20240126

Sindicatos y patronal dejarán fuera al Gobierno, más concretamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la negociación para reducir por ley la jornada semanal máxima. Los interlocutores sociales han tirado de legislación y han esgrimido que el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores establece que la jornada laboral es potestad del diálogo bipartito, por lo que el Ministerio de Trabajo ha accedido a dejarles negociar solos, aunque rindiendo cuentas de los avances y trabajarán «en paralelo». Así lo explicaron ayer los representantes de UGT y de CC OO tras la primera reunión para negociar una de las medidas estrella de esta legislatura. El final de este proceso ya se conoce: la jornada se recortará este año de las 40 horas actuales a 38,5 horas, y en 2025 quedará establecida en 37,5 horas, puesto que así se comprometió el Ejecutivo en el pacto de legislatura. Pero en lo que trabajarán ahora sindicatos y empresarios sin la injerencia del ministerio es en cómo se puede llegar a aplicar, para lo que analizarán el impacto por sectores y abordarán también los descansos, la articulación de los permisos retribuidos, etc. La exigencia de dejar fuera a Yolanda Díaz partió de la CEOE –tal y como ha podido saber este periódico–, pero fue bien acogida por los dos sindicatos mayoritarios, puesto que los interlocutores sociales han acusado en los últimos meses al Gobierno de boicotear la negociación colectiva anunciando medidas que deben tomarse en el seno del diálogo social sin tan siquiera consultarles, como la reducción de jornada o la prevalecía de los convenios autonómicos sobre los sectoriales. No obstante, para evitar que suponga un retraso en la puesta en marcha de esta medida, los sindicatos le han puesto un plazo de un mes a la patronal para tratar de alcanzar un acuerdo sin la supervisión del Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar la indemnización por despido improcedente. La modificación de la cuantía a percibir por un trabajador despedido sin justificación legal en función de la situación en la que quede corre, sin embargo, el peligro de convertirse en un sesgo adicional para las contrataciones, según alertan distintas voces del entorno laboral. Además, estas voces consideran que el hecho de que las compensaciones económicas varíen dependiendo del perfil del trabajador genera un escenario jurídicamente incierto para las compañías. “Puede ser un follón”, reconoce Jesús Torres, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) y CHRO de Food Delivery Brands. Sin embargo, en su opinión, la implantación de una indemnización mínima de seis meses como la que plantea UGT —que beneficiaría a los trabajadores con carreras cortas— le resulta “comprensible”. Una persona que participó en las negociaciones de la última reforma reconoce que el despido se dejó de lado porque de lo contrario “hubiera sido imposible conseguir que los empresarios la firmasen”. Por eso, que el Gobierno lo recupere ahora ha generado malestar en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). “Lo firmado, firmado está. Los pactos son para que sean estables en el tiempo”, recordó hace unas semanas su presidente, Antonio Garamendi. 

María Dolores Dancausa se despidió ayer ante los medios de su etapa como consejera delegada de Bankinter tras 13 años al frente de la entidad y lo hizo no sólo presumiendo de los resultados récord obtenidos por el banco en 2023, sino haciendo gala de la sinceridad y la respuesta afilada que siempre ha exhibido en sus comparecencias ante la prensa. «Parece que el Gobierno quiere interferir en la gestión de las empresas sin contar con los empresarios», aseguró durante la presentación de las cuentas en Madrid. Dancausa se refería así a la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de limitar los sueldos a los altos directivos en España, algo que a la todavía CEO de Bankinter le parecen medidas «muy intervencionistas». En concreto, señaló que este tipo de medidas se suelen presentar cuando se está en periodo electoral, un momento en el que se hacen «guiños a los votantes», pero que realmente son propuestas que finalmente no se suelen acabar de tomar. En cambio, pidió medidas que beneficien a la población en su conjunto y que el objetivo de las mismas no sea «ganar elecciones», sino mejorar la sociedad. Dancausa tampoco dudó a la hora de referirse al impuesto extraordinario a la banca. La entidad pagó 77 millones de euros por este concepto en el pasado ejercicio y estima que la factura para 2024 [correspondiente a 2023] oscilará entre 90 y 100 millones de euros que se detraen de la cuenta de beneficios de la empresa. La futura presidenta del grupo financiero nunca ha ocultado su disconformidad y rechazo al tributo y ayer lo volvió a subrayar, al hilo de la intención del Gobierno de prorrogar la tasa y establecerla de manera permanente. «No se pueden estar cambiando las reglas del juego continuamente, crea inseguridad jurídica», dijo.

