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La caída de la natalidad todavía no ha tocado suelo. El año 2022 fue el ejercicio con menos alumbramientos en Euskadi desde que hay registros (1975), con apenas 13.613 bebés. Y todo apunta a que esa tendencia no se revirtió en 2023. Entre enero y septiembre, se anotó un descenso cercano al 3% con respecto al mismo período del ejercicio anterior. Hubo, según el balance del Eustat, menos nacimientos que en las mismas fechas del ejercicio anterior, el peor en casi medio siglo. Así, en los primeros nueve meses llegaron al mundo 9.839 bebés vivos en el País Vasco, 327 menos que en esos mismos tres trimestres de 2022. En Bizkaia, el desplome estuvo por encima de la media de la comunidad autónoma, cercano al 4%, con el nacimiento de apenas 4.926 niños. Queda, en cualquier caso, conocer los datos del último trimestre del año, que todavía no se han hecho públicos, para saber si 2023 acentúa definitivamente el descenso, o si consigue contenerlo. Y esa segunda posibilidad, con los precedentes que hay, parece difícil. La principal lectura que viene haciendo esta legislatura el Gobierno vasco, volcado en dar la vuelta a esta situación, es que el elevado precio de la vivienda y el empleo precario son factores determinantes a la hora de retrasar la edad de emancipación y, por tanto, de paternidad. Y es cierto que el porcentaje de mujeres que tiene hijos con 40 o más años (10,9%) ha ido aumentando, año tras año, y es muy parecido al de quienes son madres con entre 25 y 29 (13,3%). Pero tampoco debe olvidarse otra cuestión clave en el descenso de la natalidad: hay menos personas en edad fértil que hace cuatro décadas. Los demógrafos advierten desde hace tiempo de que es difícil que aumenten los nacimientos por la simple razón de que, en 1994, se alcanzó la tasa más baja de hijos por mujer, 0,9 frente al 1,28 actual. ¿Eso qué significa? Que entonces hubo pocos alumbramientos y que son quienes nacieron en esas fechas quienes están ahora en edad de tener bebés. De esa manera, esa primera gran caída de la natalidad a finales de los 80 y comienzos de los 90 provocará que, calculan, la curva siga bajando hasta 2030. ¿Y se puede frenar esa caída? La Administración autonómica está desplegando un paquete de medidas con las que aspira a conseguirlo, un plan de choque con el que pretenden «crear las condiciones favorables» para que los vascos tengan «los hijos que deseen», porque, como reflejan los datos del tercer trimestre de 2023, pero también los anteriores, más de la mitad de los bebés nacidos en Euskadi no tenían hermanos y, probablemente, muchos de ellos no llegarán a tenerlos. 

El diputado de Hacienda, Jokin Perona, abrió ayer en las Juntas Generales de Gipuzkoa lo que se conoce como la ponencia (el grupo de trabajo) de la próxima reforma fiscal. La suya fue la primera de unas sesenta intervenciones previstas a cargo de expertos locales e internacionales para que los junteros reciban toda la información sobre las corrientes fiscales más actuales y puedan así diseñar los cambios que consideren. En su alocución, Perona invitó a los grupos a abordar en la reforma «el reto de la emancipación de los jóvenes». No fue el único aspecto que subrayó el diputado foral de Hacienda, quien reconoció que el acceso a la vivienda o las oportunidades laborales y la retención de talento en Euskadi son otros de los capítulos que convendría poner sobre la mesa en esa reforma que «dé estabilidad y proporcione las bases del crecimiento de la próxima década», aseguró. «Cualquiera que sea el esquema fiscal que derive del trabajo que iniciamos hoy con esta reforma, esta deberá dotar de la garantía necesaria para poder acometer los retos socioeconómicos que tenemos entre manos», sentenció Perona. En este sentido, y tras resaltar –como hicieron la totalidad de los grupos presentes en la Cámara guipuzcoana– que uno de los aspectos a vigilar y a abordar cuanto antes es el del paro juvenil, el diputado puso el foco en el problema que supone el acceso a una vivienda digna.

