20240217

La elevada tasa de absentismo en Euskadi, la mayor de toda España, ha sido motivo de múltiples interpelaciones al Gobierno vasco en los últimos años. Ayer, en el que probablemente será el último pleno de control al actual Ejecutivo, volvió a la palestra. «¿Por qué en el País Vasco la tasa llega al 10% frente al 7% de la media nacional?», preguntó Luis Gordillo, parlamentario del Grupo Popular. En su respuesta, la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, se refirió al caso concreto de las bajas por problemas de salud para señalar que su departamento «tiene una extraordinaria preocupación por las estadísticas que reflejan que en Euskadi se enferma más que en el resto de España». Mendia arrancó su intervención con una disertación sobre lo que significa el término absentismo, ya que quiso diferenciar entre las faltas injustificadas al trabajo y aquellas ausencias motivadas por el ejercicio de derechos laborales. En este sentido, reconoció que en el País Vasco hay una mayor incidencia de las bajas por enfermedad. Sin entrar a analizar las posibles causas, pasó a referirse a la siniestralidad laboral y al hecho de que «en el arranque de este año hayamos tenido varias personas muertas que se podrían haber evitado». Apuntó entonces que «es obligación de los empresarios velar por el cumplimiento de las normas preventivas». Ante la insistencia de Gordillo por saber qué ha hecho el Gobierno respecto al problema del absentismo, Mendia recordó que el año pasado se creó una mesa de trabajo en el marco de la Mesa de Diálogo Social para estudiar el porqué de la alta incidencia de Incapacidad Temporal (IT) en Euskadi. «Seguramente llegará a unas conclusiones y recomendaciones que luego podremos implementar», señaló. La patronal está especialmente interesada en que se analice este asunto por el impacto que tiene en las empresas el alto número de bajas por enfermedad y su tendencia al alza. Todas las estadísticas apuntan a que Euskadi es líder en absentismo medido en su totalidad –ausencias motivadas por Incapacidad Temporal, permisos de maternidad y paternidad, licencias, huelgas– y también cuando se analiza su principal causa, las bajas. Así, en el último informe del Grupo Adecco sobre esta cuestión, elaborado con datos del tercer trimestre, arrojaba una tasa de absentismo por IT del 7,6% en Euskadi frente a una media nacional del 5,5%.

La pandemia, la crisis energética por la guerra de Ucrania y la financiación de los fondos europeos han cocinado un cóctel perfecto para el ‘boom’ de las renovables. Los datos hablan por sí solos: en únicamente tres años se han registrado 61 proyectos con un total de 1,3 GW de potencia en Euskadi. Son más del doble que los 600 MW actualmente instalados. Esta lluvia de propuestas ha evidenciado también los problemas de la Administración para su tramitación. De hecho, la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha reconocido en más de una ocasión que «no pueden pasar seis años desde que se presenta una iniciativa hasta que empiezan las obras». El caso es que de esos 61 proyectos, el 70% están actualmente en fase de estudio. Muchos son más bien una manifestación de interés que no terminará de concretarse. La energía eólica suma 29 peticiones (885 MW que requerirían unos 200 molinos) y la energía fotovoltaica cuenta 32 solicitudes (409 MW que ocuparían 7 millones de metros cuadrados con 800.000 placas). Son los datos que se desprenden de la documentación trasladada por el Ejecutivo al Parlamento vasco en respuesta al diputado de Elkarrekin-Podemos David Soto. Estos datos se conocen justo una semana después de que Euskadi aprobara la Ley de Cambio Climático. Su mayor capital político fue el acuerdo de PNV y PSE que sumó a Bildu con la esperanza de dejar atrás los choques entre partidos por las infraestructuras renovables. La norma concreta, entre otras cosas, el objetivo de elevar el 10% actual de origen renovable en la energía que genera Euskadi a un 30% en 2030. El aluvión de iniciativas evidencia también la falta de desarrollo de una herramienta clave, el Plan Territorial Sectorial (PTS) de las renovables. Es una normativa que trata de ordenar los suelos priorizando qué zonas son para eólicas, fotovoltaicas o cuáles gozan de especial protección para uso agrícola o por su valor ambiental. No estará en esta legislatura.

