20240110

Es urgente adoptar medidas concretas para no perder el tren de la «juventud mejor formada de la historia» en el reto de la transición a las nuevas tecnologías y el empleo. Así lo reclamó ayer la plataforma empresarial Zedarriak en la presentación de su cuarto informe celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Un estudio centrado, precisamente, en el impacto de la digitalización en el mercado laboral en un momento en el que las empresas acusan de modo alarmante la falta de perfiles profesionales que contratar. El documento es la cuarta aportación de la plataforma empresarial fundada en 2022 y fue presentado por su director, Guillermo Dorronsoro, que defendió afrontar de modo inmediato siete retos que pasan por la transformación de la educación, la empresa y el sistema de formación para aprovechar un proceso que, según un estudio de World Economic Forum, puede generar un incremento medio del 28% en el número de puestos de trabajo. La presentación contó también con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, con una ponencia en la que defendió el desarrollo de un nuevo contrato social en el que «las nuevas tecnologías sirvan para mejorar las condiciones de trabajo de las personas y no para sustituirlas en su empleo». Costas advirtió de que la inseguridad sobre el empleo se ha convertido en el caldo de cultivo en el que crecen los populismos que amenazan el sistema democrático europeo. Por eso insistió en desarrollar certidumbres y garantizar el desarrollo de las capacidades personales con las nuevas tecnologías. El informe plantea un punto de salida para Euskadi en el que se reivindica una posición superior a la media del conjunto de España. Pero alerta de que la situación respecto a los líderes europeos sigue siendo alejada. Así, solo entre un 10% y un 20% de las compañías vascas emplean aplicaciones informáticas para su trato con los clientes y menos del 6% utilizan herramientas como la Inteligencia Artificial o el análisis de los datos. Para ello, Zedarriak reclama adaptar la educación con un uso correcto de las nuevas tecnologías y con el reto de formar a los docentes para desarrollar una metodología personalizada. Además, pide a empresas y al sistema educativo una mayor colaboración para extender la formación necesaria en los nuevos profesionales y habilitando cauces para captar talento extranjero. Un proceso en el que, además, se hace necesario unir a inversores y comunidad científica para generar un ambiente en el que hacer surgir nuevas empresas.  Ver nota de prensa e informe completo en Zedarriak

«La juventud de Euskadi se enfrenta a mayores dificultades que la media de la juventud española para acceder a la vivienda en el mercado libre». Es una de las conclusiones que recoge el último informe ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi’, elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud y que toma como referencia datos del año 2022. Adquirir un piso en propiedad en solitario consumiría el 56,9% del salario de los jóvenes vascos, frente al 50,2% de la media estatal. El análisis no establece una comparativa en el caso del alquiler, ya que se basa en los datos del registro de fianzas de los contratos con el que cuenta el Gobierno vasco y no hay «datos equiparables» en otras autonomías. El documento reconoce que los jóvenes vascos tienen, de media, «salarios más elevados», pero «el mayor precio de la vivienda» en Euskadi «implica» que sea más complicado irse de casa que en otras regiones. Eso sí, matiza, «si no se accede a las ayudas públicas», que las hay y, con la puesta en marcha del programa Emanzipa en febrero, irán a más. Donde también aprecia diferencias importantes el Observatorio es en función del sexo. Mientras que un varón tendría que destinar el 53,7% de su sueldo a pagar una vivienda en propiedad, una mujer debería aportar el 62% de su nómina, más baja. En el caso del alquiler sucedería algo similar: los hombres dedicarían el 49,1% de sus ingresos a abonar las mensualidades y las féminas, 56,6%.

El Gobierno vasco ha aprobado en su reunión de Consejo de Gobierno, el Plan de Ayudas a Pymes 2024 que se reparte en 80 programas dotados con 562 millones, una cifra que supera los 600 millones si se incluyen también los instrumentos ligados a financiación y apoyo a la actividad de los clústeres sectoriales. En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha ofrecido los detalles de este plan, que este año se ha adelantado al primer Consejo de Gobierno de 2024. El plan de ayudas a pymes aprobado hoy destina un 49,3% del presupuesto a I+D+I, la digitalización y el emprendimiento empresarial. El 27,5% se centra en iniciativas ligadas a la transición energética y el cambio climático. El Departamento ha iniciado ya algunas convocatorias, de forma anticipada, con el fin de acelerar la tramitación. Entre los programas ya emitidos se encuentran iniciativas como Elkartek (44 millones), Hazitek (92,5 millones) y Gauzatu Industria (28 millones). El plan incluye también diversas iniciativas dirigidas a la capacitación e incorporación de profesionales al tejido empresarial en ámbitos de especialización como Bikaintek e Ikertalent; Beint y Global Training en el ámbito internacional; e Itsasoratu en el sector de la pesca. Ver nota gobierno vasco aquí

