20241205

Así lo revela un estudio presentado ayer por el Consejo General de Economistas de España (CGE), que recoge la evolución de este indicador entre 2013 y 2022, periodo en el que la comunidad autónoma vasca se ha consolidado en primera posición. El informe destaca, además, que solo el País Vasco, Madrid y Navarra alcanzan o superan la media europea, un grupo del que se ha caído Cataluña en los últimos años. El estudio realiza dos comparativas, una interna entre comunidades autónomas que va de 2013 a 2022, y otra externa, con las regiones europeas denominadas ‘Nuts 2’ que se extiende de 2013 a 2021. Empezando por este segundo análisis, cabe apuntar primero que España en su conjunto ha empeorado su posición relativa respecto al promedio, al bajar desde un 102,2% de la media de la UE hasta el 97,9%. La razón es que ha sido el quinto país con menor aumento de la productividad en el periodo. «España no ha conseguido mejorar sustancialmente y de manera continuada su eficiencia productiva en la última década», lamentó el presidente del CGE, Valentín Pich, durante la presentación. Pero dentro de España hay importantes diferencias regionales y Euskadi mantiene su ventaja. Así, el estudio analiza los valores de las 242 regiones europeas –las agrupadas bajo la nomenclatura Nuts-2– y coloca al País Vasco en la posición 120, solo un puesto por debajo del que tenía en 2013. Su productividad se sitúa ahora el 106,2% de la media, algo por debajo del 109% que alcanzaba hace más de una década. Tras Euskadi figura Navarra, que ha arrebatado el segundo puesto a Madrid y ocupa la posición 129 en el ránking de las regiones europeas, con un valor del 100,6%, después de perder solo un 1,7% en la década. Madrid se sitúa en el nivel 131, con un 100% frente al 105% de hace diez años. Cataluña, que en 2013 estaba por encima de la media, ha perdido posiciones hasta quedar por debajo. En concreto, ha descendido del 100,4% al 92,8%. Su puesto en la clasificación de regiones europeas es el 134. A la cabeza del ránking europeo destacan dos regiones irlandesas –Southern e Eastern and Midland–, que llegan a alcanzar una productividad de 132 euros y 98 euros por hora. 

El lehendakari Imanol Pradales ha advertido este miércoles de que la falta de capacidad de la red eléctrica "pone en riesgo" el desarrollo de proyectos en Euskadi ligados a la transición energética y la descarbonización de la economía. Por ello ha exigido al Gobierno español aumentar la disponibilidad de potencia, mediante una planificación adecuada y desbloqueando la capacidad que tiene la infraestructura ya existente en la CAV. Pradales ha lanzado este requerimiento en la presentación de la Fundación EIC (Energy Intelligence Center) que, desde su sede en el Parque Tecnológico de Ezkerraldea y Meatzaldea, liderará la transición energética, posicionando a Bizkaia y a Euskadi como referente internacional en este ámbito. Junto a la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno vasco, representado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE), forman parte del patronato de este fundación el Corredor Vasco del Hidrógeno, la Fundación Energy Advanced Engineering, Nortegas y Petronor. "Aunque somos un país pequeño y altamente dependiente, tenemos capacidades únicas para liderar nuevos proyectos industriales y tecnológicos. Este esfuerzo requiere la implicación activa de todas las instituciones, empresas y la sociedad en su conjunto", ha subrayado el lehendakari. Ha alertado de que todo ese desarrollo está "en riesgo" si no se amplía la capacidad de la red eléctrica. "Debemos resolver cuanto antes uno de los principales límites para la transición energética y nuestro desarrollo futuro", ha recordado, para exigir la implicación "decidida" del Gobierno español en dos vías. "Hay que desbloquear capacidades latentes en la red vasca actual y lograr que la nueva planificación de las inversiones en redes eléctricas aumente la disponibilidad de potencia para afrontar con garantías todos los proyectos industriales y digitales que tenemos hoy en cartera, y que si no, estarán en riesgo", no ha dudado en advertir.

