20240601

El sector de la Máquina-Herramienta de Euskadi logró el año pasado un récord de exportaciones, al vender al exterior productos por valor de 888 millones de euros. El Instituto Vasco de Estadística ha dado a conocer este dato con motivo de la celebración entre el lunes y el viernes de la semana que viene de la 32 edición de la Bienal de Máquina-Herramienta en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo. Durante el año 2022 -últimos datos disponibles para la industria-, el sector facturó 1.097,2 millones de euros lo que supone la cifra más alta de la serie histórica y supera en un 11,7 % los 1.043,4 millones alcanzados en 2018, segundo valor más alto. En el año 2023 se estima que el crecimiento se situó en torno al 12 %. La máquina herramienta vasca da empleo a 4.133 personas y representa más de la mitad de la cifra de negocios del conjunto del Estado, en concreto el 52,3 % en 2022. Se trata de un sector estratégico por su relación con gran parte de la industria manufacturera, a la que facilita los medios productivos necesarios para llevar a cabo su actividad. Gipuzkoa es el indudable protagonista de este sector en Euskadi, ya que acoge más de seis de cada diez empresas. En cuanto a las exportaciones, los  887,9 millones exportados en 2023 superan el máximo de la serie histórica que se dio en 2013 (777,7 millones). En 2023 el grueso de las exportaciones del sector tuvo su origen en Gipuzkoa (667,9 millones 75,2%). A Bizkaia le correspondieron el 15,5 % (137,4 millones) y a Álava el 9,3 % restante (82,3 millones).

Michelin Vitoria cierra el frente que abrió en noviembre. Medio año después de anunciar su intención de desprenderse de 150 empleados y de paralizar 75 millones de euros de inversión, la multinacional francesa ha cerrado este viernes el plan de bajas incentivadas que ofreció para cubrir las salidas necesarias. En una reunión con el comité de empresa, la dirección de la Avenida del Cantábrico comunicó ayer a los sindicatos el resultado final del plan mediante el que ofrecía indemnizaciones de hasta 75.000 euros, traslados a otras empresas y prejubilaciones parciales a través del contrato relevo. Finalmente serán 103 las personas que abandonarán la fábrica de Vitoria o cambiarán de tareas dentro de ella. En concreto, 31 operarios se han acogido a las bajas indemnizadas, 23 empleados han optado por el contrato relevo para dejar Michelin de forma progresiva y nueve trabajadores han pedido el traslado a otras fábricas del grupo francés. Además, 40 personas han cambiado o cambiarán de función dentro de la fábrica gracias al tirón de las líneas de turismo y líneas como las responsables de las ruedas gigantes, las de más pulgadas dentro de los talleres que hacen neumáticos para ingeniería civil. El grupo francés trasladó a la parte social que esta vez no habrá prórroga para alcanzar las 150 salidas –Michelin habla de «excedentes»– que necesitaba la fábrica alavesa. No se prorrogarán los incentivos como sí ocurrió a finales de enero.

Euskadi registró a cierre del mes de marzo un superávit de 392 millones de euros en sus cuentas públicas, lo que equivale al 0,43% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Esa cifra de superávit es más del triple que los 113 millones contabilizados al cierre del primer trimestre del pasado año, cuando suponía el 0,13% del PIB vasco. En el conjunto de España, el déficit público consolidado de la Administración central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social se situó en 4.541 millones de euros, un 34,9% más que en el mismo periodo del año pasado. En términos relativos, la ratio déficit sobre PIB se sitúa en el 0,29%, ligeramente por encima que la del mismo periodo de 2023, del 0,23%. Hasta marzo pasado, la Administración central se anotó un déficit de solo 131 millones, un 82,1% menos respecto al mismo periodo de 2023, hasta situarse en el 0,01% del PIB. En el caso de las administraciones autonómicas, las comunidades registraron un déficit a cierre del primer trimestre de 5.934 millones, un 99,3% más, lo que equivale al 0,38% del PIB, frente al 0,20% de 2023. En este ámbito cabe destacar que solo Euskadi, Asturias y Navarra contaban a esa fecha con superávit.

