20240523

La patronal vizcaína Cebek se está atascando en su intento de incorporar a ELA, LAB, CC OO y UGT en el acuerdo para impulsar su plan de pensiones de empleo. La EPSV que según ha confirmado El Correo nace con el nombre de Etorkizuna pretende ser una figura análoga a la de Geroa en Gipuzkoa. Es decir, una entidad a la que aporten empresas y empleados según se acuerde en los respectivos convenios laborales para generar fondos con los que complementar la pensión de jubilación. El objetivo es llegar así a 140.000 trabajadores avanzando en la generalización del sistema de previsión social voluntaria en Bizkaia. La cuestión es que a pesar de las reuniones que ha mantenido Cebek con los cuatro sindicatos principales solo cuenta con el respaldo de CC OO. Así se evidenció el mes pasado cuando se ratificó la EPSV en la construcción. Este sector ha sido el primero en dar el paso tras firmar el convenio que afecta a 16.000 trabajadores e incorporar el acuerdo del marco nacional del sector que incluía el plan de pensiones. En la extensión de esta EPSV a los demás sectores es donde están apareciendo las dificultades para incorporar al resto de sindicatos. Y es que mientras en la construcción el mayoritario es CC OO en el resto del mercado laboral vizcaíno ELA es con diferencia la central con más representación. El sindicato dirigido por Mitxel Lakuntza no comparte el planteamiento de la EPSV Etorkizuna tal y como se recoge en los estatutos aprobados por Cebek. Para ELA, el primer obstáculo reside en que la figura viene impulsada por la negociación colectiva y la legislación de España. Además desconfían de un sistema de pensiones que no sea público al 100%. La fórmula de acceder al ahorro que los trabajadores han generado con sus aportaciones y las de las empresas es otra de las claves para ELA. Exige que el rescate sea solo en forma de renta al llegar a la jubilación. Las EPSV deben estar gobernadas por la representación de los socios, empresas y trabajadores que suscriban los convenios. Desde la patronal vizcaína aseguran que seguirán intentado el acuerdo, pero que a pesar de todo tienen el sistema de gobernanza muy avanzado y lanzarán Etorkizuna «en las próximas semanas con los que quieran participar». En Álava, la patronal SEA ha cerrado el convenio de la construcción acogiéndose al plan de pensiones habilitado en toda España, pero reservando la posibilidad de lanzar una figura propia.

ELA respondió ayer a las críticas lanzadas por el presidente de Kutxabank, Anton Arriola, sobre «los sueldos extremadamente bajos que se pagan a los jóvenes». El sindicato le tachó de «incoherente» al recordar que la entidad paga a los que comienzan 25.083 euros, y «en realidad ni eso porque la mayoría está con contratos de formación y solo perciben 22.106». Arriola realizó estas controvertidas declaraciones el lunes durante una intervención en el Guggenheim en una jornada sobre ‘Confluencia Educación-Empresa’ en la que se debatía sobre cómo atraer talento a Euskadi. El presidente de Kutxabank aseguró en ese foro que los salarios de los jóvenes son muy bajos, lo que provoca fuga de talento. En su discurso hizo una mención específica a las reducidas remuneraciones que se abonan en gran parte de los servicios y «en entidades como las ‘big four’, las cuatro grandes firmas de auditoría y consultoría (Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG). En contraste, sacó pecho de que Kutxabank paga más de 31.000 euros a los jóvenes que llevan más de dos años en la entidad, una cantidad que llega a los 35.000 si se incluyen las aportaciones a los planes de previsión y otros beneficios sociales. Precisó, asimismo, que entre 2022 y 2024 se ha aumentado un 14% la retribución en este segmento y en el caso de los contratos en prácticas, un 17%.  ELA aseguró que el primer año los jóvenes cobran el salario más bajo de la entidad, 25.083 euros, aunque en realidad reciben el 82%, 22.106, porque tienen un contrato de formación. «Esto supone que perciben el mismo salario que recibía hace 35 años una persona que entonces empezaba en Kutxabank», criticó el sindicato. En referencia a la fuga de talento, ELA señala que en el caso de Kutxabank ronda el 25% del personal con contrato fijo. Recordó, además, que el banco ganó 510 millones el año pasado y 120 millones en el primer trimestre de este ejercicio, un 8,5% más. Ver nota de ELA. 

