economía alemana fue la única de los países del G7 que se contrajo en 2023. Todos los datos económicos hablan en contra del país europeo, los países extranjeros muestran su preocupación por si Alemania vuelve a ser “el enfermo de Europa” y el ministro de Economía, Robert Habeck, no duda ya en calificar la situación económica de “dramática”.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ayer «prudencia» en torno a la hipotética y esperada rebaja de tipos de interés el próximo mes de junio por parte del Banco Central Europeo. «Aunque la narrativa sigue siendo válida deben cumplirse determinadas condiciones», advirtió en el transcurso del Foro Finanza, organizado en Bilbao por la sociedad Elkargi. Apenas veinticuatro horas después de que el BCE tomase la decisión de mantener el tipo de interés de referencia del dinero en el 4,5% y de que alentase las expectativas de una primera rebaja en la próxima reunión de su directorio, en pleno mes de junio, el gobernador del Banco de España se mostró optimista pero contenido y prudente. Así, recordó que las «estimaciones que realizamos en marzo siguen vigentes», con una proyección que apuesta por la moderación de los precios –algo que sigue confirmándose– y una lenta pero evidente recuperación de la economía en el conjunto de los países del euro. Pero una previsión, recordó Hernández de Cos, «no es un compromiso». Con ello quiso enfatizar un mensaje cargado de lógica en el sentido de que si «se mantienen las previsiones» y no hay sorpresas macroeconómicas se cumplirá esa ansiada relajación de la política monetaria. Si la evolución de los precios parece más o menos controlada tras el serio impacto de la crisis energética que provocó la invasión de Ucrania, la evolución económica también puede haber entrado en la senda buena. Así lo anticipó el gobernador, que apuesta por un moderado y ligero pero sensible incremento del consumo de la mano de «un aumento de los salarios reales» si, como parece, las subidas que se han aplicado en las empresas superan incluso el comportamiento del IPC. En la misma línea ha apostado porque la inversión sea otro motor del crecimiento a medio plazo gracias precisamente a la relajación de los tipos de interés.

El presidente de Elkargi, Lander Arteche, recordó que «el mundo cambia muy rápido y lo hace a todos los niveles: social, político o económico, pero sobre todo en el digital». Por eso el primer informe de su nuevo observatorio financiero, ‘Elkargi Focus’, se centra en este ámbito para buscar soluciones financieras que demandan las pymes y los autónomos. En su presentación del octavo ciclo de Finanza, Arteche subrayó la creciente intranquilidad mostrada por la ciberseguridad. «Irrumpe con mucha fuerza la preocupación que se da a todas estas consultas con la seguridad de sus datos personales y financieros y el fraude en internet. Casi una quinta parte del total de las búsquedas expresan este riesgo de forma directa», destacó, en relación a cuestiones como la interceptación de información o la reputación empresarial.

El mundo de la protección digital «tiene un futuro prometedor en Euskadi». Así lo reconocieron ayer el director de Seguridad de la Información de Banco Sabadell, Joan Puig Guitart, y la representante de la junta directiva de la Asociación de Industrias de Ciberseguridad en Euskadi, CyBasque, Amaia Sánchez, durante un debate organizado dentro del ciclo Finanza que Elkargi ofreció en el museo Guggenheim. Puig subrayó la «normalidad» que ya supone hablar de este ámbito en un foro financiero y no solo en los «ambientes técnicos» en los que se abordaba en el pasado. «Los bancos hemos identificado el ciberriesgo como un reto a atacar y hemos puesto en marcha unos marcos de protección», afirmó el representante del Sabadell, quien destacó la «sincronía» que mantienen con las autoridades reguladoras y supervisoras en esta materia. Puig también recordó que la ciberseguridad es un «facilitador» sin el que no podrían existir «el teletrabajo, la digitalización, la actual relación de los clientes con su banco e incluso la comunicación entre empresas». Desde CyBasque subrayan que el País Vasco cuenta con 79 empresas dedicadas a este ámbito por millón de habitantes, «bastante por encima del resto de España y Europa –donde hay 28 y 22 respectivamente–, y se han creado 59 ‘startups’ en el último año». Así, Sánchez señaló que estas cifras se deben «a un ecosistema en el que se invierte y donde somos muy atractivos por temas fiscales favorables, centros formativos, tecnológicos, instituciones muy involucradas y la existencia de asociaciones e iniciativas». Uno de los temores para mantener esta fuerza reside en combatir contra el fichaje del personal formado en el territorio que se produce por parte de las empresas extranjeras. «Contratan a trabajadores de Euskadi ofreciéndoles un salario más atractivo y cien por cien en remoto», destacó la miembro de CyBasque. Por otro lado, en el País Vasco se viene realizando un trabajo para reciclar a personas sin experiencia en este ámbito y dotarles de competencias al tiempo que también realiza esfuerzos para atraer a gente de fuera.

