20240430

La inmobiliaria que nació de la antigua BBK y del fondo de capital riesgo vasco Talde ha ajustado su apuesta por el desarrollo de la promoción de viviendas para alquilar. Lo que en el sector se denomina ‘build to rent’ –en inglés, construir para alquilar– era una línea de negocio en la que la compañía dirigida por Borja García Egotxeaga había fijado una de sus apuestas estratégicas. Pero tras las subidas de tipos de interés, que dificultan la rentabilidad de esta vía frente a la venta, y la regulación del Gobierno estableciendo límites al importe de los alquileres para los grandes tenedores, el paso ha cambiado. Según han confirmado fuentes de la compañía, en Euskadi, que sufre un grave problema de escasez del parque de viviendas para alquilar, Neinor ha aparcado sus dos promociones libres diseñadas con este objetivo. Un total de 200 unidades que continúan en construcción pero ahora se dirigirán a la venta. Es el caso de 160 pisos en la isla de Zorrozaurre, en Bilbao, y de 120 en Vitoria. Esta decisión se suma a las desinversiones realizadas a lo largo del pasado año, un total de 230 millones obtenidos por la venta de una docena de promociones con 400 viviendas para alquilar en localidades como Alicante, Badalona, Girona, Sabadell, Valencia o Guadalajara. Desde la compañía explican que la apuesta por la promoción de viviendas para alquilar sigue siendo una vía de negocio, pero solo cuando un socio institucional –un fondo o una administración pública– asuma todo o parte de la gestión. Es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que participa junto a Neinor y Cevasa en una promoción de 4.500 viviendas de alquiler de protección social. El movimiento coincide con la puesta en marcha del nuevo plan estratégico de la promotora lanzado en 2023 y hasta 2027. La compañía, líder del sector con casi 3.000 entregas de viviendas anuales en los dos últimos ejercicios, ha optado por un nuevo modelo de negocio que aligere su balance y reduzca el endeudamiento para optimizar beneficios. Se materializa buscando socios financieros para cada desarrollo inmobiliario, creando una sociedad para cada proyecto en la que Neinor se queda una participación menor, pero prestando los servicios de desarrollo urbanístico y construcción. Así ha lanzado sus últimos tres grandes proyectos. Un total de 310 millones de euros para levantar un millar de viviendas con socios como Urbanitae, Axa y el fondo Orion, accionista a su vez de Neinor.

PNV y PSE-EE arrancaron ayer en Sabin Etxea la negociación para la conformación del próximo Gobierno Vasco que, a todas luces, liderará el jeltzale Imanol Pradales. Unas conversaciones que se prolongarán a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de ir encajando todas las piezas del puzle, pero que ayer jeltzales y socialistas terminaron –la cita tuvo una duración de una hora– con la constatación de la buena sintonía existente y la «absoluta disposición» de ambos partidos para dar el pistoletazo de salida a la próxima legislatura bajo el paraguas de un Ejecutivo de coalición «sólido». Y parece que no hay tiempo que perder. Ocho días después de que la sociedad vasca decidiera con sus votos la composición del próximo Parlamento Vasco, representantes de ambas formaciones, encabezadas por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y por el secretario general del PSE, Eneko Andueza, mantuvieron una primera toma de contacto –de manera oficial– en la que, principalmente, dibujaron una hoja de ruta y un plan de trabajo para que Euskadi pueda contar con un gobierno en firme en la segunda quincena de junio, y así investir a Pradales como lehendakari una vez se celebren el día 9 las elecciones europeas. Pero para entonces habrán tenido que sortear algún obstáculo, hasta lograr plasmar en un único documento los programas electorales con los que PNV y PSE se presentaron ante la sociedad vasca el 21-A. De momento, la cita de ayer sirvió para abordar la primera fase del proceso negociador, es decir, la constitución de los órganos del Parlamento Vasco. Y tanto jeltzales como socialistas compartieron la voluntad de que, tanto la sesión constitutiva de la Mesa como el Pleno de Incompatibilidades, se celebren antes del inicio de la campaña de las europeas, previsto para la noche del 23 de mayo. De esta forma, el PNV acreditará a los parlamentarios de su grupo –los 27 escaños que lograron en los comicios– el próximo lunes, 6 de mayo; mientras que el PSE hará lo propio al día siguiente, el martes 7. En el encuentro de ayer, en todo caso, no se encaró la negociación en torno al programa de Gobierno ni tampoco sobre la estructura del Ejecutivo ni el reparto de los departamentos. 

