20241024

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza pide que sean las haciendas forales las que definan el gravamen en caso de que se convierta en permanente y Confebask sostiene que la propuesta «es pura ideología al servicio de la recaudación». Mendoza, en una entrevista en Radio Euskadi, ha destacado que en el debate abierto sobre el tributo a las energéticas hay dos aspectos a tener en cuenta. Así, ha subrayado que las empresas «necesitan certidumbre, igual que las familias». «Tenemos que tener mucho cuidado con esto», ha advertido la diputada general, que ha considerado igualmente que, en el caso de que el impuesto -que se creó para ser algo temporal con el fin de responder a un momento crítico tras la escalada inflacionista después de la invasión rusa en Ucrania- se convierta en permanente, deberán ser las tres haciendas forales (Gipuzkoa, Bizkaia y Álava quienes «definan» el gravamen y hagan una valoración «para luego ponerlo en marcha, o no». También ha reaccionado este miércoles el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, sumándose así a las críticas lanzadas desde distintos ámbitos empresariales contra la idea del Gobierno español de convertir en permanente lo que, en principio, se dijo iba a ser un gravamen temporal y extraordinario. Aretxaga asegura a este respecto que «estamos hablando de un impuesto que solo se explica desde la ideología, no desde la lógica impositiva o empresarial«. »Una ideología puesta al servicio en exclusiva de la recaudación, no del fomento de la inversión ni de la creación de empleo«, ha criticado. A su juicio, asegura el director general de Confebask, «este gravamen ya supone una desventaja competitiva que va a perjudicar la actividad, la atracción de talento, y las inversiones de las empresas energéticas en un momento clave como es el de la transición de nuestra industria en el que estamos». De ahí que Aretxaga haya reclamado al Gobierno que no prolongue los impuestos extraordinarios ni a las energéticas ni a la banca. Ver más en Confebask. 

El Gobierno trabaja contrarreloj para diseñar una reforma fiscal que contente a la vez a Bruselas y a sus cada vez más inciertos apoyos parlamentarios. De momento el Ejecutivo ha ganado una semana de margen para lograr la cuadratura del círculo, después de que el Congreso de los Diputados ampliara hasta el 30 de octubre el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que transpone el tipo mínimo global de Sociedades del 15%. El Ejecutivo, según confirman fuentes oficiales, cuenta como escenario principal con incluir como enmiendas a esta norma la conversión en perpetuos de los impuestos a banca y energéticas, así como otra batería de medidas tributarias que acerquen la recaudación española a la media europea, pero la letra pequeña sigue negociándose con PNV y Junts, lo que mantiene en el aire esta reforma tributaria. Hacienda tiene doblemente comprometido con Europa abordar una reforma fiscal. En primer lugar, el Plan de Recuperación condicionó la aprobación de una reforma tributaria que acerque la recaudación española a la media europea como principal hito para desbloquear el quinto desembolso de ayudas Next Generation, por 7.200 millones de euros. En segundo lugar, el pasado 15 de octubre, el Ejecutivo planteó a la Comisión Europea la aprobación de una reforma impositiva, que eleve los ingresos públicos de forma estructural en unos 4.500 millones de euros (0,3 puntos de PIB) a partir de 2025, como parte del Plan Fiscal Estructural de reequilibro de las cuentas públicas que busca drenar el déficit y la deuda. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya aclaró que dentro de este paquete de medidas se incluiría la conversión en perpetuos de los impuestos a banca y energéticas. 

El pulso planteado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para controlar el gravamen extraordinario a la banca y las energéticas esconde importantes efectos colaterales. Fuentes empresariales al corriente de las negociaciones aseguran que si el PNV saca adelante su propuesta y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accede a trasferir el tributo, se abriría la veda para que el Ejecutivo vasco introdujera deducciones propias a las empresas con sede en la región y consagrara una diferente presión fiscal para las firmas del Ibex. Una suerte de dumping tributario que preocupa a las compañías no radicadas en Euskadi y que beneficiaría a firmas como Iberdrola, en el terreno de la energía, o BBVA, en el financiero. Andoni Ortuzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), el consejo nacional del PNV, ha sido claro. Aseguraba este martes, en una entrevista con TVE, que el voto favorable de su formación a la prórroga de las tasas precisaba del cumplimiento de determinadas condiciones. “Ahora no son impuestos, ahora son unos gravámenes bastante irregulares. Nosotros, de entrar a valorar esa medida, sería que se hiciera impuesto y, si se hace impuesto, se tiene que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarse y para articularlo de acuerdo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial”, exponía sin ambages. La contundencia de las declaraciones ha engordado el problema que ya suponía el diseño mismo del tributo sobre el que trabaja en el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, un movimiento de esta índole podría distorsionar transacciones empresariales en marcha. La oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA sobre Sabadell correría el riesgo de verse afectada, en tanto podría conceder ventajas fiscales a la empresa opante sobre la opada. Fuentes del mercado y de ambos bancos señalan que la posibilidad de que la opa, que se ha lanzado sin acuerdo y es hostil al consejo de la entidad vallesana, salga adelante o no depende de detalles y que las fuerzas están muy igualadas. Del mismo modo que corporaciones con peso en el Ibex -y otras firmas industriales de tamaño medio pero mucho arraigo socialtienen históricamente su sede en el País Vasco, las compañías energéticas y financieras tradicionalmente ligadas a Cataluña abandonaron la comunidad autónoma tras los acontecimientos de octubre de 2017 a resultas de la situación de inseguridad jurídica provocada por el proceso independentista catalán. 

