20240229

La vicelehendakari y consejera de Trabajo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, volvió a defender ayer su propuesta de abordar la jornada laboral de cuatro días. Un asunto polémico que le ha costado un enfrentamiento abierto con las organizaciones empresariales vascas, debido no solo a la disparidad de criterios sino también a la estrategia desplegada por la consejera socialista. Ahora su defensa la ha trasladado a las redes sociales, apoyándose en un documento de la consultora internacional Gartner. En una publicación, esta consultora apunta la idea de que la semana de cuatro días puede ser un magnífico gancho a utilizar por las empresas para atraer y retener talento. «Parece que a pesar de las dudas de Confebask y de las descalificaciones de Carolina Pérez Toledo y Cebek, el mundo avanza en la dirección en la que desde el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco queremos iniciar un estudio con Fabrika, para ayudar a nuestras empresas a poder competir mejor por el talento en este mundo globalizado», señaló la vicelehendakari en el mensaje que publicó. Hace referencia a la decisión del Gobierno vasco de financiar con seis millones de euros un trabajo que realizará Fabrika, una fundación creada por la patronal guipuzcoana Adegi y a las valoraciones negativas que hizo recientemente la presidenta de la organización empresarial vizcaína Cebek. Carolina Pérez de Toledo mostró cierto malestar por el hecho de que el Ejecutivo autonómico insistiese en este tema, al tiempo que lo calificó como «disparate». Ayer mismo, la presidenta de la patronal vizcaína también respondió e insistió en la misma idea y lo hizo en la misma red social en la que la vicelehendakari había expresado su satisfacción por el eco que comienza a tener su inquietud sobre la jornada de cuatro días. «Hablo todos los días con empresarios y empresarias, directivos y directivas de empresas de Bizkaia desde hace ya años. Ninguna me ha dicho que la reducción de la jornada a 4 días laborables sea no solo una prioridad sino una cuestión de la que se hable o debata en sus empresas o en sus entornos laborales», argumentó la líder empresarial vizcaína. Junto a ello es evidente que la decisión de Idoia Mendia de utilizar una fundación de la patronal guipuzcoana para realizar su estudio ha generado una evidente tensión interna entre las organizaciones empresariales.

Kutxabank dará a conocer hoy sus resultados del ejercicio de 2023, pero un movimiento realizado ayer ya permite anticipar que su beneficio neto ha superado los 500 millones de euros. Un nuevo récord para el banco vasco, que supone un notable aumento en comparación con los 330,5 millones logrados en 2022. La entidad reúne hoy a su consejo de administración para formular sus cuentas del último año. El banco remitió a última hora de la tarde de ayer una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que daba cuenta de una decisión adoptada –se supone que ayer mismo– por su junta de accionistas. El acuerdo contempla entregar otros 75 millones de euros a los propietarios del banco, las fundaciones BBK, Vital y Kutxa, en concepto de dividendo a cuenta del beneficio de 2023. El hecho de que solo sean tres accionistas permite una gran agilidad para reunir una junta general de accionistas en cualquier momento. Con esta entrega a las fundaciones son ya 306 millones de euros el dividendo que el banco ha puesto en manos de sus propietarias. Puede haber incluso un dividendo complementario adicional, de ahí que ya se conoce que el beneficio neto ha superado los 500 millones de euros, ya que Kutxabank mantiene una estrategia de entregar a los accionistas el 60% de su resultado neto.

En 2023 Dominion tuvo que hacer frente a un escenario complejo en lo económico a la vez que avanzaba en la remodelación de su negocio para centrarse y reforzar dos campos: los servicios a las empresas con especial atención a la sostenibilidad y el desarrollo de infraestructuras de forma integral, es decir, diseñando, construyendo y manteniendo. A pesar de eso, presentó ayer unos resultados con unas ventas que crecieron un 5%, hasta los 1.193 millones, y elevando el beneficio hasta los 44 millones, un 43% más. El aumento de la rentabilidad elevó el ebitda –resultado antes de impuestos y gastos financieros– un 12,2%, con 145 millones de euros. La compañía cerró así un año «excelente», como explicó su presidente, Mikel Barandiaran, para avanzar en un modelo en el que ya no se busca tanto ser un productor independiente de energía, sino ofrecer servicios de promoción y mantenimiento de las instalaciones renovables. Por eso, de los casi 3 GW de posible desarrollo con los que cuenta Dominion van a comenzar a vender los más avanzados. Un total de 400 MW este año, 300 en República Dominicana y 100 en Europa. Operaciones que se añadirían a la realizada recientemente con una compañía japonesa y un parque fotovoltaico en Zamora. El objetivo es centrarse en la prestación de servicios a las empresas, especialmente en cuestiones de sostenibilidad. Un negocio que reportó 824 millones, el grueso de la actividad. Es también donde se encuadra la compra de la compañía Gesthidro para el tratamiento de aguas residuales de la industria y de la ingeniería madrileña ZH. Ambas operaciones por 10,7 millones. La otra área de negocio es la de proyectos ‘360’, es decir, el diseño, construcción y gestión de infraestructuras como hospitales o parques de renovables. Generó unos ingresos de 351 millones de euros y la cartera de pedidos asciende a 624 con un peso de la energía verde del 45%.

