20240510

El tema viene de lejos y ayer tuvo una nueva derivada. A finales del año pasado el PNV pactó con Pedro Sánchez, dentro de las negociaciones para la investidura, una reforma del Estatuto de los Trabajadores para incluir la prevalencia de los convenios autonómicos. La modificación estuvo a punto de salir adelante dentro del decreto ley presentado en enero por el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz. Pero el texto acabó decayendo por el voto en contra de Podemos, que se cobraba su primera ‘vendetta’ hacia quien había sido su compañera de grupo hasta poco antes. Cuatro meses después, los de Andoni Ortuzar lo vuelven a intentar por otra vía, y lo paradójico es que uno de los que no lo ve con buenos ojos es Sumar, la formación liderada por la vicepresidenta segunda. El camino que está utilizando el PNV es la presentación de dos enmiendas al proyecto de ley para trasponer la directiva de condiciones laborales transparentes. El proceso está todavía en su fase inicial. En los dos textos se defiende que «los convenios provinciales y autonómicos tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal». Pero también hay un matiz importante. Mientras en uno de ellos se recalca que esto será así «siempre que resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales», en el segundo de ellos se suprime esa coletilla.

BBVA saca toda su artillería para hacerse con Banco Sabadell a través de una OPA (oferta pública de adquisición) hostil inédita en el sector, tras el rechazo de la oferta amistosa lanzada el pasado 30 de abril. Y lo hace con el Gobierno central, los sindicatos, la oposición y buena parte del sector empresarial en contra. En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las siete de la mañana de ayer, el banco con sede en Bilbao confirmaba que no pagará ni un euro más de lo ofertado en su primera propuesta. Es decir, mantiene su oferta de un canje de títulos al dar una acción nueva por cada 4,83 de Sabadell, lo que supone valorar a la entidad en algo más de 12.000 millones de euros, 2,26 euros por acción. No habrá parte del pago en efectivo –como se rumoreaba en el mercado– y ya no se asegura la presencia de tres consejeros y una vicepresidencia no ejecutiva de Sabadell en el nuevo banco, como planteaba la propuesta inicial. «Se trata de una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes como el español», explicó Carlos Torres, presidente de BBVA. Lo hizo a mediodía, un par de horas después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, saliera con todo advirtiendo de que el Gobierno rechazaba la operación avisando, además, que tiene «la última palabra». Torres, pese a todo, evitó el choque con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para limitarse a destacar las bondades de la operación. «Confío en que el Gobierno, cuando conozca en detalle la operación y vea los beneficios que tiene para el país, la apoye», dijo.

“El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión”, advirtió ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, después de que BBVA presentara una opa hostil sobre Banco Sabadell, anticipando que “el Gobierno rechaza tanto la forma como el fondo” de una operación que amenaza con vetar. “Si esta operación se llevara a cabo, estaríamos en el segundo puesto europeo en términos de mayor concentración del sistema financiero, con el 70% en manos de tres entidades”, argumentó Cuerpo. “Miremos el impacto que podría tener la fusión, porque la concentración bancaria actual ya está teniendo un impacto en la ausencia de remuneración de los depósitos bancarios”, ilustró Cuerpo. Desde el Ministerio de Economía sostienen que “la operación introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español” en tres frentes. En primer lugar, apuntan, la fusión de ambas entidades “supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros”. En segundo término, alertan, “un excesivo nivel de concentración introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera”. Finalmente, aducen que “la operación afectaría también a la cohesión territorial por la presencia de estas entidades financieras en el territorio”. “España tiene actualmente un sistema financiero fuerte y solvente. Nuestro deber es velar por mantener un sistema financiero sólido, que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y a la agenda de inclusión financiera y protección de los clientes”, sentenció el Ministerio.

