20241211

Artículo de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe para la edición digital de El Economista País Vasco: "Hoy en día, Euskadi sigue siendo un referente industrial, con sectores estratégicos como la automoción, la energía, la máquina-herramienta y la biotecnología...Esta base industrial, combinada con nuestra capacidad de exportación, es una de nuestras principales fortalezas...Pero lo cierto es que 2025 va a suponer un enorme reto para todos. Nos encontramos en un contexto global preocupante, con una guerra en Europa que pudiera agravarse aún más y un liderazgo en Estados Unidos que puede sacudir los cimientos de una Europa relegada a un segundo o incluso tercer plano mundial. La inestabilidad política en Madrid tampoco ayuda...Lo que nos cuentan las empresas vascas, a través de las encuestas que realizan nuestras organizaciones Adegi en Gipuzkoa, Cebek en Bizkaia y Sea Empresas Alavesas, es que acusan ya una cierta desaceleración, y son mayoría las que descartan para los próximos meses un crecimiento tan significativo como en años anteriores...A la situación europea, de claro frenazo de la actividad económica, hay que sumar la incógnita de un nuevo presidente norteamericano que, si cumple con las promesas electorales, puede desestabilizar aún más el comercio internacional...Estados Unidos es uno de nuestros principales clientes del exterior y es evidente que, para las que no tienen fábricas en territorio norteamericano, los aranceles supondrían un problema añadido. En definitiva, caminamos sobre un alambre muy fino. No se trata de encender ninguna alarma innecesaria. De momento, seguimos creciendo a buen ritmo y no hay previsto ningún ajuste generalizado de empleo...Eso sí, tenemos que reconocer que las empresas vascas miramos el futuro próximo con cierta prevención. Lo bueno es que tenemos experiencia suficiente, conocimiento y saber hacer para afrontar los desafíos. Por muy nuevos e imprevisibles que nos parezcan. No será ni la primera vez ni la última que nos encontramos ante este tipo de situaciones". Leer artículo en el Economista. 

Tal y como se describe en el último informe de Confebask, el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en noviembre a 57.896, 326 más que en octubre, una cifra superior a lo habitual para un mes de noviembre. En todo caso, en comparativa anual, apenas hay variación. Y así, respecto a noviembre de 2023 hay 13 empresas menos, un -0,02%. Asimismo, en comparación con las empresas que estaban registradas en Euskadi en febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), todavía hay 997 empresas menos (-1,7%), habiéndose recuperado poco más de la mitad (53%) de las empresas perdidas en la pandemia.  Por sectores, en noviembre – con respecto a octubre- creció el número de empresas en todos ellos, si bien,  comparando con noviembre de 2023 descendió en Industria y creció en Servicios y en Construcción. Respecto a febrero de 2020, las caídas más intensas se producen en la Industria (-5,7% y 374 empresas menos), seguido de Servicios (-1,4% y 643 empresas menos), mientras que en Construcción se registran 118 empresas más que en febrero de 2020, un 2,3% más. Por último, el número de empresas vascas concursadas ascendió en los nueve primeros meses de 2024 a 221, un 29,2% más que en enero-septiembre de 2023. Se trata de un crecimiento menor que el registrado en el Estado, donde la subida fue del 31,2%. Ver más en Confebask Gehiago irakurri enpreBIDEAn

