20240419

Aunque de forma muy lenta, a una velocidad inferior a la que sería necesario para mejorar la competitividad del conjunto de la economía vasca, la estructura empresarial camina en la senda de crecimiento de su tamaño medio. Un estudio publicado ayer por la patronal vasca Confebask, sustentado por datos del registro de la Seguridad Social, revela que las empresas de Euskadi alcanzaron a principios del pasado año un récord en su tamaño medio, que se sitúa en 6,23 trabajadores. En 2010 esa media se situaba en tan solo 5,29 empleados por empresa. Esa tendencia de crecimiento del tamaño medio se ha mantenido en los últimos 15 años, con algunas excepciones en los tiempos de crisis en los que se registraron algunos descensos. Pese a todo, la brecha que separa el tamaño medio de las compañías vascas con el que alcanzan en los países más avanzados del entorno aún es evidente. Así, las empresas alemanas tienen una media de 9 empleados, mientras que en Francia es de 8. La evolución del entramado empresarial vasco revela una progresiva pérdida de peso de las microempresas –pese a que son una abrumadora mayoría–, que tienen menos de diez empleados. Este colectivo representaba el 93,33% en 2008 y ha perdido algo más de un punto para suponer ahora el 92,28%. Con ello han ganado peso todas las escalas superiores de tamaño. Las pequeñas (entre 10 y 49 empleados) suponen el 6,32%; las medianas (entre 50 y 249 trabajadores) son el 1,18% y las grandes (las de más de 250 personas en plantilla) llegan al 0,25%, una tasa que estaba en el 0,15% hace 15 años. Ver newsletter completo aquí. 

El paro registró en Euskadi una subida significativa en el primer trimestre respecto al último de 2023, al pasar del 7,2% al 7,9%, según la encuesta del Eustat publicada ayer. El número de personas desempleadas se incrementó en 9.100 entre enero y marzo, el mayor aumento en casi una década. Todo ello a pesar de que se crearon 1.500 puestos de trabajo en el periodo en un mercado laboral animado por una Semana Santa tempranera. Esta aparente paradoja se explica por el aumento de la población activa, es decir, aquella en edad de trabajar que busca activamente un empleo. El incremento del paro registrado en este primer trimestre es el mayor desde 2015. No obstante, conviene matizar que esa tasa de paro del 7,9% sigue siendo la más baja desde 2009, poco después de estallar la crisis financiera y cuando comenzaba una ola de destrucción de empleo. En 2008 se situaba por debajo de 4%. De acuerdo con el Eustat, al cierre del primer trimestre se contabilizaban 980.900 ocupados en el Euskadi y 84.600 parados. Los números no coinciden con los de la Seguridad Social y el SEPE, que recogen más de un millón de cotizantes y 111.500 parados respectivamente, pero la tendencia que dibujan sí es la misma. Según estas fuentes, el empleo apunta a un nuevo récord histórico en abril después de que entre febrero y marzo se haya logrado compensar el bache de enero. En cuanto al paro, se observa un aumento respecto al cierre de 2023.

Las empresas de Gipuzkoa requerirán este año contratar a 8.500 trabajadores para poder atender sus necesidades de empleo. Prácticamente la mitad de esos puestos de trabajo, 4.100, serán de nueva creación, mientras que el resto de nuevas contrataciones las necesitarán para cubrir las jubilaciones, bajas, ceses y despidos.n Así lo constata la quinta encuesta realizada a finales del año pasado por Adegi entre las empresas de Gipuzkoa sobre sus previsiones de empleo y contratación para este ejercicio, así como en relación al tipo de perfil requerido y las dificultades que encuentran las empresas para cubrir esos puestos. El informe señala que las perspectivas de actividad y crecimiento que señalan las empresas del territorio siguen siendo robustas para este 2024 tras un espectacular crecimiento del empleo en los dos años anteriores y apuntan a que se mantendrá dicha tendencia con una ligera y lógica desaceleración. Así, las firmas del territorio prevén que se necesitarán esas 8.500 nuevas contrataciones en el sector privado, de las que el 60% serán indefinidos, principalmente a jornada completa. De todas las contrataciones, 4.300 se requerirán para sustituir las jubilaciones previstas (2.200) –el 63% se reemplazarán mediante contratos de sustitución y relevo– y las salidas que se producirán por bajas, cierres de empresas o despidos (2.100), principalmente en metalurgia, comercio, hostelería y actividades profesionales. El resto serán para afrontar las expansiones de sus negocios o para acometer nuevas actividades. De hecho, el 52% de las empresas sondeadas por Adegi señala la necesidad de contratar más personas por estas cuestiones.

