20241108

Bajo el principio de ‘hallar soluciones, no culpables”, Confebask – con el apoyo de sus organizaciones miembro Adegi, Cebek y Sea- organiza una jornada específica sobre esta cuestión, clausurada por el vicelehendakari Mikel Torres, en la que también se han escuchado buenas prácticas de empresas y mutuas. Necesitamos un pacto conjunto sobre absentismo laboral en Euskadi basado en el compromiso, la colaboración y la confianza entre todos nosotros. Elaboremos un diagnóstico común adaptado a nuestra realidad concreta y pongámonos manos a la obra. Nos va a llevar tiempo. Si hoy empezamos a andar el camino de las soluciones gracias a esta pequeña contribución que hacemos desde Confebask, bienvenida sea”. Así lo subrayaba la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, en su discurso al final de la jornada, en el que ha destacado que “la variable del absentismo laboral por enfermedad común (IT) representa un desafío para la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Algo que, como saben, está directamente relacionado con nuestro estado del bienestar. Sin empresas competitivas y sostenibles en el tiempo, no hay buen empleo, ni impuestos que recaudar. No estamos hablando, por lo tanto, de algo precisamente menor”. La jornada empezaba con la presentación por parte de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto – de un análisis inicial de situación en el que se constata que en el año 2023 las ausencias en el trabajo por incapacidad temporal en el País Vasco fueron mayores que en el resto de comunidades autónomas y que en otros países europeos. “El País Vasco es uno de los territorios en que más crecieron estas ausencias entre el 2007 y 2023”. Tras la presentación de los datos, se ha dado paso a una mesa redonda en la que han participado, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, el de UGT Euskadi, Raúl Arza; el delegado del departamento de Salud en Gipuzkoa y ex responsable de la Inspección médica en Euskadi, Ramón Aranbarri, y el director provincial en Bizkaia del INSS, José Félix de Jaime. La mesa redonda ha sido moderada por la directora del área jurídico-laboral de Confebask, Virginia Múgica, representante de Confebask en el grupo de trabajo de la Mesa de Diálogo Social en el que se trata específicamente del absentismo laboral. Ver más en Confebask aquí.  Leer discurso íntegro de Tamara Yagüe aquí.  Ver presentación de Orkestra aquí.  Ver presentación de Ibermutua aquí

«Necesitamos un pacto conjunto sobre absentismo laboral en Euskadi basado en el compromiso, la colaboración y la confianza entre todos». Este es el mensaje que lanzó ayer la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, al cierre de la jornada organizada por la patronal para concienciar sobre este problema, especialmente grave en el País Vasco, que es la comunidad con más ausencias en el trabajo. Los empresarios llevan tiempo peleando por poner en la agenda este espinoso asunto «que lastra la competitividad» y por eso calificaron de «inédito» reunir a todos los agentes implicados para debatir en una mesa circunscrita, eso sí, a la incidencia de las bajas laborales para evitar debates conceptuales. Participaron los sindicatos CC OO y UGT, Osakidetza, la Seguridad Social y el Gobierno vasco, representado por el vicelehendakari y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres. Es el primer acto público de estas características aunque esos mismos agentes acumulan ya muchas reuniones. La cita arrancó con la presentación de un informe realizado por Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, que ha vuelto a evidenciar lo que ya tantas veces se ha visto en las estadísticas: Euskadi es líder en España de las bajas laborales, con una incidencia del 5,8% (porcentaje de trabajadores ausentes por este motivo la semana anterior a la encuesta) frente al 4,1% de media nacional. Pero no solo eso. Sus datos revelan que no hay país en Europa con una ratio superior porque a la cabeza del ranking figura Francia, con un porcentaje del 4,6% y la media de la UE es del 2,5%. EnpresaBIDEAn ikusi hemen. 

Mientras UGT y CC OO participaron en el debate para dar su punto de vista, LAB y otras centrales se manifestaron en contra. Ya solo el término absentismo levanta ampollas porque hay quienes consideran que tiene una connotación negativa, lo que da una idea de hasta que punto es difícil llegar a acuerdos en esta materia. CC OO y UGT, que forman parte de la Mesa de Diálogo Social, aceptaron participar ayer en la jornada organizada por Confebask porque se había acotado al análisis de las bajas laborales y querían dar su punto de vista sobre este asunto. Pero no dejaron de reprochar a la patronal que hubiese elegido el título de ‘Absentismo por Incapacidad Temporal’ cuando no se deberían mezclar ambos conceptos. Mucho más intransigentes, LAB y otras centrales se manifestaron frente al hotel en el que se celebró el acto para denunciar la campaña organizada por Confebask para poner a los trabajadores que cogen bajas «como unos vagos». En su turno de palabra en la mesa redonda, los secretarios generales de CC OO y UGT, Loli García y Raúl Arza, respectivamente, pusieron el foco en las razones que, en su opinión, motivan ese crecimiento de las bajas como las listas de espera en Osakidetza, los problemas de salud mental y la falta de prevención en las empresas. En la mesa también intervinieron representantes de Osakidetza y la Seguridad Social. Por parte del organismo vasco habló Ramón Aranbarri, delegado territorial de Salud de Gipuzkoa. Admitió que la alta incidencia de la IT está relacionada, en parte, con factores sanitarios como las listas de espera o «el desapego de los facultativo con este problema». Pero a la vez advirtió de otros elementos no sanitarios: «No en pocas ocasiones las bajas se utilizan como refugio y subterfugio de problemas sociales que nada tienen que ver con la enfermedad».