Vidrala reorienta su presencia en los mercados internacionales. Y es que tras la compra del 100% de la brasileña Vidroporto el pasado diciembre, la compañía presidida por Carlos Delclaux anunció ayer la venta de su filial italiana por 230 millones de euros. El mercado transalpino aportaba el 10% de sus ventas que, en total, superaron en 2022 los 1.345 millones. La decisión, según la empresa vasca cotizada notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), fue fruto «de una profunda reflexión estratégica que permitirá al grupo reenfocarse en regiones estratégicas». La fabricante alavesa de envases de vidrio aterrizó el pasado año en Latinoamérica con la compra de Vidroporto en dos operaciones, una en febrero por 53 millones y la otra en diciembre con 384 millones. La venta de la filial en Italia permite concentrar los recursos obtenidos en esa nueva expansión de mercados. Además, la operación ha arrojado unas plusvalías de 100 millones que se destinarán, por un lado, a amortizar una deuda ya baja de por sí, con 209 millones a septiembre del pasado año, aunque no se había contabilizado entonces la compra brasileña. Y, por otro, al pago de un dividendo extraordinario. La compañía tiene fábricas en España, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Brasil. Instalaciones en las que ha rentabilizado la creciente demanda de vidrio como envase para alimentos en detrimento del plástico. Así, sus ventas alcanzaron los 1.345 millones en 2022; y el beneficio al que aspira la compañía en 2023 es de 200 millones, un 30% más que el año anterior.

El absentismo laboral está batiendo todos los récords en cifras de trabajadores y en su coste para la Seguridad Social y para las empresas. Cerca de 1,5 millones de trabajadores faltan a su puesto en la empresa o en la administración todos los días del año. El coste del absentismo laboral por contingencias comunes, que se producen por causas ajenas al trabajo, fue en 2023 de 25.326 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,65% respecto a 2022. Exactamente, 1.455.302 personas faltaron todos los días al trabajo en 2023, lo que equivale al 7% de los trabajadores. Este dato es el resultado de relacionar el número de horas no realizadas por las diferentes causas del absentismo entre el número de trabajadores y la jornada laboral tipo. Un dato curioso a este respecto es que todos los lunes faltan al trabajo 1.525.709 personas. Fundamentalmente, son las consecuencias del fin de semana. Hecho que Pedro Pablo Sanz, director gerente de AMAT, la asociación de mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, denominó como el “lunes negro” de todas las semanas. AMAT y la patronal madrileña CEIM convocaron una jornada sobre el absentismo laboral en la sede de la CEOE, de la que ambas forman parte. El coste del absentismo de 25.326.65 millones de euros en 2023 se divide en las siguientes cifras: 13.081,22 millones fue el gasto en prestaciones de la Seguridad Social, con un incremento del 16,18% respecto a 2022. Y 12.245 millones es el coste directo para las empresas, con un aumento del 19,26%. Hay que tener en cuenta que el empresario paga al trabajador el salario entre el cuarto y el décimo quinto día. A partir de ahí, la responsabilidad directa es de la Seguridad Social o de la mutua colaboradora de la Seguridad Social. Esta entidad también paga la prestación, si se trata de trabajadores autónomos de baja. Entre asalariados y autónomos las mutuas protegen las condiciones de salud de diecinueve millones de personas.