Después de unos meses convulsos, la cúpula de Michelin y el Gobierno vasco por fin han charlado en persona. Sin intermediarios, sin dimes y diretes, el lehendakari Urkullu y la consejera Tapia han conocido este martes las inquietudes de la dirección del grupo francés. Michelin ha confiado este encuentro a la directora general de España, Mari Paz Robina, y los directores de las fábricas de Vitoria y Lasarte: David Udakiola y Vicente Rodríguez. Según fuentes de la empresa, la reunión ha sido «cordial». La cita fue solicitada por Michelin el 12 de noviembre, ya que el plan inicial de la empresa era trasladar a Urkullu la paralización de inversiones y las 150 salidas previstas en Vitoria antes de que se hicieran públicas. Durante el encuentro Michelin ha recalcado ante el Ejecutivo la importancia de contar con un «diálogo social constructivo». Los representantes del grupo francés han hecho un particular hincapié en lo que en Michelin se conoce como el 'eje personas', una de las claves que han marcado el 2023. Fueron los debes en este punto los que hicieron a César Moñux augurar un recorte de plantilla en Vitoria y una de las causas que adujo la empresa de neumáticos para argumentar su «pérdida de confianza» en la factoría alavesa a principios de octubre. De hecho, el argumentario que ha transmitido Michelin a Urkullu y Tapia ha sido prácticamente el mismo que se expuso cuando se habló de esa desafección. Sus representantes han vuelto a insistir en la «importancia de un modelo de relaciones humanas y sociales que pasa por el compromiso de las personas y el diálogo social constructivo para afrontar los retos futuros».

La todavía elevada inflación y las tensiones económicas derivadas entre otras de la guerra de Ucrania y del conflicto en Oriente Próximo están lastrando la producción industrial de Euskadi y también de Gipuzkoa. En noviembre ha vuelto a la senda negativa y se ha reducido un 1% en nuestro territorio, al igual que en Euskadi. Una evolución que muestra el impacto de esa ralentización económica en los bienes que salen de nuestras factorías. Y es que octubre fue un mes plano tras un septiembre positivo (5,1%). Sin embargo en el conjunto del año solo hubo otros dos meses en números verdes, enero, con una subida del 2,6%, y marzo, con el 7,1%. Esto hace que en el acumulado del año Gipuzkoa se anote una caída también del -1%. Un dato que en Euskadi se queda en el -0,3%. Si tomamos como referencia el mes de noviembre, último dato aportado ayer por el Eustat, se observa un comportamiento negativo de los bienes de consumo en nuestro territorio (-3,7%) en comparación con el mismo periodo del año pasado, con un descenso más pronunciado de los bienes de consumo duradero (-4,8%), ya que los no duraderos lo hacen un -3,4%. También bajan los bienes intermedios (-2,6%) y en menor medida la energía (-0,9%). Sin embargo, los bienes de equipo, de gran peso en nuestra economía, registraron una subida del 1,1% en el mes.

Solarpack se ha adjudicado un contrato de suministro de energía (PPA, por sus siglas en inglés) por 25 años para una planta solar fotovoltaica en India de 450 megavatios (MW) con NTPC, el principal generador de energía del país, según informó la compañía. En concreto, la propuesta del grupo de renovables fue seleccionada entre todos los participantes de la licitación, superando a las demás ofertas presentadas. Con la decisión final de adjudicación en favor de la propuesta ofertada por Solarpack se hace posible el comienzo de la construcción del proyecto Anboto Solar en el estado de Rajastán, que generará alrededor de 872 gigavatios hora (GWh) al año. La fecha estimada para su puesta en operación es finales de 2025. El consejero delegado de Solarpack, Leo Moreno, señaló que esta adjudicación representa un ejemplo de la capacidad de la compañía “para realizar grandes proyectos a escala mundial”. “Estamos muy orgullosos de ayudar a que India reduzca sus emisiones de carbono y de fomentar su desarrollo socioeconómico del país con la creación de empleo y beneficios sociales”, dijo. Los planes de la empresa en la India incluyen la construcción de proyectos significativos como Anboto, y también Gorbea, previamente adjudicado con un PPA, con una capacidad total de más de 800 MW entre los dos, y el desarrollo de una gran cartera de proyectos.

