20240322

La ingeniería vizcaína Saitec prevé instalar en 2027 el primer parque eólico marino de Euskadi, a diez kilómetros de la costa de Gorliz. Así lo anunció ayer su director de operaciones, David Carrascosa, en el transcurso de una visita al que se convirtió en septiembre pasado en el primer aerogenerador flotante del Cantábrico. Carrascosa mostró a un grupo de periodistas y especialistas del sector energético el molino Demosath. Este coloso de 70 metros de altura y una imponente base flotante de hormigón fue anclado por la compañía frente a Armintza y lleva ya siete meses produciendo electricidad, que llega a tierra mediante un cableado de dos millas náuticas. «La experiencia está yendo muy bien por ahora», aseguró el ingeniero. Se trata de un experimento para saber cómo se comporta la estructura que permite al aerogenerador, anclado a 85 metros de profundidad, soportar temporales con olas de más de quince metros de altura. El siguiente paso será abrir el primer parque eólico marino de Euskadi. Se llamará Geroa y Saitec estima que puede entrar en funcionamiento en 2027. Es un paso más, pero no el salto definitivo hacia las grandes centrales flotantes que podrían llegar a España a partir de 2030. Geroa tendría ya tres molinos de gran porte y se colocaría dentro del área de influencia de Bimep, el banco de pruebas experimental que tiene el Gobierno vasco frente al litoral vizcaíno. «Los aerogeneradores serían casi tan altos como la torre Eiffel (300 metros) y su base tendría una héctárea de superficie (como un campo de fútbol aproximadamente)». Sus turbinas aportarían entre 15 y 16 MW de potencia por unidad. En condiciones óptimas, serían capaces de producir electricidad para 45.000 hogares. Es decir, un pueblo del tamaño de Barakaldo, por ejemplo, tendría sus necesidades energéticas cubiertas.

La guerra empresarial entre Repsol e Iberdrola ha dado un paso más. El consejero delegado Josu Jon Imaz ha acusado a la eléctrica de «no estar acostumbrada a competir» tras la demanda presentada por la firma presidida por Ignacio Galán por blanqueamiento medioambiental y publicidad engañosa de la petrolera al vender luz, gas y combustibles en paquetes integrados. «Se nota que están nerviosos», ha indicado Imaz en un foro sobre Energía y Economía. Imaz ha cargado contra Iberdrola por ser «una empresa que solo sabe moverse en mercados regulados» y por no estar dispuesta a competir con nuevos agentes que, como Repsol, han comenzado a vender luz en el mercado español. Y ha anticipado que «nada nos va a distraer» y que van a seguir con su estrategia «sin cortinas de humo y sin ideología». Imaz también ha tenido palabras para la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha apoyado la demanda de Iberdrola contra Repsol. El consejero delegado ha apuntado directamente a Ribera para preguntarle sobre el futuro de su industria: «Señora ministra, ¿quiere que cerremos las refinerías, que dan 28.000 empleos? ¿Es lo que queremos como sociedad? ¿O queremos una industria fuerte en España?». También le ha preguntado «de forma sincera» si quiere industria. «¿Sí o no, señora ministra?», ha indicado. «Nosotros la queremos». Imaz apuesta por una oferta multienergía y por «un principio básico, el de la neutralidad tecnológica» para que cualquier solución que ayude a reducir el CO2 sea usada.

Iberdrola presentó ayer en Londres su plan estratégico hasta 2026, una línea de actuación que está marcada por la aceleración de la inversión para aumentar su capacidad de negocio e incidir en la transición energética. En estos tres años la compañía eléctrica que preside Ignacio Galán prevé destinar 41.000 millones de euros –5.000 serán aportados por otras empresas con las que alcanzará acuerdos de asociación– para aumentar su capacidad de generación de electricidad, pero sobre todo a mejorar las opciones de transporte. Eso sí, una parte muy importante de esa inversión, nada menos que el 85%, se destinará a instalaciones fuera de España. En estos tres años la compañía prevé crear 10.000 nuevos empleos en todos los países en los que está presente. Galán dibujó ante los inversores la nueva vuelta de tuerca en su estrategia de crecimiento, sobre la base de que la electrificación es imparable y acabará extendiéndose a todas las actividades dejando a un lado el uso de combustibles fósiles. En su opinión, la suma de electricidad e hidrógeno podrá satisfacer todas las necesidades energéticas de la industria, del transporte y de los usos domiciliarios, donde la climatización, defiende, sustituirá a las calefacciones más convencionales a gas. De los 36.000 millones que Iberdrola destinará de forma directa a nuevas inversiones, 21.500 se van a utilizar para incrementar las redes de distribución y transporte y 10.500 a nuevos parques de generación renovables, mientras que el resto se dedicará a otros aspectos del negocio eléctrico. Esto da una idea de que la compañía ha identificado las redes como el auténtico punto débil de la actual estructura de uso de la electricidad.  Ver nota Iberdrola. 