La retirada de parte de las medidas de apoyo para combatir el impacto de la inflación en hogares y empresas está teniendo un impacto directo en la tasa del IPC desde que comenzó el año. Según el dato adelantado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este mes ha vuelto a repuntar ligeramente, hasta el 3,3%, sobre todo por la subida de los alimentos y del gas. Una décima por encima de la tasa de marzo, cuando a su vez subió un 0,4% respecto a la que había marcado en febrero. Sin embargo, la tasa de inflación subyacente –que no tiene en cuenta los precios más volátiles, como los de energía y alimentos frescos– se sitúa en el 2,9%, cuatro décimas menos que en marzo y la tasa más baja en dos años. Después de casi tres años de ayudas fiscales para combatir la crisis de precios –el IVA de la luz llevaba reducido desde junio de 2021–, el Gobierno comenzó a retirarlas el pasado 1 de enero, mes en el que la inflación marcaba el 3,4%. En febrero los precios se contuvieron hasta el 2,8%, la primera vez que la tasa se reducía por debajo del 3% desde agosto de 2023, pero en marzo repuntó al 3,2% por la luz y los carburantes en comparación con la bajada de un año antes. Además, cabe destacar que la tasa intermensual (abril sobre marzo) ha subido siete décimas y desde que comenzó el año todo han sido aumentos. Pese a ello, el Ministerio de Economía, en una valoración del dato de inflación remitida a los medios, incidió en que la evolución del IPC de abril «se ha visto afectada por el efecto base, debido al mejor comportamiento de los precios del gas y los alimentos el año pasado», mientras la electricidad ha seguido abaratándose.

Mientras la Unión Europea trabaja para devolver a los Estados miembro a la disciplina financiera, esa de no gastar más de lo que se ingresa y de no emitir deuda, el arranque del año ha dejado una de cal de y otra de arena en la cuestión del déficit público. Lo bueno, según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Hacienda, es que en el primer trimestre de 2024 el déficit del Estado mejoró con 667 millones frente a los 1.000 del año pasado. Supone el 0,04% del PIB, frente al 0,07% de 2023. Pero es una alegría corta, porque los datos de enero y febrero atendiendo también al conjunto de las administraciones autonómicas, las sociedades públicas y la Seguridad Social, no son tan buenos. En total el déficit ascendió a 12.031 millones, un 17,4% más que en el mismo periodo del año pasado y un 0,78% del Producto Interior Bruto nacional. La mayor parte de esa cantidad –8.441 millones– correspondieron al Estado, con un incremento en los dos primeros meses del 3%. El mayor desvío estuvo en las comunidades autónomas, que triplicaron su necesidad de financiación hasta sumar 3.646 millones. Una de las causas de estos números reside en la subida de los gastos financieros. La escalada de tipos de interés, que ha llevado el precio del dinero al 4,5%, está afectando a las administraciones públicas a la hora de devolver los créditos que han recibido de la banca. El coste de la deuda es el gasto que más ha crecido. Un 20% en el caso del Estado y un 29,3% en las comunidades autónomas. Euskadi ha sido, hasta el momento, una de las excepciones. En los dos primeros meses de año sus cuentas públicas presentaron un superávit de 133 millones, el más elevado de todas las comunidades autónomas, entre las que solo escapan a los números rojos Canarias (64 millones) y Asturias (61 millones). Una de las claves de este resultado reside en la política de deuda pública del Gobierno vasco. Y es que el departamento de Economía del Ejecutivo de Vitoria no ha pedido prestado a los bancos la mayoría de los 10.661 millones de su deuda. El 90% de esa cantidad esta negociada con inversores institucionales mediante la emisión de bonos de deuda con intereses fijos, es decir, con condiciones de devolución cerradas y a un plazo en la mayoría de los casos de 10 años.

