20240108

El ejercicio 2023 fue muy bueno para la Bolsa española, mejor incluso de lo que apuntaban las previsiones más optimistas. El Ibex-35, el índice de referencia que aglutina a las mayores empresas, se revalorizó un 22,7%, la mayor subida desde 2009. Las ganancias fueron generalizadas aunque hubo compañías que se salieron del mapa, como las vascas Tubos Reunidos y Tubacex, que terminaron el año en primera y quinta posición, respectivamente, de todo el mercado continuo español, en el que cotizan casi 130 firmas. Es, por tanto, un logro considerable. El grupo alavés Tubos Reunidos lideró el ranking con una impresionante revalorización del 162% seguida por Airtificial, especializada en robótica y en la aplicación de inteligencia artificial, con un 158%. En tercer lugar se situó la empresa de viajes ‘online’ Edreams Odigeo (94%) y en cuarta posición, Elecnor (84%), también de origen vasco. El quinto lugar fue para otro fabricante alavés de tubos, Tubacex, con una subida del 75%. Ese fue el ‘top 5’ de la Bolsa española. El caso de Tubos Reunidos es especialmente llamativo. El grupo, que destina buena parte de su producción de tubos a la explotación de pozos de petróleo, tuvo que se rescatado por el Gobierno central en el verano de 2021 tras una profunda crisis. A través del programa de la SEPI para salvar a empresas estratégicas en dificultades se le inyectaron 113 millones de euros. La compañía se impulsó en este apoyo para acometer una profunda reorganización que ha dado sus frutos. En el primer semestre ganó 54 millones y, aunque ya advirtió de que la segunda mitad sería peor por la caída de pedidos, ha tenido el respaldo de los inversores. En segundo lugar está Tubacex, también alavesa y también especializada en tubos de acero sin soldadura. El grupo acumula ya dos años de notable revalorización en Bolsa al calor de la recuperación iniciada a finales de 2021, tras el golpe del covid y una huelga de nueve meses en sus plantas de Álava. Su éxito se nutre de una cartera de pedidos bien llena por la reactivación del sector del ‘oil & gas’ y de otros proyectos energéticos.

El Gobierno aprobó a finales de diciembre que los convenios colectivos autonómicos pasan a tener prioridad aplicativa sobre los estatales, es decir, que prevalecen sobre ellos, siempre que sean más beneficiosos para los trabajadores, una medida aprobada a cambio del apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez y que, según los expertos, agravará la brecha entre los trabajadores de unas comunidades y otras, y traerá «conflictividad e inseguridad jurídica». La medida, incluida en el Real Decreto-ley 7/2023, ya considerado ómnibus por la cantidad de materias que regula, especifica que hay algunos asuntos en los que el convenio autonómico no puede meterse y que quedan reservados al estatal, como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual, el régimen disciplinario, las normas en prevención de riesgos laborales o la movilidad geográfica. Sin embargo, sí que pueden establecerse condiciones distintas en cuanto al salario, los turnos o la jornada mínima de trabajo, es decir, lo realmente importante para los trabajadores. Así, mientras antes los convenios estatales podían decidir que el salario (u otra cosa) era una materia en la que no podían entrar los autonómicos para que fuera homogéneo en todo el territorio nacional; ahora, el estatal no manda en este asunto y podrían establecerse diferencias entre autonomías, lo que según los expertos ahondará en la desigualdad de los trabajadores en función de la comunidad en la que residen y generará rigideces en el mercado. «Para las empresas con implantación nacional, los convenios colectivos autonómicos pueden mejorar las condiciones, lo que puede generar mayores brechas, ya que un andaluz no puede pedir que se le aplique el mismo convenio que a un vasco de la misma empresa. Dado que el convenio estatal ya no puede reservarse el poder sobre los salarios, se pueden agravar las diferencias entre los trabajadores de unas comunidades y otras», explica Victoria Caldevilla, socia de Andersen. La experta en Laboral señala que las materias en las que no pueden meterse los autonómicos son, en verdad, secundarias, ya que lo verdaderamente importante para los trabajadores es el salario y los beneficios que puedan obtener, como por ejemplo los complementos en caso de Incapacidad Temporal o los seguros, y en esos ámbitos es donde puede haber muchas diferencias territoriales.

