20241122

La Seguridad Social ha sumado en Euskadi 1.156 ocupados más en la primera quincena de noviembre, según los datos de la serie diaria de afiliación hasta el día 15 de este mes publicada ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, a fecha de ese día, el sistema contabilizaba en el País Vasco un total de 1.021.916 cotizantes, frente a los 1.020.760 que había de media en octubre y los 1.012.405 registrados el último día de ese mes, lo que supone que en lo que va de noviembre se ha alcanzado un nuevo máximo histórico de personas con trabajo en Euskadi. Por territorios, al concluir la primera quincena de noviembre, Bizkaia arrojaba el mayor número de afiliados a la Seguridad Social, con 513.623. En Gipuzkoa se contabilizaban 339.750, mientras que Álava registraba 168.543 cotizantes. En el conjunto de España, en la pasada primera quincena la Seguridad Social ha ganado 174.374 ocupados, ya que a 15 de noviembre, el sistema sumaba 21.270.689 cotizantes, frente a los 21.096.315 que había al concluir octubre. No obstante, desde mediados del mes pasado hasta la primera mitad de noviembre, es decir, en el último mes, la Seguridad Social ha perdido en España 91.469 ocupados, ya que el 15 de octubre se contabilizaban 21.362.158 personas con trabajo.

El plan para salvar Astilleros Balenciaga de Zumaia, que ayer entró en concurso de acreedores, fracasó después de que Cofides, financiador del Estado y máximo acreedor, exigiera cobrar ahora doce millones de euros, rechazando así la propuesta de la empresa de abonarlo en dos plazos. Las discrepancias entre Astilleros Balenciaga de Zumaia y Cofides (compañía de financiación del desarrollo bajo el paraguas del Ministerio de Economía) en los plazos para pagar la deuda de doce millones de euros de la empresa con el financiador estatal han sido el detonante que ha hecho encallar el plan de reestructuración de la firma guipuzcoana y su entrada en concurso de acreedores, según distintas fuentes conocedoras de los entresijos de la negociación. Cofides quería cobrar ya, de forma inmediata, los 12 millones de euros de préstamo participativo que otorgó a Balenciaga hace dos años como rescate tras la crisis del Covid. El plan de reestructuración homologado por el juez para salvar la empresa y ahora papel mojado, reducía el préstamo participativo de Cofides a un total de 1,3 millones, más otra cantidad «significativa» vinculada a los dos contratos para construir dos barcos que tenía ya garantizados si se esquivaba el concurso de acreedores. Estos dos contratos comprometidos otorgarían al astillero la liquidez necesaria para saldar su deuda con el organismo dependiente del Ministerio de Economía, siempre según las distintas fuentes consultadas. No obstante, Cofides no aceptó este planteamiento, al no ver garantías suficientes del cobro e insistir en querer recuperar cuanto antes ese dinero que destinó en su día para ayudar a Balenciaga. «Debemos velar por los recursos públicos», señalaron ayer fuentes de este organismo a este periódico para justificar su posición. Por ello, decidió impugnar el plan de reestructuración y financiación con el que la compañía de Zumaia pretendía salvar la actividad. Al financiador estatal no le convencía la opción de condicionar el cobro a la construcción de dos barcos. Además estas embarcaciones habían sido encargadas a Balenciaga por una empresa ajena al concurso.

El Grupo Celsa, que tiene en propiedad las siderurgias vascas de Nervacero en Trapagaran y Laminaciones Arregui en Vitoria, ha vendido a Seven Global Investments el 100% de sus filiales en el Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Una venta por la que ha obtenido 600 millones que sirven para reducir su abultada deuda. Según informó ayer la compañía, la operación se ha cerrado «de acuerdo con los compromisos legalmente asumidos» para reducir un apalancamiento que llevó a la familia Rubiralta a perder la propiedad en beneficio de los bancos acreedores. El siguiente paso será dar entrada a un inversor en la sociedad ‘holding’ que gestiona el grupo Celsa y que asumió el compromiso ante el Gobierno de España de dar entrada a un socio nacional. Mediante esta desinversión, Celsa continúa con la implementación de su plan de reorganización de su situación industrial y financiera, «focalizándose en sus operaciones en España y en la reducción de apalancamiento financiero».