Los sindicatos vascos no cambiarán de paso en la nueva legislatura que se abre ahora en Euskadi, ya que mantendrán su nivel de exigencia ante el Gobierno Vasco que se configurará para finales de junio. De hecho, aprovecharán mañana la festividad del Primero de Mayo para recordar al futuro Ejecutivo los «deberes» pendientes y no solo relacionados con el ámbito laboral, sino también con Osakidetza o los cuidados, sin dejar de lado otras cuestiones como puede ser la fiscalidad. Y es que no hay que olvidar que el último curso político de la era Urkullu se ha cerrado con una fuerte ofensiva sindical, con la mayor confluencia de huelgas de la historia en el sector público, que llevó a ELA, LAB y CC OO – UGT se desmarcó– a convocar incluso tres huelgas generales en unos pocos meses además de numerosas jornadas de paro en diferentes ámbitos públicos «ante la pérdida de poder adquisitivo, la elevada temporalidad y el deterioro de las condiciones laborales». Los eslóganes y pronunciamientos de cara a este primero de mayo de los principales responsables sindicales revelan que el marcaje y el nivel de confrontación continuará, a menos que haya un cambio real en las políticas. Un mensaje que también trasladan al ámbito privado, donde la defensa del empleo de calidad, unos salarios dignos e incluso el recorte de jornada centrarán las reivindicaciones de este día, pero también la agenda sindical en esta nueva legislatura. El principal sindicato, ELA, que ha hecho de la confrontación y la huelga sus señas de identidad parar lograr avances y contenidos, no variará su estrategia ante un ejecutivo, con caras nuevas, pero que entiende «seguirá con las viejas políticas». 

Por la mañana trabajaba en Hacienda y, por la tarde, en la asesoría de Ametzola que regentaba su mujer. El funcionario, además, se beneficiaba de la información que sacaba de las bases de datos de la Diputación. Al menos en cuatro ocasiones, utilizó «datos privilegiados» que extrajo de los ordenadores del fisco vizcaíno con el objetivo de que los clientes de su esposa pudieran «ajustar» sus declaraciones tributarias. Es decir, esos registros a los que accedió de forma irregular pudieron ayudar a sus conocidos para jugar con ventaja o evitar ser descubiertos si realizaban un eventual fraude. Pero el funcionario fue desenmascarado en 2019. Su proceder fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y ahora la Audiencia de Bizkaia le impone una pena de 10 años de cárcel por cuatro delitos de revelación de secretos y uno de actividades prohibidas. La sentencia reconoce que se ha producido un perjuicio a las arcas forales, pero no cuantifica de cuánto dinero se ha podido tratar ni tampoco establece ninguna indemnización para la Administración pública. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El ahora condenado es funcionario de carrera desde 1986, en la subescala administrativa. Desde 2010 trabajaba como informador de tributos y poseía claves para acceder a las bases de datos de Hacienda. En el fallo se asegura que entre 2017 y 2019 accedió a las declaraciones modelo 347 de las empresas que habían mantenido relación con tres clientes de su esposa (uno de ellos era un médico traumatólogo que es también su primo). Este modelo 347 se utiliza para cruzar las compras y ventas de compañías entre sí, cuando han tenido una relación comercial de más de 3.005 euros en ese año. Según declararon dos inspectores de Hacienda durante la vista, este trámite del 347 es «de gran utilidad porque es una herramienta para perseguir el fraude». Impide que una empresa no declare una venta, por ejemplo, ya que si la otra parte la pone en conocimiento de las autoridades tributarias, llamaría la atención de los funcionarios.