Creada hace ahora 48 años y pionera en el capital riesgo, apenas ha tenido crecimiento en las dos últimas décadas. Así lo han confirmado fuentes de toda solvencia que apuntan a que hace ya algún tiempo que se iniciaron las conversaciones y todo apunta a que pueden concluir con éxito. Talde nació en 1976 como iniciativa de la Caja de Ahorros Vizcaína y del Banco Vizcaya, junto a un grupo de empresarios vascos, con el objetivo de conseguir fondos e invertirlos en empresas. Una actividad que hoy se ha convertido en algo muy habitual pero que en aquellos momentos sonaba extraño ya que había una gran brecha de separación entre las grandes inversiones –en muchos casos protagonizadas por entidades financieras– y las empresas familiares. Talde tiene en la ac- tualidad una cifra superior a los 350 millones de euros en diversos fondos –además de participaciones en pequeñas y medianas empresas también tiene posiciones en deuda corporativa– y Kutxabank posee aproximadamente el 25% de su capital social. Al menos un 70% está en manos de un grupo de profesionales que trabajan en la empresa, encabezados por su presidente, el exresponsable de las finanzas del Partido Nacionalista Vasco, José María Zalbidegoitia. Todo apunta a que con esta compra Kutxabank quiere reforzar una pata de la actividad financiera de la que se mantiene bastante alejado desde hace años: la inversión en empresas. En este caso no de forma directa sino como gestor de los recursos de otros que han depositado su patrimonio en manos de Talde. La incorporación permitiría a Kutxabank disponer de un equipo de analistas de inversiones muy rodado, un tipo de profesionales que tampoco abundan en el banco vasco.

Aunque la teoría general e incluso la práctica real del Estado es intentar prolongar la vida laboral de los trabajadores, la Diputación de Bizkaia no parece dispuesta a colaborar en esa estrategia. Así, el Ejecutivo foral ha obligado a un grupo de inspectores de Hacienda –media docena, al parecer– a abandonar recientemente sus empleos pese a que habían mostrado su deseo de seguir en activo. Les ha aplicado la jubilación forzosa tras cumplir los 65 años y después de un largo proceso de tiras y aflojas y de recursos judiciales. Más allá de la decisión de forzar su salida, que es legal de acuerdo con la actual normativa que afecta a los funcionarios públicos en Euskadi, la decisión ha generado un notable malestar en el colectivo afectado. La razón es simple: mientras se aplica la jubilación forzosa a los 65 años a los funcionarios, los cargos de confianza pueden seguir sin problema alguno y sin límites. Sin ir más lejos, destacan, se encuentra en esta situación el director de Función Pública –el encargado de enseñar la puerta de salida a los que tiene que irse–, César González Heredia, que tiene en la actualidad 67 años. Y añaden que «no es el único caso ni el más sangrante». La legislación que regula el empleo público en Euskadi reconoce la jubilación forzosa de los funcionarios al cumplir los 65 años, pero admite que pueden prolongar su actividad hasta los 70 años, dejando en manos de cada institución la regulación concreta de esta prórroga. Tradicionalmente, los inspectores de Hacienda –que tienen las remuneraciones más elevadas de la escala de funcionarios forales– optaban por solicitar su continuidad. En un buen número de casos, la Diputación negó las solicitudes y los afectados recurrieron a los tribunales de Justicia para reclamar lo que consideraban un derecho. Las sentencias que condenaban a su readmisión se fueron agolpando hasta que hace un par de años el Ejecutivo foral aprobó una normativa propia para ponerle coto a esta situación. 

