20250112

El Gobierno de Pedro Sánchez necesitó hasta el último momento para lograr la mayoría necesaria con la que sacar adelante la propuesta que contenía, entro otros, el impuesto a la banca. Por los pelos, sí, aunque suficiente para que entre en vigor en este 2025 en la Agencia Tributaria. Pero también insuficiente para tramitar la modificación del Concierto Económico y para que las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa regulen y apliquen este nuevo impuesto a los bancos que se rigen en el pago de sus tributos por la normativa foral. El caso es que, como confirman fuentes conocedoras de la situación, la aplicación del impuesto a la banca tendrá que esperar con toda seguridad a 2026. La Hacienda del Estado tiene ya el gravamen en vigor este año, pero el calendario de su tramitación en Euskadi requiere todavía que se apruebe en el Congreso y en el Senado la reforma del Concierto Económico con la transferencia a Euskadi de este impuesto. El proceso no termina ahí. Después, las diputaciones tendrán que presentar un proyecto de norma foral a las Juntas Generales para tramitar y aprobar el impuesto. Un procedimiento que, además, en Álava y Gipuzkoa requerirá el respaldo de, al menos, un partido de la oposición y que conviviría también con la actual tramitación de la reforma fiscal. Así que, como muy rápido, ese itinerario no estaría rematado hasta verano. Estas mismas fuentes recuerdan que en fiscalidad, por la inseguridad jurídica que genera, no se aprueban los impuestos con efecto retroactivo, sino que suelen fijarse su entrada en vigor de cara al ejercicio siguiente, en este caso, 2026. Así las cosas este año el impuesto en Euskadi quedaría sin aplicación a las entidades financieras que tributan acogidas al régimen fiscal de las diputaciones, que son Kutxabank y Laboral Kutxa. Una situación curiosa, ya que el resto de sus competidores, como Caixabank, Santander, Sabadell o Bankinter sí tendrán que pagarlo. Además, y de acuerdo al pacto político de transferencia del tributo, deberán pagar a las haciendas forales la parte proporcional de su negocio en Euskadi.

Solaria vuelve a toparse con las instituciones de Álava y Bizkaia en la tramitación del proyecto con el que quiere trasladar la energía generada en varios huertos solares del territorio vecino hasta el Puerto de Bilbao por una línea de más de 100 kilómetros. Un nuevo informe del Ayuntamiento de Vitoria pone en duda la ejecución de uno de sus parques en el entorno de la localidad debido a su proximidad a núcleos habitados. Tan cerca que el Consistorio no está por la labor de darle la licencia de obra sin cambios de calado. Los técnicos municipales plantean sus peros al parque ‘Vitoria 2’ porque su subestación, su ‘enchufe’ a la red eléctrica que llevará la energía hasta Zierbena, está demasiado cerca del núcleo de Ullibarri-Arratzua. Como en otras ocasiones, el Consistorio señala que el proyecto de Solaria incumple tanto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual como el futuro, el que está pendiente de aprobación tras el acuerdo alcanzado recientemente por PSE, PNV y Podemos. En los dos casos la subestación incumple las distancias mínimas con respecto a este concejo de la capital alavesa. Con las normas urbanísticas actuales, no se respeta una distancia mínima de 500 metros. Y, con respecto al futuro plan, el ‘enchufe’ de ‘Vitoria Solar 1’ incumple con una «zona de exclusión paisajística» para proteger a los pueblos y que fija un mínimo de 300 metros. Además, la subestación queda fuera de las zonas delimitadas para el desarrollo de las fotovoltaicas en ese documento. De ahí que los técnicos de Urbanismo alerten de que «la implantación (del parque) no puede materializarse tal y como está diseñada».

