20240723

Hay sensación de estabilidad, de que las cosas no empeoran. Pero tampoco mejoran de forma sustancial. Los datos que publicó ayer el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, revelan que la actividad en Euskadi evoluciona de forma lenta, con un mejoría muy leve y con los principales motores al ralentí o en caída de revoluciones. Es un tiempo aparentemente de parón y de espera a que una recuperación de nuestros principales clientes europeos: Francia, Reino Unido y Alemania salgan de su particular crisis para impulsar de nuevo las compras industriales. En ese escenario, el Eustat ha hecho un primer anticipo de lo que ha ocurrido en el segundo trimestre del año, en el que se ha registrado un aumento del PIB vasco del 1,8%, en comparación con el mismo periodo de 2023. Afortunadamente, el dato se sitúa en el lado positivo –hay crecimiento y no retroceso en la creación de riqueza–, pero defrauda en parte a algunas previsiones. La primera de ellas es la del propio Gobierno vasco, que había estimado que en el segundo trimestre la actividad crecería algo más, hasta situarse en el 1,9%. La realidad ha corregido en una décima la cifra de la previsión. El empleo también ha avanzado el 1,8%, lo que encaja a la perfección con la evolución de la población activa y la tasa de desempleo. Eso sí, fuentes del Ejecutivo vasco han recalcado que la desviación en relación con las previsiones es mínima.

CIE Automotive, la empresa vasca fabricante de componentes de automoción, ha cerrado el primer semestre del año con cifras que significan un nuevo récord de resultados. La compañía que preside Antón Pradera ha obtenido un beneficio neto de 183,9 millones de euros entre enero y junio, lo que representa una mejora del 3,1% en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. La empresa ha conseguido mejorar en este periodo la rentabilidad sobre ventas, que han crecido el 2,5%, hasta situarse en una cifra total de 2.062,2 millones de euros. Con todo ello los responsables de la compañía han anticipado que se mantienen intactos todos sus planes y compromisos no solo para este año sino también para 2025. La buena evolución del negocio ha permitido reducir la utilización de recursos ajenos. Así, a finales de junio la empresa tenía una deuda financiera neta de 1.085 millones de euros. Una cifra que supone 50 millones de euros menos que al cierre del ejercicio de 2023 y que se ha ajustado, apuntan fuentes de la firma, gracias a la generación de caja durante este periodo. La clave de CIE, además de la especialización por líneas de producción, hay que encontrarla en la diversificación geográfica de su actividad. Ello le permite soslayar en la actualidad las dificultades del mercado europeo del automóvil, con otras zonas del mundo que tienen crecimientos significativos en este mismo sector. Así, según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, el 37% de sus ventas se realizan en el mercado europeo; el 30,7% en Norteamérica; el 15,8% en India; el 9,5% en Brasil y el 6,7% en China. «A pesar de las incertidumbres y las dificultades de la industria, seguimos creciendo por encima del sector y mejorando nuestro desempeño", señaló en un comunicado el consejero delegado de la empresa, Jesús María Herrera.

El lehendakari Imanol Pradales continuó ayer con su ronda de encuentros con los sindicatos vascos. Tras la reunión con ELA el pasado viernes, recibió por separado en Ajuria Enea a las secretarias generales de LAB, Garbiñe Aranburu, y a la de Comisiones Obreras, Loli García. Lehendakaritza ha colocado estas reuniones por delante de la visita de la patronal vasca, Confebask, que será mañana. El objetivo de estos encuentros es suavizar las relaciones tras los efectos de una elevada conflictividad por paros y protestas, últimamente con especial incidencia en el sector público. Una situación que ha llevado a Euskadi a liderar esas estadísticas, además de a duros enfrentamientos entre el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, y las centrales de representación de los trabajadores. La cordialidad fue también la nota general en los encuentros celebrados ayer, pero con un mensaje contundente que da continuidad al de ELA del pasado viernes. LAB y CC OO defendieron el derecho de protesta de los trabajadores. En el caso del sindicato nacionalista, Aranburu advirtió de que «no van a renunciar a su estrategia de huelgas y movilizaciones en el ámbito público, ni el privado». Por su parte CC OO, en la comparecencia posterior de García, aclaró que pidieron a Pradales «no criminalizar las luchas de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales».

