20240302

Artículo de Francisco J. Azpiazu, secretario general de Cebek: “Los costes laborales y los incrementos salariales, la dificultad para contratar personas cualificadas, el absentismo laboral y el clima político son, por este orden, las principales preocupaciones de las empresas de Bizkaia hoy tras la Encuesta elaborada por Cebek el mes pasado. En relación con los costes laborales y los incrementos salariales, podemos decir que en Euskadi continuamos teniendo los salarios y los costes laborales más altos del Estado. Los salarios de los/as trabajadores/as sujetos a convenios colectivos vascos subieron en 2023 un 4,6% frente a un 3,4% de media en el Estado. En esta línea, un 72% de las empresas señalaba, además, que incrementará sus salarios en 2024. Con todo ello, quiero destacar el gran esfuerzo que hacen las empresas de Bizkaia por mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en nuestro territorio, donde la conflictividad laboral que padecemos hoy por razones de una supuesta precariedad y malas condiciones laborales no es aceptable y no está justificada, porque estas premisas, mil veces reiteradas, no son reales. Las horas perdidas por huelgas, las mayores en todo el Estado desde hace ya tiempo están haciendo un daño extraordinario a nuestras empresas y a nuestra economía en general…El absentismo laboral es una permanente preocupación de las empresas de Bizkaia que, año tras año, demuestran que somos el territorio con los mayores índices de absentismo de todo el Estado a mucha distancia del resto. Sin querer buscar culpables, no es aceptable para una sociedad moderna y avanzada como la nuestra mantener las cifras actuales de bajas laborales sin que entre todos/as propiciemos medidas para reducirlas…Asimismo, si realmente creemos en el dialogo social y en la concertación como instrumentos válidos para el entendimiento y el acuerdo entre empresas y trabajadores/as, no es aceptable que desde el ámbito público se invadan estos espacios para regular materias como son la jornada laboral y el tiempo de trabajo que corresponden al debate de los agentes sociales…Por último y en relación con la constitución en Bizkaia de una EPSV de empleo, compromiso de Cebek derivado del acuerdo en el sector de la construcción de Bizkaia entre Ascobi y CCOO, me gustaría recordar que el éxito de esta figura depende de dos factores importantes: el primero, que los/as trabajadores/as y las organizaciones sindicales entiendan qué parte de las retribuciones salariales pactadas en los convenios debieran trasladarse a las aportaciones de los trabajadores/as a la EPSV correspondiente y, segundo, que cuenten con una decidida incentivación fiscal por parte de nuestras haciendas forales…”

Ascobi, Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia, por boca de su presidente, Alex Bidetxea, valora el ejercicio 2023 como un año de consolidación para el sector, aunque no se olvida de los factores de riesgo a los que se enfrenta como son los incrementos de los costes de las materias primas, los desequilibrios económicos en las licitaciones y la falta de personal especializada, entre otros. Pese a ello, pone en valor el trabajo que desde Ascobi se viene desarrollando por el bien del sector. “…El panorama se antoja difícil, pero este sector está formado por personas muy comprometidas, con ganas de salir adelante. En los últimos años de altibajos, la colaboración entre nuestros clientes, públicos o privados, proveedores, agentes sociales, etc., ha sido clave…Los elevados precios de los materiales y la falta de personal son los principales, pero la incorporación de procesos avanzados, la digitalización y la industrialización garantizan su supervivencia. En materia de digitalización contamos con la implementación del BIM, y la industrialización empieza a dar sus frutos, con la existencia de montajes en serie e, incluso, de viviendas completas, con una calidad de acabados y una eficiencia energética excelentes…La falta de personal se va a acrecentar porque las plantillas tienen una edad media muy elevada”. La solución a este problema no es nada fácil, aunque según el presidente de Ascobi, hay varias direcciones, entre las que incluye la incorporación de la mujer al sector. A su juicio, “ya es hora de derribar barreras mentales para acercar la mujer a la construcción”. En cuanto al plan de pensiones sectorial, Bidetxea asegura que “estamos trabajando en ello y con la ayuda y gestión de Cebek, nos hemos comprometido a crear esta figura y facilitar un complemento de pensión a trabajadores y trabajadoras del territorio. Iniciamos este camino desde la construcción de Bizkaia, desde Ascobi, y a futuro podrían incorporarse el resto de los sectores. La iniciativa entra dentro de nuestro objetivo de hacer un sector de la construcción más atractivo y lograr motivar, retener o captar más talento…”

