20240710

Tal y como puede leerse en el último newsletter de Confebask sobre financiación empresarial, el crédito nuevo al conjunto de empresas ha crecido un 6,3% hasta mayo, una subida que contrasta con el descenso del 7,3% computado en 2023. Por tamaño de empresa, destaca el incremento de ese crédito nuevo especialmente a las pymes, cuyo volumen ha aumentado un 9’1% con respecto al mismo período del año pasado; y que supone el tercer año consecutivo de subida. El crédito nuevo a grandes empresas también ha experimentado un alza hasta mayo, aunque en este caso, más contenido, un 3%, si bien, contrasta con la caída de 2023, que fue del -18,7%. En cuanto al coste del crédito empresarial, el tipo a las pymes españolas creció ligeramente en mayo, situándose en el 4,96%. En todo caso, continúa por debajo de lo que pagan las pymes europeas (5’36%). Por lo que respecta al tipo que pagan las grandes empresas españolas, sigue cerca de los máximos de los últimos años (5’02%), uno de los valores más altos desde julio de 2008. Y en este caso, además, un poco por encima de la media de lo que pagan sus competidoras europeas (4’99%). Por otro lado, la morosidad empresarial se mantuvo estable en el primer trimestre del año en el 4,1%, situándose en el mismo nivel que el registrado en el primer trimestre de 2023, uno de los niveles más bajos desde 2008. Ver más en Confebask. Gehiago irakurri enpreBIDEAn

Hace tres años el Palacio Euskalduna acogió la presentación del Corredor Vasco del Hidrógeno. La economía comenzaba a recuperarse de la pandemia y los fondos de recuperación de la Unión Europea se presentaban como una promesa para alentar la inversión. Con la esperanza de que el hidrógeno verde fuese el nuevo oro, un total de 74 organizaciones entre empresas, instituciones y centros tecnológicos pusieron en marcha esta iniciativa liderada por Petronor que presentaba como punto final la construcción de un electrolizador de 100 MW allá por 2027. Se trata de un dispositivo que obtiene el hidrógeno mediante energía renovable y cuyo desarrollo requiere una inversión de 250 millones. Con esa capacidad podría generar gas para alimentar la actividad de la refinería del Puerto de Bilbao, venderlo a otras industrias y elaborar combustible sintético. El caso es que el Consejo de Ministros aprobó ayer una importante inyección económica de 160 millones para el proyecto. Una ayuda enmarcada en un paquete que asciende a 800 millones y que busca financiar los proyectos más destacados del hidrógeno verde para uso industrial y a gran escala en España. Son siete iniciativas que, como la de la filial vasca de Repsol, contaron con una calificación para ser consideradas como prioritarias por la Comisión Europea. Es la certificación de IPCE (proyecto importante de interés común europeo, por sus siglas en inglés). Además de Repsol y Petronor, otras empresas como Iberdrola o EDP estaban en las mismas condiciones. La eléctrica presidida por Ignacio Galán recibirá 242 millones para su proyecto centrado en el hidrógeno de Puertollano que contempla el electrolizador más potente de España, con 200 MW.

Los «beneficios caídos del cielo» fueron el término que empleó el Gobierno central para justificar que las energéticas pagarán más impuestos. En 2022, cuando el precio de la luz subió con fuerza por el encarecimiento del gas tras la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo decidió gravar con una tasa, en principio temporal, los ingresos de las compañías del sector. Entonces elevaban facturación y ganancias, a la vez que el IPC tensionaba el consumo. Así que durante 2023 se aplicó este impuesto que supuso para Repsol más de 440 millones, la factura más alta en el sector. A finales de año, después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente tras las elecciones generales de verano, el Ejecutivo decidió mantener esta figura, a la que el pacto de legislatura con Sumar le dio carácter permanente. La tensión con las energéticas subió de decibelios y Repsol anunció la suspensión temporal de sus inversiones en España, un total de 1.500 millones. El propio consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, criticó que el impuesto gravaba la facturación, pero no los beneficios y que, además, reducía la capacidad de inversión. El PNV planteó introducir deducciones en el impuesto para las empresas que invirtieran en la transición energética. Se iban a tramitar en los Presupuestos para este año, pera la decisión de no presentar el proyecto hizo que la tasa siguieran en vigor en 2024. Eso sí, tal y como ha reconocido la propia ministra de Transición Ecológico, Teresa Ribera, será el último año del impuesto tal y como está concebido. De seguir, se espera que tenga un esquema que favorezca las inversiones de las empresas.