Un nuevo fondo inversor extranjero irrumpe en el ecosistema económico de Gipuzkoa y se hace con el control de una empresa puntera del territorio. En este caso se trata de la biotecnológica donostiarra VIVEbiotech, que da un salto de gigante en su crecimiento empresarial con la entrada como socia de Ampersand Capital Partners, firma de capital privado estadounidense, que permitirá la expansión de la empresa guipuzcoana con una inversión de 40 millones, según fuentes conocedoras de la operación. Se trata de la mayor operación en el sector biotecnológico en el territorio desde la compra por la alemana Bayer de la también donostiarra Viralgen en 2020. Del total, 25 millones serán para la ampliación de la compañía y los otros quince para lo que es la «compra parcial» de la firma, indican los medios consultados. VIVEbiotech es una empresa líder en vectores lentivirales –virus modificados genéticamente para evitar la patogenicidad de estos y presentar un efecto curativo– que ofrece servicios de desarrollo de proceso, fabricación y ensayos analíticos para empresas biofarmacéuticas de primer nivel en proyectos de terapia génica y terapia celular. En la actualidad, la compañía cuenta con unas instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados en San Sebastián en el Parque Tecnológico de Miramón y emplea a más de 140 trabajadores, plantilla que se prevé que crezca con la nueva inyección de capital. Esta inversión millonaria de Ampersand, que se convierte ahora en el socio principal de VIVEbiotech, saca de la ecuación a Inveready, el fondo de capital riesgo catalán que apoyó a la firma guipuzcoana durante su fase inicial de crecimiento, y «sale del capital» tal y como explica la compañía en un comunicado. Sí mantienen sus fondos en la empresa los socios fundadores e institucionales, incluidos el Gobierno Vasco, Kutxa Fundazioa, el centro tecnológico del ministerio de Ciencia (CDTI), y el fondo donostiarra Easo Ventures. Esta presencia de instituciones vascas en el capital de la firma es lo que permite a VIVEbiotech aferrarse a asegurar que con esta operación no solo no pierde el «arraigo en Gipuzkoa», sino que se «refuerza» al mantener a sus socios fundadores e institucionales y conservar su sede en el Parque Tecnológico de Miramon en San Sebastián.

Una partida de ajedrez entre Trilantic y José Antonio Jainaga. Es en lo que se ha convertido la operación de compra de Talgo que intenta el presidente de Sidenor. Y es que después de que el industrial vasco mostrara su interés por hacerse con el control del fabricante de trenes el pasado 16 de octubre ha tenido que esperar casi dos meses a tener acceso a los primeros datos económicos de Talgo. El principal accionista de la compañía, el fondo de inversión Trilantic, viene retrasando ese acceso a la documentación y no fue hasta la semana pasada cuando comenzó a trasladar detalles de las cuentas, según confirman fuentes conocedoras de las negociaciones. Sidenor, tal y como adelantó este medio, ha puesto encima de la mesa una oferta de 4 euros por acción por el 29,9% de Talgo. Son los títulos que tiene Trilantic y que le darían el control de la compañía. El precio, que supone 150 millones, se planteó en una propuesta para precisamente forzar el acceso a las cuentas. Eso sí, es una cifra condicionada a los detalles y a la situación financiera de la compañía que pueda arrojar esa información. Trilantic reclama 5 euros por cada una de sus acciones. Supondría valorar su participación en más de 183 millones. Es justo la cantidad que planteó en su opa la húngara Magyar Vagon, una oferta que vetó el Consejo de Ministros por razones de «seguridad nacional» y para mantener en el país el control de una empresa, como Talgo, que considera estratégica. En ese tira y afloja, el fondo de inversión ha estado retrasando el acceso de Jainaga a las cuentas. 

El temporal que impacta en la industria europea sigue llegando a las empresas vascas. La exposición al sector manufacturero y de automoción que tiene el tejido empresarial en Euskadi se muestra más preocupado por el arranque del próximo ejercicio. Así se recoge en el estudio sobre confianza empresarial que elabora trimestralmente el departamento de estudios económicos de Laboral Kutxa. Según la encuesta de la cooperativa de crédito publicada ayer, las empresas en Euskadi perciben un empeoramiento del contexto y solo el 20% creen que aumentarán las ventas en el arranque del 2025. Para la mayoría, un 64%, el primer trimestre del próximo año será igual y el 14,8% creen que la facturación caerá. Las 406 compañías consultadas arrojan una visión «algo más negativa» respecto a la evolución de la economía de cara al primer trimestre de 2025 al obtener un valor del Índice de Confianza del 53,6, inferior al del trimestre anterior (55,6). Tal y como recoge el informe de Laboral Kutxa, «la duda que surge es el comportamiento de las claves sobre las que se sustentan las expectativas de facturación y actividad, es decir, las cantidades vendidas y los precios». En este sentido, los resultados apuntan a un «cierto retroceso» de los pedidos con respecto al trimestre previo e incremento de los precios. Según se desprende de las respuestas recabadas, el 22,7% de los encuestados esperan que el volumen de pedidos se incremente y el 13,5% que empeore, frente al 63,8% que piensan que será similar al trimestre actual. El compromiso con el empleo y las inversiones se mantiene con cierto vigor. Ver estudio Laboral Kutxa. 