La encuesta de Adegi también introduce otro elemento de análisis, como es el de las preferencias de las empresas en lo que corresponde a la edad a la hora de contratar mano de obra. La edad preferida es por debajo de los 35 años, una opción que señalan el 42,4% de las empresas encuestadas. En segundo lugar se sitúa la franja que va entre los 35 y los 45 años, con el 40,3%. En este caso, llama la atención que es la única que crece y además lo hace en casi trece puntos, ya que un año antes tan solo optaban por ello el 27,6% de las firmas. Para un 15,6% de los encuestados, la edad les es indiferente, tres puntos menos que el ejercicio anterior, y tan solo el 1,9% se decanta por contratar a mayores de 45 años, nueve décimas menos que en 2022. En todo caso, la de la edad no es uno de los aspectos que se priorizan en la selección de personal, ya que no llega ni al 4% de las respuestas en el sondeo, como indica la patronal guipuzcoana. No obstante, el director de Formación y Talento de Adegi, Mikel Sarriegi, señala que ese aumento de la franja de entre 35 y 45 años puede explicarse por dos cuestiones. La primera, por la pirámide demográfica; es decir, cada vez hay menos jóvenes y hay en consecuencia un mayor nicho trabajadores disponibles en ese tramo. Pero también apunta que otra de las razones es que las empresas valoran cada vez más la experiencia de los candidatos. Este es un valor al alza, como se demuestra en la encuesta. De hecho es el tercer aspecto más valorado (lo mencionan el 69% de las empresas). El 40,3% de las empresas prefiere ese tramo de edad, trece puntos más que en 2023. Solo el 1,9% opta por mayores de 45 años la formación (72%). Pero es el que más crece, ya que sube trece puntos porcentuales respecto al año anterior.

Mercedes Vitoria continúa sumando días en blanco a su producción. La empresa comunicó ayer a los trabajadores que los viernes 10, 17, 24 y 31 de mayo, no se trabajará. Se impondrá una parada total en todas los áreas productivas. No habrá así actividad en Montaje Bruto, Pintura y Montaje Final por «la necesidad de ajustar la capacidad productiva de la planta a las demandas de los mercados a través de las medidas recogidas en el marco de flexibilidad». Una situación que se ha notificado a la plantilla apenas dos días después de cancelarse oficialmente también el 26 de abril lo que significa que el lunes día 22 será el último laborable antes de iniciarse un periodo de casi dos semanas, hasta el 6 de mayo, en el que se bajará la persiana en la mayor empresa vasca, con 4.800 trabajadores. Con este anuncio, continúa ese suma y sigue de cancelaciones de jornadas que arrancó con el año y que ha obligado a pactar un nuevo marco de flexibilidad para esquivar el ERTE. Los cuatro días más que se suspenderán el próximo mes afectarán, como viene siendo habitual, a todo el personal directo, indirecto y coaligados con la excepción de aquellos operarios requeridos para llevar a cabo las tareas imprescindibles de mantenimiento. La dirección de la factoría señala también en su comunicación interna que solo la suspensión programada para el 10 de mayo «supondrá que nuestra fábrica habrá alcanzado el límite negativo de -144 horas (-18 días) que se establece en la cuenta de referencia del Convenio Colectivo». Lo que significa que desde el siguiente día cancelado (17 de mayo) en adelante, «se aplicarán las condiciones establecidas en el acuerdo» alcanzado en el pacto del pasado 21 de marzo.