Los precios de la electricidad y los carburantes siguen empujando al alza la inflación en Euskadi, que en marzo subió un 0,6% y se situó en el 3,2% en su tasa interanual. Por su parte, los alimentos, que iniciaron un progresivo ascenso de precios en febrero de 2022, han registrado un incremento del 4,6%, lo que supone la tasa más baja desde hace dos años. Los precios de la cesta de la compra en su conjunto siguen sin caer, lo que ocurre es que suben a un ritmo mucho menor. Esta ralentización se debe, en mayor parte, a la bajada de los precios de legumbres y hortalizas, que aumentaron en el mismo mes de 2023, además de la menor subida de los precios de la carne respecto a marzo del año pasado. Según los datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las legumbres y hortalizas caen un 9,2% respecto a hace un año. Los precios que más subieron en Euskadi respecto a marzo de 2023, además de los alimentos, fueron los hoteles, cafés y restaurantes (+4,4%), que incrementaron sus precios coincidiendo con la celebración de la Semana Santa, ocio y cultura (+3,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (+3,6%), medicina (+2,9%), transporte (+2,9%), que incluye los carburantes, enseñanza (+2,2%), menaje (+2%), vestido y calzado (+1%), Vivienda (+1%) y Comunicaciones (+0,6%).

La inflación ha repuntado en el último mes, algo que se debe fundamentalmente a la fuerte subida de los precios de la luz. Pero, frente a este avance del índice general, hay bastantes señales de que la subida de precios está ralentizándose. En concreto, los alimentos, que hace apenas un año registraban subidas superiores al 15% anual, ya se han moderado al 4,3%, con una ralentización de un punto respecto a las cifras del mes pasado. Si bien hay que tener en cuenta que este dato significa que los alimentos acumulan una subida del 31,6% desde que empezó la pandemia, la parte positiva es que uno de cada cuatro productos ya se abarata. Con todo, la gran excepción es el aceite de oliva, que se dispara un 70% respecto al mismo mes del año pasado. El índice de precios de consumo (IPC) se aceleró en marzo al 3,2%, una subida cuatro décimas por encima del mes anterior, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, este incremento se debió fundamentalmente al acelerón de los precios de la luz, que pasaron de caer un 7,7% en febrero a elevarse un 7% en marzo, mientras que otros componentes del indicador se ralentizaron. Especialmente, los alimentos y bebidas no alcohólicas, donde los precios han pasado de subir a un ritmo superior al 15% el año pasado, con numerosos productos por encima del 30%, a moderarse al 4,3% en marzo.