Los salarios acordados hasta junio en los convenios guipuzcoanos que están vigentes se han incrementado un 4,1%, lo que supone el mayor aumento de los tres territorios vascos, según los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) dados a conocer ayer. Se trata de un aumento netamente superior al de Bizkaia y Araba, ya que en el primero los sueldos han subido un 3,24% y en el segundo, un 3,4%, lo que deja al conjunto de Euskadi con un aumento del 3,58%. Este incremento es también superior al de los convenios vigentes en el conjunto del Estado con incidencia en Euskadi, donde las subidas se quedan en un 2,84%. Pero volviendo a Gipuzkoa, ese aumento del 4,1% es un punto superior a la inflación registrada el año pasado, con lo que los salarios recuperan parte del poder adquisitivo perdido en los años en los que el IPC se disparó tras la guerra de Ucrania. Los aumentos pactados en los convenios sectoriales fueron ligeramente superiores a los acuerdos alcanzados en las empresas, con un 4,13% frente al 3,93%. Si nos limitamos a los convenios que se han firmado este año, el aumento pactado en Gipuzkoa ha sido del 4,37%, muy por encima de Bizkaia (3,16%), pero por debajo de Araba (6,67%). En lo que respecta a la jornada pactada en los convenios vigentes, en nuestro territorio es de 1.685 horas anuales, al igual que en Bizkaia, mientras que en Araba sube hasta las 1.704 horas. La conflictividad se está reduciendo, como recordaba recientemente el propio CRL, en parte, porque el año pasado se negociaron muchos convenios. Con todo, Gipuzkoa es en este primer semestre el único territorio en el que descendieron las jornadas no trabajadas. En concreto, lo hicieron un 7,9% en relación al año anterior, hasta las 11.960 horas. También bajaron el número de huelgas, un 29,7%, hasta quedarse en 26, mientras que la cifra de participantes aumentó un 240%, con 6.373. Araba es la que muestra una peor evolución, al dispararse las huelgas un 80%, los participantes un 450% y las jornadas perdidas, un 90,8%. En el conjunto de Euskadi, caen los paros (-3,7%), pero suben los trabajadores afectados (218,7%) y las jornada perdidas (30,9%). Eso sí, Gipuzkoa es el único territorio en el que suben los conflictos presentados al Preco (10,4%) y los afectados (11,6%).

Sólo el 23% de los catedráticos de la UPV/EHU son mujeres. Y entre el profesorado pleno (la escala más alta para el personal laboral docente) son el 20%, pese a que son mayoría en este colectivo. Una de las razones que lo explican es el desequilibrio en las tareas de cuidados. A fin de cuentas, para obtener las plazas más prestigiosas se valoran los méritos, y ahí son muy importantes la producción científica y la investigación. Lo que sucede es que, entre los 30 y los 50 años, las mujeres ocupan nueve de cada diez reducciones de jornada y excedencias. Es decir, que sacrifican en mucha mayor medida su carrera profesional. Hay más datos que revelan la desigualdad entre hombres y mujeres. Como consecuencia de lo anterior, ellas cobran menos; un 7,4% en el colectivo del profesorado, y un 4,6% en el personal técnico y administrativo. También son minoría al frente de los proyectos de investigación (lideran sólo el 20%), en la representación sindical (apenas el 27% de los liberados son mujeres) y, en general, tienen una visibilidad en los órganos universitarios menor de la que les correspondería. Partiendo de este diagnóstico, la institución académica presentó ayer su IV Plan de Igualdad, que persigue impulsar el «liderazgo femenino» y fomentar las vocaciones científicas en niñas y mujeres. Sus principales objetivos son elevar el porcentaje de catedráticas al 40%; reducir la brecha salarial «a la mitad»; que la proporción de mujeres en administración, gestión y de servicios «coincida, al menos, con el porcentaje total de mujeres de ese colectivo»; y fomentar el teletrabajo también en este colectivo, como medida para favorecer la conciliación.