Atraer más empresas a Júndiz sí, pero también de mayor tamaño. Compañías que precisen de una mayor reserva de suelo. Con ese propósito, el Ayuntamiento vitoriano lleva tiempo trabajando en un plan urbanístico específico para potenciar una área ubicada en la parte oeste del principal polígono industrial de la capital alavesa y del País Vasco. Un proyecto que acaba de recibir luz verde definitiva del Gobierno municipal tras una tramitación que se ha alargado al menos durante dos años. Se trata de la reparcelación del sector 21, situado en la zona del parque empresarial más cercana al pueblo de Margarita. ¿Cuál es la fórmula aplicada para generar terrenos más grandes? El proyecto al que ayer dio el visto bueno el Gabinete Etxebarria en Junta de Gobierno Local consiste en unir parcelas de pequeño tamaño y que se encontraban libres de actividad para crear espacios de mayor volumen y facilitar el potencial aterrizaje de nuevas compañías. Concretamente, gracias a la intervención se crean un total de cuatro grandes parcelas que en su conjunto suman más de 70.000 metros cuadrados. La más grande de ellas es el resultado de la ‘fusión’ de 14 pequeños solares con los que se ha conformado uno que alcanza 53.500 metros cuadrados. Junto a esa reagrupación, el Consistorio tiene pendiente ahora acometer el «rediseño» de la vía que prestará servicio a esa nueva gran superficie de actividad industrial.

El fabricante de componentes para vehículos Cie Automotive se ha asegurado nueva financiación para apoyar sus actividades de investigación, desarrollo e innovación. La firma de origen vasco ha logrado un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por importe de 36 millones de euros. Estos fondos se destinarán a la fabricación de componentes de alto valor añadido y a la optimización de procesos a través de la digitalización. También servirán para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación con menor impacto sobre el medio ambiente. Cie Automotive realizará las inversiones en sus instalaciones productivas de España, Alemania, Francia e Italia, en línea con el objetivo del BEI de reforzar la competitividad y la reindustrialización en la Unión Europea en un sector en pleno proceso de transformación como es el del automóvil, que se está adaptando a la electrificación y a la digitalización. El CEO, Jesús María Herrera, recordó que este es el cuarto préstamo suscrito con el BEI en 15 años y añadió que se enmarca en la estrategia de diversificación financiera de Cie, que combina financiación comercial e institucional.

Kerad EB, una de las empresas vinculadas al exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, quiere comprar la sede central de Correos y Telégrafos en Bilbao. La idea de esta compañía es abrir un hotel de lujo en el edificio, un proyecto muy parecido al que pondrá en marcha en breve en Málaga, donde el deportista está transformando un antiguo cine en un complejo de cinco estrellas, con 128 habitaciones. El inmueble que la mercantil catalana desea adquirir en la capital vizcaína se ubica en el número 19 de la Alameda de Urquijo, en el distrito de Abando. La entidad pública propietaria del inmueble se mantiene al margen de estos planes y asegura que «sigue y seguirá» en esta ubicación prestando sus servicios habituales a la ciudadanía. La sede de Correos es una construcción histórica que fue levantada en 1927 a partir del diseño del arquitecto Secundino Zuazo. Es un inmueble que está protegido por la normativa vigente y que necesitaría de un cambio de uso para ser habilitado como establecimiento hotelero. La operación es complicada. Sobre todo porque Correos afirma que no quiere vender. Además, en el caso de optar finalmente por deshacerse de este patrimonio, la sociedad dependiente del Gobierno central tendría que convocar una subasta abierta al tratarse de una entidad con capital 100% público. Ambas partes mantuvieron a finales de 2023 contactos para abordar este asunto. Es más, la empresa de Piqué contrató al arquitecto bilbaíno José Ramón Foraster para que estudiara si era posible convertir este edificio en un alojamiento moderno por dentro, preservando sus valores arquitectónicos estructurales. A finales del año pasado, Foraster compareció ante la Comisión de Patrimonio, el órgano municipal que supervisa cualquier modificación que pueda afectar a elementos urbanos que sean emblemáticos en la ciudad, para exponer las líneas maestras de su posible futuro proyecto.

