20240116

En el foro Deia en el que ha participado, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido el modelo de gestión "riguroso, responsable y serio" por el "bien común" y sin prometer "imposibles" que ha realizado en estas tres legislaturas, frente al auge del "egosistema" y actitudes "irresponsables". Además, ha reprochado la imagen que se ha dado de Euskadi, con 2.700 huelgas desde 2012, y dice que las empresas necesitan estabilidad y seguridad jurídica pero también un clima económico-social que "resulte de interés". "El primer requisito para que exista trabajo y buenas condiciones laborales es contar con empresas que quieran mantenerse e instalarse en nuestro país", ha subrayado. En esta tesitura, en la que todavía Iñigo Urkullu no ha anunciado la fecha de los próximos comicios, que él debe convocar, ha asegurado que estos años lo que mayor satisfacción le ha producido está "vinculado a tres conceptos: Pertsona helburu (la persona como objetivo), Auzolana (el bien común), Euskadi-Basque Country", así como "la capacidad demostrada de resistencia, resiliencia y evolución". Urkullu ha afirmado que es necesario "tomar consciencia, y conciencia, de la realidad presente", así como de las "repercusiones futuras" de las decisiones, por lo que ve necesaria la asunción de la corresponsabilidad. "¿Alguien se ha preguntado cuánto supondría dar respuesta, por ejemplo, a la exigencia de aumentar un 10% el salario de todas y todos los funcionarios del Gobierno Vasco? Casi 600 millones de euros. Con ese dinero, cada año, podríamos construir cinco Hospitales; adquirir diez ordenadores cuánticos o construir 73 Institutos", ha asegurado. En este sentido, ha advertido de que "quien promete sin límite, quien afirma que todo es posible", está "jugando" con el futuro de la sociedad y es una actitud "irresponsable y egoísta...la imagen de conflicto continuo, la estrategia de huelga tras huelga tiene sus consecuencias". ¿Nos preguntamos por la imagen de un País que, desde 2012, ha tenido 2.700 huelgas? ¿Nos preocupamos por las consecuencias de albergar la mitad de las huelgas de todo el Estado? Ante todo: pertsona helburu. El primer requisito para que exista trabajo, y buenas condiciones laborales, es contar con empresas que quieran mantenerse e instalarse en nuestro país", ha añadido. A su juicio, a las empresas se les debe ofrecer estabilidad y seguridad jurídica como país pero también "un clima económico-social que resulte de interés" y también "seguir siendo competitivos".

En el marco de la jornada organizada por el periódico Deia, Urkullu ha demandado responsabilidad a la oposición a la que ha culpado de intentar "generar malestar social con la finalidad de asaltar el poder", y en esta actitud ha enmarcado las 2.700 huelgas que se han convocado en Euskadi desde 2012. El lehendakari ha recordado que solo en el periodo preelectoral de enero a mayo del año pasado se registraron 86 conflictos laborales y huelgas que no mostraban la realidad económica, laboral y social de Euskadi.  “¿Alguien cree que esta es la realidad de Euskadi?¿Alguien ha hecho alguna consideración con respecto al fiasco de las huelgas convocadas en la administración pública a lo largo del último año? ¿Alguien se ha va a hacer responsable del fiasco de las huelgas convocadas en la administración pública? No. Estamos ante un ejercicio de generar un malestar social aprovechando que hemos perdido poder adquisitivo”, ha destacado el lehendakari. Urkullu también ha incidido en el diferente discurso que mantiene EH Bildu en la política estatal, donde apelan de forma al argumento de la necesidad de tener en cuenta el principio de realidad para justificar sus decisiones, y en la política vasca donde renuncian a ese principio por intereses partidistas. El lehendakari no ha desvelado cuándo convocará las elecciones vascas. Reconoce que baraja varias fechas, y destaca que los anteriores comicios aplazados por la pandemia deberían haberse celebrado el 5 de abril de  2020. Por último, Urkullu ha tenido palabras de reconocimiento para el candidato del PNV a lehendakari en los próximos comicios, Imanol Pradales, destacando su probada solvencia y valía como persona y político. 

