20240716

El Gobierno español y seis entidades financieras nacionales han aprobado la concesión de una línea de avales para Siemens Gamesa por valor de 1.200 millones. Una cantidad que se une a los 12.000 obtenidos por su compañía matriz, Siemens Energy, en Alemania, también con el respaldo del Ejecutivo germano que avaló 7.500 millones. El acuerdo, cerrado ayer, ha costado ocho meses de intensas negociaciones entre la firma eólica y las autoridades y bancos españoles, y forma parte del proceso de respaldo financiero para que la compañía pueda normalizar su situación. Pese a ello, la empresa confirmó que todavía mantiene paralizada la producción y venta de sus dos principales turbinas terrestres, las plataformas 4.X y 5.X, aquejadas de importantes problemas técnicos para los que todavía no existe una solución definitiva. La mitad de esos 1.200 millones son un riesgo asumido por el Gobierno central, aunque también hay una ‘contragarantía’ por parte del holding alemán. Los 600 millones restantes en avales han sido aportados por las entidades BBVA, BNP, Caixabank, Kutxabank y Santander. El objetivo de estas garantías es propiciar que Siemens Gamesa pueda mantener su actividad de venta de equipos –por el momento especialmente los de generación marina–, pero también que no tendrá problemas financieros cuando esté listo el relanzamiento de sus turbinas terrestres. Está previsto que las ventas de la 4.X puedan arrancar de nuevo a finales de 2024, tras una paralización de año y medio, y que las de la 5.X puedan recuperarse bien avanzado 2025. Estos avales que ha obtenido la empresa son los que se entregan a los compradores de las turbinas como garantía de que se cumplirán los plazos y el resto de los compromisos contractuales. «Para Siemens Energy, esta cobertura adicional por parte del Gobierno central es importante, ya que le permitirá ejecutar la elevada cartera de pedidos de su negocio eólico, que asciende a 40.000 millones de euros. Estos proyectos a largo plazo requieren una inversión muy elevada por parte de los clientes. Por lo tanto, se requieren garantías bancarias para cubrir la ejecución del proyecto a lo largo de varios años», explicó la compañía.

Skoda, el fabricante checo de trenes, ha solicitado a Talgo el acceso a sus cuentas para analizar una operación de integración. El movimiento está auspiciado por el Gobierno de España y ha llegado en plena opa ‘amistosa’ del grupo húngaro Magyar Vagon, que ofreció en marzo 617 millones de euros para hacerse con Talgo. Moncloa mantiene su determinación de evitar que el grupo húngaro pueda adquirir Talgo. Entre las razones que sustentan su posición pesa el respaldo que recibe de la Administración del presidente Viktor Orbán y posibles conexiones de capital ruso con las que ha especulado en varias ocasiones. El Ejecutivo central, después de no lograr convencer a CAF, Stadler, CriteriaCaixa o EM&E para liderar una opa alternativa, ha encontrado en Skoda una posibilidad. De todos modos, la compañía checa, que no tiene que ver con el fabricante de coches integrado en Volkswagen, no es capaz de formular una alternativa económica. De momento, su capacidad financiera no supera los 3,5 euros por la acción de Talgo (430 millones en total). Una situación que, de no resolverse, ha llevado a la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno a diseñar una operación que no es una opa, sino una integración por intercambio accionarial a ejecutar durante tres años. El movimiento complica el tablero. En primer lugar, porque supone una alternativa ‘hostil’, no apoyada por la dirección y accionistas principales de Talgo. Además, con una opa en tramitación no es posible afrontar un proceso de este tipo. Para llevarlo a cabo sería necesario que Magyar Vagon retire su propuesta –y ha insistido en que no tiene ninguna intención– o que el Gobierno central la deniegue.