Al menos dos comunidades autónomas con gran potencial en atraer inversión energética amenazan con una guerra judicial sin cuartel al País Vasco si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les concede el derecho a rebajar el llamado impuestazo. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, confirma sus planes: «Si este impuesto se aprueba y el País Vasco puede compensarlo a través del Cupo interpondremos todo tipo de recursos ante los juzgados y las autoridades de Competencia». Azcón subraya que «Aragón es una de las comunidades que mejor ha hecho los deberes en energía y eso nos está permitiendo atraer importantísimas inversiones de tecnología e hidrógeno». Todas ellas correrían riesgo si hay otra comunidad que puede disponer de una fórmula privilegiada para abaratar costes y llevárselas a su territorio como pretende el Partido Nacionalista Vasco a cambio de aceptar que el impuesto se convierta en permanente. Su plan, que las haciendas vascas lo pueden bonificar para que sea más barato que el que Sánchez implante en el resto de España. «Es una barbaridad. Es competencia desleal. Si se aprueba vamos a responder con una guerra judicial, política y social. No lo vamos a permitir», afirma a este diario la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España. Ésta recalca que en su comunidad hay previstos 5.000 millones de inversión energética con Cepsa como gran protagonista y que no puede consentir que se ponga en riesgo por la necesidad del presidente del Gobierno de recabar apoyos nacionalistas. También le preocupa que el PSOE diseñe alguna fórmula en línea con el futuro Cupo catalán para que Cataluña pueda también bonificar y romper así la resistencia de Junts, cuyos votos son también decisivos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, expresó ayer sus dudas sobre que pueda aprobarse la conversión en permanente del ‘impuestazo’ a las compañías energéticas –establecido inicialmente para los ejercicio 2023 y 2024–, tal y como quiere el Gobierno de Pedro Sánchez. Una figura implantada para gravar supuestos «beneficios caídos del cielo». Una tesis que el Gobierno justificó para que energéticas y bancos contribuyeran de forma extraordinaria al crecer sus ganancias por el aumento del precio de los combustibles tras la invasión de Ucrania, y de los tipos de interés, respectivamente. Si el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha mostrado radicalmente en contra y ha asegurado que dicho gravamen pondrá en riesgo las inversiones de la petrolera en España, Galán, ante los analistas financieros convocados ayer por la compañía, manifestó sus dudas de que se pueda aprobar. «No lo hemos tenido en cuenta en nuestras previsiones porque de momento no es algo real», señaló para aclarar que Iberdrola no lo ha contemplado en sus presupuestos para 2025. «Hay muchas incertidumbres, incluidas las parlamentarias, muchos rumores, pero de momento no se ha aprobado nada. No está claro que se vaya a aprobar», indicó. Iberdrola ha abonado este año un total de 160 millones por ese impuesto que grava la facturación, no el beneficio, de la empresa en España durante 2023.

Las grandes empresas de banca y energía que operan en España, aquellas con una cifra de negocios superior a los 1.000 millones de euros anuales, tributaron en el año 2022 sobre su base imponible a un tipo del 18,4% y el 22%, respectivamente. Sin embargo, cuando se analiza el gravamen únicamente sobre los beneficios, la tasa efectiva cae en picado y se sitúa en el 6,8% y el 4,6% en cada caso, lo que pone de relieve la tendencia continuada de aminoración de la cantidad de dinero sobre la que realmente se paga. Los datos fueron publicados ayer por la Agencia Tributaria en la actualización de la estadística que disecciona las cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades, que se publica desde el ejercicio 2016 y se da a conocer en octubre. Casualmente, este año coincide con las tensas negociaciones que están desarrollándose en el seno del Gobierno de coalición para reformar y convertir en permanentes los gravámenes extraordinarios a banca y energéticas, puestos en marcha por el Ejecutivo hace dos años con el objetivo de que las empresas de estos sectores aportaran más por sus beneficios extraordinarios vinculados a la crisis inflacionista.

