20240112

La industria se mantiene al ralentí y se relaja la inversión mientras los servicios y la construcción siguen con un tono positivo. El Gobierno vasco confirmó ayer que la actividad económica de Euskadi siguió desacelerándose en el mes de diciembre, en un contexto internacional en el que confluyen un buen número de problemas que, por el momento, no caminan hacia una solución definitiva. Los precios de la energía siguen elevados y sometidos a mucha volatilidad como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania; se mantiene, aunque algo más moderada, la espiral inflacionaria y han surgido nuevos problemas en los suministros y en el comercio internacional fruto del conflicto bélico en la Franja de Gaza y de los problemas de seguridad para el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Así, el ‘Termómetro de la Economía Vasca’, que elabora el Departamento de Economía del Ejecutivo autonómico, refleja ese mantenimiento de la tendencia de desaceleración en el pasado mes de diciembre. Los datos anticipados que maneja le permiten situar el índice de ese ‘termómetro’ en 83,1 puntos, cifra que se sitúa 2,9 puntos por debajo de la ‘temperatura’ anotada en noviembre. En cualquier caso, el Gobierno señala que esas cifras aún suponen un «crecimiento suave» del PIB. Ver termómetro Gobierno vasco. 

Las empresas de Gipuzkoa continúan arrojando cifras positivas en sus ventas. Según el informe sobre la situación de las compañías del territorio realizado por la Hacienda foral, el comportamiento en el saldo comercial es bueno tanto en comparación mensual como en el acumulado del año. Así, entre enero y noviembre de 2023 (últimos datos disponibles), el tejido productivo de las empresas guipuzcoanas incrementó su comercialización un 2,7% frente al mismo periodo del año anterior. Si ponemos la lupa en el mes de noviembre, las ventas crecieron un 3,4% frente al mismo mes de 2022. ¿Pero a qué se debe este buen comportamiento pese a las numerosas incertidumbres de los últimos meses que azotan la economía mundial? Según el fisco, es consecuencia «en gran medida» del aumento de las ventas a nivel estatal o interiores (+4%), aunque las exportaciones mantienen su pulso (+0,4%) aunque de forma tímida. Los datos de noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior son mejores que la tasa interanual, debido, en este caso, «al aumento de las ventas exteriores, que crecieron un 7,8%, en contraste con las interiores, que lo hicieron en un porcentaje inferior (+0,8%)». El empleo experimentó también una subida del 0,3% en el mes, sobre todo en el sector industrial (+0,8%). A nivel acumulado en los once primeros meses de 2023, el crecimiento vino sobre todo de la mano de las ventas interiores, que aumentaron un 4% en el periodo, siendo el aumento de las exportaciones más modesto (+0,4%). Las cifras acumuladas en los once primeros meses del año presentaron un balance positivo, especialmente en la construcción (+8,5%) aunque también crecieron las ventas del sector servicios (+4,6%), y de la industria (+0,8%).

¿Y si la CEOE vuelve a salirse con la suya? Así sucedió hace dos años, lo que llevó al PNV a votar en contra de la reforma laboral de 2022. Desde entonces no han cejado en su empeño. Pero cuando ya lo tenían atado, ha llegado un varapalo supuestamente temporal. El PNV advirtió ayer de que estará «vigilante» para que el Gobierno de coalición cumpla lo pactado a la mayor brevedad posible impulsando otra legislación ‘ad hoc’ que resuelva el problema. No obstante, se mostraron «seguros» de que será así. La diputada jeltzale Idoia Sagastizabal recordó ayer que el texto fue negociado «punto por punto» con el Ministerio de Trabajo. Además, volvió a exigir un «cambio de actitud» al Gobierno central a la hora de negociar sus iniciativas con los grupos parlamentarios que lo apoyan y pidió al Ejecutivo que llegue al Congreso «con los deberes hechos». «Situaciones como las que vivimos el miércoles en el Congreso no se pueden volver a materializar. Es al Gobierno al que compete buscar los acuerdos y, por lo tanto, le exigimos un cambio de actitud a la hora de negociar con los grupos parlamentarios cualquier iniciativa que vaya a llevar al Consejo de Ministros», recalcó.

