20240328

Valoración de los empresarios conforma el último Observatorio efectuado por SEA Empresas Alavesas en marzo. "El listado de preocupaciones de las empresas alavesas ha experimentado un cambio en el último semestre que sitúa al frente de este informe las dificultades para contratar nuevos profesionales, los elevados costes salariales y el absentismo. Esta clasificación obedece, también, a la moderación del precio de materias primas y los costes energéticos, dos factores que siguen siendo capitales en el día a día de las empresas, pero que han sido relegados por una realidad patente centrada en las personas. No sorprende este vuelco en las demandas empresariales cuando desde hace tiempo la captación y retención de talento se ha convertido en un verdadero reto para Álava donde, además, se registran índices desconocidos hasta ahora de ausencias laborales por bajas médicas, con un indeseable récord de 10.000 trabajadores al día. Las empresas afirman que la situación de mercado es de “normalidad” en casi 6 de cada 10 casos, aunque sí se han registrado cambios en la situación de ventas con respecto a hace un año. En este baremo Álava demuestra su potencial exportador, un mercado donde las cifras se asemejan bastante a las de 2023 en la mayoría de los casos, pero es en el mercado nacional donde se aprecia un descenso que afecta al 37% de las empresas encuestadas. Ante estos hechos, las empresas del territorio alavés demandan una reducción de la fiscalidad. Los encuestados consideran determinante cambios normativos en esta materia para poder competir con garantías frente a las empresas de otras latitudes". Ver documentación completa Observatorio SEA-Empresas Alavesas

 Las ventas del tejido empresarial de Gipuzkoa crecieron el pasado año un 2,9% y se situaron de este modo en niveles más propios de la situación anterior de la pandemia, tras haber registrado dos ejercicios con incrementos de dos dígitos. En 2021 la subida fue del 16,8% mientras que un año después se situó en 13,2 puntos porcentuales, pero estos importantes ascensos respondían a un periodo de adaptación tras el fuerte golpe recibido por la pandemia de coronavirus. Así, en 2019 las ventas empresariales guipuzcoanas registraron un aumento del 2,8%, más en la línea del comportamiento observado el pasado año. En cualquier caso, los tres puntos de alza con los que cerró 2023 en Gipuzkoa se debieron al mercado interior, con una muy positiva evolución al marcar un crecimiento del 4,2% al tiempo que las exportaciones ascendieron 0,8 puntos porcentuales, según se refleja en un informe que el departamento foral de Hacienda y Finanzas hizo público ayer. La Diputación atribuye este débil crecimiento del comercio exterior al contexto internacional complejo e incierto, y a que las economías de los principales clientes de Gipuzkoa se estancaron o entraron en recesión. La consecuencia directa se traduce en una pérdida de peso de las exportaciones en el cómputo total de las ventas empresariales del territorio, que pasa de ser del 37,7% en 2022 al 36,9% en 2023. 

La conflictividad laboral aumentó de forma notable en el conjunto de España el año pasado mientras que cayó en Euskadi en relación a 2022, cuando se disparó por el pulso en la negociación del convenio del Metal de Bizkaia. Pese a esta evolución dispar, el País Vasco mantuvo su posición de liderazgo en huelgas al concentrar casi el 40% de todas las que se convocaron en España, según los datos que ayer publicó el Ministerio de Trabajo y Empleo. El porcentaje es inferior al récord del 50% que se alcanzó en 2022, pero aún así es el segundo mayor en décadas. En concreto, en Euskadi tuvieron lugar el año pasado 306 huelgas frente a un total de 777 en el conjunto de todas las comunidades autónomas. En segunda posición, y a mucha distancia, figura Cataluña, con 139 paros. Este liderazgo vasco en conflictividad es un reflejo de la composición sindical de Euskadi y la apuesta de la principal central, ELA, por hacer de la huelga su seña de identidad. El pasado año, caracterizado por un significativo avance en la negociación colectiva, las aguas transcurrieron más tranquilas en el ámbito privado, pero se registró un duro pulso en el sector público, con dos paros generales en 2023 y un tercero este año. El Gobierno vasco y el PNV han interpretado estas huelgas del sector público como una estrategia de tintes políticos para desgastarles ante las elecciones y favorecer a EH Bildu. Las más de 300 huelgas convocadas en el País Vasco el año pasado sumaron un total de 58.865 participantes y supusieron una pérdida de 169.400 jornadas de trabajo. En ambos casos se trata de caídas significativas respecto al ejercicio anterior, del 45% y el 56%, respectivamente.