Iberdrola ha vuelto a batir un nuevo récord de resultados y en los nueve primeros meses del año ha logrado un beneficio neto de 5.471 millones de euros, lo que supone un incremento del 50,4% en comparación con el obtenido en el mismo periodo de 2024, es decir, 1.834 millones más. Una parte de este incremento de beneficios, alrededor de 1.165 millones, está ligada a las plusvalías generadas por la venta de ocho centrales de generación de ciclo combinado en México al gobierno de aquel país. La energética vasca aclaró ayer, cuando dio a conocer estos resultados, que dejando al margen los beneficios extraordinarios aportados por esas ventas los resultados han sido también muy relevantes, si bien con una tasa de crecimiento lógicamente menor. La compañía ya apunta que su previsión para final del año será cerrar el ejercicio con un incremento del beneficio neto del 14% en comparación al de 2023, cuando ganó 4.803 millones. Un porcentaje que, precisamente, coincide con el incremento del dividendo a cuenta que la empresa ya ha anunciado para el presente ejercicio y que se abonará en enero próximo. Los beneficios no son el único récord que ha batido Iberdrola en el último trimestre. Su capitalización bursátil –el valor íntegro de la compañía en Bolsa–, se ha situado ya en torno a los 90.000 millones de euros, habiendo incluso superado esa cifra en algunas de las últimas sesiones. También las inversiones de los últimos doce meses se han situado en una cifra nunca vista hasta ahora, con 12.300 millones de euros, la mayor parte concentradas en EE UU y Reino Unido en una estrategia que comienza a tener éxito entre las principales compañías energéticas ante la estrechez del mercado español y las incertidumbres regulatorias. Ver nota Iberdrola aquí. 

Tanto el lehendakari, Imanol Pradales, como el presidente de Kutxabank, Anton Arriola, se encuentran en la fase inicial de sus respectivos mandatos. Una tarea que afrontan, además, con una firme determinación que ambos comparten: mejorar la inversión y la financiación de las empresas en Euskadi. Ha sido uno de los mensajes que en diferentes ámbitos y oportunidades los dos han ido trasladando. Y lo han hecho cuando crece una preocupación que los sectores económicos vascos, especialmente las patronales, han venido señalando. Se trata de la pérdida de peso económico de Euskadi y de la necesidad de reforzar su perfil industrial para garantizar el nivel de bienestar. Con esa sintonía de fondo, Pradales y Arriola celebraron ayer su primera reunión en Lehendakaritza. Un encuentro que fuentes de la presidencia del Gobierno vasco situaron en la rutina anual que lleva al presidente de Kutxabank a visitar al lehendakari. Como también es habitual, el dirigente del banco vasco aprovechó la entrevista para entregar al jefe del Ejecutivo un informe con el impacto económico que en Euskadi genera su actividad. El dinero movilizado en 2023 superó los 8.600 millones, equivalente al 10,9% del PIB vasco. Unas dimensiones alcanzadas gracias, principalmente, a los créditos por 7.865 millones concedidos por Kutxabank. La entidad estima que es una financiación que ha permitido sostener más de 121.000 puestos de trabajo, además de sus 2.931 empleados directos. El 12,5% del mercado laboral vasco. Un volumen de operación que convierte a Kutxabank en uno de los cinco primeros contribuyentes de las haciendas forales. 

La reestructuración de su negocio y los costes financieros siguen pesando sobre las cuentas de Dominion, pese a que ha logrado un nuevo incremento en las ventas hasta los 856 millones. Hasta el tercer trimestre del año su beneficio se ha reducido un 26%, con unas ganancias netas de 20,1 millones frente a los 27,3 del mismo periodo de 2023. La empresa vasca dirigida por Mikel Barandiaran destaca que las actuaciones para simplificar su negocio siguen traduciéndose en un importante avance de la rentabilidad. El beneficio de la compañía antes de los intereses y el pago de los impuestos –ebitda– escaló hasta los 107,5 millones, un margen del 12,5% sobre las ventas y un techo histórico para la compañía. Según explicó el propio Barandiaran en la información remitida ayer al regulador, «hemos dado importantes pasos en nuestro proceso de simplificación, desinvirtiendo en negocios con menor valor añadido, con el objetivo de continuar posicionándonos en actividades con mayores márgenes y fuertes dinámicas de crecimiento». La compañía ha reorganizado su negocio en dos áreas: la de los servicios prestados a las empresas con el objetivo de que avancen en sostenibilidad, y el desarrollo de ‘proyectos 360’, trabajos en los que lidera la construcción de infraestructuras, como edificios o instalaciones de generación eléctrica que luego mantiene. En esa tarea de reorganización recogida en su plan estratégico se encuadra la venta recién firmada del negocio de mantenimiento industrial en España. 

