20240709

Adegi culminó ayer la renovación de sus órganos con el nombramiento de tres nuevos vicepresidentes, así como de los vocales que conformarán el nuevo Comité Ejecutivo. Una renovación que se produce tras el nombramiento el pasado 30 de mayo de su nueva presidenta, Isabel Busto, la primera mujer en llevar las riendas de la patronal guipuzcoana. Ayer, el Consejo Rector elegido en la Asamblea General del pasado 30 de mayo celebró su primera sesión ordinaria. En la misma, Isabel Busto propuso a Eduardo Jauregui, de Irisbond, Maite Zubillaga, de Spanset, y a Lander Guibelalde, de Hine, como vicepresidente primero, segunda y tercero, respectivamente. Asimismo, el Consejo Rector designó a propuesta también de su presidenta las vocalías: Agustín del Canto, de Okin; Josu Imaz, de CAF; Ángel Jareño, de Super Amara; Pello Irujo, de Laulagun; Andoni Isasti, de Cadinox; Pablo Izeta, de Bellota; Izaskun Alberdi, de Obe-Hettich; Juantxo Revilla, de Cei Servicios de Prevención; Xabier Berasategui, de Grupo TTT; Agurtzane Gurrutxaga, de Vascongada de Automóviles (VASA), y Mikel Esnal, de Elkar Argitaletxeak. Ver más en Adegi. 

Las empresas vascas en activo han apretado el acelerador de las inversiones, aunque la incertidumbre económica mantiene tibia la temperatura de la creación de nuevas actividades. Es la principal conclusión de los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes sobre la creación de empresas y las inversiones para dotar su capital, así como las de sus ampliaciones. Hasta mayo el dinero invertido en Euskadi en ampliar el capital de las empresas ascendió hasta los 609 millones aumentando así su capacidad inversora y para poner en marcha nuevos proyectos. Se trata de un salto del 56,5%, el más importante en los últimos cinco años con la excepción del de 2022, cuando se reactivó la actividad de muchas compañías tras los periodos de confinamiento por el covid. En total han sido 561 sociedades las que han optado por esta decisión, casi las mismas que el año pasado, pero con mucho más dinero.  El dato coincide también con la evolución del crédito en lo que llevamos de este 2024. Y es que, según los datos del Banco de España, el saldo de los préstamos al sector privado en Euskadi ha repuntado ligeramente con 182 millones en el primer trimestre. Un ligero arreón que ha elevado el saldo de los préstamos vascos hasta los 66.648 millones. Esta actividad inversora sigue concentrada en las empresas en activo porque el censo de compañías sigue sin grandes variaciones. Según los datos del INE, en lo que llevamos de año el número de empresas creadas en Euskadi no avanza con 1.560 actividades creadas de nuevo origen. Son solo un 6,5% más que en los primeros cinco meses del año pasado y presentan un avance menor que el caso de las que se disuelven. En total las empresas desaparecidas hasta mayo crecieron un 17% con 751 disoluciones.

Neinor, Vidrala, CAF y Faes Farma ven como crecen sus acciones, movimiento inverso al de Gestamp o CIE. La trayectoria en la Bolsa es uno de los termómetros que miden la evolución reciente de las empresas. Y las firmas cotizadas de Euskadi y Navarra presentan resultados diferentes, con distintas circunstancias en función de los entornos productivos en los que se mueven, después de un año, el pasado, en el que los relevantes beneficios logrados han hecho que la partida de dividendos repartidos a los accionistas en las juntas celebradas en las últimas semanas haya sido también provechosa. El año 2023 fue registró resultados mayoritariamente positivos, con ganancias de valor en 11 de las 18 firmas que operan en los mercados bursátiles, tanto en el Ibex 35 como en en el denominado mercado continuo. En el selectivo más importante, en el que operan BBVA e Iberdrola, el banco vio como la acción se recuperó un 46%, hasta acabar a 8,22 euros, mientras que en el caso de la eléctrica, la acción se impulsó un 8,6%, hasta los 11,87 euros.  En lo que va de año, la entidad financiera -que está inmersa ahora en la OPA sobre el Sabadell, respaldada ampliamente por los accionistas del banco vasco- ha visto como los títulos que componen su accionariado han ganado un valor del 21,17%, de forma que la acción se sitúa en los 9,6 euros. En el caso de Iberdrola, por su parte, la acción de la eléctrica mantiene alta estabilidad en su valor, con 11,87 euros, idéntico al del cierre de 2023. En el mercado continuo, destaca la gran subida de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, que el año pasado se anotó un beneficio de algo más de 90 millones, ve como sus acciones se revalorizan un 22,91% en lo que va de año y disponen ya de un valor de 12,9 euros el título.