El liderazgo de Euskadi en bajas laborales en España, con una ausencia media por ese motivo del 5,8% de las plantillas que supera también las cifras de todos los países de la UE, constituye un lastre de competitividad cuyas causas es preciso detectar para combatirlo de raíz. De esa forma mejoraría la salud de los trabajadores y, a la vez, se mitigaría el alto coste económico de esa realidad. El Gobierno vasco, la patronal, CC OO y UGT debaten este asunto desde hace dos años y medio en la mesa de diálogo social. La jornada organizada ayer por Confebask permitió contrastar sus divergentes opiniones. Se hace difícil encontrar razones que justifiquen el alto abstentismo por incapacidades temporales en nuestra comunidad. La estructura de su tejido productivo y el colapso en Osakidetza –similar al de otros sistemas sanitarios– solo lo explican en parte. Como lo hace la proliferación de los complementos hasta el 100% del salario, una conquista de la negociación colectiva que no permite olvidar que las altas y bajas son responsabilidad de los médicos de familia. Encontrar un diagnóstico y posibles vías de solución a este problema debe ser un interés compartido por todos los agentes sociales.

"...En general, los vascos gozamos de buena salud y nuestra esperanza de vida compite con ventaja con casi todas las regiones. Por otro lado, el coste de la sanidad vasca es, de lejos, el más elevado de España. Medido en euros per cápita, aquí gastamos mucho más que en todas las demás comunidades. ¿Entonces? Si tenemos buena salud relativa y gastamos más que los demás en cuidarla, ¿cómo se explica que las bajas laborales sean tan superiores? Confebask ha organizado en Bilbao unas jornadas dedicadas a analizar el problema, «sin buscar culpables, sino soluciones», como dijo su presidenta, Tamara Yagüe. Como supongo que para ella esta cuestión de los culpables es muy delicada y como para eso estamos, le identifico de regalo un culpable: el propio sistema. Si quien concede las bajas (Osakidetza) no es quien corre con su coste (la Seguridad Social, además claro de las propias empresas), ¿qué incentivo hay para reducirlo? Un médico que se equivoca negando una baja corre peligro de ser demandado, mientas que si se equivoca concediéndola se mantiene a salvo de cualquier peligro. ¿Por qué razón iba a correrlo? Quizás por eso, la gente va a ‘coger’ la baja y no a ver si le ‘conceden’ la baja. La presidenta Yagüe propone un pacto conjunto sobre absentismo laboral basado en el compromiso, la colaboración y la confianza entre todos. Si le parece muy complicado alcanzarlo quizá sea suficiente con centrarse en esto del compromiso. Mientras que los sindicatos no estén de acuerdo en que el fraude en el absentismo exige el mismo reproche social que el fraude en Hacienda y su reducción no obtenga algún tipo de mejora salarial… esto no se arregla"

Hay movimiento en Mercedes Vitoria. Después de dos meses negociando el calendario de 2025, poco a poco la empresa y los sindicatos empiezan a mostrar sus cartas. Según ha podido saber EL CORREO, la dirección de Bernd Krottmayer baraja una cifra exacta de producción para el año que viene: 124.634 furgonetas. Con este número, la Avenida de Los Huetos sacaría de sus naves menos modelos que nunca en los últimos cinco años. La producción sería incluso inferior a la del 'pandémico' 2020, en el que se fabricaron 125.000 unidades. Para ello, la compañía ha puesto sobre la mesa del comité un sistema de producción que también manejan ya algunos proveedores. En ese calendario, se trabajaría en treinta de los 52 sábados que tiene el año, aunque estos días no se activarían hasta el 8 de marzo de 2025. A partir de ahí se extendería durante buena parte del año hasta el 13 de diciembre. Se respetarían, no obstante, los sábados de Semana Santa y Pascua (19 y 26 de abril), el último de julio (día 26), todos los de agosto, el primer sábado de septiembre (día 4) y el 1 de noviembre, algo que apunta a que podría haber cinco semanas de vacaciones en la Avenida de Los Huetos. Según revelan fuentes consultadas por este periódico, la empresa también estaría dispuesta a revisar la cuestión de las libranzas. De entrada, se abre a que de forma rotatoria los trabajadores descansasen algunos días en marzo y repitiesen la misma dinámica en abril del año que viene. Estos ofrecimientos han provocado movimientos a un lado a otro. Por un lado, el sindicato ELA envió ayer un comunicado a su afiliación en el que aseguraba que la situación está «cada vez más lejos del acuerdo» porque la empresa no acepta o rebaja algunas de sus peticiones en esta línea. Los de Igor Guevara recuerdan que hay 300 trabajadores en producción con contratos eventuales que podrían quedarse fuera de juego.