Todos los sindicatos vascos –ELA, LAB, CC OO y UGT–, por una vez unidos, criticaron ayer con dureza a las patronales del sector químico, con 23.000 trabajadores en Euskadi, por negarse a negociar un convenio autonómico y querer seguir aplicando el estatal. Habían convocado para ello a las organizaciones empresariales a una reunión el miércoles en el CRL pero no acudieron a la cita. En la industria química vasca, que engloba a empresas tan diversas como Michelin, Faes Farma o Bilbaína de Alquitranes el convenio autonómico no existe y las patronales se niegan a abrir esa mesa para negociarlo, un rechazo que los sindicatos consideran «incomprensible». Recuerdan que aunque no se haya aprobado la ley para la prevalencia de los convenios autonómicos hay un acuerdo interprofesional de todos los sindicatos y Confebask para promoverlos frente a los estatales. El actual convenio estatal de químicas venció el 31 de diciembre y ahora está en ultraactividad indefinida. Los sindicatos vascos se reunieron tras el verano y decidieron instar a la patronal a negociar el primer convenio autonómico del sector. Pero ésta argumenta que «no tiene sentido» negociar un convenio autonómico porque «la mayoría de las empresas del sector ya tienen sus propios acuerdos individuales, que mejoran considerablemente las condiciones del estatal», explica Luis Blanco, secretario general de AVEQKIMIKA.

Osalan publicó ayer el avance de la estadística de accidentes laborales del año pasado, que arroja un total de 30 fallecidos, una cifra que, como es habitual, no coincide con la de los sindicatos. En concreto, el balance de siniestralidad del organismo vasco contabiliza 26 muertes en jornada laboral (uno más que el año pasado) y cuatro ‘in itinere’. De los 30 fallecimientos, 17 se debieron a accidentes traumáticos y los otros 13 a causas como infartos o derrames cerebrales. El dato se sitúa en línea con el de ejercicios anteriores y es muy inferior a los cálculos que realizan los sindicatos. CC OO-Euskadi, por ejemplo, tiene registradas 34 muertes en jornada laboral el año pasado, sin contar los fallecimientos ‘in itinere’, según explica Alfonso Ríos, responsable de Salud y Seguridad en el Trabajo del sindicato. «Es una diferencia que no se entiende bien porque nos basamos en los informes de Osalan», explica. En esa diferencia pueden influir criterios como que en el caso de los transportistas el instituto vasco tiene en cuenta la comunidad donde está ubicada su empresa. Al margen de las cifras, los sindicatos han denunciado estos días el drama humano que supone cada muerte en el trabajo y han reclamado a las empresas medidas de prevención y al Gobierno que refuerce la inspección. Las centrales han puesto como ejemplo las circunstancias en que se han producido las dos muertes del martes para alertar de la falta de seguridad. En el caso del joven de Trapagaran, CC OO ha destacado que solo llevaba tres meses en la empresa, mientras que LAB ha apuntado que la puerta que le cayó encima se averió hace dos o tres semanas y como no la arreglaban los trabajadores la movían manualmente. «La normativa de seguridad y salud laboral es la que acumula más incumplimientos, pero no se controla a las empresas ni se les multa. Hay total impunidad», señaló este sindicato. «El Gobierno vasco cuenta con muy pocos inspectores y técnicos para garantizar la seguridad», añadieron en ELA. En el caso del transportista que conducía un camión cisterna, los indicios apuntan a que perdió el sentido y el camión chocó con la bionda, lo que provocó el incendia que se propagó a la cabina.