Stellum Food& Tech I, vehículo de inversión de la gestora de capital privada Stellum Capital, se ha hecho con el 31,5% del capital de Urkabe Benetan, que forma parte del negocio alimentario de Grupo Indaux, holding empresarial liderado por diversas familias vascas que pertenece al grupo Indaux, con sede en Getaria. El vehículo de inversión se ha incorporado al accionariado de Urkabe Benetan principalmente a través de una ampliación de capital en la empresa guipuzcoana y lo hace para potenciar su crecimiento y presencia internacional. Urkabe tiene un plan de negocio ambicioso, tanto orgánico como inorgánico, centrado en tres pilares: en reforzar su posicionamiento como referente de diversos productos congelados y refrigerados bajo marca de distribuidor de las principales cadenas de supermercados, en potenciar su presencia en el canal Horeca nacional y en acelerar su expansión internacional. La compañía ha conseguido convertirse en uno de los referentes en el retail de los producto congelados bajo marca de distribuidor, siendo las croquetas su producto estrella. Además, bajo la marca Urkabe produce y distribuye embutidos y precocinados refrigerados, siendo unos de los líderes de esta familia de productos en País Vasco y Navarra. La entrada del fondo Stellum Food&Tech I en Urkabe Benetan refuerza los recursos de la compañía para abordar el plan de crecimiento, que en los últimos años ha conseguido situarse en los 26 millones de euros de facturación, con un equipo de más de 100 personas en sus instalaciones de Errenteria.

El Comité de empresa de Tubos Reunidos Premium, empresa del sector siderometalúrgico ubicada en el polígono alavés de Subillabide, en Nanclares de la Oca, ha convocado una huelga desde el 15 de julio al 2 de agosto para reclamar su propio convenio. El sindicato ELA ha informado de que la empresa, con 73 trabajadores, se dedica a la fabricación de uniones y mecanizado de tubos de acero sin soldadura para la extracción de petróleo y gas. Según ha explicado, en el año 2023 se acabó la vigencia del anterior pacto de empresa y a comienzo de este año se iniciaron las negociaciones. «El comité de empresa -formado por ELA 2, CCOO 2, UGT 1- ha dejado claro que quieren dejar a un lado los pactos de empresa y tener su propio convenio», ha subrayado. Por ello, y «ante la negativa de la dirección», el comité ha decidido ir a la huelga del 15 de julio al 2 de agosto. «Tienen claro que quieren un convenio propio de empresa, que hay que mejorar las condiciones de trabajo, y que la empresa tiene capacidad suficiente para ello», ha concluido el sindicato.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha autorizado el regreso a la actividad de Profersa, la fábrica de fertilizantes del Grupo Agaleus ubicada en Zorroza que fue cerrada cautelarmente por el Ejecutivo autonómico hace dos meses después de que se registraran dos escapes en un periodo de quince días. Tras recibir el visto bueno el pasado viernes, la industria ha regresado este lunes a la producción de abonos, bajo la supervisión de varios inspectores del Gobierno vasco y del Ayuntamiento. Estos técnicos han seguido el proceso de arraque de las máquinas y las primeras horas de funcionamiento. «Ahora se dan las condiciones para que vuelva a operar con garantías de seguridad», han apuntado fuentes de Medio Ambiente.  La alarma generada por los incidentes del 26 de abril y del 11 de mayo avivó un movimiento vecinal que se venía gestando desde principios de año y que exige la salida «inmediata» del núcleo urbano de Bilbao de esta compañía y de su empresa asociada Sader, dedicada al tratamiento de residuos (peligrosos y no peligrosos). Durante este tiempo se han celebrado dos manifestaciones, con más de un millar de participantes. La vuelta a la actividad de Profersa ha sido posible después de que la mercantil del Grupo Agaleus haya aclarado las que habrían sido las causas de los dos escapes. Las pruebas realizadas, sostienen fuentes de Profersa, «han confirmado que el origen fue el calentamiento inesperado de una de las materias primas usadas en el proceso de producción de fertilizantes, suministrada por un proveedor nacional». Según señalan, «la alta temperatura de esta materia provocó una reacción en un fertilizante cercano», lo que derivó en la humareda que acabó escapándose por los costados de la factoría, generando una situación de alarma entre los vecinos de Zorroza, San Ignacio y el barrio baracaldés de Butzeña. La empresa destaca que fue ella misma «la que decidió paralizar la actividad hasta esclarecer los hechos, conocer las causas del mismo e implementar medidas preventivas y correctoras que garanticen que no vuelva a suceder un incidente similar».