En el País Vasco se generaron durante 2023 un total de 881,4 GWh de energía eléctrica de origen renovable, un 6% más a la registrada en el año anterior, según el balance publicado ayer por Red Eléctrica, el gestor nacional. En el conjunto de España, la participación de la producción renovable en el ‘mix’ de generación eléctrica nacional fue mayoritaria por primera vez en la historia con una cuota del 50,3% durante el año pasado, frente al 42,2% que alcanzó en 2022. En el ‘mix’ vasco, los ciclos combinados de gas generaron el 51,6% de la electricidad; la cogeneración, el 22,1%; los residuos no renovables, el 9%; los residuos renovables, el 5,9%; la eólica, el 5,3%,; la hidráulica, el 4,8% y la solar, el 1,1%.

El CEO de Tubacex, Jesús Es­morís, presentó los resultados del grupo el pasado 29 de fe­brero. Los resumió en una fra­se: "2023 ha sido una año muy bueno ; e insinuó que lo que viene será mejor: "Tenemos 1.600 millones de euros de car­tera -en 2023 facturaron 852 millones-, lo que nos da mucha visibilidad para 2024". "Nuestro plan contempla alcanzar unas ven­tas de 1.200 a 1.400 millones anuales y que el 'ebitda' supere los 200 millones de euros". Es­te salto se dará con un 'mix' que llevará el oil&gas "a repre­sentar solo una tercera parte de los ingresos", por lo que "esta­mos comprometidos con la di­versificación. Actualmente, un 80 por ciento de nuestro es­fuerzo en I+ D se dedica a des­carbonización". La explosión en la construcción de cen­trales nucleares, co­mo avanzó Esmorís, se producirá "en 2025-2027. El para­digma de la energía nuclear en Europa ha cambiado y nosotros tenemos mucha con­fianza en este campo para 2025. Ya hemos demostrado nuestra capacidad con EDF, que nos ha felicitado por nuestra respues­ta en los problemas que subsanaron en varias centrales en Francia" en 2022 y 2023; y también "tenemos exclusividad con diversos productos que he­mos desarrollado con Wes­tinghouse". Sobre el 'Perte' de Descarboni­zación, el director financiero corporativo, Guillermo Ruiz Longarte, indicó que "presenta­mos el expediente en enero y estamos a la espera de la reso­lución".

La crisis energética desencadenada por la invasión rusa en Ucrania ha puesto de manifiesto la importancia de asegurar el suministro de la Unión Europea (UE). De cara a lograr esa «autonomía estratégica» y para cumplir los objetivos climáticos del bloque, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, considera que la energía nuclear es «fundamental». Así lo ha expresado en la cumbre de alto perfil sobre esta tipo de energía celebrada este jueves en la capital belga, en la que ha apostado por ampliar la vida útil del parque nuclear europeo. «La tecnología nuclear puede jugar un papel importante en la transición energética y la competitividad en este campo puede servir como ancla para los precios de la electricidad», ha asegurado la política alemana. La Agencia Internacional de la Energía calcula que la capacidad nuclear se duplicará en el año 2050, pero Von der Leyen advirtió que ese futuro «no está asegurado». La realidad, según apunta Von der Leyen, es que el mercado de esta energía va en «lento declive». Actualmente supone el 22% del mix energético de la UE, pero ese porcentaje es «sustancialmente inferior» al de la década de los noventa, cuando las centrales nucleares generaban un tercio de la electricidad europea. «Debemos asegurar nuevas inversiones para llegar a los objetivos fijados en el Acuerdo de París», ha destacado la jefa del Ejecutivo comunitario. Vista la «urgencia» del desafío climático, Von der Leyen ha pedido a los Estados miembros que «consideren cuidadosamente sus opciones antes de renunciar a una fuente segura de bajas emisiones». Ha destacado, igualmente, que «ampliar el la vida útil del parque nuclear actual es una de las formas más económicas de garantizar el suministro de energía limpia» del bloque. Todo ello deberá llevarse a cabo con «los más altos compromisos de seguridad», ha subrayado.