El escenario que maneja el Gobierno en torno a la economía vasca para el próximo año no presenta sorpresas e incluso huye del optimismo generalizado que lleva a muchos analistas a incrementar las tasas de crecimiento estimadas. Por el momento se mantiene la idea de que el PIB vasco crecerá este año el 1,9% y el 2,1% en 2025. Aunque se prevé que habrá un aumento significativo de la inversión, las tasas de consumo aún se mantendrán contenidas y la industria experimentará un lento despertar, tras un periodo de apatía como el vivido en los dos últimos ejercicios. Con estas previsiones de crecimiento el Gobierno estima que se crearán el próximo año 16.000 empleos, lo que permitiría situar la tasa de paro en torno al 6,8% frente al actual 7,9%. Pese a ello, el porcentaje de parados aún se situará lejos del 3,8% que Euskadi conoció en 2008, justo antes de que estallase la crisis inmobiliaria que derivó también en otra financiera y de deuda pública. ¿Será el gasto en sanidad el que más crezca en el Presupuesto del Gobierno vasco en 2025? La pregunta no tiene respuesta por el momento y el nuevo titular de la cartera de Hacienda tampoco quiso mojarse hasta ese extremo. Todo indica que el gabinete todavía está en los primeros pasos en la confección de las Cuentas y que no será hasta octubre cuando se sustancie la tradicional pugna entre departamentos –más aún siendo un Gobierno de coalición– para conseguir el máximo margen de gasto.

Las directrices presupuestarias son una imposición legal que el Ejecutivo tiene antes de proponer las Cuentas que llevará al Parlamento para 2025, pero apenas contienen detalles. 

El lehendakari activó ayer los Presupuestos después de que el Consejo de Gobierno aprobase las directrices del que será el primer proyecto presupuestario de Euskadi de la ‘era Pradales’. Unas Cuentas que, a falta de cerrar el ejercicio recaudatorio de las tres haciendas forales, se espera más expansivo debido a un crecimiento económico. De ser así, se superaría la cifra de los 15.025 millones de euros actuales. Así lo dio a conocer ayer el nuevo consejero de Hacienda y Finanzas, Nöel d’Anjou, quien señaló que los Presupuestos del próximo año, que tienen garantizados su aprobación en el Parlamento Vasco gracias a la mayoría absoluta que suman PNV y PSE, estarán enfocados «a garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca y el crecimiento económico, en un contexto marcado por incertidumbres globales». «Iniciamos esta andadura con renovadas aspiraciones para impulsar inversiones estratégicas dirigidas a mejorar la vida de todas las personas, incrementar la competitividad de nuestro tejido productivo y construir una sociedad más igualitaria y equitativa», defendió el consejero. D’Anjou abogó por explotar las posibilidades que ofrece el Concierto Económico y adelantó que ya ha solicitado una reunión con la vicepresidenta María Jesús Montero para cerrar la senda de estabilidad presupuestaria de Euskadi en el seno de la Comisión Mixta. «En 2025 vamos a tener que ser capaces de compaginar la rigurosidad fiscal con las inversiones estratégicas que han de ponerse en marcha», insistió. Entre ellas, citó la necesidad de abordar tres transiciones: la ambiental, la digital y la sociodemográfica. Antes de profundizar en las líneas maestras del Presupuesto, el consejero ofreció algunas pinceladas del cuadro macroeconómico sobre el que trabaja el Gobierno para diseñar el proyecto. Así, manifestó que la previsión de crecimiento se mantiene en el 1,9% para 2024 y en el 2,1% para 2025. En lo referente al mercado de trabajo, aseguró que en 2025 se crearán aproximadamente 16.000 empleos y la tasa de paro descenderá al 6,8%. En todo caso, apeló a la prudencia hasta que se celebre el Consejo Vasco de Finanzas y anunció que será para octubre cuando el proyecto sea aprobado en el Consejo de Gobierno.