El supervisor bancario europeo anunció que mantendrá el precio del dinero en el 4,5%, una pausa que ya ha mantenido en sus tres últimos encuentros, a pesar de los signos de desgaste evidentes de la economía de la Eurozona, que ya retrocedió un 0,1% entre julio y septiembre del año pasado. Además, Lagarde aseguró que existe un consenso entre los países del euro de que «aún es prematuro» discutir posibles rebajas de los tipos de interés. Sin embargo preocupan especialmente los datos económicos de Alemania, que según informes nacionales se contrajo un 0,3% el año pasado. Las previsiones del BCE también contemplan un enfriamiento de las economías de la moneda común, con un ligero avance del 0,8% en 2024 y un «repunte» del 1,5% el año que viene. El Banco Mundial ya ha advertido de que la economía global se adentra en su periodo de crecimiento más lento desde la década de los noventa. En el caso de la Eurozona, se calcula que crecerá un 0,7% este año, una cifra notablemente más baja que la de EE UU (1,6%) y China (4,5%). Pese a todo, el BCE continúa aplicando mano dura contra la inflación, que en diciembre escaló cinco décimas hasta el 2,9% según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Las estimaciones del organismo apuntan a que los precios se contendrán en torno a su objetivo del 2% en 2025. Por su parte, la tasa subyacente –aquella que excluye la energía y los alimentos no elaborados– cerró el año en el 3,4%, manteniendo una tendencia descendente que da lugar al optimismo.

La firma de hipotecas en Euskadi dejó el pasado año, hasta noviembre, un saldo de 17.900 operaciones. Un retroceso del 17,6% respecto al mismo periodo de 2022 y que sitúa al mercado inmobiliario vasco en las mismas cifras que el año de la pandemia, cuando el confinamiento paralizó la economía. Entonces, la constitución de hipotecas de los primeros once meses de 2020 sumó 17.639 operaciones. Son los datos que arroja el informe mensual que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público ayer sobre los créditos para vivienda del pasado noviembre. Ese mes se registraron en el País Vasco un total de 1.555 firmas, un 17% menos que en el mismo de 2022. La dinámica del mercado en Euskadi coincide con la del conjunto de España donde la subida de los tipos de interés y la inflación frenó un 17,8% el número de hipotecas constituidas en los once primeros meses del pasado año. Este enfriamiento del mercado, así como la sensación de que este año podría darse una bajada en los tipos de interés, sí ha afectado al precio de los préstamos para la adquisición de vivienda. El interés medio en España descendió por primera vez en noviembre pasado cinco centésimas, situándose en el 3,27%. El 46,8% de las hipotecas se constituyó a tipo variable y el 53,2% a tipo fijo. En cuanto al importe medio solicitados, ascendió a 150.763 euros, lo que supuso un descenso del 7%.