El rápido avance de la sociedad obliga también a reinventar la educación. Y, precisamente para adaptarse a las nuevas necesidades, la Universidad del País Vasco ampliará el próximo curso su oferta de posgrados, formaciones con las que los alumnos podrán complementar sus grados y ganar en especialización. Las plazas disponibles ascenderán a 5.622 y se distribuirán entre 103 másteres oficiales y 72 títulos propios, en torno a una veintena más que el pasado año. Los primeros, los másteres, se diferencian de los segundos en que están sometidos a un proceso de acreditación y, por tanto, están reconocidos como títulos válidos a nivel estatal y en los países del Espacio Europeo de Educación Superior. Su objetivo, además de facilitar una buena salida profesional, también pasa por preparar para el inicio de una carrera investigadora. En este caso, es más complicado ampliar la oferta, aunque el próximo ejercicio lectivo contará con un máster oficial más, el de Inteligencia Artificial Industrial e Ingeniería Asistida por Ordenador, que se impartirá en la Escuela de Ingeniería de Vitoria. Desde la UPV/EHU destacan que, entre los ya implantados en cursos anteriores, once son de atribuciones profesionales, que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada. Otros nueve tienen la categoría Erasmus Mundus, «prestigiosos» posgrados internacionales que diseñan e imparten de forma conjunta al menos tres instituciones de otros tantos países, y 22 más son interuniversitarios, con la implicación de más de un centro de estudios. En cuanto a los títulos propios, se trata de enseñanzas especializadas diseñadas por la UPV/EHU que «se adaptan con flexibilidad a la demanda social, actualizan la formación específica del profesional, renuevan sus conocimientos y orientan su carrera». Las propuestas ascienden a 72 cursos, al incorporarse 18 nuevos como los de Abogacía de Empresa; Monitorización de Ensayos Clínicos; Microelectrónica; Prevención del Suicidio en entornos sociocomunitarios; Estudios Franceses; Euskara eta Digilitatea; Tecnologías Aeronáuticas; Cirugía Bucal, Medicina Oral e Implantología...

Las primeras cuentas de la 'era Pradales' aspiran a ser expansivas en consonancia con el crecimiento económico previsto, del 2,1% para 2025, según el Gobierno vasco. El propio lehendakari ha dicho que busca un proyecto «algo más alto» que el actual, cifrado en 15.025 millones de euros, aunque también advierte de que hay que actuar con «prudencia». Y ya no sólo por el contexto internacional de incertidumbre que Euskadi parece estar surfeando, sino también por otros factores como el impacto de las reclamaciones de los mutualistas en la recaudación de las haciendas forales tras la sentencia del Tribunal Supremo. No será hasta el 15 de octubre cuando se celebre el Consejo Vasco de Finanzas y se conozca la previsión de ingresos con la que se podrá contar de cara al ejercicio que viene, pero por lo pronto el Ejecutivo autonómico ya ha comprometido medidas que implicarán un incremento de gasto. Por ejemplo, la ayuda de 200 euros mensuales por hijo a cargo se cobrará hasta que cumplan 7 años -ahora se da hasta los 3- y 10 en el caso de familias numerosas o monoparentales. A lo largo de la legislatura también se elevarán los ingresos mínimos para que los jóvenes accedan a prestaciones de alquiler como Gaztelagun y Emantzipa. Una vez que los números queden cuadrados, a finales de octubre el Consejo de Gobierno dará luz verde al proyecto presupuestario para remitirlo al Parlamento. Su ratificación, que no llegará hasta finales de diciembre, está garantizada por la mayoría absoluta que suman PNV y PSE-EE (39 de 75 escaños), si bien el Departamento de Hacienda y Finanzas abrirá antes una ronda con los partidos de la oposición para tratar de buscar algún apoyo complementario.