Podemos impone el impuesto a las energéticas, aunque se negociará cómo y hasta cuándo se aplica. Podemos aceptó a última hora rebajar su exigencia de hacer permanente el impuesto a las energéticas, algo a lo que se opone Junts, y apoyó la reforma fiscal del Gobierno con el compromiso de seguir negociando. Sánchez facilita así el desbloqueo del quinto pago de los fondos europeos; unos 7.000 millones. La formación liderada por Ione Belarra se da por satisfecha con el compromiso de que el bloque de investidura negociará ahora un impuesto «permanente» a las energéticas cuya aprobación, sin embargo, sigue sin estar garantizada. La solución acordada no dista mucho de la que ya el lunes alcanzó el PSOE con ERC, Bildu y BNG para tratar de sortear los vetos cruzados entre sus aliados en la larguísima y agitada comisión de Hacienda que distintos grupos calificaron de «esperpéntica». Entonces los socialistas, angustiados ante la posibilidad de una derrota severa, se comprometieron a plantear, vía real decreto ley, la prórroga de un año del impuesto extraordinario a las energéticas, vigente hasta el 31 de diciembre, y a la que el Ejecutivo había renunciado en la negociación con Junts. Una salida tildada de «papel mojado» por los morados porque no comprometía a los posconvergentes, sin los que ese real decreto ley no podría prosperar.De momento, en todo caso, el Ejecutivo ha salvado un nuevo partido. Y no uno más. Ha habido, efectivamente, muchas renuncias. Para intentar aprobar la reforma fiscal comprometida con Bruselas, el Gobierno decidió aprovechar una norma en tramitación que contaba, ya de partida, con unanimidad: la trasposición de una directiva europea para imponer un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales. Y de ahí trató de colgar, en primer lugar, la consolidación del impuesto transitorio a las energéticas y del gravamen a la banca. Este último, que se cayó en el debate en comisión, sí salió finalmente adelante como una prestación patrimonial a un impuesto, lo que supone que podrá ser gestionado por las haciendas forales. Y su recaudación, en virtud de un acuerdo suscrito con Junts, se distribuirá al resto de las comunidades autónomas, de régimen común, en función de su PIB, un asunto algo polémico. Pero no habrá finalmente, como pretendían los partidos del Gobierno, ni un aumento de la fiscalidad al diésel, ni a las ‘socimis’, ni a las primas de los seguros sanitarios privados.

La principal novedad de la votación de ayer, una vez que quedó claro que la reforma en sí iba a prosperar, fue la incorporación del nuevo impuesto a las entidades financieras que sustituirá al actual con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Aunque ERC y Bildu llegaron a votar en contra el lunes como medida de presión para reactivar el de energéticas, el compromiso de acabar prorrogando este más adelante y un endurecimiento de los términos del bancario acabaron por conformar una mayoría a favor. Finalmente, el nuevo tributo gravará durante tres años el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras partiendo de un tipo del 1% sobre los primeros 750 millones; del 3,5% hasta los 1.500; del 4,8% hasta los 3.000; del 6% hasta los 5.000; e incorporando ayer un nuevo tramo del 7% desde ahí. En segundo lugar, el texto aprobado reactiva el triple alza fiscal sobre el Impuesto de Sociedades impulsada en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que el Tribunal Constitucional le tumbó en enero por utilizar un Real Decreto-ley. Más allá de las devoluciones en juego, Hacienda se jugaba perder la recaudación de todo 2024 si no subsanaba el texto antes de que acabara el año, con un agujero potencial de 5.000 millones. Del lado del Impuesto de Sociedades, en todo caso, también se incorpora una progresiva rebaja fiscal para pymes y cooperativas del 23% al 17% sobre los primeros 50.000 euros y el 20% después. En paralelo, el tipo marginal de IRPF sobre el ahorro se eleva dos puntos, al 30%, desde los 300.000 euros de rendimientos del capital; se impulsa un nuevo impuesto sobre cigarrillos electrónicos, se eleva la carga tributaria sobre el tabaco; y se introducen medidas de lucha contra el fraude de los hidrocarburos. A partir de ahí, quedan como compromisos a futuro el desarrollar un impuesto a energéticas, que no grave la inversión en descarbonización, e instar a la UE a aplicar IVA a los pisos turísticos. Finalmente, la reforma deja fuera la equiparación fiscal de diésel y gasolina; el fin del régimen tributario especial de la Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis); acabar con la exención fiscal a primas de seguros sanitarios: o el impuesto sobre yates, jets y otros bienes de lujo.