La Fundación EIC, que gestionará el Energy Intelligence Center inaugurado el año pasado en el parque tecnológico de Abanto, ya está en marcha y trabaja para convertir a Bizkaia, y a Euskadi, en un referente internacional que protagonice nuevos proyectos industriales y tecnológicos para la descarbonización de la economía y la transición energética. Así lo explicaron ayer durante la presentación del patronato, que estará presidido por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. El patronato de la Fundación lo conforman los responsables del Ente Vasco de la Energía EVE (Mikel Amundarain), el Corredor Vasco del Hidrógeno (José Ignacio Zudaire), la Fundación Energy Advanced Engineering (Leire Colomo), Nortegas (Juan Villar), Petronor (José Luque) y la propia institución foral de Bizkaia. La diputada general recordó que «nos enfrentamos a un reto global» para combatir la emergencia climática actual, y agregó que las futuras soluciones no deben ir «en contra de nuestra competitividad». El lehendakari, Imanol Pradales, clausuró el encuentro y reclamó la necesidad de aprovechar las capacidades que tiene Euskadi para convertirse en protagonista del reto de la descarbonización industrial a través de una «implicación activa de todas las instituciones, empresas y de la sociedad en su conjunto». También alertó sobre la «imperiosa necesidad» de impulsar la capacidad de la red eléctrica en el País Vasco, con una «cooperación e implicación decidida del Gobierno español». La diputada de Promoción Económica en Bizkaia, Ainara Basurko, avanzó la hoja de ruta que servirá de base para el ‘hub’ de combustibles renovables. 

Eso es lo que evidenció ayer la visita por sorpresa, sin constancia en la agenda oficial, del ministro de Transportes, Óscar Puente, al cuartel general de Sidenor. El presidente del grupo industrial vasco, José Antonio Jainaga, recibió a uno de los hombres fuertes del Consejo de Ministros en mitad del tira y afloja que mantiene con el principal accionista de Talgo, el fondo inversor Trilantic. Puente, tras la visita a la acería de Sidenor, reconoció que «la empresa es un ejemplo de innovación y apuesta por las nuevas tecnologías en una industria tan importante como la siderúrgica». Jainaga, que comunicó oficialmente en octubre su intención de hacerse con el control de Talgo, ha realizado una oferta por el 29,9% de las acciones de la compañía. Son unos títulos que le darían el control de la empresa y que ahora ostenta el socio principal, Trilantic. Sidenor ha ofrecido 4 euros por acción, lo que supone 150 millones, pero el fondo inversor está exigiendo más. Su aspiración es cobrar 5 euros por título, lo que supone algo más de 183 millones por su participación. Es, además, la cantidad que había ofrecido el grupo húngaro Magyar Vagon en una opa por la totalidad de la empresa que el Consejo de Ministros vetó por «razones de seguridad nacional» y para mantener el control en España de una compañía que considera estratégica. Los gobiernos central y vasco respaldan a Jainaga como vía para garantizar el futuro industrial de Talgo, que cuenta con una cartera de pedidos histórica que asciende a 4.000 millones. Una muerte de éxito que necesita con urgencia ampliar su capacidad de fabricación. Sobre esta partida estratégica entre Jainaga y el representante de Trilantic, Javier Bañón, cayó ayer la decisión de Renfe de ejecutar la primera penalización por 116 millones sobre Talgo. Es la sanción más grave, a la que se podría añadir otra de 50 millones por los retrasos de más de dos años en la entrega de 30 trenes de alta velocidad, la serie 106 conocida como Avril.

La producción industrial de Euskadi en octubre ha sido un 3,3% inferior a la observada el mismo mes del año anterior con lo que se confirma la tendencia descendente de este año, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat. En relación con el mes anterior (septiembre), la actividad industrial de Euskadi ha disminuido este último mes un 2,9%. Y es que las moderadas subidas interanuales registradas en enero (+1,3%), marzo (+2%), junio (+0,5%), julio (+0,1%) y agosto (+0,1%), se han visto lastradas por los descensos de febrero (-1%), abril (-1,4%), mayo (-1%), septiembre (-0,4%) y octubre (-3,3%). La evolución interanual en octubre ha sido negativa en los tres territorios: En Bizkaia, el descenso de la producción ha sido de un 3,6% y en Araba y Gipuzkoa de un 3,2%, en ambos casos. La producción en Bienes de Equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, ha disminuido un 1,7% en relación con octubre del año anterior. En los Bienes intermedios, donde se incluyen la metalurgia y fabricación de productos metálicos, la industria química y la fabricación de productos de caucho y plástico, la producción ha descendido un 2,1%. Por último, la producción de la Energía ha descendido en octubre de 2024 un 4,9% en relación con el mismo mes del año anterior. En este sector se incluyen la producción y el suministro de energía eléctrica y el refino de petróleo.