La Inspección de Trabajo de Euskadi, dependiente del Gobierno Vasco, ha propuesto una sanción de 196.746 euros a la empresa guipuzcoana CAF por «falta muy grave» en el desamiantado de tres naves de su planta de Beasain, tras el accidente ocurrido el pasado agosto en el desmontaje de un tejado para su limpieza y que provocó una contaminación por amianto, según se ha podido saber de fuentes conocedoras del proceso. Inspección de Trabajo achaca a la constructora de trenes dos presuntos errores: Por un lado le acusa de «falta de coordinación» en las tareas de descontaminado. Por otro lado, recuerda que era «responsable final y última» de que la descontaminación por amianto fuera completa, pero este extremo no se «certificó» por la empresa especializada contratada por CAF para esta tarea, ya que al finalizar su labor no habían desaparecido por completo los residuos tóxicos ni se realizaron las «mediciones oportunas», según la propuesta de sanción. Ello provocó que los trabajadores de limpieza general (no relacionada con el amianto), que accedieron a la nave posteriormente, y también otros operarios de CAF «sin determinar», quedarán «expuestos» al amianto a su regreso a las naves a finales de agosto para desempeñar sus tareas, según el expediente abierto. Todo ello es considerado una «falta muy grave» por la entidad vasca de control laboral.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco ha dispuesto una serie de ayudas adicionales a las ya existentes para el sector vitivinícola con el propósito de restaurar el «actual desequilibrio» entre la oferta y la demanda y paliar la pérdida de rentabilidad de las empresas viticultoras alavesas. Supondrá una inyección adicional de 17,6 millones de euros este año. Alrededor de diez millones se destinarán a la cosecha en verde (la eliminación total de los racimos de uvas cuando todavía están inmaduros) y a la destilación en Rioja Alavesa. Estas medidas vienen motivadas por el volátil escenario geopolítico. La inestabilidad derivada de la invasión rusa de Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina han mantenido el encarecimiento de combustibles, materias primas y otros suministros. Ante la previsión de que esta situación de mercado se prolongue. el Ejecutivo vasco, en colaboración con la Diputación de Álava, pone de nuevo a disposición del sector vitivinícola las subvenciones destinadas a la cosecha en verde de viñedos de la DOCa Rioja ubicados en el territorio histórico para la campaña 2023-2024. La partida inicialmente asignada asciende a 1,8 millones de euros. No obstante, en caso de que haya más solicitudes admisibles, «se incrementará con fondos propios hasta poder atender un máximo de 1.500 hectáreas en total», detalla la consejería que dirige Arantxa Tapia. Por medio de la cosecha en verde se eliminan los racimos de viñedos que se destinen a la producción de uva para vinificación cuando todavía están «inmaduros»; de forma que se reduzca a cero el rendimiento de la parcela, sin que puedan existir uvas sin vendimiar en el suelo de viñedo objeto de la ayuda.

