20240930

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado este domingo optimista de cara a alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, al tiempo que ha asegurado que, si al final éste no es posible, el Gobierno va a actuar. "Queremos acuerdos, sí, trabajamos para el acuerdo, sí, es posible el acuerdo, siempre. Ahora bien, si no hay acuerdo el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España va a reducir la jornada laboral como hemos hecho con el salario mínimo interprofesional", ha señalado en un debate celebrado en el marco de la fiesta anual del PCE. La vicepresidenta ha explicado que es optimista al respecto porque "la opinión pública ha cambiado, las formaciones políticas se han movido y esta medida sirve para vivir mejor y, como sirve para vivir mejor, sin lugar a dudas, creo que lo vamos a conseguir". El objetivo de la reducción de la jornada laboral es vivir mejor y es el debate democrático por excelencia, porque va de algo clave, que es mejorar la productividad y distribuirla de manera justa, ha indicado. La productividad en la parte de los trabajadores se ha incrementado por encima del 15 % en España y, sin embargo, en la del capital ha caído 21 puntos, por lo que tiene que ser un debate de un reparto igual y "en un marco en el que tenemos beneficios y márgenes empresariales que son brutales", ha agregado. "Es un debate democrático porque gana tiempo a la vida, porque queremos vivir mejor, porque hay tecnologías suficiente, porque hemos vivido la vida para vivir con dignidad, porque necesitamos ser creo que fundamentalmente humanos, porque necesitamos poder tener tiempo para vivir y esto es clave", ha insistido. "Lo vamos a ganar, no tengáis ninguna duda". 

Alumbrar el taller con energías renovables; medir y compensar la huella de carbono... Se trata de algunas de las prácticas que han puesto en marcha las compañías que forman parte de la red denominada Pacto Verde. Es la alianza promovida desde el Ayuntamiento de Vitoria, integrada por negocios y organizaciones del ámbito empresarial que buscan producir con métodos ‘green’, consumiendo menos recursos naturales. Una especie de club comprometido con las prácticas ecológicas que ya alcanza las 550 empresas inscritas, según los datos facilitados por el área de Promoción Económica. De ese más de medio millar de compañías que han suscrito ese compromiso ‘verde’ – han crecido un 25% en tres años–, la mayoría (86%) están ubicadas en la capital alavesa y el resto pertenecen a otros municipios de Álava. De hecho, la iniciativa del Consistorio vitoriano cuenta también con negocios adheridos en Bizkaia y Gipuzkoa. Incluso en Madrid. Se trata de firmas de distintos tamaños y sectores: más de la mitad (58%) son microempresas, el 28% pequeñas empresas, el 11% medianas y el 3% grandes. El sector servicios (ingenierías, estudios de arquitectura, consultoras de comunicación, salud y medicina, etc.) es al que pertenece la mayoría (55%), y un tercio –30%– son industrias (sector metal-mecánico, automoción, alimentaria…). El comercio y la hostelería, la construcción y el sector primario engloban las firmas restantes.

Una ‘marea naranja’, color corporativo de Euskaltel, contestó ayer en el centro de Bilbao al anuncio de los 39 despidos contemplados en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la operadora de telecomunicaciones vasca anunciado por MasOrange. Varios cientos de trabajadores de la compañía con sede en Zamudio y una plantilla de 276 empleados, se manifestaron desde la plaza de Arriaga para recorrer el centro de la ciudad y concluir con una concentración en las proximidades del museo Guggenheim. Los manifestantes, unos 200 según fuentes de los sindicatos convocantes, tienen la intención de continuar con las movilizaciones para frenar una decisión empresarial que, a su juicio, confirma sus peores temores desde que Euskaltel fue adquirida en 2011 por MásMóvil. El operador vasco nació en 1995 y creció como sociedad pública participada por las instituciones públicas y las cajas de ahorro vascas, hasta que se produjo su gradual privatización. El operador de telecomunicaciones MasOrange, fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange, ha comunicado este mes a los sindicatos su propósito de presentar une expediente de regulación de empleo (ERE) para la eliminación de 795 empleos, de los que 39 afectarán a trabajadores del operador vasco Euskaltel, que fue adquirido en 2011 por MásMóvil.