La cuenta atrás para el 2030 está a la vuelta de la esquina. España quiere y debe ser, según las directrices del marco europeo, un país que convierta el 81% de toda su electricidad en energía renovable. Para garantizar esta transición, las redes eléctricas juegan un papel crucial, porque sin estas, no habrá transición en ninguna esfera: energética, industrial ni digital. Las instalaciones renovables, a día de hoy, triplican la capacidad del transporte de estas redes, que sin la reconfiguración necesaria estancará a la península ante el reto de la descarbonización. «La transición energética es el acontecimiento más importante en el que ahora mismo se mueve la historia de la humanidad. Engloba desde los aspectos más domésticos a las cuestiones más transnacionales. Desde comprar un coche eléctrico hasta la de hacer una central nuclear», señaló Antonio Cordón Portillo, presidente de la Asociación para la Transición Energética (ATE), durante la apertura del foro ‘Redes para la Transición Verde’, organizado por El Correo junto con la asociación, y que reunió a diversos expertos. En línea con la transformación global, Euskadi avanza con la reciente aprobación de la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático, que está alineada con los objetivos del Pacto Verde Europeo. «En este momento el grado de dependencia energética del País Vasco es muy elevado, necesitamos generar y consumir nuestra propia energía. La nueva norma dará paso a que el territorio alcance la neutralidad y una transición justa para el 2050. Eso sí, basada en nuestra economía industrial», remarcó la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Sin embargo, la viabilidad de la generación renovable en el país, incluyendo la demanda actual, depende críticamente de la implementación de redes inteligentes y digitales. «Para ello, necesitamos con urgencia inversión.

Kutxabank celebró ayer en Vitoria la reunión anual de su equipo directivo, en la que el presidente de la entidad, Anton Arriola, y el consejero delegado, Eduardo Ruiz de Gordejuela, subrayaron que este es «el momento de invertir», y se han fijado el reto de «reforzar el posicionamiento» del banco vasco en áreas como las hipotecas, los fondos de inversión o el ahorro de clientes. La entidad presentó este jueves los resultados de 2023, año que cerró con un beneficio consolidado de 510,7 millones de euros, un 54,5% más que en 2022. El banco aumentó un 41% su negocio bancario y ha abonado a sus fundaciones accionistas –BBK, Kutxa y Vital– el mayor dividendo de su historia (306,43 millones).

El veterano y reconocido directivo del sector papelero guipuzcoano Miguel Ángel Tapiador será el nuevo consejero delegado del Grupo Iberpapel, cuyo consejo de administración aprobó el pasado miércoles un plan de sucesión para los puestos de mayor responsabilidad de la firma que se activará con plena eficacia el próximo 30 de septiembre. El hasta ahora presidente ejecutivo de Iberpapel, Iñigo Echevarría Canales, abandonará sus actuales ocupaciones para, sin ser ya consejero, ocupar la presidencia de honor del grupo, desde la que prestará asesoramiento al CEO y a Martín González del Valle, quien pasará a ser el presidente no ejecutivo. Tal y como establece el citado plan, Echevarría renunciará «por razones personales» a sus cargos. Así lo comunicó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en una misiva en la que puso de relieve que las deciciones adoptadas por el consejo persiguen «asegurar una transición ordenada». Un movimiento que permite, además, «desdoblar las funciones del actual presidente en las figuras de otro sin carácter ejecutivo y un consejero delegado». En su comunicación, el Grupo Iberpapel agradeció a Iñigo Echevarría Canales «su liderazgo y los servicios prestados durante los años en los que ha dirigido la empresa». El Grupo Iberpapel comunicó esta misma semana sus resultados anuales correspondientes al ejercicio 2023, en el que la firma se apuntó un beneficio de 47,13 millones de euros, lo que supone casi triplicar el obtenido un año antes; en concreto, la cifra es un 197% más. Todo, resaltó la empresa, «en un entorno de mercado influido por una importante desaceleración de la demanda en Europa debida a los altos niveles de ‘stock’, que obligaron a recudir la producción».

