20240507

Los datos de afiliación y de desempleo del mes de abril en Euskadi contabilizan un nuevo récord de afiliados, 1.013.716.  Nunca ha habido tantas personas con empleo registrado. Esta cifra supone 1.588 cotizantes más que en el mes anterior, y 16.473 más que hace un año. En cuanto al desempleo, el registro del mes de abril habla de 109.553 parados apuntados en Lanbide, 1.918 menos que el mes anterior. En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, asegura que “los datos del mercado laboral vasco en el mes de abril que evidencian que la economía vasca sigue creando empleo, con lo que sólo cabe hacer una valoración positiva”.  De hecho, Pablo Martín destaca que “el aumento de empleo se dado en todos los sectores de actividad, salvo una ligera caída en construcción. Previsiblemente, va a ser un nuevo año de aumento del empleo y de reducción del paro, en línea con lo que habíamos previsto a finales de 2023”. Ver más en Confebask. 

El incremento de cotizantes en el País Vasco fue de 1.588, el 0,16% en términos relativos. Se trata del aumento más reducido de todas las comunidades autónomas, muy por debajo del 0,95% nacional. Pero aun así fue suficiente para alcanzar un récord que estaba a tiro de piedra después del fuerte arreón del empleo en febrero y marzo, cuando se incorporaron casi 9.000 nuevos afiliados. El aumento registrado en el mes también sale mal en la comparación con años anteriores. Normalmente en los meses de abril el incremento de cotizantes suele ser mayor, superior a los 2.500, aunque depende en gran medida de cómo caigan las vacaciones de Semana Santa. La hostelería fue el sector que más tiró del empleo, con la incorporación de 917 cotizantes, más del 60% del total. Llama la atención que Bizkaia fuese con diferencia el territorio con menos empuje, solo el 0,08% de nuevos afiliados, a pesar de las celebraciones por la victoria del Athletic. En Gipuzkoa el aumento fue del 0,22% y en Álava del 0,28%. El caso es que el empleo en Euskadi se ha consolidado ya por encima del millón de cotizantes. Alcanzó esa cota por primera vez en mayo del año pasado y desde entonces la ha mantenido, con la excepción de los meses de verano, cuando siempre se produce un retroceso del mercado laboral. Además del incremento de cotizantes, en abril se registró un descenso del paro en 1.918 personas, lo que representa un 1,7%. La cifra de desempleados terminó en 109.553, con lo que vuelve a recuperar su tendencia a la baja tras el repunte de marzo.