Nueva discrepancia técnica entre los gobiernos central y vasco respecto a cuál de las opciones que se manejan para conectar la ‘Y’ vasca con Navarra es más eficiente y segura. Si en sus alegaciones al proyecto el Gobierno Vasco defendió en 2018 que una de las ventajas que ofrecía la alternativa de Ezkio frente a la de Vitoria era que el riesgo de congestión de la vía era mayor en el segundo caso por la concentración de tráficos, el Ministerio de Transportes tiene ahora mismo en su poder un informe que contradice esa tesis y defiende que sucede lo contrario. Esto es, que el riesgo de saturación es mayor si el enlace se hace por Gipuzkoa, mediante un túnel bajo la sierra de Aralar hasta EtxarriAranatz, que si se apuesta por Vitoria y una línea en superficie hasta Alsasua. En su alegato, el departamento vasco de Transportes que entonces dirigía la guipuzcoana Arantxa Tapia (PNV) argumentaba que la ruta por Vitoria iba a hacer que la ‘Y’ vasca sufriera «situaciones de saturación de hasta el 86% de la capacidad» en el tramo Vitoria-nudo de Bergara, eje por el que pasarían casi todas las unidades. En la alternativa por Gipuzkoa la congestión se limitarían al 50%. El Gobierno central rebate ahora esos cálculos en un informe técnico. Por un lado rebaja la presión que sufriría la ‘Y’ si el enlace se ejecuta desde Vitoria. En su análisis, Transportes limita el riesgo de congestión a cifras de en torno al 65% en las horas punta y lo eleva en la alternativa de Ezkio por encima del 76%. Óscar Puente ya habló hace algunas semanas en el Senado de esta cuestión como uno de los déficits importantes de la opción guipuzcoana.

Algunos autónomos vascos se están viendo sorprendidos al ver cómo la Tesorería de la Seguridad Social les reclama 10.000 o incluso 15.000 euros por haber cotizado de menos. El organismo estatal está enviando esas requisitorias dentro del proceso de regularización emprendido para ajustar las cotizaciones realizadas en 2023, cuando entró en vigor el nuevo sistema que obligaba a hacerlo en función de los ingresos reales. Desde esa fecha, los autónomos tienen que pagar las cuotas correspondientes a sus ingresos reales en vez de elegir ellos la base de cotización, como ocurría hasta entonces. Nunca es plato de buen gusto que a uno le reclamen dinero y menos si es una institución u organismo oficial, como la Seguridad Social. Y es que algunos autónomos vascos se están viendo sorprendidos al ver que el organismo estatal les reclama 10.000 o incluso 15.000 euros por haber cotizado de menos. Son las notificaciones que está enviando la Tesorería de la Seguridad Social a los autónomos dentro del proceso de regularización emprendido para ajustar las cotizaciones realizadas en 2023, cuando entró en vigor el nuevo sistema que obligaba a hacerlo en función de los ingresos reales. Desde esa fecha, los autónomos deben pagar las cuotas correspondientes a sus ingresos reales en vez de elegir ellos la base de cotización, como ocurría hasta entonces. Pero lo tuvieron que hacer en función de los ingresos que alcanzaron el ejercicio anterior o los que preveían que iban a tener en ese 2023, aunque sin tener la certeza de que fuera correcto.

Modan dira egun ihes gelak eta horietako bat bada Getarian, Juan Sebastian Elkano itsastar euskaldunaren abenturak oinarri dituena. Gelan sartu eta abenturaz beteriko hainbat erronkari erantzunez bertatik atera behar du parte-hartzaileak. Ihes gela horien atzean, baina, sormen eta eraikuntza lan handia dago. Elkano ihes gelaren arduraduna da Olaya Landa eXperientziak elkarteko kidea. Escape room-a oinarri duen plataforma garatzeko harremanetan jarri zen Oteitza Lizeo Polikteknikoan TKgune lantaldeko Aratz Etxeberria eta Iñigo Mujika irakasleekin. Gehiago irakurri. 