«Necesitamos tender puentes con Euskadi porque es la que más ha tirado de la industrialización». Así se expresó ayer el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el foro ‘Objetivo Actualidad’ organizado por El Correo y Petronor. Un encuentro en el Palacio Euskalduna con más de un centenar de representantes institucionales, políticos, sociales y empresariales en el que defendió el papel de la industria para reforzar la economía, la «creación de empleo más sólido y con mejor remuneración» y, además, para «mantener una defensa estratégica de elementos clave como la energía y la cadena de suministros». Una parte, esta última, que ha quedado en evidencia ante el escenario abierto con la guerra en Ucrania. La crisis energética desatada tras la invasión rusa del país presidido por Volodímir Zelenski llegó después del problema en las cadenas logísticas que paró la producción en muchas plantas tras la pandemia. Un conjunto de elementos que, según explicó el responsable de la cartera de Industria y Turismo del Gobierno, «nos llevaron a replantearnos cuestiones que dábamos por hechas como el sistema de abastecimiento y la defensa de un país». En esta coyuntura ubicó la situación de Alemania. El país gobernado por Olaf Scholz atraviesa un enfriamiento de su economía que, como principal comprador industrial de España y Euskadi, está frenando a «nuestra industria». Según relató Hereu, la dependencia del gas ruso forzó a los germanos a cambiar rápidamente su estructura energética evidenciando los problemas de una globalización «que no podemos confundir con ingenuidad». Aun así, se mostró convencido de que «Alemania se irá recuperando». Por todo ello, Hereu reclamó la necesidad de un «pacto industrial», un esfuerzo ante la oportunidad que se abre y que puede generar un «acuerdo entre diferentes» que sirva de «refugio» ante la crispación política y que «trascienda incluso a este Gobierno y a esta legislatura». 

Mercedes Vitoria ha ratificado el acuerdo con el comité de empresa que le permite evitar un ERTE tras conseguir el «amplísimo apoyo» de los sindicatos que integran el órgano de representación de los trabajadores. Un pacto al que se da luz verde después de que haya conseguido el refrendo de las bases de ELA, LAB, CC OO, ESK y EKINTZA y del que se ha desmarcado UGT. Y que responde a las complicaciones a las que se enfrenta la empresa en las últimas semanas, ligadas a los retrasos en la entrega de componentes clave o ciertos desajustes en el software de secciones con alto componente tecnológico de las furgonetas. «Este acuerdo muestra a la plantilla que, de manera inequívoca, afrontamos esta situación complicada de forma corresponsable y mirando en equipo y con confianza hacia el futuro», se aseguraba ayer en clara referencia a la producción de la VAN/EA, la plataforma que permitirá el desarrollo de los vehículos ‘full electric’ a partir de 2027 en la factoría alavesa. Un acto simbólico de colocación de la primera piedra de las futuras instalaciones que albergará la factoría de la Avenida de los Huetos está programado para el martes con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el lehendakari Iñigo Urkullu y destacados representantes del grupo automovilístico alemán.

Los problemas en la cadena de suministros han llevado a Ford a ampliar hasta el próximo 19 de abril el ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que está en vigor actualmente en la planta de Almussafes (Valencia) y que un principio iba a durar hasta el 28 de marzo. Según explicó el sindicato mayoritario en la planta, UGT, la empresa ha pedido aumentar de 500 a 700 las personas afectadas por el expediente en la zona de producción de vehículos. A su vez, la fábrica de motores añadirá cinco días de paros a su actividad: el 27 y 28 de marzo, y los días 8, 15 y 19 de abril. Por su parte, el área de mecanizados parará el 28 de marzo, y los días 13, 14, 15 y 19 de abril. Fuentes consultadas por este periódico señalaron que la crisis en el mar Rojo ha provocado alteraciones notables en los suministros de algunas piezas de automoción procedentes de Asia. Por ejemplo, el hecho de entrar por el estrecho de Gibraltar en vez de por el mar Rojo, ha alterado el orden en que algunas piezas llegan a determinadas fábricas de Europa, retrasando así el proceso de reparto de estas varios días e incluso semanas. UGT, que ha accedido a acordar esta ampliación del ERTE propuesta por Ford, ha remarcado la difícil situación que vive la factoría en la que se emplean unas 4.700 personas por la inminente salida de la furgoneta Transit Connect, que Almussafes dejará de producir el próximo 17 de abril. 