Osalan urge al sector de la construcción a crear planes de prevención para evitar accidentes laborales ante el «alto riesgo» de consumo de alcohol y drogas entre sus trabajadores. El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan) pone el foco en el sector de la construcción, al que urge a aplicar un Plan de Prevención de Adicciones en las empresas del País Vasco. Y es que, alerta el organismo dependiente del Gobierno Vasco, varios estudios señalan a ese ámbito de actividad como el de «mayor índice de riesgo de consumo de tabaco y alcohol, el segundo en consumo de cocaína y el tercero en el de cannabis». El llamamiento lo hizo mediante un informe –el primero de este tipo– titulado ‘Campaña sobre adicciones en el sector de la construcción’, que subraya también la conveniencia de ofertar una formación específica a los responsables de prevención y a toda la plantilla «para poder gestionar de forma adecuada este problema en las organizaciones». La recomendación de Osalan llega después de la realización por parte de sus técnicos de una encuesta a 70 empresas de la construcción de la comunidad autónoma vasca y de distinto tamaño cuya conclusión principal es palmaria: el sector no tiene apenas en cuenta el capítulo de las adicciones a la hora de diseñar sus planes de prevención laboral. De hecho, de todas las empresas consultadas sólo una proporcionaba información específica sobre el asunto, aunque ofreciéndola únicamente a un miembro de la dirección de la compañía y a un representante de los trabajadores. Como preludio de las conclusiones de la encuesta, el organismo dirigido por Lourdes Iscar recuerda que «varios estudios en población laboral evidencian que las y los trabajadores consumidores de drogas sufren consecuencias negativas derivadas de su consumo». Osalan resalta que las condiciones de trabajo en la construcción pueden ser «factor de riesgo de consumos» debido a las exigencias especificas a desarrollar: tareas peligrosas, trabajo a la intemperie, a temperaturas extremas o que exijan rendimientos muy altos. 

La encuesta realizada por Osalan, que se centra en la existencia (o no) de planes de prevención de adicciones en la construcción vasca, deja para el análisis algunos datos. Por ejemplo, el grado de conocimiento de las empresas de lo que sucede en su seno. Así, a la pregunta de si sabían si tenían algún trabajador con este tipo de problemas, el 15,71% de las consultadas dijo conocer alguno. Otra empresa (una de setenta) explicó que sabía que se fumaba en el centro de trabajo, pero «no se planteaba actuar sobre el tema porque no lo consideraba un problema para la seguridad». Otra refirió que conocía que se consumía alcohol dentro de las obras «porque encontraban latas de bebidas alcohólicas en el recinto de trabajo». Del mismo modo, otra indicó que consideraba que el 20% de su plantilla mayor de 45 años consumía alcohol y un 15 % era fumadora de un paquete al día, en función de los datos obtenidos de la vigilancia de la salud colectiva. Por otra parte, sospechaba consumo de marihuana en mayores de 35 años; no tenía ninguna actuación preventiva, aunque refería haber tenido accidentabilidad reiterada, absentismo, comportamientos anómalos, agresivos e irritabilidad que se sospechaba que estaba relacionada con el consumo de drogas. La participación del personal delegado de prevención y del personal técnico del servicio de prevención en esta encuesta, lamenta Osalan, «ha sido escasa, y preocupa por la importancia que este personal tiene en la prevención de los riesgos laborales».

Frenazo a los planes de Forestalia para instalar una línea de alta tensión de 185 kilómetros entre Aragón y el polígono industrial de Júndiz a través de La Rioja. El Parlamento de la comunidad vecina ha iniciado la tramitación de una proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del paisaje y el registro –a cargo del PP, que atesora mayoría absoluta en el Pleno– suspende de manera temporal los planes de este gigante de las renovables. El proyecto estaba a la espera de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica para iniciar las obras y ahora quedará a expensas «de la planificación ordenada» que traiga la nueva ley. Esta iniciativa favorece a Álava, ya que el territorio iba a verse afectado con la instalación de una treintena de torres de alta tensión en Labastida, Zambrana, Berantevilla, Armiñón e Iruña de Oca hasta Júndiz. La Diputación Foral ya habían mostrado su oposición. El PP, que gobierna con mayoría absoluta en La Rioja, asegura que la kilométrica línea de alta tensión que plantea Forestalia supone «un menoscabo para nuestro paisaje, que es uno de nuestros primeros recursos turísticos, culturales, económicos, agrícolas y ganaderos que tiene nuestra tierra». El texto, presentado ayer por los conservadores, recoge que las autorizaciones de uso y actividades en suelo no urbanizable relativos a instalaciones de generación de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación, y el reconocimiento de la declaración de utilidad pública deben suspenderse «a la espera de la planificación ordenada» que supondrá la nueva Ley del Paisaje de La Rioja.

