20241016

Las haciendas forales vascas esperan recaudar el próximo año un total de 19.718 millones de euros, una cifra que además de ser récord histórico supondrá un aumento muy sustancial frente a los ingresos con los que se estima cerrar 2024. Así, ello puede suponer un aumento de recaudación fiscal del 7,7%, que en términos absolutos significa aportar 1.400 millones de euros más a las arcas publicas. Esta es la estimación que realizó ayer el Consejo Vasco de Finanzas, el organismo en el que Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos pactan el flujo de los fondos que nutrirán sus presupuestos. Las diputaciones forales ya han admitido, además, que pactar la reforma fiscal «no será sencillo aunque hay toda la voluntad de hacerlo», al tiempo que ya han reconocido lo que parecía evidente. El texto legal no se aprobará hasta 2025. En el mejor de los casos, a finales del primer trimestre. Se espera que la recaudación de impuestos apenas superará los 18.300 millones de euros en diciembre de este año. En suma, tan solo un 0,5% más que el pasado año, un incremento de en torno a 100 millones. Lejos del 4,2% de aumento que se había presupuestado, pero justificable porque las diputaciones han sufrido el impacto de una sentencia del Tribunal Supremo que les ha obligado a corregir las declaraciones del IRPF de cientos de miles de mutualistas. Unas devoluciones que van a suponer una cifra cercana a los 800 millones de euros. El próximo año, si embargo, ya con la mochila de los exmutualistas liquidada, volverá la alegría a las arcas forales. De ahí que se hayan presupuestado los 19.718 millones en ingresos. En términos homogéneos –descontado el efecto mutualistas de este año– supondría un aumento de un 3,8%. Con todo ello, el Gobierno vasco dispondrá de 13.000 millones de euros aportados por la actividad económica de los vascos –ciudadanos y empresas– para elaborar su Presupuesto de 2025. Como ya adelantó el lehendakari, Imanol Pradales, en el Parlamento será «el mayor de la historia».

El Gobierno vasco ya ha decidido el cese del hasta ahora director del Instituto Vasco de Finanzas, Javier Arnaez, que ocupaba el cargo desde 2020. Al igual que otros relevos que se han producido en el Ejecutivo, fuentes próximas a la Administración vasca aseguran que este cese era «inesperado». El cese se hará oficial la próxima semana, tras la reunión habitual del Consejo de Gobierno que preside el lehendakari, Imanol Pradales. Todo apunta, aseguran las mismas fuentes, que la dirección de este organismo encargado de coordinar las operaciones financieras del Gobierno y las tomas de participaciones del Ejecutivo en empresas, recaerá en Amaia del Villar. La nueva directora del IVF trabajaba en la actualidad en un fondo de inversión.

La rueda de prensa posterior al Consejo Vasco de Fianzas (CVF) también sirvió para arrojar algo de luz sobre la reforma fiscal que los tres territorios deben aprobar este año, y que a falta de tres meses no había noticia alguna sobre este nuevo texto fiscal. La diputada Mendoza avanzó que será en este presente otoño cuando se anuncie el anteproyecto de norma foral, pero no será hasta el primer trimestre del año que viene cuando se remita a las Juntas Generales de Gipuzkoa para su aprobación definitiva. Así las cosas, la reforma fiscal no verá la luz este año tal y como venían sosteniendo desde comienzos de año. Los representantes forales sí quisieron dejar claro que habrá una armonización fiscal entre los tres territorios, aunque «armonización no quiere decir uniformidad». «Hay que dar tiempo a las Juntas Generales para que se pueda dar el mayor consenso posible, con el objetivo de que sean todos los grupos políticos los que den su aprobación», aseguró Mendoza. Conviene recordar que en Bizkaia, el equipo de Gobierno conformado por el PNV y el PSE tienen mayoría, por lo que la aprobación es mucho más sencillo, pero en el caso de nuestro territorio y Álava, no tienen mayoría, por lo que resulta necesario el apoyo de partidos como EH Bildu o Podemos en el espectro de la izquierda, o del PP en el de la derecha. La diputada general restó importancia a que Gipuzkoa no vaya a aprobar este año la citada reforma fiscal, y aludió a las negociaciones de los grupos junteros. «No daría importancia al tiempo, porque para negociar hace falta tiempo. La oposición necesita de un periodo para estudiar las propuestas», concluyó la mandataria peneuvista.