El sector de panaderías de Gipuzkoa, que cuenta con una plantilla de 1.700 personas, contará con un nuevo convenio –con vigencia desde 2023 hasta 2025– que contempla incrementos salariales de al menos el 20% en las tablas, según explica ELA, que ha suscrito un preacuerdo con la patronal del sector. La central, que cuenta con el 45% de representación en el sector, explica que el anterior acuerdo venció en 2016, y que desde entonces los trabajadores tenían sin actualizar sus condiciones. El nuevo pacto incluye incrementos salariales del IPC, que entre los años 2016 y 2022 fue del 11,2%. Para 2023 la subida pactada es del 5,7%, en este ejercicio será del 3,1% y para 2025 la inflación de este año. El acuerdo también contempla una reducción de jornada de dos horas para 2025, hasta quedarse en las 1.726 horas anuales, un plus de nocturnidad del 20% de la hora efectiva de trabajo; liberación de la antigüedad del SMI; percibir el complemento de los accidentes de trabajo ‘in itinere’ desde el primer día, además de ultraactividad indefinida y cláusula de inaplicación del convenio. La central nacionalista valora positivamente el acuerdo. Apunta que supone «un gran avance para el sector porque dignifica sus condiciones». LAB y UGT han decidido no suscribir el acuerdo por entender que se producen «retrocesos» y, según el sindicato abertzale, «no se ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta de lucha».

La euforia ante el inicio de las rebajas de los tipos de interés por parte del BCE empieza a moderarse. Frente a aquellos que anticipaban un primer recorte este mismo mes de marzo, el consenso –y el propio organismo monetario–enfría ese plazo al menos hasta verano. Y el euríbor recoge el guante de ese cambio en las expectativas con una sorpresiva subida en febrero después de tres meses consecutivos de caídas. En concreto, el indicador cerró ayer en una tasa diaria del 3,748%, en zona de máximos de este 2024, con lo que la media de febrero se acercará al 3,67%, a falta de la jornada de hoy para cerrar el mes. Conviene recordar que en Euskadi hay alrededor de 122.000 vascos que tienen referenciada su hipoteca a tipo variable, aunque se desconoce cuántos de ellos deben revisar ahora su crédito sobre vivienda. Los guipuzcoanos fueron además los que más pelearon con sus bancos el año pasado a la hora de cambiar sus créditos de tipo variable a fijo (novaciones) así como de banco (subrogación de acreedores). La buena noticia llega para las cuotas hipotecarias que se revisen de forma semestral, que sí se abaratarán ligeramente, ya que el euríbor cotizaba hace seis meses en niveles sensiblemente más elevados, todavía rondando el 4%. Por ejemplo, una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1% pasaría de pagar unos 883 euros a 848 euros. Es decir, 35 euros menos al mes. Peor suerte correrán quienes hagan la revisión de forma anual, que es la gran mayoría, ya que el indicador de hace 12 meses seguía por debajo del actual, en el 3,534%. 

Euskadi se convertirá en breve en la primera comunidad autónoma que pueda desarrollar con autonomía, adaptándola a la realidad de los baserritarras vascos, la ley estatal de la cadena alimentaria. Lo hará a través de un decreto al que ha tenido acceso este periódico que está en fase de tramitación y que será aprobado por el Gobierno vasco antes de las elecciones del 21 de abril. Ese decreto confirmará la potestad sancionadora del Ejecutivo autonómico, que podrá imponer multas de hasta un millón de euros, en el caso de las infracciones más graves, a cualquier agente de la cadena alimentaria que no cumpla las condiciones del código de buenas prácticas que buscará garantizar que cada parte, desde el productor hasta el distribuidor, aplique unos costes que eviten trabajar a pérdidas. Las infracciones leves, las más comunes, supondrán multas de 250 a 3.000 euros; las graves, de 3.001 a 100.000 y de esta última cifra hasta el millón, las muy graves. La mayoría de estas irregularidades están estrechamente relacionadas con el precio de un producto y son las establecidas en el Título V de la Ley 12/2013. Todas las multas se harán públicas y, por norma, se conocerá los nombres de las empresas infractoras. El borrador del decreto vasco, que desarrolla parcialmente la ley estatal de la cadena alimentaria, «se adapta a las peculiaridades» del sector primario en Euskadi y da «más seguridad jurídica», señalan a este periódico fuentes conocedoras del texto. A la vez, «adecuan el procedimiento sancionador a la realidad vasca de la cadena», algo que supone una «ventaja para su ámbito competencial».

