20240511

El Ayuntamiento de Oñati no ha decidido aún si recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia del Superior vasco que le condena a pagar a una compensación adicional de 30.000 euros a un trabajador al que despidió tan solo un mes después de haberle contratado, cuando le había prometido el puesto para al menos un año y por ello dejó su empleo fijo en una empresa. Pero el Consistorio, gobernado por EH Bildu, ha querido poner de manifiesto su desacuerdo con el fallo del TSJPV al denunciar la «inseguridad jurídica» que genera. No considera justificado el cambio de criterio de la Sala de lo Social, liderada por Garbiñe Biurrun, que por primera vez impone una indemnización añadida a la establecida en la ley para el despido improcedente. Sus críticas coinciden con la reclamación de «certezas» de la patronal vizcaína Cebek. El caso se refiere a un trabajador que tenía un contrato indefinido en una empresa y también estaba en una bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Oñati tras haber participado en un proceso selectivo de empleo. El 9 de marzo de 2023 recibió una oferta del Consistorio. El puesto era de técnico de mantenimiento de un polideportivo, con sueldo bruto anual de 32.750 euros y una duración mínima de un año, que aceptó renunciando al empleo fijo que tenía. El 27 de marzo firmó un contrato de trabajo temporal de sustitución y un mes más tarde le comunicaron el despido para el 30 de abril tras alegar «un error en la contratación». Demandó asesorado por LAB. El Ayuntamiento no entra a explicar por qué procedió así, aunque fuentes cercanas señalan que, contra todo pronóstico, la persona que había dejado vacante el puesto volvió y que, además, se dieron cuenta de que al trabajador despedido le faltaba aprobar una prueba para estar en la bolsa. Lo que sí argumenta de forma concienzuda es su total discrepancia con la sentencia, al contemplar por primera vez una compensación extra (los citados 30.000 euros) a sumar a la indemnización por despido improcedente, que en este caso era de 493 euros. 

El Gobierno vasco entró en el accionariado del fabricante de componentes aeronáuticos ITP en noviembre de 2022 para acompañar al fondo norteamericano Bain en el cambio de propiedad de la empresa con el objetivo de preservar «el arraigo de la compañía». Apenas año y medio después esa operación se ha convertido en un negocio redondo. Bain acaba de proponer –sus deseos son órdenes porque tiene el control accionarial de la empresa– el reparto de un dividendo extraordinario entre los accionistas por un importe total de 600 millones de euros. Así, en las próximas semanas, el Ejecutivo vasco podrá ingresar 36 millones de euros, lo que supone haber recuperado un tercio de la inversión que hizo en apenas año y medio. El Gobierno vasco tiene el 6%, valorado inicialmente en 95 millones de euros, aunque desembolsó 65,2 millones y asumió un crédito interno en el grupo por el resto. Fuentes cercanas a Bain han asegurado que la decisión de repartir este dividendo extraordinario es una consecuencia de la buena marcha de la compañía, especializada en la fabricación de piezas de motores aeronáuticos y en los servicios de reparación de los mismos. Así, el fondo norteamericano recuperará también 459 millones de su inversión realizada en septiembre de 2022 –pagó inicialmente 1.700 millones pero posteriormente vendió participaciones al resto de los socios–. Indra ingresará 57 millones por su 9,5% de participación y el cuarto accionista en liza, que posee el 8%, JB Capital Markets –la gestora de Javier Botín– recibirá 48. Para todos supone recuperar casi un tercio, aunque algo menos para Indra que pagó más caras las acciones por incorporarse tarde a la compra. La facturación de la compañía creció un 25% el pasado año hasta situarse en 1.305 millones de euros y un resultado bruto de explotación de 217.