ELA lleva tiempo centrando su estrategia en ensalzar las huelgas y su capacidad de sostenerlas con su potente caja de resistencia, su principal instrumento de ‘marketing’. Ayer reforzó esta apuesta con el mensaje de que eleva hasta los 1.389 euros mensuales la cantidad con la que cubrirá a sus afiliados cuando participen en un paro. El anuncio lo hizo el secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza, durante la presentación del informe sobre negociación colectiva en 2023. «A más huelgas, más y mejores convenios», proclamó durante su intervención. Destacó que ELA había liderado la conflictividad el año pasado al ser convocante del 70,5% de los paros mientras que el siguiente en el ránking, LAB, estaba a mucha distancia con el 29%. Ambas centrales nacionalistas mantienen un enconado enfrentamiento en la actualidad. Para ELA la caja de resistencia es su seña de identidad. Lakuntza, que estuvo acompañado por el responsable de negociación colectiva, Pello Igeregi, y la responsable de la federación de servicios, Mari Kruz Elkoro, aseguró que los convenios que había firmado el sindicato recogían una subida salarial media del 6,5%, muy por encima del 4,2% acordado por otras centrales. «La diferencia entre unos y otros está en las huelgas y el factor determinante es la caja de resistencia», afirmó. No obstante, cabría destacar que el convenio con más trabajadores afectados que firmó ELA el año pasado, el del Metal de Gipuzkoa, se saldó sin un solo día de huelga. En 2023 las huelgas convocadas por ELA se centraron especialmente en el sector público. 

La Televisión de Cataluña ha emitido en los últimos días una serie de informaciones en las que explica qué es el concierto económico vasco, cuáles son sus ventajas y, muy importante, cómo sería su aplicación en Cataluña. Una campaña, por lo tanto, sobre las bondades de este sistema de financiación que anhela del independentismo, y en un momento en el que las exigencias de Junts y ERC están siendo escuchadas de manera muy atenta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dada la importancia de sus votos. La serie de informaciones incluye piezas sobre cómo el Gobierno vasco gestiona los impuestos que se abonan en el territorio vasco, que esa riqueza no pasa al sistema común o que la financiación por habitante es «muy superior». Y para apoyar su explicación, la televisión autonómica catalana recurre a Pedro Luis Uriarte, que fue el presidente de la comisión que negoció el concierto con el Estado. Esto es, el padre del concierto vasco. «No somos una cuadrilla de aprovechateguis que está viviendo del dinero que nos dan los españoles. No. En el caso de Cataluña, si recauda más pues eso va... no se sabe dónde. En caso de País Vasco, si recauda más queda en el País Vasco», explica. El que posteriormente llegó a ser consejero delegado de BBVA ofrece siempre una visión muy positiva del concierto, afirmando que es incluso una cuestión clave para la estabilidad no sólo del País Vasco sino del conjunto de España, e incide igualmente en rechazar que los vascos se aprovechen del resto de España. Obvia, sin embargo, la indudable ventaja fiscal y el aumento de recursos que ofrece al País Vasco, y tampoco apunta que la comunidad vasca –al igual que Navarra– están fuera del sistema de financiación común. Que no aportan a la solidaridad interregional, que es precisamente lo que quiere el independentismo catalán.

El 63% de las personas que obtiene un certificado de profesionalidad a través de los cursos de Lanbide logra empleo en un año. Es lo que refleja la última encuesta realizada por el organismo público con los 9.355 egresados de 2021. El salario medio era de 1.214 euros al mes, aunque un alto porcentaje, sobre todo entre las mujeres, tenía contrato a tiempo parcial, con lo que el sueldo medio en ese caso quedaba en 676 euros. Las ramas sociosanitaria, hostelería y comercio son las que tienen más alumnos. La encuesta sobre los certificados profesionales se publica en un momento convulso en el que ha surgido un problema grave con el acceso de los inmigrantes ‘sin papeles’ a estas titulaciones, que suponen una puerta de acceso al mercado laboral al acreditar, de forma oficial, el conocimiento de una profesión. En Euskadi ha sido muy habitual incorporar a los extranjeros irregulares a esta formación y ahora no es posible por la nueva obligación de cotizar por las prácticas, ya sean remuneradas o no, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Lanbide está en negociaciones con el Ministerio de Seguridad Social para encontrar una solución. Según la encuesta publicada ayer, casi el 20% de los 9.355 egresados en 2021 eran personas ‘sin papeles’, con lo que sumaban unos 1.800. Pero si se incluye a los extranjeros ya regularizados, el porcentaje llegaba al 43%.

