20241115

El programa , de transformación del liderazgo en las empresas, cuanta en la actualidad con la participación de un centenar de pymes y grandes compañías que han capacitado ya a 150 equipos para llevar a cabo un cambio en sus relaciones internas. Creado por las asociaciones Cebek, FVEM, Cecobi, Ascobi-Bieba y Aveq-Kimika en colaboración con el Departamento de Promoción Económica de la Diputación de Bizkaia, la metodología del programa ha conllevado, según sus responsables, «una mejora del ambiente laboral», así como «una mayor comunicación e implicación» de los trabajadores en las empresas, «lo cual se traduce, en la mayoría de los casos, en una mejora de la productividad y una reducción de la tasa de absentismo». EkinBarri celebró ayer en Bilbao su encuentro anual bajo el lema ‘Conectando el liderazgo de Bizkaia’. Una jornada que contó con la participación de la diputada vizcaína de Promoción Económica, Ainara Basurko; la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo; la vicepresidenta del Athletic Club, Nerea Ortiz Olarra; y el especialista en Talento de Telefónica, Sergio de la Calle. Asimismo, representantes de empresas como Aceros Inoxidables Olarra, Think on Marketing, Agaleus y Radio Rhin compartieron en una mesa redonda sus casos de éxito en transformación de liderazgo. El evento acogió la entrega del ‘Premio ekinBarri 2024’ a las empresas que han implementado con éxito el programa de liderazgo que pone a las personas en el centro de su estrategia, y que en esta edición ha recaído en Toyota Japan Car. Asimismo, la jornada sirvió como presentación de la nueva gestora digital personalizada de ekinBarri, NaIA. Esta herramienta de inteligencia artificial estará disponible las 24 horas los 365 días del año para las empresas participantes en el programa, y según sus creadores «está diseñada para integrarse de manera natural en los procesos de desarrollo de liderazgo, ayudando a las empresas a gestionar equipos con un enfoque de conexión humana más profundo y significativo. Ver nota de prensa de Cebek aquí

Los precios en octubre acusaron el impacto de un doble efecto que frenó la tendencia favorable que acumulaba la inflación en Euskadi con cuatro meses consecutivos de alivio. Y es que al final de la bonificación en el IVA en los alimentos básicos, se unió un incremento en el coste de luz y gas que elevaron cinco décimas el IPC interanual. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo creció en octubre un 2,3% respecto al mismo mes del año pasado, dejando a Euskadi como la comunidad autónoma más inflacionista. Supera notablemente el 1,8% de media anotado en el conjunto de España. En la evolución de los precios, el capítulo que más acusó este repunte fue el que incluye el coste de la vivienda, el agua, la luz y el gas. El incremento interanual fue del 4,7%, por encima incluso de la cesta de la compra, que se incrementó un 3,1%. Respecto a septiembre, el País Vasco anotó una subida de precios del 0,6%, el mayor salto en los últimos seis meses. Por detrás, el mayor IPC fue el de Aragón con un 2,2%, seguido de Madrid, Cataluña, Baleares y Asturias, todos con un 2%. En el otro extremo, las comunidades con menor subida de precios fueron Murcia, Castilla y León, Cantabria, Canarias y Andalucía (1,5%). En el conjunto de España los precios avanzaron tres décimas, hasta el 1,8%. Se debió también al encarecimiento de los carburantes y a la subida de los precios de la electricidad y del gas, frente al descenso que experimentaron en octubre de 2023. La inflación subyacente –que excluye alimentos frescos y productos energéticos– avanzó el mes pasado una décima, hasta el 2,5%. La inflación acumulada en lo que va de año alcanza el 2,8%, por debajo de las subidas recogidas en los convenios vascos con una media del 3,36% de los precios, pero sin consolidarse por debajo de la barrera psicológica del 2% del IPC. 

