20240508

Cebek ha destacado que el 50% de las empresas vizcaínas considera buena su situación y un 90% cree que se mantiene o mejora su posición competitiva en este primer trimestre del año. Una de sus principales
preocupaciones es la escasez de personal y, en un momento en que la patronal estima que se crearán este año 8.450 empleos netos, un 77% de las compañías dice tener dificultades para realizar contrataciones. La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, ha subrayado la celebración del 125 aniversario que se desarrollará en una coyuntura económica marcada por un inicio de año "estable", con un crecimiento interanual del PIB vasco del 1,8% para final de 2023 en Euskadi y del 1,7% en Bizkaia. La evolución en el primer trimestre del 2024 es de un crecimiento del 0,5% en relación al trimestre precedente y esperan un comportamiento "similar" en Bizkaia. Por su parte, el mercado de trabajo en Bizkaia mantiene su evolución
positiva con una tasa de paro que sigue una tendencia decreciente y otro los datos que evidencian un "buen inicio de año", es la progresiva recuperación del número de empresas inscritas en la seguridad social. Según ha destacado, en este escenario, las empresas de Bizkaia mantienen sus expectativas "estables y de mejora" y, de acuerdo a la empresa realizada por Cebek, más de la mitad ven sus mercados en un estado de normalidad o reactivación, y prevén que mejoren en los próximos seis meses. Ver más en Cebek

Los empresarios vascos creen que su vieja reclamación de estabilidad regulatoria y certidumbre está de nuevo en el alero después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya emitido su primera sentencia en la que se admite para un despido una indemnización superior a la que establece el Estatuto de los Trabajadores. Así lo dieron a entender ayer los máximos responsables de la patronal vizcaína Cebek en el transcurso de una comparecencia previa a su asamblea general que se celebrará hoy en el Palacio Euskalduna de Bilbao. El secretario general de la organización, Francisco Javier Azpiazu, señaló que no han estudiado aún con detalle la sentencia dictada recientemente contra el Ayuntamiento de Oñati, en la que se confirmaba el carácter improcedente del despido de un trabajador y se reconocía una indemnización que recoge el concepto de daños y perjuicios y que ascendía a un total de 30.000 euros. De acuerdo a los criterios que fija el Estatuto de los Trabajadores para un despido de este tipo –basados únicamente en la calificación de improcedente, el salario en activo y la antigüedad del empleado– la indemnización debería haber ascendido a 493,49 euros. Azpiazu insistió en señalar que «las empresas necesitan certezas y estabilidad regulatoria, también en el ámbito de la legislación laboral. Necesitamos escenarios que se mantengan en el tiempo», señaló sin querer ir más allá. Por otra parte, la presidenta de la asociación empresarial, Carolina Pérez Toledo, mostró su extrañeza en torno a la conflictividad laboral que se registra en el País Vasco y que sitúa a este territorio en el liderazgo español del número de huelgas, con el 45% de todas las que se contabilizan en el país. En este sentido apuntó que esos datos contrastan con «una realidad que es bien distinta». «En la actualidad tres de cada cuatro trabajadores en Bizkaia tienen un convenio negociado y en vigor», matizó. También mostró su discrepancia en torno a las exigencia de reducciones de jornada –que cuentan incluso con un claro apoyo desde el Gobierno de Pedro Sánchez– porque, recordó, «nuestra jornada laboral anual recogida en los convenios está incluso por debajo de lo que ha anunciado como objetivo la ministra Yolanda Díaz». La jornada media en Bizkaia es de 1.704 horas anuales que, con un reparto en el que influyen varios factores, corresponde a una referencia aproximada a las 37,5 horas semanales. De cara la revisión de la fiscalidad que han comprometido el Gobierno vasco y las diputaciones forales, Pérez Toledo se declaró favorable a que «se recojan medidas que promuevan la actividad económica». Ver más en Cebek

