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La Diputación de Bizkaia acaba de entregar a 25 empresas el diploma que acredita su capacidad para diseñar y alinear una estrategia de talento adaptada a los retos actuales y del futuro. Es una pieza más de un engranaje más amplio, compuesto por el momento por trece proyectos y que seguirá creciendo. Bizkaia with the Talent es el “paraguas” bajo el que se desarrollan estas actuaciones. Todo surge de la proximidad con las empresas. La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, y Mariezkurrena visitan cada viernes empresas para “conocer qué dificultades, oportunidades y retos tienen”. La “gran mayoría” de las compañías coinciden en que tienen problemas para captar talento, sobre todo el que está ligado a las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas; el ámbito STEM, el santo grial de una economía que se sumerge cada vez más en el mar de la digitalización: “Llegamos a la conclusión de que algo teníamos que hacer”. Así nació el proyecto “bandera” del área foral de Promoción Económica. “En Diputación llevamos desde 2005 trabajando con Bizkaia Talent, pero vimos que era necesario hacer algo más colaborativo y en 2022 pusimos en marcha Bizkaia with the Talent. Aunque lo estamos impulsando nosotros, queremos que sea una iniciativa de todas las organizaciones, empresas, centros de formación e instituciones. Por ello, cuando hemos definido la marca, la hoja de roble no forma parte del logo. Es una iniciativa de todos”, subraya Mariezkurrena. En el proyecto están involucrados la Diputación, el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco, que lo conoce y participa a través de Innobasque. También forman parte del ecosistema la UPV, Deusto, Mondragon Unibertsitatea, asociaciones que impulsan la Formación Profesional –Hetel, Aice-Izea y Novia Salcedo–, clusteres, asociaciones empresariales y empresas tractoras.

“Nos puede gustar más o menos lo que opinan los jóvenes, pero tenemos que adaptarnos a lo que ellos quieren, porque si no se van a ir a otro sitio”. El responsable de Talento de la Diputación de Bizkaia, Joseba Mariezkurrena, resume con esa frase el camino que deben recorrer los próximos años las empresas, sobre todo las pequeñas, que en general, “no trabajan la marca empleadora”. Retener y atraer talento local y de fuera es el principal reto de las compañías, sobre todo el que está ligado a las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en sus siglas en inglés). "Bizkaia with the Talent, que tiene una misión superconcreta: tratar de reducir el gap entre los perfiles STEM que las empresas nos piden y los que somos capaces de ofrecerles como territorio. Luego vamos a vincular el talento local para que no se vaya, por supuesto. Vamos a repatriar, vamos a atraer, también. Pero el objetivo es el de dar respuesta a las necesidades de las empresas para ser más competitivos...El problema del talento es una derivada del reto demográfico. Es un problema que no es solo de Bizkaia o Euskadi, lo tenemos en toda Europa. La competencia que hay y que va a haber para atraer talento va a ser brutal. De la mano de nuestras empresas tenemos que hacer que sean lo más atractivas posible. Para que nuestra gente no se vaya y seamos capaces de atraer gente. Estamos trabajando ahora mismo en ello todos juntos...Hay un proyecto en el que estamos analizando cuáles son las motivaciones de los jóvenes. Por qué eligen una empresa u otra de cara a trasladar esa información a las empresas para que implementen su estrategia de talento. También identificamos en qué posición están las empresas y cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar. Hay pymes que no tienen departamento de recursos humanos o solo tienen una persona que hace selección pero no trabaja los valores y la cultura". 