El actual director financiero de la empresa alavesa Vidrala, Raúl Gómez, pasará a ser su nuevo CEO a partir del 30 de junio. El proceso de sucesión planificado en la compañía de fabricación y venta de envases de vidrio incluye la propuesta de que su actual consejero delegado, Gorka Scmitt, se integre como miembro del consejo de administración de la compañía. El relevo se anunció ayer, así como la convocatoria de la junta general de accionistas para el próximo 30 de abril, en la que se votará la propuesta de un dividendo extraordinario de cuatro euros por acción, condicionado a la venta efectiva de la filial Vidrala Italia. El nuevo CEO mostró su orgullo por «construir sobre el legado de Gorka para seguir fortaleciendo la posición de liderazgo del grupo y aprovechar las muchas oportunidades que están por venir». Según avanzó, Raúl Gómez se centrará en «regiones estratégicas» para garantizar un crecimiento rentable donde «el cliente, el coste y el capital» sigan siendo claves. La junta general de accionistas del 30 de abril detallará las previsiones oficiales para 2024 e incluirá la propuesta del dividendo extraordinario relacionado con la venta de Vidrala Italia. El pasado 28 de febrero la compañía anunció el acuerdo que posibilitará la decisión, sujeto actualmente a las aprobaciones habituales. Con esta desinversión, la compañía alavesa se enfocará en territorios estratégicos y en la materialización del valor creado en la región transalpina. Vidrala destaca el crecimiento derivado de la integración de Vidroporto en Brasil, la confianza en consolidar los resultados en Europa y Reino Unido y una mejora en los niveles de competitividad, gracias a las inversiones realizadas para realinear la huella industrial.

El Servicio Público de Empleo, Lanbide, empezará a comunicar en abril a parados de larga duración la persona que se les ha asignado para ejercer la labor de tutoría y acompañamiento para la mejora de su empleabilidad, dentro de una planificación progresiva que alcanzará en septiembre a la totalidad de los demandantes de empleo, estén en paro o no. La Ley Vasca de Empleo, aprobada por el Parlamento de Vitoria el pasado mes de diciembre y cuya entrada plena en vigor se producirá el 26 de junio, establece el derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad a toda persona que se inscriba en Lanbide y que lo demande. No obstante, en el caso de quienes están en paro, esta medida se aplicará de forma automática si la persona interesada no cuenta con dicho plan en los 18 meses anteriores, según explicó ayer Lanbide en un comunicado. También se prevé revisar ese diagnóstico si una situación de desempleo se prolonga doce meses. A partir de ese análisis, la ley garantiza un plan integrado y personalizado que estará en vigor dos años, con revisiones anuales, para lo que Lanbide no sólo garantizará los servicios y actividades que se acuerden, sino que en todo el proceso haya el acompañamiento del profesional de referencia que se haya asignado desde el principio o que la persona usuaria haya decidido. Aunque se prevé que este proceso esté en marcha a los dos meses de la entrada en vigor de la ley, con la asignación y comunicación de ese profesional de referencia a las personas inscritas en Lanbide, se espera que en el tiempo previo se atienda ya a quienes están inscritas como desempleadas, con prioridad de aquellas que no tengan un perfil previo o que cuenten con uno de hace más de año y medio, empezando por quienes tengan mayor antigüedad.

Euskadi cerró el primer mes del año con un superávit de 125 millones de euros en sus cuentas públicas, lo que supone el 0,14% del PIB vasco, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Con esas cifras, en términos absolutos el País Vasco fue la comunidad autónoma con mayor superávit en sus cuentas, mientras que en porcentaje en relación al PIB fue la segunda, solo superada por Asturias, cuyo superávit fue del 0,21%. En el mismo mes del año pasado, las cuentas públicas vascas cerraron en equilibrio. En el conjunto de España, el déficit sumado de la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 5.511 millones de euros en enero, lo que supone el 0,36% del PIB, frente al 0,41% del mismo mes de 2023, y un descenso del 7,9% respecto al año pasado. El déficit solo de la Administración central se situó en 3.957 millones a finales de enero, el 0,26% del PIB. Este resultado es inferior, excluida la ayuda financiera, en un 12,3% al del mismo mes de 2023 con 4.512 millones. Por su parte, las administraciones de las comunidades autónomas registraron un déficit de 1.236 millones, lo que equivale al 0,08% del PIB, frente al déficit del 0,07% alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 4,6%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 3,1%. Los impuestos han crecido un 4,4% incrementándose hasta los 6.225 millones. Por último, los Fondos de la Seguridad Social a finales de enero se anotaron un déficit de 318 millones, inferior en un 38,4% al de enero de 2023. Por otra parte, el Ministerio de Hacienda ha trasladado a la oficina estadística europea Eurostat el dato oficial de déficit público del 3,64% del PIB a cierre de 2023. 