«Es una cuestión de prudencia», aseguran fuentes de la dirección del PNV para justificar que no haya un pronunciamiento expreso en torno a la propuesta del banco vasco para tomar el control de Sabadell. Un silencio que traspasa las paredes de Sabin Etxea para instalarse también entre los responsables institucionales que tienen alguna vinculación con este proceso. El Departamento de Hacienda del Gobierno vasco también ha decidido mantener la neutralidad, al menos en este punto del proceso y también en una coyuntura política con dos aristas: el actual gabinete está de salida y las elecciones catalanas del próximo fin de semana influyen de forma decisiva. Tampoco hay postura en la Diputación de Bizkaia, territorio donde BBVA mantiene su sede social. «No es distanciamiento es prudencia», insisten fuentes jeltzales. Tampoco la organización empresarial vasca, Confebask, ha querido tomar partido o expresar una opinión. En el seno de esta asociación prima la idea de que hay que dejar libertad a ambos bancos para que desarrollen su estrategia sin influencia externa. El silencio institucional y político en el País Vasco, sin embargo, tiene su contrapunto desde las propias filas del PNV. El ex diputado general de Bizkaia, José Alberto Pradera –estuvo al frente del Ejecutivo foral entre los años 1987 y 1995–, cree que no es la posición adecuada. Quienes ya han abandonado hace tiempo las responsabilidades públicas tienen siempre más libertad para expresar lo que piensan. Respecto al fondo del intento de absorción del Sabadell, el exconsejero de Hacienda del Gobierno vasco y exadjunto a la presidencia de BBVA, Alfonso Basagoiti, cree que la operación aporta elementos positivos al banco vasco. «BBVA es en la actualidad un banco que tiene un cierto desequilibrio de negocio desde la vertiente geográfica. Tiene su peso inclinado hacia México y Turquía. De ahí que reforzar su posición en el mercado doméstico con la suma de Sabadell tiene todo el sentido», subrayó.

Los empresarios pidieron ayer al Gobierno que se refrene en su carga frontal contra la opa hostil presentada por BBVA sobre Banco Sabadell. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, reclamó al Ejecutivo “respeto por las decisiones privadas” y le instó a “dejar que las empresas puedan trabajar”. “Los accionistas decidirán”, sostuvo Garamendi en declaraciones a los medios de comunicación. “El Gobierno lo que debería es dejar que las empresas puedan trabajar”, defendió el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), poco después de que el Ejecutivo se pronunciara drásticamente en contra de la operación empresarial. “Hay una oferta, los accionistas decidirán”, se limitó a valorar el presidente de la patronal española sobre la decisión de BBVA de lanzar una opa hostil sobre Sabadell después del rechazo de la cúpula de la entidad que preside Josep Oliu a la oferta de compra lanzada por Carlos Torres. Ambos bancos, dijo Garamendi, “tienen unos equipos magníficos, los presidentes son magníficos y, por tanto, yo creo que eso queda en el ámbito privado y lo que creo es que hay que respetar las decisiones, en este caso, de una y ambas partes y también de los accionistas”. “En este sentido, como representante de los empresarios españoles, con dos entidades que son socias de la CEOE, pido un respeto por las decisiones que quieran tomar desde el ámbito privado”, incidió Garamendi en respuesta al ataque frontal del Gobierno. 

Las tres principales formaciones catalanas (PSC, Junts y Esquerra), que se juegan la primera plaza en las elecciones autonómicas del domingo, rechazaron ayer con rotundidad la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell. También el PP y los comunes se han opuesto a la operación, que ha puesto de acuerdo a prácticamente la totalidad del arco parlamentario catalán, a escasos días de las elecciones. El más contundente, de nuevo, fue el expresident fugado Carles Puigdemont, quien denunció que a su juicio hace tiempo que hay una «estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana, lo que perjudica a los usuarios y perjudica al país». «La OPA hostil contra Banco Sabadell debe contestarse con toda la fuerza, con todo el derecho y con toda la razón», zanjó. Puigdemont ha ligado el proyecto de absorción del grupo vallesano por parte del vasco con la fuga de empresas durante el ‘procés’. Sabadell, entre otros, trasladó su sede social a Alicante. «Hace años que hay un intento de liquidar el sistema bancario catalán. Lo vimos con las cajas, fue una operación de Estado, y ahora lo vemos con la OPA hostil», apostilló. El candidato socialista, Salvador Illa, también criticó el movimiento financiero. «Estoy en contra de la OPA. No me la esperaba. No es un mecanismo frecuente. Hostil ya nos dice que va por el mal camino», aseguró. «No lo veo, por una cuestión de competencia, una concentración excesiva no es buena. Espero que no prospere», remató. El Govern también ha salido en tromba a censurar el movimiento empresarial. La patronal catalana, Fomento del Trabajo, también se mostró contraria a la fusión bancaria planteada por el BBVA. Según la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre, con esta OPA hostil, «los grandes perdedores serán las pymes catalanas y, por ende, también las empresas españolas». Con la desaparición del Banco Sabadell, avisa la patronal catalana, «muchas pymes quedarán huérfanas de financiación».