La plantilla al completo de Mecaner, integrada por 140 trabajadores, se ha adherido a la oferta de salida propuesta por Stellantis, propietaria de la histórica troquelería ubicada en Urduliz. La multinacional automovilística francesa culmina así el ERE de extinción ligado al cierre de la empresa vizcaína, que pone fin a sus más de seis décadas de historia. Tras finalizar la negociación del ERE sin acuerdo, la mayoría sindical integrada por ESK, LAB y CC OO –solo quedó al margen ELA– alcanzó un pacto con Stellantis «para facilitar que los trabajadores que lo deseasen pudiesen acogerse voluntaria e individualmente a las condiciones mejoradas por la empresa respecto al despido». Así, la oferta de Stellantis contemplaba varias opciones: la recolocación de trabajadores en sus plantas de Zaragoza y Vigo; cotización para los mayores de 53 años hasta los 61 y en el que caso de los que tengan más de 55 se llegaría a los 63; y, por último, para los que estén por debajo de esta edad, una indemnización muy por encima de la establecida en la ley, con 55 días por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades. Los trabajadores, que siempre han defendido la viabilidad de Mecaner y lo siguen haciendo, han decidido acogerse de forma unánime a la oferta de la empresa. Por su lado, la multinacional francesa, dueña de marcas como Peugeot o Citröen, defiende que la planta de Urduliz «genera pérdidas en su negocio recurrente y que en 2023 entró en causa legal de disolución». Aún queda por ver si el sindicato ELA impugna el ERE, aunque dadas las circunstancias tiene pocas posibilidades de éxito.

La frenética actividad en las ramas de turismo y goma son en Michelin Vitoria el espejo de la producción en las líneas de ingeniería civil. Este tipo de neumático sigue sin levantar cabeza y es el que peor está resistiendo la caída de la demanda que está experimentando el grupo francés. Los resultados de la multinacional correspondientes al primer trimestre ponían cifras al problema: mientras las ventas de turismo apenas han caído un 2,4%, las de especialidades se desploman un 7,6%. Por eso, la planta de la Avenida del Cantábrico ha decidido aflojar su ritmo de producción, una vez más, en esta línea. La dirección comunicó ayer a los sindicatos la desactivación de cuatro turnos de trabajo en los talleres encargados de fabricar ruedas gigantes. En concreto, no se trabajará ni el sábado 25 por la noche ni el domingo 26, cuando los empleados de los tres turnos de producción deberán ausentarse de sus puestos de trabajo. Según explicaron desde la parte social, la dirección de la factoría alavesa ha vuelto a atribuir el frenazo a la necesidad de reajustar el plan de fabricación o lo que es lo mismo, a «que las necesidades productivas son inferiores a las previstas». Se dejarán de fabricar, según precisaron los sindicatos, 180 toneladas con este parón; una decisión que afectará a a un total de 332 personas. El anuncio de ayer contrasta con el acelerón que se viene registrando en las líneas de turismo.

A pie del aeropuerto, la autopista e infraestructuras ferroviarias. Este estratégico marco rodea el nuevo ‘macroproyecto’ logístico que se levantará en el entorno de Vitoria y que contribuirá a la consolidación de Álava como referente de esta actividad de la zona norte peninsular. El promotor privado P3 construirá una plataforma dedicada a esta actividad, uno de los sectores con mayor impulso en el territorio, en un terreno de 70.000 metros cuadrados que ha adquirido en Zigoitia, en Etxabarri Ibiña, al lado del centro comercial Gorbeia, tal y como adelantó EL CORREO a finales del pasado año. Será un complejo modulable de hasta 43.027 metros cuadrados, con lo que será «el segundo proyecto más grande de todo el País Vasco», transmiten a este periódico portavoces de P3. Esa dimensión ‘XL’ da una idea de la envergadura de la iniciativa que impulsa este gestor e inversor, el quinto propietario de suelo logístico en España. Los trabajos de acondicionamiento de la parcela están en marcha desde hace meses y la construcción del complejo «está prevista que dé comienzo durante la segunda mitad de 2024 y finalice un año después, en el segundo trimestre de 2025». El bloque, que llevará el nombre de ‘P3 Zigoitia’, será divisible y modulable en espacios de 20.000, 7.000 y 6,000 metros cuadrados, además de las oficinas. La nave tendrá una altura libre de 11,5 metros y dispondrá de muelles de carga y plazas de aparcamiento. «Ofrecerá las mejores instalaciones en términos de aprovechamiento del espacio, operatividad y eficiencia energética a uno o más inquilinos», reseñan desde la promotora.