Iñigo Ucín, presidente de Mondragon, protagonizó ayer el XVI Foro Empresarial de Gipuzkoa, organizado por DV.  «Debemos ser flexibles y evolucionar nuestro modelo sin cambiar las bases ante un futuro que va a ser incierto y marcado por la geopolítica», dijo, para resaltar que la batalla por el talento y por atraer a los jóvenes «con proyectos ilusionantes y buenos salarios» va a ser uno de los aspectos capitales. Un desafío que inexcusablemente va a obligar a las empresas «en el Grupo, en Euskadi y en todo España» a buscar fuera. «A la vista de la pirámide poblacional que vemos, no hay más remedio», advirtió. En ese sentido, Ucín –que pasará el testigo al frente de la Corporación en agosto a Pello Rodríguez Zabaleta después de toda una vida en la Corporación– reconoció que el sector público se presenta como un «competidor real» del ámbito privado a la hora de captar a esos recién licenciados (de todo tipo) que ven en el funcionariado, dijo, «un empleo de por vida». «Están mejor preparados que nunca, son inteligentes y valoran lo que valoran, que es diferente de lo que valorábamos nosotros. Y el empleo público ofrece condiciones mejores si pasas un examen, que tiene su mérito, y te da trabajo asegurado», dijo. El presidente de Mondragon contrapuso esa aparente ‘tranquilidad’ del funcionario con la «supervivencia constante» a la que se enfrentan las empresas cada día al «competir» en los mercados internacionales. Junto a esto, Ucín expuso como paradoja la idea de que «la gente se pega por ser funcionario, y cuando lo logran lo primero que hace es ir a la huelga». E insistió en la distancia entre uno y otro mundos para subrayar que «además, toda esta estructura la soportan las empresas». «Deberían ser más eficientes y trabajar por objetivos». En este punto, Iñigo Ucín explicó que hay que ir a buscar a todas esas personas –no sólo ingenieros o la llamada ‘elite’, matizó– «allí donde estén». Y desveló que Mondragon Unibertsitatea ya tiene un programa dual en la ciudad mexicana de Querétaro (uno de los lugares del país norteamericano en el que antes desembarcó el Grupo) mediante el que trae estudiantes en formación dual a Euskadi. «Después, tenemos que ofrecer proyectos atractivos y sueldos competitivos para que esos trabajadores se queden», resaltó, para subrayar que las cooperativas de Mondragon «pagan de media, incluidos los retornos de capital, un 12% más que las empresas de su entorno». De la misma forma, Iñigo Ucín remachó que «la formación continua y el aprendizaje a lo largo de toda la vida de los trabajadores» son aspectos «vitales».

El responsable de Mondragon, en un discurso que recuerda al del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, alertó del peligro que supone que Europa corra en exceso en la carrera de la transición energética olvidando alguno de sus sectores clave como el de la automoción, importantísimo para el conglomerado de Arrasate. La apuesta por las renovables convive en Euskadi con el rechazo a los parques eólicos ¿Son compatibles ambas cosas? Frente a esta disyuntiva, Ucín explica que «todo el mundo está de acuerdo» en que hay que abordar la transición energética, pero al mismo tiempo dice que «no en mi casa». A su juicio, hay que «buscar consensos» y «compensar a las localidades afectadas». En este punto, el responsable de Mondragon sacó a colación el siempre polémico asunto del coche eléctrico para recordar que su desarrollo requiere ingentes cantidades de dinero y de tiempo. Un desafío en el que «Europa debe jugar un papel menos ingenuo». Para el presidente de Mondragon, el reto no es ni siquiera similar al que surgió con la vacuna del Covid, momento en el que «todos, con tecnologías diferentes, se pusieron a lo mismo para salvar la situación». Ahora, explicó, hay tecnologías diferentes y nadie tiene claro cuál puede ser la ganadora. «Nadie está en contra del coche eléctrico, pero las materias primas esenciales para su construcción están en manos de China, con lo que el futuro será ese o con otra tecnología», dijo. «Nos corre más la cabeza que los pies, y eso no puede ser. Debemos acompasar la velocidad de la transición a lo que podemos soportar, pero si nos encadenamos a China, a corto puede ser una solución, pero a largo será un peligro», sentenció. Y recordó que «no se pueden generar en el Viejo Continente problemas de competitividad», y menos en un sector en el que ha costado mucho generar tanto empleo. En ese punto, Ucín insistió en que «hay que regular» y dar seguridad jurídica a los actores continentales. «Nosotros recibimos pedidos del coche de combustión y del eléctrico, pero ¿qué eléctricos sobrevivirán?», afirmó. Es más, el directivo llegó a señalar que «actualmente, hay incluso un cierto repliegue» en el motor eléctrico. Por eso reiteró la necesidad de «poner un poco de orden».