28 empresas alavesas presentaron ayer en el Palacio Europa a 700 jóvenes del territorio las oportunidades con las que la industria espera a las nuevas generaciones. El Día de la Industria, organizado por SEA-Empresas Alavesas y la Fundación Vital dentro del proyecto EmpleoAraba, acogió en Vitoria a estudiantes de 14 y 15 años procedentes de 16 centros docentes. La iniciativa pretende fomentar vocaciones en el sector, que supone el 32% del PIB alavés y busca atraer y retener talento para cubrir sus necesidades de mano de obra. Según la patronal, la industria alavesa necesita de alrededor de 14.000 profesionales para cubrir la demanda laboral que tiene y sacar adelante los pedidos que recibe. Ver nota de SEA. 

A pesar de los esfuerzos realizados para limitar la dependencia del gas en la economía europea, los datos cantan y siguen insistiendo de forma contundente en que este combustible todavía es imprescindible para la UE. Es más, el hidrocarburo del país gobernado por Vladímir Putin es más demandado que nunca. El acopio de gas llevado a cabo por los Veintisiete una vez que se cerró el tubo ruso del Nord Stream se ha traducido en una llegada de GNL en barco procedente de Rusia que no tiene precedentes. En el Puerto de Bilbao fueron 29 buques con mercancía de ese país los que atracaron en 2023, casi el doble de los 15 de 2021, cuando todavía no había estallado la guerra de Ucrania. El dato es consecuencia también de la importancia de la infraestructura portuaria vizcaína, que volvió a ser el pasado año el principal punto de llegada de gas natural licuado a España. De las siete regasificadoras que gestiona Enagás en las costas de la península, la compartida con el Gobierno vasco fue en 2023 la más importante en volumen y la que más actividad registró. Según el último boletín estadístico del operador estatal, se descargaron un total de 63.272 GWh de 64 buques. Cifras de combustible que suponen un leve ajuste del 2% sobre las de 2022, cuando se registró un récord en el Puerto de Bilbao después de que se disparara la demanda de GNL por el cierre del gasoducto Nord Stream y el estallido de la guerra en Ucrania. Tras el vizcaíno, el siguiente punto descargas fue Huelva, con 47.105 GWh, seguido de Sagunto (45.352), Barcelona (43.112) y Cartagena (41.7105 GWh). Bilbao, por su localización geográfica, es la puerta de entrada del 40% del gas ruso que llega por barco a España.

Más de un mes y medio después de que el comité aceptase la propuesta de bajas incentivadas, anoche concluyó el plazo para acogerse a las distintas opciones que planteó Michelin Vitoria para la salida de las 150 personas que anunció como «excedente» en el mes de noviembre. Sin datos oficiales de cómo marcha dicho plan, fuentes sindicales confirmaron ayer que al menos once trabajadores de la factoría alavesa han solicitado acogerse a los contratos relevo ofertados por la empresa. Sobre el resto de salidas, el comité tiene constancia de que algunos empleados han pedido el traslado a otras plantas de la multinacional francesa como la de Valladolid. Sin embargo, las centrales dan por descontado que no se alcanzarán las 150 salidas que pretendía Michelin. Algunas, incluso barajan la posibilidad de que ni siquiera medio centenar de personas se acogerán a la propuesta del grupo francés. «Pueden ser unos cuarenta», señalaba ayer un delegado consultado por este periódico. Michelin ofrecía una serie de incentivos a las salidas voluntarias. En concreto, quien decidiese por su propio pie abandonar sus funciones en la factoría de la Avenida del Cantábrico accedería a una indemnización de 33 días por año trabajado con dos límites: no se pagará más allá de 18 mensualidades y no se excederá un importe total de 75.000 euros. A cambio del ‘sí’ del comité, la empresa se comprometió a no despedir por causas productivas a ningún trabajador durante seis meses.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer que, además de reunir una mesa sobre la reforma del subsidio por desempleo, el siguiente paso que va a dar es convocar otra concertación con la patronal y los sindicatos para empezar a debatir la reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. “La jornada laboral en España lleva 40 años congelada”, dijo Díaz. Este es un compromiso recogido en el pacto de Gobierno del PSOE y Podemos. Se trata de bajar el tiempo de trabajo semanal, para 2025, desde las 40 a las 37,5 horas. En realidad, el Ejecutivo quiere plasmarlo en la ley para los sectores y empresas que hacen largas jornadas laborales. Muchas empresas y trabajadores ya tienen ese horario mediante la negociación colectiva. “Lo que vamos a hacer es convocar una mesa de diálogo social para abordar este cambio que se contempla en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y después lo llevaremos al debate en el Congreso de los de los Diputados. Es una norma muy importante que va a mejorar la vida de la gente”, dijo Díaz en declaraciones a Antena 3. Díaz explicó que la medida “no le gustaba nada” a los socialistas, que iba en el programa electoral de Sumar. “Fue el caballo de batalla en la negociación con el PSOE, junto con otras muchas medidas, pero en el último minuto yo tuve que desbloquear esta reducción de la jornada laboral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque el PSOE quería mantener la de hoy en día”. Díaz apuntó que, desde el principio de la legislatura y de las negociaciones con el PSOE, ella dejó claro que la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial era una de las medidas clave. 