Kutxabank busca reforzar su posición de dominio en el mercado de los planes de pensiones vascos con las dos nuevas figuras que están a punto de salir a la luz. Se trata de la EPSV para autónomos que preparan las Cámaras de Comercio del País Vasco y en la que trabaja la patronal vizcaína, Cebek, para introducir un plan de pensiones de empleo en la negociación colectiva al modo de Gipuzkoa con Geroa. Según han confirmado fuentes conocedoras del proceso, ambas figuras están ultimando los flecos para empezar a funcionar y tienen encima de la mesa las diferentes ofertas. En ambos casos, una de las mejores posicionadas es Kutxabank. El banco vasco cuenta con el 42% de los socios que en Euskadi tienen una EPSV, es decir, 260.000 personas que ahorran un patrimonio de 6.268 millones. La siguiente entidad en número de socios es Laboral Kutxa, con más de 101.000 clientes y un patrimonio superior a 1.600 millones. Les siguen Caixabank y BBVA, ambos con 60.000 titulares de un plan de pensiones. Kutxabank ha visto desde la pandemia como una parte importante del ahorro de sus clientes se ha canalizado a estas figuras. En toda España cuenta con 8.316 millones, un 22% más que los 6.800 de antes de la pandemia. Las Cámaras de Comercio firmaron un convenio con el Gobierno vasco para impulsar el plan de pensiones para autónomos que ya funciona en el resto de España. Se trata de un colectivo que en Euskadi asciende a algo más de 150.000 personas. La idea es que pueda estar funcionando a finales de este año, aunque requiere también de la reforma de impuestos pendiente para los incentivos fiscales. Kutxabank disputa esta gestión con otras alternativas como la presentada por Mapfre. En cuanto a la patronal vizcaína, trabaja con los sindicatos en el órgano de gobierno de la EPSV de empleo que pretende acoger a los 140.000 trabajadores sujetos a negociación colectiva que hay en Bizkaia. En este caso, la entidad surgida de las antiguas cajas de ahorro podría desbancar a otras ofertas como la de la aseguradora Surne. El desencadenante para el impulso de la EPSV de la patronal fue el convenio de la construcción.

El Consejo de Administración de Lanbide aprobó ayer ayudas de 30 millones, poniendo especial atención en la formación de los colectivos de atención prioritaria y vulnerables. Un encuentro presidido por primera vez por el nuevo vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. La partida más importante es la destinada al desarrollo de itinerarios individualizados para personas desempleadas mayores de 45 años y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, que contará con una dotación de 11,5 millones para 2024 y 2025. Además, aprobó incrementar en 3,3 millones las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos singulares de inserción laboral e innovación para colectivos con dificultades de acceso al empleo, con lo que llegará a los 10,3 millones. Asimismo, destinará 3,2 millones a acciones estratégicas de formación programadas por empresas para mejorar competencias y cualificaciones, y otros 4 millones a invertir en innovación para entidades de formación para el empleo.