El lehendakari Imanol Pradales confía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culmine el Estatuto de Gernika con el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, una de las asignaturas pendientes «más importantes» que permitiría completar la carta autonómica. Según ha reconocido el propio Pradales a DV, Sánchez debe cumplir sus palabra con este compromiso que encierra, reconoce, una gran «complejidad técnica». De entrada, más a corto plazo, el lehendakari pone el foco en una veintena de transferencias pendientes, como son la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general, del litoral y algunas materias en el capítulo sociolaboral, como la inspección de trabajo en algunos ámbitos en los que todavía no está. «Creo que probablemente la materia más compleja pueda ser la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pero es cierto que hay voluntad de las partes de empezar a abordar esa cuestión también». Los acuerdos firmados entre el PNV y PSOE establecen que en el plazo de dos años tiene que producirse esta culminación del Estatuto, mediante la negociación de bloques de hasta cinco u ocho transferencias y un análisis bilateral en una comisión mixta Gobierno Vasco-Administración General del Estado que se reunirá cada seis meses con presencia del presidente del Gobierno español y del propio lehendakari.

La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) teme un fuerte impacto sobre este tipo de sociedades de la reducción de la jornada laboral, desde las 40 horas a las 37,5 horas semanales, en 2025, sin recorte del salario, como quiere el Gobierno. Y el impacto sería mayor si se hace “al margen de la negociación colectiva y sin permitir la adaptación paulatina” de las empresas a la medida. Es más, Cepyme calcula un coste directo en las pymes de 11.800 millones anuales, según el estudio que ha elaborado la confederación empresarial sobre el impacto de la reducción de jornada en estas empresas. La patronal de la pyme publica el estudio en coincidencia con las negociaciones que sobre el recorte del tiempo de trabajo, sin menoscabar el salario, mantiene el Gobierno con la CEOE, Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Precisamente, hoy termina el ultimátum que dio el Ejecutivo a los empresarios, el pasado día 24, para que presenten una propuesta por escrito sobre la reducción de la jornada. Si CEOE y Cepyme no presentasen una propuesta es muy posible que el Ministerio de Trabajo opte por cerrar un acuerdo con los sindicatos y elevarlo pronto al Consejo de Ministros. De hecho, tanto el Ministerio como CCOO y UGT ya admiten que hay un acuerdo sobre esta cuestión a la espera de lo que digan los empresarios.

La asociación de El Corte Inglés, Carrefour o Alcampo carga contra la rebaja impuesta de jornada: «Es un ataque directo. Un destrozo». El ultimátum de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para que las empresas acepten un recorte de jornada, supone alterar el convenio laboral vigente de grandes almacenes, el mayor del país al afectar a cerca de 300.000 personas, firmado hace apenas un año con respaldo sindical del 98%. La iniciativa de Díaz puede sonar bien a los trabajadores, pero puede ser contraproducente por su considerable impacto negativo para muchas empresas y, muy en particular, para un sector clave como el de los grandes almacenes e hipermercados, según avisa la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), Matilde García Duarte. Ésta ha decidido salir al paso y descalifica en declaraciones a EL MUNDO tanto los modos como el coste que tiene la medida en su sector. «La propuesta maximalista hecha por el Gobierno para aplicar a 1 de enero de 2025 una reducción lineal de la jornada a 37,5 horas semanales supone un incremento de los costes laborales del 6%», afirma. Es el encarecimiento medio, añadido a otros, que tendrán que afrontar sus asociados en unos meses si Díaz impone su plan, según un cálculo interno. «Es un ataque directo a la productividad de las empresas. Rompe la paz social, porque el ultimátum del Ministerio de Trabajo destroza la vigencia de los convenios, generando una enorme inseguridad jurídica para las empresas», reprocha.