Seat está perdiendo la paciencia con el Gobierno. Su presidente y consejero delegado, Wayne Griffiths, advirtió ayer durante la presentación de resultados del grupo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está haciendo lo suficiente para impulsar el coche eléctrico en España. El directivo recordó que la compañía llevará a cabo un esfuerzo muy grande para electrificar sus modelos, con una inversión de más de 10.000 millones a través del proyecto Future Fast Forward, que tiene la gigaplanta de celdas de baterías de Sagunto (Valencia) como iniciativa estrella. La filial de Volkswagen no se siente correspondida y, como ejemplo, Griffiths recordó ayer que hace un mes que espera una respuesta del Gobierno para mejorar las ayudas del Plan Moves con las que incentivar la compra de vehículos sin emisiones. “Las inversiones y el empleo están en juego”, aseveró el máximo ejecutivo de Seat. “Nos estamos jugando el futuro invirtiendo más de 10.000 millones y menos del 5% de los coches vendidos en España en 2023 fueron eléctricos: el mercado no está preparado”, manifestó. “Nosotros estamos haciendo los deberes, pero no podemos decir lo mismo de la UE y de España”, dijo. “El exceso de regulación en Europa es una camisa de fuerza y de España me preocupa la falta de estabilidad política y acciones y declaraciones que provocan confusión en el consumidor: necesitamos seguridad, estabilidad y objetivos realistas”, remarcó. El año pasado, el 22% de los coches vendidos en Europa estaban electrificados. En España, el porcentaje fue del 12%, con menos de un 5% de 100% eléctricos. Griffiths trasladó que para cambiar esta tendencia es necesario hacer pedagogía entre los consumidores, así como “mejorar la fiscalidad e impulsar la infraestructura de carga”.

El sector del mecanizado y la transformación metalmecánica, con una importante presencia en Gipuzkoa y Euskadi, prevé un año positivo gracias a la buena cartera de pedidos captada en 2023, aunque anticipa una ralentización en el segundo semestre del ejercicio. Esta estimación es un reflejo de la evolución que van a tener los sectores estratégicos de la economía vasca, dado que sus principales clientes son la máquina herramienta, la aeronáutica y aeroespacial, la energía, la automoción y la construcción. A pesar de que el mercado interior se ha convertido en el motor de la evolución del PIB vasco, la especificidad del sector de la máquina herramienta, con una presencia superior en el exterior, impulsa su actividad. Los principales destinos de los productos del sector de mecanizado y transformación metalmecánica fueron Francia, Alemania, Estados Unidos, Finlandia y Marruecos. , el vicepresidente de Afmec, Fernando Gastaldo, alerta de que “uno de los principales factores que limitan el crecimiento de nuestras empresas es la dificultad de atraer talento al sector” motivada, según añadió, por la escasez de personas que cursan esta formación técnica específica. Coincide con la opinión de negocios de sectores muy diversos, que muestran su preocupación por no poder contratar ante la falta de perfiles cualificados, lo que en ocasiones conduce a que deban rechazar interesantes proyectos. “Los jóvenes que se forman en los centros de formación profesional y universidades no son suficientes para responder a la realidad existente”, indica Gastaldo. Desde AFM Cluster, alianza a la que pertenece Afmec, se ha desarrollado una campaña para tratar de atraer talento y además se ha impulsado una plataforma de empleo industrial que, con el nombre de Joind.es, tiene como objetivo acercar las ofertas de las empresas a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, según informó Fernando Gastaldo.

ITP Aero, la compañía vasca dedicada a la fabricación de componentes para motores de aviación, alcanzó el pasado año una facturación de 1.305 millones de euros fruto de la recuperación del sector tras la pandemia y también de la incorporación al grupo de una empresa que adquirió en Estados Unidos. Con ello las ventas de la aeronáutica vasca se han incrementado un 50% en los dos últimos años tras superar la crisis generada por el covid que tuvo un doble impacto: se frenó de forma brusca la venta de nuevos aviones en todo el mundo, al tiempo que se paralizó el tráfico y con ello los ingresos que llegan a esta firma por su participación a riesgo en algunos programas de motores, que generan facturación por horas reales de vuelo. En un comunicado emitido ayer, la compañía asegura que su resultado bruto de explotación escaló hasta los 217 millones euros, frente a 146 en el ejercicio precedente, e invirtió 66 millones a lo largo de 2023. Sin embargo, la empresa no ha informado sobre su beneficio neto, lo que supone un déficit de transparencia de la sociedad pese a que el Gobierno vasco forma parte de su accionariado, con una participación del 6%, y que cuenta con un representante en su consejo de administración. Fuentes de la empresa indicaron que no desean facilitar esa información y prefieren mantenerla en secreto.