BBVA batió ayer las expectativas de los analistas sobre sus resultados al lograr un beneficio neto en el primer trimestre de 2.200 millones de euros, un 19% más que en el mismo periodo del año pasado. Estas cifras vienen apuntaladas por importantes crecimientos en márgenes, rentabilidad y previsiones positivas para todo el año. Los resultados incluyen un cargo de 285 millones por el impuesto extraordinario a la banca, frente a los 215 millones contabilizados hace un año. BBVA, que este año completa el plan estratégico diseñado en 2021, ha elevado la rentabilidad sobre el capital tangible (Rote) hasta el 17,7%, desde el 17% de finales de 2023, y prevé alcanzar este año entre el 17% y el 20%. El capital de máxima calidad también mejora, hasta el 12,82%, por encima del rango de referencia del banco (11,5%-12%). El margen de intereses crece un 15,4%, hasta 6.512 millones, si bien es más lento que a cierre de año, cuando subía cerca del 21%. Esta ratio crece en todos los mercados, salvo en Turquía, donde retrocede un 55,7%. Las comisiones repuntan un 31,1% y los resultados por operaciones financieras, un 76,2%, lo que impulsa un 18,1% los ingresos, hasta 8.218 millones.

Iberdrola ha llegado a un acuerdo con la empresa energética Premier Energy Group para venderle su negocio renovable en Rumanía por 88 millones de euros, avanzando así en su plan de desinversiones de activos no estratégicos, según informó ayer la empresa. Iberdrola, primer grupo energético español, da así otro paso para centrarse en países clave, como España, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos. A través de su filial rumana Premier Renewable Invest, Premier Energy se ha hecho con el control del 100% de la sociedad eólica Dobrogea One. De este modo, Iberdrola vende los 80 megavatios eólicos que tenía en la región, con lo que ya deja de operar en el país. El grupo Premier Energy está controlado por el fondo Emma Capital, buque insignia del millonario Jiri Smejc, conocido por haber protagonizado grandes operaciones en el sector de los casinos y el juego. Entre otras, participó con éxito en la privatización de la empresa de juegos griega Opap y en la compra de participaciones en otras empresas del sector en Austria (Casinos Austria y Lotterien), Italia (Lottoitalia) y Croacia (SuperSport). La operación de venta de los activos de Iberdrola está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales. Se enmarca, dicen en Iberdrola, dentro del plan estratégico presentado el pasado 21 de marzo por la compañía en Londres. Ver nota de Iberdrola. 

ISS y Glass Lewis, los dos mayores proxy advisors internacionales (asesores de voto en las juntas de accionistas), proponen el voto a favor de todos y cada uno de los puntos que Repsol someterá a aprobación en su próxima junta, prevista para el día 10 de mayo. Este año, todas las miradas están puestas en el punto 10 del orden del día, en el que Repsol someterá a votación la estrategia del grupo en transición ecológica. ISS y Glass Lewis muestran su respaldo. Ocurre justo en un momento especialmente sensible para Repsol. Iberdrola, uno de los grandes rivales energéticos de Repsol en España, ha interpuesto una demanda contra la compañía, a la que acusa de competencia desleal por ecopostureo o greenwashing, es decir, hacer un uso fraudulento del márketing de la sostenibilidad medioambiental. Al día siguiente de conocerse la denuncia, a mediados de marzo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se congratuló de que el greenwashing llegara a los tribunales. Esto se interpretó como una crítica más de Ribera hacia el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, al que también ha acusado de negacionista climático y retardista de la transición verde. Aunque Ribera luego ha rebajado las críticas, la denuncia de Iberdrola contra Repsol sigue su curso en los tribunales. Glass Lewis reconoce que siempre tiene “ciertas reservas” respecto de las propuestas que solicitan a los accionistas para aprobar o desaprobar la política medioambiental de una empresa, pero en este caso recomienda el voto a favor.

El 43% de los fondos de inversión europeos que llevan en su denominación las palabras “verde”, “sostenibilidad” o sus variantes dedican parte del dinero a empresas que consiguen beneficios del carbón, el petróleo o el gas, como desvela un análisis de los portfolios de miles de instrumentos financieros realizado por las organizaciones holandesas Follow The Money e Investico, Le Monde y otros siete medios europeos. En el mercado español, lo hace el 47% de estos fondos. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha dejado claro en sus últimas recomendaciones que los nombres “no tienen que ser engañosos”. Si un fondo se autodefine como “sostenible”, las empresas en las que invierte no deberían obtener más del 50% de sus beneficios del gas, más de 10% del crudo y más del 1% del carbón. La mayoría de estos fondos dedican solo un porcentaje de sus inversiones a empresas de energías sucias: menos de un 6% de media. Pero es suficiente para que hasta 6.700 millones de euros acaben en las compañías que apuestan por los combustibles fósiles. Hay además 21 fondos de gestoras como Blackrock, Amundi o HSBC que dedican más del 10% a empresas de energías sucias. Las 10 compañías contaminantes que más reciben han captado 2.700 millones de fondos que deberían ser sostenibles con el medio ambiente.