En plena negociación sobre la reducción de jornada que plantea la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con los agentes sociales con el objetivo de dejarla en 37,5 horas el próximo año, las horas extraordinarias se han colado en este debate, ya que la CEOE propone ampliarlas como contrapartida a esa rebaja del tiempo de trabajo semanal. Pues bien, Euskadi es la segunda comunidad del Estado en la que menos horas extras se realizan, al menos en lo que corresponde a las legales, a las que se cotizan y se computan, según los datos del INE, aunque desde el propio ministerio de Trabajo indican que hay muchas horas no retribuidas. De hecho, Yolanda Díaz afirmó que en España se realizan cuatro millones de horas extraordinarias a la semana, de las que el 41% no se retribuyen. Y defendió la reducción de jornada precisamente para acabar con las horas extra no pagadas y la jornada parcial involuntaria, que es muy alta. Con todo y ateniéndonos a los últimos datos oficiales del INE, los trabajadores vascos han completado en el primer trimestre de este año 0,4 horas por empleado y mes. Se trata de la segunda cifra más baja por detrás de la de Castilla y León, donde se limitan a 0,3 horas. Extremadura se sitúa también a la par que Euskadi, con esas 0,4 horas. En el lado contrario de la balanza, es decir, la comunidad en la que se realizan más horas extraordinarias, se sitúa Aragón, que llega a 1,1 horas por trabajador y mes, seguida por Castilla La Mancha, con una hora. En el siguiente escalón se sitúan las Islas Baleares, Navarra y La Rioja, cada una de ellas con 0,8 horas. Si nos fijamos en los diferentes sectores de actividad, la construcción es donde se realizan más horas extras legales, con 0,8 horas mensuales, con lo que duplica a los servicios, que se quedan en 0,4 horas. Por su parte, la industria arroja una media de 0,6 horas por trabajador y mes.

El cruce de acusaciones entre el Gobierno y la patronal no cesa. Las miradas estaban puestas ayer en el discurso del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la clausura de la asamblea anual de la organización. Y no defraudó: lanzó un sentido alegato en pro de la figura del empresario, como generador de riqueza y empleo, y cargó contra el Ejecutivo, más directamente contra la vicepresidenta Yolanda Díaz, por querer imponer la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales. Eso equivale, según sus cálculos, a «regalar por decreto casi doce días de vacaciones pagadas por las empresas». La patronal sigue muy recelosa ante una medida que, según advierten, afecta especialmente a los pequeños negocios de la hostelería y el comercio y tiene un coste de 12.000 millones de euros. «Cambiar las reglas de juego a mitad de partido, como ha ocurrido con la negociación colectiva, por cumplir pactos políticos, es sencillamente gobernar contra las empresas, contra el país, contra los ciudadanos y contra los propios intereses de los votantes», denunció el presidente de la CEOE. Garamendi también arremetió contra el triunfalismo de Díaz, que «ahora que hay récord de empleo, saca pecho. Pero somos nosotros, las empresas, quienes contratamos y quienes tenemos que sacar pecho», defendió, al mismo tiempo que advirtió de que esto puede cambiar si el Ejecutivo sigue aprobando medidas que van contra las empresas, como la reducción de jornada o la subida de las cotizaciones. «Las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. No sabemos cuánto más podremos aguantar. Quizá el Ministerio tendrá que explicar el deterioro del empleo y por qué las empresas no contratan como antes», advirtió.