 Kutxabank destinó en 2023 financiación por valor de 2.116 millones de euros con sus criterios internos de sostenibilidad para proyectos sociales y que favorecen una economía baja en carbono e incrementó un 14,7% las operaciones aprobadas dentro de su marco de financiación sostenible. En concreto, el banco financió a empresas con más de 1.369 millones de euros principalmente para proyectos de generación e incorporación de energías renovables, de actividades que apuestan por la movilidad sostenible, o que promueven viviendas sociales, protegidas y energéticamente eficientes. En 2023 se suscribieron más de 512 millones para la promoción de viviendas con la más alta eficiencia energética o edificios ecológicos. Otros 522 millones de euros de dedicaron a operaciones referenciadas a variables de sostenibilidad, ya que determinadas condiciones de la financiación se vinculan a la evolución y consecución de objetivos de carácter medioambiental o social. Kutxabank ha indicado que, de esta forma, la entidad, además de contribuir al fortalecimiento de la estructura financiera de grandes compañías, apoya su transición hacia "una economía baja en carbono y hacia un modelo de negocio sostenible, gracias a la incorporación de criterios ASG en la financiación".  Ver nota Kutxabank

La empresa madrileña Bess Development ha solicitado permiso al Gobierno vasco para abrir dos centros de almacenamiento de electricidad (llamados en argot técnico ‘bess’) en Barakaldo y Güeñes. De salir adelante, estas instalaciones de baterías gigantes serían las primeras de Bizkaia. La única experiencia existente hasta ahora es una iniciativa de Iberdrola que construyó una ‘pila’ en los alrededores del parque eólico del monte Oiz de 3,5 MW de potencia. En el caso de Güeñes y Barakaldo, las dos infraestructuras que se quieren levantar tendrían una capacidad conjunta de 162 MW. ¿Qué son los bess? Se trata de edificios que contienen en su interior baterías enormes de litio ferrofosfato (LFP) capaces de conservar gran cantidad de fluido eléctrico y que casi siempre van asociados a proyectos de producción renovable (parques eólicos o solares). Su funcionamiento pasa por cargarse durante los momentos de gran producción (normalmente de día) para inyectar después a la red la energía guardada en el momento que hay picos de escasa o nula generación (noche). Estas ‘pilas’ resuelven uno de los problemas de las centrales de aerogeneradores y paneles solares, que tiene que ver con la fluctuación horaria en la producción. Su principal problema es que son caras. En el caso de los centros que se quieren abrir en Barakaldo y Güeñes (han sido bautizados como Retuerto y La Jara), el presupuesto entregado a la Administración autonómica es de 28 y 31 millones de euros, respectivamente. Es decir, Bess Development prevé invertir en esta operación casi 60 millones.

El diputado general de Álava, Ramiro González, puso ayer el acento en las empresas en su repaso del plan de revitalización de Ayala que analizó en las Juntas Generales. La comarca «es un motor económico de Álava y debe seguir siéndolo, aunque hay un clima que dificulta atraer empresas». Sin detenerse en detalles, quiso quedarse con algunos datos positivos, como que «algunas empresas tractoras –Tubos Reunidos– han remontado su situación y han llevado parte de su producción a la comarca, mientras otras están en proceso de aumentar plantilla». González cifró en un 60% la ejecución del plan porque «de los 10,8 millones que correspondían a la Diputación, se han ejecutado 6,4». Uno de los proyectos destacados es el Aiara Industrial Lab, para promover la creación de ‘start ups’ y desarrollar nuevas empresas. Se trata de una iniciativa de largo recorrido que cuenta con el respaldo de un convenio firmado con Gaia, la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología del País Vasco, que prevé invertir 250.000 euros en estudios piloto de ciberseguridad y tecnologías de inteligencia artificial. También existe un acuerdo de colaboración con Innobasque para «acelerar proyectos de innovación» con varias universidades y «ofrecer programas formativos». Entre estos, González destacó la creación de un aula inmersiva, un laboratorio industrial y otro de 3-D.