El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa respalda las tesis de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre su objetivo de elevar la indemnización al trabajador por ser despedido de forma improcedente. El objetivo del Comité es, en primer lugar, disuadir al empresario de que utilice el despido de forma prioritaria para reducir los costes. Y, en segundo lugar, que el trabajador afectado sea compensado por la empresa por los daños económicos, personales y morales. En definitiva, el dictamen del Comité, del que ayer informó UGT, es la línea de trabajo que recoge la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reformar el despido en esta legislatura, si le deja la parte socialista del Gobierno. Empezando por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Con toda seguridad, también se van a oponer las patronales CEOE y Cepyme, además del Partido Popular y Vox. UGT informó ayer del contenido del informe sobre el despido en España que ha elaborado el citado Comité, que no permite publicarlo hasta el próximo día 29. Está embargado hasta el próximo lunes, a pesar de que el Gobierno y el sindicato tienen el dictamen desde marzo. Por eso, Díaz conoce lo que dice el organismo sobre el despido, y ayer dijo que “es un elemento más [de la legislación laboral] que va a ser susceptible de reforma”. La responsable de Trabajo remarcó que es una cuestión “que se abordará en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea”. Exactamente al artículo 24 de la Carta Social Europea. Y también al artículo 158 de la carta de derechos laborales y sociales de la OIT. La vicepresidenta recordó que “en el acuerdo de Gobierno [entre el PSOE y Sumar] está contemplada esta materia y es clave que lo que es fuente de derecho europeo, como hemos hecho en otras materias en nuestro país, forme parte de nuestra legislación”.

Algunas de las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en su entrevista de ayer en El País han enfadado a los secretarios generales de los dos principales sindicatos españoles. Una de las que más críticas ha despertado es la siguiente: “Si nos recortan la jornada habrá muchos convenios que se paralicen. Es evidente”. El líder de CC OO, Unai Sordo, interpretó estas palabras como “una amenaza”. En una línea parecida, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, respondió a Garamendi que “él sabrá lo que hace”. “Frente a la patronal que obstruye está la capacidad de movilización de los trabajadores y trabajadoras”, indicó. “Me suena a amenaza”, insiste Sordo en conversación con este periódico. “Tiene que ver con la lectura que hace la CEOE según la cual cualquier elemento que se toque del mercado laboral es cambiar la reforma laboral. Esto no es así. Había un perímetro, pero no se abordaron otras cuestiones. No está escrito que no se vayan a poder cambiar en la historia de la humanidad de aquí al futuro”, opina el secretario general de CC OO, que dice entender el enfado patronal por el cambio no negociado en la prevalencia de convenios (el Gobierno pactó la predominancia de los autonómicos con el PNV sin llevarlo al diálogo social). “Es un argumento un poco tonto. La legislación española no se va a congelar”, añade. Asimismo, Sordo consideró “llamativo” que Garamendi acuse al Ministerio de Trabajo de perseguir fines políticos. “Me deja un poco perplejo. Reducir la jornada a 37 horas y media es hacer política, pero dejarla en 40 horas también. Y subir el salario mínimo es política, y congelarlo también”.

España sigue perdiendo convergencia con sus homólogos europeos. Los niveles de productividad en los últimos años han tenido un desempeño peor, tanto por hora –el crecimiento ha sido del 4,2% en la última década, frente al 8,1% europeo– como por ocupado –un retroceso del 1,9% desde 2018–, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicado ayer. El PIB per cápita, una métrica para medir esta magnitud, solo creció en un 4,5% acumulado entre 2018 y 2023, mientras que la media europea fue un 5,8%, de acuerdo con el informe elaborado por el centro de estudios de la patronal CEOE y titulado La productividad como el gran reto pendiente de la economía española. Irlanda, Rumanía, Polonia y Croacia, que presentan mayores niveles de PIB per cápita, han avanzado más en términos de productividad, mientras que España se estanca por detrás de la media europea. Así lo explicó el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación del informe: “A pesar de partir de un menor nivel de renta, no ha conseguido lograr un diferencial significativo de crecimiento de su renta per cápita con relación a la UE”. El PIB per cápita se determina en base a la productividad, la jornada media, la tasa de empleo y ocupados, entre otros factores. Esta pérdida de alineación con la Unión Europea se debe en buena parte, según el think tank, a la duración de la jornada media, que se ha reducido desde 2018 más drásticamente que en el resto de la UE –un 3,4% en España, por encima del 2% de Europa–. “[Esto] supone que, en términos de productividad por ocupado, el retroceso relativo de España haya sido superior. En este sentido, la productividad por ocupado, entre 2013 y 2023, ha crecido un 5,9% en la UE, mientras que, en España, tan solo lo ha hecho en un 0,7%”, destaca el informe. 