El Ministerio de Trabajo está cada vez más cerca de lograr un acuerdo con los sindicatos y sin la patronal para reducir la jornada ordinaria de trabajo de las 40 horas actuales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025, tal como prometieron PSOE y Sumar a la ciudadanía con su pacto de Gobierno. La negociación se cerrará antes de las vacaciones de agosto, a lo largo del mes de julio que acaba de empezar. Las prisas de Trabajo y de los sindicatos se deben a que el diálogo empezó hace meses, en enero, y a que se estrecha el margen para que aplique la primera fase, las 38,5 horas en 2024, una urgencia que enerva a los empresarios. A la vez, centrales y ministerio vienen acusando a las patronales de urdir una estrategia dilatoria, sin una verdadera intención de pactar. Con estos condicionantes, hoy lunes se celebra una nueva reunión en el departamento que dirige Yolanda Díaz. Fuentes de la negociación creen que no se anunciará un acuerdo, pero la resolución está cada vez más cerca. La última semana ha ensanchado aún más la distancia entre Trabajo y los empresarios. El lunes pasado el ministerio puso encima de la mesa el texto de su propuesta, que este periódico adelantó el viernes anterior. Sus ejes son: una reducción de la jornada en los términos prometidos, a 38,5 horas este año desde que entre en vigor la norma y a 37,5 desde el 1 de enero de 2025; una mejora salarial proporcional de los empleados a tiempo parcial si siguen trabajando las mismas horas; la obligación a las empresas de que el registro de jornada sea digital, lo que cierra la puerta a los tan discutidos registros de papel; y las sanciones a las empresas se darán por cada trabajador con el que se incumpla, no únicamente una por compañía, lo que multiplicará un castigo que hasta ahora era asumible para muchas firmas.

Juan María Nin (Barcelona, 1953), presidente del Círculo de Empresarios, considera que hay que aprovechar el buen momento que vive la economía para mejorar la competitividad de la economía española. Para Nin es necesario abordar importantes reformas estructurales que requieren el acuerdo de los grandes partidos. Un acuerdo que serviría también para frenar la deriva extremista. "...Estamos en la zona de presión fiscal más alta de la Unión Europea. Cuando medimos en términos de recaudación respecto del PIB se produce una contradicción. Y es que con tanta figura impositiva, con una Hacienda de una eficacia ejemplar y con estos tipos que nos sitúan en posición de liderazgo compartido en Europa, pues luego la recaudación no es la que se espera...La clave está en que a partir de cierto momento de tipos muy altos y de exigencia impositiva, se produce una huida hacia la economía B. Y eso es muy complicado porque es terriblemente injusto...La economía española está creciendo más y vamos a ver si mejor. Son excelentes noticias, pero debemos hacer una reflexión sobre cuánto en este crecimiento corresponde al efecto del punto de partida. La economía española fue la que peor comportamiento tuvo en la Unión Europea como consecuencia del Covid, fundamentalmente porque está basada en servicios. Si el punto de partida es muy bajo, en estos momentos es lógico que haya un efecto rebote. Con independencia de esto, el tema que más nos tiene que llamar la atención es la estructura de la economía española. ¿Nos conviene tener una estructura basada en servicios? Deberíamos aprovechar el momento para hacer reformas estructurales y para ocuparnos de mejorar la competitividad de nuestra economía...La jornada laboral hay que medirla en cantidad y en calidad. Hay muchos ejemplos de buenas intenciones que no resultaron bien como se vio en Francia cuando se quiso implantar la jornada de 35 horas. Cualquier avance en este sentido tiene que estar vinculado a la productividad. Desde hace un par de siglos la jornada laboral pone mayor énfasis en la calidad que en la cantidad, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Estamos en un proceso imparable, en un camino donde, una vez más vinculado a la productividad, veremos jornadas laborales totalmente diferentes, sobre todo de la mano de grandes revoluciones como la que está suponiendo la inteligencia artificial..."