Acercamientos, pero sin acuerdo. Ese es el resumen de la jornada de negociación entre patronal y sindicatos para cerrar el nuevo convenio de la hostelería alavesa. La cita de ayer en el Preco de Vitoria, con la mediación del Consejo de Relaciones Laborales, no fue suficiente para cerrar un nuevo pacto en torno a las condiciones de trabajo de los camareros alaveses, que llevan sin actualizarse desde 2020. Según informó el sindicato ELA en un escueto comunicado, las centrales no consiguieron cerrar un acuerdo con SEA Hostelería a pesar de una reunión «larga» de negociación. No obstante, según explicó la central de Mitxel Lakuntza, «las partes han acercado algo las posturas», aunque «sin llegar a ningún entendimiento». Fruto de ese «acercamiento», «se han comprometido a traer una propuesta en la próxima reunión, que será el día 25 de noviembre». La patronal alavesa, por su parte, emitió una nota de prensa en la que reveló los contenidos de su propuesta para los sindicatos. SEA Hostelería plantea una subida salarial del 11,5% hasta el 2024, a los que sumaría un incremento del 2,5% el año que viene y otro 2% en 2026. Asimismo, los trabajadores recibirían una paga extraordinaria de 2.000 euros, verían reducida su jornada anual en dos horas y mejorarían las condiciones de sus permisos y bajas. En su escrito, las empresas del sector piden «responsabilidad» a los sindicatos ante el «importante esfuerzo» de bares y restaurantes. «Sus posturas maximalistas y sus convocatorias de paros están impidiendo que los trabajadores puedan lograr una mejora muy considerable de sus condiciones», censura. Ver nota SEA Hostelería aquí. 

El grupo de material ferroviario y autobuses CAF cerró los nueve primeros meses de 2024 con unas ventas que rozan los 3.000 millones de euros –2.918 millones– tras un alza del 7%; y con un aumento del 15% del beneficio neto, hasta 61 millones. Esta rentabilidad responde a la buena evolución de los resultados financieros, con un recorte de gastos y una buena gestión de excedentes de tesorería, según la empresa guipuzcoana. El avance de las ventas obedece al empuje del negocio ferroviario, que creció un 10% y suma 2.222 millones. En cambio, la facturación en autobuses, a cargo de la filial polaca Solaris, se contrajo un 4% y quedó en 585 millones. Este retroceso de ventas de autobuses se debe al impacto en las entregas de los cambios regulatorios y de los nuevos requisitos de los sistemas de software de los vehículos para asistencia al conductor. Las ventas de autobuses se vieron afectadas también por las inundaciones en Europa central del pasado septiembre. Según CAF, la situación ha vuelto a la normalidad y en octubre la facturación de Solaris creció un 7%, porcentaje que irá en aumento hasta fin de año, de manera que cumplirá el objetivo de entregas. Al cierre de septiembre, CAF recortó un 5% su cartera, hasta 13.527 millones de euros, por la mayor ejecución de proyectos y la caída de la contratación. Del total de pedidos, casi 12.000 millones corresponden al negocio ferroviario, que fue a la baja por la menor contratación durante el verano; y algo más de 1.500 a los autobuses, que se colocó en su nivel máximo. Estas cifras no incluyen adjudicaciones confirmadas por 700 millones, algunas firmadas ya en el cuarto trimestre y otras aún pendientes; ni otros contratos que CAF prevé materializar en las próximas semanas en distintos países y de varios importes, apuntan sus responsables.

La CNMC ha decidido esta semana ampliar el análisis de la opa presentada por BBVA sobre las acciones del Banco Sabadell, en lo que se denomina ‘Fase 2’. Un estudio ampliado en el que este organismo admite estudiar alegaciones de cualquier persona o institución que se considere parte interesada. Ya se da por supuesto que serán decenas de informes los que llegarán a la sede del supervisor del mercado. Uno de ellos será el de la Autoridad Vasca de la Competencia, según confirmó ayer un portavoz oficial de esta institución, que tiene carácter independiente y cuyas atribuciones son la vigilancia de la libre competencia en el ámbito de la comunidad autónoma vasca. «Analizaremos los efectos que podría tener la operación en Euskadi y emitiremos un informe», señalaron ayer desde este organismo. Aunque no hay más detalles, todo apunta a que el trabajo va a estudiar si la suma de las cuotas de mercado de BBVA y Sabadell en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, la redundancia de oficinas y la previsible desaparición de algunas puede generar distorsiones en el mercado financiero vasco. Y en especial en el de las pequeñas y medianas empresas, en el que el Sabadell tiene una presencia importante en Euskadi tras la absorción del Banco Guipuzcoano. El estudio que ha hecho la Comisión Nacional de la Competencia en la ‘Fase 1’ no ha desvelado grandes problemas de competencia en el conjunto de España ante una hipotética fusión de ambas entidades. En el caso del País Vasco el estudio tan solo señalaba como advertencia que puede haber problemas en una zona de Irún –el análisis geográfico se ha hecho por códigos postales y la localidad guipuzcoana tiene cinco–, ya que tan solo hay dos oficinas y son de los bancos implicados en la operación. De fusionarse solo quedaría uno.