La Diputación afloró el año pasado 429,8 millones de fraude fiscal, casi un 4% más que en 2022, de los que a día de hoy ha recuperado 374. «Y no desistimos, esperamos conseguir más». La cifra incluye la regularización de importes no abonados, principalmente por IVA y el Impuesto de Sociedades, y las sanciones aplicadas. Son el resultado de las 555.000 investigaciones abiertas por la Hacienda foral, una parte muy importante de ellas de oficio. Entre todas las inspecciones 16 han sido remitidas a la Fiscalía al estar consideradas como presuntos delitos, por las que se reclaman 53,5 millones. El balance fue presentado por la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, en la comparecencia posterior a la celebración del Consejo de Gobierno de cada jueves. La institución foral tiene desde 2009 en marcha un plan específico para la lucha contra la elusión fiscal que, entre sus principales medidas, ha supuesto la creación de una unidad específica que durante los últimos meses tiene puesto el foco especialmente en la venta ‘pirata’ de hidrocarburos, un fraude cuyo impacto empieza a preocupar a las administraciones de todo el país y a los propios mayoristas del sector, que vienen denunciando competencia desleal. Bizkaia no es ajena a esta situación y Berrojalbiz ha confirmado que se trata del principal fraude detectado el año pasado en el territorio. Lo que viene a ocurrir es que el IVA que se genera desde que los hidrocarburos son importados hasta que llegan al distribuidor definitivo –un proceso que en los casos irregulares suele incluir varias empresas pantalla– no son abonados a las arcas públicas. Otra de las actuaciones relevantes del fisco ha sido la detección de una trama que simulaba la compra de chatarra para ocultar su venta en ‘B’. El fraude identificado entre ambas cuestiones alcanza los 46.9 millones.

“Los ingresos tributarios se incrementaron un 6,4% en 2023, gracias a la mejora de la actividad económica y al dinamismo del empleo”, defendió ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, al anunciar que la recaudación marcó un nuevo récord histórico en 271.935 millones. A preguntas de la prensa, no obstante, la ministra admitió que “aproximadamente un tercio” de los 16.500 millones de alza de los ingresos tributarios del año es achacable directamente al impacto de la inflación. Pese a ello, Hacienda se ha opuesto frontalmente en los últimos años a deflactar el IRPF para evitar el alza fiscal encubierta que se produce al no acompasarlo al incremento de precios y salarios, alegando que beneficiaría a las rentas altas. En su lugar, Montero defendió la “política fiscal progresista y redistributiva” del Gobierno. “Hemos bajado impuestos de forma racional a la clase media y trabajadora. Lejos de la reiterada acusación de la derecha de que este Gobierno convierte a España en un infierno fiscal, los datos muestran que la presión fiscal disminuyó en nuestro país del 38,3% del PIB en 2022 al 38% en 2023”, estimó, recordando que el Ejecutivo ha tomado medidas para mitigar el impacto de la inflación por 37.000 millones de euros, incluyendo una rebaja fiscal de 17.000 millones. “Hemos aprobado la mayor rebaja fiscal sobre la energía de la historia”, presumió, mientras lograba ingresos extra de empresas con beneficios, como banca y energéticas, o grandes fortunas.

El Gobierno prepara ya un paquete legislativo de corte tributario que le permita sacar adelante las principales medidas fiscales que tenía previstas para 2024 una vez que ha renunciado a impulsar un proyecto presupuestario para el año ante el terremoto político que ha desatado la convocatoria anticipada de elecciones catalanas. “Una misma norma”, explicó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, servirá para aprobar la rebaja fiscal del IRPF que acompase el tributo al alza del salario mínimo; para convertir en estructurales los nuevos impuestos a banca y energéticas, y para introducir incentivos a fiscales a la electrificación en ese último gravamen. Se trata de un lote de medidas que, como viene avanzando EXPANSIÓN, quedaba en el aire con la prórroga presupuestaria y para el que el Ejecutivo busca ya los apoyos parlamentarios necesarios para atarlo en una ley. Así, de una parte, cuando el Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5% hasta los 1.134 euros mensuales en 14 pagas, Hacienda se comprometió a acompañar la medida de un cambio legal “para permitir que por debajo de esa renta ninguna persona pague el IRPF”. De hecho, el Gobierno aprobó aquel mismo día una reducción de las retenciones mensuales del Impuesto de la Renta, dejando la modificación legal del tributo en sí ligada a la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024. La renuncia a nuevas Cuentas Públicas dejaba en vilo, sin embargo, el incremento del mínimo exento hasta los 15.876 euros anuales en que se sitúa el nuevo SMI, lo que implica que la reducción de retenciones podría verse revertida al liquidar el impuesto en la Campaña de la Renta de 2025. Una rebaja fiscal de entre 1.500 a 1.600 millones, cifró ayer Montero, que se impulsará igualmente tramitándola como ley. En ese mismo proyecto, detalló la vicepresidenta, se aprovechará para dar cumplimiento al acuerdo de investidura cerrado con el PNV que comprometía al Ejecutivo a introducir alguna fórmula de incentivo, deducción o bonificación fiscal a las inversiones en electrificación dentro del tributo a las empresas energéticas. 