La cúpula de CEOE se muestra fortalecida tras ganar una primera batalla en la negociación de la reducción de jornada laboral y la posibilidad de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no logre, llegado el caso, una mayoría parlamentaria para imponerse a los empresarios. «Se la tumbarían en el Parlamento», aseguran fuentes de CEOE tras la información recibida de uno se los vicepresidentes, el presidente de la patronal catalana Foment, Josep Sánchez Llibre. Éste informó al resto de la cúpula en reunión a puerta cerrada de que Junts, el partido de Carles Puigdemont, se encuentra actualmente alineado con la posición de los empresarios en contra de la imposición de Díaz y que, por tanto, podría tumbar un eventual proyecto de ley de la líder de Sumar. Sánchez Llibre señaló que es generalizada la preocupación con el sobrecoste que supondría para las pymes catalanas reducir la jornada y que Junts se muestra firme en su defensa. Se trata además de un caladero electoral habitual de esta fuerza independentista. Esta posición de Junts, no explicitada en público por Puigdemont, habría provocado movimiento en el Gobierno, según esta versión, hasta el punto de que el ala socialista ha sosegado a Díaz ante la perspectiva de una derrota parlamentaria.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está ampliando el espectro de opiniones y análisis acerca de su propuesta para reducir la jornada laboral con empresas que ya tienen aplicada esa medida en sus plantillas y así tratar de contrarrestar las críticas de la CEOE. Ayer mismo se reunió con los ejecutivos de dos grandes del Ibex donde sus empleados ya trabajan menos de 40 horas a la semana: Telefónica y Mapfre. Y lo ha hecho para empaparse de esos ejemplos para poder llevar a buen puerto la negociación que tiene encarrilada con los sindicatos, pero en la que no ha conseguido incluir a los empresarios, mucho más rehacios a esta medida a tenor de las críticas lanzadas en los últimos días contra el Gobierno. Ante este contexto, Díaz ha querido aproximarse al Ibex para conocer cómo se ha resuelto la fórmula para implantar de la jornada laboral en parte de la gran empresa española. Tanto Telefónica como Mapfre ya la tienen aplicada. Por eso, la vicepresidenta ha mantenido un encuentro con el consejero delegado de la operadora de telecomunicaciones, Ángel Vilà, en una reunión en la que han hablado sobre ese recorte de jornada dada la experiencia de la compañía en este asunto, según confirman fuentes del encuentro. Tras esa reunión, Díaz ha indicado que «Teléfonica es un ejemplo de que el mercado español está perfectamente preparado para reducir la jornada laboral». Y lo ha hecho «para compartir su experiencia». «Es fundamental que las grandes empresas de nuestro país sean también ejemplo en avances y derechos», indicaba en una red social. También mantuvo un encuentro con el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, con quien compartió la experiencia de la aseguradora con esta política laboral. de «grandes éxitos». «Me reúno con su presidente –explicó– para poner en común la forma en la que lo han implementado y cómo ha mejorado los resultados empresariales con la medida». La ministra de Trabajo ampliará estos encuentros con grandes empresarios hoy mismo, cuando se reúna con los responsables del Banco Santander tanto para tratar la jornada laboral como «otros de interés general» con la entidad financiera. Y todo, a la espera de que la próxima semana vuelvan a encontrarse en la mesa de diálogo social para abordar un nuevo texto para la reforma propuesta por el Gobierno.

Repsol, la mayor petrolera en España, ha sido la energética que más dinero ha recibido en la primera gran lluvia de subvenciones públicas destinadas a proyectos de hidrógeno. En concreto, Repsol captará un total de 315 millones de euros, casi el 40% de los 794 millones que anunció ayer el Gobierno. En segundo lugar ha quedado Iberdrola, con 242 millones de euros. EDP España recibirá un total de 209 millones de euros. Por su parte, Endesa sumará 28 millones de euros. El gran damnificado es Cepsa, la segunda mayor petrolera, que ha quedado fuera de las ayudas. Repsol endosa así un golpe a su eterno rival en la carrera del hidrógeno, justo donde más duele a Cepsa. Esta compañía quiere liderar la carrera del hidrógeno en España y hacer de su proyecto en las refinerías de Huelva y Cádiz, conocido como el Valle Andaluz del Hidrógeno, uno de los mayores centros de producción de hidrógeno de Europa. El problema es que las subvenciones son claves para que los proyectos, aún en pañales, empiecen a construirse. Repsol compite con el proyecto Bilbao Large Scale Electrolyzer, un electrolizador de 100 megavatios (MW) en la refinería de su filial vasca, Petronor, en Muskiz (Bizkaia). Tendrá una ayuda de 160 millones de euros. Otros 155 millones serán para Cartagena Large Scale Electrolyzer, también de 100 megavatios. Los 242 millones de euros que recibirá Iberdrola irán al proyecto Hidrógeno Renovable, para la producción de amoniaco y fertilizantes verdes en Puertollano (Ciudad Real). 