Pese a que el comprador no ha recibido de buen grado la oferta y que el Gobierno parece dispuesto a desbaratarla por cualquier vía que encuentre, BBVA ha decidido seguir la hoja de ruta lógica en cualquier opa. Así, para completar los requerimientos legales que exige su oferta a los accionistas del Banco Sabadell para absorber esta entidad, acaba de convocar una junta extraordinaria para el próximo 5 de julio. El acto se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en esa reunión los accionistas del banco vasco tendrán que votar si aprueban ampliar el capital social en una operación valorada en unos 11.230 millones de euros, al precio de cotización actual. El consejo de administración de BBVA ha aprobado esta convocatoria en la que se daría legalidad a la emisión de 1.126,34 millones de participaciones nuevas del banco. Estos títulos serán los que se ofrezcan a los accionistas del Banco Sabadell si aceptan la oferta, que está condicionada a obtener algo más de la mitad de la propiedad de la entidad de origen catalán. La nueva ampliación supondrá incrementar el capital social de BBVA en unos 551 millones de euros, ya que el resto corresponde a la prima de emisión. La propuesta contempla la ampliación máxima que sería necesaria en el caso de que el 100% de los accionistas del Sabadell acepten la propuesta. En ese escenario hipotético de un canje total de acciones, los actuales propietarios del Sabadell ostentarían el 16% del banco resultante de la fusión.

El recibo de la luz no dará un susto a los hogares cuando se encuentren con la factura del último mes a tenor de los precios que ha dejado el mercado, muy favorecido por las energías renovables. En mayo, el coste medio de generación eléctrica se ha situado en el entorno de lo 30 euros por megavatio/hora (Mwh), un nivel históricamente bajo aunque supone un importante avance con respecto al de abril, cuando apenas se encontraba en los 13 euros/Mwh. Los precios eléctricos actuales se explican sobre todo por la aportación de las plantas renovables al ‘mix’ energético. En mayo, casi el 25% de la luz demandada procedió de las plantas solares fotovoltaicas, una circunstancia que nunca se había dado y que se explica por la masiva implantación de estas instalaciones en los últimos años. La solar se situó por delante de las eólicas (con un 20% de aportación) y de las nucleares (17,5%, uno de los niveles más bajos de los últimos años), según Redeia. Desde mayo y hasta octubre la inyección eléctrica de las fotovoltaicas es la de mayor exposición de todo el año.

La revolución solar no es ninguna novedad: lleva años en marcha, poniendo patas arriba la matriz eléctrica española. Algunos hitos, sin embargo, dan buena fe de la magnitud del cambio: en mayo, la solar fotovoltaica fue la tecnología que más electricidad generó en el sistema eléctrico español. Supuso, por sí sola, casi el 24% de toda la generación y el 27,6% del consumo, una vez descontadas las cada vez más cuantiosas exportaciones. Algo completamente inimaginable hace solo un lustro, cuando la fotovoltaica era la séptima fuente de energía, por detrás incluso del carbón. Las cifras de Red Eléctrica de España (REE) solo tienen en cuenta las plantas fotovoltaicas en suelo, no el autoconsumo —los paneles solares instalados en el tejado de hogares y empresas—, que crecieron con fuerza en los años de la crisis energética y que ya laminan mucha demanda, pero cuyos datos aún no integra el gestor del sistema. Se puede afirmar que, sumada esa generación doméstica y de empresas, los paneles solares ya aportan más de la cuarta parte de la electricidad generada en España en mayo. “Ha sido un cambio brutal en muy pocos años”, dice Francisco Valverde, analista independiente del sector eléctrico. Con todas las nuevas granjas solares ya en marcha, que entrarán en funcionamiento a corto y medio plazo, “los récords van a ir a más”, comenta.