En un momento de producción a la baja en toda la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, las bodegas buscan paliar la falta de exportaciones con el enoturismo. A este canal se le atribuyen ya el 9,5% de las ventas de la denominación. Así se desprende del Monitor de Enoturismo elaborado por la empresa Dinamiza Asesores para el Consejo Regulador de la denominación. El informe elaborado por la asesoría, correspondiente al año pasado, sitúan al 2023 como un año de récord. El conjunto de la denominación recibió 880.000 visitantes en sus bodegas y sacó del enoturismo 186 millones de euros. De esta rama, que creció un 17,5% entre todas la bodegas de la denominación, es Rioja Alavesa la que sale más beneficiada. Según los datos de ese monitor, la comarca duplicó el crecimiento de toda la DOCa y recibió un 34,83% más de visitantes que en 2022. Y todo ello a pesar de que los productores alaveses son quienes más cobran por sus visitas: recorrer una bodega y comer en ella cuesta, de media, 71 euros en la comarca. Álava fue quien empujó el crecimiento del turismo ligado al vino de Rioja. Tanto es así que otras zonas incluso perdieron turistas. Fue el caso de Rioja Oriental: las bodegas de municipios como Arnedo, Viana, Mendavia o Calahorra registraron un descenso de casi el 10% (9,7%) en sus visitas. A los buenos datos que ya ha presentado Rioja Alavesa en 2023 se le suma un horizonte todavía mejor. Ampliaciones como las de Remírez de Ganuza en Samaniego, Rosario Vera o Faustino supondrán otro espaldarazo a la apuesta por el enoturismo.

El Ministerio de Industria y Turismo puso ayer negro sobre blanco en relación a la nueva tanda de adjudicaciones de ayudas a la cadena de valor del coche eléctrico, recogidas en la línea B del segundo Perte del sector, que adelantó el ministro Jordi Hereu el pasado miércoles. Esta nueva oleada de adjudicaciones provisionales de Industria al sector recoge el reparto de 57 millones para subvenciones directas, mientras que también se han otorgado 18,6 millones para financiación blanda. La ventanilla para presentar las propuestas por parte de las empresas a la línea B del segundo Perte VEC se abrió el 15 de septiembre y desde entonces el Ejecutivo ha recibido 138 solicitudes que pedían 1.211 millones en total. El presupuesto de este segundo tramo del programa público es de 787,6 millones, después de añadir lo no utilizado de la línea A. Industria todavía tiene que adjudicar (a falta de las resoluciones definitivas) 159,6 millones en concepto de ayudas directas para las empresas, mientras que también hay disponibles otros 328,7 millones de euros para préstamos blandos. En cuanto al reparto por empresas, al fabricante español de componentes para vehículos Gestamp se le han adjudicado en este nuevo tramo un total de 34,1 millones para los seis proyectos presentados a la línea B –en sus plantas de Palau (Barcelona), Abadiño (Bizkaia), Noáin y Orkoien (Navarra), Abrera (Barcelona) y Levante (Valencia).

«La industria española se abre paso pese a todos los contratiempos». Esta es una de las principales conclusiones del nuevo Observatorio Sectorial que ha lanzado hoy CaixaBank Research, en el que proyecta un crecimiento del 1,8% para la industria manufacturera del país en este ejercicio y un repunte del 2% el próximo, un dinamismo que vendrá impulsado por las ramas química y farmacéutica. La industria es uno de los sectores que más ha sufrido en los últimos años. En los posteriores a la crisis financiera fue perdiendo peso paulatinamente en el PIB y en el empleo del país y, tras la irrupción del covid-19, ha sido el sector que más ha tardado en recuperar los niveles previos a la pandemia: según los datos de Contabilidad Nacional Trimestral del INE, no lo ha conseguido hasta el primer trimestre de este año. «Las disrupciones de suministro de las cadenas de valor global, un fuerte aumento de costes (energéticos y otros insumos), el impacto del aumento de los tipos de interés y la ralentización de la demanda externa» son algunos de los golpes que ha sufrido el sector el año pasado, en el que logró mantener sus niveles de actividad y empleo, pero sufrió una fuerte caída de las exportaciones, del 7,6% en volumen, lastradas por el encarecimiento de costes y el debilitamiento de la demanda de nuestros socios comerciales. Las ramas más afectadas por estos problemas fueron la industria agroalimentaria, la extractiva, la auxiliar de construcción, la textil y el calzado, y la papelera y la refinería; pero en los meses recientes los expertos de CaixaBank detectan «una clara mejora» y que «ya no hay ninguna que se encuentre en situación de fuerte debilidad».