La eléctrica más grande, Iberdrola, y una de las medianas, Grenergy, están protagonizando espectaculares operaciones de financiación, convirtiendo al mercado energético en uno de los polos de atracción de dinero para nuevos proyectos. Iberdrola colocó ayer 750 millones en bonos verdes a 10 años con un apoyo histórico por parte de los inversores. Recibió una demanda inicial superior a los 4.000 millones de más de 220 inversores. Esto ha permitido situar el tipo de interés (cupón) en el 3,625%, con la menor prima de un bono verde entre los emitidos este año. Es la tercera operación pública de Iberdrola en lo que va de año, tras el bono híbrido (deuda subordinada) por importe de 700 millones de euros emitido a comienzos de año y el más reciente emitido hace unas semanas en el mercado suizo, por importe total de 335 millones de francos suizos. La compañía presentará los resultados del primer semestre el próximo 24 de julio con la mayoría del plan de financiación durante el año ya ejecutado de forma satisfactoria. La compañía ha aprovechado el buen del contexto internacional, con un entorno de mercado estable, tras el conocimiento de los resultados electorales en Francia, acontecimiento que había generado cierta volatilidad en los mercados durante las pasadas semanas. Los 220 inversores que han participado se distribuyen entre Francia (36%), Alemania (16%), Reino Unido (17%), Benelux (15%) y otros países europeos (16%).

Avangrid, filial de Iberdrola en EUUU, ha llegado a un acuerdo con Dominion Energy para la venta a este grupo de una parte de los activos que está desarrollando en eólica marina (off-shore) en EEUU. En concreto, va a traspasar los derechos de arrendamiento y todos los desarrollos llevados a cabo hasta la fecha en el proyecto del parque eólico marino Kitty Hawk North. Iberdrola mantendrá el proyecto colindante, Kitty Hawk South. El precio de venta se compone de un pago de adquisición por el arrendamiento de 117 millones de dólares (110 millones de euros) y el reembolso de los costes de desarrollo asociados, hasta sumar 160 millones de dólares (150 millones de euros). La filial de Iberdrola en Estados Unidos continuará con el desarrollo de Kitty Hawk South así como otros proyectos, entre ellos Vineyard Wind 1. Los ingresos por Kitty Hawk North permitirán avanzar en el desarrollo del proyecto colindante, Kitty Hawk South, que tiene el potencial de generar hasta 2,4 gigavatios (GW) de energía para Carolina del Norte (Virginia) y otros estados o empresas privadas. Iberdrola, por otra parte, está negociando con Masdar la incorporación de este fondo a determinados proyectos, tanto de eólica marina como de eólica terrestre (on-shore).

La imagen de embalses con paneles solares en su superficie, hasta ahora con tintes futuristas o propia de otras latitudes, está a un paso de ser una realidad en España. El Gobierno dio ayer su visto bueno a un decreto que regulará la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico, cuya titularidad recae en las confederaciones hidrográficas. El texto, que se plasmará hoy en el Boletín Oficial del Estado, establece un máximo de entre el 5% y el 15% de la superficie de cada pantano, una horquilla que dependerá de muchas variables, como la calidad o el uso de las aguas. La duración de las concesiones a las eléctricas no podrá superar los 25 años y estará siempre condicionada al plan hidrológico de cada confederación. “España es el primer país del mundo en cobertura de la energía solar, y hemos avanzado enormemente, pero veníamos advirtiendo un interés creciente por parte de algunos desarrolladores para poder instalar también plantas flotantes, que ya son una realidad en balsas de riego para abaratar sus costes energéticos”, subrayó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Al tratarse de dominio público hidráulico de titularidad estatal, hemos decidido establecer un procedimiento para regularlo, ya sea a solicitud de un interesado o porque las confederaciones saquen a concurso su explotación”.