Al principio fueron el gas y el viento. La caída en el precio del primero y el buen tono del segundo provocó, a finales de febrero y principios de marzo, un brusco aterrizaje en el precio mayorista de la electricidad. Era, sin embargo, solo el aperitivo: la lluvia y la nieve caídas en la segunda mitad de marzo aliviaron los embalses y dispararon la generación hidroeléctrica, con los saltos de agua produciendo noche y día a precios de derribo. La semana a caballo entre febrero y marzo fue la más barata de la historia, rompiendo un récord que databa de la primavera de 2013. El hito, sin embargo, duró poco, apenas un mes: en la primera de abril, el precio medio se iba a los 4,4 euros por megavatio hora (MWh). La nada, si se compara con la historia reciente: en marzo de 2022, recién comenzada la invasión rusa de Ucrania y con el gas por las nubes, el precio mayorista de la luz rondaba los 300. Aunque el descenso ha sido significativo en toda Europa, el caso español es único: los 20 euros de media en marzo son la menor cifra desde mayo de 2020, con España confinada por la pandemia del coronavirus. Una tónica que ha continuado en estas dos primeras semanas de abril, en las que la apertura obligada de compuertas en muchos embalses hidroeléctricos ha hundido los precios de la luz en prácticamente todos los tramos de la jornada, aplanando la curva incluso en las horas punta de consumo (la del desayuno y la de la cena). Todo, a cero y vecinos. Lo nunca visto desde la primavera de 2013, cuando la potencia instalada de solar y eólica era infinitamente menor que ahora, pero que —como ahora— las lluvias pusieron a funcionar la hidroeléctrica a destajo.

BIC Gipuzkoa lleva promoviendo y acompañando al emprendimiento en el territorio desde 1993, cuando siquiera estaba de moda la palabra ‘emprendedor’ y el concepto ‘start up’, aún menos. Con una incansable Marisa Arriola al frente, el BIC ha impulsado 866 proyectos que han alumbrado 533 empresas. Entre los años 2020 y 2023, según datos a los que ha tenido acceso DV, la institución (dependiente de la Diputación Foral y el Gobierno Vasco a través de la Spri) analizó la viabilidad de 250 iniciativas que cristalizaron en 158 nuevas empresas. Compañías, todas, con sede fiscal y social en Gipuzkoa y que «han generado por ahora, puesto que la cifra crecerá seguro y lo hará de forma considerable», resalta Arriola, nada menos que 964 nuevos empleos. Se trata, además, de puestos de trabajo de calidad, de alto valor añadido, y en casi todos los casos relacionados con actividades tecnológicas. Justo lo que el territorio y Euskadi en su conjunto buscan, a la luz de los grandes retos que afronta la economía mundial, también la vasca. De todo ese corpus de empresas surgidas en los últimos cuatro años, 550 están ubicadas en el propio BIC, que tiene su cuartel general en el llamado Edificio Tándem, en el Parque Tecnológico de Miramón de Donostia. Otra de las muchas ventajas que aporta el paso de esas jóvenes empresas por el BIC (esto es algo que destacan sobre todo los fundadores de esas mismas firmas) es el acceso a diferentes fuentes de financiación. En primera instancia, el gran soporte para las ‘start up’ a las que se ve realmente potencial es el programa Ekintzaile-Txekintek, que ofrece una aportación a fondo perdido de hasta 60.000 euros para las fases de maduración de la idea, análisis de la viabilidad y puesta en marcha.

BerriUp, un proyecto nacido en San Sebastián en 2015 gracias al empuje de un grupo de empresarios de éxito locales para dar a las nuevas empresas «todo aquello que nosotros no tuvimos cuando empezamos», señala a DV uno de aquellos fundadores, no ha dejado de crecer. De hecho, se ha consolidado en la cima del sector. Buena parte de ese impulso se debe a la cartera de medio centenar largo de mentores de primer nivel que atesora la firma dirigida por Patricia Casado, así como al apoyo desde el primer día del fondo local Easo Ventures SCR. Esa senda le ha llevado a ser distinguida recientemente por el diario económico Financial Times como la primera aceleradora de ‘start up’ privada de España, por delante de algunas con un enorme prestigio, como ‘Lanzadera’, promovida por el empresario Juan Roig, propietario de Mercadona y reconocido mecenas de firmas de nueva creación. Durante la realización del estudio, se han evaluado 2.000 incubadoras y aceleradoras de Europa para elaborar el ranking de los 125 mejores hubs. En la creación del listado se han puntuado seis categorías: mentoring y formación, infraestructura, asistencia jurídica, desarrollo empresarial, creación de redes y financiación. Este premio se une al que BerriUp ha logrado en los últimos años a escala nacional, después de que la fundación Funcas le haya distinguido de manera ininterrumpida desde 2021 como la mejor aceleradora. BerriUp ha analizado hasta la fecha unos 2.000 proyectos. Se trata de empresas en fase muy preliminar, lo que en el argot de los emprendedores se conoce como ‘seed’ o ‘pre seed’.