Las grandes energéticas que han sido castigadas por el impuestazo (Iberdrola, Endesa, Repsol, Cepsa, Naturgy y EDP) seguirán dando batalla si ese gravamen continua, aunque el Gobierno lo edulcore con algún tipo de desgravación que estaría por definir. Las energéticas se están armando con un completo argumentario contra la posibilidad de que el impuestazo salga adelante aunque sea dulcificado. Dudan de que en la práctica sea una tasa light, porque las deducciones por reinvertir beneficios en transición energética –que es lo que en principio se está barajando– sean efectivas. El concepto de transición energética es tan interpretable que daría lugar a una discrecionalidad absoluta del Gobierno. En el mejor de los casos, las deducciones afectarían a una parte pequeña del impuestazo. Este gravamen ha estado vigente durante dos años (2023 y 2024). Fue decretado por el Gobierno contra grandes energéticas y bancos, para laminar los beneficios extra que, según el Ejecutivo, estaban obteniendo esas compañías. En principio, el gravamen, que supone el 1,2% de las ventas de las energéticas, debía finalizar este año. Pero el Gobierno lleva negociando con sus socios de investidura meses para analizar si continua o no, y en qué condiciones. A la vuelta del verano, el Gobierno barajó continuar con el gravamen, aunque en el caso de las energéticas, contemplaba la posibilidad de introducir medidas para suavizarlo, con desgravaciones por inversión en proyectos de transición ecológica, que nunca llegó a concretar.

La banca española seguirá cargando con un impuesto extraordinario, aunque el escenario de tipos de interés haya cambiado radicalmente. La presión del sector no ha impedido que el PSOE, junto con sus socios parlamentarios, haya logrado sacar adelante en el Congreso la continuidad del tributo, concebido ahora con carácter permanente. La figura impositiva que regirá a partir de 2025 sigue gravando los ingresos (margen de intereses + comisiones), no los beneficios, con lo que hay riesgo de doble imposición fiscal. La novedad es que el tipo impositivo dejará de ser igual para todos. El impuesto temporal en vigor aplicaba una tasa del 4,8%. A partir de ahora aplicará un tipo progresivo, que oscilará entre el 1% para tramos de ingresos inferiores a 750 millones y el 7% para los superiores a los 5.000 millones. El rediseño golpea con más fuerza que el anterior a CaixaBank, Santander y BBVA, a pesar de que estarán sujetos al gravamen todas las entidades. Antes solo lo estaban los diez mayores del ránking. Y suaviza las cosas para los bancos medianos, como Kutxabank o Ibercaja. Según los cálculos de Expansión, los tres grandes concentrarán más el 80% del peaje tributario total y pagarán en 2025 más de 1.200 millones con cargo a los beneficios de este año. La factura de CaixaBank, que el año pasado abonó 493 millones, puede ascender a 540 millones, según cálculos provisionales de expertos consultados. En el caso de Santander rondará los 400 millones y en el de BBVA será algo superior a los 300 millones. Entre los tres abonarán más de 1.200 millones de euros.

En una de las jornadas políticas más intensas de los últimos meses, el Gobierno logró una victoria en la votación más difícil de todas, porque tenía que poner de acuerdo a grupos ideológicamente muy alejados alrededor de la política fiscal, la más delicada, pero a la vez vio cómo el empresario Víctor de Aldama se lanzaba en sede judicial directamente contra el presidente, el secretario de organización del PSOE, la ministra de Hacienda y el de Política Territorial. Un ataque directo con acusaciones de delitos graves que provocó un rápido desmentido indignado y el anuncio de medidas legales contra él, pero que Alberto Núñez Feijóo aprovechó inmediatamente no solo para pedir de nuevo la dimisión de Pedro Sánchez, sino para animar a PNV y Junts a apoyar una moción de censura para echarle. El PP cree haber encontrado el elemento de desgaste definitivo con la declaración de Aldama, a la que Feijóo da toda la credibilidad. Sin embargo, en el Gobierno no se respira el ambiente de inquietud que podría ser lógico ante una acusación de esta magnitud, sino de euforia por la votación exitosa y de desprecio absoluto, incluso burla, por las acusaciones de Aldama. 