El empleo se ha recuperado con fuerza de la crisis del coronavirus, hasta el punto de que en la mayor parte de los países hay más ocupados ahora que en 2019, pero no ha sucedido lo mismo con los salarios. De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló ayer que el poder adquisitivo de los sueldos se sitúa ahora apenas un 1,5% por encima de las cifras de 2019 en el conjunto de las economías desarrolladas, pero casi la mitad de los países han sufrido un deterioro. En la lista figura España, donde la capacidad de compra de los trabajadores es hoy un 2,5% inferior a la de hace cinco años, a pesar de las mejoras de los últimos años y de las fuertes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de otras grandes economías como Estados Unidos, Alemania o Italia. El poder adquisitivo de los salarios españoles se ha hundido en los últimos años. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de este año, los salarios reales por hora trabajada han retrocedido un 2,5%, el octavo mayor recorte de las economías desarrolladas, según el informe Perspectivas del empleo 2024, publicado ayer por la OCDE, debido a que el incremento de los sueldos ha sido bastante inferior a la inflación acumulada a lo largo de este periodo (el 18,3%). Y, si a ello se suma la progresiva disminución del número de horas trabajadas por cada asalariado, en promedio, el resultado sería una fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores españoles. Un deterioro que se ha producido a pesar de la fuerte subida del SMI y de que la falta de trabajadores en determinados puestos de trabajo ha obligado a muchas empresas a mejorar sus ofertas, tanto para captar como para retener talento. Los problemas en el poder adquisitivo son generalizados, hasta el punto de que 16 de los 35 países que conforman la OCDE han retrocedido en este aspecto y uno, Francia, se ha visto estancado.

El Banco de España (BdE) vuelve a llamar la atención sobre el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. Su conclusión es clara: los españoles cada vez se hipotecan menos, lo que mejora los niveles de endeudamiento acumulados, pero cae a plomo el patrimonio inmobiliario. Esto puede derivar en una vulnerabilidad financiera a largo plazo. El supervisor lleva tiempo llamando la atención sobre este fenómeno en el que la brecha entre propietarios de mayor y menor edad se amplía. Según el informe del BdE sobre la situación financiera de familias y empresas, el porcentaje de hogares con deuda asociada a la vivienda principal se mantiene estable en el 28% desde 2014, aunque su evolución por grupos de edad ha sido heterogénea y se reduce entre los más jóvenes «de manera considerable». En 2022, un 40% de los hogares de menos de 45 años contaba con un crédito hipotecario para vivienda principal, diez puntos menos que a finales de los 2000. La diferencia es más abultada entre los menores de 35. Un 45% podía pedir un préstamo para comprar una casa hace dos décadas. Ahora, apenas superan el 20%. La situación se ha agravado con las subidas de tipos por parte del BCE, que han encarecido los préstamos hipotecarios, aunque las expectativas mejoran tras la reciente caída del euríbor. El Banco de España también advierte de un deterioro en la calidad crediticia de los hogares. Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, los préstamos clasificados como problemáticos aumentaron un 5,3%, debido al incremento del crédito en vigilancia especial (como se clasifican los préstamos que empiezan a presentar alarmas). Suponen ya el 65% de los préstamos problemáticos, que crecen pese al descenso leve de los dudosos (los que no se pagan).

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, cree que los motores de combustión interna seguirán existiendo durante “mucho, mucho tiempo”. El grupo petrolero estatal saudí, que el año pasado obtuvo unos ingresos de 500.000 millones de dólares (462.000 millones de euros) procedentes principalmente de la producción y venta de crudo, adquirió el mes pasado una participación del 10% en Horse Powertrain, empresa dedicada a la fabricación de motores de combustión, por 740 millones de euros. Las previsiones de Aramco, así como las del resto de accionistas de Horse, incluidos el fabricante chino de automóviles Geely y Renault, es que a medida que la industria del automóvil deje de diseñar y desarrollar sus propios motores de combustión, empezará a comprarlos a terceros. “Sería increíblemente caro para el mundo acabar por completo o prescindir de estos motores. Si tenemos en cuenta su precio y muchos otros factores, creo que seguirán existiendo durante mucho, mucho tiempo”, señala Yasser Mufti, vicepresidente ejecutivo de Saudi Aramco. A la pregunta de si cree que habrá motores de combustión siempre, Mufti opina que sí. Aramco ya ha declarado que cree que incluso en 2050 más de la mitad de los coches seguirán funcionando con algún tipo de combustible. En 2021 la desaparición de los motores de combustión parecía asegurada después de que fabricantes como Ford, General Motors y Mercedes-Benz, así como gobiernos como el de Reino Unido, se comprometieran a poner fin a las ventas de nuevos motores de gasolina y diésel entre 2035 y 2040. Pero la ralentización del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos y el aumento del proteccionismo comercial hace que el futuro de los motores de combustión parezca menos sombrío.