La idea es crear un portal digital único que permita al ciudadano realizar trámites con Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos sin tener que ir de aquí para allá. Es la medida estrella del plan para reducir la burocracia del lehendakari, y que contempla dar información personalizada al ciudadano a través de su ‘carné digital’ sobre asuntos como ofertas de empleo de Lanbide o el acceso a cualquier tipo de ayuda pública. Un portal digital único en el que el ciudadano pueda realizar los trámites con todas las administraciones vascas (Gobierno autonómico, diputaciones forales y ayuntamientos) sin tener que ir de aquí para allá. Es la medida estrella del plan para reducir la burocracia que Imanol Pradales propuso el miércoles al resto de instituciones implicadas. La ‘app’, bautizada como ‘GuneON’, ya cuenta con un proyecto piloto y prevé incorporar un sistema que se anticipe al ciudadano; es decir, que le avise de antemano sobre servicios que le corresponden como una ayuda económica o una oferta de empleo de Lanbide. La simplificación de los trámites administrativos es uno de los compromisos que se ha propuesto Pradales desde que llegó en junio a Ajuria Enea. El calendario legislativo de su Gabinete, de hecho, contempla la elaboración de una ley autonómica para blindar con rango legal las medidas que se adopten. Pero antes de comenzar a redactar esa norma, el Ejecutivo autonómico quiere buscar la implicación de los otros dos estamentos institucionales para asegurarse de que compartan una «estrategia común». Para ello, el miércoles reunió en Vitoria a los máximos representantes de las tres diputaciones y de Eudel, la asociación de municipios.

El servicio de atención al paciente de Osakidetza registró 40.086 reclamaciones y 10.882 quejas a lo largo de 2023. Son las cifras de requerimientos por parte de los usuarios más altas hasta la fecha y mantienen la tendencia creciente registrada desde la pandemia. En 2019 se registraron un total de 34.446 interpelaciones de ambos tipos. El pasado año fueron un 21,5% más. Pero es que este 2024 lleva camino de cerrar el año con unos registros aún mayores. Entre enero y septiembre el servicio de atención al paciente contabilizó un total de 34.184 reclamaciones y 7.697 quejas, a una media de 152 nuevas cada día. Estos datos forman parte de la información que ha remitido el Departamento de Salud al Parlamento vasco a petición de EH Bildu, formación para la que estas cifras reflejan «el deterioro que ha experimentado Osakidetza en los últimos años». «El elevado número de quejas y reclamaciones de las personas usuarias es la confirmación de que en el sistema público de salud es necesaria la transformación que desde EH Bildu venimos reclamando desde hace tiempo para mejorar la calidad de la atención. Y para eso, para llevar a cabo esa transformación y esa mejora de los servicios sanitarios, es fundamental que se tenga en cuenta la opinión, las experiencias y las demandas de las y los usuarios del sistema», sostiene la parlamentaria soberanista Rebeka Ubera.