De los 7.013 vascos de entre 25 y 29 años que han solicitado la ayuda del programa ‘Emantzipa’, menos de la mitad (unos 3.000) han recibido ya los trescientos euros mensuales que el Gobierno vasco ofrece durante dos años para aliviar el pago de la renta. En los primeros siete meses desde su puesta en marcha, el de Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, responsable de la gestión de estos subsidios, ha concedido las ayudas a 3.604 demandantes y se las ha denegado a 808 personas. El resto sigue a la espera de conocer si será finalmente beneficiado o no. Ante el imparable incremento de los precios del mercado inmobiliario vasco, este plan autonómico se lanzó como una medida estrella para apoyar a los jóvenes en su proceso de emancipación. El objetivo final es apoyar económicamente a los que tienen más dificultades para salir de casa de sus progenitores, aquellos que disponen de unos ingresos máximos de 28.000 euros al año. Y es que la situación sin duda preocupa. Estudios oficiales aseguran que el 82% de los jóvenes vascos carecen de los ingresos necesarios para independizarse, lo que ha hecho que la edad media de los que sí tienen capacidad económica para acceder a su primer piso haya crecido hasta los 30,1 años en Euskadi. A diferencia de ‘Gaztelagun’, que subvenciona como máximo el 60% del precio de los alquileres, ‘Emantzipa’ ofrece una cuantía fija. Los demandantes perciben el mismo cheque sin tener en cuenta cuánto pagan a final de mes. El programa se puso en marcha el segundo mes del año y desde entonces el número de demandantes no ha parado de crecer. El aluvión de solicitudes llegó los primeros meses. Durante las 48 horas iniciales, un total de 1.777 vascos se inscribieron de golpe en el programa autonómico. Y en marzo la cifra se elevó hasta 4.371 jóvenes, más de la mitad vizcaínos.

El Ayuntamiento de Bilbao tiene dos grandes objetivos. Uno es atraer a la ciudad actividad económica relacionada con los servicios avanzados. Otro es que lleguen también centros formativos que surtan de mano de obra a ese tejido productivo vinculado a la tecnología y el conocimiento. El plan es que ambos mundos, el empresarial y el universitario, convivan y se retroalimenten. Y rejuvenezcan Bilbao. Una de las bazas con las que lo hace es poniendo a disposición de la iniciativa privada una parte del patrimonio público. En concreto, el Ayuntamiento tiene cedidos de manera gratuita seis inmuebles de propiedad municipal a fundaciones y cooperativas, entidades formalmente consideradas sin ánimo de lucro, que se alinean con los objetivos de la ciudad. ¿Qué objetivos son esos? «Formación, retención y atracción de talento, y especialización inteligente», dice Javier Garcinuño, director de la sociedad municipal Bilbao Ekintza, cuyo fin es el desarrollo económico. Lo que se ha hecho es firmar con estas entidades «sin ánimo de lucro», insiste, convenios de colaboración según los cuales el Consistorio pone el inmueble y la otra parte se compromete a llevar a cabo actividades que benefician a la ciudad. La fundación Vicomtech es la última firma en llegar a Zorrozaurre. En concreto, al edificio Beta I. En su patronato están, entre otros, el Gobierno vasco y la Diputación, además de la Universidad pública, Kutxabank y agentes privados. Trabaja ahora en el desarrollo de la inteligencia artificial vinculada con el «coche autónomo y la imagen médica para asistencia al diagnóstico», pone ejemplos Garcinuño. Es decir, su actividad tiene «plena conexión con la puesta en marcha del parque tecnológico de Zorrozaurre». Como se ha avanzado, junto con su trabajo habitual esta entidad se ha comprometido a llevar a cabo «actividades que impulsen la innovación y el desarrollo del sector estratégico de los servicios avanzados en Bilbao». Por el lado de la investigación el Ayuntamiento también ha facilitado un inmueble a Ikerlan, lo que viene a ser el ‘brazo tecnológico’ de la Corporación Mondragon. 