La deuda pública europea vuelve a repuntar en plena reactivación de las reglas fiscales, el corsé presupuestario que ha sido rediseñado para embridar las cuentas públicas comunitarias tras la enorme factura que supuso hacer frente a la pandemia de Covid. Siguiendo esta estela, España ha reducido su déficit hasta la media de la eurozona, pero su deuda ha vuelto a crecer y arrastra el cuarto mayor endeudamiento de toda la Unión Europea. En este marco, el Gobierno español lleva hoy ante el Parlamento la nueva senda fiscal que ha impulsado para cimentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025 y encarar la consolidación fiscal pendiente. El incremento de la deuda pública ha sido generalizado a lo largo del Viejo Continente en el arranque de 2024. Según los datos publicados ayer por Eurostat, la ratio de deuda pública de la zona euro con respecto a su PIB ascendió en el primer trimestre del año a una media del 88,9%, medio punto por encima de los 88,4 puntos de cierre de 2024. El aumento fue similar en el conjunto de la Unión Europea, donde la ratio de endeudamiento pasó del 81,5% al 82% entre enero y marzo de este año. Durante dicho periodo, solo ocho países lograron reducciones de su nivel de deuda de entre 0,2 y 2,1 puntos. Se trata de Bulgaria, Alemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Países Bajos, Suecia y Noruega. España, como ya advirtió hace unos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), rompió este invierno con una racha de 11 trimestres consecutivos de reducción del peso de la deuda pública sobre el conjunto de la economía y concluyó marzo con la deuda pública en el 108,9% de su PIB, frente al 107,7% de cierre de 2023. Se trata de la cuarta cifra más elevada de toda la Unión Europea, por detrás del 159,8% de Grecia, el 137,7% de Italia y el 110,8% de Francia.

Madrid está conectada con Italia y Grecia desde ayer por una nueva vía de mercancías a través del Puerto de Valencia y sin tocar la carretera. Los remolques de los camiones cargados con los productos son trasbordados directamente desde el barco al tren adaptado de unos 720 metros de longitud, que los traslada a su destino. Y a la inversa. De esta manera se eliminarán de la carretera unos 304 camiones a la semana, lo que supondrá una reducción del 74% de emisiones de CO₂ con respecto a las operaciones actuales de las empresas Trans Italia y Tramesa que han colaborado con el Gobierno para poner en marcha esta llamada “autopista ferroviaria”. “Es la primera autopista ferroviaria de España”, reiteraron el ministro de Transporte, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el acto de presentación de esta nueva infraestructura logística entre el Puerto de Valencia y la terminal de Abroñigal (Madrid) hasta que esté lista la de Vicálvaro. Se han invertido 20 millones de euros (de los que 3,7 han sido aportados por el Puerto de Valencia), que se doblarán con la puesta en marcha el próximo año de la extensión de la autopista ferroviaria hasta Lisboa, de modo que los corredores del Mediterráneo y del Atlántico quedarán también conectados. Estas son, al menos, las intenciones manifestadas tanto por los responsables de las empresas como por los del Gobierno y del Puerto, que han ponderado la importancia de la colaboración pública y privada para reducir la contaminación y la brecha con Europa. El transporte de mercancías por tren en España es del 4% mientras que la media europea se sitúa en el 17 %. 

A pesar de la apuesta por la reducción del impacto medioambiental de sus modelos y de sus procesos productivos, el consejero delegado de Volvo Car España, José María Galofré, asegura “no ser dogmático con el coche eléctrico”, ya que lo importante es reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). “El objetivo no es el coche eléctrico, sino reducir las emisiones”, subraya el directivo. Una de las medidas más eficaces para esta meta, en su opinión, es apostar por renovar el parque automovilístico español, que es uno de los más viejos de Europa, con una edad media de casi 14 años, que son los modelos que más emiten, mucho más que modelos nuevos con motores gasolina o diésel. En este sentido, Galofré incide en que la extensión del Plan Moves, de incentivo a la compra de coches eléctricos, supone una ayuda a la movilidad cero emisiones, aunque “corta”. Además, defiende que se promueva también la compra de coches de combustión, aunque con importes menores a los eléctricos, ya que también ayudan a bajar las emisiones, al dejar de usarse los coches más antiguos y contaminantes. En su opinión, el Moves “se queda corto”, ya que tendría que apoyar la compra de coches eléctricos, híbridos enchufables, híbridos y de combustión, sin límite de precio.