La intervención de Ucín concitó el interés de una nutrida representación económica e institucional y coincidió con la exposición de portadas de DV. Entre los representantes institucionales asistieron la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza...Tampoco se perdió la cita el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso. De las Juntas Generales acudieron Susana García Chueca, portavoz del PSE; y Mikel Lezama, portavoz del PP, que se sentó junto a Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu. Esta estuvo acompañada por el candidato de la coalición a lehendakari, Pello Otxandiano...De la asociación empresarial Adegi, estuvieron el presidente, Eduardo Junkera; el director general, José Miguel Ayerza, y el adjunto director general, Paul Liceaga...

Apenas 45 trabajadores se acogieron el pasado enero al plan de bajas incentivadas que Michelin Vitoria diseñó para propiciar la salida de un total de 150 empleados. Ese reajuste es el que considera necesario para dimensionar su plantilla –con unos 3.500 empleados– al escenario de una demanda en declive y, en consecuencia, a unas necesidades de producción más bajas. La cuestión es que aquel plan, al que se dio un mes de vigencia y que fue acordado con el comité de empresa, pinchó. Así que la dirección de la factoría alavesa, la segunda mayor de Euskadi, realiza ahora un nuevo intento. Vuelve a poner encima de la mesa incentivos de hasta 75.000 euros, la posibilidad de elegir traslados a las fábricas de la compañía en Valladolid, Aranda de Duero o Almería, o la alternativa de un contrato relevo como forma de jubilación parcial. Y da de plazo tres meses, hasta mayo, para que los interesados en acogerse a alguna de estas opciones se apunten. Entretanto, debido a necesidades de producción inferiores a las previstas, Michelin Vitoria vuelve a desactivar turnos de trabajo en la actividad de ruedas gigantes, lo que supondrá una merma en de 150 toneladas en su fabricación, así como en otras áreas de producción. El total de los ajustes planteados afectaría a un total de 455 trabajadores. Este 2024 se vislumbra como el de la producción más baja de los últimos 20 años en la fábrica alavesa. El objetivo está en 8 millones de neumáticos de turismo, un 10% menos que en 2023.

Las últimas cifras de comercialización de la Denominación de Origen Rioja no son nada positivas. En un año muy convulso para el mercado del vino, con una crisis con pocos precedentes que afecta a todas las zonas, Rioja cerró 2023 con 238,2 millones de litros vendidos. Nada menos que un 5,18% menos que el año anterior. Este balance preocupa sobremanera a ambos lados del Ebro. Sin embargo, a pesar de que el Consejo Regulador no ofrece datos concretos sobre Rioja Alavesa, sus bodegas pueden atisbar un destello de optimismo en un panorama tan desalentador. El vino alavés amortigua la crisis con una caída más leve que el conjunto de la denominación en sus exportaciones. El precio medio del vino de Rioja Alavesa alcanza los 7,27 euros el litro en el mercado internacional, un 5% más que hace un año más de 20 millones de litros con etiqueta de la DOCa Rioja. La cifra, a noviembre de 2023, supone una caída del 5,4% del volumen de exportación con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo positivo es que el dato es más de dos puntos inferior al registrado en el conjunto de la Denominación de Origen, donde el descenso alcanzó el 7,57%, con mercados como Reino Unido (-5,86%), Alemania (-10,02%) y Estados Unidos (-16.39%) como los más afectados, según los registros difundidos por el Consejo Regulador. Ante este panorama, los productores de Rioja Alavesa se pueden agarrar a otro dato para mantener cierta esperanza. El precio medio al que consigue colocar sus vinos en el mercado no para de crecer. En 2023 alcanzó los 7,27 euros el litro. Es un 5% más que en 2022. Con todo, es indudable que los problemas son comunes en el conjunto de la DOCa Rioja donde la crisis de ventas agrava el exceso de ‘stock’ de vino en bodega. A pesar de las ayudas a la destilación que tanto el Gobierno vasco como el de La Rioja sacaron adelante el pasado año, se calcula que podrían sobrar unos 150 millones de litros de existencias. Y cada vez se vende menos.