El Gobierno de Pedro Sánchez, más necesitado que nunca de cada voto de sus socios tras el paso de José Luis Ábalos al Grupo Mixto, y en puertas de unas autonómicas vascas en las que el autogobierno será un tema sensible también para el PSE, ha cumplido esta vez con el primer compromiso de investidura que alcanzó con el PNV. El acuerdo que faltaba para completar el paquete de tres transferencias que debían llegar antes de marzo, el traspaso de funciones y servicios de Inmigración –en realidad, la asunción por parte del Gobierno vasco de la fase de acogida a personas con estatus de refugiados y asilados, beneficiarios de protección internacional– se cerró ayer en la ponencia técnica correspondiente, a la espera que el acuerdo se haga oficial en la Comisión Mixta de Transferencias «en próximas fechas». El Ministerio de Interior seguirá gestionando las solicitudes de asilo y acogida inicial y Euskadi asumirá la segunda fase, la de fomentar la «autonomía personal» de los refugiados, hasta ahora competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza Elma Saiz. Un período con una duración máxima de seis meses en los que el Gobierno vasco se encargaría de facilitar su integración sociolaboral y acompañarles, por ejemplo, en la búsqueda de vivienda. Como puntualizó el departamento de la consejera Olatz Garamendi, el traspaso no supone asumir la gestión de los centros de acogida a refugiados –los jeltzales se opusieron abiertamente al que se ubicará en Vitoria, para disgusto del PSE–, ni se harán cargo de los procedimientos de asilo, que seguirán siendo gestionados por el Estado.

«La ampliación del Guggenheim de Urdaibai genera problemas desde el punto de vista urbanístico y medioambiental». Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno por la parte de la coalición Sumar, se apoyó ayer en «los muchos informes claros que remarcan los inconvenientes» de levantar el museo en plena Reserva de la Biosfera para mostrar su rechazo a la ejecución del proyecto. Urtasun, que nunca antes había hablado del asunto desde su llegada al cargo con el cambio de Gobierno, lo hizo ayer en el Congreso en respuesta a una pregunta del presidente del PP vasco, Javier de Andrés. Aseguró que su ministerio trabaja para que «la cultura y el medio ambiente vayan siempre de la mano», situación que en este caso los informes previos cree que no justificarían, pese a que el Ejecutivo ya ha inyectado 40 millones para sufragar los trabajos preliminares. A las puertas de la precampaña vasca, en la que Sumar mantiene una guerra fratricida con Podemos –abiertamente contraria al museo–, el ministro dijo ‘no’ al proyecto... pero reconoció que su opinión tiene poco peso en lo que ocurra en el futuro. Dejó en manos de las instituciones vascas y del Patronato del Guggenheim la decisión final sobre la pinacoteca. «Les compete a ellos porque son quienes han decidido realizarlo». La opinión del Gobierno de España es, en todo caso, la única que faltaba por conocer después de que el lehendakari desatara una tormenta política de dimensiones considerables el pasado 22 de enero al poner en duda la ejecución del proyecto, que hasta ese momento se daba por segura. Llamó a «reflexionar» antes de avanzar con unos trámites «complejos y largos».

El Ministerio de Educación ha decidido intervenir para cortar la expansión de los centros privados de Formación Profesional, parte de ellos en manos de grandes fondos de inversión, que pagan hasta 500 euros a las empresas para que reserven puestos donde harán las prácticas sus estudiantes. Cientos de alumnos de la pública se han quedado sin sitio para realizarlas y, por tanto, sin completar sus titulaciones, ya que son parte del currículo obligatorio. El problema ha saltado en la Comunidad de Madrid, sobre todo en los ciclos de salud, cuyos estudiantes se movilizan desde hace meses y denuncian la inacción del Ejecutivo autonómico. Pero el ministerio teme que, de no actuar rápido, el problema adquiera una envergadura mucho mayor —tanto en número de familias afectadas como de territorios— a partir del curso que viene, cuando entra en vigor la nueva Ley de Formación Profesional, que multiplica las horas de prácticas en empresas. Esto hace prever una batalla por las plazas. Para frenar esa deriva, los grupos parlamentarios socialista y de presentaron el martes una enmienda a la Ley de Enseñanzas Artísticas —que se tramita en el Congreso— que prohíbe dichos pagos. La enmienda fue aprobada en la Comisión de Educación con el apoyo de otros grupos y pese a la oposición del PP. El texto señala que los centros autorizados para impartir enseñanzas de Formación Profesional no podrán “vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”. “El problema”, afirma Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, “es que los centros de FP que han surgido en los últimos años, algunos de ellos fondos de inversión, han pervertido el sistema al abonar dinero a las empresas. De esa forma, copan todos los puestos, perjudicando a los estudiantes de los centros públicos y también a los de centros privados que tradicionalmente han hecho ofertas de Formación Profesional y nunca han pagado por las prácticas”. 