El 98% de los primeros ejecutivos asegura que aumentará su plantilla a lo largo del año, ocho puntos porcentuales por encima de la pasada edición. Respecto al conjunto de España mantienen también el optimismo, ya que ocho de cada diez confían en que crecerá, según las conclusiones de la décima edición del informe ‘KPMG CEO Outlook 2024’. Juanjo Cano, presidente de la consultora en España, lo tiene claro: «Los primeros ejecutivos mantienen su compromiso con el empleo y afianzan el peso de los asuntos ESG (se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y la IA (inteligencia artificial) generativa como palancas de crecimiento empresarial, poniendo siempre en el centro de sus estrategias a sus profesionales y considerando también al resto de grupos de interés». En cuanto a la evolución de sus propias empresas, los directivos siguen siendo optimistas ya que el 76% confía en que crecerán en los próximos tres años. Aunque este porcentaje es 10 puntos inferior al de 2023, es el mismo que se registra en el conjunto de países analizados. Además, el porcentaje de CEO que no confían en el crecimiento de sus empresas a medio plazo no experimenta cambios con respecto a la pasada edición y se mantiene en el 4%. De hecho, las previsiones de facturación confirman el optimismo de los primeros ejecutivos españoles: todos los encuestados prevén que sus ingresos aumenten en los próximos tres años y un 68% calcula que ese incremento será superior al 2,5%. «Se trata del porcentaje más alto entre los once países analizados en el informe», explican sus autores.

Así se desprende del CEO Outlook de 2024, el informe anual en el que, desde 2015, KPMG encuesta a más de 1.300 responsables ejecutivos de grandes compañías mundiales (a partir de los 500 millones de dólares de facturación) y en el que participan también medio centenar de CEO españoles. Del informe de este año se desprende una gran expectación ante las oportunidades que el despliegue de la IA puede suponer sobre sus compañías, pero también cierta preocupación ante la preparación de los equipos para el retoque trae acompañado. Con todo y a pesar de la inquietud que se ha podido generar socialmente sobre el impacto que la IA tendrá en el mercado laboral, el 80% de los CEO españoles descarta que la aplicación de esta tecnología vaya a reducir «significativamente» el número de puestos de trabajo [a nivel global este porcentaje es algo más bajo, del 76%], pero la gran mayoría sí cree que su implantación va a obligar a actualizar y a mejorar los conocimientos y capacidades de sus actuales plantillas. En concreto, apenas uno de cada cuatro CEO españoles (28%, y aquí estamos diez puntos peor que la media global) defiende que sus empleados sí están capacitados para «aprovechar el potencial de la IA generativa» y seis de cada diez señalan «como un lastre» las capacidades técnicas de sus plantillas en sus organizaciones a la hora de implantar la IA. Ante este escenario, dos tercios de los CEO españoles (64%) asegura que ya están redefiniendo las estrategias de formación y desarrollo de sus empleados y seis de cada diez tienen claro que deben invertir en IA con independencia de la situación de la economía.

La economía ha crecido con mucha intensidad en la primera mitad del año y cuenta con algunos elementos que podrían dar sustento a un nuevo avance en los meses posteriores, como es el caso de la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, los mayores ingresos turísticos o la demanda de vivienda para los nuevos residentes. Sin embargo, al mismo tiempo se enfrenta a un nuevo problema: se trata de una isla de fortaleza económica en medio de la atonía europea, donde ya empiezan a saltar numerosas señales de alerta que podrían hacer mella en la actividad. Esto podría llevar a una curiosa paradoja: que precisamente en un momento en el que se están produciendo constantes revisiones al alza de las previsiones sea también cuando afloran más riesgos para la economía, causando un punto de inflexión a la evolución económica. El año ha comenzado de forma muy positiva para la economía española, con un crecimiento del PIB del 0,9% en el primer trimestre del año seguido de un avance del 0,8% entre abril y junio. Unas cifras que, junto con la reciente revisión al alza del INE, han permitido al Gobierno elevar las perspectivas de crecimiento hasta el 2,7%, gracias al empuje del consumo privado, de la construcción y de los fondos europeos, en línea con prácticamente todos los organismos de previsión. Sin embargo, esta revisión al alza se debe más al efecto arrastre de los datos positivos de la primera mitad del año que a las cifras que se están conociendo de la segunda mitad del ejercicio y a las perspectivas para final de año. En este sentido, destaca la debilidad de la facturación empresarial, especialmente en la industria, o la atonía de la demanda europea, que se asoma a un nuevo estancamiento y amenaza las exportaciones, si bien el consumo o la construcción tienen mimbres para mantener el pulso. Uno de los elementos que dará soporte al crecimiento del PIB será el consumo, que viene ligado a la creación de empleo. El mercado laboral ha generado 482.902 puestos de trabajo en el último año, hasta alcanzar los 21,1 millones de trabajadores. Y, además, los sueldos empiezan a recuperar poder adquisitivo, ya que los salarios pactados en convenio en los ocho primeros meses del año se anotan un avance del 3% anual, el doble que el Índice de Precios de Consumo, que se ha moderado ocho décimas en septiembre, hasta el 1,5%.