 El ocio ha escalado puestos en las prioridades de las familias, una realidad que se traduce en la petición de préstamos al consumo. En Kutxabank, por ejemplo, estiman que durante la campaña veraniega las solicitudes suben «en torno a un 20%». «En la campaña de verano contamos con tarifas más atractivas, especialmente en el canal ‘online’, acompañada de una intensificación en la publicidad por ser una época idónea para el consumo», detallan. El fenómeno se reavivó tras el covid. Lo destacan en Bankinter, donde hace dos años notaron «un repunte en la demanda». «El mercado español es muy competitivo», recuerdan, por lo que es habitual «hacer un uso muy significativo de las redes sociales, donde los viajes y las vacaciones tienen mucho éxito», razonan. En su caso añaden productos pensados para estos perfiles, como las tarjetas de crédito ‘Dviajes’, con seguros gratuitos de viajes y accidentes y fórmulas para ahorrarse la comisión ISAF de compras en comercios extranjeros o para sacar dinero de los cajeros fuera de la zona euro. En Caixabank también confirman «la mayor demanda» que se produce en las peticiones de préstamos «de mayo a julio». «Se conceden la mayoría de las financiaciones para viajes, con un importe medio que se sitúa sobre los 4.000 euros en las familias y sobre los 2.000 euros para el público más joven», cifran. Aunque el fenómeno es común, no todas las financieras apuntan abiertamente al ocio veraniego. En Laboral Kutxa remarcan que, en general, «no fomentamos el endeudamiento para el disfrute de las vacaciones», aunque matizan que si el cliente tiene capacidad de pago se le concede los créditos. Además, con el impulso de fórmulas como sus préstamos ‘dispON’, «donde el cliente no nos indica el destino de los fondos prestados» y que suponen «el 90%» de sus préstamos al consumo, desconocen si los emplean para estos objetivos. Algo parecido aclaran en Banco Santander, donde carecen de una apuesta para el recreo estival, pero más de tres millones de sus clientes cuentan con «preautorizados», préstamos listos para «cualquier finalidad»; o en el BBVA, que apuesta por a una «multifinalidad» en su oferta.

La suspensión de licencias a pisos turísticos en Donostia traslada a otros municipios de Gipuzkoa como Zarautz, Orio o Errenteria las altas a estas viviendas, un centenar este año. Si no puedo abrir en San Sebastián, lo hago en Irun, Zarautz, Orio o Errenteria. La moratoria para la concesión de nuevas licencias de hoteles, pisos turísticos y otros alojamientos que entró en vigor en Donostia en marzo del año pasado ha traído como consecuencia una reducción drástica de las altas de nuevas viviendas turísticas en la capital y un repunte de aperturas en el resto de Gipuzkoa. En lo que va de año, el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi (Reate) contabiliza 100 nuevos negocios de pisos turísticos en el territorio, de los que solo 30 se localizan en la capital. Medido en plazas ofertadas, son 474 en todo Gipuzkoa y de ellas, 135 en San Sebastián. Ese 30% radicado en Donostia es el porcentaje más bajo desde que se creó el listado de control. El año pasado (ya con la suspensión en vigor) el peso de San Sebastián en la cifra total de altas en Gipuzkoa fue del 44%; en 2022 era del 60%; en 2021, del 46%; en 2020, del 58%...De hecho, de las 2.010 viviendas turísticas que hay en la actualidad dadas de alta en el registro en Gipuzkoa, 1.262 (el 62%, casi dos de cada tres) se localizan en la capital. Pero ese peso tan mayoritario ha empezado a reducirse tras la decisión del Ayuntamiento donostiarra de suspender la concesión de nuevas licencias al menos hasta abril de 2026, mientras ultima la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que entre otras cuestiones tratará de racionalizar la oferta turística en la ciudad.