El número de operaciones se ha quedado por debajo del ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), pero a cambio se están dejando atrás esos años en los que solo se apostaba por el ladrillo y empiezan a cobrar fuerza otros sectores que mejoran la capacidad productiva del país, como puede ser la maquinaria o los recursos tecnológicos. Esa es una de las conclusiones del informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas 1995-2023, publicado ayer por la fundación BBVA. El documento precisa que en 2023, el esfuerzo inversor de España fue inferior al nivel prepandemia. La tasa apenas llegó al 19,3%, mientras que en 2019 superó el 20%. La caída, sin embargo, tiene dos lecturas. Por un lado, debe tenerse en cuenta que en el porcentaje influyen tanto el número de inversiones como el PIB. Es decir, que cuando la economía crece mucho la cifra tiende a caer y viceversa. En segundo lugar, ha cambiado el peso de las ramas de producción, reforzándose el gasto hecho por las manufacturas y los llamados servicios privados (desde la hostelería y la restauración hasta las actividades financieras y de seguros) en detrimento de la construcción, la agricultura y la energía, por lo que “la ralentización del esfuerzo inversor no implica necesariamente un menor impulso a la capacidad productiva de la economía”. Por el contrario, según explica Francisco Pérez, coautor del informe, la tendencia hace pensar que irá a más. El analista recuerda que para mantener un crecimiento económico sostenido, es esencial que el país se aleje de la inversión en la construcción y se centre en otras áreas con mayor valor, como pueden ser las tecnologías de la información y el I+D. Y es que, aunque han perdido protagonismo, los activos inmobiliarios todavía representan más de la mitad de la inversión total en España. 

La afiliación en España no sólo se ha recuperado desde la pandemia sino que ha crecido con fuerza a partir de ese punto y se aproxima a los 21 millones de trabajadores. El empleo total en el país ha subido un 9,6% entre febrero de 2019 y febrero de 2024. En ese periodo el empleo público ha crecido con mucha más fuerza que el privado: un 18,7%, frente a un 8,2%. Esto supone que de los 20,7 millones de personas que trabajaban en España de media en febrero de este año, 17,7 millones son empleados del sector privado –entre asalariados y autónomos– y 2,96 millones son afiliados a la Seguridad Social del sector público. A estos últimos habría que añadir aquellos trabajadores de la Administración que no están dados de alta a la Seguridad Social sino en las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas. «El ratio de asalariados públicos en relación con la cifra de ocupados en el sector privado ha bajado con fuerza bajo el Gobierno de PedroSánchez. Hemos pasado de 7 asalariados privados por cada empleado público a una relación de 6 a 1. La contratación pública aumenta de forma imparable durante la última década y, más especialmente, en el último lustro. Antes, durante y después de la pandemia, las plantillas de las Administraciones no paran de crecer. Además, desde 2019 encontramos que el aumento del empleo público es más rápido que el de la ocupación privada», recoge el Instituto Juan de Mariana en el estudio Las sombras del mercado laboral español que se publica hoy, viernes. Esta evolución es «preocupante», considera Manuel Llamas, director de Instituto, según señala. «Si el mercado laboral creciera con una fuerza inusitada y el sector privado lo hiciera por encima del público, o ambos crecieran por igual, no sería preocupante. El problema es que si a esto le sumas el maquillaje estadístico con los fijos discontinuos supone un factor adicional de distorsión en el mercado laboral". 

El debate sobre la indemnización por despido en España está en ebullición. Sindicatos, empresarios y Gobierno están pendientes de la resolución que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) haga de una reclamación presentada por UGT, en la que protesta porque, en su opinión, la normativa española no responde a la Carta Social Europea. Este texto establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan algunos laboralistas, no siempre es “adecuado” o “reparador”. El Comité, que depende del Consejo de Europa, no ha resuelto al respecto, pero ha emitido una opinión que anticipa una posible interpretación favorable a la reclamación del sindicato español, según varios laboralistas consultados. El Comité difundió ayer sus conclusiones de 2023 respecto a España, un texto de 73 páginas en el que analiza 36 posibles vulneraciones de la Carta. España aceptó este texto legal como propio en 2021. Según el análisis del Comité sobre las protestas presentadas por sindicatos y asociaciones hay 17 cumplimientos y 19 incumplimientos.