"La demografía, ciencia exacta donde las haya, nos pone delante del espejo de una pirámide poblacional en la que las cohortes de personas con más edad se imponen sobre el resto. Existen pocas dudas, más bien se trata de certezas, de que necesitaremos incorporar cientos de miles de personas para poder mantener nuestro nivel de bienestar. Personas de todos los perfiles, con niveles de formación de diferentes características para poder desarrollar todo tipo de trabajos. Porque no solo se trata de ingenieros, informáticos y científicos; también necesitaremos profesionales de otros tipos de habilidades. Este desafío pone de relieve la urgencia máxima de articular una política activa de atracción, acogida y arraigo de profesionales...el primer paso consiste en hacer atractivo el país para que los candidatos se lleguen a plantear la opción de venir, y para que los que ya están no se marchen. Pero tan importante como esa capacidad de atracción es la capacidad de acoger a las personas. Porque tenemos grandes dificultades para facilitar la acogida de los nuevos profesionales que necesitamos. En este sentido, las políticas migratorias son fundamentales y demandan una acción decidida...Necesidades de vivienda, de educación, de asistencia sanitaria… Pero también se necesitará articular programas de formación para adecuar las habilidades de los que vienen con las habilidades que se necesitan en la sociedad. Estas políticas tienen que convivir con otras que se focalicen en las personas autóctonas para evitar que la incorporación de nuevas personas, que vienen de fuera, se vea como una agresión a las posibilidades de desarrollo profesional y personal de los habitantes del país. Y esto no será fácil de articular si no se interioriza socialmente que el bienestar social de los que estamos depende, también, de la capacidad de acoger a los que vengan y ayudarles a formar parte del mismo proyecto de sociedad. Este reto está lleno de aristas, problemas y desafíos, y no será fácil de abordar si no va acompañado de un debate profundo sobre la sostenibilidad del modelo actual de bienestar..."

Entrevista con Iñigo Ansola, presidente del BBB del PNV. El nuevo presidente del Bizkai buru batzar, sucesor de Itxaso Atutxa, evita posicionarse sobre la continuidad de Andoni Ortuzar al frente del EBB, decisión que se conocerá en los próximos días, pero sí tiene claro que es «un valor muy a tener en cuenta por el PNV». Sobre Pedro Sánchez, asegura que "mientras se cumplan los pactos estaremos cómodos, y por ahora estamos contentos. "Ortuzar es un valor muy a tener en cuenta por el PNV, bien en el cargo en el que está o bien en el caso de que no siga como presidente del EBB...– La reforma fiscal propuesta por las diputaciones dejaría de recaudar 242 millones. ¿Se lo puede permitir Euskadi? – También hay que ver cuáles son los beneficios de esa reducción de ingresos. Cuando hablamos de distintos parámetros en la fiscalidad, una reducción quizás puede ser un incremento. – ¿Aprobarla en Bizkaia depende de que encuentren un socio en Álava y Gipuzkoa? – Lo que pretendemos es tener una fiscalidad equitativa entre los tres territorios históricos. Veremos que dan de sí las negociaciones en cada lugar...– ¿Cuánto influye en la postura del PNV que el CEO de Repsol sea un expresidente del EBB?– En nada. Podemos estar de acuerdo en algunos aspectos y en desacuerdo en otros. Eso sí, si los intereses de determinada empresa privada van en pro de los intereses de Euskadi, el PNV estará ahí. Contamos con empresas muy importantes en el ámbito energético, aportan mucha recaudación y debemos velar por que sigan implantadas aquí. Y por ello debemos tener muy en consideración lo que puedan decir Josu Jon Imaz e Ignacio Galán..."