El operador de capital árabe y la empresa guipuzcoana mantienen una relación de años. Noatum negocia la adquisición de las terminales de Algeposa, una empresa guipuzcoana que ofrece una logística integral para el transporte de mercancías con fuerte presencia en el Puerto de Pasaia, donde tiene su origen. La operación podría estar valorada en 200 millones de euros aunque esta cifra se encuentra en conversaciones. Noatum y Algeposa son colaboradores desde hace años con una alianza estratégica por la que ambas compañías facilitan el acceso de la otra a diversas instalaciones portuarias desde 2018. Algeposa tiene su sede en Pasaia, donde trabaja en la estiba y desestiba de barcos que transportan, sobre todo, material siderúrgico y graneles sólidos. Su relación con la autoridad portuaria guipuzcoana es sólida, como se demuestra en las operaciones de envergadura desarrolladas en los últimos tres años. Así, en 2021 amplió el almacén que dispone en el Puerto de Pasaia en una decisión que significó duplicar su capacidad con una inversión de 2,5 millones de euros. Gracias a esta obra, en la actualidad Algeposa puede albergar en el pabellón 4 del recinto portuario 2.000 bobinas frente a las 1.200 que podía hasta ahora. Esto significa que Algeposa será capaz de gestionar 40.000 toneladas, cuando con anterioridad esta cifra se quedaba en 24.000. Dos años más tarde, en octubre de 2023, anunció una nueva ampliación de la parcela que ocupa en el muelle de Lezo de 3.895 metros cuadrados. La empresa familiar guipuzcoana argumentó esta operación en la necesidad de facilitar la entrada de buques de mayor eslora, con lo que incrementó su actividad de tráfico de mercancías. Un mes más tarde llegó un movimiento de mayores dimensiones con la inauguración de una nueva terminal polivalente en el muelle de Buenavista de 35.000 metros cuadrados y la incorporación de medidas de eficiencia. Todas estas operaciones han reforzado la presencia de la estibadora de Pasaia en este recinto portuario, donde se sitúa entre los principales clientes junto con otras reconocidas compañías como Arcelor Mittal y fabricantes automovilísticos.

La Formación Profesional (FP) vasca no consigue llenar todas las plazas de los ciclos con más salidas laborales. Es una queja recurrente en los últimos años, pero ha vuelto a pasar de cara al próximo curso. Grados como Diseño en Fabricación Mecánica, Construcciones Metálicas, Mecanizado o Soldadura, que tienen índices de empleabilidad de casi el 100% y buenas remuneraciones, cuentan aún con huecos libres. Así lo señaló ayer en un comunicado Hetel, asociación que aglutina a una treintena de centros de FP concertados. Sin embargo, el problema no se reduce a las familias de la industria. AiceIzea, una de las principales patronales educativas (cuenta con una veintena de centros de FP), alerta de que la misma situación se da en los grados relacionados con Hostelería y Turismo, un sector en auge. Los actores hacen un llamamiento a afinar los servicios de orientación académica. El plazo de matriculación finaliza el 22 de julio. Además, el periodo extraordinario se alarga hasta el 18 de octubre. Hay, por tanto, tiempo para revertir la tendencia y cubrir la oferta en ciclos clave para el futuro del tejido productivo vasco. En el otro lado de la balanza se sitúan los grados que ya se han llenado. Son, sobre todo, los relacionados con el ámbito sanitario –auxiliar de enfermería, emergencias, farmacia, laboratorio clínico...– e Informática, que también cuentan con buenas salidas laborales. La FP vasca prevé batir todos los récords el próximo curso. El Departamento de Educación calcula que habrá más de 53.000 alumnos –el año académico que acaba de terminar contó con 49.000– y que 20.000 empresas participarán de forma activa en la formación de los estudiantes mediante el sistema dual.

Mondragon Unibertsitatea inauguró ayer en Arrasate el centro de innovación y emprendimiento industrial sostenible Hirekin. La inversión del proyecto asciende hasta los 9 millones de euros, y dispone de 8.000 metros cuadrados para desarrollar tecnologías, productos o procesos de producción industriales desde las fases de ideación hasta las de escalado y lanzamiento. En el centro trabajarán entre 47 y 60 personas, y ya hay previstos tres proyectos de empresa que se desarrollarán entre este año y el 2025. Aunque todavía no se saben qué empresas forman parte de estos tres primeros planes, dichos proyectos estarán relacionados con el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación tecnológica, y cuya finalidad será abordar los retos actuales de la industria y generar soluciones. Concretamente, serán proyectos de desarrollo, prototipado e industrialización de nuevas tecnologías, nuevos productos y procesos productivos, y con un alto nivel de especialización que requieran espacios particularmente dotados de capacidad para albergar grandes volúmenes, pesos o condiciones de entorno. Las previsiones son que, en cuatro años, Hirekin pueda acoger 58 proyectos en los que participen 76 emprendedores y 87 estudiantes. En el acto intervinieron el coordinador general de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, Carlos García, y el rector de Mondragon Unibertsitatea, Vicente Atxa, promotores del centro. García hizo hincapié durante su exposición en la importancia que «estos proyectos tienen a la hora de impulsar nuevas ideas». En referencia al nuevo edificio, aseguró que con ello «ponemos capacidades en manos de las personas y los agentes, además de un ecosistema tan interesante para crecer como lo es Mondragon». Atxa, por su parte, hizo referencia a las instituciones públicas, encabezadas ayer por el lehendakari, Imanol Pradales, que fue el encargado de clausurar el acto. 