La patronal vizcaína Cebek celebrará hoy el 125 aniversario de su nacimiento, que se remonta a 1899 cuando un grupo de empresarios creó el Centro Industrial de Vizcaya para representar sus intereses. La organización, sin embargo, trasladó ayer una imagen que muestra con claridad el avance de las mujeres en puestos directivos de las empresas y también en la representación institucional. Por primera vez en la historia de la organización fueron cuatro mujeres las que comparecieron ayer en una rueda de prensa de Cebek, en representación del comité ejecutivo de la organización. Un órgano que está compuesto por trece personas y que ya tiene seis mujeres en su seno. En la comparecencia y junto a Francisco Javier Azpiazu, el secretario general de la institución, participaron la presidenta de Cebek –lo es desde 2021– Carolina Pérez Toledo; las vicepresidentas Begoña San Miguel y María López Negrete y Ángela Fernández, que preside AVEK, la asociación de las empresas químicas. La presencia de mujeres en las cúpulas de las organizaciones empresariales vascas ha tenido un tendencia creciente en la última década. Tras la llegada de Pérez Toledo a la presidencia de Cebek en 2021 se produjo la designación de Isabel Busto, en el verano de 2022, como presidenta de Confebask, para sustituir a Eduardo Zubiaurre. El último paso se dio el pasado verano con el nombramiento de Tamara Yagüe como presidenta de la organización que actúa como cúpula de representación de los empresarios en Euskadi.

Las administraciones vascas y empresas o entes públicos como Osakidetza o EiTB dan empleo a 159.256 personas, una cifra récord en Euskadi. Entre las razones que explicarían esta circunstancia figuran un absentismo del 8,7%, el envejecimiento de las plantillas y, en consecuencia, una cascada de jubilaciones, además del bloqueo de las contrataciones por la crisis de 2008. La acuciante necesidad de personal hace que la interinidad supere el 40%. El caso es que el peso del sector público sigue creciendo en el conjunto de la fuerza laboral de Euskadi. Así, esos casi 160.000 trabajadores suponen que el 15,72% de los empleados del País Vasco ya lo sean en el sector público. Un síntoma de debilitamiento del ámbito privado de la economía que muchos analistas, y especialmente la patronal vasca, viene señalando con preocupación. El ‘ya todos quieren ser funcionarios’ es un lamento habitual en cualquier reunión empresarial mientras el problema de la falta de perfiles profesionales ahoga a todos los ámbitos económicos. La evolución en los últimos cinco años arroja cifras esclarecedoras. Y es que la plantilla de la Administración y de las empresas públicas se ha incrementado un 15,26%, mientras que el sector privado solo ha crecido el 3,61%, hasta los 853.691 cotizantes contabilizados por la Seguridad Social a cierre del pasado año. Se trata del menor aumento registrado por las empresas privadas de todas las comunidades autónomas.

El impulso que se está dando al empleo público en el último año para lograr la estabilización de las plantillas y afrontar las necesidades crecientes de personal de los servicios que ofrecen las distintas administraciones ha hecho que el empleo generado en este ámbito el año pasado supusiera un tercio de todo el que se creó en Euskadi. Y es que las diferentes administraciones, tanto las vascas (organismos autonómicos y entes adscritos y la administración foral y local), como la estatal en Euskadi, aumentaron el año pasado sus plantillas en 5.960 personas, mientras que la afiliación total (empleo público y privado) a la Seguridad Social creció en 18.870. Pero hay otro dato llamativo y es que prácticamente todo ese aumento del empleo público se ha producido en la administración vasca, ya que la estatal que ofrece sus servicios en el País Vasco se mantiene casi invariable. Así, esta cerró el año pasado con 7.877 afiliados a la Seguridad Social, apenas 336 más que el ejercicio anterior, mientras que la administración vasca sumó 5.624, hasta alcanzar los 151.378. Así, en total el empleo público vasco daba trabajo el año pasado a 159.255 personas, una cifra nunca conocida hasta ahora y que va en línea también con el aumento de la afiliación total, que cerró el año pasado también en Euskadi en cifras récord, al superar el millón y alcanzar 1.012.947. De este modo, el peso del empleo público sobre el total ascendió el año pasado al 15,73%; es decir, que uno de cada seis puestos de trabajo los genera la administración pública, que se está convirtiendo, además, en un serio competidor para las empresas privadas a la hora de captar y retener el talento, como están advirtiendo diferentes responsables empresariales.