La patronal CEOE dirá no al Gobierno a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 4%, a pesar de que por esta negativa la subida puede ser mayor, previsiblemente del 5%, según confirmaron fuentes empresariales a este periódico. La amenaza que lanzó el pasado lunes el Ministerio de Trabajo a los empresarios como estrategia para tratar de atraerles a la fuerza a un acuerdo no ha surtido efecto. Al contrario. La patronal sigue manteniendo sus planteamientos igual que cuando puso, antes que nadie, sus cartas encima de la mesa: no aceptarán ninguna subida del salario mínimo si no se cumplen dos condiciones. La primera y más importante, cambiar la ley para que se indexen los contratos públicos al nuevo SMI, puesto que el incremento del 47% que ha experimentado esta retribución en los últimos años lo están soportando muchas empresas y llevando incluso a pérdidas. La segunda, bonificar un 20% las cuotas del campo, el sector más afectado por las sucesivas subidas. Tan rojas son estas líneas, que no ha hecho falta siquiera volver a debatir sobre el tema ni reunir a la dirección de la patronal después de que el pasado lunes el Gobierno dijera que no a ambas medidas, puesto que ya se habían dado las pautas a los negociadores. «Convocar una junta directiva ahora sería acceder al chantaje», explicó a este periódico un alto ejecutivo de la patronal. Esta será, por tanto, la respuesta que lleven a la próxima reunión del diálogo social, previsiblemente este viernes, en la que el ministerio comandado por Yolanda Díaz quería ya cerrar el primer acuerdo de la nueva legislatura. En esta ocasión desde la CEOE reconocen que la cifra no importa tanto: estarían dispuestos a aceptar el 4% que propone la vicepresidenta segunda si actualizarán un 4% los contratos públicos. Pero el Ministerio de Hacienda se ha negado tajantemente y Trabajo, que primero había dicho que veía razonable esta petición, cambió de discurso y ahora sostiene que «no tiene mucho sentido».

Los tres primeros reales decretos leyes de la legislatura –el que prorroga parcialmente las medidas ‘anticrisis’; el que reforma el subsidio de desempleo e incluye medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar, y el omnibus que mezcla asuntos relacionados con la justicia, la función pública, el régimen local y el mecenazgo– se votan en el Congreso en tan solo unas horas y anoche el PSOE aún negociaba, fundamentalmente con Junts y Podemos, para garantizarse su convalidación. El partido de Carles Puigdemont juega sus cartas y ha decidido aprovechar esta ocasión para exigir al Gobierno que revierta la norma que aprobó en 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy para facilitar la salida exprés de miles de empresas catalanas temerosas del posible impacto de una declaración unilateral de independencia. Los socialistas están dispuestos a favorecer el retorno pero la discusión está en el cómo. Junts, clave, reclama una reforma de ley de Sociedades de Capital –que en su artículo 9 establece que el domicilio de las empresas estará «en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación»–, propone incentivar fiscalmente a las empresas que decidan dar marcha atrás y regresen a Cataluña, premiar a las que no trasladaron fuera sus sedes sociales y, además, sancionar a las que no lo hagan teniendo en la comunidad su centro de operaciones. El Ejecutivo evitó ayer aclarar qué parte del planteamiento del que es, sin duda, su socio más conflictivo estaría dispuesto a aceptar y cuáles considera inviables con el argumento de que toda negociación exige prudencia y discreción. Pero tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, advirtieron en una comparecencia en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, que en todo caso se garantizará la «seguridad jurídica» de las empresas. «La seguridad del marco jurídico es fundamental para la estabilidad y el crecimiento económico y ahí –subrayó Cuerpo– es donde nos vamos a encontrar».