El grupo automovilístico Stellantis (dueño de marcas como Peugeot, Citröen y Opel, entre otras) ha anunciado junto a la compañía china CATL una inversión millonaria en España para levantar en Zaragoza una planta de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) dirigidas a coches eléctricos. El importe de la inversión supera los 4.100 millones de euros en lo que será la instalación más grande de estas características en España. La fábrica, que se prevé que inicie su producción a finales de 2026 en la planta de Stellantis en Aragón, podría alcanzar una capacidad de hasta 50 gigavatios/hora (GWh), en función de «la evolución del mercado eléctrico en Europa» y del apoyo continuo de las autoridades de España y la Unión Europea. «La empresa conjunta al 50% entre CATL y Stellantis impulsará la oferta de LFP de Stellantis (...) lo que permitirá al fabricante de automóviles ofrecer más turismos, ‘crossovers’ y SUV eléctricos de batería de alta calidad, duraderos y asequibles en los segmentos B y C con autonomías intermedias», asegura el grupo. Se espera que la operación, sujeta al visto bueno de las autoridades regulatorias, se pueda cerrar a lo largo de 2025. En ello habría influido la mediación llevada a cabo por Moncloa. Este mismo lunes por la tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente y consejero delegado de CATL, Robin Zeng, en un último empujón antes del anuncio oficial. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, celebró que el grupo automovilístico Stellantis y la compañía china CATL hayan oficializado el acuerdo al considerar que es «un paso estratégico fundamental» para afianzar la transformación a la movilidad eléctrica. 

Stellantis y la empresa china CATL anunciaron ayer que levantarán en Zaragoza la fábrica de baterías para coches eléctricos más grande de España. Ambas compañías, que firmaron hace un acuerdo de entendimiento para desarrollar proyectos de este tipo en Europa, han creado en este caso una joint venture al 50% y planean que las instalaciones estén en funcionamiento a finales de 2026, con una inversión que podría llegar a los 4.100 millones de euros si se alcanza la máxima capacidad prevista de 50 GWh. Es decir, en números gruesos, el equivalente a un millón de coches con una batería de 50 kWh. Aunque las dos empresas lo dejaron claro. Que se alcancen esos parámetros dependerá «de la evolución del mercado eléctrico en Europa y del apoyo continuo de las autoridades de España y la Unión Europea». Es, decir, de que haya ayudas o beneficios que impulsen la demanda.  VW y Seat también lograron ayudas para la gigafactoría que levantan en Sagunto y que estará operativa a comienzos de 2026. Son solo dos de los muchos proyectos que harán de España el primer hub de electromovilidad en Europa. De hecho, entre producción de automóviles cero emisiones y baterías, las inversiones podrían superar los 16.000 millones de euros. Así, aparte del proyecto aprobado ayer por Stellantis y CATL (4.100 millones) y el ya citado de Sagunto (3.000 millones), Envisión y Acciona prevén arrancar en 2027 la producción de baterías en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata (2.500 millones); la de la eslovaca InoBat en Valladolid serán 2.850 millones. Finalmente Basquevolt prevé gastar otros 700 millones.