Foto Ikatz, una firma alavesa con más de 40 años de historia, se ha visto forzada a presentar en el Juzgado de lo mercantil de Vitoria un concurso voluntario de acreedores solicitando la fase de liquidación. La medida, según ha confirmado fuentes conocedoras de la operación, ha sido el último recurso acordado por los accionistas tras la imposibilidad de refinanciar con administración y bancos una deuda de 11,4 millones de euros. La solución, aún siendo extrema, no significa la disolución de la compañía, sino una operación para liquidar los pagos pendientes y dar entrada a un comprador. Actualmente hay dos compañías del sector interesadas y que mantendrían la actividad de una extensa red de 221 tiendas –86 de ellas en propiedad y el resto franquiciadas– que llega a 44 provincias y que gestiona la empresa alavesa bajo la marca de Fotoprix. Es la fórmula, también, para intentar dar continuidad a las 307 personas que trabajan en la compañía. La nueva legislación concursal busca, precisamente, ofrecer este recurso no como el cementerio que ponga fin a la vida empresarial de los proyectos, sino como una vía para salir del paso en situaciones en las que el negocio sí funciona, pero las deudas ahogan su viabilidad. Foto Ikatz, que formó parte del paisaje urbano comercial de Vitoria, adquirió en 2017 la marca nacional Fotoprix, especializada en tratamiento digital de imágenes y en la creación de recuerdos como tazas, calendarios o textiles personalizados con las fotografías del cliente. Tras varias inversiones reorganizó la red de tiendas, creó un centro de venta online y puso en marcha un centro de producción en Barcelona. Fue una fase de expansión que pudo desplegarse a pesar de que una sentencia judicial obligó a Ikatz a asumir la deuda de más de un millón de euros que los anteriores propietarios de Fotoprix habían generado con la Seguridad Social. El caso es que esta herida en forma de pasivo estaba todavía terminando de cicatrizar cuando llegó la pandemia del covid en 2020. El confinamiento se cebó con el comercio y la prohibición de movimientos y reestricción de horarios cerró los ingresos.

Mal dato para arrancar el año. Las ventas de las empresas de Gipuzkoa han descendido en el primer trimestre de 2024 un 5,4% en comparación con el mismo periodo de 2023. Las ventas interiores (dentro del Estado) no sirvieron esta vez de sostén y bajan un 5,5%, mientras las exportaciones siguen en un tono bajo y descendieron un 5,3%. Las cifras las hizo públicas ayer la Diputación foral a través del informe sobre la situación de las compañías que realiza periódicamente la Hacienda foral. Según explicó la portavoz, Irune Berasaluze, el mal comportamiento del saldo comercial guarda una especial relación con los datos negativos del mes de marzo, en el que las ventas totales han caído un 14,5%. «Hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con el mes de marzo de 2023, dónde las ventas aumentaron de manera considerable, hasta un 13,6%», incidió. La buena noticia es que el empleo, por el contrario, no se resiente ya que el número de personas perceptoras de rendimientos de trabajo aumenta un 1,6% en marzo, y un 1,8% en el acumulado del trimestre. De hecho, las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social no hacen sino confirmar el excelente comportamiento del mercado laboral con récord de cotizantes al sistema. También aumentan los salarios, que crecen de media un 6,6% en este primer trimestre. En cuanto a la hora de analizar cómo se han comportado las ventas por sectores en este primer trimestre, la industria ha registrado un descenso del 6,8%; la construcción ha caído un 5,3% y los servicios, un 3,7%. Los guarismos son especialmente malos en ese fatídico mes de marzo con la industria cayendo un 15,6%, la construcción un 11,5% y los servicios un 13,2%.