 El Gobierno vasco ya ha resuelto las ayudas a la cosecha en verde. A diferencia del año pasado, cuando los subsidios al arranque de uva antes de su maduración fracasaron estrepitosamente, este año el objetivo está cumplido. Un listado de 93 páginas, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), dio cuenta del dibujo definitivo de estos incentivos, que finalmente repartirán 4,38 millones entre los viticultores de Rioja Alavesa, veinte veces más que los exiguos 200.000 euros repartidos en 2023. Este año sólo hay 84 explotaciones que se quedan sin ayudas tras solicitarlas. Muchas de ellas, procedentes de productores que sí han recibido dinero para otras parcelas, como ha sido el caso de las bodegas Don Balbino o Bhilar. Entre quienes no reciben ni un euro para el arranque de uva destaca Luis Cañas, cuya petición ha sido desestimada por llevar a la cosecha en verde una «explotación con viñedo irregular». Las parcelas pequeñas son las más agraciadas, aunque también hay grandes viticultores que han recibido el visto bueno de Lakua. Es el caso, por ejemplo, de la bodega Thalión, que pidió ayuda para el arranque de uva en un terreno de 8,7 hectáreas y al que Agricultura ha concedido más de 36.000 euros para este fin. Viña Emiliano también ha obtenido 30.665 euros para hacer lo propio en una superficie de 7,44 hectáreas. Con todo, algunos particulares y pequeñas sociedades profesionales han superado esas cuantías hasta rozar los 40.000 euros con la suma de todas sus parcelas.

La diferencia de precio entre la gasolina y el diésel se ha ensanchado de manera notable desde el pasado 1 de enero en Gipuzkoa. En concreto, la brecha en el coste de ambos carburantes ha llegado a quince céntimos. Según las consultas realizadas en la página web que recoge el precio promedio de todos los territorios, el litro de ambos carburantes se situaba en términos prácticamente idénticos a comienzos de año, mientras que en el arranque de julio –en plena operación salida– la diferencia ha llegado a quince céntimos. De este modo, el desembolso para llenar el depósito con gasolina sin plomo 95 es siete euros superior al de hacerlo con gasóleo –cálculos realizados con 55 litros repostados–. Así, todos aquellos que esta semana se detengan en una de las más de un centenar de estaciones de servicio que existen en Gipuzkoa deben abonar de media 84 euros en diésel y 91 en gasolina.  Desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), su directora de comunicación, Inés Cardenal, afirma a que hay dos claves fundamentales para analizar cómo funciona el mercado de hidrocarburos. Por un lado, subraya que el coste final en el surtidor depende del «precio al por mayor en los mercados internacionales. Tanto la gasolina como el gasóleo cotizan en estos mercados y en el caso de España hay dos principales: el del noroeste de Europa y el del Mediterráneo. En estos lugares, desde comienzos de año, ha subido más el precio de la gasolina que el del gasóleo». Otro aspecto relevante para explicar esta brecha en la factura final que abonan los consumidores radica en las peculiaridades fiscales del gasóleo, que paga menos impuestos especiales que la gasolina. «Aproximadamente 10 céntimos de euro menos por litro. Estos dos efectos combinados hacen que en estos momentos la diferencia entre ambos carburantes se haya multiplicado», explica.

Las asociaciones vascas de automoción –AEGA de Gipuzkoa, ADEADA de Álava y BAT de Bizkaia– han realizado un estudio en el que alertan sobre las bajas rentabilidades que sufre el sector con las aseguradoras, especialmente en los costes relativos a la mano de obra. Según advierten, los baremos que estas compañías aplican les llevan a perder «una gran parte de la rentabilidad de los talleres, o bien no se llegan a cubrir los costes de los trabajos realizados por este colectivo». «La totalidad de los encuestados considera la defensa del precio de la mano de obra pagado por las aseguradoras como clave para sus negocios», dicen las asociaciones vascas, que señalan que la problemática se ha agravado. Entre otras dificultades señalan un desvío de trabajos por parte de las compañías aseguradoras, las videoperitaciones y los costes administrativos que éstas generan, o la imposición de compras de algunos recambios a través de plataformas. ADEADA, BAT y AEGA han remitido a las 16 principales aseguradoras una petición sobre la «insostenible» situación que viven desde hace años los talleres de chapa y pintura. Los precios actuales «comprometen seriamente su viabilidad», informan. A pesar de que cada taller mantiene una relación diferente con las aseguradoras, reiteran que se trata de un problema «sectorial», por lo que debe afrontarse en conjunto para abordar el desfase entre los precios.