El encuentro exprés que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene intención de celebrar mañana en la localidad suiza de Davos con los primeros ejecutivos de los grandes grupos españoles que están asistiendo al Foro Económico Mundial ha desatado tensiones. Al cierre de esta edición, aún no había confirmación de qué directivos a los que se ha cursado invitaciones informales habían corroborado su asistencia. Pedro Sánchez tiene intención de repetir la escena del pasado año, cuando, tras su discurso en una de las sesiones plenarias del Foro, se reunió a puerta cerrada con un grupo de primeros espadas empresariales españoles. A pesar de ser a puerta cerrada, desde Moncloa difundieron con posterioridad una foto que inmortalizaba el momento de la reunión. En concreto, acudieron Ana Botín, presidenta de Santander; Carlos Torres, presidente de BBVA; José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Ester Baiget, CEO de Novzymes; Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; Belén Garijo, CEO de Merck y Jorchen Eickholt, CEO de Siemens Gamesa. Acompañando a Sánchez estuvo por la parte del Gobierno Manuel de la Rocha, secretario general de asuntos económicos de Presidencia y José Manuel Albares, ministro de Exteriores. Las grandes ausencias fueron Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, e Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

Los gobiernos central y vasco, junto a la sociedad avalista Elkargi, han renovado hoy su compromiso de apoyar las operaciones de internacionalización de las empresas de Euskadi, con una línea de respaldo financiero que se inició en 2019 y que está dotada con 100 millones de euros. En la firma de la renovación del acuerdo han participado representantes de Cofides, del Instituto Vasco de Finanzas y de BasqueTrade & Investment, la oficina dependiente del Departamento de Desarrollo Económico dedicada a la promoción de las empresas en los mercados exteriores. La línea de apoyo financiero a la implantación comercial e industrial de las empresas vascas se creó con el objetivo de incrementar la presencia de las compañías de tamaño mediano de la comunidad autónoma en otros mercados. Fuentes del Gobierno vasco han señalado que todas las instituciones implicadas «seguirán sumando esfuerzos para impulsar conjuntamente la implantación en el exterior de las empresas del País Vasco». Ver nota de prensa conjunta. 

Luz verde al proyecto del Baskonia en Salburua. El Gobierno vasco concedió ayer los permisos medioambientales al complejo que acogerá la residencia de estudiantes, el edificio de Euneiz y dos campos de fútbol en Salburua. Aunque con una serie de condicionantes, el Ejecutivo autonómico otorgó la declaración favorable al proyecto. El grupo empresarial de Josean Querejeta, por lo tanto, podrá seguir adelante con sus planes sin más limitaciones que las fijadas por Lakua. La resolución del Gobierno vasco, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco ayer, declara que el alojamiento de estudiantes podrá funcionar en verano como hotel. Lo hará con una categoría de dos estrellas. El Ayuntamiento de Vitoria ya había apuntado en noviembre a esa posibilidad con un límite: sólo podrán usarse como alojamiento turístico 190 habitaciones de las 238 de la residencia. El Departamento de Desarrollo Económico ha constatado que el complejo se ubicará en la zona periférica de protección de los humedales de Salburua y define a ese como su «condicionante más significativo». De hecho, admite que gran parte de su superficie presenta una «vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos». Pese a ello, los condicionantes que imponen no son de gran entidad. Los más importantes tienen que ver con que las obras sólo se podrán hacer de día, que las torres de luz de los campos de fútbol deberán limitar su altura a 15 metros y que los trabajos tendrán que realizarse con una asesoría ambiental. Será necesario, además, efectuar un seguimiento de la restauración del espacio durante tres años después de levantar las edificaciones. El edificio de Euneiz, según la solicitud del Ejecutivo, contará con cuatro plantas. La residencia de estudiantes se plantea como dos bloques unidos con más de 1.700 metros cuadrados de zonas comunes. Los campos de fútbol serán dos y tendrán unas dimensiones de 61x97 metros.