El euríbor ha culminado este mes con un estado de indiferencia para los millones de hogares hipotecados que esperaban rebajas en sus cuotas. El índice se encuentra en mayo en el 3,68%, lo que supone apenas tres centésimas menos que la referencia de abril (3,71%) y es solamente 0,2 puntos inferior al indicador de hace un año. Con estos exiguos cambios, las hipotecas apenas notarán caídas. De media, un crédito de 150.000 euros a 24 años verá rebajada su mensualidad en unos 15 euros. Es decir, poco más de 190 euros de ahorro en un año. Para una hipoteca de 300.000 euros, la rebaja será de unos 30 mensuales, unos 400 en un año. Tendrán más suerte quienes tengan que revisar su préstamo si es semestral, ya que el euríbor estaba hace seis meses en el entorno del 4%, 0,3 puntos menos. Aunque las familias esperaban como agua de mayo un impacto relevante del euríbor en sus hipotecas, tendrán que aguardar mucho más tiempo del que estimaban. El interbancario comenzó a descender en abril, y ya acumula dos meses a la baja, pero el camino que va recorriendo es como el efecto de los combustibles ‘cohete y pluma’: subidas imparables para los bolsillos, pero bajadas suaves y mucho más lentas a lo largo del tiempo. En Asufin estiman que el descenso seguirá al mismo ritmo en los meses sucesivos, hasta alcanzar el 3% en el cierre del año, lo que supondrá una rebaja más abultada, con relación a los máximos que experimentamos el año anterior. En ese momento, los hipotecados verán rebajada su cuota en más de 38 euros al mes, lo que supone más de 450 de rebaja al año, según la organización.

La rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) la próxima semana se da por descontada, pero la senda de recortes de tipos más allá de junio se complica por el repunte de la inflación. Los precios en la eurozona aceleraron dos décimas en mayo respecto al mes anterior, elevando la inflación hasta el 2,6% anual en el quinto mes del año. Un acelerón que viene provocado por el mayor encarecimiento de los alimentos frescos y la energía y, más preocupante, de los servicios, algo que podría apuntar a que el sector está soportando crecientes presiones salariales. El Índice de Precios de Consumo en la eurozona subió un 2,6% anual en mayo, dos décimas por encima de dato del mes anterior, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por Eurostat. Esta cifra es preocupante porque supone el primer repunte de la inflación desde diciembre del año pasado, porque se conoce en la antesala de la reunión del Banco Central Europeo la próxima semana y porque la mayor parte del alza no tiene su origen en causas exógenas y pasajeras, como una subida de los costes de las importaciones , sino por los mayores precios en el sector servicios, que apuntan a fuertes incrementos de los costes salariales que podrían relanzar la espiral inflacionista.

El futuro de la fábrica de Ford Almussafes está asegurado con el nuevo modelo anunciado por la automovilística para 2027, pero dicho futuro tardará en llegar y hasta entonces habrá una larga travesía por el desierto para la factoría valenciana. La planta tendrá un 2024 muy pobre en producción, quedándose cerca de su peor año en lo que va de siglo, el 2011, cuando hizo en torno a 135.000 unidades, y con casi total seguridad se situará por debajo de 2021, un ya de por sí pésimo ejercicio marcado por los parones de producción derivados de la crisis de suministro de componentes y chips. Según datos de UGT, la fábrica en la que se emplean unas 4.700 personas, hizo hasta el pasado 23 de mayo 62.172 unidades (45.533 fueron del Kuga y el resto de la furgoneta Transit Connect). La fábrica lleva un 2024 marcado por parones parciales o totales de producción por el ERTE vigente en Almussafes, que en principio se extenderá hasta el 31 de julio. En su última ampliación, Ford pactó 13 días de parón de la actividad en la zona de producción de coches y 12 en la de motores en junio y julio. El motivo de este ERTE es la notoria falta de carga de trabajo que aqueja a una planta que ha dicho adiós a casi todos sus modelos excepto uno, el Kuga, un SUV de éxito en Europa con versiones de combustión e híbrida enchufable, del que la compañía acaba de lanzar una nueva versión, algo para lo que tuvo que adaptar sus líneas de ensamblaje. Desde 2022, la factoría ha dicho adiós al Mondeo, al S-Max, al Galaxy y a la Transit Connect, cuya última unidad made in Spain salió de la factoría valenciana el pasado 15 de abril.