El fraude fiscal en la venta de hidrocarburos no es un fenómeno novedoso pero su volumen se ha disparado hasta alcanzar casi los 2.000 millones de euros en España. El sector, acosado por la competencia desleal que supone la entrada de diésel muy barato de mano de operadores ‘pirata’ que no pagan el IVA, urge a que se apruebe un cambio normativo que ya está tramitándose. Mientras, la Agencia Tributaria Española ha intensificado sus actuaciones y ya en mayo requirió información a 400 estaciones de servicio que vendían gasóleo a precios «anormalmente bajos» para extraer datos sobre posibles tramas delictivas. En la misma línea, la Hacienda vizcaína investiga a quince gasolineras en el territorio «para detectar su responsabilidad en las cuotas de IVA que se hayan podido defraudar». Pero, según coinciden todas las partes, las estaciones de servicio son el último eslabón en esta cadena en la que son los intermediarios los que defraudan a Hacienda y se quedan con el IVA que deberían ingresar en las arcas públicas. Las gasolineras sí pagan el impuesto y su responsabilidad se limita a comprar un hidrocarburo que es excesivamente barato y que les permite competir en condiciones muy ventajosas. Es una responsabilidad, no obstante, que está recogida en la normativa foral en la medida en que «debieran razonablemente presumir» que no se ha pagado correctamente el IVA ante el bajo precio al que lo compran. Fuentes del sector estiman que cuarenta de las 334 gasolineras que hay en Euskadi venden el diésel por debajo del umbral que se estima como mínimo para cubrir los costes de la cotización internacional y las demás cargas. Serían el 16% en Álava, el 15% en Bizkaia y el 8% en Gipuzkoa. No obstante, la patronal de estaciones de servicio considera que no se debe poner el foco ahí. «Es como si al vendedor de un electrodoméstico le haces responder de si el fabricante paga o no el IVA», señala Nacho Rabadán, director general de la Conferación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES).

Euskadi cerró septiembre con una evolución de los precios interanual del 1,8%. Supone ocho décimas menos que el mes pasado, pero aun así el País Vasco quedó, junto a Asturias, como la comunidad autónoma donde más subieron los precios. En el conjunto de España, el IPC se quedó en el 1,5%, el más bajo desde marzo de 2021. La tasa cae ocho décimas respecto a agosto y mejora el objetivo de precios del 2% del Banco Central Europeo (BCE), consolidando el final de la crisis de precios en España. Los alimentos siguieron la tendencia a la baja, con crecimientos mucho más moderados que los de hace un año. Los datos publicados ayer por el INE revelan que el avance de la inflación de la cesta de la compra se limitó al 1,8% en septiembre, una subida siete décimas menor que la de agosto. Esta tasa es la menor desde octubre de 2021, cuando comenzó la crisis inflacionista en España. La caída de precios general –que es además la mayor del último año– ha venido propiciada sobre todo por el descenso de los precios de las gasolinas, de la electricidad y de algunos alimentos como los aceites y las frutas. Pero hay que tener en cuenta que no es una bajada como tal, sino que los datos se están comparando con los de hace un año, cuando estas partidas experimentaron una gran subida. Los precios de los carburantes se encuentran en niveles previos a la guerra de Ucrania, y la electricidad y los alimentos también se han visto favorecidos por el efecto base, ya que en septiembre de 2023 el IPC se había acelerado nueve décimas. En todo caso, en este periodo no solo se han moderado los componentes más volátiles de la cesta de la compra. La inflación subyacente –aquella que excluye de su cálculo los alimentos frescos y la energía– también desciende tres décimas, hasta el 2,4%, su menor tasa desde enero de 2022.

El Gobierno de España ha centrado en la Oficina Económica de Moncloa, dirigida por Manuel de la Rocha, el seguimiento de la operación Talgo. Y sus preferencias son claras: que el socio que coja el timón del fabricante de trenes tenga un perfil industrial que a ser posible tenga una conexión vasca, de ahí que vea con buenos ojos el interés del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por liderar la compañía. El Gobierno central está muy involucrado en la operación y estaría dispuesto a participar en la compañía a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) para apuntalar la operación, según desvelan fuentes de toda solvencia conocedoras de las negociaciones. El industrial vasco ha iniciado contactos con el principal accionista de Talgo, el fondo inversor Trilantic, para comprar sus acciones en la compañía, el 29,9% del total. Una operación que respalda el Gobierno vasco y que también contaría con el visto bueno del Ejecutivo central. Fue este, precisamente, el que vetó la alternativa húngara en agosto: una opa de 617 millones –5 euros por título– que daba al grupo Magyar Vagon el control del fabricante de trenes, pero que el Consejo de Ministros bloqueó por cuestiones de «seguridad nacional».

El dueño y presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, irrumpe en el proceso de compra de Talgo y ha comunicado a su propietario de referencia –el fondo Trilantic– y a los Gobiernos español y vasco su interés por convertirse en el socio industrial del grupo ferroviario. Fuentes industriales cercanas al empresario confirman estos contactos, aunque Jainaga no ha informado de las negociaciones, que estarían pendientes todavía de importantes flecos, incluidos el precio, la participación y los acompañantes financieros, entre los que se da por hecho al Gobierno vasco. El gabinete de Imanol Pradales ha dejado clara su disposición a entrar en el capital de Talgo para apoyar a un inversor industrial, a fin de consolidar su actividad y, sobre todo, la producción y el empleo en la planta de Rivabellosa (Álava), con 700 operarios. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, insistió ayer en esta postura, mientras que el diputado general de Álava, Ramiro González, reiteró la voluntad de la Administración vasca de apoyar “con los fondos adecuados” a un inversor que apueste por aumentar el arraigo del grupo ferroviario en Euskadi, aumentando su capacidad de producción y de inversión. La vía-Jainaga sería una forma de vasquizar Talgo en un momento en que el País Vasco lucha contra el desarraigo de sus grandes empresas, desde Gamesa a Euskaltel, pasando por Nortegas e ITP Aero. Algunos medios especulaban ayer con un eventual traslado de la sede del grupo ferroviario al País Vasco si sale adelante la oferta del dueño de Sidenor.