El fabricante automovilístico japonés Nissan, que tiene dos centros de producción de piezas y componentes en España, ha anunciado un plan de ajuste que contempla el despido de 9.000 trabajadores en todo el mundo, lo que equivale al 6,7% de su plantilla global de 133.580 empleados. El anuncio de recorte de personal llega después de que el beneficio de la multinacional se haya desplomado un 93,5%, hasta contabilizar algo más 115 millones de euros a cierre de su primer semestre fiscal (entre el 1 de abril y el 30 de septiembre). Por su parte, también la automovilística Audi, perteneciente al grupo Volkswagen, anunció ayer que negocia con los sindicatos un plan de ajuste que conllevaría el despido de 4.500 trabajadores en Alemania en áreas no ligadas con la producción de vehículos. Ese recorte de personal equivale a aproximadamente el 15% de su plantilla. En un principio, los recortes estarían circunscritos a divisiones como el área de desarrollo donde podrían desaparecer más de 2.000 puestos de trabajo. La crisis del sector del automóvil, obligado a estrictas normas y plazos de descarbonización, también ha llevado al Gobierno italiano a tratar de conseguir que se adelante a 2025 –inicialmente está prevista para 2026– la revisión, y aplazamiento, de la fecha del 2035 para la prohibición de la venta de coches de combustión en la Unión Europea.

El desarrollo económico y la transición energética no son objetivos incompatibles, pero todavía tienen que aprender a convivir y hacerlo sin la presión de unos calendarios impuestos desde Europa que amenacen la competitividad. Así lo reflejaron ayer en la primera de las tres mesas de diálogo organizadas en la cuarta edición de BBK Trends. «La transformación en nuestro sector industrial no es nueva. La empresa vasca siempre ha llevado en el ADN la sostenibilidad a medio y largo plazo», recordó el consultor de Zabala Innovation y profesor en la Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro. Sara Jainaga, directora de sostenibilidad en Sidenor, ofreció un ejemplo práctico nacido en sus acerías. «Somos sostenibles de origen porque nuestra materia prima es chatarra que recuperamos», ejemplificó. Además, un 86% de sus residuos –serán el 90% para 2025– se revalorizan, y de los 600.000 megavatios de energía eléctrica que demanda, un 80% proceden de energía renovable –en dos años aspiran al 100%–. «Para 2030 prevemos sustituir todos nuestros carbonos fósiles por elementos neutros y trabajamos mucho para la electrificación de procesos, pero no todos los procesos son electrificables», advirtió recordando que muchas tecnologías prometedoras en desarrollo, aún «no no son reales ni sostenibles económicamente». La acería de Sidenor tiene a la automoción como principal sector, y ahí Jainaga es muy clara. «En Europa hemos decidido liderar la sostenibilidad, pero nos hemos pasado de frenada», criticó al comparar el mercado con EE UU o China. Allí el ritmo es otro «y eso nos hace competir en desigualdad de oportunidades». «Lideramos la sostenibilidad y queremos salvar el mundo con el coche eléctrico, cuando en Asia están quemando carbón a muerte porque no tienen las mismas exigencias medioambientales», alertó.