Artículo de Asier Alea, director de Desarrollo Global Basque Culinary Center. "Europa lleva tiempo perdiendo su capacidad de crecer creando cosas útiles. Se ha intentado reemplazar la competitividad perdida como motor del Estado de bienestar y del empleo promoviendo segmentos no exportables de la economía que dependen del crédito y el endeudamiento, como la construcción o el empleo público, y lastrando el tejido industrial. Algunos de nuestros rivales comerciales compiten con unos recursos naturales que Europa no tiene. Muchos, con mano de obra barata, algo que no queremos hacer. Y otros, a costa de su medio ambiente, lo que no podemos aceptar...Dentro de este contexto cambiante debemos preguntarnos cuál es nuestra propuesta como sociedad, nuestro modelo de generación de riqueza o nuestro diferencial como marca. ¿Por qué necesitamos una estrategia industrial propia en Euskadi? El punto de referencia europeo es necesario, pero las medidas deben desarrollarse a nivel local. Primero: Porque necesitamos un crecimiento económico que genere unos ingresos fiscales que mantengan nuestro bienestar, evitando lastrar nuestra competitividad con una excesiva carga fiscal o sin hipotecar, a base de deuda, a generaciones futuras. Segundo: Porque la creación de riqueza pasa por un entramado productivo capaz de proveer productos exportables competitivos. Los bienes manufacturados y servicios avanzados asociados siguen representando cerca del 75% del comercio mundial. Tercero: Porque no se puede mantener la innovación si desaparece la fabricación. La capacidad para desarrollar nuevas tecnologías está ligada a la manufactura. Europa ha perdido la batalla industrial en tecnologías originalmente suyas, como la fotovoltaica, LED o las baterías de litio. Como decía el presidente de Dow Chemical, Andy Liveris: «Donde va la fabricación, la innovación la sigue irremediablemente». Cuarto: Porque otros países están estableciendo ambiciosas estrategias industriales y, si no respondemos adecuadamente, la brecha diferencial aumentará...El Gobierno vasco que surja de las urnas necesitará crear una estrategia industrial vasca con sentido de propósito. Nuestra capacidad de generar riqueza y mantener la sociedad del bienestar puede depender en gran medida de darle un sentido propio a la política económica e industrial de Euskadi". 

Seis familias vascas figuran este año entre las cien principales fortunas, según un trabajo de estimación de patrimonios que ha realizado la publicación Actualidad Económica y que sigue la estela de otras similares como la que cada año elabora la revista Fortune. Como ya es habitual en este particular ránking en los últimos años, el guipuzcoano Daniel Maté encabeza a los vascos en el listado de ricos nacionales. Maté ocupa el número 12 entre las fortunas de España, si bien su abultado patrimonio está a varias galaxias de distancia de quienes ocupan los primeros lugares e incluso ha retrocedido dos puestos en comparación con la clasificación elaborada por la misma publicación hace ahora un año. Daniel Maté, un perfecto desconocido para el gran público y que no se distingue precisamente por su presencia en la vida social guipuzcoana o vasca, ha hecho su fortuna en el sector de las materias primas y es uno de los accionistas de referencia de la multinacional suiza Glencore, líder en ese mercado. Pero sus 3.120 millones de euros que se le calculan como patrimonio acumulado están, efectivamente, muy lejos de los 93.930 millones de euros de Amancio Ortega, fundador de Inditex. También de los 12.275 millones de la familia Del Pino, los 11.835 de Juan Roig, el patrón de Mercadona, o los 7.860 de Sol Daurella, accionista de la distribuidora europea de Coca Cola. Para encontrar al segundo vasco más adinerado hay que descender bastantes puestos en el escalafón nacional, hasta el 61 exactamente, que es el que ocupa Víctor Urrutia, propietario de la sociedad de inversiones Asua y accionista de referencia del grupo bodeguero CVNE. Carlos Delclaux (Vidrala), la familia Sendagorta (Sener), la familia Ybarra Careaga (Onchena) y el exfundador de Gamesa Juan Luis Arregui son el resto de vascos que entran dentro de los cien primeros lugares de este peculiar ránking.