La planta de energía de olas de Mutriku, el primer proyecto comercial del mundo en el sector de la energía undimotriz, ha superado un nuevo hito al alcanzar una producción eléctrica acumulada de tres millones de kilovatios-hora, según explicó ayer el Ente Vasco de la Energía (EVE). La mutrikuarra es la primera planta comercial en Europa que utiliza la energía de las olas para generar electricidad, la más longeva del mundo y la que más horas de funcionamiento acumula. Desde su puesta en marcha, en julio de 2011, la planta de Mutriku ha cumplido doce años y medio de generación ininterrumpida de energía limpia, ha cubierto diferentes etapas de desarrollo y ha batido récords de producción hasta hoy nunca alcanzados por una instalación renovable de energía marina. Anualmente produce aproximadamente 300.000 kWh, que son vertidos a la red a través de una pequeña subestación ubicada en el puerto. La tecnología utilizada para la conversión energética es la llamada Columna de Agua Oscilante (OWC – Oscillating Water Column). La planta cuenta con 16 turbinas situadas en el dique de abrigo exterior del puerto que aprovechan el movimiento de las olas para producir energía eléctrica. Esta instalación pertenece a BiMEP (Biscay Marine Energy Platform), el centro de ensayos de energías marinas de Euskadi, que gestiona también las instalaciones en mar abierto de Armintza, dedicadas a investigar dispositivos de generación eléctrica flotantes. BiMEP es una iniciativa pública participada al 75% por el EVE y al 25% por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del ministerio de Industria.

ScottishPower, la filial británica de Iberdrola, anunció ayer una nueva asociación con el fabricante de aviones ZeroAvia para explorar el desarrollo de soluciones de suministro de hidrógeno verde en aeropuertos británicos, lo que representa un paso clave para lograr la descarbonización del transporte aéreo. Ambas firmas prevén explorar alternativas para la instalación de la infraestructura correspondiente en las terminales aéreas, lo que permitiría el uso de este combustible en algunos vuelos. ZeroAvia es una firma británico-estadounidense que lidera el desarrollo de aviones eléctricos impulsados por hidrógeno verde. Esta compañía, que cuenta con importantes acuerdos con gigantes de la aviación como IAG, espera disponer de un avión comercial de 180 plazas en la próxima década y motores para aeronaves para 2027. Esto permitiría responder al desafío de reducir las emisiones de la aviación, que aún son difíciles de disminuir en comparación con otros modos de transporte. De esta manera, la industria se enfrenta a un profundo desafío para cumplir su objetivo autoimpuesto de cero emisiones netas para 2050. “El hidrógeno, impulsado por energía renovable, puede desempeñar un papel clave en la descarbonización del transporte pesado”, explica Peter Jones, director del negocio de hidrógeno verde de ScottishPower. 