Los empresarios Begoña Castro, José –’Pepe’– Barreira y José Ángel –‘Josean’– Muro Zabaleta han sido distinguidos por el Gobierno vasco con los premios Joxe Mari Korta de este año. Estos galardones les han sido otorgados en reconocimiento a «su implicación en los sectores empresariales en los que han desarrollado su actividad profesional, así como su relevancia en el desarrollo de los valores empresariales, creación de empresas, generación de nuevas actividades y puestos de trabajo», según destaca el Departamento de Industria. El lehendakari, Imanol Pradales, hará entrega de los premios el próximo 26 de noviembre en un acto que se celebrará en San Sebastián. En esta vigésimo cuarta edición, se premia a Begoña Castro, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco y socia fundadora de la empresa Histocell en el año 2004, hoy una referencia internacional en medicina regenerativa. Castro, propuesta por la patronal vizcaína Cebek, ha tenido como objetivo principal que las tecnologías desarrolladas en Histocell, enfocadas a necesidades médicas no resueltas, lleguen realmente al paciente. También recibirá el premio – a propuesta de la patronal alavesa SEA– Pepe Barreira, quien «sin más formación que su espíritu aventurero, su esfuerzo y su empuje ha logrado forjar una imparable trayectoria profesional», según destaca el Gobierno vasco. Barreira comenzó siendo pastor de ovejas, emigró a Alemania para trabajar en la construcción y en una fábrica y a su regreso a Vitoria se dedicó a la hostelería y al transporte, llegando a liderar diferentes empresas en los sectores hostelero, de restauración, de transporte, logística e incluso tecnológicas. Por su parte, Josean Muro, propuesto por la guipuzcoana Adegi, es presidente y propietario la empresa Ezarri, de Ikaztegieta, en la que ha desarrollado toda su vida profesional y que se dedica a mosaicos y revestimientos para piscinas, cocinas, baños... y es un referente del sector a nivel internacional.

Masorange no ha logrado su objetivo en el plazo previsto. La operadora fruto de la fusión de MásMóvil y Orange acordó con UGT un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 650 personas que pretendía que se cubrieran en su totalidad con voluntarios, pero solo se han adherido 424 personas: 277 salidas pactadas y 147 prejubilaciones, según informaron a este periódico fuentes del sindicato, es decir, el 65% del total. La adscripción al ERE, que no logró el acuerdo de CC OO y se firmó solo con la parte de UGT de los representantes de los trabajadores, seguirá adelante hasta el 13 de noviembre a las 23.59 horas para tratar de evitar los despidos forzosos que la operadora siempre ha temido. Desde UGT agradecen esta ampliación del plazo para «evitar, o cuanto menos disminuir, las salidas forzosas». Tanto el sindicato como la empresa confían en que esta semana extra de plazo logre sumar más voluntarios, sobre todo teniendo en cuenta que desde el pasado domingo se han doblado las bajas voluntarias, pasando de 217 a las 424 actuales. El acuerdo logró rebajar de 800 a 650 los empleados afectados por el ERE, con prejubilaciones y bajas incentivadas. Las negociaciones duraron algo más de un mes y los representantes sindicales terminaron aceptando la propuesta final de la empresa compuesta por una indemnización de hasta 47 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. La horquilla va entre los 47 y los 34 días dependiendo del tiempo en la compañía en caso de ser voluntarios. Para los forzosos las condiciones serán de entre 45 y 33 días.

Fin a un periplo de dos años y medio. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) da la razón al Consejo Regulador de Rioja en su pugna contra la iniciativa de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) y contra el propio Gobierno vasco -que respaldó la iniciativa- para crear la denominación 'Viñedos de Álava'. La sentencia tumba el proyecto de crear una etiqueta alavesa fuera de la denominación tradicional y podría atenuar la batalla del vino en un momento especialmente crítico por la crisis que asola al sector en la región y en todo el mundo. Sólo un recurso del Gobierno vasco o de la propia ABRA -que también fue demandada por el Consejo Regulador- mantendría vivo el conflicto. Aunque todo apunta a que no será así. El nuevo departamento vasco de Agricultura acogía ayer con relativa frialdad el fallo, lejos de la encendida defensa del proyecto que en el pasado hacía el equipo de Arantxa Tapia. Y el portavoz de los promotores de la denominación alavesa, Emilio Aguillo, deja entrever en declaraciones a este periódico que seguir con la vía judicial es complicado. «Esto puede ser el adiós de Viñedos, pero no soluciona ningún problema». Emilio Aguillo, presidente provisional del Consejo Regulador de Viñedos de Álava, sigue defendiendo que su opción era «la mejor».

Paso adelante en la futura reforma fiscal que Gipuzkoa debe aprobar en el primer trimestre del 2025. La diputada de Hacienda, Itziar Agirre, adelantó ayer en la presentación de los Presupuestos del territorio que el próximo lunes expondrá a los grupos junteros el anteproyecto de norma foral que la Diputación se comprometió a hacer público antes del 21 de diciembre de este mismo año. Lo hará paralelamente a su homologa de Bizkaia y al diputado de Hacienda de Araba. Así, los tres responsables forales de Hacienda comparecerán al mismo tiempo en sus correspondientes Juntas, en una escenificación que busca reforzar la armonización entre los tres territorios histórico. Será a partir de entonces cuando las Juntas Generales de Gipuzkoa abran el debate y las negociaciones para dar luz verde a este nuevo texto fiscal que desde el Gobierno de coalición insisten ahora en llamarlo «revisión» y no reforma, y que necesitará un voto de alguno de los grupos de la oposición para sacarlo adelante, sean PP por un lado, o EH Bildu y Podemos, por el flanco de la izquierda. Las líneas maestras de esta reforma fiscal irán de la mano con las conclusiones de la ponencia que tuvo lugar en las Juntas durante los meses de febrero a junio, con más de 60 expertos e instituciones. La vivienda, la demografía, la sostenibilidad de las pensiones, la atracción de talento, la competitividad e innovación, la reducción de niveles de desigualdad, la conciliación, la fiscalidad verde y el comercio local son los 11 desafíos que recoge el Informe de Conclusiones, y que este lunes detallará la diputada de Hacienda en Juntas.