Talgo encara el desenlace de la opa lanzada por el grupo por la húngara Magyar Vagon con sus resultados creciendo a toda velocidad. El grupo español finalizó los tres primeros meses de su ejercicio 2024 con unos ingresos de 166,5 millones de euros, un 31% más, apoyado en su elevado nivel de actividad. La empresa destaca la ampliación de su acuerdo con la alemana Deutsche Bahn y con la danesa DSB, además de la entrega y aceptación de los trenes MAV a Renfe. “El éxito comercial y la cartera de pedidos, en máximos históricos –supera ya los 4.100 millones de euros–, proporcionan gran visibilidad sobre los ingresos y actividad industrial”, explica Talgo en su documentación remitida a la CNMV. El resultado bruto de explotación (ebitda) del fabricante español aumentó un 34% en el primer trimestre, hasta los 20,1 millones de euros, con un margen ebitda del 12%. La previsión de la compañía es mantener esta ratio por encima del 11,5% en el conjunto del ejercicio. Por su parte, el beneficio neto ascendió a 10,4 millones de euros, cuatro veces más que los 2,4 millones que ganó Talgo en el primer trimestre de 2023. La empresa justifica la mejora de su rentabilidad en la positiva evolución del negocio, sus planes para mitigar las interrupciones de la cadena de suministro y las variaciones y, en tercer lugar, en las cláusulas de indexación incluidas en los proyectos de fabricación y mantenimiento, que reducen los riesgos de volatilidad en los precios de materiales y materias primas.

Las obras de construcción del edificio que albergará en San Sebastián el Quantum Basque Center avanzan a buen ritmo y ya se puede atisbar entre la estructura de vigas el lugar donde se ubicará el corazón del centro que está llamado a revolucionar la investigación en Euskadi. En un hueco con forma de cubo en medio del edificio, a salvo de vibraciones y miradas, a una temperatura más fría que la del espacio profundo, quedará instalado el ordenador cuántico de IBM ‘System One’, el sexto de sus características en el mundo y el segundo en Europa. El polo cuántico se ubicará en el campus de Ibaeta de la Universidad del País Vasco, entre el centro Korta y Nanogune, donde las obras avanzan según el calendario previsto. Tras las labores de desmonte, la cimentación y los encepados se terminó a lo largo del segundo semestre de 2023 y quedó todo preparando para poder levantar la estructura. El pasado mes de mayo concluyeron los trabajos de estructura y forjados, para pasar a realizar los cerramientos de fachada, tabiquería y cubiertas entre junio y octubre. Las particiones, revestimientos interiores e instalaciones se terminarán a lo largo del primer trimestre de 2025 y después llegará el turno de la realización de la carpintería, urbanización y mobiliario. Al igual que su vecino Nanogune, las entrañas del Quantum Basque Center estarán diseñadas a prueba de vibraciones para que nada perturbe la paz del ordenador. Si se cumple el calendario, el edificio quedará listo para entrega en junio de 2025. 

Las principales asociaciones de científicos han salido en tromba contra la decisión del Ministerio de Seguridad Social de obligar a pagar unos 290 euros por mes para recuperar, como años cotizados, los periodos trabajados con becas de investigación precarias en el pasado. En la práctica, esa medida significa que hay investigadores que tendrán que jubilarse a los 70 años si no aceptan abonar unos 17.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La Confederación de Sociedades Científicas de España considera “inaceptables” estas condiciones y exige una rectificación. El bioquímico Óscar Fernández Capetillo es uno de los miles de afectados. “Es un disparate”, lamenta este científico, vicedirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en Madrid. Él y su pareja, su colega Matilde Murga, tuvieron una beca de doctorado de cuatro años, más un periodo posdoctoral de tres años en Estados Unidos. “Mi esposa y yo tendríamos que pagar entre los dos unos 30.000 euros. Pido al ministerio que reflexione: es un cúmulo de injusticias y ha sentado muy mal, porque encima han querido sacar pecho”, afirma. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció la orden ministerial el 30 de abril con triunfalismo. “Hoy es un día importantísimo. Esta medida representa la mejor definición del Gobierno de justicia social”, proclamó. Los afectados fueron becarios predoctorales y posdoctorales en universidades, hospitales e instituciones públicas de investigación, en una época en la que se consideraban “prácticas”, con un trabajo a tiempo completo que no cotizaba a la Seguridad Social y sin derecho al paro ni a permisos de maternidad o paternidad. El nuevo convenio especial con la Tesorería General permite computar como cotizados, previo pago de los 290 euros por mes, hasta un máximo de cinco años en prácticas remuneradas previas al 1 de noviembre de 2011 y en las no remuneradas anteriores al 1 de enero de 2024. Cientos de afectados, organizados en la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID), publicaron un contundente manifiesto este domingo. “No se ha tenido en cuenta nuestra idiosincrasia: en primer lugar, no éramos meros estudiantes, sino que éramos personal altamente cualificado ya trabajando”, critican los firmantes. 