1.795 euros mensuales brutos en 14 pagas para 2024. O lo que es lo mismo: 25.130 euros brutos anuales. Un Salario Mínimo Interprofesional similar al de Bélgica o Alemania. Una cifra que puede beneficiar en los próximos años a los trabajadores vascos más vulnerables: unas 300.000 personas en Euskadi y Navarra, las más precarias, muchas de ellas mujeres y migrantes que trabajan en servicios y cuidados. Un SMI propio en Euskadi y Navarra de 1.795 euros, lo que supondría 660 euros por encima del SMI del resto de España (1.134 euros brutos en 14 pagas). Y teniendo en cuenta que cerca del 68% de las empresas no se verían afectadas por dicha subida. Este jueves, 24 de octubre, 4.000 trabajadores comenzarán a movilizarse por conseguir esta cifra, una ambiciosa propuesta de ELA que llevará al Parlamento Vasco y navarro a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2025. El objetivo es modificar la legislación y hacer posible (previa aprobación en el Congreso) que las comunidades autónomas fijen su propio SMI, a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Tras un año de estudios, ELA propone abandonar la comparación entre distintos salarios como referencia para fijar el SMI, y aboga por utilizar el PIB per cápita, un indicador que mejora la distribución de la renta total del país y supone un reparto real de la riqueza que se produce en Euskadi y Navarra.

El sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria Hiru anunció ayer que, por el momento, no se adhiere como organización a la convocatoria de siete jornadas escalonadas de huelga en el transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, que se llevará a cabo a nivel nacional a partir del próximo lunes, día 28, anunciada por los sindicatos CC OO y UGT para reclamar un sistema de jubilación anticipada propio para el sector. No obstante, Hiru afirma entender las razones de la protesta y a aquellos transportistas que decidan sumarse a los paros. En un comunicado, el sindicato vasco indicaba que no ha recibido solicitud de adhesión expresa a la convocatoria, aunque reconocía que en la rueda de prensa para anunciar la huelga, UGT y CC OO invitaron también a los transportistas autónomos en general a participar en la misma. No obstante, Hiru señala que los convocantes no han explicado «suficientemente» el sistema y tablas que se aplicarán, los coeficientes reductores que se pretenden establecer, si se aplicará a todos de la misma manera o habrá diferencias entre transportistas de vehículos pesados, ligeros, conductores de autobuses... o si se exigirá un periodo mínimo de actividad ni cómo se financiará, etc.

A las huelgas convocadas por CC OO y UGT, además de las de Avanza y Agitax, podría sumarse en las próximas semanas paros en el sector de transporte de mercancías por carretera de Gipuzkoa. ELA y LAB amagan con llevar a cabo movilizaciones en el marco de las negociaciones del convenio provincial, que afecta a más de 6.000 trabajadores. Las negociaciones se pusieron en marcha a finales de junio, tras solicitarlo los sindicatos, pero tras cuatro reuniones con Guitrans no se ha registrado ningún avance, según explican ELA y LAB. Las dos centrales critican que Guitrans insista en plantear condiciones laborales basadas en el II Acuerdo Estatal del Transporte. «Es inadmisible que tras quince años ni siquiera se hable de actualizar las tablas del convenio de Gipuzkoa y que la única respuesta sean unas condiciones laborales precarias y de miseria», señala ELA. Por su parte, LAB subraya que «quieren dejar en nada el marco vasco de relaciones laborales, lo que indica la falta de voluntad negociadora». Tras rechazar por unanimidad los sindicatos del sector (LAB, ELA, CC OO y UGT) la última propuesta de Guitrans, la central nacionalista indica que «si no hay cambio por parte de la patronal, solo quedará el camino de la movilización y la lucha». En la misma línea, LAB señala que «ante las condiciones precarias en las que trabaja el sector, nos vemos en la necesidad de emprender la acción sindical para denunciar la indiferencia manifestada por Guitrans».

En Euskadi hay 500 particulares y empresas que tienen en su poder cinco o más inmuebles. Son los denominados por la nueva ley de vivienda los grandes tenedores. La mayoría son personas físicas (se identifican 297 particulares), mientras que otros 223 están identificados como empresas privadas. El resto corresponden a entidades del sector público. Al margen de los hogares que son propiedad de la Administración, la cual gestiona miles de domicilios para sacarlos al mercado como alquileres a través de sus programas sociales, estos grandes tenedores gestionan 5.332 pisos en Euskadi. Los datos los ofrece el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta al parlamentario de Sumar, Jon Hernández. En Euskadi hay 16.803 viviendas propiedad de titulares con más de cinco domicilios y que tienen la fianza depositada en el registro. ¿Y son muchas o pocas? El porcentaje es bajísimo. Los hogares gestionadas por propietarios con cinco inmuebles o más suponen el 1,55% del parque total, mientras que aquellos administrados por particulares o empresas con al menos diez pisos en su poder apenas representan el 1,34% de las viviendas. Son precisamente por estos datos por los que los agentes de la propiedad consideran que la Ley de Vivienda no tiene cabida en Euskadi al «no responder a la realidad del mercado».