La posición fiscal de las comunidades a cierre de 2023 fue mejor que un año antes, pero peor de lo previsto: más de la mitad de los territorios rebasó la meta de déficit fijada, del 0,6% del PIB, pese a la mejora de la recaudación y los voluminosos recursos procedentes de la financiación autonómica. Los mayores desvíos se dieron en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía, que llegaron a duplicar la tasa establecida. Tampoco cumplieron en su conjunto. El desfase entre ingresos y gastos regionales se situó en el 0,91% del PIB, tres décimas por encima de la tasa de referencia, según los datos de cierre presupuestario publicados por el Ministerio de Hacienda, que resalta cómo estos números rojos se hubiesen disparado sin las liquidaciones del sistema. En el tramo final del año, como suele pasar, el agujero engordó a un ritmo más rápido, saltando del 0,13% del PIB del tercer trimestre al 0,91% del último, tanto que la Autoridad Fiscal estimaba que las autonomías cumplirían con el 0,6% con los datos hasta septiembre. El saldo final es negativo en 13.254 millones de euros, algo menos con respecto a diciembre de 2022 (15.119 millones), gracias a un aumento de los ingresos superior al de los gastos y pese a las rebajas de impuestos acometidas por la mayoría de las comunidades, sobre todo en el IRPF. Su impacto, no obstante, aún no es palpable en los recursos del sistema. 

El último Sociómetro del Gobierno vasco dibuja las elecciones autonómicas más inciertas de las últimas décadas. PNV y Bildu empatarían a 29 escaños, aunque los jeltzales serían la fuerza más votada –35,7% frente a 33,7%–. La encuesta augura el Parlamento vasco más nacionalista de la historia y mantiene al PSE como socio imprescindible. A menos de un mes de la cita con las urnas, nada se puede dar por hecho salvo que Euskadi vivirá las elecciones autonómicas más inciertas de los últimos tiempos. Valga un dato: uno de cada cuatro votantes aún está indeciso. La batalla por la victoria está tan ajustada que, según el Sociómetro del Gobierno vasco publicado ayer, PNV y EH Bildu empatarían a escaños (29 para cada uno), si bien los jeltzales serían primera fuerza en votos (35,7% frente a 33,7%). La proyección otorga así la llave de la gobernabilidad a un PSE-EE estancado, al igual que el PP. Sumar se quedaría al borde del precipicio y tanto Podemos como Vox desaparecerían. El estudio demoscópico, con 3.030 entrevistas telefónicas, recogió los datos entre el 15 y el 20 de marzo, cuando casi todos los partidos habían esclarecido ya sus listas y comenzaban a celebrar actos de precampaña. La ciudadanía, sin embargo, no mostraba todavía grandes síntomas de movilización a la vista del discreto interés que despiertan las autonómicas (poco o nada para más de la mitad de los consultados) y el reducido grado de notoriedad de los candidatos (el más conocido, Imanol Pradales, apenas lo es para el 44%). El sondeo prevé una participación cercana al 61%, similar a las tasas previas a los comicios de 2020, condicionados por la pandemia.

La retirada de parte de las medidas de apoyo para combatir el impacto de la inflación en hogares y empresas está teniendo su consecuencia directa en la tasa de inflación desde que comenzó el año. Este mes ha vuelto a repuntar cuatro décimas hasta situarse en el 3,2%. Un alza motivada principalmente por la subida del IVA de la luz tras decaer parte de las medidas anticrisis, según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística. El IVA de la luz llevaba reducido desde junio de 2021, hace casi tres años. En enero la inflación estaba en el 3,4%, pero en febrero los precios se contuvieron hasta el 2,8%, la primera vez que la tasa se reducía por debajo del 3% desde agosto de 2023. Desde el INE achacan la subida de marzo al precio de la electricidad, pero también al alza de los carburantes en comparación con la bajada que experimentaban el año pasado. La tasa que sí ha seguido a la baja en marzo es la inflación subyacente, que permite analizar el comportamiento de los precios en la cesta de la compra de productos y servicios diarios, al excluir los costes energéticos y alimentos no elaborados, que son los más volátiles. La subyacente se encuentra ahora en el 3,3%, dos décimas por debajo del nivel de febrero y la menor tasa en dos años. Además, ya solo está una décima por encima de la inflación general. El ministro de Economía Carlos Cuerpo, señaló en una valoración ante los periodistas que este «ligero incremento» de la inflación se debe a la «normalización del tipo impositivo para la electricidad como consecuencia de la bajada de su precio en febrero».