Ni sanciones ni incentivos. Normalidad institucional es la única opción. Las empresas volverán, se quedarán o elegirán Cataluña porque el clima económico, social y político propicie su apuesta. Así han contestado los empresarios, tanto desde la patronal nacional como desde la misma organización autonómica, al último órdago de Junts que buscaba penalizar o premiar a las más de 7.000 compañías que se fueron o se quedaron tras el procés independentista de 2017. A cambio, el partido de Carles Puigdemont rebajaría su negativa a la convalidación de los tres grandes decretos económicos de arranque de legislatura que hoy serán debatidos en el Congreso. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, fue algo más generoso al admitir que se sigue negociando con los independentistas cómo activar una de las medidas pactadas por PSOE y Junts en noviembre y que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez. En el documento firmado en Bruselas, ambas formaciones se comprometieron a “promover un plan” de regreso de empresas como CaixaBank, Naturgy, Gas Natural, Banco Sabadell, Agbar, Cellnex, Colonial y miles más que cambiaron su sede a otras autonomías en pocos meses. La respuesta al planteamiento de Junts ha variado desde el rechazo absoluto de los empresarios a la negativa tajante de la misma Generalitat (en manos de ERC), pasando por el enfado del resto de socios parlamentarios necesarios para el Ejecutivo. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, redujo a dos opciones el planteamiento de los independentistas catalanes: “Eso se llama regulación en vena o comunismo”. Menos floridos, pero igual de contundentes, se han mostrado desde Foment del Treball, la patronal catalana. En un comunicado insistieron en su rechazo como punto de partida. “No es una política económica aceptable”, añadieron antes de subrayar que mantienen su “tesis de que la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable son el contexto necesario para favorecer el retorno de aquellas empresas que se marcharon si es que lo consideran necesario”. Esta posición es la que defiende el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich: “Hay que dejar a las empresas tranquilas”, resume. 

El Congreso celebra este miércoles un pleno extraordinario sobre seis grandes asuntos (la sesión tendrá lugar en la sede del Senado porque el hemiciclo está en obras). Los textos más cruciales son tres decretos que han de convalidarse para prorrogar más de 25 medidas anticrisis e introducir nuevas normas sobre conciliación y digitalización de la Justicia. De parte de estas iniciativas depende la recepción de 10.000 millones de fondos europeos. A continuación se debatirá el techo de gasto y la senda del déficit, ambos necesarios para la elaboración de los Presupuestos. Y en último lugar se discutirán las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía registradas por PP y Vox. Al ser reales decretos leyes, se aprueban por mayoría simple, lo que significa que basta que haya más síes que noes. Los debates de cada decreto durarán entorno a hora y media y dos horas. La defensa de los textos no tiene límite de tiempo, sí están tasadas las posiciones en contra y las intervenciones de los grupos. El pleno también puede impulsar la tramitación de los textos como proyectos de ley a posteriori para incorporar cambios de los grupos. La sesión arrancará a las nueve de la mañana. En un principio, según fuentes parlamentarias, se debatirá una iniciativa tras otra y al final del día se sabrá el resultado de la votación. Como el Senado no tiene 350 puestos para poder votar apretando el botón, puesto que el número de senadores es inferior, la Junta de Portavoces ha decidido que las votaciones se hagan telemáticamente. El tiempo para votar se abrirá a las 9.30 y el resultado se dará al final de la jornada. En el caso de las enmiendas a la amnistía, el proceso será distinto: el PP ha pedido votar por llamamiento, esto es, cada diputado dirá su voto individualmente desde el escaño. Los populares también pueden decidir, antes de que empiece la sesión, que todas las votaciones sean llamamientos.

Grifols, líder global en medicamentos derivados del plasma sanguíneo, se vio envuelto ayer en una tormenta bursátil después de que el inversor bajista Gotham City Research acusara a la compañía española de ocultar deuda de manera irregular y valorara a cero sus acciones, provocando una dura réplica por parte de la farmacéutica con sede en Cataluña, que acusó al short seller de lanzar “falsedades” en su propio beneficio. La acción de Grifols en Bolsa fue penalizada, pero sin llegar a los extremos sugeridos por la entidad de inversión, conocida en España porque en 2014 provocó el derrumbe de Gowex. Los títulos llegaron a caer inicialmente en la jornada un 42% y acabaron con un desplome de casi el 26%, cerrando a 10,55 euros en el mercado español. La capitalización del grupo queda situada en 6.400 millones, 2.200 millones menos que anteayer. En Wall Street, los certificados de acciones (ADR) de la empresa bajaban un 22% al cierre de esta edición. La vertiginosa corrección tuvo como origen la publicación de un informe, antes de la apertura del mercado, en el que Gotham City afirmaba que Grifols ha utilizado la sociedad Scranton (vinculada a la familia Grifols, que posee más del 30% de la farmacéutica) para “manipular su deuda y su beneficio bruto operativo”. La firma fundada por Daniel Yu entiende que la ratio de deuda real sobre ebitda del grupo sería el doble de lo admitido, en caso de enderezar sus prácticas contables. Inicialmente, con la Bolsa incapaz de casar el aluvión de órdenes de venta de acciones, Grifols emitió un comunicado en el que calificaba de “falsas” las acusaciones de Gotham, y apuntaba que las operaciones incluidas en el informe ya están explicadas en sus cuentas presentadas a los reguladores.