El tráfico acumulado en el Puerto de Bilbao durante el primer cuatrimestre del año ha crecido un 9,8%. En total, según la estadística mensual del Ministerio de Transporte, se han realizado cargas, descargas, traslados y transbordos de 11,56 millones de toneladas, frente a las 10,53 movilizadas en el mismo periodo de 2023. Esto supone multiplicar cuatro veces y media el porcentaje de subida en toda España, que fue del 2,2% (185 millones de toneladas). En lo que va de año el tráfico portuario de Bilbao ocupa la quinta posición en movilidad de carga de los 28 puertos de interés general españoles. La Bahía de Algeciras, con casi 36 millones de toneladas, está en primera posición, seguida por Valencia (26,28), Barcelona (22,77) y Cartagena (12,43). La mejora vivida se sustenta sobre los tráficos desviados fruto de la crisis del mar Rojo, «gracias a la capacidad de las infraestructuras y a la eficiencia de los servicios portuarios para hacer frente a los picos puntuales de la actividad», justificaron en el organismo estatal. Mientras, El Puerto de Pasaia ha movido un total de 1.121.677 toneladas en el primer cuatrimestre del año, un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior, aunque si ponemos tan solo el foco en el mes de abril, la dársena guipuzcoana registra un aumento del 2,1%. 

Los ayuntamientos de Azpeitia, Zestoa y Errezil, gobernados por EH Bildu, han recurrido el parque eólico proyectado por la noruega Statkraft para abastecer a 24.300 hogares. Con este, ya son cinco los proyectos eólicos enmendados en Gipuzkoa. Los principales partidos vascos llevan meses defendiendo en público la necesidad de fomentar energías renovables en plena crisis energética y hasta PNV, EH Bildu y PSE aprobaron a principios de año en el Parlamento Vasco la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Pero la realidad de los hechos evidencia que en los distintos municipios de Gipuzkoa donde se proyectan parques eólicos, se han presentado alegaciones de todas estas formaciones para paralizar los aerogeneradores. Las últimas, las presentadas ayer por tres ayuntamientos de EH Bildu (Azpeitia, Zestoa y Errezil) contra el proyecto de parque eólico de Piaspe, el más importante de los proyectados en el territorio y que pretende alimentar de electricidad limpia a unos 24.300 hogares.

La patronal CEOE, que también agrupa a Cepyme y a ATA, respondió ayer con mucha dureza a la decisión del Gobierno de dar prioridad a las decisiones salariales de los convenios autonómicos y provinciales frente a los de ámbito nacional. También contestó a la propuesta del Ejecutivo de favorecer la presencia de Pimec, la patronal de la pyme catalana, en el Consejo Económico y Social. Fue la respuesta de los empresarios a estos preceptos, que contiene el real decreto ley de reforma del subsidio por desempleo, que el Consejo de Ministros aprobó el martes y publicó ayer el Boletín Oficial del Estado . Las tres organizaciones empresariales, agrupadas en CEOE, acusaron al Gobierno de “querer romper el diálogo social, atentar contra la unidad de mercado, intervenir en la negociación colectiva y saltarse el papel que da el artículo 7 de la Constitución a los agentes sociales”. Con la prevalencia, o la prioridad salarial de los convenios autonómicos y provinciales, el Gobierno cumple el acuerdo con el PNV de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para esta legislatura. Pero las empresas piensan otra cosa, porque “modifica de forma radical la estructura de la negociación colectiva para dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicos y provinciales”. Por lo tanto, CEOE, Cepyme y ATA, que es la organización de autónomos de la patronal, afirman que “el Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores”. Es decir, la negociación colectiva. Ver nota CEOE. 