Artículo de Peio Igeregi, responsable de Negociación colectiva de ELA : "Llevamos cuatro meses de campaña contra las huelgas. El lehendakari dio el pistoletazo de salida y posteriormente varios periodistas le han tomado el testigo. Acumulan un enorme enfado frente a ELA por liderar las huelgas en nuestro país, en el Estado y en Europa. Y les saca de quicio nuestro orgullo por ello. No nos entienden. Fuera de Ajuria Enea la precariedad aumenta y el reparto de la riqueza es cada vez más injusto...Cuando reivindicamos un reparto más justo de los beneficios empresariales nos responden que no toca. En los 90 un responsable de la patronal nos lo resumió en una frase: «La vaca tiene que engordar, luego dará leche». Sin embargo, nunca llegó la leche, como muestran los datos anteriores. Esa misma persona una vez retirada nos dijo: «Si con nosotros lo teníais difícil, con estos (por los actuales responsables de Confebask) lo tenéis imposible». En los últimos 20 años existe una correlación directa entre el número de huelgas y la renovación de convenios colectivos, los años con mayor número de huelgas coinciden con los años con más convenios renovados y con mejores condiciones de trabajo. Pero las vacas solo dan leche cuando se las ordeña, y en este caso la herramienta para ello son las huelgas...Para el lehendakari y los analistas económicos, la conflictividad laboral es un gran problema porque ataca su única política económica, hacerle la pelota a grandes multinacionales para que inviertan aquí, y rezar para que ‘den leche’. La falta de intervención pública en la economía, la rebaja de impuestos al capital o la privatización de Kutxabank han traído consigo una dependencia cada vez mayor de multinacionales extranjeras o fondos buitres, y el monocultivo de sectores industriales como el automovilístico, ahora en proceso de reconversión profunda. Poco importa que el gasto en personal en las empresas industriales no llegue de media al 15%, el lehendakari pretende que en empresas con enormes beneficios callemos y aceptemos que ni siquiera se aumente el salario el IPC. Las huelgas son la respuesta de los trabajadores y sobre todo, las trabajadoras a la cerrazón empresarial y política..."

En España, en poco menos de una década las bajas laborales relacionadas con la salud mental se han duplicado. Según ha podido saber este periódico a través del Portal de Transparencia, hasta octubre 466.078 trabajadores españoles recibieron una baja médica por problemas de salud mental. Cifra que alcanzó su máximo en 2022 con 515.679 bajas temporales. Si se compara el número de bajas por trastornos mentales y de comportamiento de 2016 con el mismo periodo 2022, se observa que el incremento de estas incapacidades ha sido del 81,54%. Mientras que con respecto a 2019 (año previo a la pandemia de covid19) el incremento es de un 28,67%. «A pesar de que vemos un aumento de estas bajas pensamos que están infraestimados», denuncia Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental y un 5% de los adultos de todo el mundo padecen depresión. En España, la ansiedad y la depresión son los dos principales cuadros clínicos responsables de la carga de enfermedad de los problemas de salud mental. «Las incapacidades temporales relacionadas con esta problemática son las terceras más largas y no se le presta la suficiente atención», señala Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras. A nivel mundial se pierden 12.000 millones de días de trabajo por la ansiedad y la depresión, según la OMS. «El cuidado de la salud mental en el trabajo disminuye las bajas laborales en un 66%», aseguró a finales del año pasado el director general de la Fundación Salud y Personas, Joan Piñol. Sin embargo, los sindicatos denuncian que esta problemática no se trata de la forma adecuada. «Es necesario reformar el listado de enfermedades profesionales», advierte García de la Torre. En estos momentos, los problemas de ansiedad y estrés se tratan como enfermedades comunes «y en muchas ocasiones están relacionados con el trabajo y cada vez más con la digitalización del entorno laboral», apunta Sanz.

Las instituciones de Álava eluden opinar sobre que se redirijan vuelos a Madrid, Barcelona o Zaragoza, y no a Vitoria que está a tan sólo 70 kilómetros de Bilbao, Muy lejos queda aquella época en que Vitoria era un referente para los vuelos desviados. En 2006 acogió a 113 aeronaves que no pudieron llegar a su destino. Ahora son habas contadas. «Las compañías son soberanas para elegir los aeropuertos alternativos que eligen», justifican los portavoces de la sociedad pública Aena. Vueling y sus responsables oficiales justifican que sus aviones no se redirigen a Foronda porque «carece de una operativa comercial amplia» que permita improvisar rápidamente el servicio de escalera y atención en tierra, la recogida de maletas y fletar un transporte (normalmente buses) para llevarles hasta Bilbao. De ahí que elijan enviar sus aeronaves a Barcelona, donde se encuentra su base central, para reubicarlos en los siguientes vuelos, aunque otros acaban completando un largo viaje de siete horas en autocar para llegar a su destino final. «Prima la logística de las compañías sobre los derechos del consumidor», opina Kepa Loizaga, delegado de OCU en el País Vasco. «Las compañías prefieren no dejar sus naves en Vitoria porque les supone un coste añadido al tener que sufragar los costes de los servicios que se les presten y al no poder enlazar con un próximo vuelo». Ni el Gobierno vasco, ni la Diputación de Álava, ni el Ayuntamiento de Vitoria, ni la delegación del Ejecutivo central en Euskadi, ni la Cámara de Comercio, ni SEA-Empresas Alavesas han querido entrar a valorar 'en caliente' este asunto y algunos de los consultados reiteran que son las compañías aéreas quienes deciden dónde aterrizar.