El precio medio del metro cuadrado en Euskadi registró en febrero su valor más bajo del último año (2.509 euros), y se sitúa en valores muy cercanos a mínimos históricos de la última década, según los datos ofrecidos ayer por el Colegio Notarial del País Vasco. Este paulatino descenso en el precio de la vivienda no impide, sin embargo, que Euskadi se sitúe como la tercera comunidad autónoma con el precio por metro cuadrado más alto del Estado, solo superada por Baleares (3.413 euros) y Madrid (3.057 euros). A raíz de esta baja en el precio medio de la vivienda en el País Vasco, la compraventa en Euskadi experimentó en febrero un crecimiento del 6,3% (casi la mitad menos que el ascenso estatal), hasta alcanzar las 1.763 operaciones. Si ampliamos el mapa al conjunto del Estado, la compraventa de vivienda creció en catorce autonomías y se redujo en las tres restantes. Las comunidades donde se registró una evolución por encima de la media estatal fueron: Cantabria (23,7%), La Rioja (22,6%), Murcia (21,5%), Castilla y León (21,4%), Aragón (21,1%), Galicia (17,0%), Cataluña (15,8%) y Andalucía (13,4%). Los ascensos se situaron por debajo de la media estatal en Comunidad Valenciana (10,1%), Extremadura (9,7%), Navarra (8,5%), Asturias (7,3%), el País Vasco (6,3%) y Madrid (2,5%) mientras que los descensos se observaron en Canarias (-7,5%), Baleares (-5,2%) y Castilla-La Mancha (-2,5%). Los préstamos para la adquisición de vivienda también subieron en febrero un 7,2% respecto al mismo mes de 2023, hasta contabilizar un total de 1.300 operaciones. El País Vasco registra así un crecimiento casi la mitad de superior al que alcanza el conjunto de España.

Artículo de Emiliano López Atxurra, presidente de Petronor: "...No hay futuro sin unos sólidos cimientos en ma­teria de energía y defensa y el material para ello es seguridad de suministro de materias primas, tec­nología, industria y la gobenanza fiscal. Volvemos a las bases fundacionales del proyecto europeo, Unión Energética Europea y Comunidad Europea de Defensa. Una honestidad que tanta falta hace a la hora de abordar los desafíos de la descarboniza­ción y de la seguridad europea en el mundo de hoy, asumiendo el reto de competir en una era de inter­dependencia global afrontando nuestras capacida­des y desafíos estratégicos, tanto en términos mi­litares como energéticos y digitales. Una honestidad que nos obliga a la industria a poner el acento en la estrategia tecnológica e in­dustrial para una transición energética sostenible frente a la publicidad engañosa permanente de res­ponsables públicos y privados, embajadores acti­vos de la desindustrialización de España y de Eu­ropa en beneficio de otros o propios. Una honesti­dad que nos obliga a entender el papel integrador de la energía, la defensa y la digitalización en una estrategia de renacimiento tecnológico e industrial para asegurar nuestra soberanía en la interdepen­dencia. Una honestidad que nos obliga a dotar de fortaleza nuestras capacidades financieras, tecno­lógicas e industriales, para poder ser un actor en el sistema tecno industrial europeo que se está re­configurando...Nos falta recuperar la visión estratégica de País en el nuevo contexto europeo, para dispo­ner de estrategia industrial, asumiendo la necesi­dad de un fondo público-privado con capacidad re­al de realizar operaciones estratégicas, modernizar y adecuar el sistema científico tecnológico a los de­safíos de la estrategia industrial y la ambición mar­cada por la Unión, poner en valor las conexiones digitales atlánticas... En definitiva, salir de la comodidad de un mun­do que ya es pasado y asumir la tensión de un mundo que está naciendo..."