Geroa, la principal entidad de previsión social voluntaria (EPSV) de Gipuzkoa de empleo preferente, celebra hoy una asamblea general extraordinaria para ratificar la adaptación de sus estatutos al decreto del Gobierno Vasco que regulará en adelante la forma de rescate de estas prestaciones tras la jubilación. La junta de gobierno de Geroa, que reúne a los sindicatos y la patronal Adegi, dará luz verde definitiva a la aplicación del nuevo decreto autonómico que desde abril prioriza el cobro en renta (una cantidad al mes). No obstante, flexibiliza algunas condiciones para poder rescatar de una vez (en forma de capital) todo el dinero atesorado, en aras a calmar las aguas con la plataforma de críticos de la EPSV, que sigue exigiendo poder rescatar su dinero sin condicionantes y rechaza el decreto. Dos tercios de la asamblea deben dar su visto bueno, aunque se da por segura su aprobación. En adelante, se permitirá recuperar en forma de capital (de una sola vez) solo a aquellos socios que tengan menos de 43.398 euros ahorrados en la EPSV, frente al mínimo de 49.860 euros en los que estaba cifrado hasta ahora. Así, se endurecerán las condiciones para los jubilados que atesoran más de esa cantidad. En segundo lugar, para aquellos socios que posean más de 43.398 euros sí se introduce un mecanismo de flexibilidad por el que podrán recuperar en forma de capital el 25%. El resto se cobrará en forma de renta. El plazo de cobro en renta quedará fijado en 17 años como mínimo y 25 como máximo, cuando antes el límite mínimo estaba en 20 años, en otro gesto a los críticos.

El Gobierno vasco destinará este año 401 millones de euros a la Universidad del País Vasco, 16 millones más –en porcentaje, un 4,1%– que durante el pasado ejercicio. Este montante supone casi el 65% de los 612 millones con los que contará este año el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, según las cifras desglosadas ayer por el consejero Juan Ignacio Pérez en la comisión de Hacienda del Parlamento vasco. «Es una apuesta decidida por el conocimiento avanzado. El objetivo es una sociedad vasca más próspera, cohesionada y de calidad democrática», subrayó Pérez. El desglose de lo destinado a la universidad pública muestra que 317 millones son de aportación ordinaria, el destinado a garantizar su normal funcionamiento. El incremento en este caso es del 5,2%, lo que significa, en palabras del consejero, que «se multiplica el dinero para que desarrolle sus iniciativas. Es la mayor subida de la última década». En este punto se incluye también una mejora salarial del 2%. Una partida de 25 millones irá para la Facultad de Medicina y Enfermería de Basurto. El sistema universitario vasco absorbe casi tres de cada cuatro euros del presupuesto de este departamento de nueva creación. Son 470 millones. Junto a la UPV/EHU, reciben también aportaciones centros superiores como Musikene o el Instituto de Máquina Herramienta de Elgoibar.

Las empresas valencianas ya están respondiendo a las ventajas ofrecidas para acogerse a los ERTE por fuerza mayor si han sido afectadas por la DANA que azotó España la semana pasada. Labora, el departamento de la Generalitat Valenciana encargado de los asuntos de empleo, ha comunicado las cifras recopiladas hasta el mediodía de ayer. Se habían registrado 159 expedientes, que incluyen a 2.318 trabajadores. Esta entidad desgrana que de estos expedientes, dos de ellos son expedientes de regulación de empleo, en los que hay 33 trabajadores afectados por despidos colectivos. De los datos se desprende que una gran parte de los empleados en ERTE corresponden al impacto de la fábrica de automóviles de Ford en Almussafes (Valencia). Los tres municipios con más trabajadores en ERTE son Almussafes (464), Quart de Poblet (355) y Ribarroja (327). Por sectores de actividad, en la industria hay 1.221 trabajadores afectados, en 19 expedientes. De estos empleados, 556 están en el sector de la fabricación de vehículos –en dos expedientes–, seguidos por los 464 que trabajan en la fabricación de muebles, en el que hasta el momento se han presentado cuatro expedientes. En el sector servicios hay 1.079 personas en ERTE, con 136 expedientes. La construcción tiene hasta el momento cinco ERTE presentados, que incluyen a un total de 22 trabajadores. Empresas y particulares también han comenzado ya a solicitar las indemnizaciones correspondientes al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que es el organismo que se hace cargo en estos casos.