Las 35 empresas del Ibex han cerrado un buen año, en términos generales, con un beneficio que superó los 50.300 millones de euros en 2023. No ha sido su mejor ejercicio por algunas variables extraordinarias que han condicionado las cuentas de algunas corporaciones, pero sí han conseguido avanzar en el que ha sido su tercer año consecutivo de ganancias después de la grave crisis de la pandemia, que dejó en estado de ‘shock’ muchas de las estructuras de estas firmas. Desde los números rojos que se dejaron en pleno 2020, las corporaciones que se integran en el índice bursátil más representativo de la economía española acumulan unas ganancias conjuntas de 164.000 millones de euros. Por eso pueden dar por cerrado aquel episodio, que posteriormente se ha visto salpicado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés. Los más de 50.000 millones de 2023 (a falta de los resultados anuales de Inditex, que los presentará a mediados de mes) suponen duplicar las ganancias que tuvieron las grandes compañías el año previo al inicio de la crisis del coronavirus.

La industria española ya empieza a remontar el vuelo, mientras que la europea ve la luz al final del túnel. De acuerdo con los datos del índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés), publicados el viernes por S&P Global, la actividad en el sector manufacturero español creció en febrero por primera vez desde marzo del año pasado. Aunque España es el único gran país europeo que ya ha vuelto al terreno positivo, con Alemania especialmente rezagada, el conjunto de la eurozona también da señales positivas, en tanto que “los nuevos pedidos y la actividad de compras señalaron sus caídas más suaves en casi un año”. “El sector manufacturero español parece estar saliendo de su tendencia a la baja. La producción, tras su estabilización generalizada a principios de año, experimenta un nuevo aumento, creciendo por primera vez desde abril de 2023. A su vez, los nuevos pedidos recibidos indican un aumento por primera vez en once meses, impulsados por un incremento de la demanda interna”, si bien “aún no se ha materializado un impulso de crecimiento en el entorno exterior debido a la debilidad económica de los principales socios comerciales”, explica Jonas Feldhusen, economista del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe. En concreto, el PMI industrial español se sitúa en 51,5 puntos, por encima de los 50 enteros que marcan la diferencia, con un salto de 2,3 enteros respecto al mes anterior. Esta cifra queda algo por detrás de países pequeños, como Grecia (55,7) o Irlanda (55,2) pero bastante por delante del resto de los grandes del euro, como Italia (48,7), Francia (47,1) y, sobre todo, Alemania (42,5).

Exceso de capacidad. Eólicas y fotovoltaicas deben desengancharse de la red cada vez más porque, literalmente, no caben. Ya sobra el 1,2% de la luz anualmente. Hoy, durante ocho horas (todo un récord) el pool no va a conseguir casar precios. Es decir, la luz se va a situar en cero euros. Aparentemente es algo favorable para el usuario, pero en la práctica es un drama. Ese precio es la punta del iceberg de un problema estructural que terminará saliendo caro a los ciudadanos. El pool se sitúa en cero euros porque hay exceso de producción. Como algunas centrales no pueden parar (nucleares, por ejemplo), básicamente regalan la producción porque sería más caro o técnicamente imposible detenerla. El problema es que a otras instalaciones sí se les obliga a parar y a desconectarse de la red para evitar sobrecargas. Son los denominados cortes o, en lenguaje técnico, curtailments, que están afectando cada vez más frecuentemente a las renovables. Según datos de expertos, sólo en lo que se refiere a renovables, éstas están sufriendo curtailments que afectan ya al 1,2% de su producción. En la práctica, es como si el 1,2% de su producción se estuviera desperdiciando o, dicho de otro modo más simple: se está tirando a la basura. En términos económicos, eso supone un perjuicio de 2.100 millones de euros al año, según cálculos de la consultora Aurora Energy sobre el ejercicio 2023. La cifra de curtailments se ha disparado en los últimos dos años. La reducción de producción de las renovables (que no es compensada de ninguna manera) comenzó a ser significativa a partir de mayo de 2022.