‘Continuidad con viabilidad’ es el lema bajo el que expertos en la Ley Concursal cierran hoy tres jornadas de reflexión en Vitoria. Un año más, las Jornadas Concursales –que finalizan hoy en el Europa– han vuelto a juntar en la capital alavesa a jueces, catedráticos y letrados para analizar los procesos judiciales que afectan a las empresas sin solvencia. Pese a que una reforma legal en 2022 disparó los temores a una avalancha de concursos en los despachos de abogados, la realidad y el momento económico, relativamente buenos, han hecho que los peores presagios no se cumplan. En Álava los concursos empresariales no sólo no han crecido, sino que han descendido ligeramente, pasando de 41 en 2022 a 38 en 2023, según datos de Informa D&B. En el territorio, han sido las sociedades vinculadas al comercio (12), la actividad industrial (9) y la construcción (4) las que más han tenido que enfrentarse a estos procesos. Alfonso Muñoz Paredes es el director técnico de estas jornadas. Con una amplia experiencia a sus espaldas, es magistrado especialista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en materia mercantil. Aunque desde la justicia se lleva «20 años informando» de las bondades del sistema, cree que hay una «dinámica histórica» por la que las empresas asocian esa idea a la desaparición. «Hay un estigma y por eso muchas empresas acaban en liquidación sólo porque han llegado tarde», señala. La realidad es que hay numerosos ejemplos de empresas que han sabido solventar situaciones concursales. Un ejemplo claro de esto es el propio Alavés: tras la gestión de Piterman llegó a estar en concurso de acreedores y consiguió salvar la situación. En la capital, no obstante, también hay ejemplos de lo contrario, como la reciente desaparición de URSSA, de la que ya sólo quedan unos pocos vestigios.

La cifra de negocios de la industria vasca descendió un 10% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esa caída fue la mayor registrada entre todas las comunidades autónomas, mientras que en el conjunto de España se experimentó un aumento de la facturación industrial del 1,7%, su mayor alza desde marzo del año pasado. En el acumulado de los dos primeros meses del año, la cifra de negocios de la industria vasca ha descendido un 6,7%. Por su parte, las ventas de la industria en el conjunto del país registran un incremento acumulado del 1,6%. El INE también publicó ayer los datos correspondientes a las ventas del sector servicios en febrero, en el que Euskadi experimentó un aumentó de su facturación de un 1% respecto al mismo mes del año pasado, la menor subida de todas las comunidades autónomas. A nivel nacional este sector registró un alza del 5,4% en su facturación, su mayor subida desde hacía casi un año. En los dos primeros meses de 2024 la facturación de los servicios ha descendido un 0,6% en Euskadi. Se da la circunstancia de que en febrero el País Vasco fue la comunidad que más cayó en su ventas industriales y la que menos creció en las de servicios.

ELA insistirá en sus mensajes de «confrontación política, social y sindical» como medio para lograr el «cambio social», en sus mensajes de cara al Primero de Mayo. El sindicato mayoritario de Euskadi afronta la cita anual bajo el lema ‘Antolatu, borrokatu, irabazi’, con sendas manifestaciones en Bilbao (Sagrado Corazón) y Pamplona (plaza de la Cruz) a partir de las 11.30 horas. Así lo anunció ayer en Bilbao Mitxel Lakuntza, secretario general de la central. En su intervención de cara al día del trabajador, en euskera y castellano, el líder de ELA recordó que hay cuatro cuestiones principales que resumen la coyuntura socioeconómica: «el aumento de beneficios empresariales; el empeoramiento de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora (pérdida de poder adquisitivo, empeoramiento de los servicios públicos, vivienda, precariedad...); la complicidad de los gobiernos, y la falta de oposición y propuesta alternativa desde la izquierda institucional», en una alusión que pareció ir dirigida a EH Bildu. Ante esta realidad, Lakuntza defiende una orientación radicalmente diferente de las políticas públicas. «La única posición coherente para conseguir un cambio social es mediante la confrontación política, social y sindical contra los intereses patronales y los poderes económicos». «Rehuir esa confrontación es rehuir los cambios que necesita la clase trabajadora», agregó el secretario general de ELA.