El aeropuerto de Loiu (Bilbao) batió en 2023 su récord histórico de pasajeros transportados en un año. Por 'La Paloma' pasaron 6,33 millones de viajeros, lo que supone superar el anterior registro (el de 2019) en más de 300.000 clientes. 2023 ha sido un año en el que ha seguido creciendo el tráfico del Estado (14,5%) pero sobre todo ha sido un ejercicio en el que los viajes al extranjero se han disparado, superando cotas nunca antes vistas en Bizkaia. Los enlaces con el exterior han experimentado un avance del 40,1%. Por su parte, el aeropuerto de Vitoria cierra el año por encima de la barrera de los 300.000 viajeros. Según las estadísticas publicadas este lunes por Aena, el aeródromo alavés terminó el ejercicio con un total de 309.929 viajeros. Es la cifra anual más alta en sus 43 años de trayectoria. Y, en Gipuzkoa, el aeropuerto de Hondarribia ha pulverizado todos sus récords en el año 2023, un ejercicio en el que ha marcado su mejor registro histórico de pasajeros con un total de 482.662 viajeros, lo que supera en 16.200 usuarios la anterior mejor marca del aeródromo guipuzcoano, que databa de 2007, cuando se contabilizaron 466.457 pasajeros. Las cifras totales del año han sido un 25,8% superiores a las de 2022, lo que ha permitido confirmar este lunes lo que ya se venía previendo: que este año iba a ser el mejor de la historia para el aeropuerto de Hondarribia. Ver más en Aena. 

La última propuesta de Iberia para zanjar la batalla laboral en su filial de servicios en tierra (handling), desvelada ayer, causa recelo entre los sindicatos. La aerolínea plantea un plan de viabilidad con 1.727 prejubilaciones y bajas incentivadas hasta diciembre de 2026, además de la creación de una nueva operadora de handling a la que iría el resto de la plantilla de Iberia Airport Services, con 8.000 efectivos. Se trata de rebajar costes para hacer viable el autohandling en los ocho aeropuertos en que la empresa ha perdido licencia para prestar servicios a terceras aerolíneas. Incluso se busca que el handling en el resto de la red no genere pérdidas. Entre los representantes de los trabajadores hay voces muy críticas con el plan. UGT amenazó ayer con promover una huelga en todas las áreas de Iberia si no se aportan “las soluciones adecuadas e inmediatas al problema que existe en el handling”. Al cierre de esta edición se debatía sobre ello en el comité intercentros. La dirección defiende que se evitaría la salida de más de 3.000 trabajadores a firmas competidoras que han ganado los permisos, que hasta ahora ha tenido Iberia, para operar para terceros en ocho grandes aeropuertos. La nueva empresa sería 100% propiedad de IAG, dejándose en manos de Iberia la mayoría del capital, con lo que se garantizan los derechos de los empleados. La operadora de handling nacería con “ambiciosos objetivos de crecimiento nacional y vocación de desarrollo internacional”, apunta Iberia.