Reino Unido sigue dando pasos en su estrategia de llegar a 2050 con una cuarta parte de la electricidad producida en centrales nucleares. La estrategia implicará multiplicar por cuatro la potencia instalada actualmente, hasta los 24 gigavatios (GW), con plantas pequeñas y de gran tamaño. El Gobierno conservador presentó ayer la hoja de ruta de la energía nuclear civil, que prevé la “mayor expansión en 70 años” de este tipo de energía con el objetivo de garantizar el suministro, reducir la factura, no depender de terceros países “hostiles” –en referencia explícita a Rusia, pero no solo– y cumplir el objetivo de emisiones netas cero en 2050. La nuclear no es una energía renovable, pero sí que es limpia en tanto que no emite dióxido de carbono (CO2). El proyecto inmediato más destacado corresponde a una tercera planta gigante, con una potencia de 3 GW, capaz de suministrar energía a seis millones de hogares. El Gobierno ha abierto dos consultas: una para decidir la ubicación y otra para buscar financiación privada, algo no menor, dado que este tipo de instalaciones pueden irse a los 30.000 millones de libras (35.000 millones de euros). Estos planes contrastan con las dudas sobre el calendario y el presupuesto que generan tanto la central que se está construyendo como la otra adjudicada. Según World Nuclear Association, el país cuenta hoy con nueve reactores con una potencia de 6,5 GW y el 15% de la electricidad producida procede de esta fuente. 

Baño de realidad de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ante la proliferación de planes de inversión en hidrógeno verde. El brazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para cuestiones energéticas alertó ayer, en su monográfico anual sobre energías renovables, de que solo el 7% de estos proyectos a escala global estarán en producción en 2030. “Los planes y la implementación no coinciden”, avisa el organismo con sede en París. “La lentitud hasta llegar a la decisión de inversión, junto con el apetito limitado de los compradores [de hidrógeno libre de emisiones] y los mayores costos de producción han llevado a un progreso más lento”, continúa. En este contexto, la AIE llama a los gobiernos a poner en marcha “políticas coherentes de respaldo de la demanda” para amarrar la viabilidad futura de estos proyectos y acelerar las inversiones reales. Asegurarse, en fin, de que los anuncios no se quedan en papel mojado, como teme: “Pese a los anuncios de nuevos proyectos e hidroductos [las tuberías por las que viajará ese vector energético], el progreso de los ya planeados ha sido lento”. Una realidad que le lleva, incluso, a revisar a la baja sus previsiones globales de producción de hidrógeno renovable con la única excepción de China.

El Gobierno tendrá que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5%, como mínimo, si quiere contar con el respaldo de los sindicatos. Las reglas de juego han cambiado para la nueva y última reunión que hoy viernes mantendrá el Ejecutivo con los agentes sociales. El 4% que puso el Ministerio de Trabajo encima de la mesa se queda corto una vez que la patronal CEOE ha rechazado aceptar ese incremento ante la, a su vez, negativa del Ejecutivo a acatar sus dos condiciones: actualizar los contratos públicos según el nuevo SMI y bonificar las cuotas de los trabajadores del campo. Pese a que los sindicatos han desvelado ahora que habrían aceptado ese 4% si la CEOE hubiera dicho que sí, esa cifra ya no les sirve y su línea roja es un alza de «al menos el 5%» para situarlo en los 1.134 euros al mes por 14 pagas. Así lo avanzó ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «Un 4,5% por supuesto que no lo vamos a acordar con el Gobierno. El mínimo es un 5%; esta sí es una línea roja para nosotros», advirtió. En realidad, la patronal ya cuenta con ello y sabe que su negativa al acuerdo tendrá un ‘castigo’. Se lo avisó primero el Ministerio de Trabajo y se lo recalcó después su titular y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras oficializarse el desmarque de los empresarios. «El Gobierno subirá mucho este viernes el salario mínimo», aseguró. Falta por saber cuánto es ese «mucho», aunque si quiere firmar un acuerdo con los sindicatos tendrá que ser una subida de al menos 54 euros al mes. Previsiblemente el nuevo salario mínimo será superior a los 1.123 que ofertó Díaz en un primer momento y rondará los 1.134 que defienden, como mínimo los sindicatos, con lo que el alza oscilará entre los 43 y los 54 euros. Aunque incluso UGT ha llegado a decir que debería igualarse con la revalorización de las pensiones mínimas y el ingreso mínimo vital, que se han elevado un 6,9%, en términos generales.