El mercado laboral sigue creciendo con fuerza después de un arranque de año bastante potente entre enero y marzo. En abril se generaron 199.538 nuevos afiliados a la Seguridad Social respecto al mes anterior, lo que supone una de las cifras más elevadas de los últimos años y eleva la plantilla total de trabajadores hasta los 21.101.505 de ocupados, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Ministerio de Seguridad Social. Con ello, el número de trabajadores rebasó por primera vez la cota de los 21 millones de trabajadores en el conjunto de un mes, algo que hasta ahora solo se había logrado en algunos días puntuales. Al mismo tiempo, el número de desempleados se redujo en 60.503 personas y se sitúa en 2.666.500 personas, según el Ministerio de Trabajo, si bien también se dispara el número de personas con contrato fijo discontinuo que buscan otro puesto de trabajo para paliar la falta de ingresos de esta actividad. En abril se generaron 199.538 puestos de trabajo, hasta alcanzar un máximo histórico de 21.101.505 ocupados. Si bien la cifra mensual es bastante positiva, ya que el avance duplica la media de los diez últimos años a pesar del pequeño agotamiento del efecto rebote tras la pandemia, los datos interanuales apuntan a una cierta ralentización del mercado laboral. En concreto, el número de nuevos empleos generados en los últimos doce meses se modera hasta los 486.516 afiliados a la Seguridad Social, frente a los más de medio millón en cada uno de los trece meses anteriores. Sin embargo, otro elemento positivo es que, a pesar de esta ralentización y de la gran orientación del mercado laboral hacia el turismo, casi todos los sectores de actividad están en positivo. Así, la creación de empleo viene liderada por la hostelería (94.727 trabajadores más en abril). 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que enfila la recta final de su mandato (expira el próximo 11 de junio) calificó de “positivos” los datos de afiliación y paro registrado conocidos ayer, pero advirtió de que el nivel de incertidumbre que envuelve a la economía española es todavía “muy elevado”. Entre los retos que urge abordar, el supervisor resaltó la necesidad de poner remedio a “la baja productividad”, que vinculó con el incremento de los costes laborales, el “tamaño muy reducido de las empresas”, o el actual sistema de reasignación de recursos, entre otras cuestiones. Sobre las continuas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años, Hernández de Cos avisó de que “si se toman esas decisiones, es importante acompañarlo de políticas de incremento de la productividad”, así como tener en cuenta la “dimensión regional” de esos aumentos por el diferente impacto según las CCAA. El gobernador del Banco de España, que insistió en la necesidad de diseñar e implementar un plan de consolidación fiscal, reduciendo gradualmente el déficit estructural con un gasto más eficiente y eficaz, abogó por afrontar “mejoras” en el aspecto impositivo al considerar que hay demasiado peso sobre las cotizaciones sociales, lo que puede inhibir la creación de empleo (el Banco de España calcula que un alza de un 1 punto de la cotización reduciría en 0,25 puntos el número de ocupados en cuatro años; esto es, destruiría unos 53.000 empleos).

Portazo de Sabadell al segundo intento de BBVA de fusionar las dos entidades. El consejo del banco catalán rechazó de forma contundente la oferta de canje de acciones al entender que «infravalora significativamente» la entidad y sus perspectivas de crecimiento. En un escueto comunicado el banco vasco confesó «lamentar el rechazo de una oferta tan atractiva». Banco Sabadell ha cerrado la puerta a la fusión con BBVA casi una semana después de que la entidad presidida por Carlos Torres comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de integrar a la corporación liderada por Josep Oliu. El consejo de administración de la entidad catalana confía en su potencial en solitario y considera que «la propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente», según dijo ayer al supervisor bursátil. De esta forma se diluye la posibilidad de fusionarse, por segunda vez en poco menos de cuatro años, para crear el que estaba llamado a ser un gigante financiero. Sería el segundo de España por volumen de activos y la tercera entidad de Europa. El, por ahora, punto y seguido lo daba el consejo del Sabadell al considerar que su camino en solitario «generará un mayor valor para sus accionistas» frente a la fusión con BBVA, una oferta «no solicitada», recuerda el primero.

Ahora, el consejo de BBVA debe decidir qué hacer. Tiene dos caminos: retirarse y aceptar una segunda negativa por parte de Sabadell, con lo que de coste reputacional puede tener para la entidad, y también para el equipo directivo que ha diseñado la operación, o proponer directamente a los accionistas una operación que no pase por el consejo de administración sino que se articule a través de una opa que debería articularse a través del mercado. En este caso, BBVA podría mantener el precio ofrecido o cualquier otro. El hecho de que Sabadell no tenga accionistas de referencia en su seno tiene sus pros y contras. Si lo hubiera, BBVA podría haberse acercado previamente a estos para alcanzar un acuerdo que trasladara posteriormente al resto, lo que en principio podría haber facilitado la operación, entre otras cosas porque habrían trasladado su posición favorable al consejo. Pero también es cierto que la ausencia de estos accionistas podría facilitar que, planteada una OPA, los inversores individualmente decidieran que el precio ofrecido les resultara atractivo. Habrá que ver qué es lo que decide el consejo de BBVA y si todo queda en una semana de vértigo o, por el contrario, se inicia una segunda fase de la historia.