"...España terminó 2023 con una deuda del 108% y un déficit del 3,9%. No es el único país al que la lucha contra las dos crisis más recientes ha llevado a rebasar los umbrales estatutarios europeos. Los niveles de deuda de Grecia (152%), Italia (141%) o Francia (109%) superan el nuestro. Al igual que los porcentajes de déficit de Italia (-4,4%), Francia (-4,4%) o Bélgica (-4,9%), que tendrán el listón más alto. Y a modo de descargo, España es el cuarto país de la UE con mayor reducción del déficit desde la pandemia, ya que en dos años ha caído a la mitad, pasando del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022 y al 3,9% en 2023. Al igual que sucede con la fijación del 2% para una inflación óptima, aceptada por la vasta generalidad de los países del planeta, los porcentajes del 3% (déficit) y 60% (deuda) no dejan de ser arbitrarios y discutibles. Lo que no es discutible y se convierte en un hecho objetivo es que la disciplina financiera del déficit, y su resultante, la deuda, obedece a tres virtudes fácilmente defendibles. La primera consiste en que el servicio de la deuda resta financiación para otras prestaciones esenciales, sean de índole social o de inversión...En segundo lugar, el tipo de interés de cada nueva emisión vendrá fijado por la credibilidad que la comunidad internacional otorgue para su repago, que a su vez viene influenciado por el volumen acumulado total...Una tercera razón se concreta en la necesidad de disponer de un espacio fiscal para poder reaccionar ante nuevas crisis desde un posicionamiento sólido y favorable...Los cambios acordados por los Veintisiete deben discutirse aún entre los países, la Comisión Europea y la Eurocámara. Previsiblemente eso sucederá en este primer trimestre de 2024, pero de momento el Gobierno hará bien en hacer números y estudiar por dónde conviene apretar el cinturón al paciente español para producir los menores daños posibles. Y, por supuesto, subir impuestos es una forma dolorosa y dañina de apretar el cinturón". 

La banca aviva la guerra por captar y retener clientes con una rebaja en las comisiones. Las principales entidades españolas vienen liberando cada vez a más clientes de los cobros que aplican por la operativa básica, de forma que en torno al 80% de la clientela ya está exenta de estos cargos. En realidad, más que una rebaja en el volumen de dinero que cobran los bancos por el mantenimiento de las cuentas, la emisión de una tarjeta o la retirada de efectivo, lo que han venido haciendo las entidades es reducir los requisitos para considerar a un cliente vinculado y así eximirle de estas comisiones. Sabadell es el banco que viene aplicando una política de rebaja de comisiones más agresiva. “Las comisiones son los cobros que menos les gustan a los clientes. Entonces, el primer objetivo de cara a la satisfacción del cliente es la reducción de comisiones”, adelantó el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, hace un año. Desde entonces la entidad catalana ha dejado de cobrar a la mayoría de los clientes y actualmente el 89% están exentos de comisiones. Santander aplicó a principios de año una medida para dejar de cobrar comisiones a los saldos superiores a 25.000 euros en cuentas de ahorro y depósitos. Actualmente, el 82% de los clientes en España no pagan comisiones. En la misma línea, a finales de 2023 CaixaBank aplicó una medida para rebajar los requisitos de vinculación y dejó de aplicar comisiones a los clientes con más de 20.000 euros en la entidad, entre cuentas, depósitos, planes de pensiones y fondos. Según detalló el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de resultados del tercer trimestre, unos 13 millones de clientes están exentos de comisiones. Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 20 millones de clientes en total, al menos un 65% están exentos. De todas formas, el porcentaje real es superior, ya que a esa cifra de 20 millones habría que restar el negocio en Portugal y los clientes empresariales.