La Seguridad Social acaba de aclarar cómo se aplica el nuevo sistema de coeficientes reductores para los casos de jubilación anticipada voluntaria cuando el trabajador tenga una base reguladora por encima de la pensión máxima, situada este año en los 3.175 euros. En una circular remitida por el INSS este mes, el organismo establece que entra en vigor ya desde el 1 de enero de 2024 el nuevo esquema que impone un recorte de hasta el 5,7% cuando se adelante el retiro dos años. La penalización, que se aplica directamente sobre la pensión máxima, se irá endureciendo hasta alcanzar el 21% en 2033. La aclaración viene a cuenta de que la reforma de las pensiones de 2021, que cambió los coeficientes reductores, incluía una farragosa disposición transitoria en la que señalaba que este nuevo esquema para las bases reguladoras más altas solo entraría en vigor el 1 de enero de 2024 «en caso de que la pensión máxima del sistema absorba completamente el efecto del aumento de coeficientes respecto a los vigentes en 2021» para estos casos. Pues bien, el INSS interpreta que se ha cumplido esta premisa y que, por tanto, hay que aplicar las nuevas penalizaciones.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) observa deficiencias de Grifols en el cálculo de determinadas magnitudes de sus resultados financieros. En concreto, pide que la compañía catalana de hemoderivados clarifique sus cifras de ebitda (beneficios sin impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) y su nivel de endeudamiento, si bien la exime de reformular sus cuentas y considera que la cifra de pasivo es la correcta. Esto es relevante, puesto que el ebitda y su vínculo con la deuda es una de las cifras que los bancos y los bonistas observan para obligar a la compañía a cumplir sus compromisos financieros. La CNMV ha respaldado a la compañía en dos asuntos clave. El primero, sobre el modo en el que formula sus cuentas anuales y el segundo, sobre su deuda. No obstante, el regulador sí aprecia “deficiencias relevantes” en las explicaciones de determinados asuntos de las cuentas anuales y en el cálculo de las llamadas medidas alternativas de rendimiento, aquellas no sujetas a normativa contable, pero clave para negociar créditos con los bancos. En concreto, pone el acento en la fórmula de calcular el ebitda y la ratio de deuda sobre ebitda, que habitualmente se usa para medir cuánto está endeudada una empresa. Considera que estas deficiencias han complicado a los inversores comprender las cuentas de la compañía. En concreto, la CNMV da 15 días a la compañía para que publique el detalle de ebitda y deuda financiera de las filiales que no controla. 

Estados Unidos continúa su cruzada contra las grandes tecnológicas. Usando en ocasiones el Departamento de Justicia y en otras, la Comisión Federal de Comunicaciones (FTC), el Gobierno de Joe Biden ha emprendido una ofensiva contra lo que considera prácticas monopolísticas ilegales de compañías como Alphabet (Google), Amazon y Microsoft. El último capítulo es una demanda de gran calado anunciada ayer por el fiscal general, Merrick Garland, contra Apple por mantener un coto cerrado sobre su producto estrella, el iPhone. Los fiscales han comparado la demanda con otros grandes casos antimonopilio históricos, como los presentados contra AT&T y Microsoft. Las acciones de Apple cayeron ayer en Bolsa un 3%. Para una compañía valorada en cerca de 2,7 billones de dólares, eso es un mordisco de más de 80.000 millones de dólares. La nueva demanda, de 88 páginas, fue presentada por el Departamento de Justicia y los fiscales generales de 16 Estados ante un tribunal federal de Nueva Jersey. En ella, acusan al gigante tecnológico de violar las leyes antimonopolio al bloquear a sus rivales el acceso a las funciones de hardware y software de su teléfono inteligente, de modo que entorpece su capacidad para ofrecer productos y servicios alternativos a los de la propia compañía dirigida por Tim Cook. “Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, no simplemente por ir por delante de la competencia en los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deben pagar precios más altos porque las empresas infrinjan la ley”, dijo Garland en una comparecencia junto a su equipo de fiscales. 