Las denuncias por estafas en la compra e inversión en criptomonedas o a través de plataformas digitales de inversión no cesan pese a las campañas de prevención en el último año y los cada vez mayores casos que van saliendo a la opinión pública. Varias decenas de víctimas guipuzcoanas han llevado en los últimos meses denuncias a la justicia por fraudes superiores a los tres millones de euros, según el último recuento de Victifin, una de las principales asociaciones de afectados que trabaja en Gipuzkoa. Una cifra que casi llega a cinco millones en el conjunto de Euskadi y unos 50 en toda España, según este colectivo. Los casos más habituales suelen ascender a unos 100.000 euros, aunque se cuentan cantidades mayores, como un caso en Donostia en el que una persona reclama 750.000 euros perdidos por un engaño en inversiones en moneda digital, u otro en Tolosa por la mitad, 350.000, por idénticos motivos. En Zarautz se ha registrado otro fraude por importe de más de 200.000 euros. Todos ellos están denunciados ante la Ertzaintza o la Policía Nacional y hasta en dependencias de la Guardia Civil en Intxaurrondo y pendientes de actuaciones judiciales. Las continuas denuncias han llevado a los delincuentes a perfeccionar sus métodos y a cambiar el perfil de las víctimas. Si hace un año el sector más afectado era el de personas mayores de 60 años con cierta capacidad de ahorro, a día de hoy, señalan desde Victifin, el espectro con más denuncias es el que se sitúa en la horquilla entre los 40 y los 55 años, mientras que el de los más veteranos ha descendido en un 20%.

La irrupción de las nuevas tecnologías ha transformado de golpe la forma de vivir, de relacionarse y de trabajar. Si hasta hace bien poco se hablaba de los peligros que la digitalización podría acarrear al empleo, ahora es la inteligencia artificial (IA), que está todavía en sus inicios, la que pone en riesgo muchos de los actuales empleos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) se sumó ayer a los organismos que alertan de este fenómeno y ofreció cifras del impacto que puede acarrear: hasta un 60% del empleo podría desaparecer o sufrir cambios por la irrupción de la IA. Este será el caso de las economías avanzadas, mucho más expuestas a este avance, mientras que el porcentaje se reduciría al 40% para las emergentes y al 26% para los países subdesarrollados, según el informe del FMI. En el caso de los países más avanzados, el porcentaje más que duplica el estimado por la OCDE en otro estudio publicado el pasado verano, cuanto cuantificó en un 27% los puestos de trabajo que estaban en riesgo de automatización con la llegada de la inteligencia artificial. En el caso de España, un 28%. «Las economías avanzadas y algunos mercados emergentes verán afectados el 60% de sus puestos de trabajo», según la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien, no obstante, señala que la mitad de ellos se verán afectados negativamente mientras la otra mitad pueden beneficiarse del aumento de productividad que proporcionará. El informe del FMI destaca que, al contrario de lo que hasta ahora pasaba con la automatización y la tecnología de la información, que ha afectado históricamente a las tareas rutinarias, un elemento distintivo de la IA es su capacidad para impactar en trabajos altamente cualificados, por lo que son las economías avanzadas las que se enfrentan a mayores riesgos, pero también a más oportunidades para aprovechar sus beneficios.

Cuando se le pregunta directamente a una inteligencia artificial generativa (en el caso de este artículo, a Bard, la IA de Google) si es posible que una tecnología como ella destruya empleos, la respuesta que da es que sí. Que a pesar de que se crearán otros oficios, la evolución de las IA derivará en pérdidas de trabajo en ciertas industrias, y apunta a que el balance definitivo de “impacto neto” dependerá de una serie de factores. En la vigésima séptima edición de la encuesta global que cada año realiza PwC a 4.702 consejeros delegados de 105 países, presentada ayer en el Foro Económico de Davos, los directivos de las compañías han dejado una conclusión de doble filo a este respecto: uno de cada cuatro ha anticipado una reducción de plantilla del 5% o más en 2024 debido a la IA. Por contra, un 39% espera aumentar su recuento de trabajadores un 5% o más en 2024, por lo que, por lo pronto, el balance neto en el empleo, asumiendo que los CEO dicen la verdad, sería positivo. Entrando en el detalle por sectores en lo que a recortes de personal se refiere, el de los medios de comunicación y el entretenimiento acumuló el mayor número de CEO respondiendo en este sentido. Un 32% de los consultados en este campo consideró esos recortes del 5% o más de la plantilla como la opción más probable este año. Le siguieron al mismo nivel, en ambos casos, un 28%, los CEO dedicados al sector de la banca y mercados financieros y los de empresas aseguradoras. En el lado opuesto, metales y minería (14%), tecnología (14%) e ingeniería y construcción (12%) registraron el menor porcentaje de respuestas afirmativas a este respecto.