España llevaba más de medio año importando ininterrumpidamente electricidad y aquel mes fue el primero en el que las ventas ganaron la partida: por poco, pero la suma de megavatios hora (MWh) vendidos a Francia, Portugal y, en mucha menor medida, a Marruecos y a Andorra, volvía a ser mayor que lo comprado a esos mismos países. Desde entonces, no ha habido ni un solo mes en el que haya comprado más electrones de los que ha vendido y ya van 28 consecutivos. Una racha que no tiene ninguna pinta de terminar pronto: todos los factores apuntan, hoy por hoy, a España como gran potencia exportadora de electricidad europea, solo por detrás de la muy nuclear Francia y de dos extraterrestres nórdicos (Noruega y Suecia) dotados de una ingente capacidad de generación hidráulica y abundantes interconexiones para poder enviar sus excedentes a Dinamarca o Alemania. No es la primera vez que esto sucede: entre 2004 y 2015, España fue exportadora neta de electricidad. Hay, sin embargo, grandes diferencias: frente a lo ocurrido entonces, los saldos exportadores han sido ininterrumpidos. Es decir, el saldo se mantuvo mes tras mes. Además, si hace unos años el principal factor diferencial era la brutal expansión de las centrales de gas natural y la mejor capacidad de aprovisionamiento de este combustible, ahora son las renovables y, sobre todo, la solar fotovoltaica. Con una excepción: en el tramo final de 2021 y en gran parte de 2022, España tuvo que quemar más gas en sus centrales de ciclo combinado para paliar el parón de la nuclear francesa.

La factura de la luz vuelve a subir. Y lo va a hacer más de lo que se esperaba. A la retirada progresiva de las medidas anticrisis se le ha sumado desde ayer la recuperación del IVA del 21% en la electricidad, después de que el precio del mercado mayorista haya registrado una media inferior en febrero a los 45 euros por megavatio hora (MWh), el tope fijado en el Real Decreto de medidas urgentes. La producción renovable, sobre todo la eólica, ha sido muy alta en febrero debido al paso de varias borrascas, y eso ha llevado a reducir los precios de la electricidad hasta situar dicha media de febrero en los 40 euros/MWh. El aumento en la factura de la luz era lo previsible con la entrada en 2024, y así se podrá comprobar al recibir el cobro por sus consumos de enero y febrero. Según el análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un recibo tipo para un hogar con una potencia contratada de 4,6 kilovatios (kW) y un consumo de 292 kilovatios hora (kWh) al mes se encareció en enero en un 10,5%, hasta alcanzar los 63,10 euros, seis más que en diciembre. Además de la recuperación del IVA del 21%, hay dos elementos que explican la subida de los precios que ya estaban anunciados y que, por tanto, ya anticipaban que las facturas energéticas serán mayores este año que en 2023. Por un lado, la retirada progresiva de las medidas anticrisis que impulsó el Gobierno en 2022 para contener los precios energéticos finales a raíz de la invasión de Ucrania y el encarecimiento que supuso de las materias primas como el gas. Entre ellas, la reducción de los impuestos que gravan la luz: el IVA y el Especial sobre la Electricidad. Por otro, la entrada en vigor de un nuevo método de fijación del precio de la tarifa eléctrica regulada (PVPC), con el que se pretende reducir los vaivenes de precios en momentos de crisis haciendo la tarifa más estable, pero que tiene como contrapartida un incremento del coste de la electricidad.

La inflación está moderándose progresivamente en la eurozona, donde una tercera parte de los Estados miembros ya se sitúa por debajo o en torno al objetivo del 2% anual marcado como objetivo por el Banco Central Europeo (BCE). De acuerdo con los datos publicados ayer por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, la subida de los precios en la eurozona se ha moderado dos décimas en febrero, hasta el 2,6%, gracias al frenazo de los precios en los alimentos, y en algunos países como Italia se sitúa ya en el 0,9%. La subida de los precios en la unión monetaria se ralentizó en febrero por segundo mes consecutivo, hasta el 2,6% anual. Un freno que se ha debido en primer lugar a la moderación de los precios de los alimentos, aunque también en menor medida de los bienes industriales y los servicios. Por un lado, los alimentos han ralentizado su escalada del 5,2% en enero al 4,5% (y el freno ha sido mucho más intenso en los alimentos frescos, que pasan del 6,9% al 2,2%); por otro, la subida los bienes industriales se frena del 2% al 1,6% debido a la caída de los costes energéticos; y, finalmente, los servicios, cuyos precios se ven impulsados por las subidas de sueldos, también ceden una décima, al 3,9%. Por otra parte, los precios de la energía caen un 3,7% anual, pero este retroceso es menor que el del 6,1% registrado en enero. Por países, la situación es muy heterogénea. Si bien en algunos territorios la inflación sigue siendo muy elevada, como es el caso de Croacia (4,8%), Estonia (4,4%) o Austria (4,2%), seguidos de Eslovaquia, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Francia y Malta, todos ellos por encima del 3%, hay otros países donde la inflación ya se sitúa dentro de los parámetros marcados por el BCE. En concreto, Letonia registra una tasa anual en el índice de precios del 0,7%, seguida de Italia (0,9%), Lituania (1,1%) y Finlandia (1,2%). Y otros tres países, Chipre, Irlanda y Portugal, también se sitúan muy cerca aunque ligeramente por encima de la cota del 2%.