Los días de mayor número de desplazamientos por carretera en la Semana Santa llegan con el precio de la gasolina en máximos en lo que va de año después de encadenar nueve semanas de subidas consecutivas, aunque llenar el depósito con este combustible será ligeramente más barato con respecto a las mismas festividades del año pasado. Por su parte, el precio del gasóleo repunta tras tres semanas de bajadas, pero llenar el depósito de un vehículo diésel supondrá un importe algo superior al de la Semana Santa de 2023. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica indican que el precio medio de la gasolina 95 estaba ayer en 1,65 euros el litro. En el caso del gasóleo A (diésel), el precio medio se situaba en 1,55 euros el litro, volviendo a valores de finales de febrero después de la moderación que había experimentado este mes. La Dirección General de Tráfico prevé más de 9,6 millones de desplazamientos por carretera desde la tarde de ayer hasta la medianoche del próximo lunes, festivo en siete comunidades. Y para repostar todos esos vehículos hay enormes diferencias de precio entre las gasolineras españolas. Así, de la más cara y la más económica hay un margen de hasta casi 60 céntimos por litro. Es decir, una diferencia de más de 30 euros por depósito.

El despliegue del autoconsumo, el impulso del ahorro y la eficiencia energética y el cierre de industrias, unido a temperaturas más suaves, están provocando un derrumbe de la demanda y de los precios eléctricos cuyas consecuencias son imprevisibles. Según un informe de Grupo ASE, el consumo de electricidad ha retrocedido a niveles de hace 20 años: en lo que va de año ha caído un 0,8% respecto a 2023 y en cinco años se ha acumulado un descenso del 7,6%. La demanda eléctrica se ha desvinculado del crecimiento de la economía, a la que históricamente había ido pareja, subraya el estudio. A la caída del consumo, que no tiene visos de mejorar, se une la de los precios de la luz, que se derrumbaron un 44% en marzo respecto a febrero (22,12 euros/ MWh) y un 71% sobre los de hace un año. Para hoy jueves, la subasta ha cerrado en 66 céntimos/MWh. A todo ello ha contribuido, amén de la citada caída del consumo, el fuerte despliegue de plantas fotovoltaicas, la situación climática que ha favorecido una mayor generación eólica e hidráulica, el almacenamiento estratégico de gas y la condición de isla energética de España. Para ASE, si la demanda sigue al ritmo actual, “la generación renovable no dispondrá de contraparte compradora y podría enfrentarse a escenarios de pérdida de rentabilidad a corto plazo”. Se paralizarían nuevos proyectos por falta de financiación e, incluso, “se produciría la quiebra de empresas, que podrían ser absorbidas por las grandes compañías del sector”, subraya el informe. Según matiza Juan Antonio Martínez, analista del grupo, “nos referimos a pequeños inversores fotovoltaicos, que invirtieron hace dos o tres años atraídos por las elevadas rentabilidades derivadas de los altos precios y que no han conseguido colocar su energía a través de contratos a plazo (PPA)”. Estos inversores no podrán afrontar el actual escenario de precios deprimidos y su situación se complica si han pedido financiación o, en el caso de los proyectos en marcha, si van a pedirla.