Ya con la oferta sobre la mesa, la misma que en el proyecto de fusión, los expertos consideraron que el precio ofrecido (un título de BBVA por cada 4,83 de Sabadell) no es suficiente para convencer a los accionistas de Sabadell. Pese a ello, el banco catalán, que en las últimas jornadas había emprendido la corrección, retomó la tendencia alcista y se anotó ayer un 3,17%, sesión en la que llegó a subir el 7%. BBVA por su parte, cedió un 6,71% en su peor sesión desde marzo de 2023. La ebullición que viven las acciones de Sabadell se reflejó en la negociación: la entidad movió 92,8 millones de acciones, frente a los 25,6 millones de BBVA. El comportamiento de las acciones obedece a los inversores que aprovechan los tambores de concentración para tratar de exprimir al máximo la prima ofrecida. Si con los precios de cierre del miércoles el canje implicaba una prima del 18%, la subida de Sabadell y la caída de BBVA recortaron la prima al 7%, lejos del 30% del que hablaba BBVA a cierre del 29 de abril. “Desde nuestro punto de vista, la prima ofrecida es muy baja”, señaló Alberto Castelo, analista de iBroker. “Nos reafirmamos en que es improbable que la operación salga adelante”, reiteraron los analistas de Bankinter. En sintonía con lo apuntado la semana pasada, los expertos consideran que la oferta sería dilutiva. Es decir, que el beneficio por acción para el accionista de BBVA se reduciría un 1,25% este año y un 0,5% el BBVA cae un 6,7% y firma su peor sesión desde marzo de 2023 próximo. Desde Renta 4 se mostraron igual de tajantes y recomendaron no acudir a la opa porque consideran que el precio ofrecido no es atractivo.

El BBVA espera contar con el favor del Banco Central Europeo (BCE) en su intento de comprar el Sabadell. El supervisor viene animando estos procesos en su objetivo por contar con entidades solventes. “No hacemos comentarios sobre transacciones individuales, pero tenemos una clara visión sobre la consolidación”, aseguran fuentes oficiales del organismo, al tiempo que remiten a declaraciones de sus miembros en las que dejan claro que es fundamental promover el tamaño de las entidades para ganar escala global. Es el caso. La transacción convertiría a la fusionada en el décimo banco europeo por activos, lo que mejoraría su posición para resistir una crisis. En esta línea, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, mostró su confianza en contar con el visto bueno del BCE, lo que supondría un respaldo de su proyecto. “En las primeras interacciones con los supervisores no hay ningún obstáculo desde su punto de vista, incluso tienen una opinión favorable a que haya consolidación con la consideración de que las entidades adquieran escala. Al BCE le gusta que haya consolidación y le encantaría que hubiese consolidación transfronteriza. No aplica a esta transacción, pero su opinión está en el lado favorable y han venido estando informados”, explicó ayer en su comparecencia. El banco ha iniciado una carrera de obstáculos. Primero, debe convencer a los accionistas. Y en caso de lograrlo, después se enfrenta a un extenso escrutinio por parte de autoridades supervisoras y reguladoras que deben aprobar la fusión. De entre todas ellas, el banco confía en obtener luz verde del regulador europeo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Álava, Gregorio Rojo, tuvo que pronunciar su discurso pocas horas después de conocer que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) obvia la petición de los empresarios para que Vitoria cuente en el futuro con más suelo industrial. Un jarro de agua fría. Pese a tener enfrente a la alcaldesa, Maider Etxebarria, para trasladarle su disgusto y el de muchos de los asistentes a la edición 38ª de Premios Internacionalización, Rojo evitó confrontar en público y prefirió hilar mucho más fino. «La Cámara va a seguir reivindicando la enorme contribución que un tejido empresarial fuerte, diversificado e internacionalizado hace a nuestro territorio. Sabemos que contar con una industria capaz de competir con este éxito en los mercados exteriores ha sido y debe seguir siendo la piedra angular sobre la que pivotan nuestros niveles de bienestar», reivindicó Gregorio Rojo tras conocer que no habrá más parcelas XXL para atraer grandes inversiones privadas, como reclamaba la organización que él preside y SEA Empresas Alavesas con el respaldo de la Diputación. En su intervención reivindicó esa buena sintonía con la institución presidida por Ramiro González. Rojo describió la administración foral como una «entidad con la que continuamos estrechando lazos». «La atracción y fidelización de la inversión extranjera en el territorio, la difusión de prácticas sostenibles como herramientas de competitividad entre las compañías o el fomento de la cooperación para la internacionalización son algunas de las líneas que trabajamos de forma conjunta», detalló. Con el Ayuntamiento dijo que se siguen «prospectando las oportunidades internacionales de las empresas adheridas al Pacto Verde».