La inflación se ha enquistado en el supermercado. Ni la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno para los productos de primera necesidad ni la guerra de promociones desatada entre las principales cadenas de distribución se dejan sentir en el ticket. Mientras el IPC general encara el retorno a niveles de crecimiento moderados, los precios de los alimentos continúan disparados, hasta el punto de que la cesta de la compra básica es un 20% más cara ahora que hace un año. La nueva normalidad en la cesta de la compra es el resultado de más de dos años de subidas sin tregua. Cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valoró el pasado jueves la bajada del IPC al 2,8% gracias a la «evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad de los precios de los alimentos» obvió lo básico: que en la inflación alimentaria llueve sobre mojado. El último dato confirmado por el INE sitúa la tasa anual del IPC de los alimentos en el 7,4%, lo que quiere decir que la misma compra es hoy un 7,4% más cara que hace un año. Pero hay que tener en cuenta que en enero de 2023 los precios en el supermercado ya subían más de un 15% respecto a un año antes. Es, por tanto, una escalada acumulada.

Priorizar el primer sector’. Bajo este lema alrededor de 300 vehículos participaron ayer en la manifestación de baserritarras convocada por las organizaciones agrarias EHNE, ENBA y GEBE (Baso Elkartea de Gipuzkoa) para reclamar «reconocimiento» para un sector primario que se siente «abandonado» y pedir a las administraciones que les acompañen «activamente» para realizar «un trabajo conjunto, con el objetivo de resolver los problemas y no generarlos». Un total de 38 asociaciones, agentes y empresas se sumaron ayer a esta movilización. Se trata de la segunda tractorada en menos de un mes después de la del pasado 12 de febrero, convocada por un grupo de jóvenes ganaderos y agricultores a través de las redes sociales y que logró el exitoso apoyo de unos cien tractores y otros tantos vehículos. La movilización ‘oficial’ de ayer, bajo el paraguas de las principales asociaciones agroganaderas de Gipuzkoa y en la que también participaron los arrantzales del territorio, logró concentrar unos trescientos vehículos entre tractores, turismos, camiones, furgonetas y 4x4.

Los planes de pensiones colectivos, reservados tradicionalmente para empleados de bancos, multinacionales, organismos públicos y grandes corporaciones, van a extenderse por el tejido productivo español en los próximos años. Patronal y sindicatos negocian la incorporación de este formato de ahorro para la jubilación (también denominado planes de empleo) en varios convenios colectivos. Los trabajadores englobados dentro de los acuerdos del metal, de grandes almacenes, agencias de viajes y corredurías de seguros —que suman más de dos millones de empleados—, podrían tener una pensión privada con aportaciones de sus respectivas empresas en los próximos trimestres. Fue el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien fijó la prioridad de que el ahorro colectivo para jubilación se desarrollara en el ámbito de la negociación colectiva, como la mejor vía para conseguir que los planes de pensiones lleguen a trabajadores de pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos. Y ayer, el secretario de Estado de la Seguridad Social y pensiones, Borja Suárez, mantuvo una reunión con varios responsables sindicales en la que abordaron este asunto. El sector que ha sido cabeza de lanza en este proceso ha sido el de la construcción. En julio de 2023, los sindicatos CC OO y UGT pactaron con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la constitución de un plan de pensiones simplificado —la nueva figura legal creada en la anterior legislatura—, que estará gestionado por VidaCaixa (filial de CaixaBank), donde las empresas irán realizando aportaciones en beneficio de sus plantillas. 