El Gobierno vasco presentó ayer el primer ‘Diagnóstico de la situación de la Inteligencia Artificial en Euskadi’. El 12,2% de las empresas vascas han adoptado tecnologías de este tipo con más de 7.500 profesionales dedicados a estas tareas. Su facturación alcanzó los 105 millones de euros, lo que supone un incremento medio del 9% en sus ingresos. Este análisis será una «herramienta fundamental» para el plan de acción que se elaborará a lo largo del próximo año para «posicionar a Euskadi como referente internacional» en este campo. «Estamos convencidos de que la IA es una oportunidad para que la industria vasca sea más competitiva a nivel internacional y vamos a trabajar para ser protagonistas de una revolución industrial sin precedentes», subrayó Mikel Jauregi, consejero de Industria y Transición Energética del Gobierno vasco y presidente del Basquet Artificial Intelligence Center (BAIC). En solo un año, el porcentaje de empresas vascas que aplican la IA ha subido un 3% –del 9% al citado 12,2%–, «ligeramente por encima de la media nacional y en cifras similares a las de países como Alemania o Reino Unido», detalló Laura Marrón, directora general del BAIC. De los 7.500 trabajadores ocupados en esta área, el 0,7% de la población activa en Euskadi, el 83% se integran en el sector empresarial y el 17% son investigadores, repartidos estos últimos en 90 grupos diferentes.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en nuestra vida ha generado debate sobre sus peligros. «Es toda una revolución», admite José Antonio Lozano, director del Basque Center for Applied Maths (BCAM). «El cambio es muy grande y potente, pero también lo fue la llegada del ordenador. Ahora bien, buena parte de este discurso en torno a sus riesgos no tendrá mucho sentido en el plazo de diez años porque su uso estará muy extendido». Hablamos del área de la informática que estudia y desarrolla comportamientos inteligentes mediante métodos computacionales. «Está basada en las matemáticas, estadísticas e, incluso, la biología porque replica formas de la naturaleza en los modelos creados», apunta y señala cuatro componentes esenciales en estos sistemas. «Han de ser capaces de aprender, planificar, comunicarse y recibir información, aunque pueden carecer de alguna de estas cualidades». La investigación en este ámbito se lleva a cabo en el seno de grandes empresas tecnológicas. «Está bien financiada por las firmas y cuenta con grandes equipos, mientras que los gobiernos suelen apoyar la aplicación de las investigaciones», indica y señala la necesidad de no quedar atrás. «Aunque es difícil competir en nichos, disponemos de experiencia y ventaja en apartados como el diseño de sistemas justos sin diferencias de raza, género o edad». El uso positivo de la tecnología es una cuestión controvertida. «Se puede emplear para promover el bienestar global o crear armas autónomas», advierte y aboga por un acceso general a la IA. «Pero veremos hasta qué punto es posible si resulta generada por las grandes compañías», aduce y señala la importancia de colaborar con ellas para que sea accesible para la mayoría de la población.

La calidad de vida, tan abstracta y subjetiva, se puede medir. En eso lleva quince años el Instituto Nacional de Estadística, que coloca a Euskadi como la cuarta comunidad autónoma con un nivel más alto en 2023, solo por detrás de Navarra, La Rioja y Aragón. En el otro extremo están Ceuta, Canarias, Galicia y Andalucía. En 2022, el País Vasco ocupaba la misma posición, aunque la situación ha variado mucho en apenas cuatro años. En 2019 era la novena región. Ese ascenso meteórico responde a la ligera mejoría experimentada por la comunidad autónoma (ha pasado de 102,62 puntos a 103,89), pero también al demérito ajeno. Solo Murcia y Andalucía han subido de nota en estos cuatro años; el resto han ido hacia abajo, influenciados en el descenso por la pandemia. De hecho, el 2023 fue el primer año desde la crisis sanitaria que, a nivel nacional, en lugar de registrarse un descenso se contabilizó un pequeño ascenso (en 101,54 puntos, frente a los 101,40 del ejercicio anterior). El INE, para elaborar el Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), pondera 56 indicadores que mide la tasa de empleo, la de paro, los contratos involuntarios a tiempo parcial, las jornadas largas... empeora, ya que en 2022 solo Aragón estaba por delante y en 2023 el País Vasco fue cuarto, por detrás de Baleares, Cataluña y Navarra.