Ni las denuncias públicas ni la movilización social han derivado en un cambio sustancial que logre la igualdad laboral en Álava. Al echar la vista atrás se aprecian ciertos avances, pero los datos resultan reveladores. Las mujeres sólo ocupan 15 de los 50 cargos más relevantes del territorio y cobran hasta un tercio menos que ellos. Así lo denunció hace un año un informe de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava (AMPEA), que incidió además en que sólo el 21% de las empresas alavesas cuenta con un Plan de Igualdad pese a ser obligatorio. Con el objetivo de comprender estas cifras, AMPEA presentó ayer un estudio –continuación del documento anterior– que ahonda en las barreras específicas que dificultan el avance de las mujeres en el ámbito profesional. Asimismo, arrojó una decena de medidas para fomentar la igualdad de género entre instituciones, empresas y asociaciones, después de haber entrevistado a 54 empresarias de Vitoria, Montaña Alavesa, Añana, Rioja Alavesa, la Llanada y Ayala. Las conclusiones de estas sesiones evidencian que son necesarias más políticas de conciliación, puesto que «la difícil articulación entre trabajo y familia frena el ascenso en la carrera laboral». En esta línea, se apunta a la flexibilidad horaria, la promoción del teletrabajo, las ayudas para el cuidado de los hijos e, incluso, la posibilidad de tener una guardería en el trabajo o aulas de custodia. Reducir la brecha de género en el emprendimiento femenino y puestos directivos pasa por modificar muchos aspectos, pero en este camino es necesaria la «implicación de las instituciones públicas». 

Fin a la huelga en los colegios concertados. Los sindicatos desconvocaron esta pasada madrugada los paros previstos para este mes (arrancaban hoy mismo). Lo hicieron tras alcanzar un acuerdo con la patronal, del que se descolgó LAB, que permite devolver la normalidad a las aulas de 200 centros en los que estudian 130.000 alumnos. No obstante, fuentes sindicales recalcan que lo que se ha logrado no es un nuevo convenio, sino un acuerdo de fin de huelga. El próximo año volverán a la mesa de negociación. El documento firmado pasada la una de la madrugada responde a las principales reivindicaciones de los trabajadores. Se pueden resumir en tres puntos. Una subida salarial del 16% en el periodo 2021-2024, lo que garantiza recuperar el poder adquisitivo perdido desde que caducase el convenio, hace tres años; el blindaje del instrumento para la recolocación del personal; y medidas para aliviar la carga de trabajo (por ejemplo, una hora de clase menos a la semana). Los trabajadores también han rechazado la propuesta de la patronal, avalada por el Gobierno vasco, de homologar los salarios al de los trabajadores de la red pública en 2027, como han hecho en las ikastolas. Los sindicatos creían que eso les restaría capacidad de negociación en el futuro. El acuerdo pone fin, de esta manera, a una huelga que se ha alargado durante catorce jornadas de paros (trece en este curso), afectando al día a día de los 200 centros de iniciativa social que hay en Euskadi en los que estudian 130.000 alumnos. 

Los parques tecnológicos vascos gozan de una ocupación que supera el 90% gracias a las 660 empresas que están instaladas en sus diferentes espacios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y que acogen a 21.800 trabajadores. Con esos datos, la tensión del espacio apremia y las ampliaciones se hacen urgentes. Para ese cometido se ha autorizado la inversión de 18 millones de euros solamente en este año 2024. El esfuerzo supone duplicar el ratio de gasto destinado a estas actuaciones entre 2012 y 2022, que ascendió a 95 millones, según señaló ayer la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que junto a la presidenta del Parque Tecnológico de Euskadi, Estibaliz Hernáez, y su directora general, Itziar Epalza, presentaron ayer el balance del Plan Estratégico 2024. De las actuaciones previstas en los parques vascos destaca por su extensión la del parque alavés de Miñano, donde se prevé un crecimiento de casi un millón de metros cuadrados. La operación está condicionada por la autorización urbanística pendiente aún del Ayuntamiento de Vitoria, pero de momento en este año se han habilitado 2,2 millones de euros para comprar 139.000 metros cuadrados a la antigua Tuboplast que sirvan para iniciar el crecimiento. Entre los demandantes de espacio está la fábrica de baterías Basquevolt, que en 2025 requerirá una nave para avanzar en la fabricación industrial de sus celdas de baterías, y la creación de nuevos edificios para el centro vasco de ciberseguridad y de economía del dato. La mayor inversión está prevista en Bizkaia, con 10 millones de euros de ampliación de capital aprobados por el consejo de administración del parque tecnológico de este territorio que se destinarán a la reconstrucción del edificio de Lancor y Consoni en la isla de Zorrozarurre, que albergará el proyecto District Talent & Technology, promovido por Mondragón, Vicomtech e Ikerlan. 