El tejido empresarial de Gipuzkoa mantiene el pulso al debilitamiento de Europa y se apunta un crecimiento del 1,1% en sus ventas hasta octubre. Tanto las ventas interiores como las exportaciones han crecido en ese mismo porcentaje (1,1%). En el caso de las ventas al exterior, este incremento se debe principalmente al buen comportamiento que han tenido solo en el décimo mes del año (+7,8%), según el informe publicado ayer por la Hacienda foral. Por sectores, el principal crecimiento de las ventas totales durante los primeros diez meses del año se debe, sobre todo, al sector servicios (+2,7%), mientras que en el caso de la industria el crecimiento ha sido muy pequeño (+0,2%) por el debilitamiento del sector manufacturero europeo. En el caso de la construcción, las ventas han descendido un 3,9%. Los números verdes que arroja el comercio exterior de Gipuzkoa se deben principalmente a las exportaciones de fuera de la UE, que suben un 4,4%, mientras que las ventas a los países del Viejo Continente caen un 1,5%.

Los trabajadores de Astilleros Balenciaga redoblan sus protestas. Ayer entregaron una carta en la Delegación del Gobierno central en Euskadi y en la sede del Gobierno Vasco en Lakua tras concentrarse ante ellos. La misiva, remitida también a la Diputación de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de Zumaia, llama a las instituciones a formar una mesa de trabajo conjunta que dé pasos para la continuidad de la empresa y evitar su cierre, explican fuentes del Comité de Empresa. Los trabajadores dan una semana de plazo, hasta el próximo miércoles día 11, para formar dicho grupo de trabajo y denuncian que «no vemos una actitud de colaboración entre las administraciones». «Si no acceden a la formación de esta mesa de trabajo serán los responsables del cierre de la empresa», advirtió el comité, que emplazó en concreto al departamento de Industria a nombrar a su representante antes del próximo día 11. Astilleros Balenciaga ha solicitado la entrada en concurso de acreedores tras la negativa de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, al plan de reestructuración homologado por un juez con el que pretendía evitarlo y proseguir con la actividad en sus instalaciones de Zumaia, como avanzó en exclusiva este periódico. Cofides, dependiente del Ministerio de Economía, exige ya la devolución de un préstamo participativo de doce millones y no acepta la propuesta del plan de un primer abono de 1,3 millones y otro posterior condicionado a la construcción de dos barcos que tenía comprometidos ya la firma del sector naval.

La hostelería alavesa vivirá hoy su primera jornada de huelga de las dos convocadas por los sindicatos tras no haber alcanzado un acuerdo con la patronal para la firma del nuevo convenio del sector. Y, más allá de la afección de los paros en bares, restaurantes y establecimientos ligados al ocio, muchas familias de la provincia tendrán que variar su rutina porque también se verán afectados los servicios de comedor escolar de la red de centros concertados. La convocatoria de huelga engloba a trabajadores que presten servicio en hoteles, bares, restaurantes, cocinas centrales, bares y comedores de fábricas, hospitales y residencias y también a las empresas que atienden a los colegios de la provincia que sirven los menús. La de hoy será la primera de las dos jornadas de huelga que los sindicatos ELA, UGT y CC OO han convocado en la hostelería alavesa –la segunda será este mismo sábado– para conseguir un convenio que, entre otros, garantice su cumplimiento mediante una cláusula que impida la inaplicación. Esto es que ninguna de las empresas pueda descolgarse aunque sus circunstancias económicas cambien. Otra de las demandas clave de los sindicatos es que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2020 y que se garantice el complemento de las bajas por incapacidad temporal. Precisamente, este último punto ha sido el principal causante del desencuentro entre los sindicatos y la patronal, SEA Hostelería, y el que definitivamente desencadenó que la amenaza de huelga que había sobrevolado todas las negociaciones se convirtiese en una realidad tras la última reunión entre las partes celebrada este pasado martes.