El acuerdo ‘in extremis’ entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts que permitió que el Ejecutivo convalidara dos de sus tres decretos contempla cesiones al partido de Carles Puigdemont en ocho materias diferentes, según revelaron los secesionistas. Su viabilidad y alcance siguen sumidos, horas después, en discrepancias e interrogantes.1. Inmigración. Es la concesión más confusa de todas. El Gobierno la circunscribe a delegar competencias a la Generalitat mediante una ley orgánica amparada en el artículo 150.2 de la Constitución, sin ofrecer ninguna pista más; ni tan siquiera si conciernen a inmigrantes legales o irregulares. Junts dice, sin embargo, que aspira a controlar cuestiones que afectarían a la soberanía y la seguridad nacionales como las expulsiones de ‘sin papeles’ o de extracomunitarios que puedan delinquir. Las deportaciones, más allá de las ordenadas por las autoridades judiciales, son competencia administrativa de la Policía Nacional y de las delegaciones del Gobierno central. 2. Balanzas fiscales. En este punto también hay divergencias entre las versiones. Junts afirma que el acuerdo recoge la publicación «inmediata» de las balanzas fiscales (los cálculos de la financiación autonómica), que se dejaron de hacer públicas en 2016 tras ser foco de disputa entre comunidades. El PSOE sostiene que el pacto solo incluye que Hacienda permitirá el acceso a los datos previos con los que se elaboran esas balanzas. En todo caso, la pretensión de los de Puigdemont pasaría por dotarse de razones para reclamar un Concierto a la vasca. 3. Ley de amnistía. El Gobierno se compromete a suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4. Descuentos en el transporte. El Gobierno niega que el Estado vaya a asumir al 100% los descuentos. 5. Vuelta de las empresas. Aquí sí que existe coincidencia en las versiones. El Consejo de Ministro aprobará un plan de apoyo a las empresas catalanas que deseen regresar. 6. Derechos históricos. Habrá un reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local que podría abrir la puerta en el futuro a un estatus parejo a la foralidad vasca y navarra. 7. Sin IVA para el aceite. PSOE y Junts lo han pactado en tanto que producto «básico». 8. Más dinero para Justicia. 

Se trata, de hecho, de una de las tres materias que en teoría debería estar en manos de la Administración vasca antes de finalizar marzo. Las otras dos son las líneas de Cercanías de Renfe y la homologación de titulaciones extranjeras. Ese plazo es el que pactó Sánchez con el PNV para obtener el apoyo de los jeltzales en su investidura el pasado noviembre. En las últimas semanas ha habido negociaciones, pero todavía no se ha cerrado ningún acuerdo. Y no es una cuestión menor, porque el propio lehendakari ha vinculado la fecha de las próximas elecciones con la llegada de esas transferencias. ¿Pero qué es lo que pide exactamente el Gobierno vasco al reclamar la competencia de Inmigración? La explicación la dio hace unas semanas el director de Migración y Asilo del Ejecutivo autonómico, Xabier Legarreta. Hasta la fecha, el Ministerio del Interior se encarga de gestionar las solicitudes de asilo y de acogida inicial. Eso «seguirá siendo así». Lo que será competencia de Euskadi será la última fase, la de preparar a las personas que vengan para lograr su «autonomía personal». Es decir, diseñar los recursos necesarios para facilitar su integración social y laboral. Urkullu recordó que se trata de una materia que ya planteó en la legislatura pasada al Ejecutivo central, en concreto al entonces ministro encargado del área de Migraciones, José Luis Escrivá, y que se trata de una cuestión que está contemplada en el Estatuto de Autonomía de Gernika aprobado en 1979. El lehendakari aseguró que están trabajando en la financiación de esa «migración necesaria» y señaló que es una de las materias que «debe ser cumplimentada con Euskadi». Pero más allá del debate sobre está cuestión concreta, lo sucedido el miércoles en el Senado, además, sirvió a Urkullu para volver a poner el foco en lo que considera una situación explosiva y una legislatura que se va a mover en el alambre debido al heterogéneo grupo de partidos que apoya a Sánchez.