Impulsar una normativa fiscal que fomente el desarrollo de las empresas cooperativas y empuje el desarrollo del tejido cooperativo. Es el mensaje que lanzó ayer la presidenta de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop), Rosa Lavín, durante la asamblea general celebrada ayer en Bilbao, que contó con la presencia del lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu. «Reivindicamos la necesidad de que se mantenga un régimen fiscal cooperativo que favorezca la estabilidad, fortalecimiento y productividad de las empresas cooperativas existentes y fomente el surgimiento de nuevas cooperativas. Es fundamental dotar a nuestras empresas de los instrumentos de financiación y fiscalidad necesarios para competir por la calidad de nuestros servicios y productos», remarcó Lavín. La presidenta de Konfekoop señaló también el importante peso específico de la industria dentro del cooperativismo vasco, sobre todo en Gipuzkoa, y su alta tasa de innovación, por lo que aseguró que «vivimos este retorno de la política industrial con especial interés». Urkullu, por su parte, hizo mención al balance del último año, que ha sido presentado esta semana, y lo calificó de «positivo» con 150 nuevas cooperativas, donde también ha crecido el empleo, hasta llegar a un total de 62.000 personas trabajando en las cooperativas vascas. En este sentido, animó a Konfekoop a seguir «arraigando y extendiendo el modelo de cooperación» en Euskadi y en el mundo, «creciendo y generando oportunidades de empleo».

Aunque formalmente las negociaciones entre PNV y PSE-EE se centran por ahora en el programa de gobierno, los socios de la coalición empiezan a esbozar en paralelo la estructura del Gabinete que presidirá Imanol Pradales. Las dos partes deben recalcular el equilibrio de fuerzas tras los resultados de las elecciones de abril, cuando los jeltzales perdieron cuatro escaños y los socialistas ganaron dos. Una de las alternativas que están estudiando, según ha podido saber EL CORREO, pasa por ampliar el número de departamentos y atribuir más carteras a cada partido en un nuevo organigrama que busca ser «más coherente». Desde que en 2016 regresaron a la política de alianzas que ya probaron a finales del pasado siglo, los socios han repetido esquema durante dos mandatos: sendos gobiernos con once departamentos, de los cuales ocho han sido para el PNV y tres para el PSE-EE. La única diferencia, además de algunos retoques en el reparto de competencias, fue la recuperación en 2020 de la figura del vicelehendakari –ya existió entre 1980 y 2009– y la asignación de uno de esos cargos a cada partido. De cara a la nueva legislatura, en la que se espera una importante renovación de caras, se aumentaría el número de consejerías. En democracia, la estructura del Ejecutivo autonómico ha oscilado entre las ocho carteras que Iñigo Urkullu estableció para su primer y único mandato en solitario –un signo de austeridad en plena crisis económica– y las catorce que llegó a tener el bipartito PNV-PSE a comienzos de los 90 con José Antonio Ardanza al frente. La actual composición, por tanto, se encuentra en un término medio con margen para verse ampliada.

Amazon Web Services (AWS) anunció ayer una inversión en Aragón de 15.700 millones de euros de aquí a 2033 para ampliar sus tres centros de datos actuales y añadir un cuarto en Zaragoza, lo que significa la mayor inversión en la historia de la comunidad. AWS declaró Aragón una de sus regiones estratégicas hace ya casi cinco años, pero la inversión final supone sextuplicar su apuesta inicial. La sonrisa flecha, símbolo de Amazon, se estampará en el producto interior bruto (PIB) de Aragón. Amazon Web Services (AWS), la filial tecnológica del gigante estadounidense, anunció ayer una inversión de 15.700 millones de euros en la comunidad aragonesa hasta 2033. Se trata de la mayor inversión tecnológica en el sur de Europa y probablemente la mayor anunciada nunca en España. Para hacerse una idea de la dimensión del plan de Amazon, el proyecto de Volkswagen para electrificar sus fábricas de coches en la península, considerada hasta ahora la mayor inversión de una empresa extranjera en España, cuenta con un presupuesto de 10.000 millones. Por eso, la presentación del proyecto fue celebrada ayer a bombo y platillo por el presidente de la comunidad, Jorge Azcón, junto a las principales responsables de la multinacional en España y de infraestructuras de Amazon en Europa —Suzana Curic y Niamh Gallagher—. El proyecto supone ampliar las tres infraestructuras que la compañía fundada por Jeff Bezos tiene en Aragón (en El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego junto a Zaragoza y Plhus, en Huesca) para construir la mayor red de centros de datos del sur de Europa. Estas colmenas de servidores son fundamentales para el almacenamiento de datos en la nube y para la computación de internet. La multinacional construirá un edificio operativo en Zaragoza. En total, las instalaciones digitales ocuparán más de 350 hectáreas en la región, según datos de la compañía, que aspira a crear 6.800 nuevos puestos de trabajo. “Es la inversión más importante que se ha hecho en la historia de la comunidad autónoma y la más importante que se va a hacer en Europa en los próximos años”, subrayó ayer Azcón.