La realidad actual es que estos principios científicos ya han derivado en una tecnología cuántica dirigida principalmente hacia tres ramas: la computación y la simulación; las comunicaciones y la ciberseguridad; y por último la sensórica y las metrologías. Todo apunta a que su impacto será abismal, según aseguró ayer Valentín García Souto, director de innovación de Lantik, que definió a Bizkaia como «un territorio cuántico para el emprendimiento». Esta tecnología potencial «afectará a todas las áreas del conocimiento. ¿Os acordáis de cómo era el mundo antes de internet?», comparó García para poner como ejemplo las enrevesadas fórmulas que se emplean en la encriptación para proteger la información más sensible, y que ahora resulta casi imposible de descifrar en menos de cien años. Sin embargo, la computación cuántica se la ‘comería’ en segundos. En este contexto, el director de innovación en Lantik destacó que ya están en negro sobre blanco los primeros informes desarrollados en Europa, y que calculan que el impacto económico en estos avances se medirá dentro de entre 15 y 30 años en una riqueza de 850.000 millones de euros. «¿Esto es negocio, no?», cuestionó. «En apenas tres años se ha generado un sector productivo que antes no existía», añadió García en su exposición. Lo cierto es que ha encontrado en Euskadi un entorno atractivo. «Ya hay quince empresas, ‘startups’, cuánticas. Algunas se han formado aquí y otras han venido de Estados Unidos, de Londres… y lo han hecho porque han encontrado aquí un ecosistema que les permite desarrollarse mejor que en otros sitios», animó. Esta realidad se dibuja ya sobre el mapa, como ocurre con los espacios de la torre BAT o el edificio María Goyri en el campus de Leioa, en el que se reservan mil metros cuadrados para impulsar esta tecnología. «Bizkaia sabe a dónde se dirige y ha pillado un viento favorable», aseguró en la ponencia.

La industria química en Euskadi reclama un “mayor compromiso” del Gobierno Vasco para afrontar el reto demográfico y la descarbonización y solicita “mayor implicación de las instituciones para hacer frente a la escasez de talento que amenaza con frenar su competitividad”. La asociación Aveq-Kimika aseguró ayer en un comunicado que la industria química en Euskadi se enfrenta a un doble desafío, por una parte, la falta de personal cualificado y por otro, el reto de la descarbonización. Por ello, lanzó un llamamiento al Gobierno Vasco para que impulse “de manera más decidida este sector estratégico, clave para la economía del territorio”. Según el secretario general de la asociación, Luis Blanco Urgoiti, este sector, “vital para Euskadi, “no solo tiene que enfrentarse a la “urgente transición hacia la descarbonización”, sino que también necesita contar con “trabajadores cualificados que impulsen su crecimiento y competitividad”. Aveq-Kimika consideró que el “reto es urgente” y que la industria química, con su “alto nivel de innovación y desarrollo de productos avanzados”, juega un “papel fundamental” en la transición energética y en la sostenibilidad, “dos factores clave en la agenda de la sostenibilidad”. No obstante, aseguró que, para lograrlo, es “esencial atraer y retener talento cualificado” y el secretario general añadió que la creación de empleo en la industria química es una “oportunidad” que no se puede desaprovechar. Blanco Urgoiti cree necesario que el talento joven vea este sector como una “opción atractiva”, con oportunidades de desarrollo profesional ya que, sin las personas adecuadas, las empresas del sector “perderán su capacidad para competir a nivel global”. Ver comunicado aquí

Un premio a la persona, al equipo y a una forma de entender el desarrollo económico. El presidente de la Fundación bancaria BBK, Xabier Sagredo, acaba de ser distinguido con el Ekonomistak Sariak 2024, el premio que entrega anualmente el Colegio vasco de Economistas. El jurado ha destacado su contribución al bienestar social y al arraigo territorial de Kutxabank, impulsando un modelo de competitividad sostenible alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Bajo su liderazgo, BBK ha fortalecido su compromiso con el entorno, combinando innovación financiera con un enfoque responsable y sostenible que genera un impacto positivo en la comunidad", ha subrayado la organización en la entrega de premio por parte de la presidenta de Ekonomistak, Cristina Andrés Uriarte.  Al acto, celebrado en el Atrio de Bizkaia Aretoa UPV/EHU en Bilbao han asistido cerca de 200 personas del ámbito de la economía y la empresa, que han tenido la oportunidad de disfrutar de las voces del Coro de la UPV/EHU que han dado comienzo al acto con un solemne Agur Jaunak.  Xabier Sagredo, ha destacado que “los primeros espadas de los grupos empresariales tenemos que ser capaces de diseñar estrategias a largo plazo, huyendo de los trending topic, de lo rápido, de lo inmediato… Y tenemos que dejar de hablar de conceptos como ESG o sostenibilidad, y no porque no sean importantes, sino porque deben formar ya parte intrínseca de nuestras organizaciones, de nuestras políticas. La sostenibilidad, y la productividad son las que van a generar el crecimiento económico". Tras recordar las transiciones a las que se enfrenta el conjunto de la economía y la sociedad, ha abogado por encararlas a través de "modelos que permitan gestionar adecuadamente los impactos en las realidades sociales, medioambientales y humanas de las personas".