Los bancos mantienen la campaña contra el impuesto al sector que ha planteado el Gobierno. Las entidades financieras confían en el trámite parlamentario para limar algunos de los aspectos que consideran más lesivos de la tasa, incluso con el objetivo último de conseguir tumbar la propuesta, como lograron las eléctricas con su propio gravamen. Para ello, las patronales del sector han intensificado esta semana sus contactos con los distintos grupos parlamentarios, con el foco en Junts y PNV. Consideran que mover a estos dos partidos hacia el no será la clave para negociar un texto más favorable, puesto que sus 12 diputados son, al fin, imprescindibles para que fracasen los planes del Ejecutivo. Las entidades financieras han pinchado hasta ahora en su intento por evitar que el Gobierno prolongue el impuesto sobre el sector que introdujo en 2022 y que expira en diciembre de este año. El PSOE pactó la semana pasada con PNV y Junts una enmienda a la trasposición de la directiva europea para imponer un tipo impositivo mínimo para las multinacionales. Esta amplía la vigencia de la tasa —que grava el margen bruto, el formado por el margen de interés más las comisiones— durante tres años y modifica algunos de sus detalles. Los planes de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejan fuera a las entidades con ingresos inferiores a los 100 millones de euros y establecen un sistema progresivo, por el que los bancos con más negocio en España pagarán un tipo impositivo mayor. El tipo establecido será del 1% para los primeros 750 millones de base liquidable, del 3,5% desde los 750 hasta los 1.500 millones, del 4,8% desde los 1.500 a los 3.000 millones y, por último, del 6% a partir de los 3.000 millones de euros. Este ha sido el aspecto que ha levantado más críticas.

El beneficio de Telefónica se quedó por debajo de los 1.000 millones de enero a septiembre, lo que supone un resultado de casi un 22% inferior al obtenido en el mismo periodo de 2023. Según la información remitida ayer a la CNMV, la operadora tuvo un beneficio neto en el acumulado de 989 millones, un 21,7% menos que los 1.262 que ganó hace un año. Pese a ello, la compañía confirma sus previsiones para el año y su compromiso de retribución al accionista. Sus ingresos se mantuvieron estables respecto a los del año pasado, con 30.418 millones entre enero y septiembre, aunque si se tiene en cuenta solo el tercer trimestre la facturación cayó casi un 3%, hasta los 10.023 millones, como consecuencia del comportamiento de las divisas, según explicó la empresa. En concreto, la caída se debió a un ajuste contable realizado en la filial peruana, donde perdió 314 millones. Sin esa circunstancia, el grupo hubiera elevado sus beneficios un 17% hasta los 1.914 millones. Respecto a la deuda, Telefónica cerró el tercer trimestre con 28.748 millones, 492 menos que el trimestre anterior, pero un 8% más que hace un año. En este contexto, la compañía mantiene sus previsiones para el cierre de este 2024, que pasan por un crecimiento de los ingresos del 1% y un avance esperado del Ebitda y de la caja operativa en una horquilla de entre el 1% y el 2%. Estos resultados se enmarcan en un contexto complejo en el que la compañía espera el inminente desembarco total del fondo saudí STC, que hace un año compró el 5% del capital y que ahora espera el visto bueno del Gobierno para elevar su participación hasta el 9,9%, posicionándose prácticamente al mismo nivel que el Estado, que posee el 10% a través de la SEPI.

Maarten Wetselaar (Leiden, Países Bajos, 55 años) lo tiene claro: el futuro de Moeve —nuevo nombre de Cepsa desde la semana pasada— no pasa por el crudo y el gas. Frente al frenazo reciente de otras petroleras europeas, el primer ejecutivo de la española defiende que los combustibles renovables y la movilidad eléctrica aportarán más de la mitad de sus beneficios a finales de esta década. “No hay vuelta atrás”, sostiene en un Madrid Arena desangelado, después de que la dana de Valencia haya obligado a cancelar el evento de presentación de su nueva marca. Minutos después de terminar la conversación, el Gobierno español, arrastrado por sus socios, dejó caer el impuesto extraordinario a las energéticas. Una figura fiscal contra la que el sector —y la propia Cepsa— ha sido particularmente beligerante. "Hace tres años decidimos hacer una transformación: cambiar una empresa 100% fósil a una en la que más del 50% de sus beneficios vendrá de fuentes sostenibles a finales de esta década. Es el momento de pasar de Compañía Española de Petróleos, algo que no somos y que, aún más, no seremos, a Moeve...No hay vuelta atrás, es irreversible. Estamos creando un nuevo sector: dejamos de ser petrolera y pasamos por un periodo híbrido, de transición, hasta ser un líder en el mundo renovable..."