El Ministerio de Trabajo acaricia un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37 horas y media en 2025. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció ayer un pacto “inminente” con UGT y CC OO tras la última reunión en el ministerio, en la que CEOE certificó su rechazo a la norma. El número dos de Trabajo confirmó que hoy se pone en marcha el trámite parlamentario de la norma con el inicio de la consulta pública. Además, dijo que el Ejecutivo renuncia al escalón intermedio, a las 38 horas y media en 2024, por el poco plazo restante. “Los textos encima de la mesa forman parte de lo que ya podríamos catalogar como un acuerdo inminente. Estamos bastante cerca, más allá de ajustes técnicos”, dijo tras la reunión Pérez Rey, que espera alcanzar un consenso con CC OO y UGT “en los próximos días”. Los negociadores de los sindicatos también transmitieron optimismo. “Faltan flecos. Retomamos el texto del mes de julio, con el que ya dijimos que estábamos cómodos. Falta pulir”, indicó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación Sindical de CC OO, dijo que el secretario de Estado es “un poco optimista”, pero reconoció que hay “una visión compartida”. “Queda margen, hay que dejar trabajar, pero tenemos que alcanzar el acuerdo de forma rápida”, añadió Gutiérrez. La reunión, la última en que participen los tres actores del diálogo social (empresarios, trabajadores y Gobierno), duró poco más de una hora, mucho menos que de costumbre. El rechazo patronal, conocido desde el Comité Ejecutivo de CEOE de hace dos semanas, complica muchísimo el trámite parlamentario de la ley, ya que, descontando el apoyo de la izquierda, aún sería necesario el respaldo de Junts y PNV. Los vascos están más cerca del apoyo, pero los catalanes, según fuentes empresariales, están en contra del recorte.

Tras casi un año de negociaciones, la CEOE comunicó ayer de forma oficial al Gobierno su frontal rechazo, ya anunciado hace días, a negociar la reducción de la jornada laboral en España a un máximo de 37,5 horas a la semana. Un portazo definitivo que complica al Ejecutivo la aprobación de una de sus medidas estrella para la legislatura por parte de un Congreso muy fragmentado y en el que no tiene apoyos claros para sacarla adelante. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, cargó contra la patronal tras la última reunión de diálogo social por «tomarles el pelo» y por actuar más por «intereses ideológicos, partidistas». «Con tristeza, debo decir que esta vez han jugado otros intereses, no los intereses genuinos de representar a las empresas españolas», aseguró. En este sentido, dijo estar «perplejo» con «el subterfugio» que argumentan los empresarios para rechazar la reducción de jornada. «No parece de recibo que once meses después, sin un solo papel encima de la mesa, sin ninguna contrapropuesta, ahora el argumento final sea que solo es la negociación colectiva el instrumento que puede reducir la jornada. Esto solo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo y, desde luego, entendemos que hasta aquí ha llegado esta mesa», afirmó. Ahora la negociación continuará aunque solo con los sindicatos y de forma rápida, puesto que el Ministerio de Trabajo tiene la intención de aprobarla en Consejo de Ministros antes de que finalice el año. Es más, el número dos de Yolanda Díaz llegó a hablar de «acuerdo inminente» con UGT y CC OO y se mostró confiado en ratificar este pacto en días. 

Repsol quiere que el parque eólico más grande de Gipuzkoa que proyecta entre Hernani, Berastegi, Elduain, y Arano y Goizueta, en Navarra, pueda estar en funcionamiento en 2029, según confirmaron ayer fuentes de la firma dirigida por Josu Jon Imaz a este periódico. En concreto, la petrolera estudia, a través de la consultora FE Energy, la viabilidad de un macroproyecto de catorce aerogeneradores cuya capacidad ascendería a los 100 megavatios, y para ello ya ha iniciado conversaciones con los respectivos consistorios, quienes reconocen haber mantenido «dos reuniones» con miembros de la consultora especializada, y estudian «detenidamente la propuesta de manera interna», señalan fuentes municipales. Cabe mencionar que al tratarse de un proyecto que supera los 50 megavatios y comprende dos comunidades autónomas la competencia de dar luz verde recae sobre el Ministerio de Transición Social, y no sobre el departamento de Industria del Gobierno Vasco. En cuanto a la instalación de los catorce aerogeneradores, el proyecto prevé que seis de los molinos se construyan en Hernani y dos en Arano; otros tres compartirían terrenos de Hernani y Arano, uno se situaría entre Arano y Goizueta y otros dos entre Goizueta, Berastegi y Elduain. Aunque fuentes de Repsol reconocen el especial «interés» para el desarrollo del parque eólico –que sería el más grande realizado hasta la fecha en Gipuzkoa–, insisten en que «se encuentra en una fase muy inicial».