El camino de la coalición ha sido una suerte de campo sembrado de minas. No todas han estallado. Pero las que lo han hecho, como sucede ahora, han hecho mella en la salud del Gobierno. Las posiciones enfrentadas y enconadas sobre esta medida han hecho que el Ejecutivo se enfrente a una «crisis de Gobierno». Las personas consultadas no hablan de un mero choque, sino que sitúan la escalada al nivel de otros momentos difíciles como, por ejemplo, la reforma laboral. «Las próximas tres semanas van a ser claves», exponen en el Gobierno, en alusión a cómo queda el choque y si se encuentra una posición de consenso. El enfrentamiento viene dado porque Sumar quiere llevar de manera inmediata al Consejo de Ministros la reducción de jornada, para que ya pase al Congreso, inicie su trámite parlamentaria y se ahonde en la negociación con los partidos para poder tenerla aprobada este año. El PSOE no tiene tanta urgencia y prefiere contemporizar, asegurar el apoyo del bloque de investidura y tratar de atraer de alguna manera a los empresarios porque, consideran, así sería más factible un apoyo de Junts y el PNV. Ocurre que Yolanda Díaz ya firmó un pacto social con los sindicatos, sin participación de la patronal. Y esa firma es la que le lleva a exigir que el Consejo de Ministros de luz verde ya. Las posiciones están muy enconadas y los ministros consultados no ven una solución fácil. Por si era poco, la llama se avivó aún más después de que la titular de Trabajo calificara de «mala persona» a Cuerpo. «Esto no va a hacer otra cosa que escalar», explican dentro del Gobierno. En Sumar explican que están «convencidos» de su posición y exigencia y «no vamos a aflojar». Desde el sector socialista hay mucho malestar con Díaz por las formas empleadas, hablan incluso de «inquina», y afean que se les señale como los culpables de no querer rebajar la jornada laboral.

Entrevista con Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Se ha convertido estos días en blanco de las iras de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno lo acusa de bloquear la aprobación del anteproyecto de ley que busca reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral, como fijó el pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Él lo niega con profusión pero sin aspavientos. "A mí me gustaría rebajar en la medida de lo que pueda tanto el vocabulario como esa impresión de posibles divergencias. Queremos llegar al mismo destino...No se está reteniendo ningún texto, eso quiero que quede claro. Creo que debemos ser conscientes de que todo texto que pasa por Consejo de Ministros al final tiene el aval del Gobierno y eso es importantísimo. Ahora estamos en el proceso de discusión de los ministerios con competencias en materia económica...El pacto de Gobierno tiene un elemento dual. No podemos quedarnos solo con una parte. Tenemos que tener en cuenta la realidad de la economía de nuestro país, entre otras cosas, esa enorme presencia de pymes a las que hay que ayudar, hay que darles un margen de flexibilidad, acompañarlas, dotarnos de un plan que las ayude a interiorizar estas medidas. Son ellas las que nos van a ayudar precisamente a hacer de esta medida una realidad. Hay que ayudarles a ellas a que nos ayuden...Creo que he sido bastante claro en el sentido de que necesitamos ayudar a las empresas a que nos ayuden a realizar esta gran conquista. Tenemos que ser conscientes de la especificidad de nuestra demografía empresarial para garantizar que llega lo antes posible y de la manera más estable y más duradera. Desde luego, la entrada en vigor o la particularización de la entrada en vigor para según qué tipo de empresas es uno de los mecanismos de flexibilidad que contemplamos pero no el único..."

España volverá a ser el país que más crezca de la eurozona: un 2,4%, como mínimo. Esas son las expectativas del Gobierno, que muchas casas de análisis ya superan. Solo con el gran tirón de la última parte de 2024, el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecería un 1,2% en 2025, aunque el resto del año no se avanzara ni una décima, según explicó hace unos días el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La economía volverá a crecer el doble que la eurozona incluso sin Presupuestos, pero la escasa inversión será el «talón de Aquiles». España ha crecido tanto los dos últimos años por la gran aportación del sector exterior (gracias al ‘boom’ del turismo y las exportaciones tras la pandemia), pero es un ritmo «difícil de mantener». Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, explica a este periódico que la desaceleración del PIB irá en consonancia también con la del empleo, que seguirá avanzando pero a un menor ritmo que en la primera mitad de 2024. Además, la «atonía» de la inversión privada seguirá siendo persistente este año, el verdadero «talón de Aquiles» del modelo de crecimiento en España, destaca Torres. Pese a todo, las familias disponen de una tasa de ahorro elevada y están ganando poder adquisitivo por unos salarios que mes a mes siguen creciendo de media ligeramente por encima de la inflación. Esto hace que el consumo privado esté compensando la falta de inversión privada y sea la verdadera pata sobre la que se asiente el crecimiento económico en 2025, detallan los expertos. Las previsiones de CaixaBank Research apuntan a que los afiliados a la Seguridad Social aumenten en 400.000 personas en 2025, una cifra «considerable pero inferior al medio millón de 2024», explica Javier García Arenas, economista del organismo.

Utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta sobre Costes Laborales es posible calcular la correspondiente a aquellas bajas que se producen como consecuencia de una incapacidad temporal (IT), y que son las que están engrosando de manera continuada las estadísticas. Siguiendo las bases metodológicas que emplea The Adecco Group Institute en sus informes, este índice ha crecido más del doble en última década: del 2,9% sobre el total de horas pactadas efectivas con el que comenzó 2014, hasta el 7,5% del tercer trimestre de 2024. Unos resultados que reflejan una realidad similar a la que recoge el último estudio de Randstad —también correspondiente al tercer trimestre del año pasado—, en los que determina un porcentaje del 6,3% de absentismo general, y un 5% por IT. ¿A qué se debe este comportamiento? “Es normal que el porcentaje esté subiendo”, reconoce Daniel Pérez del Prado, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III. “Normalmente, decrece en periodos de crisis económica, y sube en ciclos de bonanza económica, como es el caso actual. El debate está en cuánto lo hace, dónde, y en qué herramientas tenemos para medirlo”, añade. Sin embargo, el absentismo no nace únicamente del comportamiento particular del individuo, sino del ecosistema que le rodea. “El modelo normativo español, lejos de establecer modelos de control y de coordinación administrativa, hace todo lo contrario”, señala Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute. “Aunque en 2020 se eliminó el despido por absentismo [basado en faltas de asistencia al trabajo, justificadas, pero intermitentes], se ha extendido una cierta generosidad en las coberturas de las bajas, que ha favorecido su incremento. Además, para muchas personas estas bajas se han convertido en una especie de prestación refugio”, alerta Blasco. “El absentismo es sistemáticamente más alto en el sector público”, complementa Blasco; “y a mayor tamaño de la empresa, mayor nivel de ausencias”, añade.

La caza de nóminas no es casual. Llega en un momento en el que los tipos de interés van a la baja y los depósitos fijos pierden atractivo. Por eso una docena de entidades financieras han retomado el negocio tradicional de captar clientes a través de ofertas que compensen los ingresos. Los incentivos por domiciliar la nómina oscilan entre los 200 y los 500 euros. Eso sí, para beneficiarse de estos ‘premios’ hay que cumplir una lista de requisitos como una cuota mínima en la nómina, una exigencia de permanencia o el uso de tarjetas de crédito o pagos a través de Bizum, y no es la única cuestión a tener en cuenta. En algunas entidades el incentivo se registra en cantidades brutas, por lo que luego están sometidas al IRPF de cada contribuyente, y en otros (como sucede en Kutxabank) la cantidad es neta y ya ha sido sometida a una retención del 19% para anticipar la carga tributaria. Así, por ejemplo, la nueva campaña del banco vasco para captar nóminas ofrece un abono en cuenta de hasta 400 euros netos –en bruto serían 493’83 euros–, aunque también se puede optar por vales en su Kutxabankstore de hasta 600, de nuevo netos. Esta tienda permite financiar productos como smartphones, raquetas de pádel o cafeteras automáticas. BBVA también ha sido una de las últimas entidades en unirse a esta pelea. Premiarán con un ingreso de 400 euros –en este caso brutos– a quienes decidan domiciliar una nómina de al menos 800 euros mensuales. Ofrecen una tarjeta de débito «sin comisión de emisión y mantenimiento» y se ocupan de gestionar el cambio de entidad, «para no tener que hablar con tu otro banco ni dar explicaciones», añaden, una práctica que ya se había vuelto tradicional en otras guerras comerciales, como la vivida entre las operadoras telefónicas.