ArcelorMittal redujo un 55% su beneficio neto en los nueve primeros meses del ejercicio, hasta 1.729 millones de dólares, aunque los datos del tercer trimestre mejoraron las previsiones de los analistas y espera que en la segunda mitad del año la demanda aparente sea más fuerte en comparación con 2023. El grupo siderúrgico, que calificó de “insostenibles” las actuales condiciones del mercado, registró un resultado bruto de explotación (ebitda) de 5.399 millones de dólares, un 26% menos, mientras que los ingresos bajaron un 11,2%, hasta 47.727 millones de dólares. En el tercer trimestre, el beneficio neto ascendió a 287 millones de dólares (-69%), con ingresos de 15.196 millones (-8,5%). El ebitda del tercer trimestre (1.581 millones de dólares) fue un 26% inferior al del mismo periodo de 2023 y un 15% menor que el del segundo trimestre, pero superó las expectativas de los analistas, que preveían 1.490 millones de dólares, ya que la mejora de su negocio en Brasil compensó en parte la continua debilidad en América del Norte y Europa. El consejero delegado de ArcelorMittal, Aditya Mittal, señaló ayer que el grupo espera que la demanda aparente “sea más fuerte en la segunda mitad de este año” comparado con 2023, mientras que los niveles de inventario son bajos, “lo que indica que la reposición de existencias se producirá cuando la demanda real se recupere”. La industria siderúrgica ha estado sufriendo el endurecimiento de la política monetaria mundial, la debilidad de la actividad de construcción en Europa y los problemas en el sector inmobiliario en China. En paralelo, las elevadas exportaciones de acero procedentes de China presionan los precios del acero europeo. El gigante asiático, según los expertos, va camino de exportar más de 100 millones de toneladas métricas este año, la mayor cantidad desde 2016.

Un cuarto de punto. La Reserva Federal recortó ayer los tipos de interés hasta el tramo comprendido entre el 4,5% y el 4,75%. Mantiene así la hoja de ruta prevista a pesar de la alta volatilidad en los mercados y tan solo 36 horas después de conocerse la victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales de Estados Unidos. “A corto plazo, las elecciones no han tenido ningún efecto en nuestras últimas decisiones”, aclaró ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell. En cuanto al futuro, fue muy cauteloso sobre las políticas de Trump: “No sabemos el efecto que tendrán sobre la economía”, entre otros motivos, porque todavía se desconoce cuáles se concretarán y cómo. “La Reserva Federal no especula”, apuntó para zanjar el tema. Tras una jornada bastante plana, con el Dow Jones y el S&P alternándose entre el rojo y el verde a la espera del mensaje del presidente de la Fed, tras la comparecencia, el Nasdaq subía un 1,6%, seguido del S&P, que avanzaba un 0,9%, mientras que el Dow Jones se apuntaba un 0,17%. Las palabras de Powell no terminaron de arrojar luz sobre los temores del mercado. Los analistas especulan con la posibilidad de que la vuelta de Trump a la Casa Blanca obligue al banco central estadounidense a frenar en la desescalada del precio del dinero, con una pausa en diciembre, en lugar del cuarto de punto que se descontaba hasta que se conoció el resultado electoral. Powell insistió en que no hay nada escrito y que serán los datos que se conozcan los próximos meses los que determinen lo que ocurra en la próxima reunión. Lo que sí reconoció Powell es que “hay mucha incertidumbre” y se trata de un juego de equilibrio que complica el trabajo de los gobernadores de la Fed, que se debaten entre mantener controlada la inflación y no dañar en exceso el mercado laboral. La tasa de paro se mantuvo sin cambios el mes pasado, en el 4,1%, pero las cifras fueron especialmente negativas en el apartado de creación de nuevos puestos de trabajo, disparando las alarmas de los analistas. Powell le restó importancia, asegurando que, “en general, la economía de EEUU sigue siendo fuerte”.