Iberdrola afirma que Repsol «no es veraz», que engaña a sus clientes con mensajes sobre la sostenibilidad de sus productos y que ha vestido con una falsa túnica ‘verde’ la venta de combustibles, en torno a la que gira algo más del 90% de su facturación. Esto es, que usa el atributo en torno a la sostenibilidad en sus mensajes corporativos y publicitarios para obtener así una ventaja comercial. Por su parte, Repsol niega las acusaciones de publicidad engañosa en algunas de sus campañas de comunicación y también en sus informes públicos, para dar a entender que la eléctrica tan solo está rabiosa y molesta porque pierde cuota de mercado en España en la comercialización de electricidad. Esta es la fotografía del juicio que se celebró ayer en la Audiencia de Santander para analizar la demanda presentada por Iberdrola contra Repsol, centrada en varias campañas de publicidad lanzadas el pasado año por la petrolera, en las que comercializaba combustibles, electricidad y gas con descuentos y mensajes ligados a la sostenibilidad o al carácter renovable de algunos hidrocarburos. Durante las algo más de siete horas que duró una vista que había despertado una gran expectación mediática –una treintena de periodistas y cinco cadenas de televisión estuvieron presentes–, los letrados de Iberdrola y de Repsol interrogaron a varios peritos propuestos por las partes –todos de más que dudosa independencia, dado que reconocieron haber mantenido o mantener en la actualidad contratos de servicios con la firma para la que han elaborado sus informes–, desgranando un auténtico máster en semántica, comunicación corporativa y sostenibilidad. El magistrado deberá ahora desgranar algo más de siete horas de vista oral para intentar llegar a una conclusión. 

Entrevista con Luis Blanco Urgoiti Secretario general de la Asociación Vasca de Empresas Químicas. Los estragos de la dana en Valencia o el episodio de aguas sucias en los municipios de Erandio, Loiu, Zamudio o Mungia, donde miles de vecinos bebieron agua del grifo en mal estado por no haber sido avisados, han dejado en evidencia fallos de protocolo y gestión ante ciertas alertas. ¿Y qué hay de las emergencias químicas? La Asociación Vasca de Empresas Químicas (AVEQ-KIMIKA), que ha organizado simulacros hoy, el lunes y el martes en seis municipios vascos, repasa los protocolos existentes. "Euskadi está preparada para una emergencia química. Los planes de emergencia exterior de la industria química nacen y evolucionan sin dejar nada a la improvisación. Todo está medido al milímetro, aunque el ‘riesgo cero’ no existe. Euskadi cuenta con un protocolo de actuación en el que la industria del sector químico y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología (DAEM) del Gobierno vasco están totalmente coordinados desde finales de los años ochenta. Los ayuntamientos harían llegar a la población los mensajes de autoprotección. La industria siempre pone a disposición de los consistorios toda la información que precisen sobre cómo comunicar consejos de autoprotección para que los vecinos estén siempre informados. Es importante que la ciudadanía sepa cómo actuar ante un posible incendio, explosión o fuga tóxica..."

Uno de los conceptos nuevos que se ha extendido con la ley estatal de Vivienda de 2023 es el de los ‘grandes tenedores’, aquellas personas físicas o jurídicas que tienen en propiedad diez o más viviendas en una misma área. Esa cifra baja a cinco o más viviendas en caso de que la zona en la que se ubican esas casas sea declarada zona residencial tensionada. Para estos ‘grandes tenedores’, la norma prevé más controles para la renta pactada al inicio de cada contrato de alquiler, en las actualizaciones anuales de la renta y en las prórrogas obligatorias en caso de que los inquilinos sean personas vulnerables. Pero el tan manido término es prácticamente residual en Euskadi, donde, según datos del Departamento de Vivienda, solo un 0,5% de las personas arrendadoras tiene alquiladas cinco o más viviendas. En concreto, son 482 arrendadores de un total de 92.628. Ese porcentaje baja aún más, al 0,3% (265 arrendadores), si se atiende solo a las personas físicas, ya que también se incluyen administraciones públicas y personas jurídicas. En términos de titularidad, 35.531 arrendadores poseen menos de una vivienda en régimen de alquiler (por compartir la titularidad de la misma), mientras que 51.003 arrendadores disponen de entre una y dos viviendas. El Departamento de Vivienda admite que «solo una minoría (121 arrendadores) posee diez o más propiedades». 