La exministra de Asuntos Exteriores González Laya y el vicepresidente de S&P, Carlos Pascual, urgen una política industrial en la UE. El instante que atraviesa Europa es uno de esos momentos trascendentales en los que se juega un destino: ser un actor principal en la geopolítica mundial o reducir la UE a «un pequeño accidente» en la Historia. Fue uno de los mensajes de alerta que se escucharon en el Foro ‘Objetivo Actualidad’ organizado ayer por El Correo con el respaldo de Petronor. En el encuentro, desarrollado en el Palacio Euskalduna, la que fuera ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el vicepresidente de la compañía de análisis estratégico estadounidense S&P, Carlos Pascual, analizaron la ‘Geopolítica y los retos actuales’, así como el papel que debe desempeñar Europa en un entorno inestable ante la descarbonización. Un contexto en el que la autonomía energética, alcanzada con una tecnología fruto de una acertada política industrial, se convierte en garantía de estabilidad. González Laya se aferró a la máxima de convertir un problema en una oportunidad. El vicepresidente de la consultora internacional S&P, Carlos Pascual, que fue coordinador de asuntos internacionales de energía del presidente Barak Obama, insistió en la urgencia que supone para Europa concretar estas políticas. Entre otras cosas, porque «asistimos a nueve meses determinantes que resolverán el regreso o no de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos». Pascual recordó que el país norteamericano ha apostado por incentivar su economía con las medidas de la Inflaction Reduction Act (IRA), que van a generar una inversión con ayudas y desgravaciones de más de un billón de dólares. Todo ello, aclaró, fortaleciendo sus empresas. China, por su parte, viene subvencionando a su tejido empresarial desde hace más de diez años hasta «liderar la movilidad eléctrica» e invadir el mercado occidental con productos a precios muy competitivos. Y es que los costes son la clave en este punto porque, como reconoció Pascual, la tecnología no garantiza alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 de un modo competitivo. El experto de origen cubano insistió en la necesidad de que Europa dé una respuesta «cuanto antes» para desarrollar las inversiones necesarias. «No esperaría a ver qué pasa en las elecciones americanas», apremió.

El Congreso de los Estados Unidos aprobó en 2022 la denominada Ley de Reducción de la Inflación. Un texto desconocido para la inmensa mayoría de los alaveses que, según el consejero comercial de la embajada norteamericana John Coronado, puede suponer una gran oportunidad para las empresas del territorio, ya que –entre otros muchos asuntos– apuesta por renovar y modernizar las infraestructuras del país, que incluyen desde la eficiencia de los edificios, la ciberseguridad, la red eléctrica, la mano de obra, las energías verdes, el transporte sostenible, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones... «Por mucho que algunos se lo planteen, nosotros no podemos hacer todo eso solos. Supone la mayor inversión económica de los últimos cincuenta o setenta años. Es una oportunidad para compartir conocimientos y modernizar todo aquello que nos hace falta», reconoció en el auditorio de la Cámara de Comercio de Álava. Coronado explicó que la Casa Blanca «manda» sobre los fondos que se reparten a cada uno de los cincuenta estados y éstos son los que gestionan ‘motu proprio’ a qué dedicarlo en función de sus prioridades. No existe una directriz común. «Se abre un abanico muy variado de necesidades», aseguró. Para aprovechar esta oportunidad de mercado, la Cámara que preside Gregorio Rojo va a proceder a conformar una delegación de empresas interesadas. Este acto se incluye en el marco del convenio ‘Álava Welcome’ que existe entre la Diputación Foral y la Cámara. De ahí que Ramiro González presidiese la reunión previa a la exposición. «El encuentro ha servido para que las empresas trasladen a la embajada su situación, sus intereses en Estados Unidos y cuáles son sus inquietudes», explicó el máximo dirigente foral.