Los ecos sobre las amenazas que afronta la Unión Europea son cada vez más sonoros. Ahora, cuando las tropas rusas proyectan otra gran ofensiva sobre Ucrania, los líderes de la Unión llaman a preparar a toda la sociedad para afrontar “todos los peligros” y crisis. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE debaten en una reunión en Bruselas cómo financiar el rearme europeo –sobre la mesa está una propuesta estonia de emitir eurobonos– y las fórmulas para poner en marcha ese refuerzo militar, que sigue la senda de una metamorfosis marcada por la invasión rusa, por las amenazas de Vladimir Putin al club comunitario y por un tablero global convulso. La guerra va más allá del lanzamiento de misiles y la sociedad debe ser consciente, advirtieron en un cambio de lenguaje claro. Hablar de la preparación de la sociedad civil marca un cambio de patrón en la UE. “El Consejo Europeo subraya la necesidad imperativa de mejorar y coordinar la preparación militar y civil y la gestión estratégica de crisis en el contexto del cambiante panorama de amenazas”, dijeron los líderes en el borrador de declaración de la cumbre de este jueves y viernes en la capital comunitaria. Avanza el tercer año de la invasión rusa de Ucrania y cunde la inquietud ante la posibilidad de que Estados Unidos deje de sostener a Kiev, de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca y que con él flaquee la protección de Washington a sus aliados europeos. En ese escenario, los Veintisiete llaman a proponer “acciones para reforzar la preparación y la respuesta a las crisis” con un enfoque que incluya a toda la sociedad y a “todos los peligros”. Los líderes de la UE buscan sentar las bases de una “futura estrategia de preparación”. 

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont viajó ayer a Elna (Francia), ciudad fetiche para el independentismo porque allí escondió las urnas del 1-O, para lanzar oficialmente su candidatura a las elecciones catalanas. «He decidido presentarme», afirmó ante un millar de militantes que abarrotaron el ayuntamiento de la localidad gala y varios cientos que tuvieron que quedarse fuera. Hacía tiempo, casi desde 2020, que no se daba un baño de masas de este tipo. Puigdemont buscó el simbolismo del exilio en Elna, localidad que acogió a miles de refugiados republicanos de la Guerra Civil, y celebró el primer mitin de campaña, en el que llamó a convertir los comicios en un plebiscito sobre su regreso. «Si soy candidato a la investidura, dejaré el exilio ese día», aseguró, y «asistiré» al pleno del Parlamento aunque los jueces «se nieguen a aplicar la ley. La normalidad política está aún lejos en Cataluña. De la destitución por el 155 a la restitución. Ese es su gancho electoral. No es nuevo, pero esta vez tiene otro significado, ya que para cuando se celebre la sesión de investidura la ley de amnistía podría estar vigente. «Hoy comienza la cuenta atrás del retorno», señaló ante un público que solo le interrumpió para gritar «president, president» e «independencia, independencia». El título de la conferencia ya lo decía todo: «President Carles Puigdemont». Sin siglas. La marca es él. El mensaje, también.

PNV y Bildu disputarán casi voto a voto la victoria en las próximas elecciones autonómicas vascas. La encuesta realizada por EITB Focus pronostica un empate a 27 escaños entre las candidaturas que encabezan Imanol Pradales y Pello Otxandiano, pese a que los jeltzales serán la fuerza más votada con algo más de 3 puntos de ventaja. Un escenario inédito para los de Sabin Etxea que hasta ahora gozaban de una cómoda ventaja en las urnas, en el que el PSE-EE tendría la llave de la gobernabilidad. El sondeo recoge un incremento considerable en el número de indecisos -un 21%-, que podrían condicionar el recuento final. Apunta, además, a una baja participación, que podría rondar el 61%. Según EITB Focus, la fuerza más votada será el PNV, que aglutinaría un 36% de los votos, quedándose en la horquilla de los 27-28 escaños. Supondría una caída de 3 puntos con respecto a los comicios de 2020, que 3-4 asientos menos en el Parlamento vasco. La mayor subida la registraría EH Bildu. La formación abertzale lograría un 32,7% de los sufragios, lo que supondría un crecimiento de casi 5 puntos, y 28-27 escaños, los mismos que el PNV. Es decir, 6-7 más de los que ostenta actualmente. El PSE-EE repetirá como tercera fuerza, pero con un ligero crecimiento, tanto en votos (pasará del 13,7 % de hace cuatro años a un 14,2 %) como en parlamentarios (logrará 11, uno más). Los socialistas de Endeko Andueza tendrán la llave de Ajuria Enea, ya que sus escaños sumarían, en principio, la mágica cifra de 38 -mayoría absoluta- tanto con el PNV como con la izquierda abertzale. El PP vería cumplidas sus expectativas de crecimiento al lograr un escaño más, con un aumento en votos de punto y medio, hasta el 8,3 %.