Altman, máximo responsable de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, lanzó una advertencia en enero en el Foro de Davos: la industria de la inteligencia artificial (IA) está a punto de provocar una crisis energética. La nueva generación de IA generativa consumirá mucha más energía de la prevista hasta el punto de poner en jaque las redes energéticas mundiales, dijo ante los principales líderes y empresarios del mundo. “No hay forma de llegar sin cambios drásticos”, vaticinó. Ese “cambio drástico” es la llamada energía nuclear avanzada, término en el que se incluyen los reactores de bolsillo y la fusión nuclear, ambos todavía en fase experimental. Varias empresas se han fijado en esta alternativa, que les aportaría autonomía energética y un mayor control de los costes. El Gobierno de Joe Biden no lo ve con malos ojos. La secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, se reunió en marzo con varias empresas tecnológicas, entre ellas Amazon, Google y Microsoft, para explorar fórmulas imaginativas de abastecimiento. Uno de los temas que se trataron fue el encaje de pequeños reactores nucleares en los centros de datos, esas extensas naves llenas de procesadores que funcionan día y noche. Según estimaciones de varios estudios independientes, ya se dedica un 8% de la energía mundial a la IA. Este dato, como vaticina Altman, se quedará corto dentro de poco tiempo, según surjan versiones de ChatGPT, Gemini o Copilot, que requerirán más y más poder de cómputo. “Me alegra que dijera eso en Davos. He visto una constante minimización y negación sobre los costes ambientales de la industria de la IA desde que comencé a publicar sobre ello en 2018”, escribía en febrero Kate Crawford, una de las investigadoras de referencia en la huella de la IA, en Nature. Las big tech ya han dado los primeros pasos hacia la era nuclear, una fuente de energía en retroceso en Occidente (se desmantelan más reactores de los que se construyen) con grandes excepciones: EE UU, Francia, Reino Unido y varios países de Europa del Este. Las empresas la conciben como una forma de asegurarse un suministro estable y duradero de energía en un contexto en el que la oferta no da más de sí.

El modelo de lenguaje Latxa, elaborado por el centro Hitz de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha superado a la versión de ChatGPT original lanzado hace un año (ahora conocido como GPT 3.5) y, por primera vez para un modelo abierto de un idioma de pocos recursos digitales, supera la última versión (GPT-4) en competencia lingüística. Así lo comunicó ayer el centro, que señala que con las últimas mejoras implementadas, el modelo en euskera ha dado «resultados esperanzadores». El paso logrado por Hitz con el modelo Latxa quizá sea difícil de medir para el usuario medio, ya que estos sistemas no están pensados para que el público general los utilice directamente. Sin embargo, es un adelanto considerable que abre la puerta a nuevos avances y a desarrollar herramientas exitosas que utilicen tecnología lingüística para el euskera. La irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado de raíz el sector tecnológico y esta vía de trabajo de la UPV busca minimizar la brecha existente entre los idiomas hegemónicos como el inglés y el euskera, en situación minorizada, con menos recursos digitales para desarrollar modelos o tecnologías similares. No es la primera vez que desde Hitz insisten en la brecha entre idiomas. El director del centro, Eneko Agirre, ya subrayó que los resultados logrados, en general, suelen ser «bastante inferiores» si se comparan con el mencionado ChatGPT en inglés o el Gemini en castellano. En esa línea de trabajo, la primera versión de Latxa, que fue presentada en enero de 2024, ha sido entrenada «sobre el mayor corpus público en euskera», que extiende el ya existente EusCrawl, y que también se distribuye junto con los modelos, han explicado los investigadores. El centro Hitz detalló ayer que en total son más de 4 millones de documentos y 1.200 millones de palabras, doblando en tamaño de corpus de textos de licencia libre a sus predecesores hasta el momento, y que los resultados también serán «mejores» a medida que aumenta el modelo «en tamaño».