Jaurlaritzak autonomoentzako BGAEak martxan jarri dituela iragarri du gaur Noel d’Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburuak. Aurrerantzean langile autonomoek euren aurrezkiak Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeetan sartu ahal izango dituzte, PFEZaren aitorpenean kenkaria dutelarik. Gehiago irakurri hemen. 

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Noël D’Anjou, y representantes de las tres cámaras de comercio de Euskadi anunciaron ayer el lanzamiento de una EPSV específica para recoger aportaciones de trabajadores autónomos y que podrán beneficiarse del tratamiento especial de deducciones en la declaración del IRPF. Seis entidades financieras y aseguradoras –cinco ya lo tienen listo– han iniciado ya la comercialización del producto, de ahí que llega en un momento propicio para hacer los últimos ajustes en la fiscalidad de los autónomos del País Vasco de cara a la liquidación de 2024. La puesta en marcha de este plan de pensiones especialmente diseñado para adaptarse a las especiales condiciones de los trabajadores autónomos viene a llenar un hueco que existía desde hace tiempo. En concreto, desde que el Gobierno central aprobó los planes específicos para autónomos con el objetivo de que pudiesen llegar a tener un tratamiento similar a los trabajadores por cuenta ajena que pueden acceder a un plan de pensiones de empleo. Tratamiento similar que se extiende al ámbito del ahorro mientras están en activo para recibir una pensión complementaria en el momento de la jubilación, al tiempo que puede acceder a una atractiva deducción en su declaración de impuestos. Así las cosas, los algo más de 160.000 personas que cotizan en el País Vasco al régimen de autónomos de la Seguridad Social pueden aprovechar los días que quedan de diciembre para rebajar su factura fiscal de 2024, así como reforzar su ahorro de cara a la jubilación. Además de la EPSV individual a la que podían acceder con un límite anual de 5.000 euros de aportación, ahora pueden suscribir aportaciones a esta nueva de autónomos, que para 2024 tiene un límite de 8.000 euros. La suma de ambas, individual y de autónomos, no puede sobrepasar sin embargo los 12.000 euros. Kutxabank, BBVA, Abanca, Laboral Kutxa, Mapfre y CaixaBank han sido las entidades seleccionadas para comercializar este producto de ahorro. 

La percepción de que hay «demasiados extranjeros» se triplica en los menores de 30 años. El último informe del Observatorio Vasco de la Juventud ofrece conclusiones que han encendido la alarma en el Gobierno de Pradales. La propia consejera Melgosa alertó ayer del avance de las «posiciones de ultraderecha» entre los jóvenes, especialmente entre los varones de 15 a 19 años. Claro ejemplo de ello es la percepción cada vez más extendida de que ya hay «demasiados extranjeros» en Euskadi, lo que alimenta discursos racistas y xenófobos. La gestión de la diversidad, la igualdad o la inmigración son materias en las que llevan años volcadas las instituciones. Pero las campañas de sensibilización no están teniendo la respuesta deseada al menos en un colectivo concreto, el de los jóvenes. El estudio lo difundió ayer la consejería de Nerea Melgosa (PNV) en plena confrontación entre el Gobierno de Imanol Pradales y el Ejecutivo central por el reparto de menores no acompañados, y también unos días después de que la Diputación de Bizkaia decretara una situación de «excepcionalidad» por la llegada masiva de menas, que ha llevado a los centros forales a albergar a 200 chavales más de las plazas disponibles. En este contexto, el mensaje de ayer refuerza las declaraciones de los últimos días de diferentes cargos del PNV –el lehendakari se sumó a ellas este mismo miércoles– que han puesto el asunto en el foco público vasco.