Después de una semana de alto voltaje en las relaciones entre el Gobierno y los empresarios, se abre un nuevo escenario en la negociación para reducir la jornada de trabajo a 37,5 horas en el que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ofrece dar más flexibilidad y ampliar el plazo para la entrada en vigor de la medida estrella de esta legislatura con el objetivo último de atraer a la patronal al acuerdo. La ministra de Trabajo rectifica el ultimátum que dio a los empresarios, su planteamiento inicial, y acata la consigna que le ha llegado desde La Moncloa, que apuestan por conseguir el apoyo de la CEOE aunque para ello haya que retrasar los plazos y el alumbramiento se demore «semanas o meses», como apuntó este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Había muchas expectativas puestas en la nueva propuesta ex profeso para la patronal que Díaz prometió presentar este lunes en la reunión del diálogo social, pero su ministerio sorprendió con un documento que solo incluía un pequeño guiño a la CEOE: otorgarles una mayor flexibilidad para redistribuir la jornada a lo largo del año que viene, una medida totalmente insuficiente para lograr su sí. «Hasta el 31 de diciembre de 2025 el porcentaje de distribución irregular de la jornada anual se aplicará sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma», incluye el nuevo borrador de anteproyecto de ley.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no solo tiene que hacer encaje de bolillos para atraer a la patronal en su intención de reducir la jornada laboral, sino que, al mismo tiempo, debe cuadrar el sudoku parlamentario para que el Congreso avale su reforma. Y las negociaciones con los grupos políticos no están siendo nada sencillas para acometer este proyecto. PNV y Junts son los dos apoyos clave que necesitará el Gobierno, más allá de los votos de la coalición (PSOE y Sumar), así como del resto de minoritarios, entre ellos, Podemos. Las miradas del Ejecutivo se centran fundamentalmente en los dos partidos nacionalistas, por su proximidad al empresariado vasco y catalán, respectivamente, y las reticencias que los empresarios han mostrado a esta reforma de la jornada laboral desde el primer momento. En el caso del PNV, con el que los socialistas gobiernan en el País Vasco, los últimos contactos de Trabajo se llevaron a cabo a finales de la semana pasada. «Pinta bien», apuntan fuentes de la negociación, aunque son conscientes de que no está cerrado el pacto. El otro gran escollo del Ejecutivo vuelve a ser Puigdemont. Los siete votos de Junts son esenciales para sacar adelante esta reducción de la jornada laboral, también criticada por el empresariado catalán. 

Una de las medidas estrella de la reforma de las pensiones privadas que promovió el ministro José Luis Escrivá aún está en el dique seco. El Gobierno quería fomentar el ahorro para la jubilación por medio de los planes de empleo, en los que es la empresa quien hace aportaciones a un fondo en beneficio de sus trabajadores. Para ello, se redujo el límite de aportaciones en los planes individuales, y se crearon dos nuevas figuras: los planes de pensiones de empleo simplificados (pensados para autónomos) y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Estos últimos captaron la atención de muchos titulares de prensa. Se los englobó bajo el paraguas del macrofondo de Escrivá, aunque realmente se trata de 15 fondos de pensiones distintos, tres por cada una de las cinco gestoras que pasaron el concurso (VidaCaixa –filial de seguros y pensiones de CaixaBank–, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser). Su principal característica es que no tienen una comisión de control convencional –integrada por representantes de los trabajadores y de la empresa– sino que tienen una comisión de control común, de 13 miembros, de los que cinco son elegidos por el Ministerio de Seguridad Social, cuatro por organizaciones sindicales y cuatro por la patronal. Durante el segundo semestre de 2023 se fueron cumpliendo todos los trámites. La aprobación de la reforma del reglamento correspondiente, el concurso para la elección de las gestoras, la designación de los 13 miembros de la comisión de control especial, el registro de los 15 fondos... Para finales de año, todo estaba listo. Los bancos y aseguradoras tenían que empezar a captar clientes y dinero. Su compromiso es levantar, cada uno, 500 millones de euros en tres años. Desde el 1 de enero, en teoría, podían empezar a captar aportaciones, pero lo cierto es que aún no ha entrado ni un euro. Preguntadas las diferentes gestoras encargadas de promover estos planes de promoción pública, todas reconocen que no detectan ningún interés entre el público.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha querido agradecer el apoyo masivo a la ampliación de capital aprobada el pasado viernes en junta extraordinaria, clave para avanzar en la opa sobre Banco Sabadell. En una carta remitida este lunes a los accionistas, el banquero mostró su «plena confianza» en el éxito de la operación, frente a las dudas que persisten por las reticencias del Gobierno a la fusión y por los amplios plazos que se manejan para recibir todas las autorizaciones previstas, especialmente la de Competencia. Un periodo que el propio BBVA ha señalado ya en varias ocasiones como un posible riesgo en el proceso. En todo caso, Torres sigue confiando en que la unión saldrá adelante, contribuyendo «a nuestro propósito de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era». «Con una participación en niveles récord del 70,75% del capital social de BBVA y un voto favorable del 96%, hemos completado un hito relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Por ello, quiero agradecerles, personalmente y en nombre de BBVA, su confianza y apoyo», sostiene el directivo en esta nueva misiva. Como en anteriores ocasiones, el presidente de BBVA insiste en que la opa es una firme apuesta por España y por las pymes, que generará un banco «más fuerte, competitivo y rentable». «La mayor escala y la combinación de dos negocios tan complementarios nos permitirá generar más valor para todos nuestros grupos de interés», explica el banquero, que siempre ha defendido las sinergias tecnológicas como punto fuerte de la operación.