Se trata de combatir el desempleo de larga duración, que es el que empieza a superar un año de paro. Con este objetivo, el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que, a partir de ese momento, una prestación contributiva del desempleo, basada en el indicador de rentas sociales (Iprem), sea compatible con un salario de hasta el 225% de la misma. Es decir, hoy sería el equivalente a 1.350 euros brutos al mes, teniendo en cuenta que el Iprem es de 600 euros al mes. Así se recoge en los documentos manejados en la negociación sobre el subsidio del desempleo. La medida consiste en lo siguiente: a partir del décimo tercer mes en el paro, si encuentra una ocupación, el trabajador podrá hacer compatible la renta del desempleo con un salario de hasta 1.350 euros brutos al mes. La prestación, que entrará en vigor el 1 de abril de 2025, estará en función del tiempo en el que el trabajador lleve en paro y la jornada laboral. Por ejemplo, para una jornada completa, entre el décimo tercer y décimo quinto mes, el trabajador podrá cobrar el 80% del Iprem, que son 480 euros al mes, más el salario bruto con el límite ya citado. Entre el décimo sexto y décimo octavo mes de prestación de desempleo, el trabajador podrá cobrar al mes el 60% del Iprem –360 euros– más el salario que obtenga. Y así sucesivamente hasta que en los dos últimos meses del segundo año de la prestación contributiva, el salario sea compatible con el 30% del Iprem. Es decir, 180 euros al mes. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, espera que se alcance “lo antes posible” un acuerdo con la patronal y los sindicatos para reformar el subsidio por desempleo. “Estoy a la espera de que los agentes sociales decidan en sus organizaciones, democráticamente, si dan el visto bueno”, dijo la vicepresidenta. Justo ayer, las direcciones de CCOO y UGT comenzaron a analizar la reforma del subsidio por desempleo negociada también con la patronal CEOE. 

Tras el portazo del Banco Sabadell a la fusión planteada por BBVA la pregunta que se hacen los implicados, el resto del sector financiero y el mercado en general es ¿y ahora qué? Por lo pronto, BBVA no ha vuelto a realizar ninguna comunicación oficial y esperará a analizar cómo reacciona la Bolsa estos días. De momento, ayer sus títulos, que había cedido algo más de un 8% desde que el pasado 30 de abril se anunció la operación, rebotaron un 3,6%. Por su parte, las acciones del Sabadell, que habían subido cerca de un 10% desde que se conoció la oferta del BBVA, cayeron un 0,4%, aunque al inicio de la jornada llegaron a perder más de un 3%. Fuentes del mercado bancario indican que ninguna puerta se ha cerrado por completo y que el banco vasco ha dejado claro con este intento de fusión que quiere crecer, como lo apuntaba en el hecho relevante que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace una semana: «La creación de una entidad más fuerte y rentable contribuiría de forma incremental al desarrollo económico y social de las sociedades en las que está presente a través de una mayor capacidad de concesión de crédito (...) mayor contribución vía impuestos y una remuneración atractiva» para el accionista. BBVA expresaba así la necesidad de acometer esta operación y la respuesta del consejo del Sabadell en la tarde del pasado lunes no impide ver el nuevo contexto en el que se mueve el BBVA, en particular, y el sector en España, en general. Por eso ningún analista descarta otros movimientos, aunque llegarán testando con pies de plomo el comportamiento de la Bolsa para valorar hasta dónde puede llegar la estrategia de la entidad.