Los costes de las explotaciones agrícolas y ganaderas vascas son hoy menores que hace un año. Según el informe del Observatorio de la Cadena de Valor de la Alimentación del Gobierno vasco, para el trigo se han reducido un 3%, al igual que la carne. Pero la mejora está muy lejos de compensar los incrementos del 30% y del 20% de 2022. Los sindicatos agrarios señalan ese desgaste del tejido al que además añaden la sequía o el coste de los seguros. Y es que las inclemencias meteorológicas han elevado los pagos a 10,3 millones, tal y como anunció ayer Agroseguro. Un techo histórico que se trasladará luego a las pólizas. Karlos Ibarrondo, del sindicato Enba, verbaliza la situación señalando que «gracias a las ayudas del Gobierno vasco y las diputaciones se salvaron muchas actividades, pero ha sido algo puntual porque los problemas de fondo siguen ahí, una estructura que hace inviable nuestra actividad». En la última década, las 5.448 explotaciones de vacuno que había en Euskadi son hoy 4.805. Y de 6.000 granjas en Bizkaia, solo 700 tienen titulares dedicados en exclusiva a la ganadería. Desde el sindicato agrario alavés, Uaga, señalan las mismas razones para explicar que la edad media de los titulares de una actividad sea de 58 años y que, además, ocho de cada diez no sean propietarios de la tierra que cultivan, con lo que deben pagar una renta por ella. No parece la mejor situación para el sector que alimenta a los vascos y que con su producción ya solo cubre el 30% de la carne que se consume en Euskadi y el 9% en el caso de las frutas y verduras. El ruido de los tractores en Francia, que está llegando ya a diversos puntos de España, se ha convertido en la ocasión perfecta que los baserritarras van a utilizar para insistir en sus demandas más estructurales. Así lo han entendido los sindicatos agrarios vascos Uaga, Ehne y Enba, que han convocado para hoy las primeras concentraciones en Álava. Unas protestas que arrancarán con marchas desde diversos lugares de la provincia hasta el polígono industrial de Júndiz, en Vitoria, donde pasarán la noche. Es justo donde tienen su sede dos de las plataformas logísticas más importantes del País Vasco, una de Eroski y la otra de Mercadona. Mañana acudirán frente a la sede del Gobierno vasco en el vitoriano barrio de Lakua. Y el viernes Ehne y Enba han convocado desde las nueve de la mañana diversas tractoradas que llegarán hasta el Ayuntamiento de Bilbao. En Gipuzkoa, en cambio, han desechado secundar estas movilizaciones.

La productividad es el factor determinante para que un grupo automovilístico confíe en una planta española en lugar de en una francesa, alemana o polaca. Este concepto no sólo abarca el salario (que también), sino que trasciende a detalles como la logística, transporte, conflictividad laboral, ayudas por parte de los gobiernos y también llega al absentismo, un factor que sitúa a España en desventaja. Según el último informe sobre absentismo, siniestralidad laboral y enfermedades profesionales de Adecco, con datos del tercer trimestre del año pasado, el sector de fabricación de vehículos fue el segundo con mayor tasa de absentismo nacional, con un 11,2% –sólo por detrás de las actividades sanitarias, con un 12,2%–, situándose muy por delante de la media nacional del 7% (tres décimas más que en el trimestre anterior y también que en el mismo período de 2022) y del 6,1% contabilizado en la actividad de venta y reparación de vehículos. De hecho, la tasa de absentismo en las fábricas españolas de coches se ha duplicado en los últimos diez años, pasando de poco más del 4,6% en 2012 al 8,2% con el que se cerró 2022 y se triplica si se compara con el 11,2% con el que finalizó el tercer trimestre del año pasado. La tasa interanual de absentismo en el sector no ha parado de crecer en los últimos diez años. Esta situación ha hecho levantar la voz a la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). El presidente de Anfac, Wayne Griffiths, tiene esta elevada tasa en el punto de mira, señalando que el absentismo es uno de los principales lastres para la competitividad de las factorías españolas.