La batalla del greenwashing irrumpió ayer de lleno en la Junta de Accionistas de Repsol. Josu Jon Imaz, CEO de la energética, arremetió duramente contra grupos ecologistas, como Greenpeace o Finanzas Éticas, que acudieron a la cita de la petrolera en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid para denunciar su política ambiental. «Ustedes son los responsables, desde su dogma y su defensa de intereses como los del lobby eléctrico, del incremento de emisiones de CO2 en el mundo en estos momentos», acusó Imaz. Visiblemente cabreado, el ejecutivo desgranó las consecuencias de un frenazo en la producción europea de petróleo y gas: «No hace falta ser doctor en Economía en Harvard para saber que el precio va a aumentar y eso no impacta en esta casa, sino en las familias europeas y en la industria». «No es ético cerrar los ojos ante la realidad de familias y empresas que no pueden pagar las facturas», clamó. Tanto el consejero delegado como el presidente de Repsol, Antonio Brufau, encontraron en la Junta de Accionistas de este año un escenario y un altavoz para reivindicar su posición en el gran debate que vive el sector. El enfrentamiento entre petroleras, como Repsol, que respaldan combinar todas las fuentes de energía disponibles para descarbonizar, y eléctricas, como Iberdrola, que defienden la electrificación como el único camino de la transición ecológica. «En Europa somos expertos en regularlo todo y en prohibirlo casi todo, pero ese no es el camino», aseveró Brufau, quien erigió su discurso en torno las conclusiones del informe sobre el futuro del mercado único que el Consejo Europeo encomendó al ex primer ministro italiano, Enrico Letta. Así, Brufau defendió que el «determinismo» ecológico de Europa está comprometiendo su competitividad frente a gigantes como China o Estados Unidos: «Cada día que pasa la UE pierde poder político y económico. Mientras Bruselas aplica el palo, EEUU aplica la zanahoria».

Banco Sabadell está dispuesto a agotar todas las balas para entorpecer la OPA hostil lanzada a sus accionistas por parte de BBVA. Fuentes cercanas al proceso apuntan a que la entidad ha puesto en marcha toda su maquinaria jurídica y de asesoría legal para escudriñar cualquier resquicio legal que permita complicar la operación. De ahí el movimiento del jueves por la noche cuando, en una acción muy poco frecuente en este tipo de procesos, el banco advirtió ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que BBVA podría estar violando la ley de opas con la información facilitada a analistas e inversores durante el día para explicar los términos de su oferta. Banco Sabadell acusa a BBVA de ofrecer «datos incompletos que pueden afectar al mercado». Pero tampoco detalla lo que solicita comprobar. Fuentes cercanas a la entidad indican, no obstante, que el objetivo es exigir al banco que aclare con qué accionistas de referencia ha mantenido contacto estos días, después de que Carlos Torres asegurase el jueves –ante preguntas de los periodistas– que varios inversores «de relevancia» de Sabadell le habían mostrado su perspectiva positiva sobre la oferta. En todo caso, el documento no ha llegado a los registros del organismo como una denuncia argumentada, sino como un hecho relevante. Y esto no suele suceder con este tipo de quejas que, según explican fuentes financieras, van acompañadas de justificaciones más detalladas. Desde la CNMV confirman que, una vez recibida, sí analizarán la queja de Sabadell, aunque fuentes del mercado aclaran que el requerimiento no impedirá que la operación siga adelante aunque BBVA se vea obligado a ofrecer explicaciones. 