Las 35 empresas del Ibex tenían en conjunto, a finales de junio, un 42,1% de mujeres en sus consejos de administración, según los datos recopilados al finalizar la temporada de juntas de accionistas (a excepción de Inditex, que la ha convocado para el 9 de julio). Este dato aumenta más de dos puntos respecto al cierre de 2023 (40%), reforzando así el cumplimiento de la Ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. Esta norma, aprobada el jueves en el Congreso y que ahora se tramitará en el Senado, recoge que las cotizadas deberán asegurar que su consejo tenga, como mínimo, un 40% de presencia del sexo menos representado. Inicialmente, el articulado de la ley establecía la fecha de junio de 2024 para su cumplimiento para las empresas de mayor capitalización (como el Ibex). Pero tras la enmienda introducida por PSOE y Sumar, la aplicación a los grupos del Ibex se ha retrasado a junio de 2025, la misma fecha que para las empresas con una capitalización superior a 500 millones de euros. Se mantiene el 30 de junio de 2026 para las que capitalizan menos de 500 millones. El Ibex ha nombrado 18 nuevas consejeras este año, pero ocho grupos están por debajo del porcentaje del 40%. Seis superan el 30%. Acerinox tiene el 36,36%, y Sacyr, el 35,71%. El grupo de infraestructuras acaba de nombrar vocal independiente a la experta en finanzas Susana del Castillo. A finales de 2023 Sacyr tenía un 28,57% de presencia femenina en el consejo. En Ferrovial y Solaria, las mujeres son el 33,3%. También en Telefónica, que ha bajado del 40% de diciembre al 33,3% actual con la renuncia voluntaria en mayo de la independiente Carmen García de Andrés. 

Por cada 100 euros de beneficios antes de impuestos soportados, las empresas del Ibex 35 contribuyen con 47 euros de impuestos soportados. Las compañías del selectivo han incrementado su contribución tributaria total un 3% con respecto a 2022 tras un incremento del 23% en la contribución mediante impuestos soportados. El valor distribuido a la Hacienda Pública por este grupo de empresas es 2,68 veces mayor al valor que distribuyen a sus accionistas. Así lo refleja la quinta edición del informe Contribución Tributaria Total del Ibex 35 en 2023, elaborado por PwC Tax & Legal. El documento recoge que estas empresas tributan por encima de su peso económico. El peso medio de la contribución tributaria de las compañías del Ibex 35 sobre la recaudación nacional (12,70%) es mayor en 4,30 puntos porcentuales al peso medio de dichas empresas en la producción nacional (8,40%) La contribución tributaria total del Ibex 35 en 2023 ascendió a 54.171 millones de euros, de los cuales, 20.067 millones de euros fueron impuestos soportados y 34.104 millones de euros impuestos recaudados. Este indicador ha aumentado 1.614 millones de euros, lo que representa un 3% respecto a 2022, aumentado los impuestos soportados en 3.798 millones de euros (23%) y disminuyendo los recaudados en 2.184 millones de euros (6%). Los impuestos soportados suponen un coste para las empresas y tienen un impacto directo en los beneficios que obtienen. Según la metodología del estudio, son aquellos impuestos que se han pagado a las Administraciones de los diferentes Estados en los que opera. Estos impuestos son los que han supuesto un coste efectivo, como por ejemplo los impuestos sobre beneficios o determinados impuestos medioambientales.

La banca activa su maquinaria comercial para atraer nuevos clientes consciente de que el proceso de opa de BBVA sobre Sabadell «supone una oportunidad de negocio», tal y como reconoce un directivo del sector a este diario. Así ocurrió en experiencias previas como la unión de CaixaBank y Bankia, la absorción del Popular por Santander o la fusión de Unicaja y Liberbank, cuando la guerra de promociones, campañas publicitarias y planes específicos se desplegó con mayor intensidad para ‘pescar’ en el río revuelto que implican este tipo de procesos. Desde distintos bancos consultados reconocen que, más allá de los particulares, la orden para las sucursales es «apretar» en el segmento empresarial, precisamente donde BBVA busca consolidarse con la compra de Sabadell. «Son clientes que suelen trabajar con varias entidades en su día a día, accediendo a distintos servicios y para no depender en exceso de una sola en términos de financiación», explican desde el sector. «Es una oportunidad única para ganar cuota de mercado», reconocen desde una entidad internacional también con presencia en este negocio en España. «El de las empresas es un segmento muy competido y estamos todos mirando estrategias para crecer», añaden.