El fabricante vasco de bicicletas Orbea facturó 374 millones de euros, un 6,4% menos, en 2023, ejercicio marcado por un mercado ciclista saturado tras del sprint pos-Covid y “extremadamente inestable” para el sector, según sus responsables. La cooperativa, ubicada en Mallabia (Bizkaia), se vio afectada también por el exceso de oferta y la búsqueda de liquidez en el sector. Estos factores han obligado a muchas marcas de bicicletas a realizar “grandes descuentos de forma generalizada, deteriorando de manera crítica los márgenes y cuestionando en muchos casos la sostenibilidad de los negocios”, explican en la cooperativa, que considera “muy saludables” los resultados pese a la caída sus niveles de facturación, debido a la situación del sector. En este entorno, Orbea mantuvo en 2023 su política de cooperar con los distribuidores y lanzar nuevos productos, “en permanente alerta y con un plan de ventas prudente”. Su cuota de mercado siguió en aumento. Aunque evita concretar su beneficio, la empresa explica que las ganancias el pasado año “estuvieron en la media de los últimos tres ejercicios”. En este período, el beneficio pasó de los 20 millones de 2020 a los 40 de 2021 (gracias al empuje pos-Covid) y los 48,8 millones en 2022. “Los recursos generados permitirán abordar con confianza la ampliación de las capacidades de fabricación y logísticas, así como el desarrollo de nuevas tecnologías”, destacan sus directivos. Este ejercicio ha comenzado en similares condiciones de mercado que 2023, y Orbea prevé que la estabilización llegará a finales de año.

La multinacional de servicios tecnológicos Ayesa, propietaria de la antigua Ibermática, inaugura este jueves en Donostia un Security Operation Center (SOC) que será «referente a nivel mundial al contar con las tecnologías más avanzadas (inteligencia artificial, computación cuántica) en relación con la ciberseguridad; sistemas de información (IT) y planta industrial (OT). Desde este centro «se monitorizarán, 365 días al año y 24 horas al día, los sistemas y plantas de grandes clientes en todo el mundo; para minimizar riesgos, aumentar la resiliencia y asegurar la continuidad de sus negocios», señalan desde la empresa sevillana. El lehendakari, Iñigo Urkullu, acudirá pasado mañana a la inauguración en el Parque Tecnológico de Miramon, en San Sebastián. En una nota, Ayesa subraya así su «compromiso con Euskadi como agente activo en su desarrollo económico», que «es notorio y sostenido desde hace años. Por eso, este SOC se ubicará en sus instalaciones del Parque tecnológico y científico de Euskadi, Campus Donostia, donde se halla la sede central de lo que era Ibermática. Se constituirá como el centro de ciberseguridad más grande de Euskadi y estará interconectado con la red global de SOC de Ayesa, «contando con las más altas certificaciones en el ámbito de la ciberseguridad», agrega.

Cambio al frente del Euskalduna. La Diputación, principal accionista de la sociedad en la que también está representado el Ayuntamiento de Bilbao, ha decidido relevar a la actual directora general, Nerea Lupardo, que llevaba casi cuatro años en el cargo. El cese, que será anunciado oficialmente en el consejo de administración que se celebrará la semana que viene, previsiblemente el miércoles, se produce después de que el palacio de exposiciones lograra en 2023 un «récord» de ingresos y un relanzamiento de su actividad una vez que se pudo dejar atrás la pandemia. En la quiniela de posibles sustitutos aparece con fuerza el nombre de Iñigo Iturrate, histórico parlamentario del PNV que acaba de cerrar su trayectoria política después de ocupar cargos públicos durante tres décadas, tanto en Vitoria como en las Juntas Generales de Bizkaia. Muñidor de algunos de los principales acuerdos de los jeltzales con otras fuerzas vascas, forma parte además del núcleo duro que ha rodeado a Iñigo Urkullu durante sus tres mandatos como lehendakari. La identidad del nuevo responsable del Euskalduna se dará a conocer durante el mismo cónclave en el que certificará la salida de Lupardo. Un relevo con el que la aún directora general no parecía contar hace apenas unos meses. 