La compañía de infraestructuras y energía Acciona anunció ayer el lanzamiento al mercado de su nuevo minicoche eléctrico Silence S04, el primer vehículo eléctrico urbano de cuatro ruedas con baterías extraíbles que se pone a la venta en España. Carlos Sotelo, director de movilidad de Acciona y fundador de Silence, fue el encargado de presentar el vehículo en el Campus Acciona de Madrid. “Su principal característica es que las baterías pueden extraerse fácilmente como si fueran una maleta tipo trolley y cargarse en cualquier enchufe doméstico o reemplazarse en menos de 30 segundos en las estaciones de intercambio de baterías de Acciona”, explicó ayer Sotelo. El nuevo vehículo, que forma parte de la estrategia de movilidad urbana y sostenible de Acciona, se fabrica íntegramente en la factoría que la compañía tiene en la Zona Franca de Barcelona. La planta ocupa una superficie de 60.000 metros cuadrados y tiene una capacidad de producción para 20.000 vehículos al año en un turno, aunque el objetivo es llegar a las 50.000 con tres turnos. El nuevo automóvil, que ya está disponible en las tiendas de Silence en Madrid y Barcelona, podrá adquirirse en la red de concesionarios de la marca, tanto en España como en el resto de Europa. Además, Acciona firmó en abril un acuerdo de distribución con Nissan para la comercialización de Silence en Francia e Italia. Ambas firmas esperan ampliar el acuerdo a Alemania y Reino Unido a partir de septiembre. “La alianza con Nissan nos asegurará una rápida capilaridad en Europa”, explica Sotelo.

El director de movilidad de Acciona y CEO de Silence, Carlos Sotelo, se mostró ayer a favor de los aranceles propuestos por la Comisión Europea a los coches eléctricos importados de China. “Es muy importante que Europa se dé cuenta de que si no hay aranceles no vamos a poder existir”, dijo Sotelo durante la presentación del Silence S04. “Los que trabajamos con países asiáticos a nivel de proveedores sabemos desde hace muchos años que China subvenciona la exportación, así que no tiene sentido que Europa invierta cientos de miles de millones en crear nuevas empresas si no hay aranceles a los coches chinos”, dijo Sotelo. “Además, China es el número uno del mundo en el mercado de cuadriciclos y motos eléctricas”, sostuvo. Silence, que facturó 50 millones de euros en 2023, no descarta comercializar sus productos de movilidad en otros mercados. “Nuestra prioridad ahora es Europa, pero ya estamos explorando poder aparecer en otras regiones”, reconoció. En cuanto a la capacidad de producción, el objetivo es “llegar lo antes posible a las 50.000 unidades” con la factoría de Barcelona. Cualquier fabricante que llega a una región nueva tiene que montar su propia planta de ensamblaje”