El lehendakari, Imanol Pradales, destacó durante el acto de inauguración de Hirekin que «en Europa se está produciendo un renacer industrial». El dirigente jeltzale aseguró que «hemos vivido hace escasos años el gran ‘Green Deal’, el Pacto Verde Europeo, y estamos a punto de vivir el nuevo ‘Industry Deal’, el nuevo Pacto Industrial Europeo». Por ello, desde el punto de vista de Pradales, «Euskadi debe abrazar este renacer industrial del mismo modo que abrazó la industrialización a finales del siglo XIX». En este sentido, el lehendakari hizo hincapié en que «tenemos que aprovechar inteligentemente, con las capacidades que tiene este país, toda la potencia industrial de Euskadi para estar a la vanguardia de esas transformaciones». En relación a la nueva instalación, destacó que se trata de un «proyecto pionero» que ofrecerá espacios que podrán ser utilizados por nuevas iniciativas industriales que puedan surgir de empresas, emprendedores universitarios o centros tecnológicos. Por su parte, aplaudió la manera en la que se trabaja en Gipuzkoa, «a través de cooperaciones, una manera muy diferente de trabajar a la que estaba acostumbrado en la margen izquierda cuando era joven». Por último, destacó que inversiones como la realizada para el proyecto Hirekin «son necesarias para generar riqueza, porque sin riqueza, no será posible crear bienestar». En este sentido, defendió que «Euskadi necesita la cooperación entre empresas privadas y universidades».

Las cooperativas de Mondragón lanzan su nueva estrategia cuatrienal con la vista puesta en la diversificación de negocios y mercados. Tras ocho años al timón del mayor grupo cooperativo de Europa, su presidente, Íñigo Ucín, deja el puesto en agosto y mañana, en el congreso anual, da el relevo a Pello Rodríguez. Ucín asegura que Mondragón ha superado los reveses de la quiebra de Fagor y de la salida de Ulma y Orona y está “más unida que nunca”, así como preparada para afrontar la incertidumbre mundial y con las ideas claras sobre qué hacer. El presidente de Mondragón explica que 2024 ha comenzado con fuerza, aunque es cauto. “Vamos bien, pero todo puede cambiar. Seguimos en la senda de 2023, que fue bueno, pero nos preocupa el panorama económico y geoestratégico. Hay mucha incertidumbre sobre quién va a mandar en países clave. En el primer semestre, las ventas –industriales y de distribución– crecen un 3% y rondan los 5.000 millones de euros”, explica Ucín. Mondragón dará mañana luz verde a su plan socioempresarial hasta 2028. “Apostamos por negocios con futuro. Esto obligará a transformar algunos, cerrar los que no pueden cambiar y entrar en otros nuevos. Junto a este pilar, reafirmamos nuestra identidad cooperativa, y vamos a impulsar alianzas con grupos de fuera de Mondragón para crecer en nuevas áreas, convencidos de que sumando esfuerzos multiplicamos resultados”, afirma. El directivo apuesta por alcanzar posiciones de liderazgo, siendo más competitivos y rentables, pero también más ágiles. “El objetivo claro es generar empleo cooperativo. Mondragón quiere ser un referente mundial con dimensión humana, competitividad e impacto social”, explica. La lista de los negocios prioritarios está fijada. “Tenemos que avanzar hacia la digitalización. En concreto, apuntamos a negocios como la impresión avanzada, intralogístcia, gemelos digitales, IA, datos, robótica avanzada y cliente digital. En descarbonización contamos con alianzas con 15 grupos nacionales para proyectos de futuro, que están en distintos niveles de desarrollo, algunos buscando ya dónde instalarlos. También damos pasos en enzimas, robótica de precisión, satélites, máquinas autónomas, industria alimentaria y nuevos materiales”, asegura el presidente de la corporación.