El descenso de la natalidad en 2023, que avanzó hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que ayer confirmaba su homólogo vasco (Eustat), fue especialmente acusado en Bizkaia. El territorio lideró el desplome de los alumbramientos en Euskadi en el peor año desde que hay registros, marcando un nuevo suelo con apenas 13.421 bebés. De hecho, mientras en Gipuzkoa se registraron incluso más partos que un año antes (subieron un 1,2%) y en Álava descendieron un 2,3%, la caída en la provincia vizcaína superó el 3%. Se trata del territorio histórico que está anotando los retrocesos más importantes en los últimos trimestres. Y cualquier movimiento en esta provincia es relevante, ya que concentra la mitad de los nacimientos de la comunidad autónoma. A lo largo de 2023, llegaron al mundo en Bizkaia un total de 6.647 niños. Que en apenas una década se hayan dejado de producir más de 3.000 alumbramientos arrastra al resto del País Vasco, que en 2014 contabilizó 19.378 nacimientos, casi 6.000 más que el año pasado. Fue, además, la provincia que menos síntomas de recuperación ofreció en un ejercicio marcado por la puesta en marcha de importantes políticas públicas para revertir la situación, entre ellas la ayuda mensual de 200 euros para las familias con menores de hasta 3 años y la gratuidad de las guarderías públicas. En el último trimestre, según los datos del Eustat, tanto Gipuzkoa como Álava arrojaron incrementos con respecto a las mismas fechas del año anterior, de un 4,5% y un 7%, respectivamente. En Bizkaia no solo no creció la natalidad, sino que descendió un 5,6%. Y eso que se toma como referencia para comparar el período octubre-diciembre de 2022, que hasta el año pasado era el peor. En estos datos influye, por ejemplo, que el 80% de las madres superaban los 30 años, una edad que, en muchos casos, hace que las familias se planten, de forma mayoritaria, en el primer o el segundo vástago. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recalcó ayer que antes del verano cerrará la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral con dos objetivos: recortar el tiempo de trabajo “para tener más espacio de vida” y corregir el control horario, “porque no funciona de manera correcta”. La vicepresidenta quiere fijar, para 2025, un horario semanal máximo de 37, 5 horas semanales. “Estamos trabajando para que la Inspección pueda conocer en cada momento cuál es la actuación real de las horas que se hacen en España. El tiempo de vida, el tiempo de trabajo, en definitiva, vivir mejor. Y lo haremos antes de este verano”, dijo Díaz, respecto a la promulgación de un proyecto de ley. La vicepresidenta defendió que la reducción de la jornada laboral “es una de las medidas más ansiadas” por la ciudadanía, “vote a quien vote”. No obstante, atribuyó la posición de CEOE, que es contraria a la intervención del Gobierno en esta cuestión, a la división interna de los empresarios, entre quienes son partidarios de la negociación y quienes se niegan a adoptar la medida. Sobre la posición de la CEOE en esta mesa, la ministra reconoció que la patronal, al igual que los sindicatos, “está trabajando con muchísimo rigor”, aunque cree que “está dividida entre un sector que quiere legislar sobre la reducción de jornada laboral y el control horario y otro sector que no lo quiere hacer”. “En las patronales a veces hay más política que en otros lugares. Es un debate legítimo que tiene que dar la patronal española que yo voy a respetar, pero quiero reconocer que la patronal española hoy está trabajando en esa mesa de diálogo social”, apuntó la vicepresidenta. Díaz recordó que, con el acuerdo de la patronal, la jornada laboral media en los convenios colectivos se ha reducido a 38,5 horas a la semana. “Por tanto, [los empresarios] saben que esta medida no solamente es posible, sino que es necesaria para mejorar la productividad y ya lo están haciendo”.