Duro golpe para las aerolíneas ‘low cost’ en España. El Ministerio de Consumo ha multado con 150 millones de euros a cuatro compañías de bajo coste que operan en España por cobrar a los pasajeros equipaje de mano u obligar a imprimir el billete. Estas cuatro aerolíneas (Ryanair, Volotea, Vueling e Easyjet) tendrán que hacer frente a la mayor sanción de la historia de las ‘low cost’ por cobrar un extra por la maleta de mano, por la selección de asiento cuando se viaja con personas dependientes (como padres con hijos), por falta de transparencia contractual y por prohibir el pago en metálico. Este proceso comenzó en 2023 desde la Dirección General de Consumo, que analizó lo que consideraba «prácticas abusivas» tras las quejas de asociaciones de consumidores como Facua. Se elevó entonces una propuesta de sanción a las aerolíneas afectadas que respondieron presentando alegaciones. Tras ellas, ahora reciben la multa de 150 millones de euros, aunque las aerolíneas recuerdan que el expediente no está cerrado y cabe recurso. Las aerolíneas han rechazado tajantemente esta medida y en un comunicado emitido por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) detallan que la sanción va en contra de una normativa europea: el principio de libertad de fijación de precios, ya que «supone una injerencia en la fijación tarifaria». En dicho comunicado aclaran que todas las aerolíneas incluyen equipaje de mano gratuito debajo del asiento, pero que Consumo quiere obligar a incluir una maleta de cabina que «penaliza» a los pasajeros que solo quieren pagar por los servicios que necesitan.

Las grandes hoteleras se frotan las manos con la fuerte demanda que registran para el que va a ser el mejor verano de su historia en España. Las reservas que manejan para una temporada alta que se prolongará más allá de septiembre apuntan a un récord histórico de ocupación, precios, ingresos y beneficio, pero también vuelve a sacar a la superficie un problema que llevan arrastrando desde el final de la pandemia: la dificultad para encontrar personal con el que dar un servicio de calidad a los millones de clientes que van a recibir. Los bajos salarios, compensados parcialmente con mejoras en convenios en los dos últimos años, y la fuga hacia la hostelería en busca de mejores remuneraciones y una menor estacionalidad están detrás de ese desajuste entre oferta y demanda. Conscientes de que ese problema persiste y de que no se va a corregir en el corto plazo, firmas como Meliá o Barceló llevan trabajando desde hace varios meses en miles de procesos de selección, que se han visto ampliados en las últimas semanas por la aceleración de la demanda. Meliá, la primera hotelera en España por el número de habitaciones (92.000 operativas al cierre de 2023), ha lanzado múltiples procesos de selección a través de su portal de empleo (Meliá Careers) y calcula que tendrá que cubrir 3.000 vacantes para esta temporada alta, un 20% más respecto a las 2.500 del verano de 2023, con posiciones como cocina o alimentos y bebidas como las que más trabajadores precisan. Y, al igual que el año pasado, está ofreciendo alojamiento gratuito como el principal incentivo para fidelizar a los candidatos en destinos como Calviá, Ibiza o Benidorm, en los que el acceso a una vivienda a un precio asequible se ha convertido en una quimera y en el principal obstáculo para completar las plantillas en Canarias y Baleares.