El Departamento de Educación del Gobierno vasco reforzará la figura de los orientadores en los centros educativos de Euskadi. Lo hará a través del Plan de Orientación Educativa, el primero de estas características en España, que se aplicará durante los próximos cuatro años. La mayoría de orientadores son psicólogos y psicopedagogos y se encargan de asesorar y acompañar a los alumnos, pero también a docentes y familias, en su trayectoria académica y personal. Casi todos los colegios cuentan con esta figura, dirigida a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional (FP). La nueva estrategia fue presentada ayer por la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa, el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, y la directora para la Diversidad e Inclusión Educativa, Lucía Torrealday. Según explicaron, persigue cuatro objetivos: reconocer la «relevancia» de la orientación; «empoderar» a los orientadores; engrasar la coordinación entre orientadores y tutores; y «mejorar» los procesos de orientación, «poniendo al alumno en el centro». La importancia de contar con un orientador adquirió especial relevancia durante la pandemia, según destacó Pedrosa. «Fueron una figura clave». Fue entonces cuando surgió la idea de diseñar una estrategia que sirviera para «profesionalizar» este puesto.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, y la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, reconocieron ayer a 20 nuevas entidades colaboradoras en la igualdad de mujeres y hombres durante la jornada ‘Empresas comprometidas con la igualdad salarial’, que se celebró en Vitoria en el contexto del Día Europeo de la Igualdad Salarial, que se celebra el próximo jueves. Con estos nuevos reconocimientos, ya son 150 las empresas vascas que han obtenido este distintivo que «pone en valor su compromiso con el impulso de la igualdad en el seno de sus organizaciones». Entre las veinta empresas reconocidas ayer se encuentran Gautena, Urrats Euskaltegia, Gautena, Jaizubia, Ulma Packaging o la Agencia de desarrollo del Bidasoa, entre otras. El Ejecutivo explicó que para obtener este sello, las empresas deben aportar un diagnóstico, un plan para la igualdad y un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, además de acreditar una trayectoria en igualdad. La diferencia salarial es de 5.622 euros.

Los hombres ganaron una media de 25.137 euros al año en 2022, lo que supuso 5.000 euros más que los 20.130 euros que recibieron en promedio las mujeres, según los últimos datos disponibles de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Esto coloca la brecha salarial de género en el 19,89%, que es lo que deberían subir los sueldos de las trabajadoras para equipararlos a los de los hombres. Esta brecha se ha ido reduciendo en los últimos años desde el 22,60% de 2017 hasta la actualidad, pero el año pasado ese recorte se frenó por primera vez en cinco años e incluso aumentó ligeramente desde el 19,87% de 2021. Esta estadística que elabora la Agencia Tributaria es la más actualizada para medir los salarios de entre las que suelen usarse con más fiabilidad, ya que la última medición que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE), la encuesta anual de estructura salarial, corresponde a 2021. Sin embargo, ambas reflejaban el progresivo recorte de esta brecha que ahora se ha interrumpido, según reflejan los datos de Hacienda.

Tras formarse en Suiza a mediados del siglo XIX, Antonio Elósegui regresó a su Tolosa natal (Guipúzcoa) con la idea de fundar una empresa textil. Cuando ya tenía todo a punto para comenzar a fabricar calcetines, tomó una decisión de última hora y optó por otra prenda: la boina. Era 1858 y, quizás por esta anécdota, bautizó a su empresa con el nombre La Casualidad. El tiempo ha demostrado que el empresario guipuzcoano acertó porque, 166 años después, Boinas Elósegui es el referente y único fabricante en España. La boina era la prenda más accesible para protegerse del frío en el norte de España. Este peculiar casquete de lana se tejía a mano y de la primera fábrica, ubicada en pleno centro de Tolosa, salían unas 50 boinas al día, hasta que se industrializó la producción y, a principios del siglo XX, la firma de Elósegui, con 300 trabajadores, pasó a fabricar 3.000 boinas diarias. El uso de esta prenda era generalizado en el siglo pasado, tanto para trabajar como para vestir o para uso militar. Como complemento, también tuvo una importante influencia en la moda femenina de los años 20 y como elemento distintivo de los artistas bohemios de la época. “En aquellos años, la demanda era brutal. Elósegui comenzó a exportar a Sudamérica, por la influencia de la emigración vasca, y contaba con clientes en Nueva York”, explica el actual director comercial de la empresa, Ander Astigarraga.