La fiebre de los centros de datos en España, unida a la euforia de otros negocios, como el vehículo eléctrico, el autoconsumo o los proyectos de hidrógeno, ha provocado un desbordamiento total de la red eléctrica del país. Miles de peticiones de nuevos enganches a las líneas de luz se agolpan en las oficinas de las eléctricas. Ocurre en los 800.000 kilómetros de la red. Tanto en los cables de alta tensión, gestionados por Red Eléctrica –grupo que depende de Redeia–, como en los que llegan hasta los usuarios (red de distribución), propiedad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Los proyectos de más de 50 megavatios (MW) se conectan a la alta tensión y los de menos de 50 MW a los cables más pequeños de distribución. Pero una vez enchufados, todos forman parte del mismo sistema. A fecha de ayer, Redeia –grupo participado por el Estado– tiene pendientes 369 solicitudes, por más de 35.000 MW. Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy suman otros 30.500 MW. En total, más de 65.000 MW. Es una cifra delirante que ha sobrevenido en pocos meses, como un tsunami. Solo en data centers, la red de distribución acumula 10.117 MW de peticiones, cien veces más que las que había hace cuatro años. ¿Qué está pasando? El boom de los data centers, o CPD, ha desatado un afán empresarial desde distintos sectores: eléctricas, constructoras, inmobiliarias, fondos de inversión, grandes tecnológicas y consultoras. Esto ha llevado a un aluvión de proyectos descontrolado, espoleado aun más por la lucha competitiva entre las comunidades autónomas para llevar a su territorio la mayor parte de empresas, facilitando suelo y licencias. 

La desaceleración que experimentó el empleo durante el tercer trimestre de este año, junto a un rápido crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que ascendió un 3,7%, generó un aumento de la productividad del empleo, por hora trabajada, del 2,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo confirma el Informe sobre productividad que publica este viernes la Fundación BBVA y el IVIE. Se trata del mejor dato de productividad desde el segundo trimestre de 2022, cuando nos encontrábamos en plena recuperación de la pandemia del Covid y en un momento en el que la economía de nuestro país crecía un 6%. La productividad del trabajo está muy relacionada con la evolución del empleo en nuestro país. Cuando éste baja, suelen ser los puestos de menor valor añadido –y por tanto, menos productivos– los primeros que se destruyen, por lo que la productividad de la economía mejora en términos medios, tal como ocurrió durante la pandemia. De esta manera, entre julio y septiembre de este año se mantuvo el patrón de crecimiento económico que ya se apreciaba a principios de año, basado en mejoras en la eficiencia productiva, a pesar de que se debilite la creación de empleo en un contexto de tasas de paro todavía elevadas. En concreto, durante 2024, la productividad por hora se situó en niveles similares a los que había en el año 2000 como consecuencia de todo el empleo que se perdió a raíz de la Gran Recesión de 2008; y por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria del año 2020, cuando el empleo era todavía inferior al actual. «El crecimiento de la productividad en el tercer trimestre de 2024 ha sido casi del 3%, y esto significa que ha continuado un patrón que se ha observado durante todo el año basado en el crecimiento de la actividad económica, en el crecimiento del PIB y con unas mejoras en la eficiencia productiva», señala Juan Fernández de Guevara, autor del informe e investigador del IVIE y profesor de la Universidad de Valencia.

La presión fiscal retrocedió ligeramente en el conjunto de las economías avanzadas por segundo año consecutivo. La ratio de ingresos tributarios de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pasó del 34% de 2022 al 33,9% de 2023, según los últimos datos publicados ayer por el organismo. El ejercicio anterior ya se había producido una disminución de la misma magnitud, reflejo en ambos casos de un periodo convulso que incluye los coletazos de la pandemia y la espiral inflacionaria causada por la invasión rusa de Ucrania. España no escapa a esa tendencia, y la amplifica: en dos años, la presión fiscal ha bajado medio punto, del 37,8% al 37,3% —tres décimas en 2023 y dos el año anterior—, aunque se mantiene por encima del promedio del bloque. El informe Revenue Statistics 2024 (Estadística de Ingresos) matiza que la presión fiscal en el conjunto del grupo, aunque haya bajado en los dos últimos años, sigue por encima de los niveles de 2019. Y hace mención directa a “un período difícil para las finanzas públicas (...) que incluyó la pandemia de la covid-19, la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia y el nivel más alto de inflación en los países de la OCDE en 30 años”. Ante este escenario, los socios del grupo “siguieron utilizando la política fiscal para aliviar los desafíos del coste de la vida en 2023 en medio de crecientes presiones de gasto relacionadas con retos a largo plazo como el cambio climático y el envejecimiento de la población, que requerirán mayores ingresos”. El resultado es, sin embargo, llamativo. Solo dos años en el periodo 2008-2022 marcaron caídas en los niveles medios de presión fiscal: 2017 (-0,6 puntos) y 2019 (-0,1). El documento ofrece datos preliminares sobre el ejercicio pasado y presenta una perspectiva histórica sobre la evolución de los grandes impuestos del sistema y de las cotizaciones a la Seguridad Social. Una disminución de la presión fiscal, recuerda, no se corresponde necesariamente a cambios impositivos, pues puede deberse a que el PIB, que es el denominador de la ratio, ha crecido más que los ingresos fiscales.