Los contactos se produjeron a lo largo de abril. Al menos uno fue presencial entre Carlos Torres y Josep Oliu, presidentes de ambas entidades. Desde una parte, ese encuentro se reviste de toda gravedad y se le concede carta de naturaleza. Desde otra, se trataría de una mera interacción después de una reunión de la patronal bancaria. Fuentes conocedoras del mismo explican que, pese a la coincidencia entre ambos actores respecto a la conveniencia de la operación y a la necesidad de que, en línea con los requerimientos del Banco Central Europeo, las entidades se integren para ganar escala, había una diferencia radical en los plazos. Sabadell piensa que tiene un proyecto propio que desarrollar. “El banco tiene dos años de recorrido en solitario antes de sentarse a hablar”, dijo el catalán. BBVA necesita una boda ya. Medios próximos a ambas entidades coinciden en un elemento clave de aquella charla. Oliu se mostró mucho más esquivo que en 2020, cuando ambas partes estuvieron cerca de cerrar un acuerdo. El catalán, un experimentado banquero de más de 74 años, fue tentado por Torres con una jubilación honrosa. BBVA recuperaba la oferta de hace un trienio, que pasaba por incorporar a tres ejecutivos del banco catalán en su consejo de administración y reservaba un puesto de privilegio, el de vicepresidente, para que Oliu terminase su trayectoria con honores.

Esta opa hostil ha convulsionado un sector bancario que vivía en una nube gracias al impacto positivo sobre el negocio de la subida de tipos más fuerte de la historia. BBVA acaba de poner en marcha el cronómetro de una operación que puede alargarse hasta bien entrado el próximo año. Especialmente si entran en juego caballeros blancos con contraofertas, ya que eso paraliza la opa en curso. El ejemplo más cercano es la guerra de opas que ha vivido Applus, que está escribiendo ahora sus capítulos finales. El primer hito en el calendario de Carlos Torres se producirá a mediados de junio. El banco dispone de un mes desde el anuncio de la presentación de la oferta pública de adquisición para registrar el folleto de la operación ante la CNMV. A partir de ahí se abre un largo período de autorizaciones regulatorias de duración indeterminada porque, en la práctica, los plazos establecidos son prorrogables casi automáticamente si se alega falta de información. La primera autorización corresponde al BCE, que debe emitir un informe de no oposición. Para obtenerlo es posible que BBVA tenga que comprometerse a ciertas cesiones previas. Además, BBVA tiene que prenotificar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sus intenciones. Torres ya hizo una llamada de cortesía a la presidenta la semana pasada.

Baleares sigue la senda de Canarias y empieza a cuajar en el archipiélago un movimiento social y político encaminado a limitar el turismo de masas. Un discurso que ya ha sido públicamente asumido por la propia presidenta balear, Marga Prohens (PP), quien el pasado miércoles manifestó abiertamente que la región «ha alcanzado su límite» y anunció la apertura de un diálogo social para reformular, regular y mejorar el modelo turístico, el principal pulmón económico de la región. Tras alcanzar el pasado año el récord histórico de visitantes (17,9 millones de personas y 19.900 millones de euros en gasto turístico), el debate sobre la saturación turística hace años que avanza entre la población, pero se ha intensificado en las últimas semanas, saltando ya a las instituciones y anticipando las primeras movilizaciones sociales. Las imágenes de pueblos y carreteras colapsadas, antes incluso de que llegue la temporada alta, publicadas estos días en los medios locales han avivado la polémica. Municipios como Sóller o pueblos turísticos como Binibeca se plantean limitar el tránsito o incluso el acceso a los no residentes. Una reacción cívica espoleada por las redes sociales que ha acelerado las actuaciones políticas, fijadas ya por el discurso de la líder del Ejecutivo autonómico, que busca el complicado equilibrio de una industria que genera más del 40% del PIB de la comunidad autónoma. Ayer mismo, dos de las principales instituciones políticas insulares adoptaron medidas para tratar de limitar la afluencia turística. El Consell de Mallorca anunció que recortará el techo de plazas turísticas legales, la bolsa de habitaciones que se canjean entre empresas hoteleras y de alquiler vacacional. Se suprimirán 18.000 plazas de las 430.000 existentes, un 4,2%. No se suprimirán plazas ya explotadas, pero se rebajará el tope, impidiendo crecer.