La sacudida que ha sufrido Grifols por el demoledor informe de Gotham City en el que le acusa de manipular sus cuentas se ha hecho notar en el Parque Tecnológico de Zamudio. Allí está la sede de Progenika Biopharma, la joya de la corona vasca en biotecnología, de la que la catalana adquirió el 100% del capital. Esta compañía emplea a 76 personas, la mayoría doctores universitarios. Fundada en el año 2000 por científicos como Antonio Martínez y Laureano Simón y un grupo de empresarios vascos, Progenika se convirtió en estrella del incipiente sector biotecnológico vasco. El grupo está especializado en los test para diagnóstico genético de enfermedades así como en la predicción de respuesta y monitorización de terapia farmacológica. El Gobierno vasco participó en su creación a través de la sociedad Ekarpen, que comparte con Kutxabank, Lagun Aro y las Diputaciones forales. En 2013 Grifols se hizo con el control de Progenika con la adquisición de un 60% por 37 millones de euros, una operación que contó con el visto bueno del Gobierno vasco «al fortalecer la comercialización de su producto». El pago se abonó mitad en efectivo y mitad en acciones de Grifols. La multinacional catalana amplió su participación en 2016 al llegar al 89% tras pagar 25 millones, con la misma fórmula híbrida, y de ahí llegó al 100%. Progenika facturó el año pasado casi 13 millones de euros y perdió 1,3 millones.

El informe de Gotham City Research no solo ha puesto en el centro del debate financiero un posible caso de falsedad contable, que en todo caso Grifols niega de forma tajante. También el papel de auditores y reguladores, en caso de que finalmente tenga razón. Pero, ¿quién es Gotham y qué gana con su operativa? Es evidente que la misteriosa firma no emite este tipo de informes a costa de jugarse su propia supervivencia. Hace justo una década, el 1 de julio de 2014, irrumpía en el mercado español con un documento sobre el proveedor de wifi Gowex, en el que acusaba de falsear sus cuentas. A pesar de que Gowex negó hasta la saciedad las informaciones, todos sus argumentos volaron por los aires dejando a miles de inversores atrapados en una dura realidad de pérdidas. Y al presidente de la compañía, Jenaro García, reconociendo el fraude. Gowex no ha sido el único caso destapado por Gotham. Otro de los más sonados es el de la firma de servicios tecnológicos Quindell, a la que acusó de ser «un club de campo construido con arena» tras comprobar que mentía en sus beneficios. El proveedor tecnológico Ebix, la minorista Tile Shope o la plataforma de búsquedas Bluecora, también están en su lista de víctimas desde que empezó a operar en 2013.

La década de 2020 debía ser la de los grandes retos: poner fin a la pobreza y al hambre, reducir las desigualdades internas y externas, erradicar las enfermedades más graves o reducir de forma drástica las emisiones contaminantes. Pero el mundo entra en el ecuador de ese decenio y el balance que efectúa el Banco Mundial es demoledor. “Sin una corrección importante del rumbo, la década de 2020 pasará a la historia como una década de oportunidades desperdiciadas”, afirma el economista jefe del organismo con sede en Washington, Indermit Gill. Por tercer año consecutivo, la entidad prevé una desaceleración de la economía, que crecerá un 2,4%, dos décimas menos que en 2023. Según las Perspectivas económicas mundiales, ese dato supone dejar al planeta a las puertas de “batir un lamentable récord a finales de 2024: los cinco años con el menor crecimiento del producto interior bruto (PIB) de las últimas tres décadas”. El aterrizaje suave de las grandes economías se ha convertido en el escenario central para los encargados de elaborar previsiones. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo esperan haber enfriado sus economías sin la necesidad de sumirlas en una recesión. Los inversores también se decantan por ese escenario y empiezan a trasladar la euforia a los mercados de valores, que han emprendido otro rally desde noviembre con la perspectiva de que una rápida desinflación obligue, además, a los banqueros centrales a reducir los tipos de interés más pronto que tarde. Las previsiones del Banco Mundial no rezuman ese optimismo. Ni de lejos. Sin embargo, sí creen que no habrá sangre al constatar que la economía ha resultado ser “sorprendentemente resiliente”. “La inflación global está siendo domada sin sumir al mundo en una recesión”, apunta el documento.