Salvo excepciones, las entidades solo están ayudando con las obras y no con los terrenos. El saldo vivo de los bancos cotizados respecto al sector cayó un 4,32% el año pasado. El crédito alternativo sirve de puente, y puede utilizarse para comprar suelo. El sector promotor de vivienda nueva lleva años explicando que la oferta que se produce es insuficiente para cubrir la demanda de creación de hogares. Las razones son varias, como la falta de la tramitación ágil del suelo (que puede conllevar décadas de desarrollo), pero hay otro factor: la escasez del conocido como préstamo promotor, que afecta sobre todo a las medianas y pequeñas inmobiliarias en un sector muy granular. Las expectativas de financiación anual de la banca a este sector se sitúa en alrededor de 9.700 millones, según información recopilada por este medio de fuentes inmobiliarias y financieras, lo que es claramente insuficiente para las necesidades de construcción residencial.

Las redes están llenas de mensajes de universitarios agradecidos por la aparición de la inteligencia artificial (IA) generativa que los ayuda a redactar —o les hace— el resumen de un libro que había que leerse, una disertación breve o la introducción a su trabajo fin de máster. Pero la IA se inventa lo que no sabe, sufre lo que los técnicos llaman “alucinaciones”, así que su uso —sin ser detectado— es limitado. Sus creadores prefieren hablar de un “copiloto” que te orienta. Este marzo, la conferencia de rectores (CRUE) en Santiago volverá a abordar el tema que cada cual solventa como puede. Algunas universidades de Estados Unidos y Australia han prohibido su uso, pero los expertos creen que es tratar de poner puertas al campo. Dos encuestas de Wuolah —la plataforma que compra y vende apuntes de bachillerato y universidad— en las que participaron casi 5.000 usuarios dan idea de la expansión de la IA desde que en noviembre de 2022 se anunció en EE UU el nacimiento de ChatGPT. El pasado junio usaba esta herramienta o pensaba hacerlo el 25,2% de estos alumnos, frente al 60% de la pasada semana. En junio se preguntó también por el uso de otras tecnologías en el plano académico: el 64% empleaba Google, el 61% YouTube y el 38% WhatsApp o Telegram. Les resulta útil la IA, en especial para hacer esquemas, reescribir con otras palabras y algo menos para resumir un texto o contestar a preguntas. Enrique Ruiz, cofundador de Wuolah, sostiene que no les afecta: “En nuestra página pueden encontrar contenido específico de cada asignatura y recursos de otros años, en cambio, en ChatGPT pueden encontrar soluciones sobre conceptos más globales”.

El magnate australiano estaba convencido de que la Inteligencia Artificial también tenía que jugar un papel fundamental en la consecución de esta meta y, por eso, en 2015 fue uno de los fundadores de OpenAI, la compañía que ha desarrollado ChatGPT. No obstante, fue durante esa experiencia cuando comprendió que «la IA es más peligrosa que las armas nucleares». En 2018 abandonó la compañía, y ayer decidió dar un paso más y llevarla a los tribunales. Musk demandó a OpenAI y a su consejero delegado, Sam Altman, entre otros, porque considera que han violado el acta fundacional de la ‘startup’ y que están anteponiendo el rendimiento económico de la empresa «al beneficio de toda la Humanidad». Curiosamente, el propio Altman fue despedido por el consejo de administración el pasado mes de noviembre. Aunque regresó a su puesto pocos días después, tras la amenaza de dimisión por parte de la mayoría de la plantilla, el asunto demostró el poco control que el cofundador tiene sobre la empresa. Según explican ahora los abogados que han interpuesto la querella en San Francisco, OpenAI nació con el firme propósito de ser un laboratorio sin ánimo de lucro destinado a desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial que sirvan para el avance del ser humano. «Es algo que continúa recogiendo la empresa en su página web. No obstante, OpenAI se ha convertido en una subsidiaria de facto de Microsoft, la mayor tecnológica del mundo, para la que desarrolla aplicaciones en código cerrado», según argumenta la denuncia.