BBVA intenta de nuevo una operación de absorción de Sabadell casi cuatro años después de su intento fallido. En esta ocasión lo hace contra la opinión del consejo de Sabadell. Hace seis años que Onur Genç (1974) es el consejero delegado de BBVA, bajo la presidencia de Carlos Torres. En este periodo, los dos banqueros han encabezado decisiones estratégicas para el banco: la venta del negocio minorista en Estados Unidos y la compra de hasta un 86% del capital de Garanti. Al tiempo, BBVA ha sido pionero al iniciar una decidida política de recompra de acciones para elevar la cotización. El banco afronta ahora una llamativa operación: opa sobre Sabadell. "Sin duda, que los más de 200.000 accionistas de Banco Sabadell puedan decidir, es lo correcto. No hemos tomado la decisión fácil, sino la decisión que creemos acertada. Esta transacción se describe como hostil, pero nuestra aproximación siempre ha sido amistosa y lo sigue siendo. Dar a los accionistas la posibilidad de decidir es lo contrario a algo hostil. Y sí, confiamos en que salga adelante y respalden la operación. Los accionistas de Banco Sabadell se benefician de una prima muy relevante (del 30% frente a la cotización del 29 de abril y del 50% frente a los precios a mediados de abril y a la media de los últimos tres meses) y pueden capturar más valor a futuro a través de la participación en el 16% de la entidad combinada. Por su parte, los accionistas de BBVA consiguen retornos relevantes de la inversión (ROIC del 20%) con un impacto en capital muy limitado (-30 puntos básicos). Además mantenemos una remuneración atractiva, con un pay out de entre el 40% y el 50%, y nuestro compromiso de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%. Lo que la experiencia demuestra es que cuando una oferta es atractiva, triunfa..."

El consejo de administración de Mediaset España acordó ayer nombrar a la exministra socialista de Ciencia e Innovación entre 2008 y 2011, y actual presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, como nueva presidenta del grupo audiovisual, casi cinco meses después de la salida de su predecesor en el cargo, Borja Prado. Cristina Garmendia era consejera independiente del grupo desde diciembre de 2017 y miembro de la comisión de nombramientos y retribuciones y de la comisión de auditoría y cumplimiento de la sociedad. Doctora en Ciencias Biológicas y MBA por el IESE, Cristina Garmendia (San Sebastián, Guipúzcoa, 1962) es en la actualidad presidenta de la Fundación Cotec, organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y forma parte de diversos consejos asesores, como el de Unicef, y de varios consejos de universidades. Garmendia también es consejera independiente en los consejos de administración de CaixaBank y Logista, donde ocupa el cargo de vicepresidenta, y consejera dominical en Ysios Capital Partners. También es miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea.

El sector turístico español está demostrando ser uno de los pilares de la economía nacional, con constantes récords de visitantes, gasto y actividad. Ello no significa que todavía no le quede camino por recorrer para tener aún mucho más músculo. Un artículo publicado por el Banco de España así lo considera, al detectar que hay “margen de mejora” en algunas cuestiones concretas. Pero del mismo modo que le ve potencialidades, la institución también le achaca posibles debilidades, debido a “algunos desafíos de gran calado que no conviene minusvalorar”. Son unas flaquezas que provocan que las perspectivas del sector estén “rodeadas de una elevada incertidumbre”. Curiosamente, esta incertidumbre beneficia al sector por otro flanco; a otros destinos teóricamente rivales les está afectando la zozobra geopolítica: “España es destino seguro y le confiere cierta ventaja frente a otros competidores del Mediterráneo oriental, como Egipto”. Empezando por las posibilidades de mejora, cabe señalar que estas no provienen por el lado de la oferta, sino por el de la demanda. Es debido a que el Banco de España ha identificado que, si bien casi todos los segmentos de la demanda ya han recuperado, e incluso superado con creces, los niveles prepandemia, hay dos que todavía no lo han hecho. El primero, el turismo de negocios, que tal como explica el artículo, “en 2023 se encontraba casi un 3% por debajo de los niveles previos a la pandemia y que, además, presenta un patrón menos estacional que el turismo de ocio y vacaciones”.