El Gobierno hizo ayer una propuesta nueva a la patronal y a los sindicatos en la negociación sobre la reforma del subsidio del desempleo. La prestación contributiva también será compatible con un salario por trabajo a tiempo completo. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, planteó a la patronal y a los sindicatos que a partir del décimo tercer mes de estar cubierto por una prestación contributiva del desempleo, el parado, si encuentra trabajo, pueda compatibilizar esta renta con un salario. Que pueda hacerlo durante seis meses, de manera que la prestación se vaya retirando de forma gradual a medida que el salario se mantiene, iguala o supera a la propia prestación. También está planteado para el propio subsidio asistencial con una retirada gradual de la prestación. El 95% del IPREM durante los primeros 6 meses de percepción, el 90% durante 6 meses adicionales y el actual 80% durante el resto de la duración de la prestación. Precisamente, en declaraciones a TVE, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo recordó que en el borrador del proyecto de ley sobre el nuevo subsidio, que está negociando con la patronal y los sindicatos, se permite compatibilizar el subsidio por desempleo, como prestación asistencial, con un salario por un trabajo. “Pues ahora damos un paso más –añadió Díaz– y permitimos la compatibilidad con la prestación contributiva de desempleo”. Como dice su definición es la protección del paro por la que el trabajador ha cotizado en su nómina. Se necesita, como mínimo, haber contribuido un año para poder cobrar cuatro meses de desempleo.

Repsol, la primera petrolera en España, ha ido recabando el apoyo de decenas de inversores para sacar adelante, en la junta del próximo viernes, el punto del orden del día en el que pedirá la aprobación de su proyecto de descarbonización. Repsol ya cuenta con el respaldo de Glass Lewis e ISS –los mayores proxy advisors, o asesores de voto del mundo–. Tal como adelantó EXPANSIÓN la pasada semana, estas dos agencias de recomendación de voto aconsejaron votar a favor de todos los puntos de la junta, incluido el número 10, donde el grupo que preside Antonio Brufau, presenta su estrategia en transición ecológica. Glass Lewis e ISS influyen enormemente en el voto de las juntas de accionistas de Repsol, una empresa en la que prácticamente todo su capital está cotizando libremente en Bolsa y está en manos de inversores que se dejan guiar por los proxys. Además, en los últimos días, el Fondo Noruego de Pensiones, que controla a través de su gestora Norges Bank Investment Management (Nbim) en estos momentos casi el 4,9% del capital de Repsol, también ha comunicado que votará a favor de todos los puntos, incluido el número 10. Larry Fink, primer ejecutivo de BlackRock, que tiene más del 5,4% de Repsol, recomendaba en su carta anual a inversores “pragmatismo” energético, y no tan “dogmático” porque, aunque el camino sin duda deba ser el de la descarbonización, aún se necesitan hidrocarburos.