Unos seis meses después de llegar a un acuerdo para ello, Zegona ha cerrado la compra de Vodafone España, una operación que provoca la salida del grupo británico del país 25 años después de su llegada y abre una nueva etapa en el mercado español de las telecomunicaciones. El fondo de inversión ya hizo su primera incursión en España con la compra de Telecable y la posterior fusión con Euskaltel y aspira a reflotar ahora la marca, una misión para la que han reclutado a un viejo conocido: José Miguel García, al que ya ficharon para la empresa vasca y que fue también CEO de Jazztel. El directivo llega a la compañía con el exdirector comercial de Digi, Ángel Álvarez, como mano derecha en un mensaje sobre el futuro de la marca, más centrado en Lowi para captar clientes en el segmento comercial. En los últimos meses, Vodafone ha conseguido mantener el contrato mayorista con Finetwork, una de sus fuentes claves de ingresos, y el jueves recibió la noticia de que contará con 66 millones de euros de ayudas públicas para desplegar 5G en el medio rural. Además, el otro buque insignia de la estrategia de Zegona, el negocio de empresas, es favorito para hacerse con el macrocontrato de telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña en un espaldarazo a la estrategia del grupo liderado ahora por José Miguel García.

La amnistía ha cohesionado y espoleado al independentismo, que se siente fuerte, a pesar de haber sufrido un histórico revés recientemente en las elecciones autonómicas en las que perdió la mayoría absoluta por primera vez en cuarenta años. El día después de que el Congreso aprobara la ley de amnistía, el secesionismo vinculó decididamente la gobernabilidad española con la investidura catalana. Carles Puigdemont, cuyo futuro procesal sigue siendo una incógnita, ya avisó días atrás de que está dispuesto a todo para ser reelegido presidente de la Generalitat. Tiene pocas posibilidades. La única pasa por conseguir el apoyo de ERC y que el PSC se abstenga. La primera es más que probable, la segunda es casi imposible. Salvo que Pedro Sánchez pida a Illa que se aparte por un bien superior, el Gobierno. Junts, que no despega en las encuestas de las europeas, amenazó ayer con forzar esta baza. Con la amnistía ya en el zurrón, a la espera de que salga publicada en el BOE, los junteros encarecieron el precio por su apoyo a Sánchez: facilitar la investidura de Carles Puigdemont. El día de las elecciones catalanas, Junts advirtió en esta línea, pero hasta ahora no había sido tan explícita. «Partiendo de la aritmética de que nadie tiene mayoría absoluta, entendemos que si (el PSOE) quiere que el acuerdo de Bruselas prospere, debe facilitar la investidura del presidente Puigdemont», afirmó ayer Toni Comín, candidato juntero en las elecciones europeas en declaraciones a la agencia Efe. O Puigdemont presidente o adiós al apoyo al Gobierno. Tras lograr la amnistía, Junts siente que no hay nada que le ate a Sánchez y puede lanzar un órdago, que los socialistas siempre han rechazado.

La sentencia puede cambiar el resultado electoral por un mínimo corrimiento de votos. Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos declarado culpable por haber cometido un delito (34, en su caso). No solo eso: el republicano es también el candidato de su partido a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y lidera las encuestas para volver a la Casa Blanca. Nunca antes un delincuente convicto ha sido candidato de un gran partido con opciones de ganar las elecciones. El histórico fallo del jurado popular contra Trump supone un terremoto sin precedentes en la política estadounidense, cuya onda expansiva es imprevisible. El republicano ya ha avanzado su intención de convertir al electorado en un nuevo jurado popular. “El verdadero veredicto será el 5 de noviembre por el pueblo”, fue una de las primeras frases que pronunció al salir del tribunal. Acababa de escuchar cómo el portavoz del jurado le declaraba culpable uno por uno de los 34 cargos que pesaban contra él por falsificación de facturas, cheques y registros contables para ocultar los pagos con que silenciar el escándalo de su relación con la actriz de cine porno Stormy Daniels, que amenazaba con arruinar su campaña en las elecciones presidenciales de 2016. Tras conocer el fallo del jurado, Trump llamó “corrupto” al juez encargado del caso y dijo, sin aportar prueba alguna, que el juicio “estaba amañado desde el primer día”. Los estadounidenses se ven abocados a optar el 5 de noviembre entre reelegir a un presidente claramente impopular o a un delincuente convicto. La legislación no impide elegir a un condenado.