"...El BCE estima un avance del consumo privado del 0,9% en 2024, frente a la previsión del 1,4% realizada un año antes. De manera más contundente, el BCE anticipa una caída de la inversión empresarial de la eurozona del 1,7%, cuando se pronosticaba un rebote del 0,4%. El índice de sentimiento empresarial de la eurozona desciende hasta niveles inferiores a los registros de finales de 2020, todavía perjudicados por la pandemia. Y, al igual que en España, las empresas europeas optan por acumular excedentes. La actitud de cautela se explica en parte por el impacto de la sucesión de shocks en tan poco tiempo. El fenómeno podría por tanto diluirse poco a poco, sobre todo si la desinflación se afianzara, pudiendo propulsar capacidad de compra y alentar la propensión a consumir. En teoría el entorno es también propicio a un descenso adicional de tipos de interés, incentivando la inversión. Pero esto es sin contar con una nueva piedra en el camino que complica la senda de relajación monetaria: ante los anuncios expansivos de Trump y el riesgo de persistencia de la inflación, la Reserva Federal ha enfriado las expectativas de fuertes recortes del precio del dinero, un giro que debe incorporar el BCE. Los mercados también reaccionan, exigiendo rentabilidades más elevadas para la compra de deuda pública. En suma, existen factores objetivos para una mejora de las expectativas que pesan sobre la economía, particularmente la inversión privada. Pero los anuncios de Trump, junto con la hipersensibilidad de los mercados, ponen en entredicho un rápido descenso de tipos de interés y empañan el escenario. Y las dudas se exacerban con la parálisis política que se adentra en todo el continente"

Los precios europeos de la luz y el gas han iniciado ya su desescalada y los mercados anticipan que 2026 será el año de la normalización o, más bien, en el argot de la pandemia, el año en el que Europa digerirá por fin su nueva normalidad energética, marcada por una volatilidad crónica y una mayor dependencia del frío, las dinámicas de Asia y las decisiones de Donald Trump. Retrocedamos unas semanas. Diciembre cierra como el mes con la electricidad más cara de todo 2024, con un promedio en el mercado diario (pool) de más de 111 euros/MWh, frente a la media de 63 para el conjunto del año que, en suma, fue mucho más barato que 2023. En paralelo, el gas TTF (índice de referencia en Europa) superó en noviembre la barrera de los 45 euros, que no se sobrepasaba desde hacía un año. En España, desde finales de diciembre ha superado los 50 euros varias jornadas. El precio del combustible contagia al de la luz, a razón de dos euros de subida en la electricidad por cada euro de alza en el gas, cuya curva ascendente refleja varios fenómenos. Por un lado, un aumento de demanda por el frío y la falta de viento. A nivel nacional, esto se tradujo en una caída sustancial de la producción eólica, que fue sustituida por las centrales de gas –que operan a un coste mucho mayor–, que aportaron el 11% del mix nacional en diciembre, frente a menos del 2% para el mismo mes de 2023. El otro ingrediente esencial de la escalada fue la incertidumbre por la llegada de combustible a la UE. Jorge Sanz Oliva, director asociado de NERA Economic Consulting, considerado uno de los mayores conocedores del mercado eléctrico en España, atribuye la subida del gas a una suma de factores, entre los que destaca la reactivación del mercado asiático, cuyo efecto «se hace notar más en invierno»: «No estamos ante otra crisis energética en Europa, pero sí tenemos un mercado internacional de gas tenso porque la demanda en Asia no para de crecer». Si bien, Sanz Oliva prevé que, a medida que empiecen a funcionar las nuevas centrales proyectadas en Australia, EEUU y Catar hasta 2026, «el precio volverá a bajar» y recuerda que el fordward de gas (contratos a plazo) para el año próximo ya cotiza a 37,43 euros, «muy por debajo de los precios actuales».