La refinería de BP en Castellón acogió ayer la firma del protocolo de intenciones para poner en marcha HyVal, el clúster de producción de hidrógeno verde en el que la compañía liderará una inversión de 2.000 millones. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, mantuvo un encuentro con el presidente de BP España, Andrés Guevara, y el director de la refinería de BP en Castellón, Francisco Quintana, donde se rubricó el acuerdo y se perfilaron las fechas: en dos años podría estar en funcionamiento. Este acuerdo llega un año después de que se anunciara esa inversión que BP quiere destinar a este proyecto, y que aún depende de que la Generalitat lo declare prioritario y de la aprobación de la transposición de la legislación de la UE sobre hidrógeno verde. HyVal suministrará hidrógeno verde y hasta 650.000 toneladas de biocombustibles al año para el mercado nacional e internacional. Además, supondrá un impacto directo en la aplicación de energías renovables alternativas para sectores como el químico, el cerámico, y el transporte aéreo, marítimo y pesado, entre otros. El hidrógeno verde, que se genera por electrólisis de agua a partir de energía renovable, sustituirá el uso actual de hidrógeno gris en la refinería de BP, producido con el reformado de gas natural. El hidrógeno renovable también se utilizará como materia prima en la producción de biocombustibles, concretamente combustible sostenible de aviación (SAF). El proyecto generará previsiblemente unos 5.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Todo el mundo lo ha interpretado como un gesto de acercamiento y reconciliación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado su asistencia mañana, miércoles, a la asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) que se celebra en el Teatro Real de Madrid. El presidente ha eludido la asistencia a todos los actos del Instituto desde el congreso que organizó esta institución en Valencia en 2018, donde se vivieron momentos de tensión. El Instituto de Empresa Familiar fue fundado en Barcelona en 1992 y representa de forma directa a un centenar de grandes empresas españolas que tienen su núcleo de control en manos de un grupo familiar, a pesar de que algunas de ellas hayan accedido a cotizar en Bolsa. Tienen una facturación que supera los 171.000 millones de euros anuales y su influencia va más allá, hasta representar el 10% del PIB nacional, dada su estrecha vinculación con 18 asociaciones regionales que agrupan a unas 1.800 empresas familiares. Fuentes consultadas aseguran que Pedro Sánchez mostró su deseo de asistir a esta asamblea recientemente, con motivo de un encuentro privado que mantuvo con el actual presidente del Instituto, el empresario vasco y presidente de Sener, Andrés Sendagorta. Su presencia en el acto, en el que pronunciará un discurso ante los empresarios, ha sido posteriormente ratificado en una carta. Sendagorta, además, cederá el testigo de la presidencia del Instituto en esta asamblea a Ignacio Rivera, máximo responsable de la corporación Hijos de Rivera, que entre otros negocios poseen la cervecera Estrella Galicia.

Nuevo tirón de orejas a la reforma de las pensiones. Hace escasas semanas, la Comisión Europea avisó a España de que deberá realizar un ajuste del PIB del 0,8% anual entre 2026 y 2030 para sostener el sistema. Este lunes, el centro de análisis Fedea calculó que el recorte se situará entre 0,6 y 1,1 puntos del PIB en ausencia de medidas, lo que implicará una subida de los tipos de cotización de entre 2,8 y 3,8 puntos porcentuales. Además, alertó de que las proyecciones de Bruselas sobre el impacto del envejecimiento plantean “algunas dudas” y pueden quedarse cortas. “El documento [el Ageing Report elaborado por la Comisión Europea] no contiene una metodología detallada, ni ofrece una discusión explícita de cómo se construyen sus estimaciones”, señala el artículo publicado por el think tank y firmado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente. El próximo año, como prevé la reforma, se producirá la primera revisión periódica de la sostenibilidad del sistema de pensiones para comprobar que los gastos en jubilaciones no disparen su peso sobre el PIB –el umbral máximo fijado es el 13,3% en promedio entre 2022 y 2050–. A estos efectos, el desembolso previsto en el informe sobre el envejecimiento de la población a largo plazo elaborado por el Ejecutivo comunitario es crucial, porque sus cálculos se tienen en cuenta para la activación de mecanismos de corrección.

Foment del Treball abre la puerta a un tercer mandato de Josep Sánchez Llibre. La asamblea general de la patronal catalana aprobó ayer una modificación de sus estatutos que elimina la limitación de mandatos y permite a su presidente ser elegido durante más de dos mandatos consecutivos. La asamblea modificó el artículo 19, que regula el tiempo que sus dirigentes pueden liderar la institución y que hasta ayer no permitía a los empresarios encabezarla durante más de dos periodos seguidos. Su reforma ya recibió el voto unánime tanto del comité ejecutivo como de la junta directiva de Foment y se ratificó en la asamblea general con un amplio apoyo y solo dos abstenciones. Con el veto levantado, el actual presidente podría seguir liderando Foment después de 2026. Sánchez Llibre fue elegido como presidente de la patronal en 2018 y revalidó el cargo durante cuatro años más en 2022. Foment sigue, de esta manera, los pasos de la CEOE, que ya eliminó la limitación de mandatos en julio de 2023, allanando el camino para que su presidente, Antonio Garamendi, sea reelegido por tercera vez en 2026. Sánchez Llibre no mencionó la modificación estatutaria durante su discurso de apertura de la asamblea y centró su intervención en recordar las principales líneas de actuación de la patronal. Además, en unas fechas tan próximas a las elecciones en Cataluña, el dirigente de Foment utilizó su intervención para reclamar a los partidos políticos la formación de un Ejecutivo “solvente”.