China ya no es lo que era. Fabricar allí no es ni barato ni fácil, asegura el presidente de Mondragón, cuyas empresas se están replegando del país asiático. “Las grandes compañías chinas son públicas con camuflaje privado, y actúan como un ejército económico: hay uno (el Estado) que manda, pone recursos, da ayudas y dice dónde hay que ir, con una estrategia brutal que puede hacer mucho daño a Europa”, dice. China produce el 35% de los bienes industriales del mundo, frente al 12% de EEUU, el 6% de Japón o el 4% de Alemania. “Con China no se compite en igualdad de condiciones, y Europa tiene que proteger su industria y articular iniciativas similares al IRA de EEUU, con aranceles y ayudas a la fabricación local”, avisa Ucín, quien se declara “en general” contrario a los aranceles. “No es bueno cargar todo con tasas, pero sí hay que proteger lo fundamental, y la industria lo es para Europa”. A su juicio, la UE debe aclararse y apostar por una política industrial única, sin llenar todo de normas. “No hay tiempo para optimizar normas; hay que ser ágiles y moverse rápido, en especial en las transiciones energética, digital y ecológica; espacio y defensa”.

Con la estabilidad política aparentemente asegurada bajo el tercer mandato de un reforzado Xi Jinping, los líderes chinos se la juegan sobre todo en el terreno económico. A la superpotencia asiática le está costando mucho arrancar su locomotora después de abrir las puertas el año pasado tras las severas medidas contra la pandemia. Las turbulencias del mercado inmobiliario, la débil demanda de los consumidores y el endeudamiento de los gobiernos locales son un lastre para el crecimiento. A lo que hay que sumar el actual desastre demográfico, con las tasas de natalidad en mínimos históricos. Ayer mismo se hicieron públicos los datos del crecimiento del PIB del segundo trimestre, con una subida del 4,7%. Esto representa una desaceleración desde el 5,3% de los tres primeros meses del año. El Gobierno de Xi apunta a un crecimiento económico de alrededor del 5,0% para 2024. «Desde principios de este año, el impulso del crecimiento económico mundial ha sido débil, la inflación es rígida, la demanda interna es insuficiente y los conflictos geopolíticos y fricciones comerciales internacionales ocurren con frecuencia», rezaba el comunicado difundido por la Oficina Nacional de Estadísticas. Con este telón de fondo económico, la élite gobernante de China arrancó este lunes una notable reunión de cuatro días a puerta cerrada para fijar el rumbo de la segunda potencia mundial para los próximos años. En medio de todas las tormentas internacionales y de los desafíos económicos y demográficos que enfrenta el gigante asiático, los analistas chinos llevan semanas subrayando que este encuentro de mandamases en Pekín es probablemente el más importante desde que Xi Jinping presentó su visión sobre el futuro de China durante su primer evento de este tipo como presidente en 2013.

La evolución de la recaudación de impuestos en Euskadi va a torcerse en las próximas semanas, como consecuencia de la obligación de afrontar una devolución masiva del IRPF a 263.000 exmutualistas. Todo después de que una sentencia del Tribunal Supremo les haya reconocido el derecho a que una parte de sus pensiones esté libre de impuestos. Mientras llega ese momento, que dejará un roto en las diputaciones de en torno a 700 millones de euros en devoluciones, las haciendas forales siguen haciendo caja. Al cierre del primer semestre, los ingresos tributarios en Euskadi crecieron el 4,21%, en especial como consecuencia del aumento en las retenciones del IRPF que se practican cada mes en las nóminas. Ese incremento del 4,21% supone disponer de 288 millones más que en el periodo de enero a junio del pasado año. En conjunto, el comportamiento de la recaudación de tributos refleja un buen tono de la economía ya que la aparente moderación del consumo tiene como contrapartida una subida importante de los ingresos por retenciones en el IRPF. Es un capítulo en el que se unen diferentes elementos que han tenido un comportamiento positivo. De un lado está el empleo y también los aumentos salariales recogidos en los convenios, que provocan mayores retenciones en las nóminas. El hecho de que la deflactación de las tablas de retenciones solo haya sido parcial –el 2,5% frente a una inflación del 3,1% el pasado año– también tiene un efecto de aumento de la presión fiscal que se nota en los descuentos de las nóminas. Por último, hay que tener en cuenta las retenciones de operaciones financieras, que de la mano del aumento de los tipos de interés y la recuperación de los resultados de las empresas, también tienen una tendencia positiva. Pese a todo ello, el comportamiento es un tanto errático por territorios. Así, los ingresos de Bizkaia tan solo han crecido el 1,18%, mientras que los de Álava lo hacen un 7,7% y Gipuzkoa, que presenta el mejor resultado, contabiliza una subida del 9,31%. La moderada evolución de Bizkaia está ligada a que 2023, el año de comparación, fue extraordinariamente positivo debido a varias operaciones extraordinarias de recuperación de impuestos.