Nuevo espaldarazo del Tribunal de Justicia de la UE a los clientes que reclaman a la banca los gastos hipotecarios. En una sentencia publicada ayer, el TJUE hace una interpretación muy favorable para los consumidores sobre cuándo prescribe el plazo para demandarlos, un argumento al que se habían aferrado algunas entidades financieras para rechazar su devolución. El fallo deja mucho margen de maniobra al consumidor hasta el punto de que, según la asociación de consumidores EKA-ACUV, «en principio ninguna acción de reclamación estaría prescrita». Y es que exige que haya tiempo suficiente para que el usuario sea consciente de que es una cláusula abusiva y tenga oportunidad de demandar. El TJUE rechaza, en consecuencia, que el plazo de cinco años para reclamar los gastos hipotecarios se empiece a contar desde que se hizo el último pago de la hipoteca o incluso desde que haya jurisprudencia nacional consolidada declarando abusiva la cláusula que cargaba todos los gastos al cliente. «No cabe presumir que la información de que dispone el consumidor, más escasa que la del profesional, incluya el conocimiento de la jurisprudencia nacional», señala el tribunal europeo. Con lo cual, interpretan los juristas, ni siquiera habría que contar el plazo de cinco años desde la sentencia del Supremo de enero de 2019 que estableció el reparto de gastos entre banco y consumidor. «Parece indicar que el tiempo solo corre desde que la cláusula del cliente es declarada abusiva», apunta Iñaki Velasco, abogado de EKA-ACUV. Los gastos que se pueden reclamar son los de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como el 50% de los notariales. La cantidad a recuperar ronda los 800 ó 900 euros para un préstamo de 150.000, cifras que pueden elevarse a 1.000 ó 1.500 euros por los intereses legales desde el momento de la compra.

Kutxabank ha suscrito con una «amplia mayoría sindical» un acuerdo laboral que incluye una subida salarial del 5,25% para este año, aplicada desde el 1 de enero. El pacto ha sido acordado con las centrales ELA, CC OO, Pixkanaka Kaskari y ALE, que representan el 87% de los delegados sindicales del banco, mientras no ha sido apoyado por LAB y Asprobank. Además, el compromiso asumido por la entidad beneficiará especialmente a las personas recién incorporadas, que tendrán un incremento salarial en dos años de hasta el 14%, y que llegará hasta el 17% en el caso de quienes tengan contratos de prácticas.

Expertos e instituciones han tendido en los últimos años a dibujar un panorama complicado para la juventud. En esa radiografía general destacan aspectos que afectan al día a día de este colectivo, como la precarización del empleo y los elevados precios de la vivienda. Se trata, en definitiva, de que afrontan grandes dificultades para desarrollar «un proyecto de futuro», todas ellas barnizadas con un estado de ánimo bajo por las expectativas frustradas y la pandemia. Sin embargo, parece que los vascos de entre 15 y 29 años terminaron el 2023 con una visión de su situación actual y su porvenir algo menos negra. Esa es, al menos, la percepción que ofrece la undécima edición del informe ‘Aurrera Begira’, presentado ayer por la directora de Juventud del Gobierno autonómico, Miren Saratxaga, y por el secretario de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández. El responsable de las políticas de reto demográfico aseguró que «el pesimismo que indujo la pandemia va quedando atrás». En su opinión, los resultados del análisis «hablan de una juventud vasca que, a pesar de la adversidad, mira al futuro con confianza y espíritu luchador». «Frente a la resignación o el victimismo, resiliencia y autorresponsabilidad encuentran un eco mayor», destacó. Los resultados son «mejores» que el año pasado, en el que se dieron los valores más bajos de todo el histórico (comienza en 2013), pero todavía están muy por detrás de los porcentajes de 2019. Como ejemplo, las expectativas de futuro. El 59% creen que, en un plazo de cinco años, mejorará su situación personal, la de la juventud en general y la de Euskadi. Son cuatro puntos más que en 2022, pero diez menos que cuatro años antes. Ver informe Aurrera Begira. 

Lan- zuzenbideak eskaintzen ditu talentua tokiko enpresetan geratzeko zenbait irtenbide. Besteak beste, lan-bekak, prestakuntzarako lan-kontratuak edota aurrekontratuak. Sarritan esan ohi da talentudun langileek errazegi egiten dutela ihes beste herrialde batzuetara lan bila. Lan-zuzenbideak baditu, ordea, edozenbat erakunde hori saihestu eta langileok gure enpresan jarraitzeko. Erakundeoi erreparatuko diegu jarraian. Gehiago irakurri hemen. 