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González Bueno, explicaron ayer a sus trabajadores su rechazo a la oferta de fusión del BBVA. Oliu fue taxativo en su confianza en la marcha de la entidad de forma independiente: “El banco es una entidad fuerte, con futuro”. Y remarcó: “En el consejo tenemos una gran confianza en la marcha del banco y los planes que se están ejecutando en todos los negocios y geografías”. El consejo de administración del banco catalán —que ha sido asesorado por Goldman Sachs, Morgan Stanley y Uría Menéndez— emitió el lunes un contundente comunicado declinando la oferta lanzada la semana anterior por el BBVA. En su opinión, esta “infravalora significativamente” el proyecto del banco y sus “perspectivas de crecimiento”. Además, señala que esa oferta no recoge su valor, así como apunta a que “la volatilidad” del BBVA en Bolsa añade incertidumbre a la tasación. El ejecutivo ha proseguido agradeciendo el desempeño de sus trabajadores para hacer del Sabadell “una entidad fuerte”. “Como presidente os quiero agradecer el gran trabajo que lleváis a cabo durante tantos años y que estoy convencido seguiréis haciendo de aquí en adelante. Solo me queda añadir que os animo a que continuéis así, con el mismo compromiso, con la misma profesionalidad que habéis demostrado siempre”, añade. Por su parte, el consejero delegado puso el acento en ese agradecimiento al trabajo de la plantilla. “No os vamos a decepcionar. La confianza que ponéis en nosotros es un estímulo para seguir mejorando si cabe aún más cada día”, añadió, y apuntó que espera que este trabajo de los empleados se reflejará en su actividad comercial y en sus resultados.