Aelec, el gran lobby eléctrico español, echa el resto en el pulso por captar a los gigantes del negocio renovable. La asociación que preside Marina Serrano, valedora de los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP, ha incorporado recientemente a su plantel de socios al grupo de energías limpias Atlantica, antigua filial de Abengoa y un coloso internacional que cotiza en el Nasdaq con una capitalización de más de 2.300 millones de euros. El germen de Aelec fue la extinta Asociación de la Industria Eléctrica (Unesa) que, desde su nacimiento en 1974, concentró un enorme poder. Llegó a contar con 17 empresas y a ejercer funciones clave de autorregulación sectorial en la liberalización de un mercado otrora estructurado en monopolios regulados. El propio proceso de concentración que vivió el sector recortó su número de asociados hasta quedar en cinco: Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Viesgo. En 2020, EDP compró Viesgo. Por otro lado, las sucesivas oleadas de las renovables en España han ido dando a luz a una pléyade de patronales de nicho, asociaciones que se han ido consolidando y han ganado relevancia en la interlocución con las autoridades reguladoras. Para no perder pie, Aelec se ha visto empujada a flexibilizarse y a abrir sus puertas a compañías que no comparten el ADN de sus socios históricos: una actividad eléctrica regulada. En 2023 incorporó a la tecnológica Schneider Electric y a la firma de servicios de consultoría IBM. El pasado abril, sumó a NetOn Power, plataforma de autoconsumo industrial que dirige Alberto Martín Rivals, ex responsable de Energía de KPMG España. Pese a tratarse de firmas punteras en sus ámbitos, ninguna de estas incorporaciones ha supuesto el salto cualitativo que comporta la de Atlantica a nivel de relevancia de Aelec en el negocio verde.

Boeing ha acordado declararse culpable de un cargo de conspiración de fraude criminal y pagar una multa de 243,6 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre dos accidentes mortales de 737 Max, según un escrito registrado en un tribunal de Texas este domingo pasado. El acuerdo de culpabilidad requiere la aprobación de un juez. En todo caso, de ser confirmado, señalaría al fabricante de aviones como un delincuente convicto en relación con los accidentes en Indonesia y Etiopía durante de 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas en los vuelos 610 de Lion Air y 302 de Ethiopian Airlines Los fiscales federales dieron la semana pasada al gigante aeronáutico estadounidense la opción de declararse culpable y pagar una multa como parte de su condena o enfrentarse a un juicio por el delito de conspiración para defraudar a Estados Unidos. Los fiscales acusaron a Boeing de engañar a los organismos reguladores que aprobaron el avión y los requisitos de formación de pilotos para el mismo. Como parte del acuerdo, Boeing se compromete a pagar una multa de 243,6 millones de dólares, la máxima contemplada por la ley, que se suman a una multa anterior de 243,6 millones de dólares que la empresa ya ha pagado. El fabricante de aviones aceptará invertir “al menos 455 millones de dólares en sus programas de cumplimiento y seguri dad”. La empresa también será puesta bajo vigilancia y estará sujeta a un supervisor independiente de cumplimiento durante tres años. Además, el consejo de administración de Boeing tendrá que reunirse con los familiares de los fallecidos en los accidentes del Max, según el acuerdo, pendiente de aprobación judicial. El Departamento de Justicia dijo que esperaba presentar el acuerdo por escrito ante el tribunal antes del 19 de julio.

Tras el alivio de haber evitado el domingo la victoria de la extrema derecha en Francia, relegada a un inesperado tercer lugar, los franceses se levantaron ayer con la incógnita de quién formará el nuevo Gobierno que dirija los asuntos diarios del país. Y la de cuándo estará listo ese Gabinete. Unas dudas que no saben responder por el momento ni los propios responsables políticos, ante el panorama inédito de fuerzas casi igualadas –con una ventaja de la izquierda insuficiente por sí sola– que ha resultado de las elecciones legislativas y que aboca a un Gobierno de coalición sin precedentes en la historia reciente del país. El primer ministro saliente, Gabriel Attal, presentó ayer su dimisión, tal como adelantó la noche del domingo tras conocer los resultados. Pero como era previsible, el presidente, Emmanuel Macron, le ha pedido que permanezca “por el momento” en su puesto para “asegurar la estabilidad del país”, confirmó el Elíseo. Ya la noche del domingo, Macron, que esta semana participa en la cumbre de la OTAN en Washington –donde coincidirá con buena parte de líderes europeos que han seguido de cerca la inédita situación francesa–, había dicho que no apresuraría los tiempos. “Conforme a la tradición republicana, esperará a la constitución de la nueva Asamblea Nacional para tomar las decisiones necesarias”, adelantó el Elíseo. Aunque esta decisión permitirá a todos ganar tiempo, el panorama sigue presentándose complicado en un país sin tradición alguna de gobernar en coalición, como sí sucede en otros como Alemania, cuyo ejemplo se analiza ahora al detalle en muchos despachos de París.