Arkaitz Carracedo (Barakaldo, 1979) decidió dedicar su vida a investigar el cáncer por la «relevancia de entender una enfermedad tan compleja y porque investigar sobre el cáncer sirve para investigar sobre la vida». Esta afirmación se basa en otra: «El cáncer no va a desaparecer porque es parte de la vida», dijo a este periódico en una entrevista publicada el pasado mes de noviembre. La buena noticia es «cada vez tenemos más herramientas para tratarlo. Hace 50 años, solo uno de cada cuatro pacientes vivían más de cinco años. Ahora, la mitad». Ese es su trabajo y la razón por la que ha recibido un nuevo premio, el Ramiro Carregal de Investigación Oncológica en la categoría de Talentos Emergentes, que le considera «como una referencia del cáncer a nivel nacional» a pesar de su todavía «corta trayectoria». «El reconocimiento de investigadores e investigadoras en diferentes estadios de la carrera científica es una herramienta poderosa para que hablemos de ciencia en nuestra sociedad. Necesitamos que la investigación sea considerada parte del engranaje esencial que mueve el motor de nuestra sociedad», asegura el joven investigador Ikerbasque del CIC bioGUNE. Los tumores son la consecuencia de un proceso intrínseco a la vida, los errores de las células al copiar su ADN, su libro de instrucciones. «Sin ellos no estaríamos aquí», insiste Carracedo, que se licenció en la Universidad del País Vasco y completó su formación en dos prestigiosos centros estadounidenses, el Memorial SloanKettering Cancer Center de Nueva York y el Beth Israel Deaconess Medical Center de la Universidad de Harvard. Su investigación, centrada en el cáncer de próstata, se dirige a descubrir las debilidades de los tumores a nivel molecular. Este galardón se une a una larga lista de reconocimientos como el premio Leonardo de la fundación BBVA en 2023, el de la Fundación AstraZeneca por partida doble en 2023 y 2018, el Premio Nacional de Investigación para jóvenes de 2022 y el de la Fundación Banco Sabadell en 2019. También ha recibido el reconocimiento de la Fundación CRIS contra el cáncer en 2022 y el mismo año pasado fue nombrado investigador distinguido de la Universidad del País Vasco.

Viento, sol y agua, mucha agua. La trilogía renovable ha llevado el precio de la luz en abril a su menor nivel desde que hay registros: 13,67 euros por megavatio hora (MWh), según los últimos datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía. La cifra supera, de largo, el último récord: 17,12 euros, en febrero de 2014. Ni siquiera en abril de 2020, durante la fase más estricta del confinamiento, la electricidad fue más barata. En el lado opuesto, el máximo histórico data de marzo de 2022 (en plena crisis del gas); promedió 283 euros, 20 veces más que ahora. El mercado mayorista de la electricidad, en el que se ha batido este mínimo, afecta de forma directa a dos tipos de consumidores: los casi 8,5 millones de hogares y pymes que están adheridos al mercado regulado (PVPC) y aquellos que tienen una tarifa indexada. El resto de usuarios, los que optan por una tarifa del mercado libre (en muchos casos, fija, en la que da igual a qué hora o qué día se consuma), no lo notarán a corto plazo, pero sí a medio y largo: cuando les toque renovar, muy probablemente lo harán a la baja. Renovables al margen, la demanda baja es el otro elemento que está facilitando esta racha de precios bajos. Aunque en las últimas semanas el mercado empezó a arrojar tímidas señales de reactivación, el consumo de electricidad en España cayó en 2023 a niveles de casi dos décadas atrás: es el menor desde 2005, según la serie de Red Eléctrica de España. 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se prepara para enseñar las garras mañana, miércoles. Hace solo mes y medio, la mayoría de los miembros del comité de política monetaria del banco central de Estados Unidos aún pronosticaban tres rebajas de los tipos de interés de 0,25 puntos hasta fin de año. Eso era compatible con un recorte cada trimestre a partir de junio, pero todo cambió con el dato de inflación de marzo. Las rebajas de tipos se han alejado y los inversores lo han asumido. El higher for longer, tipos más altos durante más tiempo, lema que marca su discurso desde hace un año, está más vivo que nunca, y los inversores esperan pistas para orientarse. De lo que nadie tiene duda es de que los tipos de interés se mantendrán en el nivel del 5,25%-5,50% tras la reunión de este martes y miércoles del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Es el tipo más alto en los últimos 23 años, fue fijado en julio del año pasado y se han mantenido sin cambios en otras cinco citas posteriores del FOMC. La intención de Powell es plantarse, esperar y ver. Ya dijo hace unas semanas que no había ninguna prisa por empezar a bajar tipos y en la reunión de marzo dejó claro que necesitará estar muy convencido antes de mover ficha. Descartado un movimiento, toda la atención del mercado estará este miércoles en los cambios en el comunicado de la reunión y en el contenido y el tono de las palabras de Powell en la rueda de prensa. Secundariamente, también se espera que el banco central frene el ritmo de reducción de su balance para prevenir tensiones en el mercado monetario.