La tasa de desempleo en los países de la eurozona se redujo una décima en el mes de noviembre de 2023 frente al mes anterior para situarse en el 6,4%, lo que supone repetir su mínimo histórico, según los datos publicados ayer por la oficina de estadística comunitaria Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea, el paro se situó en el penúltimo mes del pasado año en el 5,9%, lo que supone también una décima menos que el porcentaje observado el mes anterior. Eurostat calcula, en concreto, que 12,9 millones de personas se encontraban desempleadas en la UE en el mes de noviembre, de las cuales 10,9 millones se encontraban sin trabajo en países de la zona euro. Esto supone una caída del desempleo en términos absolutos de 144.000 personas en los Veintisiete y de 99.000 millones en la eurozona. Por países, España repite como el Estado miembro de la UE con la tasa de paro más elevada, con un 11,9% (una décima menos), seguido de Grecia (9,4%), Suecia (7,9%), Finlandia (7,6%), Italia (7,5%) y Francia (7,3%). En el polo opuesto, los países con menos tasa de desempleo fueron República Checa (2,4%), Malta (2,5%), Polonia (2,8%), Alemania (3,1%), Países Bajos (3,5%) o Hungría (4,1%). Con respecto a la población joven menor de 25 años, la tasa de paro se situó tanto en la UE como en la eurozona en un 14,5% en noviembre tras descender tres décimas con respecto al mes anterior en ambos casos. Así, un total de 2,8 millones de jóvenes europeos se encontraban desempleados en noviembre, de los cuales 2,3 millones proceden de países de la zona euro. 

Se espera que un crecimiento constante del suministro de petróleo procedente de países no pertenecientes al cártel de la OPEP+ y unas perspectivas económicas inciertas mantengan bajo control el precio del crudo este año, aun cuando el conflicto entre Israel y Hamás amenaza con extenderse al resto de la región. Los precios del petróleo, que sólo registraron modestas ganancias en la primera semana de 2024, cayeron el lunes después de que Arabia Saudí recortara su precio oficial de venta para las exportaciones de crudo en febrero. El crudo Brent se desplomó un 4% hasta 75,65 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate, el equivalente estadounidense, cayó un 4,8% hasta 70,25 dólares. Con todo, los descensos dejan los precios del crudo sólo unos pocos dólares por debajo de los 80 dólares por barril que un consenso de analistas espera que alcance el Brent, la referencia internacional, en los próximos 12 meses. La previsión de un exceso de oferta, unas perspectivas económicas inciertas y la falta de claridad sobre cómo se desarrollarán las tensiones en Oriente Próximo han hecho que los analistas se muestren reacios a hacer previsiones agresivas en cualquier dirección. Joe DeLaura, estratega mundial de energía de Rabobank, afirma que ningún hedge fund ni operador quiere vender petróleo a un precio de entre 70 y 75 dólares, porque “te puedes despertar una mañana y ver un petrolero hundido en el Mar Rojo”. Sin embargo, en ausencia de nuevas crisis en Oriente Próximo, se espera que el fuerte crecimiento del suministro mantenga los precios a raya, lo que probablemente se traducirá en una “tendencia lateral”, según DeLaura. La semana pasada, los precios cayeron en dos de las cuatro sesiones, tras el asesinato de un alto dirigente de Hamás y un atentado en el que murieron más de 100 personas en Irán.