«Al poner en marcha una ‘startup’ hay que tener una visión completa del triángulo mágico: tecnología, finanzas y mercado. A menudo los emprendedores piensan que primero hay que invertir en tecnología y luego toca buscar el cliente, pero hay que cuidar todos los aspectos desde el principio». Si Juan Tomás Hernani, consejero delegado de Satlantis, tuviera que resumir la clave que ha llevado a la empresa vizcaína especializada en el desarrollo de cámaras de observación de la Tierra a liderar el sector del ‘new space’ –el espacio comercial– diría que es contar con una «visión holística», tal y como explicó ayer a los asistentes a la jornada inaugural de la novena edición de B-Venture. «Hay que tener una estrategia, que, además, hay que ajustar al mercado. Que llevemos once años cumpliendo nuestro plan de negocio no es magia; es un esfuerzo continuado por interpretar lo que pasa en el sector y acomodar las claves de la empresa a la realidad. Tomando prestada la idea a Pedro Luis Uriarte, la estrategia es la síntesis de la experiencia», dijo. En su caso esa estrategia fue apostar por una superespecialización: el desarrollo de cámaras de muy alta resolución para satélites pequeños. «La adaptación al mercado ahora nos pide apostar por cámaras cada vez más grandes, lo que es un problema cuando el satélite es pequeño, así que estamos intentando resolverlo con cámaras voladoras que no necesiten satélite», adelantó Hernani. De esa continua lectura de un mercado en el que los pequeños satélites quitan cada vez más protagonismo a los grandes surgió también la idea de buscar alianzas para empezar a construir los suyos propios.

La Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi) celebró la entrega de premios al comercio de Bizkaia 2024 el pasado viernes 11 de octubre, en una gala que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El evento fue conducido por el reconocido periodista Xabier García Ramsden. Alrededor de 300 personas del sector comercial se dieron cita en la ceremonia, que también contó con la presencia de representantes de diversos municipios, así como autoridades del Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia. Estuvieron presentes: Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco; Ainhoa Basabe Meléndez, alcaldesa de Sestao; Iban Rodríguez, alcalde de Leioa; Unai Diago Santamarina, alcalde de Zalla; Maitana Martínez Goiri, concejala de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Abanto; Ziortza Bilbao, vicealcaldesa de Gernika; Kontxi Claver, concejala del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao; Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo; y Ainara Basurko, diputada foral del Departamento de Promoción Económica. Por parte de Cecobi asistieron los miembros de su junta directiva, entre otros: Pedro Campo (presidente), María López-Negrete (vicepresidenta 1ª), Txomin Telletxea (vicepresidente), Julia Diéguez (vicepresidenta), Laura Batán (vicepresidenta), José María Cobo (tesorero), Marta Fernández (secretaria general) y Julián Gómez (expresidente y vocal del comité ejecutivo), acompañados del resto del equipo que conforma Cecobi. En total, se hizo entrega de seis premios comarcales y 4 premios especiales. Además de un reconocimiento especial. 

La pobreza y la desigualdad se han reducido a nivel nacional, pero existen aún grandes brechas entre territorios y dentro de ellos. Esta es una de las principales conclusiones del informe Distribución geográfica de la renta de los hogares en España: prosperidad, desigualdad y pobreza, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Ramón Areces, publicado ayer, y en el que se presenta un indicador alternativo de “prosperidad” que mide las oportunidades que tienen los ciudadanos de elevar su renta en función de donde residen. Los habitantes del País Vasco salen como los mejor parados: tienen el doble de probabilidades de mejorar sus ingresos que quienes viven en Extremadura. Además de la comunidad foral, las autonomías con mejor prosperidad relativa son Madrid, Navarra y Cataluña; en el extremo opuesto están Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha. “Las oportunidades de renta o prosperidad relativa son un indicador que mide la probabilidad que tienen los residentes de un territorio de obtener mejores niveles de renta que los individuos de otros territorios”, explica el informe, que defiende la utilización de este parámetro frente a las deficiencias que presenta el PIB per cápita, que solo refleja el nivel medio de ingresos sin profundizar en cómo están distribuidos, lo que dificulta analizar la concentración de la riqueza y estimar el grado de desigualdad. “El indicador de oportunidades de renta permite distinguir a los individuos por sus niveles de ingresos y características personales y, de esa forma, clasificar a las regiones según el mayor o menor peso de población con mayor renta. Además, proporciona un análisis más profundo del bienestar, porque se centra en cómo los beneficios del crecimiento económico llegan o no a diferentes sectores de la población”, abunda. Si al País Vasco se le asigna un valor 100 con datos de 2021 –los últimos disponibles, extrapolados del Atlas de distribución de la renta de los hogares del INE–, de modo que es el territorio con más oportunidades de mejora para sus residentes, pues tiene el mayor porcentaje de población con niveles elevados de renta, Extremadura supera por poco los 50 puntos, con un resultado de 52,7. Castilla y León está en la mitad de la lista, con 73,5 puntos. Por debajo se sitúan Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Andalucía y, finalmente, Extremadura, con la menor puntuación.