No cabe duda de que España, si bien atraviesa un buen momento coyuntural, no se ha trasladado en términos reales al sector privado, al reducirse la contribución al crecimiento del PIB del consumo de los hogares y al caer la inversión empresarial un 1,4% respecto a su nivel de 2019. De esta forma, el impacto de la pandemia, la incertidumbre geopolítica acelerada a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis inflacionista y el consecuente endurecimiento de las condiciones de financiación, junto a elementos internos como la erosión de la seguridad jurídica, los mayores costes burocráticos, la creciente presión fiscal o la ausencia de consensos en clave geoestratégica, han pesado sobre las decisiones y la capacidad de inversión de un tejido empresarial español, afectado además de forma estructural por las consecuencias del reducido tamaño medio de sus compañías. Ante esta evolución del consumo privado, el crecimiento de la economía española se ha sustentado principalmente en la fuerte expansión del gasto público y en el buen comportamiento de nuestro sector exterior, a lo que ha contribuido la menor exposición de la industria manufacturera a la crisis energética al contar nuestro país con fuentes de suministros alternativas y, especialmente, al notable incremento del superávit de la balanza de servicios. En su caso, no sólo han aumentado las ventas al exterior de servicios no turísticos, sino que también se ha constatado el gran papel que ha jugado para impulsar la actividad y la creación de empleo en los últimos años.

“Es la experiencia en renovables, es el conocimiento en el desarrollo de proyectos, es el know how, y es la cualificación y el talento de sus profesionales, en definitiva. Por todo ello, nos gusta el mercado español y su potencial en energías verdes. Creemos en España; podíamos haber ido a otros mercados, el mundo es muy amplio, pero hemos venido aquí”. Así resume Mohamed Jameel Al Ramahi, en una entrevista, por qué Masdar ha apostado fuertemente por las energías verdes en España en su ambiciosa estrategia de expansión internacional. Jameel Al Ramahi es el primer ejecutivo de Masdar (fuente, en árabe). Este grupo es el estandarte del emirato de Abu Dabi en renovables. Una prueba de su relevancia es que el Sultan bin Ahmed Al Jaber, actual ministro de Industria y Tecnología Avanzada, es el presidente del grupo, que él mismo fundó y dirigió en sus inicios. Masdar se ha convertido en el grupo de energías verdes “con más rápido crecimiento en el mundo”, explica satisfecho Jameel Al Ramahi, consejero delegado desde 2016. La entrevista, vía online, se produce cuando Masdar acaba de firmar la compra por casi 1.300 millones de euros de Saeta Yield en España. Esta adquisición marca otro hito para Masdar en España, donde hace apenas dos meses dio su gran salto al firmar una alianza con Endesa para desarrollar una megacartera de renovables valorada en 1.700 millones de euros. Saeta además le da acceso al mercado portugués. “Madrid se consolida como nuestro gran hub para el desarrollo de renovables en Europa. Desde aquí buscaremos más oportunidades, en España y en otros países”, dice Jameel Al Ramahi, que recuerda el compromiso de Masdar con los países donde está. Además de España, tiene presencia en Alemania, Reino Unido, EEUU y Egipto, entre otros.