«Los europeos no pueden comprar coches. No pueden ahorrar lo suficiente para hacerlo. Tenemos que hacer que la movilidad sea más accesible y necesitamos volver a la época de los coches pequeños». Luca de Meo, presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y consejero delegado (CEO) de Renault, dibuja esta compleja realidad socioeconómica, en la que se entremezclan el declive de la clase media, la sobrerregulación europea y la difícil situación que atraviesa un sector tan importante como el de la automoción. Y lo hizo ayer en la sede que la patronal de fabricantes que lidera tiene en Bruselas, en donde se toman muchas de las decisiones que, según explicó, ahogan al sector. De Meo, que fue anteriormente fue presidente de SEAT y que, sin duda, es una de las voces más respetadas del sector, señaló, por ejemplo, que las grandes compañías deberán abonar hasta 15.000 millones en multas ya en 2025si incumplen los objetivos de venta de vehículos eléctricos. Ese será un dinero, explicó, que las empresas no puedan destinar a investigación y desarrollo, a lo que añadió «la regulación que viene eleva en un 40% el precio de los vehículos». Por ello, De Meo exigió una mayor «flexibilidad» en el proceso de descarbonización. No pararlo ni negarlo, porque ese camino se tiene que llevar a cabo. Pero sí revisarlo dado que «Europa está perdiendo terreno», especialmente, frente a China. La alusión al país asiático se produjo el mismo día en el que Stellantis y su aliada, la china CATL, anunciaron una inversión de 4.100 millones en Figueruelas (Zaragoza) para levantar la mayor planta de baterías de España, y en un momento en el que muchos compradores efectivamente se están decantando por vehículos chinos. Porque a pesar de los aranceles que ya han impuesto las autoridades comunitarias, los precios de estos coches son más competitivos.

PSOE y Sumar, los dos partidos del Gobierno de coalición, consiguieron ayer bloquear el trámite parlamentario que llevaría a suspender el impuesto del 7% a la producción eléctrica –el que pagan las compañías por producir la luz–, una medida pactada entre Junts y el PP que en caso de salir adelante –además de obtener también el apoyo de Vox, ERC y PNV, estos dos últimos socios del Ejecutivo– supondría otro duro revés parlamentario para Moncloa y más aún en una materia como la económica. La Cámara Baja debatió el lunes el informe de la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Lo hizo a puerta cerrada y con la incorporación de una enmienda transaccional de populares y posconvergentes –que unas horas antes exigían al secretario general del PSOE someterse a una moción de confianza– que suspende el impuesto sobre el valor de la producción energética aprobado en 2013 por Mariano Rajoy. Una «victoria parlamentaria» para el PP, que celebraba el hecho de «romper» el bloque de investidura que sostiene actualmente a Pedro Sánchez.nNo obstante, los socialistas dejaban claro durante la mañana de ayer en el Congreso que su objetivo era el de revertir dicha situación y que estaban estudiando diversas opciones. Tanto desde el grupo Socialista como el Gobierno advirtieron que se trataba de un trámite absolutamente inicial en la tramitación de un proyecto de ley. Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, admitía que esa enmienda podría suponer una reducción de ingresos de hasta 1.500 millones de euros y lanzaba incluso un dardo a sus aliados en la Cámara Baja al destacar que eso podría resultar contradictorio para algunos partidos que luego exigen más inversiones y recursos.

Los huertos solares van ganando terreno en Gipuzkoa. Tras la entrada en funcionamiento este año del parque fotovoltaico Ekindar en Urrestilla (Azpeitia), con 2.200 placas solares distribuidas en 1,2 hectáreas capaces de generar 1.200 megawatios hora (Mwh) de energía al año, y los diferentes proyectos que ya están en marcha o en proceso, una nueva instalación se sumará a finales del año que viene al catálogo guipuzcoano. Se trata de un parque fotovoltaico proyectado por Aguas del Añarbe en la estación potabilizadora de Petritegi, en Astigarraga. Una instalación que tendrá 1.218 paneles (de 670 vatios de potencia cada uno) con los que el consorcio que gestiona el suministro de agua potable y el saneamiento y depuración de las aguas residuales de los 320.000 habitantes de Donostialdea y Oarsoaldea aspira a autoabastecerse de un tercio de la electricidad que necesita esta planta. El proyecto supondrá una inversión de en torno a un millón de euros, de los que la mitad están financiados por los fondos europeos Next Generation a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este nuevo huerto solar, que tendrá una producción estimada de 892 Mwh/año, permitirá a Aguas del Añarbe reducir su factura energética en unos 100.000 euros anuales a los precios actuales de la electricidad.