De las 679 huelgas que hubo en España en 2022, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, 320 fueron en Euskadi. Es decir, el 4,5% de la población del país concentra casi el 50% de la conflictividad laboral. El año pasado, de acuerdo al Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, 58.307 trabajadores participaron en otras 325 huelgas. No es un fenómeno nuevo —aunque el número oscila bastante: 298 en 2010; 164 en 2016; 308 en 2019...— y no puede explicarse solo con cifras porque la comunidad con más conflictos laborales es también la que dispone del salario medio más alto de España (2.545,83 euros) y la tasa de paro (6,6%) más baja del país. El arraigo sindical forma parte de la identidad vasca.Sus trabajadores protestan más porque llevan toda la vida haciéndolo. Las organizaciones presentes en el territorio explican que esa mejor coyuntura laboral obedece, precisamente, a la lucha en la calle. “Tenemos las condiciones de trabajo que nos hemos ganado”, afirma Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva de ELA, el sindicato mayoritario. Loli García, secretaria general de CCOO en Euskadi, comparte que la situación es mejor, pero añade: “También la vida es más cara aquí, especialmente la vivienda, y en los últimos años hay un retroceso en los servicios, sobre todo en la joya de la corona, la sanidad. Peleamos para que no se deteriore más y para que los beneficios de las empresas redunden en los trabajadores”. El PNV, que desde 1980 ha presidido Euskadi todas las legislaturas menos una, acusa a los sindicatos de dibujar un panorama “catastrofista” y perseguir fines “electoralistas” con sus últimas jornadas de protesta. 

Uno de los objetivos de la nueva ley de RGI, puesta en marcha hace un año, era la agilización de los procesos para actualizar las cuantías que cobran los perceptores de esta ayuda si cambia su situación. Lanbide apostó por iniciar en este 2024 un calendario trimestral para modificar los importes. Eso supone que, quienes reciben la Renta de Garantía de Ingresos, cobren tres meses lo mismo, hasta la siguiente renovación, en la que se revisa la documentación y, en caso de que las condiciones personales o laborales de esa persona no sean las mismas, se cambia el importe que percibe. El Servicio Vasco de Empleo acaba de concluir la primera actualización completa de todos los expedientes (57.941) con el nuevo sistema. Y eso ha permitido dos cosas. La primera, descargar a los empleados de burocracia, ya que, gracias a la interoperabilidad con otras administraciones, el 95% de los procedimientos se han resuelto de forma automática. La segunda, detectar que 1.500 personas no recogen las cartas que les remiten desde las oficinas de empleo. Con la entrada en vigor de la nueva RGI, y del nuevo proceso de cobros, Lanbide remitió misivas a todos los perceptores. Primero, se les informó de que la manera de percibir la ayuda y de presentar la documentación iba a cambiar. En otra, en base a las circunstancias personales de cada beneficiario, se les explicaba cuánto dinero les correspondía. «Hay 1.500 casos en los que esas notificaciones no han sido recogidas», explicó ayer el Departamento de Trabajo y Empleo en una nota.

La compañía hernaniarra Couth, especializada en soluciones de trazabilidad industrial y sistemas de visión artificial inteligente con presencia en 66 países, inauguró ayer oficialmente su nueva sede central ubicada en el Campus Hernani del Parque Tecnológico de Euskadi. El nuevo edificio cuenta con una superficie construida de 5.500 metros cuadrados, con una inversión de 5,5 millones de euros y se trata de un edificio singular, con un diseño de vanguardia, que va a permitir a la compañía el autoconsumo de energía mediante paneles fotovoltaicos. El acto contó con presencia de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, y el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, con el presidente de Couth, Leonard P. ‘Buck’ Wessell, y el CEO de la compañía, José Antonio Erdozia, de cicerones. Todos recorrieron su nueva distribución interior, orientada a la eficiencia de las operaciones y al fomento de las actividades de más valor añadido para Couth como los desarrollos de software propio, tanto en sistemas de trazabilidad como sistemas de visión artificial punteros; así como sistemas predictivos de rechazos en procesos productivos mediante aplicación de inteligencia artificial. La firma, que finalmente apostó por seguir en Hernani, en el campus de Galarreta, busca liderar el sector de la inteligencia artificial aplicado al control de calidad industrial.