Depresión, ansiedad, somatización... Son algunos de los problemas emocionales más habituales que sufren los trabajadores, que impactan directamente sobre los niveles de absentismo y, por tanto, en la particular ‘salud’ de la economía. Abordar estas cuestiones psicológicas en el entorno laboral supone una «gran dificultad» para las empresas. En Álava ya son 22 las que han dado un paso para afrontar el complejo y delicado ámbito de la salud mental en sus plantillas. Lo han hecho de la mano de la Fundación San Prudencio, que cuenta con un programa que «trata trastornos mentales no graves, que suponen la segunda causa de absentismo en España. Nos parecía importante actuar en este tema», transmite Mariola Fernández de Romarategui, psicóloga del «pionero» servicio de la entidad. La iniciativa, puesta en marcha en 2021 «a raíz de la pandemia» y que es «un modelo para otras comunidades autónomas», busca ofrecer una «respuesta integral» a este tipo de diagnósticos que con gran frecuencia afectan al mundo profesional. «Desde PsicoLan (así se llama el servicio) se evitan bajas porque detectamos precozmente. Se pretende ayudar tanto a empresas en la problemática del absentismo como a trabajadores. Es novedoso y estamos apostando por ello. Ayuda a las empresas a mejorar su competitividad», incide la terapeuta. Las estadísticas, en ese sentido, son claras. Prácticamente un tercio de la población laboral a nivel nacional reporta episodios ocasionales de ansiedad y estrés en el trabajo, y la cifra de personas diagnosticadas al respecto está en el entorno de 2,7 millones con un impacto en el PIB de 23.000 millones de euros. Esto eleva inevitablemente la tasa general de absentismo. En Álava y en el resto de Euskadi este es un asunto crítico que preocupa a compañías y agentes e instituciones: 14.500 trabajadores de la provincia faltan a su puesto según los datos de la patronal SEA Empresas Alavesas, y los índices de ausencias alcanzan hasta el 10% en algunas firmas.

Muchas han sido las voces que han criticado la lentitud con la que los fondos europeos Next Generation llegan a los diferentes territorios del Estado. Ahora, y ya pasado el ecuador del plazo para ejecutar estas ayudas y a falta de dos años y medio para que se agote el plazo en junio de 2026, estos fondos han financiado hasta septiembre el 57% del total comprometido para 24 proyectos enfocados en el sector público de Gipuzkoa. Así, el territorio ha recibido 29,8 millones de euros sobre un total de 52 millones de financiación aprobado para todos los proyectos mediante esta inyección de dinero europeo. Entre los 24 proyectos puestos en marcha por la Diputación de Gipuzkoa, que se extraen de una información solicitada por EH Bildu al departamento de Hacienda y Finanzas, la adaptación de la red de centros residenciales de personas mayores hacia modelos convivenciales centrados en la persona es el que más fondos europeos tiene previsto recibir. En concreto, más de 25 millones, de los cuales han sido concedidos ya más de 14. Es en 2026 cuando finaliza el plazo de ejecución de este proyecto que busca un cambio de modelo residencial hacia entornos lo más domésticos y hogareños posibles.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Reyes, avanzó ayer que en la próxima reunión para negociar la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, que tendrá lugar el próximo día 29, propondrá nuevas ayudas directas para aquellos sectores que pudieran resultar más afectados por dicha reducción, pero avisó que esa será «la última oferta» que el Ministerio de Trabajo pondrá encima de la mesa. Durante su comparecencia en el Congreso para exponer las principales líneas de negociación del ministerio, Pérez Rey indicó que exigirán a las patronales CEOE y Cepyme que digan si esa última propuesta «vale o no vale para llegar a un acuerdo», pero si no lo fuera Trabajo cumplirá con su compromiso y reducirá la jornada hasta las 37,5 horas en 2025. «Si podemos contar con la patronal será para nosotros una gran noticia, pero si no intentaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales», advirtió. El secretario de Estado recalcó que desde enero pasado el ministerio ha intentando «de todo» para «alcanzar un acuerdo» con las organizaciones sociales, a fin de conseguir pasar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025, ya que esta medida beneficiará a 12 millones de trabajadores. Por ello, Pérez Rey pide a CEOE y Cepyme que tomen una decisión pensando en representar los intereses de las empresas españolas y no en «jugar» a otros intereses «más vinculados a la política».

La actividad de las plantas españolas de vehículos está muy relacionada con la demanda por parte de los clientes en los principales mercados europeos, ya que cerca del 90% de la producción nacional de vehículos se exporta. Alemania y Francia son los dos principales destinos de exportación de los coches made in Spain, por lo que la caída de ventas que acumulan en lo que va de año ambos mercados ha lastrado la actividad productiva en España. Las 17 fábricas de vehículos instaladas en territorio español, según datos publicados ayer por la patronal Anfac, fabricaron 1,79 millones de unidades durante los nueve primeros meses del año, lo que representa una disminución del 1,6% respecto al mismo período del año pasado. En línea con las caídas del 1,8% en el mercado francés y del 1% de Alemania, que dejó en septiembre de ser el primer destino exportador español en favor de Francia. El conjunto del mercado europeo, que concentra el 93% de las exportaciones, subió un 1%. Contabilizando solo el mes de septiembre, la producción de vehículos en las plantas españolas se contrajo un 2,4% interanual, hasta alcanzar un volumen de 205.420 unidades, de las que 164.314 fueron turismos (+2,5%) y 41.106 vehículos comerciales e industriales, un 18,2% menos.