Una vez superada la crisis del Covid al completo, y con el boom turístico dando alas al sector, los grandes grupos hoteleros españoles han cerrado un año histórico en ingresos gracias a unas ocupaciones que rozan ya los niveles de récord anteriores a la pandemia, a unos precios que siguen marcando máximos y a sus planes de expansión. Las principales cadenas españolas, entre las que destacan RIU, Barceló, NH, Meliá, Hotusa, Palladium, Paradores, Vincci, Hesperia, Sercotel, Silken y Room Mate, han superado en conjunto los 14.000 millones de facturación en 2023, lo que supone una mejora del 20% frente a 2022 y un incremento del 30% respecto a 2019, antes del estallido de la pandemia. Estas cifras se extraen de las previsiones aportadas por las propias compañías a EXPANSIÓN y de las estimaciones del consenso de analistas de Bloomberg para las dos cotizadas (NH y Meliá), que anunciarán resultados anuales el próximo mes de febrero. Las compañías consultadas son además optimistas respecto a 2024, año en el que esperan que se consolide la recuperación del turismo de negocios y en el que la normalización del turismo asiático llegue a su plenitud. Por ingresos encabeza el ránking RIU. A espera de cerrar sus cuentas anuales, desde el grupo mallorquín señalan que las estancias globales y la tarifa media han aumentado en 2023 alrededor del 10%. “Gracias a esto esperamos un aumento de en torno al 20% en la facturación global de este año 2023 frente a 2022”, añaden.

En la última década el Estado ha penalizado con cerca de 1.000 millones de euros a las empresas que han incluido a mayores de 50 años en despidos colectivos. Desde el año 2011 las compañías con beneficios que afecten en sus expedientes de regulación de empleo (ERE) a trabajadores sénior están obligadas a realizar una aportación económica al Tesoro Público en compensación por el coste extra en prestaciones y subsidios por desempleo que asume el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Las reclamaciones arrancaron en 2013 y, diez años después, un centenar de empresas todavía deben una factura millonaria a las arcas públicas, incluida Telefónica, que acaba de firmar un ERE por el que va a tener que compensar nuevamente al Estado. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo este castigo en su reforma de las pensiones para responder al ajuste masivo que precisamente Telefónica llevó a cabo en el año 2011 y que afectó a más de 6.800 trabajadores. La medida fue bautizada como enmienda Telefónica y ahora vuelve a afectar a la compañía que preside José María Álvarez Pallete tras haber puesto en marcha un nuevo procedimiento para sacar a más de 3.400 trabajadores mayores de 55 años de sus principales filiales en España. A cierre de 2022, el SEPE había reclamado un total de 983 millones de euros a 93 empresas, de acuerdo con el último informe anual que acaba de publicar el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Se trata del importe correspondiente a las prestaciones y subsidios abonados por los despidos de 27.241 trabajadores y, hasta el momento, el Estado ha recuperado en torno al 85% del total, ya que las empresas han abonado 814 millones de euros. Algo más del 37% de esa cantidad corresponde a Telefónica, en concreto, 305 millones de euros que ya han sido aportados por la compañía de telecomunicaciones al Tesoro Público.

Solicitar el ingreso mínimo vital es una compleja carrera de obstáculos marcada por la burocracia y las personas que más lo necesitan no alcanzan la meta. Esta ayuda social, creada en 2020 para las capas más vulnerables, solo llega al 5% de las personas sin hogar que tendrían derecho a recibirla, según una investigadora del Instituto de Estudios Fiscales, que recomienda cambios para eliminar las barreras de acceso. Más necesitados y también más olvidados. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la red última de protección creada en 2020 para alcanzar las capas más vulnerables de la sociedad, solo llega al 5% de las personas sin hogar que tendrían derecho a percibirlo. Detrás de esta lacra hay un enorme problema de desconocimiento y barreras de acceso. Si la cobertura se ampliara a todos los individuos sin hogar que cumplen con los requisitos, el gasto adicional para las arcas públicas sería de 130 millones —frente a los 2,3 actuales—, una cantidad ínfima comparada con los más de 4.300 millones pagados en 2023 para la ayuda. A cambio, se lograría una espectacular disminución en la desigualdad de partida del colectivo, de un 80%. Estas son las principales conclusiones de un estudio elaborado por Nuria Badenes, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (IEF). “Aunque la intuición indique que aquellos con más necesidad deberían solicitar el IMV con mayor probabilidad, en el colectivo de personas sin hogar se ha constatado que los costes de solicitud son tan elevados que no compensan las ventajas potenciales de su percepción”, destaca. Así también lo confirman distintas entidades sociales. “El IMV es un derecho necesario e imprescindible y entendemos que se aprobó durante la pandemia en un contexto difícil. Pero pedimos que se cambie. El grado de complejidad de los requisitos de acceso es extremo, se exige muchísima documentación y no hay oficinas donde asesorarse presencialmente”, lamenta Ana Abril, coordinadora de Incidencia Política de Cáritas. Todas estas trabas, una carrera de obstáculos para una familia vulnerable, se convierten en barreras infranqueables para las personas sin hogar.