Los récords de afiliados extranjeros en Gipuzkoa se han convertido en la tónica habitual y septiembre no ha sido la excepción. Eso sí, reflejan el progresivo peso de los trabajadores foráneos en el tejido productivo del territorio y de toda Euskadi. El mes pasado, en el que el empleo total volvió a recuperar brío gracias a la Educación, la Seguridad Social registró una nueva plusmarca: 33.627 trabajadores extranjeros, 74 más que en agosto, último récord. Siguen suponiendo uno de cada diez, el 9,99% exactamente. Suponen 1.210 trabajadores más que hace un año. En Euskadi la situación es parecida, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones. En septiembre cotizaron 97.759 extranjeros, 1.141 más que un mes atrás, y acercándose a la barrera simbólica de los cien mil empleados. Casi también uno de cada diez del millón de afiliados totales en el País Vasco. Suponen 5.307 más que en 2023. Cifras que ratifican la cada vez mayor importancia de los inmigrantes para completar puestos donde no hay personal autóctono.

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la inyección de 67 millones de euros a la red de centros educativos concertados, que matriculan a casi la mitad del alumnado. El objetivo es «equiparar» el salario del personal con el de la red pública de forma progresiva entre los años 2023 y 2027, tal y como explicó la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en una comparecencia. Pedrosa aseguró que este paso se enmarca en el camino que la concertada comenzó hace unos años para alcanzar la gratuidad de la educación. Esta medida «evitará que centros concertados tengan que reflejar las consecuencias de incrementos salariales a través de sus cuotas», señaló. El Ejecutivo autonómico aprobó en su reunión semanal el anteproyecto de ley que modificará los Presupuestos de 2024, la primera norma del Gabinete Pradales. No hay otra forma de hacerlo, ya que el salario del personal que cubren los conciertos económicos educativos lo abona directamente el Departamento de Educación a través de un mecanismo que se conoce como pago delegado. En el curso 2024-25, el Gobierno ha destinado unos 830 millones de euros para la red concertada. La subida se realiza con cargo a remanentes de tesorería.

Entrevista con Adolfo Ramírez Escudero. Es presidente para España, Portugal y América Latina de CBRE, compañía norteamericana que es referente planetario en gestión inmobiliaria. «Somos 130.000 personas en todo el mundo con 38.000 millones de dólares de capitalización». Ha regresado a Bilbao con motivo del congreso World Built Environment European Summit. Lo que hace la empresa de Ramírez Escudero va desde poner en contacto a inversores con oportunidades de negocio en todo el mundo, hasta hacer estudios de viabilidad, encontrar financiación y gestionar proyectos. También llevan el mantenimiento de British Museum y la gestión de la Torre Iberdrola. "Las ciudades son también productos, tienen que venderse, tener una historia, un plan... Y Bilbao lo tiene. El Guggenheim sirve como faro para descubrir una ciudad que ha sabido transformarse a un modelo de servicios y que tiene una industria actualizada, con equilibrio entre sectores productivos. Además, está bien comunicada, aunque lo estaría mejor con AVE; esto es algo muy importante que le falta. Y también tiene grandes retos como el envejecimiento de la población y la atracción de talento...En economía hay una ley muy simple: todo es oferta y demanda. Si hay mucha demanda y poca oferta los precios suben. Que la gente esté interesada en invertir en un sitio favorece las políticas de oferta, y eso hace que los precios se mantengan a su nivel competitivo. Si no tienes esa posibilidad, solo puedes actuar regulando, prohibiendo y limitando los precios, pero todos sabemos que esto genera problemas de mercados negros, escasez... Mi opinión es que estas cosas se solucionan mejor por la vía de desarrollar más vivienda. Eso requiere esfuerzo del sector privado y público, que también debe regular para que haya vivienda asequible. La buena noticia es que hay dinero para financiar todo eso..."

El sector del comercio minorista observa con preocupación las intenciones del Gobierno de acometer la reducción de la jornada laboral, que, según sus planes, pasará de 40 horas semanales a 38,5 este año y a 37,5 en 2025, si no median cambios de última hora. Anged, la patronal de las grandes superficies y que tiene a empresas como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Alcampo entre sus asociadas, no esconde su inquietud. Para su presidenta, Matilde García, la aplicación de la reducción de jornada “supondría un cambio en las reglas del juego”. La directiva pone el foco en que la medida se está abordando a “espaldas de los convenios ya pactados”, y que tendría “un alto coste para los sectores que han encontrado, a través de la negociación colectiva, fórmulas que permiten la conciliación profesional y familiar sin pérdida de capacidad productiva”. Según datos de la consultora Manpower, el comercio da trabajo a casi dos millones de personas en España, siendo el principal empleador privado del país. Las 22 empresas que componen Anged cuentan con una plantilla total de 236.000 personas. “Centrar todo el debate sobre la productividad en el número de horas o días que trabajamos a la semana es un peligroso ejercicio de populismo”, continuó García, en su discurso de cierre de la asamblea anual de la asociación. “Imponer por ley una reducción de la jornada laboral puede llevarnos a una desagradable sorpresa: que muchos empresarios tengan que recortar su producción o no poder asumir el coste de contratar a más personas”, subrayó.