Las grandes promotoras que han protagonizado el resurgir del sector de la obra nueva tras el estallido de la burbuja inmobiliaria han elevado los precios de sus casas un 27,3% en los últimos cinco años. Así se desprende de los datos aportados por las propias compañías a Cinco Días. Ese porcentaje es similar, un poco más elevado, que los cálculos de la consultora Tinsa para el conjunto del sector, ya que calcula que desde 2019 el precio medio de las nuevas viviendas en España ha subido un 24,5%. Tomando en consideración grandes promotoras como Aedas Homes, Metrovacesa, Habitat, Culmia, Insur y Acciona Inmobiliaria, el precio medio de las viviendas que construyen ha pasado de 298.000 a 379.333 euros por unidad, según las cifras ofrecidas por las propias compañías. Tinsa, a su vez, calcula que, para el conjunto del mercado de obra nueva en España, el coste ha pasado de 2.045 euros por metro cuadrado a 2.547 euros/m2. Desde niveles mínimos, tras el estallido de la burbuja, ha ascendido un 51%. Un portavoz de una de estas grandes empresas indica que el incremento de los precios se explica en gran medida por el alza de los costes de construcción y del suelo en los últimos años, pues las compañías han mantenido márgenes. De hecho, este tipo de inmobiliarias suelen buscar una rentabilidad que se mantenga entre el 15% y el 20%, dependiendo de la compañía, el proyecto y la financiación, algo que no ha cambiado en los últimos años, debido a que a su mayor facturación hay que restar sus mayores gastos.

La banca española enfila otro récord de beneficios. Como en los anteriores trimestres, el tercero ha sido histórico para la mayor parte de las entidades, de acuerdo con las proyecciones de los analistas. El consenso de Bloomberg calcula que los seis bancos cotizados del Ibex 35 registraron un beneficio hasta septiembre de 7.961 millones de euros, un 8% más respecto al mismo periodo del año anterior. “Esperamos tendencias sólidas de generación de resultados”, destacan los analistas de Renta 4. En el agregado del año, el consenso de analistas estima un beneficio conjunto superior a 23.000 millones de euros, cerca de un 18% más respecto a los nueve primeros meses de 2023. El mercado no duda de que este ejercicio será ampliamente superior al precedente. El sector cuenta con varios catalizadores que ayudarán a terminar el año en niveles nunca vistos, especialmente los tipos de interés elevados durante, al menos, lo que resta de ejercicio. Las principales casas de análisis ubican las tasas oficiales por encima del 3% para el cierre del ejercicio. La morosidad controlada es otro punto a favor para la banca. Según los últimos datos del Banco de España, la ratio de morosidad del sector se ubicó en agosto en el 3,44%, la tercera cifra más baja del ejercicio. A estos factores hay que sumarle el pulso comercial, por encima de lo esperado, que están registrando todos los bancos nacionales. La banca encara un cambio de tendencia. Hasta hace seis meses, los márgenes de intereses crecían trimestre tras trimestre, pero ahora los analistas prevén los primeros síntomas de agotamiento ante el nuevo escenario económico. Si bien se esperan resultados “sólidos” para el conjunto del sector, su importancia radica en que podrían marcar “el inicio de una senda a la baja del margen de intereses”, señalan los analistas de Renta 4.

Las trabas parlamentarias, sobre todo de Junts y el PNV, que encuentra el Gobierno para convertir en permanente el impuesto extraordinario sobre la banca y las compañías energéticas suenan a estribillo conocido, toda vez que Pedro Sánchez se apoya sobre una frágil mayoría que obliga a hacer malabares constantes para contentar a los socios de la investidura. Esta vez, sin embargo, el Ejecutivo también tiene que afrontar las quejas públicas de un opositor enérgico, más acostumbrado a ventilar las diferencias en la discreción de los despachos. La compañía Repsol se erige en la voz crítica contra los planes del Gobierno y advierte de que la “demagogia fiscal” acarrea consecuencias. En juego está una inversión de 1.100 millones de euros en el complejo industrial de Tarragona, para levantar una planta que transforme los residuos en combustible mediante una tecnología que tiene muy poca competencia en Europa. Tarragona es el principal centro de trabajo, por volumen de personal, que tiene Repsol en España. Se cuentan 1.400 empleados directos y otros 1.400 que dependen de empresas subcontratadas.