Las alegaciones de los empresarios y las peticiones de la Diputación han caído en saco roto. Vitoria no va a recalificar ni una hectárea más para terreno industrial y logístico público en Júndiz. En Miñano solo prevé el suelo demandado para el desarrollo de la fábrica de baterías Basquevolt. El Plan General fía el progreso de este sector económico a la «redensificación» de los suelos ya existentes, lo que implicará nuevos usos en los vetustos Gamarra o Betoño y, sobre todo, mayor edificabilidad. Sin embargo, no habrá esas parcelas XXL que las organizaciones empresariales habían reclamado y por las que habían recurrido el documento urbanístico que concreta el crecimiento de Vitoria para los próximos ocho años. El acuerdo entre el Gobierno municipal PSE-PNV y Elkarrekin Podemos descarta esa opción. Elimina de un plumazo las 210 hectáreas que se pusieron sobre la mesa entre Foronda, Arangiz, Júndiz y Miñano. Todas esas reservas que venían a ampliar en un 10% el suelo industrial de Vitoria se quedan fuera del documento urbanístico. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento concluyeron que calificar más suelo industrial «requeriría una nueva exposición pública del documento, lo que conllevaría un retraso de aproximadamente ocho o nueve meses en la tramitación del Plan». Algo que, según el titular del área, arrastraría la aprobación definitiva hasta «primavera o verano de 2026». Y para esa fecha la firma alemana tiene previsto lanzar en Vitoria la producción masiva de la furgoneta 100% eléctrica sobre la plataforma modular VAN.EA. Un retraso de ese calado pondría en riesgo la inversión de más de 1.000 millones del grupo alemán. Pese al portazo a buena parte de sus exigencias, ni la Cámara de Comercio ni SEA Empresas Alavesas se pronunciaron en público sobre el acuerdo porque dicen desconocer el contenido exacto del pacto alcanzado con Podemos. El Ayuntamiento ha emplazado a las entidades empresariales a un encuentro en los próximos días para explicarles los detalles. En cualquier caso, el malestar era palpable en diferentes círculos empresariales.

Furgonetas, botellas, conductores eléctricos y vino. Así, a primera vista, lo que producen las cuatro firmas distinguidas por la Cámara de Comercio de Álava en la XXXVIII edición de sus premios tienen más bien poco que ver, con negocios en apariencia divergentes pero que encuentran un punto común en el atlas del mercado global. Las trayectorias de un gigante industrial como Mercedes-Benz, una prestigiosa bodega como Marqués de Riscal y dos factorías tan fundamentales para el Valle de Ayala como Vidrala y Electromecánicas Abiega convergen en el panorama internacional. Saben mejor que nadie que el éxito está ahí fuera. Y estas firmas son la prueba.

La constructora de trenes y autobuses CAF ha mejorado un 6% sus ventas en el primer trimestre, que ascienden a más de mil millones de euros, e incrementa su beneficio neto en un 16%, hasta los 23 millones de euros, pese a las caídas en la contratación y la disminución temporal de la cartera de pedidos, que continúa en niveles elevados, aunque cae un 4%. Así lo anunció ayer la empresa de Beasain en la presentación de sus resultados del primer trimestre, en el que la firma explica que mantiene sus perspectivas de «crecimiento, rentabilidad, caja y sostenibilidad» para el año 2024. Los datos finales del resultado neto en los tres primeros meses del año pasan de los 952 millones de enero, febrero y marzo del pasado 2023 a los 1.008 actuales, lo que se traduce en una mejora del 6%. En este sentido, el resultado financiero antes de impuestos presenta una evolución más favorable (+15%) por la mejora del resultado financiero por la contención de costes financieros y la gestión «positiva» de los excedentes de tesorería, explica CAF. Eso sí, se ha producido una disminución temporal «leve» de la cartera de pedidos, que suele ir de récord en récord, pero que esta vez desciende algo debido a una ejecución superior a la contratación. Retrocede cuatro puntos porcentuales y se sitúa en 13.636 millones de euros. En ese descenso de un 4% no están incluidos varios proyectos importantes adjudicados con posterioridad al cierre del trimestre como el suministro de 354 autobuses para Roma y 20 metros para Oslo. Dos adjudicaciones de al menos 350 millones de euros, sin contar las opciones ejecutables añadidas.