Los Veintisiete Estados de la Unión Europea han aprobado el denominado “mandato negociador” de la UE para la conferencia climática COP29 de la ONU, que se celebrará en noviembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán, y en el que se respeta que se siga haciendo uso de la energía nuclear. Si bien no se menciona explícitamente a la energía atómica, el texto habla de “acelerar” las “tecnologías de cero y bajas emisiones”. Ha sido una forma sutil de la UE de esquivar el gran enfrentamiento entre los países defensores de la nuclear, como Francia y otros países del Este, y el bloque de antinucleares, como Alemania y España. En la práctica, es dejar abierta la puerta de atrás para que la nuclear siga siendo una energía esencial en aquellos países que así lo consideren, sin que haya un veto desde Bruselas. Políticamente, Bruselas salva el partido. En lo personal, es un golpe para Teresa Ribera. La todavía ministra de Transición Ecológica en España es una antinuclear declarada. Pasará de hecho a la historia como la artífice de la normativa del apagón definitivo de las nucleares en España, de aquí a 2035. En los próximos días asumirá el cargo de vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de la cartera de Transición Limpia, Justa y Competitiva, además del área de Competencia. El sí velado a la nuclear tendrá que ser el primer trago que tenga que aceptar Ribera en un cargo en el que, sin duda, deberá modular algunas de sus posturas ideológicas con respecto a las energías verdes. Para Francia, el mandato negociador aprobado de cara a la COP29 es toda una victoria.

Google ha encargado entre seis y siete pequeños reactores nucleares modulares (SMR) a Kairos Power, convirtiéndose así en la primera empresa tecnológica en hacer un pedido de nuevas plantas de energía nuclear para proporcionar electricidad con bajas emisiones de carbono para sus centros de datos, muy necesitados de energía. Google y Kairos dijeron que la compañía tecnológica ha realizado un pedido de SMR con una capacidad total de 500 megavatios, lo que ayudará a Kairos, una empresa emergente nacida hace siete años, a poner en funcionamiento su primer reactor comercial para 2030 y reactores adicionales para 2035. El acuerdo es “un hito para nosotros en Google, en nuestro viaje de 15 años hacia la energía limpia”, indicó Michael Terrell, director sénior de energía y clima de la tecnológica. “Creemos que la energía nuclear puede desempeñar un papel importante para ayudarnos a satisfacer nuestra demanda de manera limpia y las 24 horas del día”, dijo. Cuando se le preguntó si los reactores se conectarían a la red eléctrica o se conectarían directamente a los centros de datos, Terrell señaló que Google estaba considerando todas las opciones. Las dos compañías se negaron a hacer comentarios sobre el valor del acuerdo o sobre si Google financiaría la construcción de los SMR por adelantado.

El hidrógeno verde es una de las estrellas de las nuevas energías sostenibles y protagoniza centenares de proyectos empresariales. Algo nada extraño dadas las millonarias cifras que se vienen manejando. Este año la Unión Europea autorizó una financiación pública de hasta 5.400 millones de euros para hidrógeno que pretende movilizar otros 8.800 millones de financiación privada y generar 20.000 puestos de trabajo. España, además, cuenta con todas las ventajas para convertirse en el gran hub del hidrógeno verde en el sur de Europa: viento y sol para la energía renovable y terreno en abundancia. Ello explica que Enagás haya contabilizado hasta 650 proyectos en una carrera en la que compiten compañías como Cepsa, Repsol, Iberdrola, Endesa, Acciona, Redexis, Nortegas, EDP, Engie y BP, entre otras. Todo ello al calor del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), cuya reciente actualización contempla que el hidrógeno verde alcance 12 GW de producción para 2030. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) reconoce que, aunque la demanda global de hidrógeno sigue creciendo, “sólo el 5% ha tomado decisiones firmes de inversión debido a las incertidumbres en torno a la evolución futura de la demanda, la falta de claridad sobre la certificación y la regulación y la carencia de infraestructura disponible para entregar hidrógeno a los usuarios finales”. Los fondos NextGenEU han sido clave para la explosión de proyectos; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobó en agosto un programa de ayudas para la creación de grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable, dotado con 1.200 millones de euros de los fondos europeos. El sector pide mayor concreción y avances. Antonio González, vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, resumía el desafío: “Tenemos que ir rápido, generar un mercado y convencer al sector público de que hay que poner medidas y ayudas para el impulso del hidrógeno”. José Luis Gil, director general de Gases Renovables de Naturgy, reclamaba: “Es esencial que haya una planificación y que el Gobierno concrete en qué hay que enfocarse”, e insistía en la necesidad de apoyar con incentivos las nuevas tecnologías.

Espaldarazo del Tribunal Supremo (TS) a las empresas en sus deducciones por inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). El Supremo elimina las trabas que venía imponiendo Hacienda a las compañías para poder deducir estos gastos en el Impuesto sobre Sociedades (IS). En concreto, los magistrados fijan que los informes del Ministerio de Ciencia que dan el visto bueno de una inversión en determinados desarrollos tecnológicos o softwares son vinculantes para la Agencia Tributaria, por lo que no puede impedir el beneficio fiscal en estos casos. El Supremo tumba así el criterio de la Audiencia Nacional, que sostenía, en contra de lo que esgrimían las compañías, que la Inspección podía investigar las deducciones pese al aval de los informes del Ministerio de Ciencia. “No pueden ser rebatidos ni ignorados por los órganos de la Administración Tributaria, ni en la calificación de los proyectos como merecedores de la deducción fiscal ni en lo relativo a los gastos incluidos en el proyecto o proyectos acompañados a la consulta”, señalan ahora los magistrados del Supremo. El fallo ha sido acogido con satisfacción entre las compañías y los fiscalistas. “Es una sentencia muy positiva en tanto en cuanto el Tribunal Supremo se ha pronunciado en pro de la seguridad jurídica, reforzando el valor probatorio del dictamen vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, frente a la posterior comprobación por parte de la AEAT”, subraya Sergio Lavandera, socio de Fiscalidad Corporativa en PwC Tax & Legal. “Esperamos que estos pronunciamientos pongan fin a las controversias derivadas de la falta de unidad de criterio de dos ministerios de la misma Administración”, añade.