Jiading, al noreste de Shanghai, tiene más habitantes que la suma de las poblaciones de Valencia y Bilbao. Este distrito es famoso por albergar el vasto circuito de F1 donde se celebra el Gran Premio de China y por sus barrios antiguos levantados sobre canales, al estilo Venecia. Pero ahora muchos visitantes pasan por Jiading para subirse a la nueva atracción: los robotaxis, coches autónomos que se están probando en este distrito y que pronto circularán por toda la capital financiera de China. Ha sido el gigante tecnológico Baidu, el hermano chino de Google, quien ha soltado en Jiading alrededor de 300 taxis sin conductor. Así lo promociona la aplicación de Baidu, Apollo Go, que presume de superar los 10 millones de pedidos este año. Aunque el uso de los robotaxis ya se está normalizando en Wuhan más que en ningún otro punto de China, el servicio ahora se ha visto sacudido por varias polémicas. «Un coche sin conductor atropella a una persona que cruzaba con el semáforo en rojo», rezaba un titular del diario chino Yicai del pasado fin de semana. Desde Baidu aseguraron que su vehículo arrancó cuando el semáforo se puso en verde y que fue el peatón quien cruzó indebidamente, provocando un choque que le dejó herido leve. Una explicación que no ha evitado que en las redes sociales se viralizara la noticia con debates sobre la capacidad de estos robotaxis de reaccionar con rapidez ante un imprevisto como este. Otra polémica saltó también en Wuhan hace unos días después de que muchos taxistas protestaran porque sus bolsillos se están resintiendo con la competencia de los robotaxis. Creen que pronto perderán sus trabajos porque los clientes prefieren los vehículos autónomos, que son más baratos, cómodos y modernos.

Masorange y Vodafone, el primer y el tercer operador de telecos de España por clientes, tienen negociaciones avanzadas para alcanzar un acuerdo con el que crear una empresa conjunta de red fija de banda ancha basada en fibra óptica (denominada netco o fiberco) de la que planean vender alrededor de un 40% del capital a un inversor institucional. El inversor se buscaría previsiblemente entre grupos que no pretendan tener un control de la gestión, dado su carácter minoritario, sino obtener una buena rentabilidad. Con ese perfil, los inversores potenciales serían, sobre todo, los ligados a aseguradoras o fondos de pensiones. El plan que negocian las dos empresas es alcanzar ahora un acuerdo para firmar un contrato que contemple la creación de la empresa conjunta y, posteriormente, iniciar la búsqueda de ese socio inversor. Una vez escogido el socio, se crearía la empresa. Aunque el estado de las negociaciones hace prever que el pacto final podría cerrarse en las próximas semanas, no hay seguridad de alcanzar un acuerdo. Se está intentando cerrar a finales de julio, pero si no se logra ahora podría saltar a septiembre.

Ryanair ha publicitado hasta siete promociones de precios desde el pasado 1 de junio para incentivar la adquisición de billetes. Lo sorprendente es que las fechas para viajar con esos pasajes rebajados no abarcan meses como noviembre y febrero, para premiar a quien opta por la temporada baja, sino que comprenden los meses de verano, que es la temporada en la que el sector gana dinero. Este ejemplo podría ilustrar por qué Ryanair redujo en un 46% el beneficio durante su primer trimestre fiscal, entre abril y junio, hasta los 360 millones de euros, un 33% por debajo del consenso de los analistas. La aerolínea, la principal en España por viajeros, recortó en un 16% de media sus tarifas, hasta los 41,93 euros por asiento, pero la facturación global por este concepto bajó solamente un 6% por el incremento de un 10% en la cifra de viajeros, hasta los 55,5 millones de turistas. Los ingresos auxiliares (elección de asiento, comida a bordo, maletas...) de Ryanair subieron un 10%, lo que permitió moderar hasta el 1% la caída del negocio global, con 3.650 millones de ingresos, en contraste con un alza del 11% de los costes operativos. La Bolsa reaccionó ayer con descensos generalizados en todo el sector. La realidad es que en el sector ya habían saltado las alertas hace varias semanas. La propia Ryanair había reducido su previsión de alza de los billetes del 10% a una horquilla del 0% al 5%. “Mientras que la demanda en el segundo trimestre [julio a septiembre] es fuerte, los precios se mantienen más débiles de lo esperado y prevemos que las tarifas serán más bajas que el pasado verano”, añadió ayer el ejecutivo irlandés, que ya había advertido antes de los efectos de la inflación y la crisis macroeconómica.