Cuatro días después de que Gotham City publicase su demoledor informe sobre Grifols, los responsables de la farmacéutica catalana salieron ayer a la palestra para rebatir punto por punto todas las acusaciones. En una conferencia telefónica con analistas, el presidente de la compañía, Thomas Glanzmann, calificó el documento de «falso y especulativo» en busca del propio beneficio de la firma que le acusa de ocultar deuda. Sin embargo, la falta de concreción y la tibieza ante algunas de las preguntas formuladas por los analistas –entre los que se encontraban grandes firmas como CaixaBank, Santander, Berenberg, Morgan Stanley, Deutsche Bank o Bank of America– no convencieron y provocaron el efecto contrario. La reacción en el mercado no se hizo esperar y la desconfianza se tradujo en otra fuerte caída de más del 16% en la cotización de la empresa. La principal duda reside en las relaciones cruzadas de Grifols con varias filiales y la empresa patrimonial de la familia, Scranton que, a su vez, posee un 8% del capital de la farmacéutica. En concreto, Gotham denuncia que Grifols ha consolidado al 100% en sus resultados a BPC Plasma y Haema, firmas que vendió a Scranton en 2018. El problema es que esta sociedad también las consolida por completo. Fuentes del mercado indican que esa práctica «aunque rara, es legal si está auditada». Y ese es precisamente uno de los argumentos de defensa de Grifols, que todas sus operaciones han sido publicadas, auditadas y supervisadas. Algo que, en todo caso, no convence al mercado ante la sospecha de que la firma pueda estar utilizando esa operativa para maquillar sus resultados.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell y ha anulado las multas que totalizaron 91 millones de euros impuestas en 2018 por el regulador a las cuatro entidades por un supuesto cártel en derivados. Tras llevar a cabo una investigación, la autoridad de la competencia entendió que las entidades ofrecían productos derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en “condiciones de mercado”. El órgano judicial considera que no ha quedado acreditado que existiera un “plan común e idéntico que se reiterara en el tiempo”, aunque sí conductas colusorias en determinadas operaciones. En cuatro sentencias –una por cada entidad recurrente–, la Sala de lo Contencioso-Administrativo explica que la CNMC no ha aportado pruebas suficientes para justificar la “infracción única y continuada” de la que acusó a los bancos durante un periodo de 10 años (desde 2006 hasta 2016). A su juicio, la autoridad de competencia solo ha demostrado este comportamiento en algunas operaciones concretas en fechas específicas pero no durante el periodo completo. La CNMC consideró que las cuatro entidades habían cometido una infracción grave con los derivados financieros de cobertura del riesgo ofrecidos en operaciones de project finance (financiación de proyectos de inversión), para los que “se ponían de acuerdo antes de realizar la oferta al cliente para fijar unas condiciones alejadas de las que se habían comprometido a proporcionar, dando a la vez la imagen de que cada una estaba consultando las condiciones de mercado”, según explicó entonces la autoridad de la competencia. Por ello, impuso sanciones de 23,9 millones de euros para Santander, de 31,8 millones de euros para CaixaBank, de 19,8 millones a BBVA y de 15,5 millones a Sabadell. Según la Audiencia Nacional, la “gravedad e intensidad” que implica la imputación de una “infracción única y continuada exige al órgano sancionador “acreditar que efectivamente en ese periodo las entidades bancarias sancionadas han realizado actuaciones complementarias que contribuían a la ejecución del plan común”.