Hacienda ha puesto en el foco el pago del impuesto extraordinario a la banca durante los pasados ejercicios. La Agencia Tributaria ha identificado cuatro aspectos que considera que las entidades no han manejado correctamente en el cómputo del pago del impuesto y con los que han reducido inadecuadamente la base imposible sobre la que aplican la tasa, según indican fuentes de las entidades. La disputa afecta a todas las entidades, si bien de manera desigual, y estas preparan ya una nueva batalla contra el erario público. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un golpe al sector hace más de dos años, cuando anunció un impuesto extraordinario a la banca para gravar lo que el Gobierno consideraba unos beneficios extraordinarios del sector ligados al alza en los tipos de interés. Dos años después, cuando la tasa está a punto de caducar, la Agencia Tributaria ha revisado la forma en que las entidades estaban pagando el impuesto, según adelantó la agencia Bloomberg la semana pasada y ha podido confirmar este periódico. En concreto, las pesquisas de la Agencia Tributaria se centran en las deducciones por los cupones de los bonos AT1 (los conocidos en el argot como cocos, aquellos que computan para reforzar el colchón anticrisis de las entidades y se convierten en capital cuando este baja de determinado umbral), los ingresos obtenidos por la venta de seguros en la red de oficinas y el cómputo del negocio en el extranjero.

Eslovenia será la sede del último cambio de tendencia en la política monetaria europea. Un movimiento que, de confirmarse, supondrá un acelerón para la relajación del precio del dinero. En el palacio de congresos de Brdo, a apenas una hora de la capital, Liubliana, el Banco Central Europeo (BCE) se prepara para anunciar una nueva rebaja de los tipos de interés de 25 puntos básicos, hasta el 3,25%. Esta decisión, en una cumbre en la que no se actualizan las proyecciones macroeconómicas, supondría acabar con el ritmo de un recorte por trimestre de las tipos, un camino que hasta hace poco muchos miembros del Consejo de Gobierno veían con buenos ojos. La reducida inflación –del 1,8% en Europa y con algunos países incluso por debajo del 1,5%–, unida a la debilidad de la actividad económica y a la relajación monetaria de la Reserva Federal en EEUU (Fed) han acabado por convencer a los representantes del BCE de que había que hacer algo más. Y eso a pesar de que no tienen nuevos datos del mercado laboral, un elemento que ha sido clave en sus decisiones recientes y por el que, entre otras cosas, esperaron a junio antes de afrontar el primer descenso de los tipos. Aunque todavía puede saltar la sorpresa, las probabilidades de que el BCE se decante por una nueva pausa son extremadamente escasas. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, apuntó en una de sus intervenciones más recientes que “los últimos acontecimientos fortalecen la confianza en que la inflación volverá a alcanzar su objetivo de manera oportuna. Lo tendremos en cuenta en nuestra próxima reunión de política monetaria en octubre”.

Por primera vez en dos semanas han trascendido detalles, algunos de ellos importantes, sobre el tipo de represalia que Israel planea sobre Irán tras su ataque del 1 de octubre con misiles balísticos. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha comentado a su principal aliado, Estados Unidos –según ha adelantado el diario estadounidense The Washington Post–, que se centrará en objetivos militares, lo que significa que dejará fuera del ataque el programa nuclear y el poderoso sector petrolero iraní. Dos líneas rojas para Washington que, si se cumple esta promesa, no se cruzarán, al menos a corto plazo, y que rebajan sustancialmente la convulsión en los mercados energéticos, informa desde Beirut Luis de Vega. La reacción fue inmediata. El precio del petróleo se anotaba a mediodía de este martes una caída superior al 5%, hasta el entorno de los 74 dólares por barril de Brent (menos de 68 euros). Al cierre, los números rojos se estabilizaron en el 4,14%, al terminar en los 74,25 dólares. Esta bajada, que se suma a las registradas el lunes y viernes pasados, deja el crudo a un paso de los niveles anteriores al ataque iraní sobre Israel en represalia por la incursión de su ejército en Líbano y el asesinato de varios líderes de Hezbolá. Un potente respiro para los consumidores occidentales y chinos, ambos muy dependientes del crudo del golfo Pérsico, y también para los bancos centrales, en plena senda de bajada de los tipos de interés.