CaixaBank y BBVA gestionan la mayor parte de los planes de pensiones que las empresas del Ibex tienen para complementar la pensión pública de sus empleados. Administran 16 de un total de 25 constituidos por estas cotizadas. El 71% de las firmas del Ibex tiene uno de estos productos, el 77% si se incluye a Bankinter e Iberia (IAG), que canalizan sus compromisos por pensiones por otras vías.  “La mayoría de las cotizadas que no cuenta con este tipo de compromisos ya están analizando la posibilidad de implementarlo próximamente”, afirma Gregorio Gil de Roza, responsable de pensiones de WTW. VidaCaixa, filial de CaixaBank, administra el ahorro de 10 sociedades. Acciona, ACS, Ferrovial, Sacyr y Colonial son las últimas incorporaciones a esta lista. Las cinco se han integrado en el plan de pensiones simplificado de los empleados de la construcción que inició su andadura el año pasado y suma 303.320 partícipes y un patrimonio cercano a los nueve millones de euros. Este fondo es el mayor logro hasta ahora de la reforma que el Gobierno hizo de los planes de pensiones para dar más ventajas a los de empleo frente a los de particulares. Para no enturbiar este estreno con posibles pérdidas en su rentabilidad, el plan de la construcción invierte su patrimonio en activos muy conservadores, lo que podría limitar su rendimiento en el medio y largo plazo, señalan en el sector.

La gestora de capital riesgo francesa PAI Partners, a través de su fondo de mid market, se ha asociado con el fondo español Inveready, liderado por Josep María Echarri, para la compra conjunta de Avatel Telecom, el quinto operador de telecomunicaciones de España, con un valor superior a los 550 millones de euros, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas. El consorcio francoespañol es el más avanzado en el proceso de venta que coordina Banco Santander, que podría resolverse antes de que comience el próximo mes de agosto, aunque todavía no existen garantías de que vaya a ejecutar la operación. En el proceso, bautizado con el nombre en clave de Proyecto Pangea y avanzado por este medio el pasado 31 de enero, PAI Partners e Inveready compiten contra el fondo estadounidense Searchlight, conocido en España por haber sido acreedor de Mediapro. Telefónica y HIG Capital también se interesaron en la compra de Avatel, como publicó Bloomberg, aunque estarían más retrasados en la carrera para adquirir el operador de telecomunicaciones español, controlado por el momento por sus fundadores, el consejero delegado del grupo, Ignacio Aguirre, y el presidente, Víctor Rodríguez, así como por el vicepresidente Jorge Gómez.

Bruselas acumula trienios de lucha para que las grandes tecnológicas estadounidenses — y, últimamente, también chinas — no desborden las leyes comunitarias, pero en los últimos meses ha acelerado el paso todavía más. El despliegue progresivo de los dos reglamentos aprobados hace más de un año —el de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y el de mercados digitales (DMA)— cumple hitos, y ha dado paso a capítulos como el de hace pocos días, cuando la Comisión Europea acusó a Apple de quebrar la competencia. Al día siguiente envió un pliego de cargos a Microsoft por abusar de posición dominante siguiendo, esta vez, la vieja ley para controlar la competición justa en los mercados, dejando claro que no renuncia a ninguna herramienta en esta lucha. El 6 de septiembre de 2023 fue un día importante. El equipo de la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, señaló los primeros operadores del mercado digital a los que iba a exigir obligaciones añadidas por su gran tamaño y, por tanto, riesgo potencial: Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Booking, Microsoft y Bytedance. Medio año después, el 25 de marzo, llegaron los primeros señalamientos. La Comisión sospechaba que Apple, Alphabet, Amazon y Meta no se ajustaban a la DMA y pasaba a abrirles varias investigaciones que quería tener listas en un año a contar desde ese momento. En el caso de Apple, la conclusión preliminar ha llegado muy rápido. Solo tres meses después. “Sí que hay una aceleración del paso con la DMA sobre las grandes empresas tecnológicas. La nueva norma lo permite, lo facilita y es lo que estamos viendo con esta Comisión y veremos con la que vendrá”, apunta Cecilio Madero, ex director general adjunto de Competencia de la Comisión y ahora consultor senior en APCO Worldwide.