El 15 de junio. Es la fecha en la que finalmente entrará en vigor la zona de bajas emisiones (ZBE) en Bilbao, según desveló ayer la concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete. Bueno, en realidad será el lunes 17, porque esta nueva normativa restringirá el acceso a los coches más contaminantes al centro de Bilbao de lunes a viernes entre las 7.00 y las 20.00 horas. Fuentes municipales explicaron que el sábado 15 se pondrán las señales que marcarán un nuevo tiempo para el tráfico en la ciudad. Como ya es conocido, el objetivo es mejorar la calidad del aire en Abando e Indautxu, para lo que se va a limitar el acceso a los vehículos más sucios. En un principio, el primer año afectará únicamente a quienes no tengan distintivo de la DGT (de gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006); y doce meses después también se quedarán fuera de la ZBE aquellos con etiqueta B (gasolina previos a 2006 y diésel anteriores a 2015). Unos y otros suman el 48% de los vehículos que ahora circulan por Bilbao. La medida no afecta a los residentes en estos dos barrios, por muy viejo que sea su coche, ni se aplicará desde el primer momento a una cantidad amplia de supuestos, que contarán con moratorias y exenciones: transportistas, comerciantes, taxistas, personas con problemas de movilidad... 

Xi Jinping llegó el domingo a Europa con la misión de aliviar la escalada de tensiones que amenaza con desatar una guerra comercial entre China y la UE. En su primer viaje al continente desde 2019, Xi se enfrenta a duras negociaciones en Francia sobre comercio y Ucrania. Parece que la bienvenida será más cálida en Serbia y Hungría, donde la creciente inversión china pone de relieve tanto los beneficios de los estrechos lazos con Pekín como las divisiones de la UE en política internacional. “China está decidida a no permitir que su relación con Europa siga el mismo rumbo que con EEUU”, afirmó Yu Jie, analista del think-tank británico Chatham House. “Habrá un intento de acercamiento por parte de Pekín, pero también hará duras advertencias a la UE sobre el proteccionismo comercial”, añadió. La principal prioridad de Xi en su visita de seis días será limitar los daños, según las autoridades del país. El presidente pretende contrarrestar las investigaciones comerciales de la UE a empresas chinas, incluida una investigación sobre vehículos eléctricos que se espera concluya en unas semanas. Funcionarios de la UE declararon a Financial Times que los aranceles provisionales a los vehículos eléctricos podrían empezar a introducirse en mayo, mientras que los aranceles permanentes, que necesitan el apoyo de la mayoría de los Estados miembros, podrían llegar en noviembre. Según los analistas del Grupo Rhodium, los aranceles a las importaciones chinas de vehículos eléctricos a la UE podrían oscilar entre el 15% y el 30%. “China no puede permitirse el cierre del mercado europeo a las empresas chinas. La cuestión principal es hasta qué punto puede tener éxito el presidente Xi en alterar la trayectoria actual en las relaciones Europa-China”, afirmó Abigaël Vasselier, de Merics, un think-tank de Berlín. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en una entrevista concedida el fin de semana al diario La Tribune que quería conseguir una mayor reciprocidad en el comercio con China para reforzar la seguridad económica de Francia.