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer, en el Senado, que revisará que el descenso de los beneficios de una empresa ya no sea una causa objetiva de despido. Por lo tanto, si se declara improcedente, la indemnización para el trabajador subiría desde los 20 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima de un año de retribución, a los 33 días de salario por ejercicio, hasta una tope de ganancia equivalente a dos años. Díaz compareció en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, en la que explicó que el encarecimiento del despido es uno de sus objetivos para la legislatura. Sobre todo, después del reciente pronunciamiento del Comité Europeo de Derechos Sociales y Culturales. Este organismo, dependiente del Consejo de Europa, ha recomendado a España que eleve la compensación a los trabajadores al ser despedidos, porque, en su opinión, ésta no cumple con los niveles de protección que fija la Carta Social Europea. Por eso, Yolanda Díaz anunció a los senadores que se propone “adaptar la regulación española a las exigencias de la Carta Social Europea, que nos obliga a la introducción de un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados a la persona despedida injustificadamente y que constituya una medida verdaderamente disuasoria [para las empresas], para que despedir sin causa a un trabajador no les sea rentable”. En segundo lugar, la vicepresidenta segunda criticó las reformas laborales de 2010, del PSOE, y de 2012, del PP, que “invariablemente, debido al bipartidismo, se centraron en el abaratamiento del despido. Con ello, no se creó empleo, pero se desnivelaron los equilibrios que sustenta la relación laboral [entre la empresa y el trabajador]”. Por lo tanto, la vicepresidenta añadió: “Nuestro objetivo es restablecer ese equilibrio". 

En mitad del debate sobre si España debe encarecer su despido para adaptarlo a Europa, el FMI aboga por ‘relajar’ la legislación de protección del empleo, mientras en ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz no solo reiteraba su intención de elevar la indemnización por despido improcedente, y hacerla a la carta en función de las circunstancias personales del afectado. Además anunció que revisará las causas del despido objetivo y prohibirá que una empresa pueda echar a un trabajador simplemente por una caída de sus beneficios o no alcance los que había previsto. Pero el FMI también se suma a las voces que piden al Gobierno que aclare cuántos trabajadores fijos discontinuos hay en la actualidad, cuántos están trabajando y cuántos no están activos (los que no computan en las listas del paro). Y también ayer en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Senado, Díaz reveló que el total de fijos discontinuos en España son 651.000 trabajadores, 278.000 más que antes de la reforma laboral de 2021. De ese total, en la actualidad los parados son 64.100 y los inactivos, 55.300. El organismo internacional también alerta sobre la promesa del Gobierno de reducir este mismo año la jornada laboral y situarla el año que viene en 37,5 horas, y advierte de que «si no se diseña correctamente» podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo, por lo que recomienda acompañar la reforma de «moderación salarial». Tampoco convence al FMI la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno y considera que conseguir la sostenibilidad del sistema sigue siendo una asignatura pendiente. Así, le insta a hacer más cambios encaminados a aumentar la edad efectiva de jubilación y recortar la pensión, para lo que apuesta por calcular las prestaciones de los nuevos jubilados con toda su vida laboral. Igualmente, el FMI lanza un duro dardo a la política que el Ejecutivo ha llevado hasta ahora en materia de vivienda. El organismo advierte de que medidas como los topes a los alquileres que se incluyeron en la ley de vivienda el pasado año para zonas tensionadas pueden derivar en efectos contrarios a ese objetivo. 