En todo el mundo, las empresas no esperan hasta el 20 de enero, día de la toma de posesión presidencial, para ver qué países, productos o tasas arancelarias se anuncian en las ampliamente publicitadas guerras comerciales de Trump. La mera amenaza de sus aranceles universales está desatando una disputa por esquivar las balas tarifarias que deja al sistema comercial global propenso a cuellos de botella, cargado con costes más altos y vulnerable a perturbaciones en caso de que se produzca un shock económico. “Todavía estamos en un periodo de pánico”, dice Robert Krieger, presidente de Krieger Worldwide, una firma de asesoría logística y aduanas con sede en Los Ángeles. “Está a punto de producirse una marea alta en la cadena de suministro”, avisa. En JLab, con sede en California, el director ejecutivo Win Cramer ya había trasladado sus cadenas de suministro fuera de China para eludir los aranceles impuestos durante la primera presidencia de Trump. Además de la congelación de contrataciones impuesta hasta junio en medio de la incertidumbre electoral, su siguiente paso será aumentar los precios de los auriculares y productos inalámbricos de la empresa si esta vez se aplica un arancel universal. Para ganar a la competencia, algunas empresas están adelantando pedidos. Otras están buscando nuevos proveedores o, si eso no es posible, renegociando las condiciones con los existentes.

«El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos, para volver a la industria manufacturera estadounidense no competitiva», declaró en una ocasión Donald Trump. Es un ferviente negacionista. En 2017, durante su primera estancia en la Casa Blanca, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París que desde 2015 adopta medidas y busca acuerdos contra el cambio climático. Uno de los países más contaminantes del mundo envió así un mensaje al resto del planeta y dejó en entredicho la campaña para salvaguardar el medio ambiente. Trump quiere impulsar la producción de automóviles de fabricación estadounidense. Y aunque Elon Musk, su socio y hombre califica de delincuentes, y que completaría la construcción del muro de separación con México. Dijo que iba a acabar con la inflación provocada por Joe Biden y a bajar los impuestos a las corporaciones. Y lanzó un aviso que ha hecho estremecerse al comercio internacional: para impulsar la industria estadounidense, aplicará aranceles de al menos el 10% sobre la mayoría de los productos extranjeros. A China, su gran opositor, le castigará con tasas de hasta el 60%. Con México y Canadá, que se niegan a cerrar sus fronteras a los migrantes, la cifra se elevará al 20%. Las tasas funcionan como las bombas. Si se aplican a un país, lo hunden al beneficiar a sus competidores en el mercado global. Trump actúa como un antiguo emperador. Quiere extender sus dominios. Ha repetido que Canadá «debería ser el Estado número 51» de EE UU.

Las cifras desconciertan: la isla es una roca descomunal casi entera de hielo del tamaño de cuatro veces España, y en ella viven 57.000 personas, la mitad de los habitantes de la provincia de Soria. Es un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, pero Nuuk está más cerca de Washington que de Copenhague. En días de invierno como el de hoy, la temperatura puede hundirse a los 19 grados bajo cero. Amanece a las once y media de la mañana y oscurece a las cuatro de la tarde. Impresiona ver a un empleado abrir un centro comercial céntrico en medio de una noche cerrada. Doris Jacobsen es parlamentaria groelandesa del partido Siumut, socialdemócrata. Fue diputada en el Congreso danés y varias veces ministra (de Cultura, Educación, Investigación y Salud, entre otras cosas) en distintos gobiernos groenlandeses. Tras pensarse la pregunta, responde: “Groenlandia no está en venta. Pero estamos abiertos a cooperar con las naciones que se acerquen a nosotros. Nosotros no queremos ser americanos, pero tampoco daneses”. Esto es: las afirmaciones de Trump, sus advertencias y hasta sus amenazas, han servido para avivar la cuestión de la independencia. Los habitantes de Groenlandia de repente se ven objeto del deseo del hombre más poderoso del mundo y miran la manera de aprovecharlo sin destruirse en el intento, sin arder. Un periodista que prefiere no dar su nombre explica que el repentino interés hacia su país, que la presencia de reporteros extranjeros —no es raro verlos en las calles heladas de Nuuk— o que el hecho de que Groenlandia esté en los titulares de la prensa internacional le desconcierta y le estresa.