La presión fiscal, el peso que los ingresos tributarios tienen sobre el PIB, descendió tímidamente en 2023 en el conjunto de los países de la OCDE, hasta situarse en el 33,9%, una décima menos que en 2022 y la segunda caída consecutiva, según datos publicados ayer por el club de las economías desarrolladas. Lo hizo en un contexto de avance económico y de despliegue de medidas de alivio por parte de los gobiernos para mitigar el impacto de los coletazos de la crisis inflacionista sobre el poder adquisitivo de hogares y empresas. España no fue una excepción. La presión fiscal en nuestro país se redujo en tres décimas el año pasado, hasta situarse en el 37,3% del PIB, encadenando también dos años a la baja, aunque en su caso este descenso tuvo mucho que ver con el fuerte crecimiento de la economía en 2022 y, en menor medida, en 2023 (un 6,2% y un 2,7%, respectivamente), lo que adelgazó el peso relativo de los ingresos públicos sobre el PIB, ya que la recaudación tributaria batió récords esos dos años a lomos del shock inflacionista y de la rotunda negativa del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF. De hecho, si se analiza la evolución de los datos en los últimos años, estos revelan que España es uno de los países de la OCDE que más ha elevado la presión fiscal, que en 2023, pese a reducirse en mayor proporción que en el resto de países de la Organización (tres décimas frente a una), seguía estando 3,4 puntos porcentuales por encima del promedio de las 36 economías analizadas. Un acelerón que ha sido especialmente significativo desde el aterrizaje de Pedro Sánchez en La Moncloa. Entre 2018 y 2023, el peso de los ingresos fiscales sobre el PIB pasó del 34,6% al 37,3%; esto es, aumentó en 2,7 puntos, mientras que entre 2008 y 2018, lo hizo en 2,5 puntos, al pasar del 32,1% del PIB al 34,6%, de acuerdo con los datos de la OCDE.

La declaración voluntaria de Víctor de Aldama ante el juez del ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, aventuraba su determinación de tirar de la manta y lo hizo. Una manta, la suya, que tejió apuntando al cobro de mordidas por ministros y cargos socialistas y sugiriendo una relación de compadreo con el presidente Sánchez que obligó a los aludidos a salir en tromba, tildarlo de mentiroso y anunciar acciones legales «de inmediato» contra él. Que fuera el propio Sánchez quien tuviera que pararse en el patio del Congreso para desacreditar al «personaje» e intentar trivializar sus palabras da la medida de cómo el «presunto delincuente» ha zarandeado la estrategia de perfil bajo que buscaban en este asunto el Gobierno y el partido tras la suspensión de militancia de Ábalos y mientras sí mantienen las espadas en alto en el otro frente judicial que les zahiere, la imputación de Begoña Gómez. En síntesis, la bomba de relojería que comenzó a detonar ayer el empresario ante el juez Moreno se resume en que José Luis Ábalos y Koldo García cobraron, según la versión del declarante, 250.000 y 100.000 euros respectivamente en comisiones vinculadas al negocio irregular con el material sanitario, una cifra que, no obstante, y según fuentes conocedoras del sumario, podría elevarse a 650.000 y 300.000 para cada uno de ellos; que el hoy ministro de Política Territorial y presidente de Canarias durante la pandemia, Ángel Víctor Torres, requirió otra mordida de 50.000; y que Koldo le entregó al sustituto de Ábalos en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán –entre otras cosas, negociador de Sánchez con Carles Puigdemont en Ginebra–, 15.000 euros en un sobre en un bar frente a la sede de la formación en la madrileña calle Ferraz. Algo esto último que, según medios judiciales, podría apuntar a una financiación ilegal del partido no investigada hasta ahora. Y como corolario, De Aldama señaló a lo más alto, al presidente Sánchez, de quien dijo que fue él quien quería «conocerlo» y que le «agradeció» lo que estaba haciendo por el partido. Pedro Sánchez: «Todo lo que dice este personaje es categóricamente falso. Menuda inventada». 