Los jóvenes españoles retrasan cada vez más su incorporación al mercado laboral. Un hecho ligado con su mayor formación. Así lo constatan Fedea y BBVA Research en el Observatorio del Mercado Laboral del tercer trimestre presentado ayer. Pero pese a esta tardanza, el número de trabajadores que acceden por primera vez a un primer empleo en España ha repuntado hasta alcanzar los niveles previos a la gran recesión. Así, el número de personas que se dieron por primera vez de alta laboral en la Seguridad Social alcanzó el millón de personas en 2023, una cifra similar a la que registró en 2007. Si cada vez hay menos jóvenes y estos cada vez retrasan más su desembarco en un trabajo, este máximo se ha logrado gracias a los inmigrantes. Es también una realidad que refleja el estudio de Fedea que la mayor parte del empleo creado en el último año se debe a los extranjeros. Y entre ellos también ha aumentado la participación de las personas que consiguen un primer empleo legal en España. Más concretamente, la edad media del primer empleo registrado como alta en la Seguridad Social fue 26,5 años en 2023, aunque fluctúa mucho en función de la nacionalidad: es de 21,1 años entre los españoles y de 32,7 entre los extranjeros, que lo hacen, por tanto, una década más tarde. Sin embargo, casi una cuarta parte de los jóvenes españoles accedieron a su primer empleo entre los 18 y los 19 años, y solo un 8% con 17 años o menos. En cambio, este porcentaje se duplicó con creces en 2007 y un 17% de los que se incorporaron por primera vez al mercado laboral tenían 17 años o menos. El número de personas con nacionalidad española y nivel educativo bajo que obtiene su primer empleo ha descendido sustancialmente, aunque este grupo continúa siendo el más numeroso, junto con el de población extranjera y nivel educativo bajo, debido en parte a que algunos jóvenes tienen una experiencia laboral antes de finalizar sus estudios. La hostelería y el comercio concentran cerca del 40% de estos trabajadores primerizos.

Los alumnos españoles han vuelto a pinchar en una auditoría internacional de conocimientos. Han obtenido peores notas que hace cuatro años tanto en Matemáticas como en Ciencias en el estudio TIMSS, unos ejercicios similares a PISA, pero para estudiantes de cuarto de Primaria. Euskadi no participó en la prueba, al igual que otras ocho comunidades autónomas. Los responsables de la pruebas examinaron en 2023 de ambas materias a 10.000 españoles de 9 y 10 años de 500 colegios de todo el país para determinar su nivel de competencias y compararlo con el de sus homólogos en unos 60 países. El resultado es un nuevo retroceso. Los escolares españoles obtuvieron una nota media en Matemáticas de 498 puntos, cuatro menos que en 2019, y una calificación de 504 en Ciencias, siete puntos menos. Es el segundo retroceso consecutivo porque hace cuatro años ya cayeron otros tres puntos en la primera materia y siete más en la segunda. El encadenamiento de dos pinchazos en ocho años hace que las actuales notas medias del país sean de las peores cosechadas desde la creación de TIMSS. En concreto, los 504 puntos es la peor calificación española en Ciencias de toda la serie histórica y los 498 de Matemáticas son la segunda peor puntuación en estas pruebas, solo por detrás del catastrófico 482 de 2011. Casi cuatro de cada diez estudiantes (el 38%) se sitúa en un nivel «bajo» o «muy bajo». Por contra, el 25% tiene un nivel «alto» o «avanzado». Los escolares españoles retroceden respecto a generaciones nacionales precedentes, pero también empeoran en la comparación de conocimientos con sus homólogos de otros países. Han aumentado en cinco puntos la importante brecha negativa que ya tenían en ambas asignaturas con las notas medias de los países de la OCDE. En Matemáticas tienen una desventaja de 27 puntos con los países más desarrollados y en Ciencias, de 22. Eso equivale a casi medio curso de retraso en la primera materia y a un tercio de curso en la segunda. También han perdido pie respecto a sus compañeros de la UE, que les sacan siete puntos en Ciencias y 16 en Matemáticas.