Los centros de datos se han convertido en una infraestructura estrella en España, con proyecciones de inversión que superan a otros sectores tradicionales como carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, entre otros activos de transporte. Las crecientes necesidades de almacenamiento provocadas por los servicios en la nube (cloud computing), el Internet de la cosas acelerado por las redes 5G y el uso de la Inteligencia Artificial (IA) han disparado la demanda de este tipo de instalaciones con la toma de posiciones de operadores especializados y entrantes que pujan por un negocio que moverá en cuatro años más de 18.000 millones de euros de inversión. Junto a compañías como Equinix, EdgeConnex, Digital Realty, Data4 y Nabiax, han emergido proyectos de inversión lanzados por nuevos jugadores donde sobresalen grupos energéticos como Iberdrola y Acciona, promotores de infraestructuras tradicionales como ACS e inmobiliarias como Merlin. Los expertos de EY creen que los centros de datos van a ser uno de los grandes exponentes de la gestión privada de infraestructuras en España, donde industriales y fondos de inversión pueden obtener rentabilidades de dos dígitos. “El crecimiento exponencial del tráfico global de datos, impulsado por el uso de dispositivos móviles y la influencia generalizada de la digitalización, la computación en la nube, el vídeo OTT, el Internet de las cosas y la IA, subraya las enormes oportunidades que ofrece el negocio de los datos”, señala Javier García Seijas, socio de EY responsable del área de Private Infrastructure, que esta semana presenta EY Infraestructure Compass 2024, un informe más detallado sobre la gestión privada de infraestructuras. Según sus cálculos, la inversión anual en nuevas instalaciones ascenderá a unos 2.500 millones anuales con la previsión de unos 1.800 MW instalados en centros de gran escala.

La central que en 1979 protagonizó el mayor accidente nuclear de Estados Unidos vuelve a la vida para dar servicio a Microsoft y sus centros de datos. Esta segunda oportunidad nuclear choca con el desmantelamiento previsto en España o la construcción de minirreactores en países como Italia.  La nuclear ya es considerada una fuente verde hasta en la taxonomía europea y el mundo se divide entre quienes construyen nuevas centrales –especialmente modulares–, quienes prolongan o devuelven la vida a sus reactores y quienes, como España, optan por el ‘apagón’ ante el avance de tecnologías que no deben preocuparse por el peligro que suponen sus residuos. La nuclear y las renovables se complementan bien en un mix como el español y, al mismo tiempo, resulta difícil sustituir una por otras, y viceversa, por una característica clave: su intermitencia. Los reactores, que en lo que va de año son la segunda fuente de generación eléctrica en España, funcionan en el entorno del 90% de las horas del año, mientras que la eólica y la fotovoltaica dependen del viento y del sol. Sin embargo, la nuclear es mucho menos regulable; hay ciertos parámetros, pero parar por completo una central supone no contar con su producción durante un tiempo, hasta que vuelve a ponerse en marcha, y por seguridad tampoco puede reducirse en gran medida su aportación. Los paneles y los molinos, por su parte, pueden conectarse y desconectarse en función de las necesidades del sistema, al igual que la hidráulica (que se ve afectada por sequías, eso sí). Pero el apagón nuclear, que ocurrirá de forma paulatina entre 2027 y 2035, supondrá un cambio importante en la generación eléctrica en España. La principal consecuencia será que, mientras se desarrollan e instalan sistemas de almacenamiento como baterías, centrales de bombeo o llega el hidrógeno verde, habrá que recurrir al gas cuando el sistema se tensione y no haya fuentes renovables disponibles, lo que será especialmente notable en las tardes y noches de verano, cuando caiga la producción fotovoltaica y haya picos de demanda eléctrica por la refrigeración. En este sentido, el esperado aumento del consumo por la electrificación supondrá un reto adicional.