El juez de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge Mesas acordó ayer reabrir la causa por el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en junio de 1980 para aclarar la supuesta implicación de Arnaldo Otegi y del exintegrante de ETA José Aulestia, ‘Zotxa’. La decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de reabrir este sumario a solo unos días de las elecciones vascas se produce después de la denuncia de Dignidad y Justicia (DyJ), el colectivo de víctimas que dirige Daniel Portero, el hijo del fiscal asesinado por ETA. El instructor, en un auto fechado el pasado martes y al que ha tenido acceso este periódico, considera que a la vista de esa querella contra el coordinador general de EH Bildu y ‘Zotxa’ procede «incoar diligencias previas penales y practicar aquellas esenciales encaminadas» a «determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados» y aclarar si las «personas» denunciadas «intervinieron en ellos». En su demanda, DyJ reclamaba la reapertura de esta causa después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara en febrero las diligencias de investigación que había abierto en 2020 sobre este asesinato después de que la Fiscalía General se negara a prorrogar estas indagaciones, a pesar de la solicitud del fiscal del caso y de que faltaba la incorporación de un informe de la Guardia Civil sobre la preparación y ejecución del atentado mediante dos disparos en la cabeza por la espalda a Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha declarado a Iberdrola y a la Administración del Estado responsables civiles por la contratación por parte de la compañía eléctrica de los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así lo determinó el magistrado instructor en un auto dictado ayer por el que también propone juzgar al agente encubierto, a su socio Rafael Redondo y al que fuera director de seguridad de la compañía Antonio Asenjo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. De este modo, el juez instructor ordenó el pase a procedimiento abreviado –implica el inicio de la fase intermedia que abre la vía para formular los escritos de acusación– de la pieza número 17 de la macrocausa Tándem, en la que se han investigado una decena de encargos irregulares que Iberdrola, a través de su exjefe de seguridad, hizo al excomisario de policía entre 2004 y 2014 por 1.455.064 euros. La declaración de responsable civil a Iberdrola y a la Administración de los posibles delitos cometidos por los ahora procesados no supone la atribución de ningún hecho irregular, sino que simplemente responderán en última instancia si los acusados finalmente son condenados y no afrontan las indemnizaciones reconocidas a los afectados de los espionajes del comisario jubilado. En el caso de Iberdrola, eventualmente se hará cargo de las irregularidades cometidas por Asenjo; mientras que el Estado soportaría la responsabilidad pecuniaria relativa a Villarejo, ya que era un funcionario en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos.

Las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad desde el 7 de marzo de 2022. No obstante, de las más de 30.000 compañías que deberían tenerlo, solo hay poco más de 11.000 planes activos inscritos en el registro del Ministerio de Trabajo. Esto significa que solo un tercio de las empresas obligadas a tener estos planes estará ahora mismo cumpliendo la ley, según reflejan las cifras que manejan los sindicatos. ¿A qué obedece tanto incumplimiento de la ley de igualdad en esta materia? La clave está en que la norma exige que estos planes estén negociados obligatoriamente entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y, en el caso de que esta no exista, deberá llamar a los sindicatos mayoritarios para que envíen a sus técnicos a negociar el plan. Y son sobre todo estos casos, de empresas en los que no existe representación legal de los trabajadores, los que, según distintas fuentes patronales y sindicales, están agolpándose y formando un cuello de botella en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (Regcon); o las compañías ni siquiera llegan a intentar inscribirlos, porque los sindicatos mayoritarios no tienen suficientes recursos para atender tantas llamadas de negociación. Según la ley, las compañías inician el diálogo sobre el plan llamando a los interlocutores sindicales y estos tienen 10 días para contestar. Pero cuando la plantilla no tiene representantes legales, es muy habitual que esa llamada no se conteste a tiempo por la falta de personal de CC OO y UGT dedicado a esto. “En esos casos muchas empresas pasan meses llamando a los sindicatos para iniciar la negociación y si no reciben respuesta suelen reiterar la llamada y, si sigue sin resultados, algunas optan por crear una comisión ad hoc entre los trabajadores y negociar el plan de igualdad con ellos. Pero cuando después van al registro del Ministerio de Trabajo los funcionarios les impiden inscribir el plan porque no se ha negociado ni con la representación sindical ni con los sindicatos mayoritarios”, explica Daniel Cifuentes, socio de Laboral de Pérez-Llorca.