Las tres grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Naturgy y Endesa) cerraron 2023 con un beneficio neto conjunto de 7.500 millones de euros, lo que supone un descenso del 12% con respecto al del año anterior, marcado por el inicio de la guerra de Ucrania y la crisis energética de precios, cuando ganaron más de 8.530 millones. A lo largo del último año, ese resultado ha disminuido básicamente por el descenso del beneficio de Endesa, en un contexto de caída de los precios de la luz y el gas. La compañía controlada por la italiana Enel ha visto reducirse sus resultados en un 70%, hasta los 742 millones, por varios factores «extraordinarios». Entre otros, por los límites aplicados a las ganancias procedentes de esta actividad; un laudo que perdió del negocio gasista en Catar; y el impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno. La energética que más ganó fue Iberdrola, con 4.803 millones netos, un 10,8% más. Por su parte, Naturgy obtuvo un resultado de 1.986 millones, con un avance del 20,4%. El año pasado estuvo marcado por la normalización del mercado energético, una situación que ha provocado que el precio de la luz se haya situado este mes de febrero en los 42 euros por megavatio/hora (MWh), lo que ha activado la subida del IVA de las facturas al 21% a partir de mañana 1 de marzo. Sin embargo, el último año también se ha visto impactado por la enorme regulación que ha ido afectando al sector energético en España, con novedades legislativas como la nueva tarifa regulada (PVPC), el tope al gas, el bono social o la remuneración a las renovables. El talón de Aquiles de toda esa regulación sigue siendo el gravamen que el Gobierno puso en marcha en 2022 y que ahora estudia cambiar para minimizar su impacto a cambio de que las compañías realicen inversiones en descarbonización. Otra cuestión que está en la mesa del Ejecutivo es el cierre de las centrales nucleares, pactado con las eléctricas, a partir de 2027. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, anticipó ayer su intención de «convencer» al Gobierno para prorrogue la vida útil de estas plantas. 

Endesa, una de las dos mayores eléctricas en España por clientes, a la par que Iberdrola, mantiene su hoja de ruta para este año en planes de dividendos y previsión de beneficios, a pesar del duro tropiezo sufrido el pasado año por una confluencia de circunstancias extraordinarias. Entre ellas, el histórico gravamen impuesto por el Gobierno a grandes energéticas y bancos, y el multimillonario laudo desfavorable que ha tenido que pagar a Qatar por el suministro del gas. Endesa obtuvo un resultado neto de 742 millones de euros en 2023, lo que supone un 70% menos que los 2.541 millones de 2022. El resultado neto ordinario, que tradicionalmente ha servido a la empresa para fijar su política de dividendos, se ha situado en 951 millones, lo que supone un 60% menos que los 2.398 millones de 2022. El resultado bruto ordinario (ebitda) ha caído hasta los 3.777 millones de euros, lo que representa un descenso del 32% con respecto a los 5.565 millones de 2022. En 2023, Endesa tuvo que asumir un coste de 208 millones de euros por el denominado impuestazo, el gravamen que creó el Gobierno de Pedro Sánchez contra las grandes energéticas y bancos para laminar los supuestos beneficios extraordinarios que estaban obteniendo con la escalada de los precios energéticos y la subida de tipos de interés durante la crisis. Lo peor, en cualquier caso, fueron los 530 millones de euros que tuvo que asumir Endesa como pago por el laudo arbitral desfavorable en el conflicto con Qatarenergy por la revisión de precios de los suministros de gas.

La eléctrica desembolsó 23,38 millones para pagar al consejo en 2023. Iberdrola trata de blindar un apoyo unánime a los sueldos de su cúpula en la próxima junta general de accionistas. Para ello, la eléctrica ha mantenido durante el último año negociaciones con sus 40 mayores accionistas, que representan el 40% del capital, y los dos principales proxy advisors, con el fin de garantizarse el respaldo tanto a este informe, que contempla un alza del sueldo del presidente, Ignacio Sánchez Galán, del 6%, como a la nueva política de remuneraciones del consejo, actualmente en elaboración. En el marco de estas conversaciones, la firma ha accedido a incrementar la transparencia en el reporte de las remuneraciones. La compañía puede presumir de salir victoriosa de sus últimas juntas de accionistas. En la cita del año pasado, consiguió aprobar el informe de remuneración del consejo, cuya votación es consultiva, con un rechazo del 11%. En 2022 los votos negativos alcanzaron el 24%. En 2021, cuando sometió a votación la última política de remuneraciones, obtuvo un plácet del 91%. Fuentes de la cotizada recuerdan que el asesor de voto ISS considera que la remuneración del presidente “se ajusta a los resultados de la empresa, más conocido como pay for performance y a la experiencia de los accionistas y que cumple con los estándares europeos en cuanto a retribución a los accionistas”. También defienden que su retribución está ligada a los resultados de la compañía y que ha triplicado los ingresos desde 2008, el ebitda ha crecido un 164% y el beneficio neto se ha duplicado.