Cerca de 5.000 compañías estadounidenses se definen utilizando el término greentech, y todas, sin excepción, prometen revolucionar los paradigmas de la economía sostenible y medioambiental. No hay duda de que se trata de un mercado al alza en Wall Street, donde los inversores calculan que el negocio de la tecnología verde moverá 9,5 billones de dólares (8,7 billones de euros) para 2030. Ya sea frenar las emisiones de carbono, crear nuevos materiales sostenibles o impulsar nuevas fuentes de energías renovables más allá del sol y el viento, la definición de greentech incluye todo tipo de proyectos innovadores. En este ecosistema, plagado de start up que conviven con gigantes en busca de una incursión en el mundo de la economía verde, destacan una decena de empresas que se cuelan en la mayoría de los ránking de EEUU y que están consideradas como las grandes disruptoras de nuestro tiempo. Para Statista, no hay ninguna duda de que la firma más revolucionaria del momento es ZeroAvia, fundada en 2017 por Valery Miftakhov. Desarrolla aviones eléctricos de hidrógeno para uso comercial. Su cartera de pedidos ya supera las 1.500 unidades y podría suponer un punto de inflexión en la transición de una de las industrias más contaminantes del planeta: el transporte aéreo. En el campo del hidrógeno destacan otras firmas muy prometedoras como Ohmium (electrolizadores sostenibles), así como en el de nuevos tipos de baterías eléctricas: Ascend, Antora o Redwood (reciclaje de litio). Jeff Bezos y Bill Gates han puesto sus ojos en Turntide Technologies, una compañía que combina robótica con análisis de datos para automatizar procesos y adaptarlos en función de nuevas circunstancias para maximizar la eficiencia de los recursos. Por ejemplo, en una planta frigorífica es capaz de reducir el consumo energético en hasta un 70% automatizando el control del frío.

En los últimos días José Luis Ábalos, en público y en privado, repite a todo aquel que se preste a creer en su inocencia el mismo titular: «Yo no me enriquecí». El exministro, siempre con ese mantra, incluso ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ya ha comenzado los trámites para solicitar su imputación ante el Tribunal Supremo, declarar como testigo para defender su tesis de que jamás se lucró por la trama Koldo. Sin embargo, los especialistas de la Unidad Central de Operativa (UCO) –que, dado el aforamiento del todavía diputado, apenas sí han comenzado a escudriñar los casi seis años que ha estado activa la red corrupta– ya le desmienten. El ex ‘número tres’ del PSOE, al margen de los posibles delitos que pudiera cometer (tráfico de influencias) para favorecer los intereses de sus dos principales socios en este entramado (Víctor de Aldama y Koldo García), sí que se lucró con los lujos que la trama proporcionaba a la amante del exministro, Jéssica R. G., con la supuesta malversación de dinero público al invitar a su novia a giras internacionales con presupuestos tanto del Ministerio de Fomento como luego con el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El ‘caso Erial’, una de las grandes macrocausas de corrupción en la Comunidad Valenciana, ya tiene sentencia. El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y ministro de Trabajo durante la presidencia de José María Aznar ha sido condenado a diez años y cinco meses de cárcel. La Audiencia de Valencia le considera responsable de los delitos de cohecho, falsedad y blanqueo por el cobro de una millonaria comisión por la privatización de las ITV. Deberá pagar una multa de 25 millones de euros. Un fallo previsible después de la confesión de sus principales colaboradores en la trama delictiva. La sentencia pone punto final a una carrera que, en realidad, estuvo siempre salpicada por la sospecha. Se trata del segundo máximo dirigente de la Generalitat que ha sido condenado. El precedente es José Luis Olivas sorprendido al falsificar una factura para desgravarse a Hacienda el pago de 580.000 euros por una supuesta asesoría en la venta de unas acciones. El fallo desarma todas las peticiones de nulidad que se efectuaron en su momento. Valida la competencia del juzgado de Valencia para investigar el cohecho –los principales movimientos se efectuaron en este territorio– y garantiza, una vez más, que el registro del despacho de Marcos Benavent, conocido como el ‘yonqui del dinero’, fue una diligencia legal. De igual modo, rechaza la prescripción del cohecho y que el testaferro Fernando Belhot declarara como testigo y en claro sentido incriminatorio tras haber estado imputado.

La Comisión Europea sondea a los Estados miembros sobre la posible apertura de centros de deportación fuera de la UE, para enviar allí a los migrantes en situación irregular. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito a los líderes de los países miembros en vísperas de un Consejo Europeo que debatirá sobre la inmigración, con un número creciente de países que apoya un endurecimiento de las políticas de expulsión de extranjeros. “Deberíamos seguir explorando posibles formas de avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE, especialmente en vista de una nueva propuesta de retorno”, dice Von der Leyen. La fórmula sigue la senda abierta por el Gobierno italiano, encabezado por la ultraderechista Giorgia Meloni, que estrena esta semana un centro para inmigrantes en Albania. El primer buque militar rumbo a ese recinto solo lleva a 16 náufragos rescatados junto a 70 tripulantes, lo que eleva el coste a 18.000 euros por persona. El Gobierno español rechaza de forma rotunda la idea promovida por Italia y secundada por Bruselas, por considerar que atenta contra los derechos de los inmigrantes y no resuelve el problema de fondo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es cada vez más clara en su giro a la derecha en inmigración, siguiendo la senda de un número creciente de países comunitarios. Bruselas sondea ahora la apertura de centros de deportación fuera de la UE, para enviar allí a los migrantes en situación irregular, en la senda del modelo que Italia acaba de estrenar en Albania. Algo que podría encajar en la reforma de la regulación sobre deportaciones que prepara el Ejecutivo comunitario.