Scottish Power, filial británica de Iberdrola, ha licitado un concurso para diseñar, desarrollar y mejorar redes e infraestructuras de transmisión de energía –ya existentes y nuevas– por un valor de 5.400 millones de libras (6.280 millones de euros). La intención del grupo español es ayudar a verter a la red más renovables a un sistema que en los próximos diez años necesita renovar o construir 600.000 kilómetros de líneas eléctricas a la vista de que la demanda de electricidad se duplicará en Reino Unido. El concurso lo promueve SP Energy Networks –el área de redes de Scottish Power– y es, según la compañía, el de mayor importe de los que ha sacado nunca al mercado. Las ofertas que espera recibir Iberdrola se refieren a líneas aéreas, subestaciones de alta tensión y trabajos de diseño, ingeniería y construcción. La intención es integrar en el sistema entre 80 y 85 gigavatios (GW) de renovables, y los contratos, que se desarrollarán en el centro y sur de Escocia, tendrán una duración de diez años. Se tratará, según el consejero delegado de Scottish Power, Keith Anderson, de la mayor revisión de la red en Gran Bretaña. Reino Unido se ha comprometido a llegar a 2050 con cero emisiones netas de dióxido de carbono. 

Iberdrola ha anunciado el pago a finales de este mes del dividendo a cuenta de los resultados de 2023 que, con toda seguridad, supondrán un nuevo récord histórico en la consecución de beneficios por parte de la compañía eléctrica. Este pago afectará a algo más de 61.000 accionistas vascos propietarios de títulos de la empresa, según los registros oficiales de la sociedad. El consejo de administración ha decidido el reparto de 0,202 euros por título de dividendo este mes -es la parte del beneficio de la compañía que va a parar a manos de sus propietarios-, cifra que supone un aumento del 12% en comparación con la cantidad repartida hace ahora un año. La eléctrica vasca ha ofrecido una triple vía para hacer efectivo ese cobro: recibirlo en metálico, hacerlo en acciones a razón de una nueva por cada 58 antiguas o vender los derechos de suscripción que correspondan al accionista en el mercado. La fórmula final a elegir -informa la empresa- puede ser también una resultante combinada de las tres opciones. Iberdrola se encuentra en la actualidad muy cerca de sus máximos históricos de cotización bursátil -12,5 euros por acción en enero de 2021, frente a los 11,66 euros a cierre de la jornada de ayer- y su valor total en Bolsa también próximo a los 76.000 millones de euros. La compañía presidida por Ignacio Galán se ha convertido así en la primera eléctrica europea por capitalización en el mercado y la segunda del mundo, por detrás de la norteamericana NextEra Energy.

BBVA lanza un guiño a sus accionistas. El presidente del banco, Carlos Torres Vila, avanzó ayer en una entrevista publicada por la propia entidad que el dividendo que el banco pagará a los accionistas por el ejercicio 2023 será “claramente superior”. BBVA, previsiblemente, batirá su récord de beneficios en el año y lleva acometiendo varias recompras de acciones que provocarán un aumento en el dividendo en efectivo que el banco repartirá por cada acción. El banco pilotado por Carlos Torres Vila mantiene una política de remuneración al accionista que se basa en repartir entre sus inversores entre el 40% y el 50% de los beneficios. En los últimos ejercicios, esa remuneración ha estado compuesta por un dividendo en efectivo que se abona en dos pagos (el primero, normalmente en octubre, y el segundo, complementario, en abril) y se ha combinado con las citadas recompras de acciones. En los primeros nueve meses del año la entidad ya ganó un 24% más. A más beneficios, el reparto de dinero entre los accionistas es más alto. Y de hecho, en el primer pago de octubre, el banco ya repartió a sus accionistas 16 céntimos por título, lo que supone un 33% más que los 12 céntimos de un año antes, a los que deberá sumarse el dividendo complementario que abonará en abril de 2024. “Con un beneficio creciente, con un número de acciones que progresivamente se va reduciendo y una política de distribución de dividendos que se mantiene constante en distribuir entre el 40% y el 50% del beneficio, vemos cómo el dividendo por acción claramente va creciendo año tras año”, explicó el ejecutivo.