Iñaki Alonso, que ha ocupado la dirección de la Hacienda vizcaína desde 2019, será nombrado hoy por el Consejo del Gobierno viceconsejero de Hacienda, dentro del proceso de remodelación de las primeras líneas del Ejecutivo, según fuentes de toda solvencia. Nacido en Barakaldo en 1974, Alonso está considerado como un técnico muy riguroso en materia tributaria, especialidad a la que ha dedicado toda su carrera profesional. Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, se incorporó a la Hacienda de Bizkaia en 1999 como inspector de finanzas. Desde entonces ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la estructura de recaudación de la Diputación, hasta asumir en la pasada legislatura la dirección. Está considerado como el artífice y auténtico impulsor de un buen número de innovaciones que se han implantado en el fisco vizcaíno en los últimos años, como la digitalización de la liquidación del IRPF –que en el primer año de aplicación y debido a los numerosos fallos le costó no pocos disgustos–, así como el más ambicioso de control para empresas y autónomos, Batuz. Un sistema que recoge no solo la factura digital TicketBai para las ventas, sino también la obligación de declarar con todo detalle cada compra y de forma trimestral. Alonso, que tendrá bajo su responsabilidad directa coordinar la reforma fiscal que las instituciones vascas preparan para la recta final de este año, ha sido hasta ahora un gran defensor de la utilización del Concierto Económico para ofrecer ventajas a las empresas y reforzar así el atractivo de Euskadi como lugar de inversión.

El juzgado de lo mercantil de Vitoria ha declarado improcedente el ERE de extinción de la totalidad de la plantilla de Autoglas, empresa ubicada en Llodio, al «no haber sido acreditada la concurrencia de causa económica en todas las empresas que conforman el perímetro del empresario real», según explicó ayer ELA en un comunicado. En palabras del sindicato, el fallo judicial considera que la causa económica no está justificada para aplicar un ERE «puesto que la empresa no ha presentado la documentación requerida en relación a otras empresas del grupo». Y es que el juez asegura que «existe una situación empresa-grupo y grupo patológico laboral en y entre Grupo Guardian y Grupo AutoglasParter que deviene de la existencia de responsabilidad solidaria con las personas trabajadoras de Autoglas Opco». El juez entiende, explica ELA, que Autoglas es parte de un grupo empresarial y en consecuencia «la responsabilidad de la situación de Autoglas también recae en esas empresas». El sindicato considera que esta decisión coincide con lo que ha venido defendiendo hasta la fecha, «que todo era una operación orquestada desde Guardian y Guardia Europa, que han sido los verdaderos responsables y culpables de la situación de inactividad que se ha dado en Autoglas». Queda pendiente la calificación del concurso.

El sindicato LAB hizo gala ayer de que ha habido «avances significativos» en la negociación colectiva vasca, sobre todo en la empresarial, en el último curso gracias a los conflictos impulsados por parte de la central abertzale, un total de 190 impulsados, de los que 84 acabaron en huelgas; es decir, el 44,41%. El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, y la responsable de Accion Sindical, Oihana Lopetegi, hicieron ayer un balance de las diferentes luchas llevdas a cabo en el curso que acaba de finalizar. Una conflictividad que ha aumentado en el ámbito empresarial, mientras que ha disminuido en el sectorial, destacaron, debido a que muchos convenios estaban se renovaron el curso anterior. En lo que respecta a las empresas, destacaron que la mitad se debieron a la negociación del convenio colectivo, un tercios en contra de cierres, despidos, ERE o distintas formas de acoso sindical, agresiones machistas o de otro tipo. Ambos dirigentes destacaron el avance que supone la priorización de los convenios vascos sobre los estatales, pero también incidieron en el trabajo que se ha realizado para recuperar acuerdos o crear convenios propios. De cara al futuro, la central se marca tres objetivos: recuperar convenios propios, como el de la Madera de Gipuzkoa, o crear nuevos; establecer un salario mínimo ajustado a la realidad de Euskadi, de 1.600 euros al mes, y superar «el veto del Estado sobre la función pública».

La propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para acometer una norma que garantice un nivel mínimo de salario mínimo (SMI) por ley no parece haber sido la mejor carta de presentación para calmar la tensión que su departamento tiene con los empresarios en plena negociación para reducir la jornada laboral. Llega a dos días de una nueva reunión, que será crucial para valorar el futuro de esta medida. La vicepresidenta ha indicado que quiere que «quede incorporado a la norma y que no dependa de lo que decida un Gobierno» al referirse a la necesidad de que el salario mínimo sea de, al menos, un 60% del sueldo medio. Para ello, el ministerio convocará a la comisión de expertos a la vuelta del verano, según avanzó en ‘Expansión’. Lo hará en el marco de las nuevas reuniones tras el verano para avanzar en un alza del SMI de cara a 2025. El salario mínimo subió este año 2024 un 5%, tras un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, del que se descolgó la patronal, tras rechazar un incremento del 4%. En estos momentos se encuentra en los 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que implica un crecimiento del 54% frente a los 735 euros de 2018. A la patronal le ha sorprendido que Díaz ponga sobre la mesa esta propuesta cuando todas las partes del diálogo social están concentradas en llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales desde las 40 horas actuales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, repitió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera –el órgano en el que el Gobierno y las comunidades autónomas debaten sobre la política presupuestaria– lo que ya había asegurado antes en otros foros: el Ejecutivo rechaza crear un sistema de financiación propio para Cataluña similar a los que disfrutan País Vasco o Navarra. Su insistencia, sin embargo, no logró aplacar los recelos de los consejeros del PP que, como los socialistas de Castilla-La Mancha, desconfían de lo que pueda estar dispuesto a entregar Pedro Sánchez a ERC para asegurar la investidura de Salvador Illa. El encuentro no estaba en realidad previsto para abordar este asunto, sino para que el Gobierno informara a las autonomías, como cada año por estas fechas, de los recursos con los que pueden contar para el año próximo y de los objetivos de deuda y déficit que tendrán que cumplir. No hubo, en esta materia, malas noticias para nadie, aunque muchos reprocharon la falta de desglose de los anticipos a cuenta. Las comunidades recibirán en 2025 más recursos que nunca del sistema de financiación, 147.412 millones de euros, un 9,5% más que este año. Y dispondrán de mayor margen de gasto al pasar de tener que alcanzar un superávit del 0,1% a permitirse un déficit de una décima. Pero el asunto de mayor tensión política no era ese. El PP, en el Gobierno en once de las quince comunidades autónomas del régimen general (sin contar Ceuta y Melilla), había solicitado incluir en el orden del día el debate sobre la financiación y la presencia de la consejera catalana de Economía y Hacienda en funciones, Natalia Mas, que esta vez optó por acudir a la cita para exponer al resto de territorios su planteamiento y darle mayor visibilidad, hizo que las demandas de los independentistas centraran parte de la reunión. Aunque, como se encargó de subrayar Montero, no toda.

El grupo Renault ha dividido en dos países principales su apuesta por la electrificación. En primer lugar, protegió a sus factorías francesas con la adjudicación de la producción de la primera generación de sus modelos eléctricos, en el denominado ElectriCity, mientras que en España se ha concentrado la fabricación de vehículos híbridos, con cinco modelos entre las plantas de Valladolid y Palencia. Sin embargo, una vez repartidas las primeras adjudicaciones de los próximos modelos eléctricos a Francia (Renault 5 o Renault 4, por ejemplo) llega la hora de pensar en los próximos vehículos cero emisiones que vendrán a completar las ambiciones comerciales de la compañía que dirige Luca de Meo y que pasan por producir alrededor de un millón de vehículos eléctricos al año para 2030, para lo que lanzará diez nuevos modelos hasta 2025. El consorcio galo concentra en la actualidad la fabricación de vehículos eléctricos en tres plantas francesas: Douai, Maubeuge y Ruitz, que forman ElectriCity y en las que tiene el objetivo de alcanzar una producción de 400.000 unidades al año en 2025, aunque podrían elevar su capacidad a 600.000 unidades anuales. En la actualidad, la factoría de Douai ensambla las versiones eléctricas del Megane y del Scenic, así como el nuevo Renault 5, mientras que la factoría de Maubeuge es especialista en vehículos comerciales para las marcas Renault, Nissan y Mercedes-Benz, aunque también es la planta madre del Renault Kangoo eléctrico. La tercera planta, la de Ruitz, se dedica a la producción de cajas de cambios que se montan en las versiones híbridas de los modelos Arkana, Clio, Captur o Megane.