La planta de Ford Almussafes recibió una buena señal de parte de la dirección de la compañía en Europa por primera vez en mucho tiempo. Según informó ayer UGT, el sindicato mayoritario en la factoría, la automovilística está “trabajando en una alternativa para solucionar el problema” de la falta de modelos en la fábrica de Valencia, “ante la incertidumbre que genera el coche eléctrico en la actualidad”. Esas palabras, que pertenecen al vicepresidente de Ford Europa, Kieran Caghill, traen algo de calma a una planta que el año pasado sufrió un ERE que afectó a más de 1.100 personas y que teme otro este año ante la falta de carga de trabajo. A partir del segundo trimestre, Almussafes solo producirá el Kuga, un modelo de éxito, pero incapaz por sí solo de justificar la existencia de una plantilla de 4.700 empleados. UGT explicó que la automovilística estadounidense dará más detalles al respecto en abril, cuando los representantes de los trabajadores se reúnan con la dirección mundial de Ford. “Esta situación supone un cambio con respecto al mutismo de la dirección europea durante los últimos meses. Desde UGT esperamos que signifique un punto de inflexión hacia la solución que venimos demandando, ya que el acuerdo por la electrificación compromete a la compañía con el futuro de Ford Almussafes (...). En palabras del vicepresidente de Ford Europa, el problema está en vías de solución”, celebró el sindicato, que el pasado noviembre alertaba de que la planta se encontraba en “el alambre”. Esto se debió entonces a que la empresa había decidido “aplazar cualquier decisión que tenga que ver con inversiones relacionadas con la electrificación”.

La ministra para la Transición Ecológica señaló ayer a la gran banca por su papel protagonista en la financiación de un sistema energético completamente verde: «El sector financiero necesita hacer su propia reflexión sobre qué representa para él la descarbonización». El aviso a navegantes fue concretado en una iniciativa que, según anticipó Ribera, está ultimando el Ministerio. «Un libro sobre finanzas sostenibles que nos permita orientar cómo y dónde disponemos de recursos (financieros)», anunció en su discurso de apertura del XII Simposio Empresarial de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), que se celebró en el auditorio de La Pedrera en Barcelona. Ribera matizó que el documento que están elaborando en la cartera busca favorecer, con el foco en el sector bancario, «no cometer errores y quedar atrapados en unas inversiones cargadas de un CO2 que pueda generar dificultades de retorno con respecto a las expectativas iniciales». Pero también «para facilitar la transformación del conjunto del sistema energético e industrial». No es la primera vez que la máxima responsable de política energética colabora en un documento con esta temática. Hace un año, ya participó en la elaboración del libro Finanzas Sostenibles: un compromiso ambiental, social y de buen gobierno, impulsado por Funseam. Esta vez, ha afrontado el asunto desde la propia cartera.

Las acciones de Banco Santander lideraron ayer las caídas del Ibex 35 con un desplome del 5%, que llevaron al selectivo a perder un 1,2% y a liderar las caídas en Europa. ¿La causa? La noticia de apertura del prestigioso diario Financial Times, en la que se acusa a la entidad española de haber facilitado una cuenta bancaria que fue usada por el régimen de Irán para saltarse las sanciones internacionales. Según el FT, Irán habría utilizado cuentas de Santander UK y Lloyds para mover fondos saltándose el veto que hay contra el régimen de Teherán por sus programas de desarrollo nuclear. Al parecer, un cliente británico de Santander, la sociedad Pisco UK habría recibido dinero desde el extranjero (China, principalmente). El problema es que esta sociedad estaría participada por una empresa estatal iraní (Petrochemical Commercial Company), gracias a la utilización de testaferros. Unas acusaciones que fueron desmentidas por la entidad. “Banco Santander no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros de acuerdo con nuestra investigación. El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones. Santander continuará colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses”, señalaron fuentes de la entidad.