México vivirá mañana un momento histórico. Casi con total probabilidad, la presidencia del país recaerá en manos de una mujer por primera vez en la historia. La sucesora de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas de forma holgada y obtendría la victoria con un 54% de las papeletas. Le sigue, aunque a distancia, con un 36% de los potenciales votos, la candidata del centro-derecha, Xóchitl Gálvez. En México no hay segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por lo que la candidata que gane mañana será la elegida para dirigir el país. Sheinbaum aboga por una política económica continuista, aunque comprometida con la “austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal”, según consta en su documento electoral 100 pasos para la transformación. La candidata de López Obrador asegura, además, que “se mantendrá la autonomía del Banco de México y el equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. No habrá condonación de impuestos a grandes contribuyentes y vamos a continuar el combate a la evasión fiscal”. En contraposición, Gálvez –que representa a la coalición Fuerza y Corazón por México, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)– apuesta por una política económica más liberal, con el foco puesto en las pymes y la inversión y la regla de cabecera de no gastar más de lo que se ingresa. Eso sí, se ha comprometido a no dar marcha atrás en el generoso programa de bienestar social puesto en marcha por López Obrador durante su mandato: “Vamos a echar a andar una política social que amplíe las capacidades de las personas para que puedan tener acceso a más oportunidades. Vamos a mantener los programas sociales, y los vamos a mejorar. En los programas sociales, ni un peso atrás”, asegura Gálvez en su programa electoral.

«Hamás tiene que aceptarlo», zanjó ayer Biden en una comparecencia desde la Casa Blanca para anunciar el plan de paz acordado con Israel. Netanyahu ha cedido a la presión de EE UU y ofrece seis semanas de alto el fuego, con la retirada de sus tropas de las zonas habitadas. En una segunda fase se abordaría la liberación de todos los rehenes vivos en manos de los islamistas y el tercer paso incluye un plan para abordar la reconstrucción de Gaza. Fuentes de Hamás aseguraban anoche que estudiarán «positivamente» la propuesta pero sin garantizar un sí a la oferta. Joe Biden abrazó ayer la última propuesta de alto fuego presentada por Israel a Catar y Egipto, y pidió a Hamás que la acepte para poner en marcha cuanto antes el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. El presidente de Estados Unidos clarificó que se trata de «una nueva propuesta integral. Es una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes». El problema es que, como se ha visto en los últimos ocho meses, en esta guerra la última palabra la tiene Benjamín Netanyahu y no Biden. Según las palabras del inquilino de la Casa Blanca, el texto propuesto por Israel a los mediadores «tiene tres fases: la primera duraría seis semanas. Incluiría un alto el fuego total y completo, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza, y la liberación de varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos». Entre los liberados en esta etapa estarían los ciudadanos norteamericanos que están desde el 7 de octubre en manos de los grupos palestinos. Biden aclaró que, durante esas primeras seis semanas, Israel y Hamás «negociarán los arreglos necesarios para llegar a la fase dos, que es el fin permanente de las hostilidades». Ésta es la exigencia número uno de los islamistas ante cualquier acuerdo, pero hasta el momento Israel siempre se ha negado a comprometerse al fin de su operación militar por lo que ha generado gran sorpresa escuchar a Biden decir expresamente que los israelíes aceptarían un «fin permanente» de la guerra.