El Gobierno publicó ayer los detalles de la nueva oleada de adjudicaciones definitivas de ayudas de la línea B del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC). Renault recibirá 67,2 millones de euros para ejecutar en su planta de Palencia el desarrollo, diseño y producción de un todoterreno 100% eléctrico –ahora fabrica híbridos y de combustión de Austral, Espace y Rafale –. Si finalmente se presenta un proyecto similar para el centro de Valladolid, Renault lanzaría su electrificación industrial total en España. Por su parte, Stellantis sumará en la nueva tanda de adjudicaciones otros 15 millones, hasta más de 97 millones, en esta línea para adjudicar a sus plantas de Vigo y Zaragoza una nueva generación de coches eléctricos. Entre los grandes beneficiarios de esta nueva lluvia de millones por parte del Gobierno está la española Gestamp, que recibirá 39,6 millones para siete proyectos en Madrid, Valencia, Cataluña, Navarra y País Vasco. Sumando el centro de Edscha en Burgos, se alcanzarían los 42 millones. Otras empresas que han captado ayudas en esta nueva tanda son Ficosa (3,4 millones), RPK (581.000 euros), Global Laser (3,5 millones), así como Bosch (1,02 millones), Exide Technologies (853.000 euros), Hub Tech (24 millones) o Plastic Omnium (1,2 millones).

En cuatro años los costes de construcción, que en buena parte tienen que ver con los precios tanto de los materiales como de la energía y con conseguir mano de obra cualificada, se han disparado un 30%, según un estudio de Sociedad de Tasación, hecho público ayer. En concreto, la subida en los últimos doce meses, tomando como referencia el primer semestre de este 2024, ha sido del 9,1%, hasta colocarse en los 1.310 euros por metro cuadrado, lo que supone la cantidad más elevada de toda la serie histórica. Salvo momentos de ligera contracción, desde el último trimestre de 2020 los costes de construcción han mantenido una tendencia alcista. No es ningún secreto que, desde entonces, se ha producido una grave crisis inflacionista, espoleada por la invasión rusa en Ucrania, que ha afectado sobre todo y con gravedad a los precios de la energía, pero también a los de los materiales. Además, y como consecuencia de esta escalada de los precios, se han pactado importantes subidas salariales en todos los sectores, sin ser el de la construcción la excepción que confirma la regla. Y no es solo que haya que pagar más a los empleados de la construcción, sino que también hay que encontrarlos o incluso formarlos para que consigan la cualificación adecuada: el problema es tal que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) estima que el sector tiene un déficit de 700.000 empleados. Todos ellos son factores que han empujado los precios de obra nueva hacia arriba. 

La promotora inmobiliaria Neinor Homes anunció ayer que ha alcanzado un acuerdo con el inversor Octopus Real Estate para desarrollar una joint venture destinada a la promoción de viviendas para mayores de entre 60 y 80 años que son independientes y no requieren cuidados médicos continuos (independent senior living). La empresa conjunta, participada en un 80% por Octopus y en un 20% por Neinor, prevé invertir en una primera fase 200 millones de euros en el desarrollo de viviendas. Neinor actuará como delivery partner manager, lo que significa que supervisará el diseño de los proyectos, la concesión de las licencias, su comercialización y su construcción. Una vez se completen las promociones, los activos serán gestionados por la empresa participada por ambas sociedades. El acuerdo supone para Neinor cumplir con su objetivo de 500 millones de coinversión recogido en su plan de negocio a cinco años (2023-2027) en tan solo un año y cuatro meses, tras detectar mucho apetito inversor por el sector. Además del acuerdo de 200 millones con Octopus, Neinor ha sellado alianzas por otros 300 millones de euros con AXA, Urbanitae y Orion Capital. La promotora ha sido pionera en España en la fórmula de las coinversiones y, con este acuerdo, se convierte además en la primera compañía española en lanzar una joint venture de senior living.