Ayer el Gobierno volvió a echar el freno de mano en el último minuto para evitar el descarrilamiento definitivo de su proyecto de reforma fiscal. Al evidenciar la falta de apoyos suficientes como para sacar adelante su propuesta tributaria, PSOE y Sumar forzaron la suspensión in extremis de la votación, por segunda vez en esta misma semana, a fin de ganar algo de tiempo extra, hasta el próximo lunes, para seguir negociando una salida. El movimiento deja en el aire el futuro del paquete fiscal acordado por la coalición, que incluye nuevos impuestos a banca, vapeo y lujo, mayor presión fiscal sobre el ahorro y las Socimis o recuperar alzas fiscales anuladas por los tribunales, pero también los compromisos de recaudación sellados con la Unión Europea y el tipo mínimo global a las multinacionales. La reforma fiscal del Ejecutivo incorporó las líneas rojas de PNV y Junts antes incluso que las aportaciones de Sumar, socio minoritario de la coalición, incluyendo así la renuncia al impuesto al sector energético, lo que ha despertado el rechazo de Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, el resto de tradicionales socios parlamentarios del Gobierno, que es a los que trata de convencer ahora. Al constatar su incapacidad para llegar a un acuerdo de mínimos en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados que iba a arrancar ayer al finalizar el Pleno, el Ejecutivo optó por volver a suspenderla –como ya hizo el psado lunes– hasta el próximo lunes. El asunto es que esa Comisión tiene pendiente pronunciarse sobre la batería de propuestas fiscales que los distintos grupos políticos han ido presentando a modo de enmiendas al proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global del 15% para multinacionales y grandes empresas, entre las que se encuentra el paquete tributario que conforma la reforma del Gobierno. Para diseñar dicha reforma, el PSOE priorizó en primer lugar un pacto con Junts y PNV que le despejara el camino parlamentario, lo que le llevó a aceptar su exigencia de sacrificar el impuesto a las empresas gasistas, petroleras y eléctricas, tras las amenazas de deslocalización de Repsol. A cambio, los socialistas ataron su apoyo a prorrogar tres años el gravamen sobre la banca –suavizando los términos del actual- y a compensar la pérdida de ingresos del sector energético equiparando la carga tributaria del diésel a la de la gasolina (dejando fuera el gasóleo profesional).

La decisión del Gobierno de articular su reforma fiscal a partir de enmiendas al proyecto de ley de transposición de la directiva europea que fija el tipo mínimo global del 15% para multinacionales y grandes empresas conlleva riesgos. Después de todo, España tenía que haber adoptado la medida antes de finales de 2023, un retraso por el que ya se juega una multa comunitaria, después de que la Comisión Europea denunciara esta demora ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora, las consecuencias podrían agravarse si los continuos retrasos a los que está sometiendo la tramitación parlamentaria de la norma para tratar de incluir en ella una reforma fiscal le impiden aprobarla antes de que acabe 2024. De ser así, el nuevo gravamen global no será aplicable sobre este ejercicio y el resto de países que sí han adoptado el tipo mínimo podrán exigir a las multinacionales españolas la diferencia de recaudación que no les esté cobrando España por esta vía. A su vez, el Gobierno ha prometido a Bruselas aprobar una reforma fiscal que acerque su recaudación fiscal a la media europea para poder cobrar el quinto pago de ayudas europeas Next Generation, por 7.200 millones de euros, mientras que en el Plan Fiscal Estructural aseguró a la Comisión que para 2025 se tendrían en marcha medidas tributarias que incrementen la recaudación en 4.500 millones anuales de forma estructural. Incumplir alguno de estos compromisos arriesga la credibilidad de España y de un Gobierno que tiene cada vez más complicado aprobar sus primeros Presupuestos.