La sostenibilidad ha impregnado toda la actividad económica en los últimos años. Se calcula que harán falta inversiones billonarias para llevar adelante la transición energética. En concreto, 4,1 billones de dólares anuales en tecnologías de transición e infraestructura energética para 2050, según el último informe de la consultora EY, dado a conocer estos días. Todo ese dinero precisa de garantías que aseguren que las inversiones van a parar a activos que realmente apuesten por la descarbonización. De ahí que, para garantizarlo, esté surgiendo toda una pléyade de regulaciones (primera R), como las normas (ESRS), que se aplicarán gradualmente a partir del 1 de enero de este año mediante la directiva CSRD (reporting en 2025). Primero, las grandes empresas de la UE y las extracomunitarias cotizadas en la UE y con más de 500 empleados, y se ampliará en sucesivos ejercicios a grandes empresas de más de 500 empleados y a otras grandes empresas, pymes cotizadas, y empresas matrices no pertenecientes a la UE. Además, entra en vigor la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) que gravará las importaciones más contaminantes. Las grandes empresas también tendrán que tener en cuenta la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa. Esto, en Europa. Otras regiones del mundo están implantando sus propias regulaciones. En EEUU se espera que la Comisión de Bolsa y Valores anuncie su regla de divulgación corporativa para los gases de efecto invernadero y los riesgos financieros relacionados con el clima durante la primera mitad del año. 

Gabriel Attal, nombrado ayer primer ministro de Francia con solo 34 años, es un niño prodigio de la política. A los 22 años ya era consejero en un ministerio. A los 29, secretario de Estado. Después fue portavoz del Gobierno, ministro de Cuentas Públicas, y hasta ayer mismo, ministro de Educación. Tras designarlo el presidente Emmanuel Macron para suceder a Élisabeth Borne, se convierte en el más joven en este cargo durante la V República, el régimen constitucional fundado en 1958 por el general De Gaulle. También es el primero abiertamente homosexual. Su nombre ya suena en las quinielas para suceder a Macron en el Elíseo. Macron confía en que la marcha de Borne y la llegada de Attal dé un impulso a un mandato que parecía atascarse a tres años de las próximas presidenciales. Sin mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el margen de maniobra del presidente es reducido. En el cargo desde mayo de 2022, la primera ministra había logrado éxitos legislativos como la aprobación de la impopular reforma de las pensiones. Pero, como todos los ocupantes de su cargo, era el fusible, o el escudo del presidente: cuando las cosas se complican, salta el primer ministro. Y la ley de inmigración, adoptada con el voto favorable de la extrema derecha, dividió al Gobierno y aceleró su marcha. En el estilo y la trayectoria, pocos primeros ministros son tan distintos como Borne y Attal. Borne tiene 62 años; Attal, poco más de la mitad. Borne es una tecnócrata que conoce al dedillo los engranajes de la Administración y una mujer sin ambiciones políticas. No pertenecía al círculo de confianza de Macron y sus relaciones con el jefe eran profesionales, sin más. Attal, un político con una carrera fulgurante y que aspira a lo más alto, es un hombre de confianza del presidente. Ambos coinciden en sus orígenes ideológicos. Tanto Borne como Attal trabajaron con ministros socialistas antes de pasarse al macronismo.

Attal es uno de los fieles del presidente, con un perfil parecido: precoz y brillante, atractivo, con una gran habilidad como comunicador y una carrera meteórica. Como él, es producto de la élite francesa, de la que despunta en las aulas. Attal estudió en la prestigiosa Escuela Alsaciana y, después, en Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos. Ambos, presidente y primer ministro, vienen de las filas socialistas, del equipo del ex presidente François Hollande. En 2017, cuando Macron creó su partido (La República en Marcha) y ganó las elecciones, Attal se pasó al campo macronista y fue nombrado diputado. Fue el miembro más joven del Gobierno con 29 años al ser nombrado en 2018 secretario de Estado del ministro de Educación. En verano de 2020 fue nombrado portavoz del Gobierno. «Creo en Macron, tengo una verdadera fidelidad por él porque estoy convencido de su proyecto. Para mí cuenta sólo una cosa: el triunfo del presidente de la República», dijo en una entrevista. Attal es, además, de los ministros más populares del Gobierno y, según los sondeos, es el mejor posicionado para suceder a Macron en 2027, cuando se celebren las presidenciales. El actual presidente ya no se presentará. Pareja del diputado macronista Stéphane Séjourne, nunca ha ocultado su homosexualidad. Hace unos meses contaba en TF1 el momento en el que le confesó a su padre (productor de cine fallecido en 2015) que se había «enamorado de un chico». También narró en televisión el acoso que sufrió en la escuela. Ha sido ministro portavoz, lo que le dio mucha visibilidad, y también titular de Cuentas Públicas, antes de ser nombrado ministro de Educación el pasado verano.