La declaración de Víctor de Aldama en sede judicial provocó que Alberto Núñez Feijóo recrudeciese ayer su discurso contra el Gobierno hasta el punto de declararse «dispuesto» a encabezar una moción de censura si «alguno de los socios» de Pedro Sánchez decide poner fin a la «agonía judicial» de un Ejecutivo «acosado por la corrupción». Lo declarado por el presunto cabecilla de la ‘trama Koldo’ en la Audiencia Nacional –que coincidió con el pleno de la Cámara Baja en el que el Ejecutivo consiguió ‘in extremis’ sacar adelante su reforma fiscal– pone de manifiesto, según afirmó el propio líder del Partido Popular, que en Génova «tenían razón» con las sospechas en esta trama y que «estamos ante el caso Sánchez». La gravedad de los hechos conocidos a lo largo de la mañana desembocó en la comparecencia de Feijóo, pasadas las dos de la tarde, justo después de la votación de las enmiendas pendientes del pacto fiscal. El jefe de la oposición anunció entonces –sin decirlo de forma expresa– su disposición a encabezar una moción de censura para acabar con este Gobierno «sin credibilidad». «Yo no tengo los votos para cambiar al Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país», apuntó un Feijóo que estaba señalando de forma directa, aunque sin mencionarles, a dos de los actuales socios del secretario general del PSOE: Junts y PNV.

«Negociaciones finales». Esta es la agenda de este viernes y nada más. Mañana, nada más. A las 15.00 horas de España está previsto el cierre oficial de la COP29, pero a nadie sorprende que las conversaciones se extenderán más allá de hoy, de mañana y, quizá, pasado. Las maletas y las despedidas se mezclan con las carreras por los pasillos para unirse a las reuniones y a los corrillos. Es habitual en estas cumbres. A dos días del cierre oficial llegaron los primeros textos. «Estarán a primera hora del jueves para que las partes tengan tiempo para estudiarlos», afirmó el miércoles ante un plenario semivacío el presidente de la cumbre del clima, Mukhtar Babayev. Y cumplió. El amanecer en Bakú llegó con los documentos más esperados: financiación climática y el diálogo de Emiratos Árabes Unidos sobre mitigación. ¿La declaración política habitual en estas citas? «No queremos abrir más textos para que las partes se centren en los importantes», defendió Babayev. Los ministros negociadores trabajan sobre un total de 14 folios y no les ha hecho falta mucho tiempo para leerlos. «Es un farol», «un insulto» o «ni siquiera se puede calificar esto de borrador». Estas son algunas de las calificaciones que se han escuchado en los pasillos del Estadio Olímpico de Bakú. Una línea dura que también se ha oído en el pleno principal. Durante más de cinco horas, Babayev y su equipo han recogido las quejas de las partes. «El texto que tenemos es desequilibrado, impracticable e inaceptable», señaló el comisario de clima de la Unión Europea, Wopke Hoekstra. Más contundente fue el representante de Panamá: «Esto se está convirtiendo en un espectáculo de payasos, porque cuando llegamos al último minuto siempre obtenemos un texto que es muy débil».

La cruzada contra las prácticas monopolísticas ilegales de las grandes tecnológicas vivió ayer un hito destacado en los tribunales estadounidenses. Los fiscales del Departamento de Justicia y de los Estados que demandaron a Google y lograron que un juez declarase que había abusado de su posición dominante en el mercado de las búsquedas por internet solicitaron una amplia batería de remedios que supondría un terremoto para la compañía que dirige Sundar Pichai. Tras conocerse la petición, las acciones abrieron la sesión con una caída superior al 5%, lo que implica una pérdida de valor de más de 100.000 millones de dólares para una compañía valorada hasta ayer en algo más de dos billones de dólares. La resolución propuesta obligaría a Google a vender su navegador Chrome, a aislar su sistema operativo Android, a convertirse en licenciatario de sus búsquedas para rivales y a eliminar acuerdos preferenciales como los que tiene con Apple. La compañía, además, quedaría sometida a una estricta supervisión durante una década. En conjunto, las decenas de medidas propuestas en el caso EE UU contra Google supondrían la intervención más drástica en una compañía tecnológica desde que otro juzgado ordenó en 2000 la partición de Microsoft, en una resolución que luego fue anulada por tribunales superiores. No se espera que el juez Amit Mehta dicte una resolución hasta agosto del año próximo que, en todo caso, sería recurrible. El Departamento de Justicia ya había anticipado en octubre que se planteaba medidas drásticas, entre ellas la partición de la compañía. El aspecto más destacado de la resolución propuesta es la venta de Chrome.