La pelota está en el tejado de BBVA. Tras el rechazo de su oferta por parte del consejo de administración de Sabadell, tiene que decidir si mejora las condiciones, se bate en retirada o lanza una opa hostil. En el mercado, las opiniones están divididas, aunque buena parte de los analistas calcula que la oferta podría mejorar la ya planteada, como mucho, entre un 10% y un 15% para no destruir valor para al accionista. La tibia reacción ayer en Bolsa de ambos valores muestra el incierto escenario que se abre. Sabadell se dejó un 0,45%, hasta los 1,88 euros, después de haber subido en una semana un 8,75%. BBVA rebotó ayer un 3,61%, tras haber perdido un 9,72%, más de 6.100 millones, desde que hizo la oferta el 30 de abril. Fernando Gil de Santivañes, director de análisis de Bestinver Securities, cree que la estrategia de Sabadell es correcta, pero necesita convencer a sus accionistas de que puede crear un valor superior al que ofrece BBVA. En su opinión, lo más probable es que haya una mejora de la oferta. “Suponiendo un aumento de aproximadamente el 10% sobre la oferta inicial en acciones, estimamos que la operación será del 4% acumulativa, lo que aún se considera positivo”, apuntaba ayer. Considera remota la probabilidad de una oferta hostil, ya que gran parte del capital de Sabadell es minorista y suele guiarse por la propuesta del consejo de administración. En esto coinciden Ignacio Cantos, de atl Capital y Pablo García, director de Divacons Alphavalue. García sí que contempla una mejora de la oferta de entre el 10% y el 15%, porque no descarta que este tira y afloja en la operación estuviera concertado con el presidente de Sabadell Josep Oliu. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, afirmó ayer que el grado de concentración bancaria en España ha aumentado y que supera la media europea, por lo que considera que es un buen momento para “prestarle atención” y analizar qué nivel sería “óptimo”, aunque asegura que no hay preocupación. Así respondió a preguntas de los diputados durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para dar cuenta del informe anual del organismo de 2023. Previsiblemente será la última como gobernador, dado que su mandato finaliza en junio. Al ser interpelado por la diputada de ERC Inés Granollers, que celebró que el Banco Sabadell haya rechazado la propuesta de fusión de BBVA, Hernández de Cos rechazó hablar de operación bancarias concretas. Según explicó, las cuestiones de competencia corresponden a la CNMC, pero señaló que el Banco de España también las analiza cuando el grado de concentración es muy alto o muy bajo. A su juicio, el 70% de la explicación de por qué la banca ha transmitido en baja medida los elevados tipos de interés a la remuneración de los depósitos a plazo es por el exceso de liquidez que “todavía existe”. Aseguró que hay “una parte menor” que tiene que ver “con la concentración bancaria”.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, compareció ayer por última vez ante las fuerzas políticas en el Congreso - su mandato concluye el próximo 11 de junio- para presentar el Informe Anual de la institución y lanzar una batería de mensajes de calado y largo alcance sobre el estado de salud de la economía. Del lado positivo, De Cos refrendó la resiliencia de la economía española, que el año pasado creció un 2,5% frente al 0,5% del conjunto de la UE, y que en el próximo trienio seguirá avanzando incluso por encima de su crecimiento potencial. De hecho, el gobernador anticipó que tras el alza del 0,7% del PIB registrada en el primer trimestre de 2024, según el avance del INE, la institución revisará su pronóstico de crecimiento para el conjunto del año más allá del 1,9% vaticinado en sus últimas proyecciones, de marzo. “Con esta información, además de la disponible para el segundo trimestre, se puede anticipar que el Banco de España revise sus proyecciones de crecimiento de la economía española al alza en su siguiente actualización, que se producirá a mediados de junio”, anunció De Cos ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del hemiciclo. Una previsible mejora que atribuyó a la gradual reactivación de la economía europea; a la paulatina “disipación” del efecto negativo del alza de los tipos de interés; a la progresiva recuperación de las rentas reales de los agentes económicos, o al impulso fiscal proveniente de los fondos europeos. Sin embargo, entre los destellos de luz todavía hay muchas sombras, entre las que sobresalen, de puertas afuera, la persistencia de las tensiones geopolíticas, y, en el plano interno, la inestabilidad política que sufre el país desde la crisis financiera y que se ha traducido en un progresivo deterioro de la confianza de ciudadanos e inversores “en las instituciones y en la percepción de su calidad”, declive que en España ha sido “más acusado” que en otros países de nuestro entorno. Es una cuestión fundamental, porque, como enfatizó De Cos, “el marco institucional, su calidad y, en particular, el grado de confianza que generan las instituciones en los agentes económicos son un determinante fundamental del crecimiento”.

Las negociaciones entre el PNV y el PSE van «bien» y prosiguen sin sobresaltos, aunque ambas partes coinciden en que ni el programa ni la estructura del futuro Gobierno de Imanol Pradales se conocerán hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio. «Hay que dar tiempo, acaban de empezar. En una primera aproximación se hace una especie de unión de los dos programas para ver los puntos en común y eso suele llevar mucho trabajo», despejó ayer la presidenta del Bizkai buru batzar, Itxaso Atutxa. Al margen de lo exhaustivo de la labor para fundir los dos documentos en uno, la campaña de las europeas impide ‘de facto’ que PNV y PSE anuncien su acuerdo antes. Es de esperar que, en el documento final, ambos se dejen pelos en la gatera que podrían aprovechar sus rivales, sobre todo Bildu y el PP, para tomar ventaja, por lo que nadie espera avances públicos antes de esa fecha. Cabe dentro de lo probable, por lo tanto, que en esa segunda semana del mes se anuncie el acuerdo definitivo –está por ver si se acompaña con la presentación del programa de gobierno, que en 2020 se guardó celosamente hasta el debate de investidura para no dar pistas a la oposición– y sea ya en la tercera, en torno al día 20, cuando el candidato jeltzale someta su proyecto a la confianza del Parlamento vasco y, una vez investido, jure su cargo en Gernika, en una ceremonia marcada por el traspaso de poderes con Iñigo Urkullu. 