Gestamp tiene muchas expectativas de crecimiento puestas en Norteamérica, un mercado estratégico para la compañía, pero esta región le está dando muchos dolores de cabeza, ya que está bajando ventas y rentabilidad en la zona, lo que está repercutiendo en las cuentas del grupo. La empresa que preside Francisco J. Riberas ya ha tomado medidas para acabar con esta tendencia negativa en la región, a través del Plan Phoenix, pero todavía queda para ver los frutos definitivos. La compañía industrial presentó ayer unos resultados financieros del primer trimestre con caídas de facturación, beneficio neto y resultado bruto de explotación (ebitda). Hasta marzo, Gestamp obtuvo un beneficio neto atribuido de 54,7 millones, lo que supone una caída del 31,5% respecto a 2022, mientras que la facturación en el período bajó un 3%, hasta 3.049 millones. Riberas destacó que Gestamp creció por encima del mercado y confirmó los objetivos para 2024. El directivo, en la junta de accionistas, señaló que la empresa está evolucionando por encima de un mercado automovilístico que estará “paradito” en 2024. Su estimación es que las ventas suban entre un 2% y un 3% frente a 2023. La explicación a las caídas en el trimestre hay que buscarla en las operaciones en Europa occidental, Norteamérica y Mercosur, donde se lograron menores ventas y ebitda. En Norteamérica, donde la empresa quiere crecer mucho, la reducción de la cifra de negocio fue del 1,9%, hasta 606 millones, y del 50,5% en ebitda, hasta 23,1 millones de euros.

Las empresas e instituciones de Euskadi han sufrido en este último año un 60% más de ciberataques y ha recibido alrededor de 70.000 amenazas. Si nos retrotraemos siete años atrás, los ciberdelitos arrojan un incremento de más del 580%. En un mundo cada vez más interconectado, empresas, gobiernos y particulares permanecen alerta ante ciberataques más sofisticados y masivos. El panorama, sin embargo, no es tan oscuro en el País Vasco, ya que tiene los mimbres para hacer frente a un problema candente. Y es que el número de empresas por millón de habitantes que trabajan en este campo sobrepasa significativamente a la media europea. Así, Euskadi supera las 79 empresas, mientras que en el caso de Europa esta cifra baja hasta las 44,8. Estas cifras fueron ofrecidas ayer por el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, durante la inauguración del nuevo centro de ciberseguridad de Ayesa, que se encuentra en Donostia –más en concreto en el Parque Tecnológico de Miramon– y se convierte en la mayor unidad de estas características de Euskadi. El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió durante su comparecencia de que «en un mundo digital tendremos que convivir necesariamente con ciberataques que se producirán de forma permanente, pero nuestro ecosistema nos permite abordar proyectos en esta materia de forma integral, construyendo infraestructuras, productos y servicios con los que poder sortear el impacto de estos ciberdelitos. Ayesa es un ejemplo de ello y Euskadi está preparada para dar respuesta al reto de la ciberseguridad».