El nuevo director general de Stellantis Iberia, Pablo Puey, presentó ayer lo que considera la oferta electrificada “única” del grupo, que engloba a marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Opel, DS, Alfa Romeo y Lancia. “Tenemos una oferta electrificada única: 65 modelos de 11 marcas para todos los segmentos y necesidades (entre turismos 100% eléctricos e híbridos enchufables). Todos ellos con la etiqueta Cero de la DGT”, dijo Puey, que calificó como una anomalía sin sentido que el mercado eléctrico español represente sólo un 4,7% de las ventas totales de coches nuevos, ocho puntos menos que la media de la UE, que es del 12,4%, y 15 puntos menos que en Portugal, donde llega casi al 20%. “Un mercado eléctrico con menos del 5% de participación es algo que no tiene sentido, por eso creo que va a crecer sí o sí con ayudas, sin ayudas, con aranceles o sin aranceles”, aseguró Puey, que reafirmó el compromiso de Stellantis con la reducción de emisiones de CO2 y la movilidad sostenible. “La transición energética no tiene retorno y es una realidad incuestionable”, sostuvo. El máximo responsable de Stellantis en España y Portugal celebra la extensión del plan Moves III aprobada por el Gobierno, pero reclama ayudas directas e incentivos fiscales para las empresas. “Nos gustan las políticas estables y celebramos la ampliación del Moves, pero nos gustaría que fuese más ágil para que el cliente cobrara las ayudas antes y también nos gustaría una política fiscal simple y directa como la de Portugal, donde las empresas que compran un coche eléctrico se deducen el IVA de forma inmediata sin tener que presentar nada”, explica.

España vivió su boom de renovables a partir de 2007 a raíz de los incentivos fiscales aprobados por el Real Decreto 661/2007. El auge estuvo encabezado, principalmente, por la energía eólica y la fotovoltaica, que han llevado a España a ser referente de estas tecnologías a nivel mundial. Sin embargo, aquellas instalaciones empiezan a acusar el paso del tiempo y su vida útil se acerca a su fin. ¿Qué pasa con esas toneladas de paneles solares, aerogeneradores y palas eólicas ahora que hay que reemplazarlas por otras más modernas? En el caso de la fotovoltaica, los paneles solares tienen una vida útil de unos 30 años; por tanto, le quedarían algunos años de duración. Sin embargo, no es descartable que los paneles instalados durante el boom presenten una vida útil inferior. Por esta razón, prepararse con antelación al reto de la gestión de los flujos de paneles fotovoltaicos se ha convertido en todo un desafío para el sector. Sólo el año pasado, la entidad administradora Recyclia, que se ocupa de organizar la recogida y gestión de las placas solares en España, gestionó 1.300 toneladas de residuos, pero en lo que va de año ya ha superado esa cifra. Según Recyclia, a partir de 2030, se proyectan incrementos progresivos del volumen de residuos hasta alcanzar entre 90.000 y 150.000 toneladas de residuos al año en 2050, dependiendo del ritmo de instalación de paneles esperado. En el caso de la energía eólica, la vida útil de un aerogenerador está en torno a los 25 años, aunque es habitual que pueda extenderse hasta los 30 año, pero las posibilidades de reciclaje, por ahora, son menores. Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en España hay en torno a 7.400 aerogeneradores con más de dos décadas de servicio, mientras que 1.350 han superado los 25 años, lo que plantea la necesidad de considerar su desmantelamiento en un horizonte de tiempo no muy lejano. “A día de hoy, la mayor parte de las palas de los aerogeneradores se están depositando en vertedero, solo una pequeña parte se reutiliza o recicla”, explica Peio Basail Izcue, gerente de Medio Ambiente Industrial en Acciona Energía.