Boeing explicó ayer que espera una demanda de 43.975 aviones hasta 2043 entre todos los fabricantes del planeta y que la flota se doblará en un periodo de 20 años a nivel mundial. La compañía prevé que el 76% de los nuevos aparatos serán de un pasillo (básicamente, para vuelos de corto y medio radio), aunque un 18% serán de fuselaje ancho (conexiones intercontinentales), a lo que hay que añadir un 3,5% para aviación regional y un 2,2% para cargueros. Los mercados más activos en la adquisición de aviones serán la región de Eurasia (22% del total), seguida muy de cerca por Norteamérica y China, ambos con un 20%. Llama la atención que, mientras que los aviones de doble pasillo serán uno de cada cuatro en el conjunto de las flotas en 2043, esta proporción será del 44% en Oriente Próximo. “Nos encontramos en una época llena de retos y oportunidades para la aviación. La vuelta a los niveles típicos de crecimiento del tráfico muestra la capacidad de adaptación del sector, a pesar de los continuos problemas en la cadena de suministro y en la producción”, expuso Brad McMullen, vicepresidente senior de ventas y márketing del gigante estadounidense. Boeing y Airbus forman un duopolio en la práctica cuyos problemas están dificultando el crecimiento del sector de las aerolíneas. Si bien el grupo europeo ha tenido contratiempos con algunos motores, que está revisando, el norteamericano es el que atraviesa por mayores dificultades, que se han traducido en el anuncio de dimisión de su consejero delegado, Dave Calhoun. Un informe de los reguladores en EEUU ha sembrado dudas sobre la “cultura de la seguridad” de la compañía.

Órdago del juez Juan Carlos Peinado, que redobla su apuesta en la causa contra Begoña Gómez con el movimiento más arriesgado que puede hacer: intentar el interrogatorio como testigo del mismísimo Pedro Sánchez. A la espera de que en las próximas semanas la Audiencia Provincial de Madrid desvele si para o no los pies al instructor y en plena andanada de ataques del Gobierno contra el magistrado, Peinado vuelve la mirada hacia el jefe del Ejecutivo como respuesta a la negativa de su esposa a dar explicaciones en sede judicial de sus actividades profesionales bajo sospecha y por las que está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No obstante, el objetivo de esta citación, que la Fiscalía recurrirá de forma inmediata, se enfrenta a priori a otros escollos relevantes más allá de la apelación del Ministerio Público. Primero, está por ver si Sánchez se acoge a su prerrogativa a poder declarar por escrito. Y segundo, y sobre todo, está por ver si el presidente se aviene a testificar por hechos que podrían perjudicar a su propia mujer. Y es que el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento criminal establece, como norma general, que pueden estar dispensados de la obligación de declarar, si así lo quieren, los parientes más cercanos del procesado incluido, obviamente, el cónyuge. Sea como fuere, el magistrado se ha citado con Sánchez el próximo 30 de julio a las 11 horas de la mañana. 

Kamala Harris se enteró el domingo de que probablemente representará a su partido en las elecciones de noviembre, poco antes de que el presidente Joe Biden lo anunciara a los asesores de la Casa Blanca y lo declarase en las redes sociales. A partir de ahí su vida se precipitó. Rodeada de su familia, pasó las siguientes diez horas al teléfono conferenciando con los pesos pesados de la formación, donantes y otros apoyos que necesitará para la campaña. El entusiasmo fue unánime. Una de las más de cien llamadas que hizo fue una conferencia telefónica con 44.000 activistas negras de todo el país. Encontró a esas mujeres electrizadas con la posibilidad de que la primera mujer presidenta de Estados Unidos sea de color. La fuente de las donaciones que se había secado en las últimas tres semanas transcurridas desde el desastroso debate del 27 de junio, ante el desánimo que causó el penoso estado físico y cognitivo del presidente en su duelo contra Trump, ha rebrotado de pronto con fuerza. En sus primeras 24 horas como candidata, los demócratas han batido su propio récord de recaudaciones en un solo día, con 81 millones de dólares (74,4 millones de euros), informó la plataforma Act Blue. Aún mejor, más de la mitad de las donaciones llegaron en pequeñas donaciones por internet, lo que indica que el entusiasmo no es cosa de millonarios buscando dónde invertir políticamente su dinero, sino que se traducirá en votos. Ayer la avalancha continuaba. Los asesores del mandatario se habían apresurado a cambiar ante la Comisión Federal Electoral el lema ‘Campaña Biden/Harris’ por ‘Harris For President’ para poder transferirle los casi 96 millones de dólares que tenía acumulados. «Los pequeños donantes están encendidos y listos para entrarle a estas elecciones», escribió en X Act Blue.