El llamamiento del ex primer ministro italiano y expresidente del BCE a una inversión masiva en la UE es un toque de atención sobre el estancamiento económico de Europa. Pero ¿puede el continente permitirse las contrapartidas que está pasando por alto? El esperado informe de Mario Draghi, que aboga por una “nueva estrategia industrial para Europa”, es una propuesta audaz y oportuna para hacer frente al déficit de competitividad de Europa frente a Estados Unidos y China. La recomendación del ex primer ministro italiano de que Europa invierta 800.000 millones de euros más al año, lo que equivale a un 4,7% del PIB de la UE, deja claro que el continente se encuentra en una encrucijada. Según Draghi, sin esta inversión masiva Europa corre el riesgo de quedarse aún más rezagada. “Se trata de un reto existencial”, escribió. El informe de 400 páginas, encargado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a principios de este año, pretende mantener la competitividad de Europa en un momento de estancamiento económico en todo el continente y de preocupación por la fragmentación de los mercados, las pesadas cargas reglamentarias y la falta de mercados de capitales grandes e integrados. Una de las propuestas más interesantes es la de un “activo seguro común”, básicamente un bono del Tesoro de la UE. Proporcionaría a Europa una mayor seguridad financiera y, en mi opinión, podría incluso rivalizar con el bono del tesoro de EEUU como principal activo sin riesgo del mundo. Esto también proporcionaría un punto de referencia financiero como los bonos del tesoro de EEUU y daría al euro un papel más fuerte en los mercados mundiales, fortaleciendo el valor de la moneda en el proceso...

El sector del automóvil está en pleno proceso de transformación hacia la movilidad sin emisiones. Los grandes fabricantes de vehículos han invertido millones de euros para desarrollar tecnología eléctrica. Sin embargo, las ventas de eléctricos no acompañan. En Europa, las matriculaciones de coches eléctricos acumulaban una caída del 5,5% hasta el pasado agosto, mientras que las de híbridos enchufables bajaron un 1,7%. En cambio, el mercado europeo de híbridos convencionales sigue tirando, con una subida del 20,3%, según datos de ACEA. En España, por su parte, las entregas de eléctricos cayeron un 2,6% desde enero, y las de híbridos enchufables un 4,1%. En el caso de los híbridos convencionales subieron un 24% en el período. Hay varios factores que afectan a esta desaceleración de las ventas de eléctricos, entre los que destaca la menor intención de compra por parte de los consumidores. Según el Informe Mobility Consumer Index 2024 de EY, el 51% de los usuarios tiene intención de comprar un coche nuevo o usado en los próximos 24 meses, es decir, siete puntos más que el año previo. El documento destaca que Vietnam (81%), India (74%) e Indonesia (72%) son los países en los que la intención de compra de coche es superior, mientras que en España se sitúa en el 50%, un punto por debajo de la media mundial. Japón, con un 19%, y República Checa y Finlandia, ambas con un 29%, están a la cola.

«Las personas son más productivas cuando trabajan en la oficina». Así lo asegura Elon Musk, el fundador de Tesla y dueño de X (antigua Twitter), que se ha convertido en un férreo detractor del teletrabajo. El polémico empresario defiende que «trabajar desde casa es estar alejado de la realidad» y por eso impuso en sus compañías ya desde 2022 políticas estrictas, exigiendo que los empleados trabajen al menos 40 horas semanales en la oficina. «Si no te presentas (en la oficina), consideraremos que has dimitido», llegó a amenazar en una carta a sus trabajadores. Pero estas ideas de que trabajar en grupo incentiva el ingenio, que es necesario juntarse, hablar, debatir… para crear y producir mejor están calando más y más entre los directivos de las grandes empresas. La consultora mundial Goldman Sachs, el banco de inversión JP Morgan o Dell son grandes compañías que han dado marcha atrás en su apuesta por el teletrabajo y, o bien lo prohíben, o lo endurecen de tal forma que el que no acuda a la oficina no tendrá posibilidades de prosperar, advierte Dell. Una de las últimas en sumarse a esta tendencia ha sido el gigante del comercio electrónico Amazon, que recientemente ha ordenado a todos sus empleados, más de 25.000 en todo el mundo, la vuelta a la oficina. Nadie podrá ya quedarse trabajando en sus casas salvo situaciones excepcionales, como, por ejemplo, la enfermedad de un hijo. Este paso atrás también se está produciendo entre las empresas españolas y en este último año un 55% ya ha adoptado un modelo 100% presencial, el porcentaje más alto desde 2021, cuando únicamente eran el 26%, según constata un reciente informe publicado por Infoempleo. Se confirma así que el ‘boom’ que experimentó el teletrabajo a raíz de la pandemia del coronavirus está decayendo y en 2024 siguen disminuyendo las empresas que ofrecen a sus empleados la posibilidad de teletrabajar. 