La desaceleración en las ventas de automóviles eléctricos está teniendo un efecto en la producción de este tipo de modelos. En concreto, las plantas españolas recortaron casi un 15% la fabricación de vehículos eléctricos en el primer cuatrimestre del año en comparación con 2023. Las cifras publicadas ayer por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ponen de manifiesto que los modelos eléctricos no están teniendo el tirón previsto en el mercado, pese a que los volúmenes siguen creciendo, lo que ha llevado a algunos fabricantes a revisar sus previsiones de producción para adaptarlas a a la demanda actual. El sector aboga por medidas eficaces, como ayudas que se cobren en el momento, para impulsar el despegue de esta tecnología con cero emisiones. Entre enero y abril de este año, las factorías españolas montaron 50.997 vehículos 100% eléctricos, lo que supone casi 9.000 unidades menos que hace un año (59.831 en 2023). Este retroceso en eléctricos contrasta con el crecimiento global de la producción en lo que va de año, con una subida del 3,8% y casi 864.000 unidades. Contabilizando exclusivamente el mes de abril, la fabricación nacional de vehículos experimentó un fuerte incremento de más del 20%, hasta 208.906 unidades. El ritmo industrial se recuperó en abril tras la caída del 18% experimentada en marzo como consecuencia de los problemas registrados en la cadena de suministro y también del efecto de la Semana Santa.

Pekín estudia elevar los aranceles temporales que están pagando en estos momentos los coches europeos y estadounidenses para entrar en el mercado chino. Esa subida podría llegar hasta el 25% en el caso de los vehículos con motores de gran cilindrada, según reveló ayer la Cámara de Comercio de China en la UE. De materializarse, sería la respuesta del gobierno de Xi Jinping a la oleada de nuevos aranceles que anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a mediados de este mes y que contemplaban una subida de las tarifas aduaneras de hasta un 100% para los coches eléctricos chinos. En un comunicado publicado ayer, el lobby empresarial chino en la UE asegura haber sido informado por “personas conocedoras” –que trabajan dentro de la administración china– de que Pekín está evaluando la posibilidad de aumentar los aranceles temporales aplicados a los coches importados de gran cilindrada. Asegura el comunicado que “esta potencial acción conlleva implicaciones para los fabricantes automotrices europeos y estadounidenses”; la organización recuerda no sólo el reciente anuncio de Biden, sino también los preparativos quese están llevando a cabo en Bruselas para poner en marcha medidas contra los subsidios al sector en China. La Cámara de Comercio de China en la UE recoge la opinión de Liu Bin, principal experto del Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China, quien en una entrevista con el diario oficial Global Times afirma que la subida de aranceles podría llegar al 25%.

Durante el siglo pasado Europa y Estados Unidos dominaron y colonizaron el mundo con sus coches de combustión. Ahora, los fabricantes chinos han dado la vuelta a la tortilla y están por delante de los grandes consorcios del automóvil en el campo del coche eléctrico. Además, de una forma apabullante: sus compañías controlan poco menos de dos tercios de la producción mundial de baterías de ion litio y China aglutina el 41% de las exportaciones mundiales de coches eléctricos, aparte de controlar la producción y refinado de materiales claves, según Natixis CIB. Producen más, más barato y su tecnología es superior. Sin embargo, así como China acaba de tomar la delantera, puede volver a perderla. “La batería de estado sólido es una tecnología revolucionaria y muy nueva que tiene el potencial de cambiar las reglas del mercado en cualquier momento”, señala una gran empresa del motor que está investigando esta tecnología y pide no ser identificada. La conocida como batería de estado sólido promete tiempos de carga mucho más rápidos y una autonomía muy superior, además de prácticamente no envejecer con el uso. Al mismo tiempo, esta tecnología sería más segura y permitiría hacer coches eléctricos más baratos, según Basquevolt, empresa vasca centrada en el desarrollo y construcción de esta tecnología. Su punto diferencial es que cuenta con un electrolito sólido hecho de polímeros, un elemento barato y fácil de conseguir. La compañía, que no prevé alcanzar la producción en masa hasta al menos 2028, aspira a que su batería permita vender vehículos eléctricos a 15.000 euros.