Cada anuncio de una nueva ayuda pública viene cargado de promesas y grandes números. Cifras que, en muchos casos, se van desinflando por el camino. Buena parte de los fondos para medidas puestas en marcha los últimos años como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el bono social, el bono cultural, las ayudas para la dependencia o el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos se quedan sin gastar, como muestra el análisis de lo que se acaba gastando (la ejecución presupuestaria de los últimos años) realizado por Civio, fundación especializada en vigilar a los poderes públicos. Así, se puede ver, por ejemplo, que el bono cultural no ha cumplido sus fines. O, al menos, no del todo: de los 210 millones de euros presupuestados en 2022 — último año cerrado— solo se gastaron 114,2. Y 2023 tampoco tiene buena pinta: pese a que se amplió el plazo un mes extra, lo pidieron 326.579 jóvenes, más que en su primera edición pero uno de cada tres no lo pidió. Si miramos solo la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parece que la partida del IMV se ha gastado a la perfección. Pero para saber qué pasó en realidad hay que ir a otros presupuestos: los de la Seguridad Social. Cuando se creó el IMV, en 2020, esta ayuda no estaba planificada. Por eso, su puesta en marcha vino con 408 millones extra en la ejecución de la Seguridad Social de aquel año. Pero, tanto en 2021 como en 2022, cuando esta prestación ya sí estaba presupuestada, se acabó gastando bastante menos de lo previsto. El primer año, más de 1.000 millones se quedaron sin ejecutar de los casi 3.000 totales. En abril de 2022, las cuantías que cobraba cada beneficiario subieron un 15%, pero el gasto final se siguió quedando muy corto. Si la tendencia continúa, buena parte de este dinero se quedará sin gastar y cientos de miles de familias que tienen derecho a esa ayuda no la recibirán. Ya sea porque no la conocen, porque el trámite se les hace cuesta arriba o porque su solicitud, a veces sin razón, es denegada.

La deuda pública cerró 2023 en 1,574 billones de euros, lo que supone un incremento de 71.878 millones de euros en el último año, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Banco de España. Con ello, el volumen de pasivos en manos de la Administración se eleva hasta el 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que el año anterior pero todavía 8,5 enteros por encima de las cifras previas a la crisis, a pesar de que la economía ya se ha recuperado con creces de la pandemia del coronavirus. La deuda pública se incrementó en 71.878 millones de euros en el último año, hasta alcanzar los 1,574 billones al cierre del ejercicio, un 4,8% más que en 2022. Esta evolución se debe a que el Estado incremento su endeudamiento en 82.882 millones, seguido de las Administraciones de la Seguridad Social (9.995 millones) y de las comunidades autónomas (8.384 millones), mientras que las corporaciones locales registraron un alza menor (243 millones) y otras unidades de la Administraciones central redujeron su deuda en 4.061 millones. La diferencia, el saldo total y la suma de los distintos componentes se debe a la deuda de unas Administraciones en manos de otras (fundamentalmente, deuda de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas en manos del Estado central). Con todo, la deuda pública se redujo en 3,9 puntos en relación al PIB, pasando del 111,6% del total de la actividad económica española al cierre de 2022 al 107,7% del PIB el año pasado. Esto es, cuatro décimas por debajo de las cifras proyectadas en el Plan Presupuestario, donde el Gobierno preveía cerrar el año con un volumen de deuda del 108,1% del PIB. “La fortaleza y positiva evolución de la economía española, con un crecimiento del 2,5% en 2023, así como la mejora de los ingresos públicos, son las causas fundamentales de la reducción de la ratio”, destacó ayer el Ministerio de Economía.