La batalla de las constructoras por el reconocimiento de los sobrecostes en la obra pública sigue abierta tres años después de adoptarse varias medidas parciales y excepcionales para compensar los encarecimientos desorbitados, especialmente de áridos, cemento y la energía. Según el último barómetro elaborado por la patronal Anci, “el sobrecoste medio acumulado en las obras en ejecución en los tres últimos años oscila entre el 12% y el 22%, alcanzándose máximos de hasta el 29%”. Los datos recopilados hasta noviembre de este año ponen el acento, sobre todo, en las obras de carreteras donde alcanzan el impacto máximo del 29%. Las obras de edificación son las que han tendido a atenuar más los sobrecostes, situándose en el 12% de media el año pasado. “El impacto real sobre los contratos es aún mayor debido a los incrementos del coste de la mano de obra en ese mismo periodo”, recuerda Anci. “Mientras que el crecimiento medio anual se mantuvo entre 2013 y 2020 en el entorno del 2%, a partir de 2021 se aceleró hasta un 17%”. Según los empresarios del sector, “un régimen de revisión de precios adecuado es fundamental en la contratación pública para sostener el principio del equilibrio económico, como garantía del interés público y como derecho del contratista a percibir el valor justo de la prestación”.

El Gobierno elevará el mínimo exento en el IRPF de cara a 2024 para que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que acaba de pactar con los sindicatos para el ejercicio, no suponga un agravio para los trabajadores. Así lo confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, poco después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegurara que su partido planteará en el Congreso el aumento del tramo exento de tributación, actualmente fijado en 15.000 euros anuales, para adaptarlo a la nueva cuantía del SMI (15.876 euros brutos al año). “No es aceptable que casi la mitad de la subida del salario de los trabajadores, que pagan las empresas, se la quede el Estado”, ha denunciado Feijóo, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Fuentes de Hacienda recuerdan que el Gobierno siempre ha acompasado las anteriores subidas del SMI con modificaciones en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones, y que esta vez no será una excepción De hecho, añaden que el Gobierno ya está trabajando en la medida, que será aprobada en paralelo a la subida del salario mínimo. El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO acordaron el viernes incrementar un 5% el salario mínimo, desde los 1.080 euros brutos mensuales (en 14 pagas) hasta los 1.134; 54 euros más que la cuantía anterior.

Alemania no carburó el año pasado. El producto interior bruto (PIB) de Alemania cayó un 0,3% interanual, según anunció ayer la Oficina Federal de Estadística con datos preliminares. Y, según los economistas, las perspectivas para este año tampoco son muy halagüeñas: algunos institutos y analistas temen un crecimiento cero (estancamiento) e incluso un nuevo descenso de la producción económica también en 2024. En 2022 la mayor economía europea había crecido un 1,8%. La caída interrumpe el proceso de recuperación que había experimentado Alemania después de la crisis de 2020, que provocó que el PIB se redujera un 3,8%. “El desarrollo económico general de Alemania se estancó en 2023 en lo que sigue siendo un entorno marcado por la crisis”, aseguró la presidenta de Destatis, Ruth Brand, durante una rueda de prensa en Berlín. Las ventas minoristas, las exportaciones y la producción industrial alemanas cayeron el año pasado. Los hogares se vieron afectados por el aumento del coste de la vida, mientras que el sector manufacturero se resintió de los elevados costes de la energía, la débil demanda mundial y los altos tipos de interés. “A pesar de los recientes descensos, los precios se mantuvieron altos en todos los niveles, lo que frenó la economía. A ello se sumaron unas condiciones de financiación desfavorables debido al aumento de los tipos de interés y a la menor demanda de Alemania y del extranjero. Como resultado, la recuperación de la economía alemana de la profunda caída en el año 2020 por el coronavirus no ha tenido continuidad”, añadió Brand. La caída del consumo privado es una de las claves que explican los datos del año pasado. Muchos alemanes redujeron sus gastos ante el aumento significativo de los precios.