“El tiempo se acaba. La revolución digital es ahora, la que vendrá después no va a pasar por España. No nos convirtamos en países productores de materias primas sin la posibilidad de industrializarlas”. Así destacó el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, la necesidad de incentivar y apoyar la transición energética en España durante el coloquio sobre energía moderado por Miguel Ángel Patiño en el V Foro Internacional Expansión, organizado en colaboración con el think tank internacional The European House-Ambrosetti. “España tiene que decidir si quiere ser la gran industria verde de Europa desde el punto de vista de la generación de energía, desde el punto de vista de la generación de los combustibles renovables y desde el punto de vista de la creación de la cadena de valor, que es lo que realmente nos va a permitir crecer y desarrollar el estado de bienestar a largo plazo. Los servicios a 1.000 euros no pagan las pensiones. Y la verdad es que el tiempo se acaba. Tiene que ser ahora”, sostuvo el CEO de Iberdrola, que destacó el compromiso de las empresas españolas con la transición energética. “No todos los países tienen el capital que tiene España de empresas que están clara y definitivamente comprometidas con este proceso de transición”, dijo Ruiz-Tagle, que reiteró la importancia de creer en las posibilidades de España. “Cuando tenemos actores que son capaces y cuando tenemos las condiciones (el viento, el agua y el sol), lo importante es creer en que España puede crear un combustible 100% renovable como el hidrógeno verde, producido con energías limpias y renovables, para que no tengamos que depender de la geopolítica y de la geoestrategia”, apuntó el directivo español.

Iberdrola ha constituido la sociedad CPD4Green a través de la cual explotará el negocio de los centros de datos, según aseguran fuentes empresariales. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán quiere aprovechar los terrenos de que dispone en España, a través de su filial Iberdrola Inmobiliaria; su capacidad de generar electricidad de origen renovable y de distribuirla a través de sus redes, así como su experiencia en la contratación de energías renovables a largo plazo (PPA) y durante las 24 horas para entrar en un sector que será gran demandante de electricidad. En cualquier caso, señalan las mismas fuentes, Iberdrola participará en minoría (por debajo del 50%) en esta sociedad para la que busca un gran socio financiero con quien compartir la joint venture, tal y como ha venido avanzando la compañía desde hace semanas. Y es que la energética no quiere consolidar las cuentas de un negocio que no es su actividad principal. Entre los nombres que se barajan figuran grandes fondos como Mubadala, Blackstone o BlackRock con los que se estaría negociando. El objetivo de Iberdrola es lograr una capacidad de 200 MW para estos centros en el horizonte de 2030, con una inversión de ocho millones de euros por MW (a los que se añade entre un 30%-40% más para asegurar el suministro durante todo el día), lo que se traducirá en una inversión de entre 1.700 y 2.000 millones de euros hasta esa fecha, señalan fuentes del mercado. El grupo aspira a tener una cuota del 20% de este sector en 2030.

Larry Fink fue uno de los cofundadores de BlackRock en 1988 y sigue liderando esta firma, tras convertirla en la mayor gestora de fondos del mundo, con 10,5 billones de dólares bajo gestión, cifra equivalente a siete veces el PIB anual español. El directivo estadounidense ofreció ayer su visión sobre las claves de la economía y los mercados, además de desvelar la estrategia de BlackRock para los próximos años. En su opinión, asuntos macro que preocupan ahora a los inversores como el envejecimiento demográfico, los conflictos geopolíticos y la lucha contra el cambio climático “van a estar con nosotros durante decenas de años. Ojalá a corto plazo los temas geopolíticos puedan suavizarse y podamos tener un mundo más pacífico. Pero el asunto climático o el demográfico van a seguir allí”. Otra gran tendencia que puede superponerse al resto es la de los cambios tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), según Fink. “Mi visión es que la tecnología va a permitir al mundo avanzar más rápido y los países o regiones del mundo que inviertan en tecnología e IA van a ser los que se muevan de manera acelerada. Soy un gran creyente en que la tecnología, especialmente IA, va a reconfigurar el mundo, y va a reconfigurar los ganadores y perdedores en el mundo”. En ese terreno, Estados Unidos parece llevar una clara ventaja y lo reflejan los mercados. “Hace unos años, los diez mayores valores del S&P 500 representaban alrededor del 20% de la capitalización de las 500 empresas del índice. Hoy, esas mismas 10 empresas, que son todas tecnológicas, suponen el 38% del índice. Esto permite entender lo que el mercado dice sobre la tecnología y sus empresas. Una de mis grandes preocupaciones es que Europa no tiene muchas respuestas o muchas empresas que vayan a estar en la línea de frente de esta revolución tecnológica. IA va a reconfigurar todo lo que hacemos. Y en este momento, parece que casi todo el avance lo lideran las empresas estadounidenses. Ahora mismo soy muy bullish (optimista) con los Estados Unidos y estoy muy preocupado con Europa, si no avanza con la tecnología. Y esto es parte de las conversaciones que mantengo con jefes de Estado en todo el mundo”.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el presidente del Círculo de Empresarios, Juan María Nin, coincidieron en señalar las energías renovables como una de las fortalezas de España para atraer inversores extranjeros, en especial aquellas industrias en las que el consumo eléctrico es elevado, ya que pueden ver rebajados sus costes. En el día que la opa hostil de BBVA a Banco Sabadell fue la protagonista de las noticias económicas, Nin, quien fuera consejero delegado de la entidad catalana entre 2002 y 2007, no dudó en señalar la solidez del sistema financiero como otra de las fortalezas de España a la hora de atraer inversores. Y hablando de inversión, no tardaron en salir los fondos Next Generation, con los que Nin se mostró “muy contento”. Cuerpo defendió que han supuesto “un efecto arrastre”, ya que la “inversión pública no ha sustituido a la privada”, si no que “ha servido como atracción”. Los intervinientes estuvieron de acuerdo, también, en apuntar uno de los principales obstáculos con el que se encuentran las empresas en España, ya sean nacionales o extranjeras: el exceso de burocracia. “Hay una gran carga administrativa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó el ministro, quien aseguró que el Gobierno trabaja para rebajarla, “desarrollando herramientas que gracias a la inteligencia artificial” quiten menos tiempo a los empresarios a la hora de hacer estas tareas. Nin, por su parte, sostuvo que “hace falta una reforma seria de la Administración”, en la que el “sector privado tenga más protagonismo”.