Indra, la multinacional tecnológica y de defensa participada en un 28% por la SEPI, cosechó unos resultados récord en 2023. El ejercicio se saldó con un beneficio neto de 206 millones, un 20% más respecto al año anterior, superando los casi 196 millones registrados en 2009, que suponía su cifra de rentabilidad más elevada hasta la fecha. El mercado premió ayer estos resultados con una subida en Bolsa del 6,55%, que coloca el valor de sus acciones en niveles máximos desde 2009. Un impulso generado en buena parte por el crecimiento del negocio. Los ingresos se situaron en 4.343 millones, un 13% más que en 2022 y, también, un nuevo máximo histórico, con un fuerte tirón en el negocio de defensa y seguridad. Este finalizó el año generando unos ingresos de 817 millones, un 23% más, cifra que representa casi el 19% de la facturación total, cuando en 2022 fue del 17,2%. Junto al negocio de transporte, con el que forma una de las dos ramas en las que Indra divide su negocio, la facturación fue de 1.576 millones, un 10% más y el 36% del total. Esta, además, fue la división que más aportó al ebitda del grupo, con 236 millones (un 18,3% más) de los 446 con los que cerró el ejercicio (+11,4%). Minsait, su filial de tecnologías de la información, generó unas ventas de 2.767 millones, un 10% más, el 64% del total de toda la facturación, con un ebitda de 210 millones, un 4,6% más. Como publicó CincoDías, Indra analiza la venta de una participación minoritaria en este negocio o desinversiones en activos no estratégicos. En el crecimiento de la facturación también jugó un papel clave la participación de las compañías adquiridas, con una contribución de 124 millones. Resaltan la entrada en el 9,5% del capital de ITP Aero, y las adquisiciones de la tecnológica cordobesa Deuser, la firma de ciberseguridad ICASys y la de servicio de pagos Pecunpay, todas ellas para reforzar el negocio de Minsait. En el lado de transporte y defensa destacan las compras del negocio de gestión del tráfico aéreo de Selex en EE UU y de la británica Park Air.

Las marcas chinas de automóviles no sólo están tomando posiciones en el terreno de las matriculaciones en el mercado español, sino que también están provocando un cambio en la balanza comercial del automóvil, puesto que las importaciones de coches made in China en España ya han superado a las de Francia. En 2023, marcas como MG, Omoda, BYD, Polestar o Smart importaron en España vehículos por 2.850 millones de euros, lo que supone más que duplicar (+109%) la cifra del año precedente. Este incremento se explica no sólo por el desembarco en España de nuevas marcas procedentes del gigante asiático, sino que además estas compañías están eligiendo España como “puerta de entrada” para vender sus coches en otros mercados europeos. Con este volumen de vehículos importados, China ocupó a cierre de 2023 la segunda plaza como el país más exportador de vehículos a España, sólo superado por Alemania, que ocupa históricamente la primera posición. Alemania finalizó el ejercicio exportando a nuestro país vehículos por 5.634 millones de euros, lo que representa un fuerte aumento del 37,8% y una cuota del 21,9%, por delante del 11,1% de China y del 8,7% de Francia, con 2.236 millones en exportaciones y un aumento interanual del 18,4%. Otros países como Japón, Turquía, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia, Italia y Corea del Sur completan el ránking de los diez centros de producción de vehículos que más unidades enviaron a nuestro país el año pasado.