La planta de Ford en Almussafes (Valencia) fabricará 300.000 unidades al año de un nuevo vehículo global que se lanzará a mediados del año 2027. Se trata de un modelo que no será eléctrico 100%, pero que, “en términos globales de carga de trabajo y empleo, garantizará niveles superiores a lo que supondría una plataforma eléctrica”, explicó este viernes en un comunicado el sindicato UGT, mayoritario en la factoría, tras la reunión mantenida con la dirección de Ford Europa. En palabras del vicepresidente europeo de Ford, Kieran Cahill –citado por el sindicato en su comunicado–, este es el reconocimiento de la compañía a Valencia “por todos los compromisos cumplidos en los últimos años, y como respuesta al Acuerdo por la Electrificación, que, a pesar del giro que ha experimentado la situación del automóvil con respecto a la misma, continúa siendo la herramienta que permite apostar por el futuro de la planta valenciana”. La multinacional confirma el proyecto para la factoría española tras anunciar a finales de 2023 que retrasaba sus planes de electrificación en Almussafes: “Ford está adaptando su gama de vehículos en Europa de acuerdo con las necesidades de los clientes. Hemos agregado un nuevo vehículo de pasajeros multienergía, que se fabricará en Valencia, a nuestro plan de productos para Europa”.

Sin embargo, esta mejora no termina de trasladarse al sector público, donde estos contratos aún son un 29,5% del total, frente al 12,3% en la empresa privada, un mínimo histórico. La Comisión Europea acaba de publicar un análisis del desempeño de España en empleo, capacidades e inclusión social. El documento señala problemas estructurales, como la altísima tasa de paro (12,1% en 2023, el doble que la media europea), el escaso éxito de las políticas activas de empleo, el desacople entre habilidades y necesidades del mercado, el exceso de sobrecualificados, el riesgo de exclusión social y la amenaza del precio de la vivienda. Pero también advierte tendencias a mejor: dice que la reforma laboral ha traído “mejoras significativas” en la proporción de contratos temporales y que las subidas del salario mínimo han contribuido a reducir “la desigualdad en ingresos”. El informe destaca el problema que venía suponiendo para España la altísima tasa de temporalidad: “Desde los años noventa, la alta prevalencia del empleo temporal ha estado contribuyendo a una alta volatilidad del empleo y desigualdades de ingresos”. La proporción de contratos temporales marcó en el primer trimestre de 2024 un mínimo en este siglo del 15,7%. “La reciente reforma del mercado laboral ha traído mejoras significativas”, indica. Antes de la aprobación de esta norma, que limita los escenarios en que las empresas pueden usar contratos temporales, el 25,6% eran de este tipo. “El alto porcentaje de contratos temporales se tradujo, entre otros aspectos, en tasas de pobreza laboral mucho más altas para los trabajadores temporales en comparación con los permanentes, así como en una menor acumulación de capital humano específico de la empresa y crecimiento de la productividad”, señala la Comisión. 

Desde 2020, cuando entró en vigor el acuerdo de retirada de Reino Unido de la Unión Europea, el país británico se ha mantenido en el ‘top 3’ por inversión extranjera directa (IED) en España, generando más de 100.000 empleos directos. Pero Isabel Perea, presidenta desde el pasado abril de la Cámara de Comercio Británica en España, sabe bien que el divorcio aún implica grandes desafíos para las relaciones bilaterales. "La salud y todo el universo startup son un nuevo foco de atracción del capital británico en España. Vemos que empresas británicas han invertido aquí y ya están creando centros de trabajo en España, por eso es muy importante nuestra capacidad de atraer talento, no sólo local, sino internacional, incluido el británico...Hay una relación histórica muy profunda entre España y Reino Unido. El apetito inversor funciona en ambas direcciones. El Brexit marcó un cambio, pero no ha tenido como consecuencia una caída de inversiones, todo lo contrario, han aumentado. Pero sí ha afectado, por ejemplo, a la movilidad laboral, al movimiento de un talento muy necesario y que puede reducir la competitividad..."