La crispación política y la polarización y fragmentación que vive la política española emerge como una de las grandes amenazas para el desempeño futuro de la actividad económica. Así lo señaló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el trabajo preliminar de su tradicional Artículo IV sobre España, el documento donde analiza el desempeño y los riesgos económicos de los países. Los técnicos del organismo destacan que “una fragmentación política interna prolongada podría obstaculizar la implementación de reformas estructurales y la consolidación fiscal, lo que eventualmente podría empeorar la confianza empresarial, la inversión y el crecimiento, particularmente si las condiciones financieras se endurecieran”. La advertencia se produce en un contexto de máxima inestabilidad parlamentaria, con un Ejecutivo sustentado por una frágil mayoría y en plena ofensiva del Partido Popular, que ha subido los decibelios en el Parlamento a niveles que no se recordaban desde hace años. Desde que comenzó el año, el Gobierno ha sufrido al menos dos descalabros en el Congreso por sus socios y todo apunta a que los comicios autonómicos, en especial en Cataluña, serán cruciales para la estabilidad del país. El aviso hecho por el FMI no implica que, a día de hoy, la polarización política ya haya tenido un efecto adverso en la economía ni que se dé por descontado, pero sí lo destaca como uno de los grandes factores de riesgo.

La Asociación Española de Banca (AEB) ha vuelto a criticar el gravamen extraordinario que impuso el Gobierno al sector, especialmente por la intención de mantenerlo en el tiempo. “Seríamos el único país europeo con el impuesto permanente y eso sería una desventaja competitiva”, aseguró este viernes Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal. Más si cabe en un momento en el que existen múltiples riesgos geopolíticos que amenazan la estabilidad de la economía. Kindelán, que dijo que valora muy positivamente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también reconoció que le ha transmitido lo que no les gusta, por ejemplo, la tasa a la banca. “Tenemos riesgos geopolíticos, un entorno macroeconómico con un crecimiento moderado, expectativas de bajada de tipos y una necesidad de financiación billonaria de Europa. Nuestra opinión es que no tiene sentido hacer un impuesto de este tipo permanente”, insistió. Además, sobre la comparación del tributo a la banca en Italia, la máxima representante de la AEB fue tajante: “Se trata de un impuesto solo de un año, por lo que no es comparable”. Y ligó esta cuestión con la rentabilidad exigida al sector. “Lo importante es que la rentabilidad sea sostenida en el tiempo. Pero a los inversores, lo que les preocupa es la falta de visibilidad en los requerimientos regulatorios”, criticó. Por ello, sostuvo, se mantienen entidades cotizando por debajo del valor en libros a pesar de tener unos rendimientos cerca de sus máximos históricos. 

Las empresas no financieras del Ibex mantuvieron en 2023 la productividad por empleado en cotas históricas por tercer año consecutivo, lo que demuestra una extraordinaria capacidad de recuperación tras el golpe de la pandemia, gracias al impulso de los ingresos y al descenso de la plantilla durante los últimos ejercicios. Además, la productividad, medida como los ingresos que genera cada empleado según la facturación anual de la compañía, casi duplica la cifra de 2009 (253.373 euros por trabajador), ejercicio en el que Expansión comenzó a elaborar este estudio. Los ingresos medios por empleado de los grupos no financieros del Ibex cayeron un 4,9% en 2023 respecto al año anterior, que fue un ejercicio récord, hasta 477.166 euros, debido al descenso de facturación, que bajó un 6,4%, hasta 445.454 millones de euros. La caída de las ventas se debió al descenso del crudo, la energía y el acero respecto a un 2022 inusual por los precios históricos que provocó la guerra en Ucrania, un factor que recortó sensiblemente la facturación de grupos como Repsol, ArcelorMittal, Naturgy o Endesa, entre otros. No obstante, si se incluyen a los grupos financieros del Ibex (bancos y Mapfre), que dispararon los ingresos en 2023 gracias a las subida de tipos, la facturación total de las empresas del selectivo aumentó un 6%, hasta un récord de 650.300 millones. Con las 35 empresas del Ibex, la productividad media por empleado creció un 6,1% el año pasado, hasta 473.592 euros.