La lucha contra el cambio climático es ya uno de los mayores desafíos de la economía mundial. Los grandes bloques económicos aceleran el paso para desarrollar tecnologías para prescindir de los combustibles fósiles, las instituciones se rearman para que las inversiones verdes lleguen a los países empobrecidos e incluso los bancos centrales incluyen el clima en sus objetivos. Pero esto no era así en la década de los setenta, cuando el mundo solo pensaba en volver a tener petróleo barato y seguir creciendo sin límites. Por aquel entonces, Partha Dasgupta (Daca, Bangladesh, 81 años) empezaba ya a investigar sobre la integración del medio ambiente dentro de la economía. Dasgupta acaba de recibir el premio Fronteras del Conocimiento de Economía, que cada año otorga la Fundación BBVA, por sus estudios pioneros en un área ahora clave. Dasgupta admite que durante años se sintió solo, en especial entre economistas. Pero su tarea iba más allá. “La mayor parte de mi pensamiento en los últimos 30 años ha consistido en tratar de aprender sobre ecología de forma adecuada”, explica. Y eso le ha permitido, dice, trabar amistad con “algunos de los más grandes ecologistas de nuestro tiempo”. “Trabajamos juntos. Les enseñé un poco de economía, pero ellos me enseñaron ecología de una manera muy seria. Y, en cierto modo, he profundizado más en ese campo que otros. Y ahí me he sentido solo. Pero no me ha molestado. El verdadero placer está en la investigación, en intentar entender algo y crear una fusión entre dos campos para crear una nueva forma de pensar”, sostiene este economista de Cambridge. El profesor ha sido premiado por sentar las bases del llamado desarrollo sostenible, un término que ha dejado paso a otros más contundentes como la lucha contra el cambio climático o la descarbonización. 

España ha adjudicado hasta la fecha más subvenciones de los fondos europeos a la hostelería (que se ha llevado 653,7 millones de euros) que a las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D, que acumulan 195,3 millones de euros), a pesar de que la hostelería «no era un pilar del Plan de Recuperación», según recoge un informe de EsadeEcPol recién publicado. «La categoría de I+D específica se lleva apenas 200 millones de euros, incluso menos que deporte y recreación (322,4 millones), publicidad y estudios de mercado (237 millones), o cine y recreación (423,7 millones)», alerta el documento que firman los investigadores de este think tank Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo Olavide, Jorge Galindo y Javier Martínez. Canarias y Baleares son las comunidades en las que la hostelería (principalmente servicios de alojamiento) ha sido uno de los sectores más beneficiados. En términos totales, la construcción es líder indiscutible en licitaciones y subvenciones adjudicadas con 4.241 millones –entre empresas privadas y entidades públicas–; seguida de lejos por el comercio (2.687 millones); la información y comunicaciones (2.059 millones); las actividades profesionales, científicas y técnicas (1.121 millones) y la educación (963 millones). Estos datos no incluyen los fondos recibidos por autónomos. Este análisis muestra que las empresas privadas se han llevado hasta la fecha 7 de cada 10 euros adjudicados. Se trata de una información que contrasta con otras publicaciones. 

De los 80.000 millones de euros europeos en subvenciones no reembolsables adjudicados a España en el marco del programa Next Generation, el país ha movilizado ya unos 56.344 millones de euros (el 70%) y concedido 32.925 millones (el 41%), a mitad del periodo del que dispone para ejecutar las ayudas, que concluye en verano de 2026. Así lo recoge el informe Evolución de los Fondos Next-Gen EU en España que acaba de publicar EsadeEcPol, del que se deriva que, en paralelo, las comunidades autónomas han movilizado cuatro de cada diez euros comunitarios transferidos, con fuertes diferencias por territorios. En concreto, el conjunto de las regiones habrían ejecutado el 38% de los 26.200 millones que han recibido del Estado. Aunque no existen datos homogéneos y centralizados, el análisis de las licitaciones y subvenciones articuladas por las propias comunidades autónomas llevan a EsadeEcPol a concluir que “la Comunidad Valenciana y Andalucía lideran en términos de importe, con más de 1.200 millones cada una”, concretamente 1.271,5 millones y 1.273,1 millones, respectivamente. Les sigue de cerca Cataluña con 1.229 millones y, ya por detrás, Madrid, con 883 millones, y País Vasco con 808 millones (ver mapa adjunto). Del lado contrario, destaca la modesta ejecución observada en Navarra (59,2 millones) o La Rioja (98,3 millones), siempre en términos de volumen. “Este despliegue de fondos refleja diferencias en la capacidad de absorción y la dinámica económica regional que son claves para entender la implementación de las políticas de recuperación en España”, recoge el informe. Sin embargo, admite el documento, “naturalmente, todo ello está condicionado por el tamaño de las propias comunidades autónomas: desde el importe total hasta las mentadas capacidades”. “Al considerar el volumen de fondos en relación con la población, el País Vasco encabeza la lista en términos per cápita, lo que destaca su eficiencia en la captación de fondos por habitante”, subraya el documento sobre un territorio que habría movilizado el 70% de los recursos recibidos. 