La crisis en torno al mar Rojo está elevando la preocupación sobre el suministro en torno a los productos de consumo, dado que cada año cruzan el canal de Suez en dirección a España mercancías asiáticas por valor de alrededor de 100.000 millones de euros, la mayor parte de ellas bienes de consumo y bienes de equipo. Por ello, y ante la posibilidad de que la paralización de las operaciones comerciales se prolongue, el sector del gran consumo está adelantando muchas de sus compras, con el objetivo de evitar el desabastecimiento en las próximas semanas, reducir la incertidumbre sobre el negocio y evitar variaciones abruptas en los precios. La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) aseguró ayer que los ataques hutíes a los buques que atraviesan el mar Rojo, la puerta de entrada por el sur al canal de Suez, que concentra cerca del 15% del comercio marítimo mundial, han llevado a las principales navieras del mundo a desviarse por rutas alternativas por el sur de África. Y esto no solo incrementa el coste de las mercancías, sino que también reduce la capacidad de suministro de la flota mundial, lo que podría reavivar la espiral inflacionista, especialmente en Europa, que es la región más vulnerable al cierre del canal de Suez, algo que se ve agravado también por el cierre de numerosas rutas terrestres tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022. En concreto, los fabricantes integrados dentro de la patronal Aecoc temen que, de prolongarse este bloqueo, el contexto inflacionista se agudice. La razón es que España importa anualmente productos asiáticos por valor de 100.000 millones de euros, y que dar un rodeo por el sur de África eleva el tiempo del trayecto en torno a dos o tres semanas, lo que supone un encarecimiento de los frentes del entorno del 40% o 60%, según la procedencia, de acuerdo con el Club de Exportadores e Inversores. 

Corea del Sur ha dado a conocer sus planes para convertirse en el centro mundial de producción de chips para 2047. El Gobierno surcoreano anunció que promoverá inversiones de unos 622 billones de wones (alrededor de 430.000 millones de euros) de la mano de firmas como Samsung Electronics y SK Hynix, para acelerar en la carrera por dominar el mercado estratégico de los chips. El objetivo es construir 13 nuevas plantas de chips y tres instalaciones de investigación, además de las 21 fábricas ya existentes, según informó Bloomberg. El megacomplejo, que se situará en varias zonas de la provincia de Gyeonggi, al sur de la capital surcoreana, tendrá una superficie de unos 21 millones de metros cuadrados y su capacidad de producción mensual será de 7,7 millones de obleas para 2030. Espera generar 3,46 millones de empleos durante el proceso. Se estima que Samsung y SK Hynix, quienes jugarán un papel clave en el plan, invertirán 345.000 millones de euros en el proyecto (incluidos unos 248.000 millones para seis fábricas en Yongin) y 248.700 millones, respectivamente. SK Hyninx construirá cuatro nuevas fábricas. El Gobierno dijo que la región también albergará pequeñas empresas de diseño de chips y materiales. Este sector representa alrededor del 16% de las exportaciones totales de Corea del Sur, por lo que representa un eje estratégico de la economía del país. El Gobierno surcoreano compite con sus homólogos de Japón y Taiwán, además de EE UU y Europa, por atraer inversiones y talento al sector de los semiconductores. Por ello, se ha comprometido a ampliar los beneficios fiscales –puestos en marcha en enero de 2023– para dichas inversiones y lograr así la autosuficiencia en la cadena de suministro de esta industria.

En España, el 44,1% de los hombres está “muy” o “bastante de acuerdo” con que “se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres” que ahora se les está discriminando a ellos —los que tienen entre 16 y 24 años representan el 51,8% de los que se sienten así—, algo que piensa también el 32,5% de la población femenina. Así se desprende de la primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las percepciones de la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género, publicada ayer. Si se analiza el nivel de estudios de los varones que perciben esa discriminación, el 47,2% de los que dijeron estar “muy de acuerdo” tienen el título de secundaria, el 20% cuentan con estudios superiores y el 17,9% no tienen formación. El análisis del CIS, realizado en noviembre a 4.005 personas de más de 16 años, muestra que pese a esa percepción de ofensa, el 48,2% de los varones creen que las desigualdades entre mujeres y hombres siguen siendo “muy grandes o bastante grandes”. En el caso de las mujeres encuestadas, lo aseguran un 67,2%, y un 22,4% consideran que las diferencias son las mismas que hace una década. De hecho, un 81,2% de ellas dice que “no lograrán la igualdad a menos que los hombres también luchen” por sus derechos. La doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Leicester (Inglaterra) y experta en feminismo Berta Barbet cree que esa “discriminación” percibida por los varones se puede deber a la falta de referentes masculinos que defiendan que se sienten cómodos dentro del feminismo.