Euskadi tiene la tasa de abandono escolar prematuro más baja de todo el Estado. Es el porcentaje de personas de entre 18 a 24 años que han completado como máximo la Secundaria y no han obtenido ninguna otra titulación posterior, es decir, no han seguido formándose. La tasa vasca es del 5,6%, una cifra muy alejada de la media estatal (13,9%) y hasta más de tres veces menor que la Región de Murcia (18,7%), Islas Baleares (18,2) o Cataluña (16,9). Es también uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea, similar al de Países Bajos, por encima de países como Polonia o Lituania (4,8%) y tres puntos por encima de Croacia (2,3%), la más baja de la UE. En Europa encabeza el ranking de abandono Rumanía (15,6%), seguido de España, pero Alemania (12,1%) o Italia (11,5%) están también en cabeza. Con estos buenos datos, la sugerencia del Consejo Escolar del Estado de ampliar hasta los 18 años la educación obligatoria, dos años más que en la actualidad, es acogida en la comunidad educativa vasca con prudencia. «Abrir el debate puede ser interesante», dicen algunas voces, pero todas insisten en que «hay que saber cómo y para qué». No es la primera ocasión en la que este órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo y que asesora al Ministerio de Educación incluye en su informe anual esta recomendación como fórmula para intentar frenar las tasas de abandono escolar, garantizar la adquisición de las competencias claves y asegurarse que todo el alumnado consiga, al menos, el título básico de enseñanza. En el caso de Euskadi subir la edad de estudios dos años más no está ni ha estado en la agenda. 

En apenas un mes, Solaris (la filial de autobuses eléctricos de CAF) ha firmado dos contratos para el suministro de vehículos alternativos a diferentes países europeos. El último, anunciado ayer por la compañía, tiene un valor que supera los 40 millones de euros para la entrega de 57 unidades propulsadas con hidrógeno, y serán las calles de Barcelona y Essen (Alemania) las que disfruten de estos autobuses verdes. Solaris ha sido elegido por el operador TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), empresa que gestiona el transporte urbano de la ciudad de Barcelona, para el suministro de 38 autobuses de hidrógeno, 36 de ellos de 12 metros y dos articulados de 18 metros. Se trata del mayor contrato adjudicado hasta la fecha en España de vehículos basados en este tipo de tecnología. Este acuerdo brinda nuevamente la oportunidad al Grupo CAF de seguir contribuyendo a la consecución de los objetivos marcados por la Ciudad Condal en lo que se refiere a ofrecer un transporte más sostenible, en línea con la política adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021, cuando se tomó la decisión de adquirir a partir de esa fecha únicamente vehículos de bajas o cero emisiones para el transporte público. Por otro lado, Solaris también anunció ayer el contrato con el operador Ruhrbahn GmbH para el suministro de 19 autobuses de hidrógeno que darán servicio en la ciudad alemana de Essen.

La Hacienda de Gipuzkoa ha comenzado ya a imponer las primeras multas a comercios por incumplimientos en el TicketBai, el sistema de facturación ‘on line’ conectado permanentemente con el fisco foral. Tras un primer periodo con avisos y sin demasiada presión sobre los incumplidores, el paso del tiempo y el asentamiento del sistema han conducido a otro tiempo. El propio diputado foral de Hacienda, Jokin Perona, confirma a este periódico que se han realizado algo más de 300 inspecciones ‘in situ’ vinculadas a la factura digital, que por ahora han conllevado las primeras 93 sanciones. De esos tres centenares de visitas sorpresa a los comercios y negocios presuntamente infractores, una parte (que no ha sido desvelada) fueron consecuencia de una denuncia realizada con anterioridad por un tercero. Y es que cabe recordar que el incumplimiento o la mala praxis en el uso del TicketBai puede también ser alertado y denunciado por clientes o ciudadanos anónimos a Hacienda. Perona se muestra «satisfecho» con el desarrollo y el funcionamiento del sistema telemático de facturas (que a día de hoy utilizan ya unos 42.000 obligados tributarios en el territorio) y asegura que «el TicketBai contribuye al descenso del fraude fiscal» en Gipuzkoa. «Aún es pronto para determinar qué peso o qué grado de influencia tiene este sistema en el fraude, lo iremos viendo en los próximos años», afirma.