"El estudio de la productividad es crítico en la teoría del crecimiento económico. Como advierte Paul Krugman en su libro ‘La era de las expectativas decrecientes’, «la productividad no lo es todo, pero a largo plazo sí lo es, es casi todo». La productividad se erige en la piedra angular de la prosperidad económica. La única manera de elevar de forma sostenible el nivel de vida de un país es producir más con los mismos o incluso menores recursos...El economista de Yale Michael Peters examina las causas del lento crecimiento de la variable en Estados Unidos cuya falta de dinamismo podría contagiar al resto del mundo. Peters sugiere fomentar la inmigración para compensar la reducción de la fuerza laboral doméstica, e introducir regulaciones más agresivas para fomentar la innovación en la pequeña empresa y en las ‘startups’, como parte de una solución integral. Complementando esta visión, Ufuk Akcigit, de la Universidad de Chicago, constata que el aumento del gasto en investigación y desarrollo (I+D) en Estados Unidos no implica necesariamente un aumento de su productividad. El estudio revela que las pequeñas empresas son, sorprendentemente, más innovadoras que las grandes en relación con su tamaño, debido a que utilizan de forma más eficiente los recursos destinados a I+D. A medida que las empresas grandes y medianas crecen y se asientan en sus respectivas cuotas de mercado, suelen poner mayor énfasis en la protección de su posición relativa que en fomentar la innovación. La innovación, aunque necesaria, no basta por sí sola para producir crecimientos de la productividad. Es la adopción de nuevas tecnologías y la transformación digital, especialmente a través de la inteligencia artificial (IA), la que tiene el potencial de marcar un aumento progresivo de la productividad, según el Nobel Michael Spence. Para que la IA alcance su máximo potencial económico, –agrega el americano– debe ser accesible a todos los sectores de la economía y a empresas de todos los tamaños..."

Hasta las grandes petroleras han llegado los nubarrones del bloqueo político que aqueja al país. En las últimas semanas, los gigantes de la refinería y las estaciones de servicio se han visto empujados a cambiar su estrategia en el Congreso para taponar el agujero del fraude fiscal en la venta de carburante mediante una reforma tributaria. Estas prácticas comerciales ilícitas han alcanzado niveles históricos y están alterando el mercado, así como erosionando las arcas públicas, donde el roto roza ya los 3.000 millones anuales. Las cuatro grandes patronales del sector (Aevecar, AOP, CEEES y UPI), que representan a más de 4.700 empresas y unos 200.000 trabajadores, llevan semanas maniobrando para modificar el sistema de tributación del IVA en la venta de combustible, a imagen y semejanza del modelo italiano. Precisamente, fue para atajar el problema del fraude en el sector lo que el país transalpino a introducir una serie de mecanismos de control que asegurasen que los operadores pagaban el IVA en el momento de extraer el producto del depósito fiscal, algo que no establece el marco regulatorio español. Entre las herramientas que plantean desde el sector, se combina la liquidación anticipada del impuesto, la presentación de un aval, o la exención del pago inmediato únicamente para aquellos operadores que puedan acreditar que no tienen deudas con Hacienda.