La nueva figura fiscal ideada por el Gobierno y sus socios, que, actualmente, está en tramitación parlamentaria, será vigilada por el BCE de la misma forma que el anterior gravamen al sector bancario. Así lo aseguró ayer Luis de Guindos, vicepresidente del regulador. “Si hay una modificación (del nuevo gravamen), lo veremos y lo analizaremos”, señaló Guindos en un foro financiero organizado por el diario ABC y Deloitte. No se aventuró a opinar sobre lo que ocurrirá con el nuevo impuesto. El Gobierno acordó con Junts y PNV extender el gravamen a la banca por otros tres ejercicios, pero incluyeron algunos cambios. La nueva tasa no tendrá tipo fijo, y será progresiva. Gravará entre un 1% y un 6% de los ingresos de los bancos, aunque los primero 100 millones de euros estarán exentos fiscalmente. Es decir, las firmas que obtengan mayores ingresos por intereses deberán pagar más. A finales de 2022, cuando el Gobierno aprobó el gravamen a la banca vigente, el BCE emitió un dictamen oponiéndose a esta figura fiscal al considerar que puede afectar a la solvencia de las entidades y mermar la oferta de crédito. En el escrito criticó que el denominado impuestazo no tiene en cuenta los ciclos económicos y, además, recae sobre los ingresos en lugar de los beneficios.

Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal bancaria AEB, afirmó en la jornada de Deloitte que el impuesto mermará el capital de la banca y eso recortará su capacidad de dar financiación a la economía y las familias. Según sus números, eso se traducirá en la concesión de 250.000 hipotecas menos por culpa del gravamen extraordinario. En términos absolutos, 50.000 millones de euros menos de crédito a empresas y particulares. “El contexto de altos tipos de interés con el que se creó el impuesto temporal se ha dado la vuelta. Donald Trump ha ganado las elecciones y eso va a tener implicaciones clarísimas en el comercio mundial. Y Europa tiene una necesidad enorme de inversiones y de financiación”, esgrimió Kindelán. En todos los foros públicos en los que interviene, la AEB subraya que España será el único país del mundo con un recargo impositivo al sector de carácter permanente. La banca recuerda que su rentabilidad media es del 13%, frente al 18% de la media de las empresas del Ibex. Ayer estaba convocada la Comisión de Hacienda del Congreso para votar la reforma fiscal que incorpora el nuevo diseño del gravamen pactado por el PSOE con Junts y el PNV. Pero ante la falta de apoyos políticos, la Comisión ha quedado aplazada al lunes. Está previsto que el proyecto de ley se debata el próximo jueves en el Pleno del Congreso para que pueda entrar en vigor a principios de 2025.

La catástrofe de la dana ha puesto en suspenso numerosas cuestiones que afectan a las acciones de gobierno debido a la dedicación de los dirigentes del Ejecutivo a paliar, de forma prioritaria, los efectos de las graves inundaciones en Valencia. Entre los asuntos que se han visto interrumpidos están las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales. Esta interrupción llegó justo cuando la patronal iba a comunicar oficialmente que no va a formar parte de un acuerdo para este recorte del tiempo de trabajo. Por ello, el Gobierno negociará en solitario con los sindicatos CC OO y UGT el texto que llevará posteriormente al Congreso, donde “por mucha prisa que se den no podrá aprobarse antes de la primavera”, aseguran fuentes sindicales, que esperan su aprobación para entonces. El pasado lunes, 11 de noviembre, estaba prevista la que iba a ser la última reunión tripartita en la que los empresarios se iban a desmarcar oficialmente de un futuro pacto para reducir la jornada, pero fue suspendida por el Ministerio de Trabajo debido a la dana y desde este departamento apuntan que aún no hay fecha prevista para celebrarla. Pero, una vez se produzca ese encuentro, la patronal quedará fuera de la ecuación y Trabajo se pondrá manos a la obra para sacar adelante la ley trabajando en dos frentes a la vez: con los sindicatos, por un lado, y con los grupos parlamentarios, por otro, ya que se trata de una norma que debe ser respaldada por una mayoría parlamentaria.