España es uno de los países europeos donde menos coches eléctricos se venden. Así lo atestigua la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que estima una cuota de mercado del 5,4% durante 2023, muy alejada del 82% de Noruega, el 50% de Islandia o el 38% de Suecia. La situación resulta más chocante si echamos un vistazo a los porcentajes de nuestros vecinos: en Portugal y Francia la electromovilidad acaparó un 18% y un 16% de las ventas el año pasado. Son varias las razones tras esta adopción testimonial, comenzando por la cuestión del precio: la mayoría de fabricantes apuestan por modelos eléctricos de alta gama, siendo exigua la oferta de vehículos compactos y, por consiguiente, accesibles al bolsillo del español medio. Un reciente estudio de Transport & Environment (T&E) determinó que el precio medio del coche eléctrico en Europa asciende a los 40.000 euros, un 39% más que en 2015. Esto contradice las previsiones de un sector que confiaba en el progresivo abaratamiento de la categoría. ¿El resultado? Hacerse con un eléctrico por menos de 25.000 euros resulta cada vez más complicado. Aunque son mayoría los españoles que se muestran dispuestos a comprar un vehículo eléctrico de aquí a cinco años (un 62% de los encuestados por la firma PwC en el marco de su informe ‘eReadiness 2023’), la decisión a menudo se supedita a un sistema de ayudas públicas optimizado. Y es que no faltan los incentivos, pero acceder a ellos resulta complejo: «Las ayudas llegan mucho después del momento de la compra del vehículo y están vinculadas a desgravaciones en el impuesto sobre la renta», explica Manuel Díaz, socio responsable del sector de la automoción en PwC. En este sentido, la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) solicita que se replique el modelo luso, donde las ayudas se aplican de forma directa al acudir al concesionario.

Telefónica ganó 532 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 79% más que en el mismo periodo del año anterior e ingresó 10.140 millones, un 1% más, según las cuentas entregadas ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que le permite confirmar el dividendo de 0,30 euros por título a sus accionistas y los objetivos financieros establecidos para este ejercicio. Los ingresos siguen siendo inferiores a los niveles prepandemia, pero se incrementan en 100 millones respecto a los de hace un año. Del total, el 60% procede del mercado de particulares, el 22% del de empresas y el 17% restante del negocio mayorista. Ahora que Orange y MásMóvil se han fusionado relegando a Telefónica a la segunda posición en número de clientes, la operadora revela que ha llegado a un acuerdo de red móvil «a largo plazo» con Digi, cuya firma se ratificará en las próximas semanas. Así, pese a que la teleco rumana ha sido la beneficiaria de los ‘remedies’ (concesiones) que la Comisión Europea impuso para aprobar la fusión que ha dado lugar a MasOrange, no tiene aún suficiente infraestructura para ofrecer su propia red, por lo que necesita este acuerdo.