La Unión Europea da un paso más para ahogar la campaña bélica rusa en Ucrania. Ahora, más de dos años después del inicio de la invasión a gran escala, Bruselas pone por primera vez bajo el foco el gas natual licuado (GNL) ruso, que proporciona a Moscú valiosos ingresos. El Servicio Europeo de Acción Exterior no propone prohibir las importaciones a la UE, como se le reclama desde varios frentes, pero sí su reexportación a países de fuera del club comunitario. La medida, que debaten este miércoles los representantes de los Estados miembros, puede tener un impacto importante en países como España, el mayor importador europeo de GNL ruso y también el mayor reexportador del mundo. El año pasado, según los datos del regulador de reguladores energéticos europeos (ACER), la UE compró 18.000 millones de metros cúbicos desde ese país. Es el 13% del total. Aunque es muy difícil conocer la fracción exacta que acaba siendo reexportada, los últimos cálculos del centro de estudios CREA apuntan que el 22% de las importaciones europeas de GNL acabaron siendo enviadas a otros países. 

El Parlamento Europeo ratificó hace unos días la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa, también denominada CSDDD o CS3D. Esta norma obligará a las empresas de la UE, y de fuera de ella, a aplicar la diligencia debida en materia de medio ambiente y derechos humanos, y no sólo en sus operaciones y las de sus filiales, sino en toda su cadena de valor. En este último punto radica la importancia de esta normativa, que transforma en obligación lo que hasta ahora las grandes empresas hacían de manera voluntaria ejerciendo de tractoras del resto de compañías de su cadena de suministro. Las ventajas en términos medioambientales son evidentes para las empresas. Por un lado, “les ayudará a mejorar la mitigación de los riesgos de la cadena de valor que amenazan su negocio, tales como las interrupciones del suministro, la volatilidad de los costes o los incidentes relacionados con la reputación”, detalla Giulia Borsa, Regional Team Leader del proveedor de calificaciones de sostenibilidad, EcoVadis. Además, a largo plazo, las marcas que se adelanten a estas legislaciones y registren buenos resultados a nivel de sostenibilidad estarán mejor posicionadas y preparadas para un futuro con bajas emisiones de carbono en comparación con aquellas empresas que todavía no cumplan con los requisitos mínimos. En cambio, este importante salto también conlleva algunos riesgos para las empresas. 

Enrico Letta ex primer ministro italiano. Autor de un informe sobre competitividad y crecimiento, el político alerta de la brecha que se abre con EE UU. Letta explica que su texto, titulado Mucho más que un mercado, trata de alertar, con sentido de urgencia, sobre la brecha que se está abriendo entre Estados Unidos y Europa. "El informe expresa un gran sentido de urgencia y una alerta ligada a lo que los franceses llaman décrochage, la brecha que se abre entre nosotros y EE UU: ellos vuelan y nosotros vamos muy mal. Es el miedo a que Europa no sea capaz de responder al desafío y cada Estado vuelva a sus asuntos nacionales pensando que esa dimensión permite recuperar competitividad. Sería un error clamoroso...La experiencia de estos últimos cinco años ha estado basada en decisiones tomadas sobre la base de crisis inminente. Ha sido más una historia de reacción que de acción. Y cuando llevas toda política a la reacción a las crisis, eres eficaz pero cortoplacista. Solo conservas ese impulso hasta que termina la crisis...El mercado único y el euro, han sido fruto de acciones, no de reacciones. Y hoy hace falta de nuevo cambios estructurales en tres grandes áreas: telecomunicaciones, energía y mercados financieros. Todos pensamos que ya existe esa unión en Europa, pero estos campos decisivos para la competitividad solo tienen dimensión estatal. Y esta fragmentación hace que seamos mucho más débiles que los estadounidenses..."