España reconocerá el Estado palestino el próximo martes en la reunión del Consejo de Ministros, según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo retrasó una semana la decisión para encontrar aliados en Europa: Irlanda y Noruega anunciaron que harán lo mismo. Los motivos políticos para reconocer a Palestina, según Sánchez, son tres: “Paz, justicia y coherencia”. Israel reaccionó con indignación: el Gobierno llamó a consultas a su embajadora en Madrid y convocó a la de España, como hizo con Irlanda y Noruega. El ministro de Exteriores, Israel Katz, acusó a los tres países de “conceder una medalla de oro a los asesinos y violadores de Hamás”. El presidente palestino, Mahmud Abbas, aplaudió la “consagración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, convocó ayer elecciones generales para el 4 de julio, poniendo fin a las especulaciones sobre la fecha de los comicios. Tras informar de sus intenciones al rey Carlos III y a su gabinete, pronunció su primer discurso de una campaña que comenzará oficialmente cuando se disuelva el Parlamento. Los analistas indican el riesgo de la apuesta del mandatario, porque su partido tiene una desventaja de veinte puntos respecto a los laboristas en intención de voto entre los consultados en las encuestas de los últimos meses. Los sondeos registran también un porcentaje alto de indecisos, a quienes los ‘tories’ querrán cautivar. Las circunstancias de un líder conservador que no es querido dentro de su partido y tiene una oposición optimista cristalizaron en una heroica explicación de sus intenciones por parte del propio Sunak mientras caía una densa lluvia sobre el atril instalado en el exterior del 10 de Downing Street y su voz era apagada por una banda musical laborista con megafonía estridente. El rumor sobre el anuncio de elecciones anticipadas se extendió desde el mediodía. Sunak señaló en su alocución que los últimos cinco años –una pandemia, la invasión de Ucrania, turbulencias económicas y energéticas, otra guerra en Oriente Próximo...– han sido los más complejos de las últimas tres décadas. No se dignó a mencionar que su partido ha tenido seis líderes desde 2016 y tres primeros ministros desde el inicio de la crisis del coronavirus. Las elecciones se decidirán por los que hoy se declaran indecisos en los sondeos. 

Las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en sus siglas en inglés) muestran que en abril los inmigrantes representaban el 19,2% de la fuerza laboral. Es un récord y un aumento de dos puntos porcentuales con respecto a antes de la pandemia. Pero puede que sean más. “Hay proyecciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) y otros estudios que sugieren que el crecimiento de la fuerza laboral no nativa ha sido más intenso de lo que captan los datos de la BLS”, dice Nancy Vanden Houten, economista jefe para Estados Unidos de Oxford Economics. Esta economista acaba de publicar un estudio en el que valora el impacto económico de las propuestas del candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, en caso de que se profundicen los límites a la inmigración legal e ilegal. Trump ha prometido una deportación de 11 millones de personas. “En ese escenario, la inmigración neta anual sería de unas 560.000 personas al año, aproximadamente la mitad de los 1,1 millones actuales”, explica. El impacto en términos de empleo sería muy notable para categorías laborales enteras, sobre todo en los estados costeros –incluida Alaska– y Texas. Si la inmigración fuese fuertemente restringida “se perdería labor en un amplio abanico de actividades, desde computación y matemáticas hasta mantenimientos de edificios”, explica Vanden Houten. Al tabular las cifras que el BLS tiene hasta 2022, la experta dice que la representación de estos trabajadores en muchos sectores es realmente sorprendente, en unos porcentajes que pueden ser todavía más elevados que lo que captan las cifras.