La entrada en vigor del TicketBai en Gipuzkoa, que comenzó en julio de 2022 y culminó en junio del año pasado, provocó cierta contestación social entre los profesionales afectados por, entre otras cosas, el «agravio comparativo» que suponía respecto a Bizkaia, donde su aplicación, que iba a ser para todas las actividades a la vez, estaba prevista inicialmente para enero de este año. Finalmente, la Diputación vizcaína decidió el año pasado retrasar el final y realizar una implantación paulatina por tratarse de un «sistema más complejo», con lo que la culminación del proceso se producirá en enero de 2026, dos años y medio después que en Gipuzkoa. En Araba el ritmo fue similar al de nuestro territorio. De esta forma, Bizkaia se ahorra de momento el ruido de las quejas de los afectados, en vísperas, además, de las elecciones autonómicas vascas previstas para esta primavera. Como se puede observar en el gráfico adjunto, la Hacienda guipuzcoana dividió los diferentes colectivos en cinco grupos y pausó su integración en un periodo de un año. Una medida que afectó a un total de 42.000 contribuyentes, aunque hubo un periodo voluntario que se inició un año y medio antes, incentivado por la Hacienda, para que la adaptación fuera paulatina. En Bizkaia, también se abrió hace dos años un periodo voluntario, y los grupos son asimismo cinco, pero están divididos de otra manera, en función de la capacidad técnica para poder afrontar este proceso, según explican a este periódico desde la Hacienda del territorio vecino. Estas fuentes indican que el motivo de que «se haya flexibilizado» la entrada en vigor del Batuz se debe a que se trata de un «sistema más complejo» que el TicketBai guipuzcoano o alavés, ya que incluye, además del sistema de facturación electrónica conectada en tiempo real con la Hacienda, el Libro de Registro de Operaciones económicas, donde se incluyen las compras y ventas, así como un tercer apartado, como es que con esa información el fisco facilitará a los contribuyentes borradores del IRPF, del Impuesto de Sociedades y del IVA. Un servicio añadido que tendrán los contribuyentes, defienden.

La Hacienda de Bizkaia cree que hay un foco de fraude fiscal en las viviendas de uso turístico, de ahí que haya decidido poner el microscopio en esta actividad dentro del plan de actuaciones que el fisco realizará este año para intentar reducir las bolsas de dinero que escapan al pago de impuestos. No será por supuesto la única actividad que va a ser sometida al escrutinio de los servicios de inspección de la Hacienda vizcaína, pero sí la que se ha identificado con claridad en este plan que la titular del Departamento Itxaso Berrojalbiz presentó ayer. La sospecha es sencilla. Hacienda intuye que hay propietarios de viviendas que las alquilan en régimen turístico –estancias por días o de corta duración–, situadas en Bizkaia, en Euskadi, en el resto de España e incluso en el extranjero, con un flujo económico que huyen del control fiscal. Esto es, que los propietarios no declaran la renta que obtienen por esa actividad. Una situación muy similar a la que existía hace algún tiempo con el alquiler de viviendas, actividad en la que se redujo de forma radical el fraude al conceder ventajas fiscales que ‘animaban’ a incluir los datos en las declaraciones de los propietarios pero sobre todo de los inquilinos. Berrojalbiz concretó que el cruce de información será el primer arma a utilizar para detectar potenciales bolsas de fraude en esta actividad. Tampoco es nuevo; es una estrategia ya vieja que ha dado magníficos frutos en la lucha contra el fraude porque Hacienda cada vez tiene más información –se han elevado las obligaciones de todos los operadores económicos– y los ordenadores son capaces de hacer un trabajo rápido y pulcro a partir de un número de DNI.