Si los buenos indicadores publicados hasta hace unas semanas apuntaban a un fuerte crecimiento del PIB en el arranque del año, las últimas cifras no solo permiten consolidar este optimismo, sino que además parecen indicar que el avance va de menos a más a lo largo del primer trimestre. Esto podría hacer que las previsiones oficiales que maneja el Ministerio de Economía, que anticipan un crecimiento de la actividad económica del 0,6% entre enero y marzo, pudieran quedarse cortas. En concreto, la facturación del sector servicios creció un 4,7% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, casi cuatro veces más que en enero, mientras que la de la industria entró en positivo por primera vez en diez años, con un alza del 0,5%, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Índice de Cifra de Negocios del sector servicios subió un 4,7% en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, lo que supone un notable acelerón respecto al mes anterior (1,2%) y, sobre todo, respecto a los últimos meses del año pasado. De hecho, entre abril y diciembre del año pasado se registró un incremento interanual del 0,3%, en promedio. Además, el avance mensual entre enero y febrero, un 2,1%, es el mayor desde principios de 2022. Por su parte, la cifra de negocios del sector manufacturero creció un 0,5% anual, un dato más débil en apariencia pero muy significativo, si se tiene en cuenta que la industria llevaba diez meses seguidos en contracción, con un retroceso medio del 3,6% a lo largo de este periodo. Por su parte, el avance mensual (1,1%) es el mayor desde agosto de 2022. Además, estos datos son más relevantes en tanto que se producen coincidiendo con una relajación de las subidas de precios. La fortaleza del sector servicios se debe fundamentalmente a la vigorosa recuperación del sector turístico. 

El Gobierno va a rediseñar el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura –que fija en qué profesiones los empresarios pueden contratar a extranjeros a los que se les tramita una autorización para residir y trabajar ante la dificultad para cubrir vacantes– porque no está siendo de mucha utilidad: en 2023, de los 26.000 permisos que se dieron a extranjeros para trabajar en el país, sólo 600 fueron para cubrir puestos identificados en esa lista. Así lo anunció ayer Carlos Mora Almudí, director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en un foro sobre relaciones laborales organizado en la CEOE: «Estamos trabajando en el seno de la Comisión Laboral tripartita [con patronal y sindicatos] en modificar el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en lo que se refiere a su elaboración. El año pasado hubo 26.000 autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, y solo 600 fueron en base a ese Catálogo. El resto fue por los informes del Sepe diciendo que no había demandantes. Esto implica que algo estamos haciendo mal, la empresa tiene que tener garantía de que hay puestos que puede completar en origen sin hacer otros trámites», aseguró. Esta lista de profesiones en las que está permitida la contratación a extranjeros extracomunitarios no residentes se actualiza trimestralmente y estipula para cada provincia los oficios en las que esta opción está permitida. La inmensa mayoría de las ocupaciones están vinculadas al empleo marítimo (maquinistas navales, auxiliares de buques de pasaje, camareros de barco, etc.), incluso en provincias de interior como Madrid. Abundan también las ligadas al deporte de élite (deportistas profesionales o entrenadores deportivos) y también algunos oficios vinculados con la construcción, como instaladores electricistas o montadores de carpintería. Mozos y conductores también están en la última versión, del primer trimestre de este año. Sin embargo, son muchas las áreas en las que las empresas se quejan de la dificultad de encontrar trabajadores, en segmentos de baja cualificación –como la hostelería, especialmente en algunas zonas tensionadas– y tambien en otros que requieren un nivel de formación elevado –informática, ingeniería o robótica, entre otras–.