Acerinox pagará 798 millones de dólares (740 millones de euros) para hacerse con el 100% del fabricante de aleaciones de alto rendimiento americano Haynes International. Esta operación refuerza la presencia del grupo español en el negocio de las aleaciones de alto rendimiento, en el que está presente desde 2020 cuando adquirió la alemana VDM Metals. También aumenta la presencia de Acerinox en Estados Unidos, un mercado donde su participada North American Stainless (NAS) es líder en la producción de acero inoxidable y genera casi la mitad de los ingresos del grupo español. La filial americana de Acerinox, que tiene su sede en Kentucky, adquirirá todas las acciones de Haynes a 61 dólares en efectivo (56,54 euros), con una prima cercana al 22% sobre la cotización media ponderada por volumen de los últimos seis meses. Ayer, a media sesión, Haynes subía un 6,49% en el Nasdaq, rondando los 59,75 dólares. Acerinox ganó en Bolsa un 3,8%. La operación valora el total de la empresa de Kokomo (Indiana) en 970 millones de dólares. Completada la transacción, aprobada por los respectivos consejos de administración, Haynes pasará a ser una filial controlada en su integridad por Acerinox y dejará de cotizar en el Nasdaq.

El PSOE y Sumar, la coalición de Gobierno, ya están metidos en otro enfrentamiento. En esta ocasión, por la posibilidad de que, en el contrato a tiempo parcial, las empresas puedan reducir la jornada y el salario, y que puedan hacerlo sin contar con el trabajador. Es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, recogida en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Trabajo quiere prohibir que las empresas puedan hacer este cambio sin acuerdo con el empleado a tiempo parcial. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, informó ayer de que el Consejo de Ministros aprobará hoy la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y fiables, en la que figura esta reforma del contrato a tiempo parcial. También la subida en un 5% del salario mínimo interprofesional para 2024. Hasta 1.134 euros al mes ó 15.876 euros al año. Pérez Rey explicó que “no hay acuerdo” con el PSOE en una cuestión que el Ministerio considera “fundamental”: impedir que las empresas puedan rebajar unilateralmente a los trabajadores a tiempo parcial su jornada y su salario. Tras una reunión con la patronal y los sindicatos sobre la reforma del subsidio del desempleo, el responsable de Empleo explicó que “para nosotros [el Ministerio de Trabajo] es esencial que, en el marco de la transposición de la directiva comunitaria, se incorpore una regla que, igual que se impide transformar unilateralmente por la empresa un contrato de tiempo completo a tiempo parcial o viceversa, impida rebajar la jornada con descenso del salario o ampliarla”, dijo Pérez Rey. El secretario de Estado defendió la necesidad de garantizar los derechos de las trabajadoras a tiempo parcial.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reconocido que uno de los puntos principales sobre los que conversó ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el de la reducción de la jornada laboral, y que este le ha trasladado su deseo de que la patronal se sume a la medida. “El PSOE, el propio presidente del Gobierno, en todo caso, también sitúa la necesidad de que eso se haga con el máximo consenso posible, sobre todo por lo que hace referencia a CEOE”, ha declarado el líder sindical, tras una reunión de algo más de una hora de duración, y que se ha desarrollado con el objetivo de analizar el momento político, económico y social, y el de debatir acerca de las distintas propuestas planteadas para esta legislatura. “La jornada laboral es uno de los retos fundamentales. Después de 40 años toca reducir el tiempo de trabajo en nuestro país y en ese sentido ir a la jornada de 37,5 horas nos parece muy importante”, ha indicado Álvarez. Hace algo más de una semana, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tomó la decisión de delegar en los sindicatos (UGT y CC OO) y las organizaciones patronales (CEOE y Cepyme) la responsabilidad de alcanzar un acuerdo común que desembocase en la reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales hasta las 38,5 horas en 2024, y las 37,5 en 2025. “Estamos en la parte inicial del diálogo. Somos consciente de que las medidas de reducción de jornada tienen que tener en cuenta las particularidades de cada sector”, indicó el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey al término del encuentro. 