La negociación del ERE de Vodafone llegó ayer a su última etapa sin acuerdo. Los sindicatos no aceptan la última oferta que ha propuesto la dirección del grupo, que consideran insuficiente y no le van a dar su aval. Por tanto, los sindicatos van a someter la propuesta a la aprobación de los trabajadores en asambleas que se celebrarán a lo largo del día de hoy. Si la plantilla la acepta, se firmará. Si rechaza esta última propuesta, la dirección ha señalado que se ejecutará el ERE en las condiciones mínimas que marca la ley. En la reunión de ayer, la empresa realizó algunas concesiones adicionales, entre ellas un sistema de prejubilaciones para personal con más de 57 años –con 10 de antigüedad– que cobrará un 80% del salario regulador; también añadió una prima lineal de 3.500 euros para trabajadores con menos de 40.000 euros de sueldo; la prohibición del despido para mayores de 55 años y el compromiso de no hacer otro ERE hasta el 31 de diciembre de 2025. El resto de condiciones son las ya conocidas hasta ahora puesto que se aplicaría a 898 personas –un 25% menos que los 1.198 iniciales– y una indemnización de 45/33 días por año, con un límite de 24 mensualidades, frente a los 24 días y 14 mensualidades iniciales. También se mantienen las restricciones por las que el ERE no afectará a embarazadas o a los dos miembros de una pareja.

La inflación se está aliviando con la disminución de los costes para muchas empresas, y en el sector de la alimentación se está traduciendo en rebajas de los precios por parte de los supermercados. Las grandes cadenas está n anunciando los productos a los que están aplicando sus mayores descuentos para tratar de atraer a un consumidor que, en el caso de los alimentos, todavía afrontó subidas en un junio de un 4,2% en tasa interanual. Ayer fue Mercadona, la mayor cadena de supermercados del país, la que dio a conocer su último movimiento en este sentido: ha realizado una nueva bajada de precios de su surtido, con la que acumula más de mil productos rebajados en lo que llevamos de 2024. La compañía presidida por Juan Roig explica que esta decisión es “fruto del compromiso de bajar el precio de venta al público cuando lo hacen los precios de coste y reforzar sus estrategias de venta”. Mercadona afirma que ha destinado 150 millones de euros a optimizaciones que, “sin tocar la calidad”, permitirán ese nivel de ahorro en la cesta de la compra de sus clientes en el plazo de un año. Mercadona destaca que entre los productos rebajados se encuentran el pescado, el pan, la pasta y el aceite de oliva. En concreto, en el caso de este último producto, la compañía ha realizado en el día de hoy una nueva bajada de sus variedades Virgen y Virgen Extra, que, sumadas a las realizadas desde enero, hacen que Mercadona haya bajado de media un 14% el precio del aceite de oliva en sus supermercados.

Donald Trump es ya oficialmente candidato republicano a las presidenciales del 5 de noviembre. Su audiencia ha cambiado. Ya no necesita espolear a sus bases más radicales para asegurarse de que salen a votar en las primarias, sino convencer a los moderados de su partido y a los independientes de que él será el mejor hombre para ocupar de nuevo la Casa Blanca. Toca ser conciliador. El trabajo sucio se lo deja al hombre que ha elegido como vicepresidente, el congresista de Ohio J.D. Vance, de 39 años, anunciado anoche –hora española– durante el primer día de la convención. Un hijo de su movimiento que deja tranquilas a las bases en caso de que le ocurra algo al magnate de 78 años y tenga que asumir el poder. Como en las películas, Trump puede ser el poli bueno y su perro de caza, el malo. Criado en el corazón industrial de Ohio, se trata de un leal que nunca ha cedido un ápice de terreno a Biden, al que acusa de haber robado las elecciones. El sábado fue el primero en responsabilizar al demócrata del intento de asesinato que sufrió Trump en la pequeña localidad rural de Butler (Pensilvania). Mientras, el expresidente puede buscar «la unidad» y aprovechar el regalo político de un atentado frustrado para reconducir su imagen. En declaraciones a un periodista del ‘Washington Examiner’ que el domingo viajó con él a Milwaukee, donde ayer comenzó la Convención Nacional Republicana a la que se dirigirá el jueves, aseguró haber «arrojado a la basura» el discurso que tenía escrito para sustituirlo por otro «unificador». Un tono que dice haber adquirido a la luz de la catarsis que le habrían producido el roce de las balas. «Era un texto extremadamente duro, pero bien planteado», dijo. «He estado peleando (por la nominación del partido) contra un grupo de personas que, en su momento consideré muy malas, y ellos han estado luchando contra mí. Hemos dado una buena pelea, pero ya no puedo seguir diciendo esas cosas».