La nueva ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, advirtió este lunes de que la economía que hereda el nuevo Gobierno de Keir Starmer se encuentra en «la peor situación desde el fin de la Segunda Guerra Mundial». Por ello ha dado instrucciones al Tesoro para que examine el gasto estatal durante el periodo conservador y así poder entender «la magnitud del desafío» al que se enfrenta. De cualquier manera , adelantó que se verá obligada a tomar decisiones difíciles sobre las finanzas públicas para priorizar el crecimiento. «Nos enfrentamos a un legado de catorce años de caos e irresponsabilidad», que, según Reeves, condicionará los Presupuestos que su equipo presentará en otoño. Añadió que lo que había «visto en las últimas 72 horas había confirmado sus sospechas previas», pero tranquilizó a los habitantes del Reino Unido porque ahora tienen un «Ejecutivo estable» que trabajará con las empresas y se compromete a hacer del país un «refugio seguro» para la inversión. Su programa de impulso del crecimiento implicará reformar el anquilosado sistema de planificación «para lograr que Gran Bretaña se reconstruya». Con ese fin desveló el objetivo del Partido Laborista de construir 1,5 millones de nuevas viviendas en los próximos cinco años gracias a la puesta en marcha revisiones de los límites de los cinturones verdes que rodean las grandes ciudades en su intento de permitir más construcciones en terrenos industriales abandonados.Asimismo, Reeves agregó que había recibido un informe del exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, sobre cómo implementar los planes del Partido Laborista destinados a obtener un nuevo fondo de riqueza nacional de 8.650 millones de euros para inyectar dinero a industrias en crecimiento.

«No voy a ninguna parte». Así de rotundo fue Joe Biden este lunes, cuando salió al paso de la crisis de confianza en su candidatura que ha desatado su desastrosa actuación en el primer debate presidencial frente a Donald Trump del pasado día 27. «No he perdido. No voy a perder. Le gané una vez y le volveré a ganar», aseguró en una entrevista telefónica con el programa de MSNBC 'Morning Joe'. Arrancaba una página del trumpismo al entrar en la televisión con aire de espontaneidad para redoblarse en sus pistolas, negando la realidad y calificando a sus críticos de ser «la élite». Biden, de 81 años, se convirtió en senador a los 39 en 1973 y ha pasado el resto de su vida trabajando para el Gobierno, salvo los cuatro años de Trump. Si alguien es parte de la élite política por definición, es él. Sus posiciones nunca han sido alternativas, pero por su estilo casual y sus orígenes humildes se precia de ser un Joe de la calle, «average Joe».  La opinión pública estadounidense no entra en ese debate. Lo que preocupa es su edad y el declive físico y mental que ha experimentado en los últimos cuatro años. Los tartamudeos, la confusión de sus respuestas y su incapacidad para terminar las frases durante el debate convirtieron en realidad los rumores que corrían por los mentideros políticos desde el año pasado, cuando David Axelrod, arquitecto electoral de Barack Obama, se convirtió en el primero en sugerir que el Partido Demócrata debería buscar otro candidato. «Fue una noche terrible», admitió el presidente. «Mira mi carrera, no he tenido muchas de ésas», se defendió. La cuestión es cuántas tendrá en los próximos cuatro años durante sus funciones de gobierno si vuelve a ganar. Será difícil meter de nuevo al genio dentro de la botella e ignorar al elefante que todos han presenciado en la sala con sus propios ojos. En anticipo a la vuelta del Congreso en sesiones por el largo puente del 4 de julio, prominentes congresistas habían expresado abiertamente sus reservas ante las perspectivas electorales del anciano candidato, que podría facilitar la vuelta de Trump al poder.