El Gobierno «está trabajando», en expresión de un ministro, para que Junts no tumbe, como ha anunciado, sus tres iniciativas legislativas. Pero también Podemos pone sus propias condiciones y el resto de socios se tientan la ropa. El Gobierno se habituó la pasada legislatura tanto a negociar al límite de que expiraran los plazos, como a recibir la crítica recurrente de sus socios por no hacerles partícipes de sus propuestas pese a depender de ellos para aprobarlas. Unas ataduras que se han intensificado esta legislatura hasta el punto de que el rechazo de Junts, con solo anticiparlo, compromete toda esta primera tanda legislativa del Ejecutivo y constriñe, por añadidura, el margen de influencia de todos los demás aliados en el bloque de investidura; aunque pasaría lo mismo si cualquiera de ellos –Podemos ya amaga con tumbar uno de los decretos– optara por seguir la estela de los de Puigdemont con sus propios intereses. «El Gobierno debe saber que con esta realidad tiene que variar su manera de legislar», constata un cargo de EH Bildu, socio que también está analizando los tres decretos y mirando «con lupa» el que más inquieta a Junts: el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativo a la justicia. Este texto ‘ómnibus’, el primero que se someterá a debate en el pleno de alto voltaje que celebrará este miércoles el Congreso –trasladado por obras al Senado y cuyo orden del día incluye la discusión de las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley de amnistía–, requiere su convalidación para que España pueda dotarse de los 10.000 millones de la cuarta entrega de los fondos de la UE. Y entre los requisitos que plantea Bruselas está la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para sellar que cuando un juez español presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), la causa nacional sujeta a consulta se paralizará. En realidad, esta es ya la práctica, por lo que solo se trataría de explicitarla en el ordenamiento jurídico. Pero Junts ve en ese cambio un riesgo evidente de que se frene la aplicación de la ley de amnistía, toda vez que se da por seguro que magistrados españoles la cuestionarán ante Europa. «Tal como está (el decreto), ahora nuestra votación en el Congreso es un no gigante», ratificó ayer en Elnacional.cat el secretario general de los junteros, Jordi Turull, quien avisó de que su partido dará por «acabada la legislatura» en el momento que acredite que no hay avances con el presidente Sánchez hacia el referéndum.

El sistema de pensiones chileno, que se puso en marcha en 1980 y fue pionero en términos de gestión privada, fue visto como el estándar a seguir para los esquemas de pensiones de jubilación. En consecuencia, sirvió como modelo para las reformas de los sistemas de pensiones de muchos países latinoamericanos, asiáticos y del Este de Europa. Numerosos profesionales chilenos involucrados en su puesta en marcha se convirtieron en consultores internacionales en materia de pensiones. A pesar de ello, hoy en día, el sistema es rechazado por un gran número de chilenos y su supervivencia en los términos actuales es dudosa. ¿Qué ha ido mal? En resumen, se podría decir que ha sido el típico caso de una idea pobremente ejecutada. El sistema ofrece cinco tipos distintos de inversión, conocidos como fondos A, B, C, D y E. El fondo A es el más arriesgado y el E es el más conservador. El sistema predice que los trabajadores transitarán de forma gradual desde el fondo A al E según vayan cumpliendo años, dependiendo de su tolerancia al riesgo. La regulación intentó controlar el riesgo de estos fondos, pero no lo hizo utilizando métricas que miden el nivel de riesgo de las carteras; lo hizo, por ejemplo, establecimiento límites mínimos y máximos a los porcentajes de las inversiones en función de los activos. El desafortunado resultado de esta decisión ha sido que, en términos de rentabilidad ajustada al riesgo, los fondos resultan confusos. Un reciente estudio publicado en el Journal of Retirement muestra, por ejemplo, que en más de la mitad de los casos los fondos de tipo E tuvieron mejor desempeño que los de tipo A. Es decir, las personas que apostaron por los fondos de mayor riesgo no fueron adecuadamente recompensados.