Las importaciones chinas de equipos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial se han disparado este año, según datos oficiales. Este auge ha dado un impulso al crecimiento del comercio de la segunda mayor economía del mundo a medida que se intensifica la carrera mundial por liderar la IA. El valor de las importaciones chinas de equipos de procesamiento automático de datos –que incluyen ordenadores y sus componentes– aumentó un 50% interanual en los cuatro primeros meses de 2024, según los datos oficiales publicados ayer. La importación de chips informáticos y otros productos de alta tecnología registró aumentos de dos dígitos respecto al mismo periodo del año anterior. El boom de las compras de equipos de inteligencia artificial contribuyó a que el comercio chino volviera a crecer en dólares en abril, tras el descenso del mes anterior. Se produce en un momento en que el país se enfrenta a un aumento de las tensiones geopolíticas en torno a la política comercial e industrial. El valor de las importaciones creció un 8,4% en dólares en abril respecto al año anterior, superando las expectativas de los analistas, que esperaban algo menos del 5% e invirtiendo el descenso del 1,9% registrado en marzo. Las exportaciones también aumentaron un 1,5%, cumpliendo las previsiones de los analistas y revirtiendo el descenso anual del 7,5% registrado en marzo, cuando los precios más bajos afectaron a los productores.

Los 373 investigadores que conforman Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, atrajeron 45.437.886 euros a Euskadi el año pasado, cinco millones más que en 2022, según los datos presentados ayer por Fernando Cossío, director científico de la fundación; Alfredo Morais, viceconsejero de Universidades e Investigación, y Amaia Esquisabel, directora de Investigación del Gobierno vasco. En total, desde su creación en 2007, esta red ha generado 380 millones de euros y en torno a sus investigaciones se han creado 37 empresas. Estas cifras «permiten afirmar que Euskadi se posiciona como un referente europeo y mundial en ciencia. Somos reconocidos ya a nivel internacional como una región con investigación avanzada, con grupos vascos de nivel internacional y donde se dan las condiciones para una investigación de talla mundial», destacaron. El trabajo de estos científicos a lo largo de 2023 se tradujo también en la publicación de 1.530 artículos en publicaciones indexadas, es decir, fueron recogidos en revistas de importancia internacional, lo que supone un incremento del 6% respecto a las cifras manejadas un año antes. Sobre un total de 1.222 proyectos – 164 más que en 2022– que contaron con financiación externa, 23 recibieron las ayudas europeas más prestigiosas, las European Research Council (ERC). Hasta la fecha, los diferentes programas de Ikerbasque han conseguido 28 millones de euros de la Comisión Europea.

El Brexit podría empujar a buena parte de los científicos españoles establecidos en territorio británico a hacer las maletas. Al menos una cuarta parte de ellos ya se lo plantea de cara al próximo año. Es un dato extraído de la encuesta realizada entre cien miembros de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido (CERU), que les agrupa. La mitad de los que barajan irse regresaría a España. La asociación, que cuenta en la actualidad con 720 miembros, ha elaborado una serie histórica de sondeos sobre los efectos del Brexit. En los resultados de este año, que ha publicado en coincidencia con el Día de Europa, el 80% cree que la marcha británica de la UE les ha afectado, incluso de manera considerable. El resto considera que el impacto ha sido más leve. Igor Arrieta, investigador de Topología en la Universidad de Birmingham, codirector del departamento de política científica en la CERU y responsable de la encuesta, detalla las respuestas que recibieron de la lista de causas identificadas por sus socios para plantearse abandonar su residencia en el Reino Unido. «La mayoría de los encuestados se queja de la inflación y el coste de la vida, especialmente el alquiler de vivienda», dice Arrieta. «También de la burocracia. Afecta a socios que solicitan el permiso de residencia y tienen que demostrar que han vivido aquí cinco años. Se lamentan de la manera muy estricta que tienen de contar el tiempo que han estado en el Reino Unido y de un proceso extremadamente tedioso», añade. Otro punto que afecta a la comunidad de científicos participantes –un 57% ha residido más de cinco años y el 23% más de diez– es el endurecimiento por el Gobierno británico de las leyes de inmigración. Las nuevas normas restringen los permisos para traer a familiares, y, según las informaciones que le han trasladado sus colegas, Arrieta asegura que «se ha complicado muchísimo para la gente que tiene pareja, por ejemplo».