La renovable belga Aspiravi ha solicitado a través de la filial vasca Mendiko Haizie la instalación de un nuevo parque eólico en Gipuzkoa, que se situaría en el monte Buruntza, en los términos municipales de Urnieta, Lasarte-Oria y Andoain. La obra de energía verde contaría con tres aerogeneradores, cuya potencia ascendería a los 15MW. La solicitud de autorización administrativa previa fue publicada ayer en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, lo que significa que se abre un plazo de veinte días para que posibles competidores presenten otros proyectos. Mendiko Haizie, que cuenta con su domicilio fiscal en Bizkaia, es filial de la renovable belga Aspiravi. Esta compañía de unos setenta empleados nació en 2002, y el proyecto de obra verde en Buruntza entra dentro del plan de internacionalización y diversificación de la firma, que fue iniciada hace tres años. Fuentes de la compañía agregan a este periódico que han tenido «conversaciones positivas» con el consistorio de Andoain, y que los mismos agentes municipales han presentado Buruntza como un enclave «viable» puesto que ya ha sido explotado por la cantera. No obstante, las mismas fuentes añaden que la obra se encuentra aún en una fase «muy inicial». La particularidad de esta compañía reside en que la mayoría de sus accionistas son 94 ayuntamientos de ciudades y municipios belgas, además de que promueve una «cultura» en la que anima a participar a los residentes de la zona en la financiación de las obras de energía verde para después recibir una retribución en forma de intereses.

El Consejo de Ministros dio ayer finalmente luz verde a la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica tras 32 años sin actualizarla y después de «mucho diálogo y mucho debate», según aseguró la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Uno de los principales puntos de este nuevo texto es que las empresas que hayan recibido ayudas públicas del Estado, incluidos los ERTE, y decidan deslocalizar su producción fuera de España tendrán que devolver el dinero, aunque con matices. Cualquier empresa que quiera finalizar su actividad en España «tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación y se creará una mesa para intentar dar alternativas», indicó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa. El objetivo del Gobierno es sostener el empleo y las inversiones en España. En concreto, serán las empresas cuyas ayudas públicas hayan superado los tres millones de euros en los últimos cinco años y en las que su deslocalización suponga reducir en más de un 65% su producción o 500 personas su plantilla en España. Estas empresas tendrán que mantener la actividad y el empleo en España durante un periodo preestablecido por ley. Así, tras el preaviso al Gobierno, se convocará una mesa de industria con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida. Euskadi tiene competencias propias en este materia y el Parlamento Vasco ya aprobó en diciembre del año pasado la ley que exigirá a las empresas que devuelvan todas las ayudas cobradas en los últimos ocho años si se van o trasladan parte de su producción fuera de Euskadi. Además, las compañías sancionadas, también sus socios, no podrán acceder en los siguientes ocho años a subvenciones públicas. Solo quedarán excluidas las prestaciones cobradas para impulsar el uso del euskera y la formación de los trabajadores.

La batalla judicial contra la banca por el uso del índice hipotecario IRPH, que ya acumula más de una década, continúa. Los abogados guipuzcoanos José María Erauskin y Maite Ortiz, adalides de esta lucha, no se rinden y han conseguido que una jueza de San Sebastián presente una nueva cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se resolverá mañana jueves. Pero por mucho que obtengan una respuesta positiva habrá que ver la interpretación que hace el Supremo, que hasta ahora ha cerrado la puerta a estas reclamaciones al considerar que es un indicador oficial y, por tanto, que su utilización como referencia no puede ser considerada abusiva. El IRPH es una alternativa, ya en desuso, al euríbor que siempre ha evolucionado por encima de este último encareciendo las hipotecas hasta 200 euros al mes. La lucha judicial sobre su uso se apoya en que al ser la media de los tipos aplicados a las hipotecas (intereses y comisiones), siempre resulta mucho más elevado que otros indicadores y los demandantes consideran que no se informó de ello a los consumidores, ni se le aplicó un diferencial negativo como recomendaba el Banco de España. Esta batalla está marcando hitos porque va a ser la quinta vez que el TJUE se pronuncia sobre el IRPH. 