En torno al 80% de los chips del mundo se fabrican en Asia. Y ese porcentaje aumenta aún más si se cuentan solo los procesadores más avanzados del mercado. Pero esta abrumadora supremacía oriental no sería posible sin una empresa europea: ASML. Porque es la única compañía capaz de fabricar las gigantescas máquinas de litografía ultravioleta necesarias para producir los preciados semiconductores que dan forma a las nuevas tecnologías. Eso convierte a esta marca poco conocida entre el público en la tecnológica más valiosa de Europa, una multinacional con un gigantesco poder geopolítico que se refleja bien en las sanciones que Estados Unidos impone específicamente para evitar que exporte sus equipos más avanzados a China. Es una pieza clave, y única, en la guerra tecnológica que enfrenta a Occidente con el gigante asiático. Su cuartel general se encuentra a las afueras de Eindhoven, una localidad de Países Bajos con poco más de 200.000 habitantes. Y ASML, que cuenta con una plantilla de más de 42.000 empleados de 144 nacionalidades, teme que las políticas que la derecha neerlandesa está implementando en materia de inmigración lastren el reclutamiento de talento. El Gobierno, por ejemplo, está planteando retirar los incentivos fiscales para atraer mano de obra cualificada. Teniendo en cuenta que el 40% de sus trabajadores son extranjeros, el miedo parece fundado. Por si fuese poco, la empresa también critica que la inversión en el barrio de Veldhoven que acoge su sede es insuficiente. Por eso, a principios de marzo, el consejero delegado de la firma, Peter Wennink, dio públicamente un importante toque de atención a los gobernantes: «Solo podemos crecer si contamos con el talento suficiente. Preferimos encontrarlo aquí, pero, si no podemos, tendremos que buscarlo en Europa del Este, Asia o Estados Unidos. Y, en ese caso, tendremos que establecernos allí».

El Ministerio de Economía va a obligar a rascarse el bolsillo a las empresas que cuenten con un plan de pensiones de empleo para su plantilla. Una norma de 2022 les obligaba a incorporar a estos vehículos de ahorro para la jubilación a todos los trabajadores que llevaran más de un mes contratados. La inmensa mayoría de compañías hizo una interpretación creativa de la ley y no hizo aportaciones para los nuevos fichajes. Ahora, el supervisor les mete en vereda, obligándoles a cumplir con este mandato y, además, a hacerlo de forma retroactiva, es decir, incorporando por las aportaciones no realizadas desde julio de 2022 hasta la actualidad. Los planes de pensiones de empleo son instituciones de inversión colectiva creadas por una empresa con el objetivo de acumular un capital para la jubilación de sus trabajadores. Santander, BBVA, CaixaBank, Mapfre, Iberdrola y Naturgy son algunas de las empresas que tienen constituidos este tipo de vehículos. En total, hay 37.000 millones de euros invertidos en España a través de esta figura, con 2,1 millones de trabajadores beneficiarios. Bajo la regulación anterior, las empresas solo tenían que incorporar al plan (y por tanto hacer aportaciones a su favor) a aquellos trabajadores que llevaran más de dos años en nómina. Pero la modificación legal de 2022 –desarrollada en un reglamento el verano pasado– les obligaba a añadir a todos aquellos que estuvieran contratados desde hacía más de un mes. En la mayoría de compañías, esa aportación está entre el 1% y el 2% del salario anual.