El carrusel de revisiones al alza de la economía española continúa entre los principales organismos económicos internacionales. Si a mediados de noviembre fue la Comisión Europea la que mejoró sus pronósticos para el PIB nacional, aupando su previsión hasta el 3% en 2024, ayer fue el turno de la OCDE, que observa en España una economía resiliente gracias a la resistencia de su mercado laboral, que dará soporte a la demanda interna y al consumo privado en forma de un mayor ahorro de los hogares y, sobre todo, de un incremento de los ingresos reales. Esta combinación de factores, junto a la esperada recuperación de la inversión de la mano de la bajada de los costes de financiación y de la gradual ejecución de los proyectos vinculados al Plan de Recuperación, han llevado a la OCDE a revisar de nuevo al alza sus pronósticos para el PIB español, situándolo ahora en el 3%, dos décimas más que en su informe anterior de septiembre (+2,8%) y su cuarto ajuste al alza en menos de un año. El club de los países desarrollados también mejora su pronóstico para 2025, que sitúa en el 2,3%, una décima más que en septiembre, mientras que anticipa un crecimiento del 2% en 2026. La OCDE, que supera en tres décimas el objetivo que aún mantiene el Gobierno para este año (el 2,7%), visualiza así a España entre los grandes motores económicos internacionales en el próximo trienio, con un crecimiento que en 2024 casi cuadruplicará al de la zona euro, que apenas crecerá un anémico 0,8% este año (una décima más de lo que preveía en su informe anterior), antes de remontar el vuelo en 2025 y 2026, cuando el PIB del bloque avanzará en promedio un 1,3% y 1,5%, respectivamente. Frente a una España convertida en locomotora económica de la zona euro, la OCDE empeora aún más el pronóstico de Alemania, que este año mostrará un encefalograma plano (crecimiento cero, frente a la paupérrima décima que auguraba en septiembre), mientras que Francia, sumida en una grave crisis política, crecerá un 1,1%, e Italia apenas lo hará un 0,5%, tres décimas menos de lo estimado hace unos meses.

El gigante francés Airbus desveló ayer las cifras finales del programa de reducción de costes para su división de Defensa y Espacio. La idea de la compañía era reducir su fuerza laboral en unas 2.500 personas, pero finalmente ha optado por la salida de 2.043 trabajadores, de los que 303 serán en España. La compañía responde así a las dificultades por las que atraviesa su división de Defensa y Espacio, lastrada por los elevados costes acumulados en los últimos años en el área de Espacio. La intención de este recorte es mejorar la eficacia de sus operaciones, especialmente en tareas administrativas, y reducir los costes fijos. Airbus planea reducir durante los dos próximos años (hasta mediados de 2026) la plantilla de dicha división en 2.043 efectivos, en comparación con las 2.500 personas que inicialmente se iban a ver afectadas, lo que supone alrededor del 5% de la plantilla de la división. La idea del conglomerado francés, en el que el Estado español a través de Sepi mantiene un 4,12% del capital, es que la salida de los trabajadores no sea traumática y que tampoco haya despidos, por lo que apostará por bajas voluntarias a través de diferentes incentivos económicos. El grueso de las salidas será en Alemania, donde se registrarán 689 salidas, por delante de Francia, con 540, así como de Reino Unido, con 477 bajas. En España, el recorte de empleo alcanzará a 303 personas, lo que representa el 3% de la plantilla del grupo en el país. En el resto del mundo habrá otras 34 rescisiones de contrato adicionales.

La planta de Ford en Almussafes (Valencia) cerrará el año 2024 con un descenso de la producción del 45%, reflejo de tener un solo modelo en la línea de fabricación y un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se extenderá, al menos, durante los dos próximos años hasta que se produzca el nuevo modelo híbrido anunciado por la compañía. El acumulado del año en vehículos Kuga, el único modelo que fabrica la planta, ascenderá a algo más de 103.000 unidades, según las estimaciones, a lo que se suma la producción de la furgoneta Transit que tuvo hasta mediados del pasado mes de abril y de la que produjo 16.600 unidades, según datos facilitados por UGT. El descenso previsto al cierre del año continúa la tendencia de 2023, cuando ya redujo la producción alrededor de un 10% respecto al ejercicio anterior, y sitúa a la factoría en un escenario de transición hasta 2027, para cuando la multinacional ha comprometido para Valencia un nuevo vehículo multienergía. El Kuga, que se produce en las versiones de combustible, híbrido e híbrido enchufable, ha sido el de mayor producción en los últimos años en la planta valenciana, que ha perdido sucesivos modelos y cientos de trabajadores hasta estabilizarse en los 4.300 empleados que permanecen tras las regulaciones de empleo puestas en marcha, la última este mismo año para 626 trabajadores. La plantilla ha sido objeto de ERTE encadenados desde que llegó la pandemia de covid-19, y desde julio ha aplicado la regulación rotatoria de 996 empleados y días de paro total de la actividad en vehículos y motores.