El PIB de Reino Unido despegó un 0,6% en el primer trimestre respecto al último periodo de 2023, con lo que el país consigue, de un plumazo, dejar atrás la recesión y situarse como el miembro del G7 que, junto con Canadá –y sin datos de Japón, del que esperan cifras negativas– mejor se comportó entre enero y marzo, aunque esta última conclusión puede llevar a engaño. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés), los servicios avanzaron un 0,7% y la industria un 0,8%, frente a la construcción, que retrocedió un 0,9% hasta marzo. Desde el punto de vista de la demanda, los ámbitos que más subieron fueron el consumo de los hogares, el público y la formación bruta de capital (inversión). El adjetivo que mejor resume el dato del primer trimestre es “sorprendente”. Sin ir más lejos, el Banco de Inglaterra había pronosticado la víspera un crecimiento del 0,4%. La misma Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria (OBR, un organismo público pero independiente del Gobierno) espera un crecimiento del 0,8% para todo el año, frente al 0,1% de 2023. El economista jefe de la ONS, Paul Keating, parafraseó a un ex primer ministro australiano con que la economía va “viento en popa”. A partir de aquí, lo importante va a ser la lucha por el relato porque, con la mirada puesta en las elecciones del próximo otoño, Downing Street va a tratar de centrar su mensaje en que la economía ha entrado en una nueva fase, mientras que la oposición pondrá el acento en los últimos 14 años. “La batalla de ideas sobre las cifras del pasado va a ser clave en la campaña”, argumenta el director de investigación del think tank Resolution Foundation, James Smith.

Orain, egungo lider europarrek defentsan gehiago inbertitu behar dugula esaten digute, eta kontinentean gerra berri bat egon daitekeela ohartarazten digute, Errusiaren mehatxupean. Aitzitik, Errusia NATOko herrialde guztiei aurre egiten ausartuko dela sinestea zaila da, Ukrainarekin izandako bi urteko gerran Kievera iristea lortu ez duenean. Nolanahi ere, Europar Batasuneko eta NATOko agintarien adierazpenak ekintzekin lagunduta doaz, zifrek adierazten baitute Europa inoiz ez bezala militarizatzen ari dela. Gehiago irakurri hemen.

Un macroestudio de la Fundación BBVA en 15 países europeos, Estados Unidos, Israel y Turquía publicado hace dos meses reveló que la confianza en la ciencia y en los científicos eran mayores en España que en el resto de naciones mencionadas. Ejemplo de lo primero eran las vacunas, más aceptadas que la media; sobre los segundo, médicos, investigadores e ingenieros descollaban como los profesionales mejor valorados. Pero al mismo tiempo certificaba que nuestros conocimientos en estas áreas son menores. Enfrentados a un test de una docena de preguntas, el resultado arrojó un menor acierto: fueron 7,6 puntos sobre 12 frente a los 7,9 de nuestros vecinos y el 7,8 de los estadounidenses. Una segunda parte de esta encuesta a gran escala ha ahondado en esta cuestión. Más de la mitad –el 57%– de los encuestados en nuestro país desconocen que los antibióticos no sirven de nada contra los virus, cinco puntos más que la media europea y nueve en comparación a los estadounidense; y el 73% considera que el cambio climático se debe al agujero en la capa de ozono, un porcentaje seis y cinco unidades superior a europeos y norteamericanos. El 63% sabe que el sexo de un bebé viene determinado por el cromosoma X o Y que herede del padre, más de diez puntos por debajo de europeos y americanos. Todavía más llamativo es que más de uno de cada cuatro encuestados (28%) en España cree que el sol gira en torno a nuestro planeta frente al 24% de nuestro entorno y de los preguntados al otro lado del Atlántico.