La Comisión Europea resolvió la pasada semana uno de los casos más esperados en materia de Competencia que está destinado a convertirse en parte del legado que Margrethe Vestager dejará a Teresa Ribera en la cartera: la aprobación con condiciones de la venta de cuatro filiales del operador de telecomunicaciones checo PPF a e&, el operador de telecomunicaciones del fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos. Emirates Telecommunication Group Company (e&), antes Etisalat, es un operador controlado por el Emirates Investment Authority, el único fondo soberano a nivel nacional del país (luego hay otros que corresponden a un único emirato) y fue el primero de los operadores árabes en pisar terreno europeo con la entrada en Vodafone, de la que controla un 14,6%, una operación que abrió la puerta por la que luego pasaría STC Group en Telefónica. Sin embargo, la nueva compra es diferente a estas, ya que el grupo compró la mayoría del capital (un 51%) y pasará a controlar uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría y Serbia. Se trata de una operación muy esperada, al ser la primera transacción corporativa que la Unión Europea ha investigado en profundidad bajo el marco del nuevo reglamento de subsidios extranjeros. Esta ley busca evitar que empresas que han recibido fuertes ayudas de estado expulsen a las compañías europeas del mercado gracias a esta financiación extra.

La ultraderecha logró ayer un triunfo histórico al coronarse como primera fuerza política en Austria. Y no solo eso, el Partido Liberal Austriaco (FPOE) y su líder, Herbert Kickl, infringieron una humillante derrota a las dos formaciones tradicionales de la república alpina, el Partido Popular (OEVP) y el Partido Socialdemócrata (SPOE), el primero al perder casi un 12% de votos frente a los comicios de 2019 y el segundo al obtener el peor resultado de su trayectoria. Conservadores y socialdemócratas han gobernado alternativamente o en gran coalición desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El resultado es «un mandato para gobernar», afirmó Kickl ante las cámaras. «Ahora habría que preguntar al resto de los candidatos qué es lo que consideran democracia», añadió el político ultraderechista, sabedor de que le resultará sumamente complicado convencer a otro partido para formar coalición y alcanzar la necesaria mayoría parlamentaria. «Nuestra mano está abierta. Estoy dispuesto a dialogar con cualquiera de ustedes», subrayó en la ronda de debate televisado tras los comicios con los líderes de las demás formaciones que han logrado escaños para el Parlamento. Kickl acusó al resto de convertir a sus seguidores en «votantes de segunda clase» si finalmente niegan al FPOE la posibilidad de alcanzar el poder. El triunfo de los populistas de extrema derecha es prácticamente una victoria pírrica. Es sumamente improbable que Kickl llegue a gobernar. Karl Nehammer, líder de los conservadores y canciller federal saliente, anunció ya en campaña que su partido de ninguna manera apoyaría un ejecutivo con el ultraderechista como jefe de Gobierno y ayer reiteró esa postura.

Claudia Sheinbaum asumirá mañana la presidencia de México en medio de la crisis diplomática abierta con España por la decisión del gobierno mexicano de no invitar a Felipe VI al acto de la toma de posesión. Es sólo uno de los muchos frentes que tendrá abiertos Sheinbaum en los primeros compases de su mandato, que comienza con dudas en relación a la evolución de la economía del país y la aplicación de la recién aprobada reforma judicial y a pocas semanas de que Estados Unidos (EEUU), su principal socio comercial, elija al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Hace pocos días la OCDE recortó sus proyecciones de crecimiento para México. Este año el PIB mexicano avanzará un 1,4%, ocho décimas por debajo de su pronóstico anterior. De cara a 2025, las previsiones también se han ajustado a la baja, hasta situarse en el 1,2%. El análisis de la OCDE se encuentra en línea con los cálculos elaborados por el Banco de México en agosto. El organismo advirtió en su último informe trimestral de que la actividad económica atraviesa un periodo de “marcada debilidad” en el país y ajustó a la baja, por tercera vez consecutiva, la previsión de crecimiento de la economía mexicana: este año aumentará un 1,5%, muy lejos del 2,4% estimado en su informe anterior. A la debilidad de la actividad económica se suma un déficit fiscal que, según avanzó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O (que seguirá al frente de esta secretaría en la nueva legislatura) escalará hasta el 5,9% del PIB, un nivel no visto en más de treinta años. El objetivo de Sheinbaum es reducir el déficit hasta el 3% el año que viene, un reto que supondrá un recorte del gasto significativo que, a priori, no casa con la ambiciosa agenda social de la nueva presidenta.