Las empresas que tradicionalmente registran en España mayores ingresos dispararon los márgenes sobre sus ventas durante el conjunto del año 2023, logrando alcanzar con ello máximos en la serie histórica. Así lo muestran los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, englobados a su vez en el Observatorio de Márgenes Empresariales puesto en marcha conjuntamente hace casi un año por los ministerios de Hacienda y de Economía y por el Banco de España. Según las cifras actualizadas el jueves por la Agencia Tributaria, la ratio entre el resultado bruto de explotación de las grandes compañías y sus ventas se situó a cierre del cuarto trimestre del ejercicio en el 12,87%, algo por encima de la proporción alcanzada en el conjunto del ejercicio 2022, que ya había sido la mejor de la serie. Los datos, pese a todo, muestran una estabilización en la tendencia alcista anotada desde el comienzo de la crisis inflacionaria, iniciada en verano de 2021 y agravada tras el comienzo de la guerra en Ucrania. El margen sobre ventas de las empresas con más facturación se disparó entre 2021 y 2022, registrando al cierre del segundo ejercicio analizado una subida anual de casi dos puntos porcentuales, hasta llegar al 12,7%. Un año después, el alza ha sido de apenas dos décimas.

Las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) registradas en los últimos años y el incremento del sueldo medio –superior incluso a lo pactado en la negociación colectiva– han provocado que los salarios en España se hayan recuperado de la pérdida de poder adquisitivo sufrida por la inflación y ya estén en niveles prepandemia, mientras que en la media de la Eurozona no cerrarán esta brecha hasta 2025. «La remuneración por asalariado en la economía española habría recuperado ya el poder adquisitivo real previo a la pandemia, mientras que el caso del resto del área del euro se espera que se alcance este nivel a principios del año próximo, de acuerdo con las últimas proyecciones del Eurosistema», explicó este jueves el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un encuentro con estudiantes de Cunef, la universidad en la que se licenció hace 26 años. De Cos detalló que el aumento de los salarios por encima de lo acordado por empresas y trabajadores en la negociación de convenios se debe a «efectos composición derivado del tensionamiento del mercado laboral», es decir, al aumento de vacantes que se quedan sin cubrir y la dificultad para atraer mano de obra. Según la última Encuesta sobre la Actividad Empresarial, dijo, el 43% de las compañías declararon en 2023 un impacto negativo sobre su actividad por la falta de disponibilidad de mano de obra. «Estas dificultades parecen surgir de la existencia de un desajuste entre las cualificaciones requeridas por las empresas y las ofertadas por los trabajadores, en la medida en que más de la mitad de las compañías que sufren este problema apuntan a la falta de trabajadores con la cualificación necesaria para los puestos vacantes. Este problema es algo más acusado en los empleos que requieren perfiles laborales con Formación Profesional media o superior y, por ramas de actividad, en la industria, la construcción y el transporte», apuntó.

Los trabajadores afiliados a la Seguridad Social vinculados a las actividades turísticas en España aumentaron un 4,8% en enero con respecto al mismo mes de 2023. Este porcentaje supone un incremento de 115.432 nuevos empleados, hasta suponer 2.519.819 personas. Por lo tanto, en el primer mes del año continuó la tendencia de aumento interanual de la ocupación en el sector turístico, que se inició en junio de 2021. Según Turespaña, el empleo turístico supone el 12,3% del total de afiliados a la Seguridad Social, que ronda los 20,8 millones de personas. Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el empleo turístico se está comportando de “una manera excelente”, lo que indica que “están dando sus frutos” los esfuerzos por extender la actividad turística todo el año. Es decir, en lugar de concentrarla en la Semana Santa, las vacaciones de verano y en Navidad. Así, el incremento del empleo en enero benefició a la práctica totalidad de las ramas de actividad en el sector turístico. En la hostelería se registraron 69.568 afiliados, de los que 19.241 fueron en los servicios de alojamiento, y 50.327, en los servicios de comidas y bebidas. En las agencias de viajes y operadores turísticos, la ocupación alcanzó los 4.692 trabajadores. El resto de las actividades turísticas registró también una subida conjunta de 41.172 trabajadores.