El Banco de España contrajo en 2023 el mal que aqueja a la gran mayoría de bancos centrales del mundo. Por primera vez en su historia no fue capaz de generar beneficios y solo ha evitado la pérdida después de realizar una cuantiosa provisión, por 6.612 millones de euros, que permite dejar el resultado neto a cero. No habrá, por tanto, ganancia alguna que transferir al Tesoro Público, que de forma sistemática había recibido las ganancias del Banco de España. Nada que ver con los 2.162,34 millones de euros de beneficios que el banco central inyectó este año al Estado con cargo al ejercicio de 2022. La causa del descalabro no es otra que la subida de los tipos de interés, que ha abierto una amplia brecha entre los gastos y los ingresos de la institución. En concreto, de 6.612 millones de euros, cubiertos con provisiones. El Banco de España ha pasado a remunerar mucho más por los depósitos de las entidades financieras, mientras que los ingresos que recibe por los activos de deuda que tiene en cartera son muy inferiores y van a tardar en elevarse. Es lo que los bancos centrales denominan riesgo estructural del balance, foco de pérdidas en el corto y en el medio plazo para estas instituciones. El beneficio cero del Banco de España en 2023 es, de hecho, el reverso de los largos años de tipos cero en la zona euro, en los que los bancos centrales no remuneraban sino que cobraban a la banca por su liquidez, mientras atesoraban a manos llenas deuda soberana con unos tipos de interés bajísimos. 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que debe considerarse como antigüedad del trabajador el tiempo de inactividad que pasa un fijo discontinuo, a la espera de que le vuelva a llamar la empresa o la administración para reincorporarse al empleo. Por lo tanto, ese tiempo no solamente vale para que, en su momento, el trabajador pueda promocionar, sino que además es una estancia que acumula en la empresa y que, en su caso, suma indemnización ante un eventual despido. El alto tribunal dice que la relación laboral entre la administración, como en este caso, o la empresa y el trabajador, se mantiene mientras el empleador no prescinda de él definitivamente. Y eso, con todas las consecuencias. Así resuelve el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el caso del trabajador que, tras convertirse, posteriormente, en funcionario de la misma Agencia Tributaria, reclamó la antigüedad acumulada cuando trabajó previamente como fijo discontinuo. Reclamación que incluía los tiempos en los que permanecía como inactivo, entre llamada y llamada. Hacienda rechazó la petición del funcionario al esgrimir el artículo 1 de la Ley 70/1978, sobre los servicios en la administración, que establece expresamente que el reconocimiento de servicios previos [del trabajador] en la administración se refiere a servicios “efectivos”. Es decir que, en su opinión, “debe tratarse de tiempo realmente trabajado, con independencia de la duración total de una relación de trabajo que, por definición, al ser de naturaleza fija discontinua, supone la existencia de intervalos sin llamamientos para trabajar”. 

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales puedan participar en los consejos de administración de compañías y grupos empresariales. La propuesta, que se debatirá en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, tiene por objeto impulsar un funcionamiento «más democrático de las empresas», dice Sumar. El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar no incluye esta propuesta de presencia sindical en los consejos de administración, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo reclama desde hace tiempo. En la última celebración del Primero de Mayo afirmó que «la democracia tiene que llegar a las empresas». La propuesta recuerda a la ley de cogestión que se aplica en Alemania, basada en la participación sindical en empresas con más de 500 empleados, con una presencia sindical más significativa en las que superan los 2.000. Sumar alude a dos directivas europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea, que se transpusieron en 2006. También recuerda que la propia Constitución ordena a los poderes públicos promover, de manera eficaz, las formas de participación en la empresa. Sumar defiende reforzar el marco normativo en relación con los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras «en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa».

En los últimos meses, Boeing ha cambiado su cúpula directiva en dos ocasiones. En diciembre nombró a su primer director de operaciones y en febrero destituyó al responsable del programa 737 Max después de que uno de sus aviones perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo de Alaska Airlines. El lunes, el fabricante de aviones estadounidense fue más allá, insistiendo en que hace lo posible por contener una crisis que ha llevado a reguladores, inversores y clientes a cuestionar su historial de seguridad. Dave Calhoun, nombrado CEO hace menos de cinco años para intentar resolver la crisis provocada por el accidente de dos aviones 737 Max con pocos meses de diferencia, dejará su cargo a finales de año. El presidente del consejo de administración, Larry Kellner, abandonará la empresa en mayo. Stan Deal, responsable de la división de aviones comerciales desde 2019, está a punto de jubilarse y será sustituido por Stephanie Pope, que hace menos de tres meses fue nombrada directora de operaciones. El consejo de Boeing se reunió el pasado fin de semana para ultimar los detalles. Boeing afronta de nuevo la tarea de nombrar otro consejero delegado capaz de hacer frente a los continuos problemas de calidad en la fabricación, todo ello bajo la atenta mirada de reguladores e inversores.