El conflicto de los accionistas del IMQ en torno a la venta de sus títulos, que parecía definitivamente cerrado desde que se acordó la posibilidad de transferir la propiedad a SegurCaixa Adeslas y a «precios de mercado», vuelve a resurgir. Ahora de la mano de un procedimiento judicial iniciado por herederos de algunos médicos que no tuvieron la oportunidad de ejercer esa venta en vida. El Igualatorio obligó a los herederos a vender esas acciones a la propia compañía a un precio reducido que era el que se aplicaba en 2018 –tan solo 60.000 euros por paquete–, frente a los 253.000 que abonó SegurCaixa Adeslas en 2023 y que atendía a un precio de mercado y sin ataduras. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia –que atiende al recurso de un fallo previo de un juzgado de lo Mercantil–, ha reconocido el derecho de esos herederos a recuperar las acciones que el IMQ les obligó a vender, con lo cual pueden aspirar ahora a cobrar los 253.000 euros que ofertó Adeslas. Hay otros siete recursos pendientes de resolución –las ocho demandas fueron dirigidas por el abogado bilbaíno Guillermo Alonso Olarra– y aunque se da por seguro que IMQ va a recurrir al Supremo, la sentencia abre la vía para que puedan iniciarse reclamaciones judiciales de herederos que también vendieron obligados y a un precio que no se correspondía con el valor real de la compañía líder en el seguro de salud en el País Vasco. Al parecer tendrían de plazo para iniciar estas acciones hasta el 1 de septiembre de 2025.

Mario Fernández Pelaz, abogado, político, empresario, profesor y directivo –imposible matizar en qué proporción ha sido cada una de estas cosas–, falleció ayer a los 81 años tras una prolongada enfermedad que, ironías del destino, fue minando poco a poco aquello que le hizo destacar entre la multitud y en cualquier disciplina: una cabeza privilegiada, rápida y certera. Bilbaíno, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, pronto destacó por una mente capaz de interpretar la disciplina mercantil con una creatividad desbordante. Esas condiciones le llevarían a una exitosa carrera como abogado y a ser reconocido como uno de los principales expertos de Derecho Mercantil de su época. Hasta que Carlos Garaikoetxea le animó a entrar en la esfera política como responsable del Departamento de Trabajo del Gobierno vasco. Una institución que en 1980 tenía buenas dosis de proyecto romántico para el nacionalismo vasco, que recurrió a personas de comprobada valía profesional en la empresa privada para construir algo que no existía, una administración pública desde la nada. Quizás uno de los días más felices de su vida, al menos en la vertiente política y episodios familiares al margen, fue el jueves 22 de octubre de 1981, en la sede del entonces incipiente Gobierno vasco. Cuando, como cada mediodía, Mario entró en el comedor habilitado en la planta baja del edificio, varios cientos de funcionarios que estaban en aquellos momentos en el ‘buffet’, la práctica totalidad de la plantilla de la naciente Administración vasca, se pusieron de pie y le dedicaron un cerrado aplauso que duró algo más de diez minutos. La noche anterior toda España había podido seguir un debate en Televisión Española –aún no había cadenas privadas–, en el que el entonces consejero de Trabajo –más tarde sería nombrado vicelehendakari– arrolló literalmente con su dialéctica precisa e incisiva a Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial en el gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo. La materia sometida a discusión en aquel debate que se convirtió en histórico fue la Loapa, un proyecto de ley ideado por el Gobierno central para dar marcha atrás en la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Tras el golpe del 23-F encabezado por Tejero, el Gobierno central creyó que era oportuno plegar velas en la España de las autonomías.