La extrema derecha está a las puertas del poder en Francia. Por primera vez en la historia de la Quinta República, esta opción ha sido la más votada en una vuelta inicial de las elecciones legislativas, según los sondeos hechos a pie de urna. Y lo ha hecho con una alta participación, que ha alcanzado el 67,5%, veinte puntos más que en 2022 y la mayor desde 1981. Ese dado refleja la relevancia que tiene esta cita con las urnas a la que le queda la segunda vuelta del próximo domingo. Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella, la afrontará eufórico aunque sin haber logrado la mayoría absoluta a la que aspiraba. La formación de ultraderecha y su aliado en estos comicios Éric Ciotti (derecha moderada) lograrían un 33,5% de los votos en la primera ronda, según las estimaciones de Ifop para la cadena TF1. El Nuevo Frente Popular –la alianza de fuerzas de izquierda que agrupa a La Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y Europa Ecología-Los Verdes (EELV)– obtendría el 28,5%. El partido del actual presidente, Emmanuel Macron, y sus aliados naufragan al quedar relegados a un tercer puesto con el 22,1% de los sufragios. Los Republicanos (derecha moderada) y sus socios se quedarían el 9,7% de apoyos, a la espera de conocerse los resultados definitivos. El partido de Macron y sus apoyos tenían en la Asamblea Nacional saliente una mayoría relativa. Esto dificultaba las tareas de gobierno, ya que se veían obligados a pactar con otros grupos para sacar adelante las leyes o gobernar a golpe de decreto.

La profunda crisis que afecta al sistema sanitario de Colombia está enfrentando al presidente del país, el izquierdista Gustavo Petro, con los líderes empresariales y los políticos de la oposición, que le acusan de esquivar al Congreso para poner en marcha su agenda radical. Después de que los legisladores aparcaran la propuesta de Petro para reformar el sistema sanitario, el mandatario dio instrucciones a los reguladores para tomar el control de dos de las mayores aseguradoras de salud privadas del país, con graves problemas de liquidez. Como consecuencia de ese movimiento, ahora los servicios de salud que atienden a más de la mitad de la población se encuentran en manos del Estado, según fuentes del sector. Petro, que asegura que la reforma es necesaria para luchar contra la corrupción, hacer que el sistema sea sostenible y llevar la atención sanitaria a las zonas rurales, pronto volverá a intentar que el Congreso apruebe su propuesta. Pero los empresarios y los líderes de la oposición dicen que, más que cambiar el sistema, lo que hay que buscar es la manera de mantenerlo a flote y acusan a Petro de dejar que las aseguradoras colapsen por su aversión hacia el sector privado. “[El gobierno] sabe cómo destruir un sistema que no le gusta pero no tiene ninguna estrategia”, explica Bruce Mac Master, presidente de la mayor patronal. “Quieren intervenir una actividad en la que creen que el Estado debería tener un papel mayor”. Durante décadas, las aseguradoras privadas, conocidas como Empresas Prestadoras de Salud (EPS), han sido la piedra angular del sistema sanitario: cubren al 98% de una población de 52 millones de personas. Los colombianos pagan las tarifas más bajas de la región por estos servicios. El gobierno paga por estos servicios a través de un fondo de gestión pública.