La debilitada economía alemana no se recuperará este año tan rápido como se esperaba en otoño. De hecho, apenas crecerá. Los cinco principales institutos de investigación económica de Alemania corrigieron a la baja su pronóstico de crecimiento para el año en curso. Ahora solo esperan un crecimiento del 0,1%, frente al 1,3% que preveían hace seis meses. Mientras, para el año que viene vaticinaron un crecimiento del 1,4% en lugar del 1,5% anterior. Esta proyección apenas difiere de la que dio el pasado mes el ministro de Economía alemán, Robert Hebeck, cuando anunció un crecimiento económico del 0,2% para 2024 y del 1% para 2025 y calificó las perspectivas de “dramáticamente malas”, después de que la economía alemana se contrajera un 0,3% en 2023 debido a la crisis que registra su sector industrial, lastrado por los elevados precios de la energía y una demanda baja. Durante la presentación del informe de primavera, los expertos hablaron de “vientos en contra” para la economía alemana procedentes del interior y del extranjero. “Aunque las perspectivas de la economía mundial han mejorado algo recientemente, es probable que la expansión económica siga siendo moderada por el momento”, declaró Klaus-Jürgen Gern, del Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW Kiel), durante la presentación del informe en Berlín. La notable corrección a la baja de su pronóstico anterior se debió, entre otras cosas, al hecho de que “las exportaciones alemanas hayan evolucionado mucho más débilmente” de lo que pensaban en otoño, reconoció el economista Stefan Kooths (IfW Kiel).

Francia no excluye llevar a cabo «requisiciones» en la industria de armamento para acelerar la producción y apoyar así mejor a Ucrania en un contexto de «economía de guerra», según ha revelado por sorpresa el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu. «Por primera vez, no excluyo utilizar lo que la ley permite hacer al ministro y al delegado general para el armamento; es decir, que si la cuenta no está en materia de cadencia o de plazos de producción, hacer requisiciones cuando proceda o hacer valer el derecho de priorización». Su anuncio acentúa la línea que parece haber marcado el presidente galo, Emmanuel Macron, de pretender asumir el liderazgo político de la UE frente a la agresión rusa en Ucrania, que visibilizó cuando instó recientemente a estudiar el envío de tropas de la OTAN a la exrepública soviética. Aparte del rechazo de una amplia mayoría de países aliados, sus manifestaciones han «enfurecido» a EE UU, según informó ayer el canal Bloomberg, por el riesgo de «fomentar un enfrentamiento con Rusia». Funcionarios estadounidenses señalaron que las palabras de Macron «no fueron muy inteligentes desde el punto de vista de la seguridad operativa». Ahora, su responsable de Defensa ha explicado que no excluye las «requisiciones de personal, de stocks y de instrumentos de producción» para dedicarlos a la fabricación de material militar. Algo parecido a lo que ha hecho la propia Rusia, que ha reconvertido fábricas y cadenas de producción a fines militares y multiplicado los turnos de trabajo de los empleados. Lecornu admitió que la requisición es «el instrumento más duro del arsenal jurídico. Por el momento, no está sobre la mesa. Pero lo cito porque existe y porque crea legibilidad para todo el mundo y no habrá sorpresas». Antes de esa medida, el ministro consideró que «en las próximas semanas» el Gobierno podría «hacer valer el derecho de priorización. Es decir, cuando se tiene una empresa o subcontratista que producen a la vez objetos civiles y objetos militares, se ordena a la empresa realizar el pedido militar antes que el pedido civil».