El incremento de aranceles en Estados Unidos a las importaciones, pero sobre todo la incertidumbre que se puede generar en los próximos meses pueden empujar a Europa hacia una leve recesión, según advierten analistas de varios bancos y entidades. El crecimiento en los últimos trimestres en la eurozona ha oscilado entre el 0,2% y el 0,4%, con España (+0,8%) e Italia (0%) como extremos entre las grandes economías en el periodo entre julio y septiembre. “La eurozona podría entrar en recesión por el aumento de los aranceles” de EEUU, advierte Dirk Schumacher, director de investigación macroeconómica de Natixis. Dichas políticas proteccionistas podrían consistir en un alza de entre un 10% y un 20% de las tasas para la importación de ciertos productos europeos, entre los que muy probablemente figurarán los relacionados con el motor. Este factor incidiría de lleno sobre la economía alemana, que este ejercicio se debate entre el estancamiento y una leve contracción. Schumacher es solo uno de los expertos que han dado la voz de alarma tras conocerse que Donald Trump arrasó en los comicios estadounidenses del pasado 5 de noviembre, hasta tal punto de que controlará ambas cámaras del Capitolio. Ello proporcionará a los republicanos “una capacidad sustancial en las negociaciones sobre impuestos y gasto”, comenta Ole Hansen, director de estrategia de commodities en el banco Saxo. El jefe de análisis macroeconómico de ABN Amro, Bill Diviney, sostiene que una subida del 10% de esa figura “conduciría a un colapso de las exportaciones de Europa a EEUU”. La entidad calcula un impacto acumulado de 1,5 puntos del PIB en varios años, lo que significaría que la “eurozona viviría un nuevo estancamiento en vez se seguir con su senda de recuperación”.

La Unión Europea afronta muy debilitada los retos que implica la victoria de Donald Trump, en vilo por Ucrania y con su mayor socio, Alemania, en crisis tras romperse el Gobierno. Los líderes europeos trataron ayer de mostrar unidad en una cumbre europea celebrada en Budapest, organizada por el mandatario más cercano al Kremlin y aliado de Trump, el nacionalpopulista Viktor Orbán, y también de arropar al presidente ucranio, Volodímir Zelenski. El lema sigue siendo que la UE mantendrá el sostén a Kiev para enfrentar y resistir a la invasora Rusia. Pero con la vuelta a la Casa Blanca del populista republicano, nada afín a Ucrania, son cada vez más reales las dudas de cuánto y cómo podrá seguir fluyendo el apoyo militar y económico europeo si el respaldo de Washington se cae de la ecuación. Kiev es consciente de que puede ser la piedra de toque. Y el temor a verse forzada a un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra, no solamente malo sino además inestable y con fecha de caducidad, sobrevuela desde hace semanas. “Se ha hablado mucho sobre la necesidad de ceder ante [Vladímir] Putin, de dar marcha atrás, de hacer algunas concesiones. Es inaceptable para Ucrania y suicida para Europa”, dijo Zelenski en Budapest, en el encuentro de la llamada Comunidad Política Europea, que reúne a los miembros de la UE con otros países del vecindario europeo. Entre ellos, Ucrania. “Mostrar debilidad o traicionar las posiciones de Europa no comprará una paz justa. La paz es la recompensa solo para los fuertes”, advirtió el dirigente ucranio. Europa vive un momento “decisivo”, lanzó el presidente francés, Emmanuel Macron. 

La victoria electoral de Donald Trump ha hecho temblar a los políticos y ejecutivos de Europa y Asia debido a las implicaciones de un giro hacia el proteccionismo liderado por EEUU. Los países europeos orientados a la exportación, encabezados por Alemania, están muy expuestos a las medidas prometidas por Trump de que endurecerá las restricciones comerciales y aflojará los lazos de seguridad con sus aliados. Moritz Schularick, presidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel, considera que el segundo mandato presidencial de Trump será “el momento económico más difícil de la historia alemana desde la posguerra. Berlín no está preparada para hacer frente a los retos, tanto en el comercio exterior como en la política de seguridad a los que se enfrentará próximamente y ahora tendrá que invertir masivamente en defensa”. Sin embargo, las repercusiones para la economía mundial no serán ni inmediatas ni sencillas. Muchos analistas opinan que la promesa de Trump de hacer permanentes sus recortes fiscales de 2017 a las empresas y a los ricos incrementará inicialmente el crecimiento. Las bolsas estadounidenses alcanzaron máximos intradía tras conocerse la victoria de Trump, debido a la perspectiva de una reducción del impuesto de sociedades y la desregulación. Si Trump aplica los aranceles más elevados que tiene planeados –del 20% a los exportadores de fuera de China y del 60% a los productos chinos–, aumentaría el riesgo de medidas comerciales recíprocas que alterarían el comercio mundial. Pero pasarán muchos meses antes de que se conozcan los detalles de la política comercial de Trump. Peter Sand, analista jefe de Xeneta, opina que los gastos de envío se dispararán a medida que las empresas se apresuren a enviar mercancías a EEUU antes de la toma de posesión del presidente electo el 20 de enero: “La reacción instintiva de los transportistas estadounidenses será adelantar las importaciones antes de que Trump pueda imponer sus nuevos aranceles. Si se dispone de espacio en los almacenes y de mercancías que enviar, esta es la forma más sencilla de gestionar este riesgo a corto plazo, pero conllevará sus propios problemas”.