Teresa Ribera no pondrá trabas a la energía nuclear. De hecho, considera que su uso es necesario en Europa, y que el despliegue de pequeños reactores modulares (los denominados SMR) «garantizará una sólida cadena de suministro» y «aumentará la capacidad de producción e innovación de la UE». Así consta en el cuestionario de 16 preguntas al que se debió enfrentar la todavía ministra española de Transición Ecológica, como paso previo para asumir el cargo de vicepresidenta de la Comisión, y en lo que supone un cambio sustancial de su discurso. Hasta ahora, la socialista había mantenido un discurso totalmente contrario al uso de la energía nuclear. Pero lo recogido en el mencionado examen dista mucho de su posición en España y, también de la que muestra el Gobierno de Pedro Sánchez. «En cuanto a la energía nuclear baja en carbono, cabe señalar que en febrero de 2024, la Comisión puso en marcha una Alianza Industrial para facilitar la cooperación de las partes interesadas a nivel de la UE» con el objetivo de «acelerar el despliegue de pequeños reactores modulares (SMR) y garantizar una sólida cadena de suministro de la UE, incluida una mano de obra cualificada», señala la que muy probablemente será una de las vicepresidentas más influyentes de la Comisión de Ursula von der Leyen. O, incluso, la que más. «De este modo se aprovecharán las capacidades de fabricación e innovación de la UE para acelerar el despliegue de los primeros proyectos de SMR en la UE a principios de 2030 con arreglo a las normas más estrictas de seguridad nuclear, gestión de residuos, sostenibilidad medioambiental y competitividad industrial», añade en el documento conocido ayer.

El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing casi cuadriplicó las pérdidas en el tercer trimestre, hasta 6.174 millones de dólares (5.710 millones de euros), por los problemas acumulados durante el ejercicio y por una huelga en EEUU, que dura más de un mes, y cuyo final dependerá del resultado de la votación de 33.000 empleados que se iba a celebrar ayer. El consejero delegado de Boeing, Robert Ortberg, reconoció que la compañía está altamente endeudada y necesita remodelar su modelo de trabajo, plagado de errores en los últimos años, para recuperar la confianza de clientes e inversores. Además, el directivo, que asumió las riendas de Boeing en agosto, solicitó que se apruebe el preacuerdo para poner fin a una huelga en EEUU que ha paralizado buena parte de la producción y agravado los números rojos de la compañía. Con ese objetivo, Boeing ha propuesto un incremento salarial del 35% en cuatro años, además de otras mejoras, que los 33.000 empleados en paro debían ratificar ayer para zanjar el conflicto. Al cierre de esta edición, se desconocía el resultado. Ortberg admitió que “llevará tiempo devolver a Boeing su antiguo legado” y añadió que, con el enfoque y la cultura “adecuados”, volverá a ser “una empresa emblemática y un líder aeroespacial”. El fabricante arrastra una grave crisis desde hace más de cinco años, cuando dos accidentes por fallos del software en sendos aviones 737 Max, con 345 fallecidos, detonaron una seria pérdida reputacional para la empresa, elevadas pérdidas y un desplome en Bolsa.  Cuando la compañía comenzaba a recuperar el pulso tras haber cambiado varias veces su cúpula, un incidente de un Boeing 737-9 Max de Alaska Airlines el pasado enero, que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo, ha sumido a la compañía en un nuevo atolladero. A las pérdidas acumuladas de 7.968 millones de dólares en los nueve meses de 2024, se suman una abultada deuda y falta de liquidez para mantener la operativa.

Coca-Cola, líder mundial en el negocio de refrescos, obtuvo un beneficio neto de 2.848 millones de dólares (2.633 millones de euros) en el tercer trimestre del año, un 7,7% menos que en el mismo periodo de 2023. La facturación cayó un 0,8%, hasta 11.854 millones de dólares, pese al aumento medio de precios del 10%, ya que los volúmenes bajaron por una inflación que ha retraído el consumo. Las ventas totales del grupo en volumen cayeron un 1% en el trimestre, aunque alguna categoría, como Coca-Cola Zero, creció un 11%. Pese al descenso de la facturación, la cifra batió las previsiones de los analistas, que esperaban 11.600 millones de dólares. A nivel orgánico, que excluye el tipo de cambio y la compraventa de activos, Coca-Cola creció un 9% entre julio y septiembre. El consejero delegado del grupo, James Quincey, dijo que los precios seguirán subiendo, pero a menor ritmo, durante los siguientes meses y en 2025 para contrarrestar el aumento de los costes laborales y las materias primas, pero también pronostica una vuelta al crecimiento en volumen. “Vamos hacia un nivel de precios más normalizado a lo largo del próximo año”, afirmó Quincey.