Frente a la habitual ventaja competitiva de las empresas estadounidenses respecto a sus pares europeas, Airbus y Boeing siguen una trayectoria opuesta. El consorcio europeo batió el año pasado un récord de entregas y pedidos netos (735 y 2.094 unidades, respectivamente), según las cifras desveladas ayer. En ambas métricas supone una fuerte subida respecto a 2022, cuando entregó 661 aviones comerciales y registró 820 órdenes de venta, una vez descontadas las cancelaciones. Por su parte, Boeing cerró 2023 con 528 entregas (48 más que un año antes) y 1.314 pedidos netos (540 más). Aunque también positivos —en plena oleada de pedidos por parte de las aerolíneas, tanto para crecer como para renovar sus flotas—, los números presentados el martes por la compañía con sede en Arlington (Virginia) son sustancialmente peores que los de su rival europeo. La brecha entre ambos fabricantes y el resto es colosal: pese a sus repetidos esfuerzos, ni China ni Rusia han conseguido hacerles sombra. Ni las estadísticas de Airbus ni —sobre todo— las de Boeing recogen aún el impacto de uno de esos sucesos que dejan huella en el largo plazo: la pérdida de un panel del fuselaje en pleno vuelo sufrida por un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines. Las autoridades aeronáuticas estadounidenses anunciaron ayer la apertura de una investigación formal a Boeing tras este accidente.

Bruselas avisa de que volver a traer a Europa la producción industrial deslocalizada en décadas pasadas acarreará costes de productos más elevados. El documento enviado por la Comisión a los ministros de Finanzas, al que tuvo acceso este diario, advierte también de las pérdidas de empleo que derivarán de la transición energética. Volver a traer a Europa la producción que se deslocalizó en las décadas pasadas tiene un precio, y no será barato en plena transición ecológica. A las empresas todavía “les resulta económicamente ventajoso, al menos en el corto plazo” producir en países considerados “socios comerciales” y, por tanto, “la diversificación [de su producción], el regreso de la producción o un retorno indirecto puede acarrear costes de producción más elevados”, apunta en un documento la Comisión Europea enviado a los ministros de Finanzas de la zona euro para debatir el lunes en la reunión que mantendrá el Eurogrupo. El texto también avisa de que durante la transición energética “los cambios en la producción pueden traer pérdidas de empleo, aunque en un contexto de mercados laborales” con bajas tasas de paro.

La inflación escala tres décimas en diciembre en Estados Unidos, hasta situarse en el 3,4% en términos interanuales, aunque se trata del cuarto mejor registro del año y se sitúa muy por debajo del 6,5% con el que cerró el pasado ejercicio, según los datos publicados ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales. El Índice de Precios al Consumo (IPC) del último mes se ha visto impulsado por un aumento del alquiler, los seguros de coche y los de salud, mientras que juguetes, mobiliario y artículos deportivos son los que más han bajado en plena campaña navideña. En cuanto a la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, el dato en diciembre se situó en el 3,9%, una décima menos que en noviembre en términos interanuales, aunque subió un ligero 0,3% respecto al mes anterior. “La inflación de la vivienda sigue enfriándose lentamente, y la de los servicios, excluida la vivienda, se mantiene estable, respaldada por un crecimiento salarial aún elevado. Creemos que este telón de fondo probablemente signifique que la desinflación, que fue increíblemente rápida según los estándares históricos en 2023, podría ser más lenta y complicada en 2024”, tal y como explica Tiffany Wilding, economista de Pimco. Según esta experta, es poco probable que el dato publicado ayer influya en la hoja de ruta de la Reserva Federal, que seguirá manteniendo los tipos en el umbral actual, entre el 5,25% y el 5,5%, hasta marzo, sin nuevas alzas por el camino y con los primeros recortes llegando a finales del primer semestre. Las previsiones que maneja Pimco avanzan que la inflación subyacente terminará este año cerca del 2,5%.

Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron la pasada noche ataques aéreos contra objetivos en Yemen relacionados con las milicias hutíes, grupos respaldados por Irán que han hostigado a los buques mercantes en el mar Rojo. Un grupo de países encabezado por EE UU y que protege militarmente el tráfico naval en el mar Rojo había advertido con responder a los ataques, al menos dos docenas de incidentes en los últimos tres meses. Casi de inmediato, la milicia retomó los lanzamientos de misiles y drones. Estos grupos están trastocando el tráfico marítimo en represalia por la ofensiva de Israel en Gaza. El martes, los buques británicos y estadounidenses interceptaron una oleada de misiles y de drones del grupo rebelde yemení. El presidente de EE UU, Joe Biden, dio el visto bueno a la operación.