No hay digitalización de la economía si no existen centros de datos en un país, y no hay soberanía del dato [algo muy reclamado ahora] si no tenemos infraestructura suficiente para retener ese dato en España”. Así lo defiende Emilio Díaz, CEO de Nabiax, que acaba de ser nombrado presidente de la Asociación Española de Data Centers (Spain DC), la patronal de un sector que vive un fuerte crecimiento gracias a la nube y, ahora, a la inteligencia artificial, pero con fuertes retos como la dificultad en España para acceder a la energía que requieren. "Somos una industria muy competitiva y necesaria para el país, pero necesitamos que el Gobierno central y los autonómicos y locales se involucren y aceleren muchos trámites complejos ligados al sector, como los vinculados a la energía para poder desarrollarla plenamente. También es clave la generación de talento especializado en este sector, que es muy ingenieril. Calculamos que se generarán en torno a 2.000 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos en los próximos tres a cinco años y es preciso trabajar desde ya para poder cubrir esa demanda de profesionales y poder llevar a cabo las inversiones previstas...El dinero para estas inversiones está disponible, la necesidad también, pero el gran reto es que haya suficiente disponibilidad de potencia eléctrica. El acceso a la energía está siendo un problema para el crecimiento del sector...Es un tema sobre todo de timing. Y hay cosas que no casan. Estamos ante instalaciones muy complejas, que no se tienen construidas de antemano sino que se construyen en función de los requerimientos de los clientes, que pueden estar dispuestos a esperar entre 18 y 24 meses a tener la instalación lista. Pero la planificación de crecimiento en la red de distribución y de transporte de energía del sector se hace a cinco años. Son planes de muy largo plazo, y lo que pedimos es que se aceleren o revisen cada cierto tiempo para que el acceso a la energía se haga más ágil..."

La guerra en el sector tecnológico espoleado por la Inteligencia Artificial (IA) no cesa. OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT y Dall-E, acaba de presentar el nuevo salto de la IA generativa: una herramienta que crea al instante vídeos cortos en respuesta a órdenes escritas. Pero Sora, el nuevo generador de imágenes en movimiento a partir de textos, no es el primero de su clase. Google, que acaba de presentar la versión 1.5 de Gemini, Meta y Runway ML son otras de las empresas que cuentan con tecnologías similares. Pero la alta calidad de los vídeos mostrados por OpenAI –algunos de ellos creados después de que su director general, Sam Altman, pidiera a los usuarios de las redes sociales que enviaran ideas para guiones escritos– asombró a los observadores. Y también ha despertado temores sobre sus implicaciones éticas y sociales. Es lo que sucedió con su herramienta DallE, capaz de crear fotos y dibujos de gran calidad a golpe de sencillas indicaciones de texto conocidas como ‘prompts’. En ese sentido, Sora sería la evolución natural de aquella convirtiendo las imágenes fijas en movimiento. Y la nueva herramienta lo hace realmente bien pese a ser una versión experimental. Un fotógrafo independiente asentado en New Hampshire sugirió en X «una sesión de cocina dirigida por una abuela ‘influencer’ que enseñe a preparar ñoquis caseros en una rústica cocina rural de la Toscana con iluminación cinematográfica». Altman respondió poco después con un vídeo realista que representaba lo que la sugerencia describía. De novela de ciencia ficción.

El Servicio Federal Penitenciario de Rusia (FSIN) informó ayer sobre el fallecimiento de Alexéi Navalni, el principal opositor del presidente Vladímir Putin. Navalni cumplía una condena de 19 años en la colonia penitenciaria de régimen severo número 3, en el poblado de Jarp, en el Ártico, a donde fue trasladado en diciembre. Esta misma semana había sido confinado por vigésimo octava vez en la celda de castigo, 308 días en total. Leonid Soloviov, uno de sus abogados, asegura que estuvo con él «el miércoles y se encontraba bien». La nota oficial señala que «el 16 de febrero de 2024, en la colonia correccional n.° 3, el preso Alexéi Navalni se sintió mal después de un paseo y casi de inmediato perdió el conocimiento. Inmediatamente llegaron los sanitarios de la institución y se llamó a un equipo médico de emergencia». El comunicado afirma que «se llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero no dieron resultados positivos. Los médicos de urgencias confirmaron la muerte del preso». Tenía 47 años y llevaba preso desde 2021, cuando regresó a Rusia tras ser tratado en Alemania de un intento de envenenamiento que la entonces canciller germana, Ángela Merkel, atribuyó al Kremlin. Tanto Biden como la UE culparon ayer a Putin de la muerte de su principal opositor.