Nuevo toque de atención de Bruselas a España por no aplicar la normativa comunitaria. La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente de infracción al país por no incorporar a su legislación nacional la nueva norma que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades a grandes empresas. Bruselas ha enviado una carta a las autoridades españolas y a otros ocho países para que comuniquen qué medidas tomarán para aplicar la nueva regulación y, a partir de ahora, tendrá dos meses para responder al Ejecutivo comunitario. Está previsto que la norma se aplique a multinacionales y grandes empresas con una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Según explicó en su día el Ministerio de Hacienda, la previsión es que afecte a unas 830 empresas que operan en España.

Nuevos ajustes de plantilla en la industria tecnológica. Microsoft va a despedir a cerca de 1.900 empleados de su división de videojuegos, en torno a un 8% del total de este segmento, reforzado en octubre pasado, tras la compra de Activision Blizzard, por cerca de 69.000 millones de dólares (unos 63.600 millones de euros). Con este movimiento, la compañía estadounidense busca eliminar las redundancias generadas por la citada adquisición. En cualquier caso, la cifra supone cerca del 1% del total de la plantilla de Microsoft. El anuncio no ha frenado a Microsoft en los mercados financieros. El gigante de Redmond mantiene su tendencia alcista y volvió a marcar este jueves un nuevo máximo histórico en Bolsa, al situarse por encima de los 406 dólares por acción. Con este avance, Microsoft ha alcanzado los tres billones de dólares de capitalización bursátil, y pugna con Apple por ser la mayor compañía del mundo en valor de mercado. Los despidos en Microsoft se unen a los anunciados por otras grandes compañías tecnológicas como Alphabet, matriz de Google, eBay, Amazon, TikTok y SAP, entre otras empresas. El grupo alemán de software para empresas prevé suprimir cerca de 8.000 empleos en todo el mundo, el 7,4% de la plantilla. En este sentido, la tendencia de ajustes podría mantenerse a lo largo de este año. La matriz de Google ha reducido su plantilla en varios cientos de puestos de trabajo en las últimas semanas, con el objetivo de ganar en eficiencias.

Estados Unidos cerró 2023 con un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,1%, según los últimos datos publicados ayer por la Oficina de Estadísticas Económicas. De esta forma, la economía norteamericana destierra el fantasma de la recesión, gracias a la fortaleza del consumo, pese a las presiones inflacionistas –que aun así se han reducido en el último año, hasta finalizar 2023 con un alza de precios del 3,4%. A principio del ejercicio, todos los pronósticos apuntaban a un débil crecimiento del 0,2% en el mejor de los casos, cuando no se hablaba directamente de recesión. Sin embargo, el PIB ha superado las previsiones de todos los analistas (está sujeto todavía a varias revisiones que se publicarán las próximas semanas), e incluso se ha situado un punto porcentual por encima del dato registrado en 2022. Aun así, hay que tener en cuenta que los datos del último trimestre también ponen de manifiesto que el crecimiento se ralentizó entre octubre y diciembre, cuando la economía de EEUU avanzó un 0,8%, frente al 1,2% que registró durante el verano. “Si bien es improbable que el crecimiento del PIB se mantenga a este nivel en 2024, es previsible que un contexto de empleo continuamente sólido mitigue la dramática recesión económica que algunos temen”, tal y como apuntó ayer Mark Sherlock, responsable de renta variable estadounidense de Federated Hermes. Por tanto, los analistas confían en que la economía estadounidense no se contraiga en 2024, aunque la expansión será más lenta. Todo dependerá en gran medida de los pasos que dé la Reserva Federal los próximos meses.