Nadie cede en la crisis de Volkswagen. La primera ola de huelgas impulsada el pasado lunes por el comité de empresa y en la que participaron cerca de 47.000 trabajadores, no ha conseguido que la empresa mueva ficha. En una reunión con la plantilla de la planta de Wolfsburg con presencia del ministro de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, el consejero delegado del Grupo VW, Oliver Blume, defendió sus planes de austeridad porque «la situación actual es grave» .«Nuestros productos son buenos, ahora tenemos que reducir costes en todos los ámbitos. Podemos fabricar los mejores coches del mundo, pero eso no importa si no ganamos dinero con ellos», dijo Blume en la reunión. Las conversaciones salariales continuarán el próximo lunes. Volkswagen quiere recortar los salarios de los empleados en un 10% debido a la difícil situación del Grupo. La dirección se plantea además el cierre de plantas y despidos forzosos, y la movilización de la plantilla en contra de esos planes es masiva. El jefe de la marca principal, Thomas Schäfer, dijo al margen de la reunión de trabajo que VW no está preparada para el futuro con sus actuales estructuras, sobrecapacidades y costes. El objetivo es ser el fabricante de volumen tecnológicamente líder en 2030 con una producción eficiente en Alemania y Wolfsburgo como corazón de Volkswagen. El ministro, por su parte, hizo un llamamiento para que se salvaguarden los puestos de trabajo. «Juntos debemos conseguir asegurar las plantas de VW en Alemania y no debe haber despidos forzosos. ¡Los empleados de Volkswagen son personas con derechos y no centros de costes con orejas!», dijo el ministro.

Los grandes desarrolladores de estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos están preparando una asociación con el objetivo de eliminar, o al menos minimizar, las trabas burocráticas que se están encontrando con las diferentes Administraciones y las distribuidoras eléctricas. Según señalan fuentes al tanto de la iniciativa, Tesla, Zunder, Fastned, Electra, Allego y Powerdot, seis de las principales firmas de recarga ultrarrápida en España, llevan meses en conversaciones que están a punto de cristalizar. Estas compañías han decidido, al margen del resto de patronales sectoriales como Aedive o Anfac, crear AORU (Asociación de Operadores de Recarga Ultrarápida). Aunque todavía están diseñando los últimos flecos, la firma ya trabaja con grandes despachos de abogados y consultoras de primer nivel especializadas en relaciones públicas y lobby. En este sentido, esta asociación está dando sus primeros pasos y ha recogido por escrito su misión, visión y valores, según refleja en documentación a la que ha tenido acceso este diario. Además, el bufete Gómez-Acebo y Pombo trabaja sobre la elaboración de los estatutos de la asociación. “AORU surge con la misión de liderar y acelerar la transformación hacia un modelo de movilidad sostenible, eficiente y accesible. Su misión es representar a la industria de los operadores de puntos de recarga ultrarrápida, es decir, aquellos con una potencia igual o superior a 150 kW. Con el fin de impulsar medidas transformadoras y facilitadoras que mejoren la regulación, fomenten la transparencia y minimicen o eliminen las barreras administrativas que actualmente dificultan el despliegue y desarrollo de infraestructuras de recarga”, detalla el documento. Fuentes al tanto de los planes de la patronal señalan que esta asociación nace tras mucho tiempo de hartazgo por las trabas administrativas que están encontrando con los diferentes entes públicos de los que requieren permisos y también por los problemas a la hora de lograr las aprobaciones necesarias de las distribuidoras eléctricas, que juegan un papel clave en el desarrollo de las estaciones de recarga.