Telefónica cumple hoy cien años desde su fundación en 1924. La antigua Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) ha contribuido decisivamente a la evolución de España desde una economía agraria a una industrial y, más tarde, a otra en la que los servicios son fundamentales. Y en todos estos años la operadora no ha dejado de ser una de las empresas más importantes y estratégicas de España, como señalaba hace unos meses la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, para justificar la vuelta del Gobierno a su capital. En una sociedad en la que las tecnologías de la información y los datos tienen una importancia capital, que aún se va a incrementar más con la generalización de la inteligencia artificial, disponer de unas infraestructuras tecnológicas digitales no sólo avanzadas, sino capilares, será fundamental para sostener el crecimiento económico, el aumento de la productividad y la reducción de las brechas sociales. Y, en ese sentido, el papel de Telefónica seguirá siendo tan importante para España como lo ha sido en los cien años transcurridos hasta hoy. Lo que ahora es Telefónica nació en 1924 como una compañía enteramente privada, promovida por la norteamericana ITT, a la que pronto se unieron grandes bancos españoles, como el Urquijo o el Banco Hispanoamericano. Se creó con un capital fundacional de un millón de pesetas. En su primer año logró unos ingresos de 1,7 millones de pesetas, unos 10.400 euros. La CTNE fue integrando rápidamente a muchas otras compañías telefónicas locales, municipales o regionales que habían surgido al calor de la llegada de la tecnología del hilo de cobre, que se había ido desarrollando desordenadamente. Ya en su primer año la nueva operadora consiguió acaparar 70.000 líneas, que suponían el 85% de las que existían ese año en España.

La escasez de material sanitario durante la pandemia de Covid, los retrasos en la entrega de automóviles durante el posterior parón de las cadenas de suministro o la relevancia del suministro energético de Rusia que puso de relieve la invasión de Ucrania son algunos de los episodios que han puesto al contraluz las flaquezas del mercado único europeo que el informe de Enricco Letta busca solventar. De hecho, la Unión Europea es dependiente de terceros países en el suministro de más de dos centenares de productos estratégicos. En concreto, según la información recabada por la Comisión Europea, los Veintisiete obtienen 204 productos estratégicos de 11 estados extranjeros, entre los que destacan por su relevancia China, EEUU o Rusia (ver mapa adjunto). Así figura en un informe elaborado entre otros por Román Arjona, economista jefe de la Dirección General Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pyme de la Comisión Europea. Su departamento ha sido uno de los que ha asistido a Letta en la elaboración del informe que debatió ayer el Consejo Europeo. El documento revela, por ejemplo, que la UE depende de China para abastecerse de 64 productos estratégicos, entre los que destacan teléfonos móviles y ordenadores portátiles. A su vez, queda en manos de EEUU a la hora de obtener otros 38, incluyendo turbinas o determinados vehículos; de Rusia, en otros 15 elementos, como producciones metalúrgicas en hierro y acero, o carbón. Canadá (uranio o diamantes); Reino Unido (plataformas de perforación); Noruega (sílice); Suiza (compuestos químicos); Japón (motores fueraborda y motocicletas); India (alcaloides); Sudáfrica (plata); o México (ortopedia), son otros de los proveedores que podrían llegar a poner en aprietos a la UE en caso de corte de suministros.

Sam Salehpour, ingeniero de calidad de Boeing, ha denunciado ante un comité del Senado de EEUU que fue reprendido por un superior por cuestionar insistentemente la seguridad de los modelos 777 y 787. El ingeniero añadió que, al poco tiempo, encontró un clavo sospechosamente incrustado en el neumático de su coche, denunciando la cultura de represalia que practica la compañía contra los empleados que señalan problemas de seguridad. “He planteado estas cuestiones tres años, pero se me ignoró. Se me dijo que no provocara retrasos y que me callara”, dijo el miércoles ante el subcomité de Investigaciones del Senado en una sesión destinada a examinar la cultura de seguridad de Boeing. Salehpour fue invitado a testificar tras hacer pública la semana pasada su preocupación por la posibilidad de que el 787 sufriera daños durante años de uso que pudieran provocar la rotura del avión de fuselaje ancho. La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) investiga ahora sus declaraciones. “Existe una cultura según la cual, cuando abordas los problemas de calidad, recibes amenazas. Lo único que intento decir es que hay que cambiar el sistema”, añadió Salehpour. Aunque Boeing no respondió de inmediato a sus comentarios, ha declarado que las represalias están “estrictamente prohibidas” en la empresa y que el 787 no mostró fallos durante las pruebas. El fabricante se enfrenta a las consecuencias del accidente de un Boeing 737 Max en enero, cuando un panel de la puerta se desprendió en pleno vuelo. La FAA y el Departamento de Justicia de EEUU han abierto investigaciones.