La economía china ha sufrido un duro revés al ralentizarse la actividad de las fábricas, lo que aumenta la presión sobre el presidente Xi Jinping para que adopte medidas más drásticas que impulsen el crecimiento en la víspera de su principal cita política anual en Pekín. Según las cifras publicadas el viernes, el índice oficial de gestores de compras del sector manufacturero del país (PMI, por sus siglas en inglés) se situó en 49,1 en febrero, por debajo de la cifra de 49,2 de enero y en línea con la previsión de los analistas de Reuters. Una lectura por debajo de 50 indica una contracción con respecto al mes anterior. La constante caída del PMI manufacturero de China –que ha estado en territorio de contracción durante cinco meses consecutivos, y todos los meses desde marzo hasta septiembre– se produce en un momento en que Pekín tiene previsto inaugurar el martes la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, su parlamento. Miles de delegados de todo el país acudirán a Pekín para asistir al encuentro, en el que el Partido Comunista Chino anunciará sus objetivos de crecimiento económico, estímulo fiscal y gasto militar para el año, así como sus prioridades políticas. La reunión se celebra en un momento en el que las autoridades se enfrentan a una ralentización del sector inmobiliario, una deflación arraigada y una escasa confianza de los inversores. 

Islas Baleares es una de las comunidades donde la trama del ‘caso Koldo’ se lucró mediante jugosas comisiones por mediar en la compra de mascarillas en los peores momentos de la pandemia, según consta en el sumario judicial y las pesquisas policiales. Por entonces, esta autonomía estaba gobernada por la socialista Francina Armengol, a día de hoy presidenta del Congreso –la tercera autoridad del Estado– y a quienes los componentes de la supuesta red corrupta llamaban «la señora». Estos son los datos incluidos en el sumario judicial y de la Guardia Civil sobre la transacción millonaria que se realizó con dinero público. ¿Cuándo se produjo la compra? En abril de 2020, con toda España confinada, el Gobierno balear aprobó la compra de 1,7 millones de mascarillas FFP2 por valor de 3,4 millones. La oferta que aceptaron fue la de Soluciones de Gestión, propiedad de Juan Carlos Cueto, supuesto cerebro de la trama. ¿Qué pasó con las mascarillas? Las FFP2 compradas resultaron ser defectuosas al no cumplir con las exigencias fijadas por las normas de la Unión Europea, por lo que a pesar de ser distribuidas en un primer momento, fueron retiradas poco después de todos los centros sanitarios al detectarse sus fallos. ¿Se ha recuperado el dinero? No. Pese a saber que el lote no era utilizable, el Gobierno de Armengol recurrió a fondos europeos para pagar la estafa y no inició hasta 2023, en puertas de tener que abandonar el poder, el procedimiento para recuperar al menos los 2,6 millones que se pagaron como sobrecoste. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias de los presuntos cabecillas de la trama de comisiones ilegales en contratos con varias administraciones públicas.

La comunidad internacional coincidió ayer en la presión a Israel para que se haga una investigación independiente de la muerte de más de 100 personas en Ciudad de Gaza el pasado jueves. Según las primeras hipótesis, la matanza se produjo en parte por disparos de soldados israelíes que abrieron fuego y en parte porque el convoy con ayuda humanitaria aplastó a varias de las personas que buscaban comida. Los llamamientos llegaron desde el secretario general de la ONU, António Guterres, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde el secretario general de la ONU, António Guterres, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sucedieron ayer los llamamientos internacionales a investigar uno de los episodios más graves en los casi cinco meses de guerra en Gaza. Se trata de la muerte en la víspera de más de 100 personas en la capital, Ciudad de Gaza: parte por disparos de soldados israelíes que abrieron fuego, parte aplastados por el convoy con ayuda humanitaria que perseguían para paliar el hambre, según las primeras hipótesis de un episodio aún no aclarado en el que divergen las versiones. Guterres se declaró “horrorizado” por la matanza y puso el énfasis en la “desesperación” de los civiles gazatíes, en particular en el norte de la Franja —donde asaltaron el convoy— porque apenas llega ayuda humanitaria y cientos de miles de residentes presentan los índices más altos de desnutrición.