Artículo del presidente de Kutxabank, Anton Arriola. "Para mí Mario ha sido un referente ético y profesional desde que tenía trece años. Conocí a Mario, o más bien le vi pasar entre aplausos espontáneos y sinceros de los transeúntes que por allí nos encontrábamos, con apenas trece años. Me encontraba enfrente del edificio de la Diputación de Bizkaia, en la Gran Vía, la verdad es que no recuerdo el motivo. Acababa de producirse su famoso debate televisivo con Martín Villa, que yo había visto con mi familia, y mis ojos, como los de todos los demás, le siguieron con admiración, reverentes ante aquel héroe joven y brillante, que sonreía con timidez, la mejor representación de la nueva Euskadi que emergía. Mario, ya entonces, estaba haciendo grandes servicios por su patria, lo que sería una constante en su vida...Abogado de primerísima línea, su prestigio llegaba mucho más allá de nuestras fronteras. Prestigio que también le llevó al BBV, como responsable de su Asesoría Jurídica. Y pasados los años, estas dos constantes, su prestigio y su voluntad de servicio a Euskadi, le llevaron a la presidencia de la BBK. Muchos pensamos lo mismo: quién mejor que Mario para lograr realizar la fusión de las cajas vascas, que con ahínco pero sin éxito se había intentado ya un par de veces. Y así fue, Mario logró la tan deseada fusión y nació Kutxabank. Años más tarde, y por carambolas del destino, yo me he encontrado en esa misma silla que él ocupó, la de la presidencia de Kutxabank, y no es desde luego el menor de los honores para mí el hecho de que la haya ocupado él anteriormente..."

Los trabajadores sujetos a convenio y a la negociación colectiva empiezan a dejar atrás poco a poco la pesadilla inflacionaria y a recuperar parte del mucho poder adquisitivo perdido años atrás, durante lo peor del shock de los precios. La mejora salarial media pactada en los convenios registrados hasta noviembre fue del 3,05%, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. Es una centésima menos que en octubre, pero se sitúa claramente por encima del 2,83% con el que arrancó el año y, en cualquier caso, bate a la inflación registrada hasta noviembre, pese a que los precios repuntaron hasta el 2,4% ese mes, así como a la tasa media de IPC esperada para el conjunto del año, que los expertos del panel de Funcas sitúan en torno al 2,8%. A falta de conocer los convenios que se registren en diciembre, los sueldos cerrarán 2024 con una modesta ganancia de poder de compra tras subir de media en línea con lo pactado en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023 y que establecía una mejora salarial del 3% para 2024 y 2025. Es decir, un aumento moderado que mantiene a raya el peligro de posibles efectos de segunda vuelta. Todo ello en un contexto en el que la relativa contención de los precios (aunque con altibajos) y la gradual relajación de los tipos de interés por parte del BCE facilitarán la mejora de las rentas reales de las familias. Pero que la media se sitúe ligeramente por encima del 3% no significa que todos los empleados en convenio vean mejorados sus salarios en la misma proporción. De hecho, un nutrido colectivo de trabajadores disfruta de incrementos significativamente mayores. 

El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer su índice de coste laboral armonizado, según el cual el coste salarial (lo que le cuesta al empleador el salario del trabajador) por hora efectiva de trabajo creció un 4,9% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Es un avance algo superior al que recoge otra estadística salarial también publicada ayer, que cubre un periodo y un universo distinto: a lo largo de 2024, los salarios recogidos en convenios firmados crecen un 3,74%. Ambas variables superan la evolución de los precios (2,8% en el promedio de diciembre de 2023 a noviembre de este año) y además se publicaban en el día en que se reunían por segunda vez los expertos a los que el Ministerio de Trabajo ha pedido que recomienden cuánto debería crecer el salario mínimo interprofesional (SMI) para no perder poder adquisitivo y que no deje de representar el 60% del salario medio. Con estos datos en la mesa, la variable clave es con qué incremento el SMI de 2025 seguiría acompasado con el 60% del salario medio, en línea con la promesa de PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. Si el criterio solo fuera no perder poder adquisitivo valdría una subida de en torno al 2,8%, como los precios, pero como los salarios crecen más, según las fuentes ya relatadas, todo apunta a que el incremento será superior, para que el SMI siga representando ese 60%. La menor retribución posible actual es de 1.134 euros brutos repartidos en 14 pagas, un 54% más que en 2018. Tras la recomendación de los expertos, que se prevé que quede concretada antes del final de año, empezará la negociación del ministerio con sindicatos y patronales. Los empresarios no han desvelado su posición, mientras que los sindicatos ya han reclamado un alza de entre el 5% y el 6%. El Gobierno no necesita respaldo parlamentario para sacar adelante esta medida.