El fracaso de las negociaciones entre las autoridades de la Universidad de Columbia (Nueva York) y representantes de los estudiantes acampados desde hace 10 días en solidaridad con Gaza, que ayer recibieron una orden de desalojo, añade aristas a una movilización estudiantil que recuerda el clamor contra la guerra de Vietnam y que, como en 1968, afecta de lleno a la política. Presiones no solo de congresistas republicanos —el presidente de la Cámara, Mike Johnson, visitó la semana pasada el campus para apoyar a los estudiantes judíos—, sino también de algunos demócratas son carburante adicional para una agitación ya incipiente en Europa y que en EE UU amenaza con costarle aún más apoyos al presidente Joe Biden: frente a 21 congresistas demócratas que han pedido a Columbia que desaloje el campamento, otros correligionarios suyos acuden a solidarizarse con los estudiantes. Además del frente externo de las críticas por su apoyo a Israel — de decenas de miles de votantes de origen árabe y musulmanes—, la brecha en las filas demócratas amenaza con un nuevo sumidero de votos en las presidenciales de noviembre. El ultimátum de Columbia complicaba ayer a efectos prácticos el escenario. La división entre los demócratas ha vuelto a quedar patente. Una veintena de representantes de la Cámara baja exigieron ayer en una carta a la dirección de Columbia que desmantele la acampada o dimita la rectora, Minouche Shafik. Los remitentes son congresistas moderados o centristas, 10 de ellos judíos. Mientras la Cámara se dispone a votar esta semana al menos una medida contra el antisemitismo que divide aún más a los demócratas, otro pequeño grupo de la facción progresista acude a los campus para apoyar a los manifestantes. 

No estalló la bomba, pese a lo que ya empezaban a temerse incluso miembros de su propio Gobierno. Tras cinco días de reclusión y hermetismo absoluto que tuvieron en vilo hasta casi el último momento incluso a su núcleo duro, Pedro Sánchez compareció ayer a las 11.00 horas en el Palacio de la Moncloa para anunciar que ha escuchado las llamadas a la resistencia y los gritos de apoyo de buena parte la sociedad progresista, y que, junto a su mujer, Begoña Gómez, ha decidido seguir al frente del Ejecutivo «con más fuerza si cabe» y una misión: acometer la «regeneración pendiente» de la democracia española y demostrar «al mundo» cómo se combate la «ola reaccionaria» que lo recorre y amenaza. En qué medidas o leyes se plasmará, en concreto, la ofensiva anunciada por el presidente del Gobierno es aún una incógnita, pero el discurso con el que ya explicó en su carta del pasado miércoles su inédita decisión de «parar y reflexionar» sobre su continuidad y el modo en que su partido lo asumió sin matices invita a pensar que la polarización que ya domina la política española no hará sino crecer. «¡Pedro, quédate! ¡Merece la pena que ganen los buenos!», llegó a esgrimir la vicepresidenta primera y ‘número dos’ de los socialistas, María Jesús Montero, el sábado, en el extraordinario comité federal reconvertido en una explosión de emotividad de dirigentes y militantes abrazados en las calles. Leer discurso íntegro de Pedro Sánchez.