En una vuelta de tuerca sin duda sorprendente en el universo de alianzas en este Congreso de los Diputados tan atomizado, el PNV logró a última hora de la tarde de ayer aprobar un cambio legal que en la práctica permitirá agilizar los desalojos en casos de 'okupación' por allanamiento de morada. Lo sorprendente no ha sido tanto el qué, ya que este fenómeno preocupa y mucho a partidos como el jeltzale, sino el cómo, con quiénes ha salido adelante. Y es que esta modificación verá la luz gracias al apoyo que el PNV logró del PP, Junts, Bildu y ERC, una mayoría inédita que pone en evidencia al Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar, partidos que votaron en contra junto a Podemos y el BNG. Vox finalmente se abstuvo. El capítulo de sorpresas no se cerró aquí. Dos horas después de conocerse la votación, pasadas las nueve de la noche, la coalición abertzale emitió un comunicado oficial en el que desvelaban que se habían equivocado en la votación «relativa a agilizar los procesos judiciales en casos de usurpación» y pedían perdón por ello. «Rechazamos esta medida. Asumimos el error, lo lamentamos, nos disculpamos e intentaremos revertirlo y enmendarlo lo antes posible en coherencia con la postura contraria que hemos mantenido siempre que se ha planteado esta medida por parte de diferentes grupos en el Congreso», detallaron. «Con este mensaje –apostillaron– no pretendemos ni justificar ni excusar nuestro error, sino reafirmarnos en el compromiso con lo defendido en materia de vivienda todos estos años. Seguiremos trabajando en ese camino. Lo que se aprobó fue una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permitirá agilizar los desalojos en casos de 'okupación'. El PNV ya planteó en la pasada precampaña vasca una reforma para poder desalojar a okupas en un plazo máximo de 48 horas

La economía europea lleva años perdiendo la carrera de la productividad y, en consecuencia, de la competitividad de sus empresas con Estados Unidos y China. Y eso está muy vinculado con la falta de innovación de las grandes empresas europeas, que, como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI), invierten bastante menos que las estadounidenses en investigación y desarrollo. Esto se ve claro en el sector tecnológico: en los últimos 20 años la inversión de las firmas de EE UU ha crecido un 40%, “mientras que en las europeas se ha mantenido constante”, señala un breve informe del FMI que diagnostica los males de la UE para acabar planteando una solución muy similar a la que ponen sobre la mesa los informes de Enrico Letta y Mario Draghi: ahondar en el mercado único para que este gane tamaño y con él, el sector privado europeo. El documento divulgado ayer por el FMI contiene datos que evidencian que Europa se queda atrás por la falta de dinamismo: el año de fundación de las 10 mayores empresas estadounidenses fue 1985; en Europa 1911. “No solo hay un déficit de empresas jóvenes con alto crecimiento, sino también de empresas de éxito, como demuestra la sobreabundancia de pequeñas empresas maduras de bajo crecimiento”, apostillan los economistas del Fondo. Apoya esa conclusión que, por ejemplo, el 20% del empleo en la Unión se agrupa en compañías de 10 trabajadores o menos, es decir, en microempresas. En EE UU ese porcentaje es la mitad. Pero este escenario no es más que la consecuencia de un diagnóstico que se repite una vez tras otra en muchos de los informes que analizan por qué la economía europea pierde la carrera contra EE UU. Y ese diagnóstico pasa por un mercado único incompleto que encuentra en esa construcción inacabada topes a su tamaño, lo que acaba por afectar al sector privado.  “El tamaño limitado del mercado impide la innovación y el crecimiento entre las empresas europeas más productivas”, apunta el FMI. “Ante estas barreras, las empresas europeas tienen dificultades para aprovechar las economías de escala y los efectos de red como sí hacen las estadounidenses”, puede leerse en otro punto.

La Comisión Europea ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa en su guerra contra las grandes plataformas ‘online’ y ha impuesto una multa de casi 798 millones a Meta, matriz de Facebook e Instagram, al considerar que la empresa ha vulnerado las normas europeas antimonopolio con su servicio de publicidad Facebook Marketplace, donde los usuarios pueden comprar y vender productos. La investigación lleva- da a cabo por los servicios técnicos del Ejecutivo comunitario, cuyo inicio se remonta al verano de 2022, ha concluido que la compañía presidida por Mark Zuckerberg tiene una posición dominante en el mercado de las redes sociales y más concretamente han señalado que la empresa «abusó de su posición dominante», vulnerando el articulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Al vincular su servicio de anuncios Facebook Marketplace a la red social Facebook, los usuarios de esta plataforma estaban automáticamente expuestos a estos anuncios, tanto si querían como si no. Bruselas apunta que esto también supone una «ventaja sustancial» para Facebook Marketplace frente a sus competidores. Esta situación «impone unilateralmente injustas condiciones de competencia» a otros proveedores que quieran publicitarse en plataformas de Meta, en especial en Facebook e Instagram. Bruselas ha ordenado a Meta que acabe con esta conducta y no repita esta infracción adoptando medidas que la eviten en el futuro. La sanción de 797,7 millones de euros ha sido fijada teniendo en consideración la gravedad de la infracción, los beneficios de Facebook Marketplace relativos a la misma, así como el volumen de negocio total de Meta a fin de garantizar el efecto disuasorio en una compañía con recursos tan importantes como la estadounidense.