El futuro tratado global de plásticos tendrá que esperar, al menos hasta 2025. La quinta ronda de negociaciones del Comité Intergubernamental de Negociación (INC, por sus siglas en inglés) sobre la Contaminación por Plásticos de Naciones Unidas celebrada Busan (Corea del Sur) concluyó hace unos días sin acuerdo. De esta reunión, en la que participaron representantes de más de 170 países, se esperaba que saliera el primer acuerdo internacional sobre el futuro del plástico y fijase la hoja de ruta en cuanto a su papel en la transición energética. “Ha llegado el momento de la verdad para poner fin a la contaminación por plásticos. Ni una sola persona en este planeta quiere que el plástico invada sus localidades ni sus costas”, dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), al inicio de la ronda de negociaciones. En cambio, los países no llegaron a un acuerdo debido a divergencias principalmente en materia de sustancias químicas preocupantes, aplicaciones problemáticas de los plásticos, temas de suministro y financiación. Sin embargo, la principal asociación del plástico en Europa, Plastics Europe, que representa a los productores de materiales plásticos, hace una lectura optimista: “Aun no habiéndose acordado un texto final, reconocemos que sí ha habido convergencia acerca de varios artículos del documento oficioso del Presidente del Comité, incluidos los relativos al diseño de productos y la gestión de residuos”, asegura Virginia Janssens, directora general de Plastics Europe. La patronal defiende la necesidad de un futuro con plásticos, desde un punto de vista circular. “Creemos que el acuerdo necesita medidas que promuevan la producción y el consumo sostenibles, la gestión eficaz de los residuos y que garanticen marcos y procesos de reporting que permitan una transición justa hacia una economía circular”.

Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado en Argentina, el trabajador de supermercado Emir Gullo estaba entusiasmado con la idea de tener a un loco como presidente. “Está loco. Estamos cansados de los mismos políticos de siempre que dicen que arreglarán las cosas y nunca lo hacen. Tenemos fe en que un loco puede cambiar Argentina”, decía Gullo con admiración en un mitin del economista y entonces candidato Javier Milei en Buenos Aires a fines de 2023, destacando su imagen excéntrica, sus ideas poco convencionales y su falta de experiencia de gobierno. Cuando se cumple un año de su mandato, Milei parece estar demostrando que Gullo tenía razón. Tras hacerse cargo de una economía al borde de la hiperinflación, Milei redujo la tasa de inflación mensual del 26% en diciembre pasado al 2,7% en octubre. El peso, que se deprecia crónicamente (al que Milei comparó con un “excremento” el año pasado), se ha fortalecido frente al dólar del mercado negro en los últimos seis meses. Desde su elección, los precios de la deuda pública de Argentina, que durante mucho tiempo estuvieron muy depreciados, prácticamente se han triplicado. Al principio, los analistas políticos predijeron que Milei tendría dificultades para hacer reformas. Sus ideas eran demasiado radicales, su personalidad demasiado irascible y su coalición La Libertad Avanza, demasiado inexperta. Sin embargo, Milei ha utilizado los poderes ejecutivos para sortear su falta de mayoría en el Congreso, promulgando cientos de medidas de desregulación y poniendo a la oposición contra las cuerdas. También ha recortado el gasto público para lograr un superávit fiscal todos los meses este año (después de más de una década de déficit ininterrumpido) sin desencadenar las protestas generalizadas con las que amenazaban sus oponentes. Milei además ha estrechado relaciones con personajes con tanto poder como el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, y su mensaje de Estado pequeño ha encandilado a los gestores de hedge fund y los ejecutivos de capital privado por igual. Más importante aún, y quizás sorprendentemente, las encuestas muestran que ha conservado el apoyo de la mitad de la población de Argentina.