La organización de los países desarrollados prevé que el crecimiento mundial ronde este año el 2,9%, dos décimas menos que en 2023, pero aun así dos décimas superior al que vaticinaba en noviembre pasado (2,7%), todavía bajo el influjo del encarecimiento de la financiación y de las turbulencias internacionales. Así lo recoge el último informe de perspectivas de la organización, publicado ayer, que muestra que la partitura de la desaceleración sonará con muchos más decibelios en Europa que en otras grandes economías mundiales. De hecho, mientras que ha revisado con fuerza al alza el crecimiento de EEUU este año, hasta el 2,1% frente al 1,5% que auguraba en su informe de noviembre, ha aplicado la tijera casi con el mismo vigor a la zona euro, que en 2024 apenas crecerá un anémico 0,6%, tres décimas menos de lo que esperaba hace tres meses. La OCDE cree que la actividad se verá “frenada por las estrictas condiciones crediticias en el corto plazo”, con las dos mayores economías del bloque renqueando. El PIB alemán solo crecerá un 0,3% en 2024, en contraste con el 0,6% que la OCDE preveía en noviembre, mientras que Francia lo hará un 0,6%, dos décimas menos que lo pronosticado entonces. En el marco de este erial europeo, España se erige como el principal sostén económico del bloque de la moneda única, seguida de lejos por Italia, que crecerá un 0,7%. La OCDE prevé que el PIB español crezca este año un 1,5%, una décima más de lo augurado en noviembre, y más del doble que en el conjunto de la eurozona, aunque claramente por debajo del 2% que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La eurozona mantiene su estancamiento en el arranque del año, lastrada fundamentalmente por Francia y Alemania, mientras que Italia y, sobre todo, España, registran un cierto crecimiento, lo que probablemente evitará que la región vuelva a entrar en contracción, como sucedió entre julio y septiembre del año pasado. Aunque las cifras son algo mejores que las de algunos meses atrás, lo que salvaría a la unión monetaria de volver a caer en terreno negativo en el primer trimestre, hay varias señales de alerta que podrían indicar que la mejora de perspectivas es algo limitada, como es el caso de las crecientes presiones inflacionistas en enero o la progresiva caída en la entrada de nuevos pedidos en los últimos meses. De acuerdo con los datos del índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) que publicó ayer S&P Global, la economía de la eurozona estaría empezando a dar señales positivas en el arranque del año, al registrar 47,9 puntos en enero, tres décimas más que el mes anterior y 1,4 enteros más que en octubre, si bien las cifras quedan todavía por debajo del umbral de los 50 puntos que marcan la frontera entre el crecimiento y el deterioro económico. Sin embargo, esta evolución no es nada homogénea, ya que “la tendencia positiva de España e Italia actúa como contrafuerza y mitiga parcialmente los declives registrados en Alemania y Francia”, explica Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del estudio. En concreto, España lidera la clasificación del PMI entre los grandes países europeos, con un dato de 51,5 puntos en enero, que de mantenerse a lo largo de los próximos meses equivaldrían a un crecimiento de la actividad en torno a un 0,1% o un 0,2% en el primer trimestre con respecto al cierre del año anterior. 

Estados Unidos despidió 2023 con una inflación del 3,4%, prácticamente la mitad que en 2022 (6,7%) pero todavía lejos del objetivo de la Fed de devolver la cesta de la compra al entorno del 2%. Sin embargo, la OCDE considera que las autoridades económicas estadounidenses lograrán embridar la inflación hasta el 2,2% este año, antes de reducirla al 2% en 2025. A juicio de la organización, que agrupa a los países industrializados, esto abre la puerta a que la Reserva Federal comience a bajar los tipos de interés ya en la primera mitad de este año. “Existe margen para empezar a reducir las tasas nominales de política monetaria siempre que la inflación siga disminuyendo”, afirmó ayer la OCDE en su último informe de perspectivas sobre la economía mundial, en el que pronostica que los recortes de tipos “comenzarán en EEUU y la zona del euro en el segundo y tercer trimestres de 2024, respectivamente”. No obstante, la organización cree que “la postura política debería seguir siendo restrictiva durante algún tiempo”. En otras palabras, bajadas sí, pero de forma gradual y con cautela: “Según baja la inflación, los tipos de interés pueden y deben bajar, pero las políticas monetarias deben ser prudentes”, advirtió ayer la economista jefe de la OCDE, Clare Lombardelli.