El plenario de la reunión en Busán (Corea del Sur) del domingo sobre el esperado tratado internacional contra la contaminación que causa el plástico, que se celebra bajo el auspicio de la agencia del medio ambiente de la ONU (Pnuma), debía acordar posponer a 2025 las negociaciones. Pero también se tenía que aceptar que para esa última ronda del próximo año el punto de partida fuera el borrador que la presidencia había difundido esa misma mañana. El texto, ya articulado y con algunos asuntos que parecían resueltos, era un avance en estas complicadas negociaciones, que arrancaron en marzo de 2022. Pero Abdulrahman Al Gwaiz, que lidera el equipo negociador de Arabia Saudí, tomó la palabra para cortar cualquier conato de optimismo. Pidió que todo el texto fuera puesto entre corchetes. Es decir, que nada de lo que aparecía en ese documento de 22 páginas se considerara como acordado. Todo se deberá negociar desde cero en la próxima reunión, venía a advertir. Tras el bloqueo de estas discusiones está si se debe o no limitar la producción de plástico, un derivado del petróleo, para evitar la contaminación. Eso podría impactar directamente en los planes de negocio de muchas compañías de combustibles fósiles, que ven en el desarrollo de la industria petroquímica una vía para compensar la caída en el consumo de gasolina y diésel que les causará el avance del transporte eléctrico en el mundo. La reunión de Busán estuvo marcada por los reproches contra algunos países que son grandes productores y exportadores de combustibles fósiles —como Rusia, Irán y Kuwait— por bloquear los avances de este importante tratado. El principal blanco de esas acusaciones fue, precisamente, Arabia Saudí. 

«El primer ministro tiene que entregar al presidente de la República su dimisión. Las labores de la Asamblea quedan aplazadas». La presidenta del Parlamento francés, Yaël Braun-Pivet, concluyó ayer con estas palabras uno de los debates en el hemiciclo más previsibles y al mismo tiempo extraordinarios de las últimas décadas. La Asamblea Nacional había forzado la caída de un Ejecutivo por primera vez desde 1962. El conservador Michel Barnier se ha convertido en el primer ministro con el mandato más breve, menos de tres meses, en la historia de la Quinta República. Su Gobierno de coalición entre el centro-derecha macronista y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR) sucumbió ante la moción de censura presentada por la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP), que recibió el apoyo de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés). Una alianza circunstancial entre bloques antagónicos que acentúa la inestabilidad en el país, además de aumentar la presión sobre el presidente, Emmanuel Macron. La suerte estaba echada desde el lunes cuando la ultraderechista Marine Le Pen confirmó que respaldaría la moción de su propia formación, pero también la de la izquierda. Estas iniciativas han sido presentadas en respuesta a la aprobación de la parte de los presupuestos dedicada a la Seguridad Social a través del 49.3, un polémico decreto que sirve para sacar adelante una ley sin votación parlamentaria.

La elevada deuda y el déficit disparado, así como los recortes planteados por el Gobierno de Michel Barnier en su ley de presupuestos para este año (la más austera en décadas), es lo que ha conducido al Ejecutivo a la censura de la oposición. Si los partidos cumplen con su amenaza y votan a favor, será la primera vez que cae un Gobierno de esta manera desde 1962, cuando Charles de Gaulle era presidente. Barnier decidió aprobar el lunes una parte de los presupuestos para este año utilizando el artículo 49.3 de la Constitución, que permite pasar una ley sin voto del Parlamento. Se usó en 2023 para aprobar la reforma de las pensiones y fue lo que provocó la revuelta en las calles. La historia se repite hoy. La zozobra económica del país ha alimenta el malestar político contra Emmanuel Macron, cuya política hasta ahora había sido la de no subir impuestos e incentivar a las empresas para atraer inversiones. El generoso estado del bienestar francés (y los ambiciosos planes para amortiguar las crisis sucesivas que se han vivido: Covid, inflación...) ha provocado en parte que el déficit se dispare más de lo previsto estos años. París ha ido rectificando sus objetivos al alza, incumpliendo así los límites que marca Bruselas a los países de la Unión. Las cuentas se han ido degradando en los últimos años, acumulando cada vez más lastre. El déficit ha pasado del 4,4% al 6,1% del PIB. Los presupuestos del primer ministro, Michel Barnier, preveían 60.000 millones de euros de ahorro (40.000 en recorte de gastos y otros 20.000 en ingresos), precisamente para atajar esta deriva y equilibrar las cuentas. Calculaba reducir el déficit al 5% en 2025.