Bajo el liderazgo de Donald Trump, el Partido Republicano ha recuperado el control de ambas cámaras, consolidando su hegemonía sobre las tres principales ramas de poder. La formación, que ya logró 53 escaños frente a 47 de los demócratas en el Senado, ha conseguido imponerse también en la Cámara de Representantes (con 218 asientos frente a 208), según el recuento finalizado una semana después de los comicios. El control absoluto –al menos durante dos años, hasta las elecciones de medio mandato que pueden cambiar la tendencia en ambas cámaras– tiene sus ventajas. Por ejemplo, en su primer mandato, entre 2016 y 2020, el magnate tuvo además la oportunidad de inclinar a su favor la mayoría del Tribunal Supremo, que en junio pasado decidió que el ahora presidente electo es inmune a cualquier persecución judicial relacionada con el ejercicio de su cargo. El Partido Republicano ya contó con mayoría en las dos cámaras en 2017, tras la primera victoria de Trump, pero entonces todavía no era el partido del Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), el movimiento MAGA que ha formado el magnate. Su éxito político es indiscutible. Con su estilo populista y sus promesas para desmantelar el sistema, el empresario ha conseguido capturar la imaginación de un electorado descontento y sediento de fe en el sueño americano que se le ha escurrido de entre los dedos tras la pandemia. Si en su anterior mandato el presidente tuvo que luchar contra el aparato del partido para imponer su voluntad, esta vez el cuerpo legislativo está entregado de antemano a su proyecto y a su persona. «Estamos comprometidos a avanzar en la agenda del presidente Trump para restaurar la grandeza de Estados Unidos», afirmó el líder del Congreso y de la Cámara baja, Mike Johnson, al recibir al mandatario el miércoles en el Capitolio. «Vamos a izar en este edificio la bandera del ‘America First’», propuso.

Donald Trump continúa con su batería de nombramientos sin complejos. El presidente electo ha decidido nominar al antivacunas Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud. La designación no ha sido ninguna sorpresa, pues durante semanas Trump había dejado claro que tendría un papel en su Administración. “Va a ayudar a que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, dijo el presidente electo en la celebración de la victoria. “Es un gran tipo y lo que dice, lo dice de verdad. Quiere hacer algunas cosas y vamos a dejar que las haga”. Kennedy inició su andadura en las presidenciales como candidato demócrata —el partido de la saga familiar— en las primarias. Cuando vio que no tenía opciones frente a Joe Biden, emprendió su candidatura de forma independiente para acabar retirándola y dando su apoyo a Donald Trump en agosto. “Estoy encantado de anunciar a Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos [HHS, por sus siglas en inglés]”, publicó Trump en su red social, Truth. “Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido aplastados por el complejo alimentario industrial y las compañías farmacéuticas que se han dedicado al engaño, la desinformación y la manipulación en cuestiones de Salud Pública. La Seguridad y Salud de todos los estadounidenses es el papel más importante de cualquier Administración, y el HHS jugará un gran papel en ayudar a asegurar que todo el mundo estará protegido contra los productos químicos dañinos, contaminantes, pesticidas, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios que han contribuido a la abrumadora Crisis de Salud en este País. El señor Kennedy restaurará estas Agencias a las tradiciones de Investigación Científica Patrón Oro, y faros de Transparencia, para acabar con la epidemia de Enfermedades Crónicas, y para ¡Hacer a América Grande y Sana de Nuevo!”, añadió.