Los gobiernos deben ajustar su gasto para contribuir a la lucha contra la inflación y reducir sus ratios de endeudamiento. Ese fue el mensaje que Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), trasladó ayer en una entrevista. El banquero central se mostró especialmente contundente en ese sentido y advirtió de que, tras años en los que la autoridad monetaria ha comprado miles de millones de euros en deuda y se suspendieron las reglas fiscales en la Unión Europea, “la barra libre se ha terminado”. No es la primera vez que el BCE insta a los Estados miembros a moderar su gasto y ejecutar una política fiscal responsable. Tanto Guindos como la propia presidenta del banco central, Christine Lagarde, han afirmado en repetidas ocasiones que Guindos subrayó la necesidad de que se elaboren planes de ajuste que cumplan con las reglas fiscales de la UE y que atraigan a los inversores en deuda, que deben adquirir los nuevos bonos soberanos donde antes intervenía el BCE. Sólo así se logrará evitar sustos como los que provocaron que los intereses de la deuda soberana se disparara en Reino Unido tras presentar unos presupuestos con grandes desequilibrios. “Es necesario convencer a los mercados de la nueva situación, apuntó el vicepresidente.

“El gran reto para las finanzas públicas consiste en definir una estrategia integral que reduzca de manera sostenida la deuda pública, que tenderá a estabilizarse sobre el 100% del PIB”, mientras el déficit se estanca sobre el 3%, alertó ayer la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero. Así lo exigen, de hecho, las nuevas reglas fiscales acordadas por la Unión Europea, que obligarán a España a presentar en septiembre un plan de ajuste por unos 37.000 millones de euros, según los cálculos de Airef. En los últimos años, explicó Herrero durante su intervención en el foro Looking at the future, organizado por EY, “la deuda ha tenido una senda descendente por el crecimiento económico” generado tras la crisis del Covid. Eso, adujo, ha bastado por el momento para reducir el peso relativo de la deuda del 125% del PIB al que llegó a dispararse en 2020 al 107,7% a cierre de 2023. “Pero en el futuro no sé si será suficiente el crecimiento para rebajar la deuda sin tocar las finanzas públicas”, avisó la presidenta de Airef. Por lo pronto, expuso, la reactivación de los límites comunitarios del 3% de déficit y el 60% de deuda tras su suspensión temporal desde el estallido de la pandemia hasta el pasado 1 de enero “va a requerir la adopción de ajustes” que el nuevo marco comunitario permite acometer ahora bajo un plan plurianual específico para cada país. La condición central de las nuevas reglas fiscales es que los países con desequilibrios presupuestarios presenten ante Bruselas un plan, antes del 20 de septiembre, con ajustes a cuatro años vista que garantice que la deuda pública se sitúa en senda descendente durante los 10 años siguientes a la finalización del periodo. Es decir, un programa a aplicar entre 2025 y 2028 que asegure que el endeudamiento del Estado adopte un tono menguante hasta 2038. La estrategia puede alargarse de cuatro a siete años si incorpora reformas e inversiones estructurales.

La nueva ley prohíbe usos que atenten contra derechos fundamentales, pero lastra la innovación y puede convertir a Europa «en una colonia tecnológica de Estados Unidos y China». Una pequeña parte de las aplicaciones de inteligencia artificial acarrean un riesgo inaceptable para la sociedad. Por eso, a la hora de redactar el primer marco jurídico que regulará a partir de 2026 una de las tecnologías que van a marcar la evolución de la humanidad, la Comisión Europea ha decidido prohibir tajantemente su uso en aquellos ámbitos que puedan atentar contra la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. «No se podrá utilizar para crear marcadores sociales, policía predictiva, controlar las emociones en el entorno laboral o para el rastreo indiscriminado de rostros, por ejemplo», explica el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco, que lleva cinco años trabajando en la materia desde Bruselas. Luego, la Comisión ha determinado que en torno al 15% de las aplicaciones de la IA suponen algún tipo de riesgo, calificado en una escala que va de ‘mínimo’ a ‘alto’, por lo que les impone un proceso de aprobación en el que se evalúa su impacto. «La IA tiene un lado oscuro y puede facilitar un salto cualitativo en la criminalidad, sobre todo en estafas y ciberdelincuencia», advierte Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular. Incluso en el ámbito educativo se siente ya la presencia de programas como ChatGPT, y no son pocos los que han vuelto a adoptar exámenes orales para evitarlo. «La ley no responde a un exceso de celo regulador, sino a una necesidad que también las empresas ven. Y eso es así porque empiezan a ser conscientes de que estamos entrando en un territorio especialmente peligroso para ellas mismas y demandan un marco legal claro», explica Zarzalejos, recalcando que su aprobación ha contado con un gran consenso político.